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ESTADO DEL BIENESTAR: ORÍGENES, SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA
COMUNITARIA
Miryam de la Concepción González Rabanal
Miguel Ángel Fernández Tamaredo
1. Orígenes y evolución. Principales modelos
2. Situación actual en el contexto de la crisis económica: críticas y posibles soluciones
3. Perspectiva comunitaria
1. Orígenes y evolución. Principales modelos
Orígenes y evolución
Uno de los fallos del actual sistema capitalista es la generación de desigualdades sociales, las cuales
tuvieron su origen a finales del siglo XVIII con el desarrollo del sistema económico liberal a partir
de la Revolución Industrial. Dicho sistema dio lugar a la necesidad de elaborar una serie de políticas
sociales para enmendar las desigualdades sociales que comenzaba a generar.
En este sentido, podría decirse que el sistema capitalista genera dos problemas fundamentales como
consecuencia del liberalismo total de la economía del siglo XVIII:
a) Aparecen, cada vez como mayor frecuencia, movimientos cíclicos en la economía (grandes
períodos de crecimiento que se intercalan con grandes períodos de crisis económicas).
b) Genera una mala distribución de la riqueza, lo cual se erige en el principal objetivo del Estado
del bienestar.
En la génesis del Estado del bienestar se pueden distinguir varias etapas:
- Período de experimentación (finales siglo XIX, principios siglo XX):
La seguridad social a nivel nacional surgió básicamente en la Alemania de Bismack en 1883 y se
extendió por toda Europa durante el período anterior a 1920.
Las actitudes paternalistas de los estadistas gozaban de una larga tradición y de una presencia más
fuerte en Prusia y en Alemania que en el mundo anglosajón.
La Seguridad Social puede ser vista como una respuesta política por parte de la élite a la ruptura con
la protección social tradicional que proporcionaba la familia y la comunidad local. Ello estaba
causado por el proceso de industrialización que trajo consigo un aumento de movilidad poblacional
y social y la aparición de nuevos modelos familiares. Asimismo, la seguridad social estaba
relacionada con el proceso de democratización y constituiría una respuesta a las demandas políticas
de una mayor seguridad, justicia e igualdad social. Ello es fruto de la extensión de la
responsabilidad pública en relación a las necesidades sociales de los trabajadores que dependían
totalmente del salario industrial.
Así, se puede decir que su génesis tiene lugar en un momento en el que las instituciones existentes
(el Estado liberal, la Iglesia, la familia) no fueron capaces de resolver los problemas de pobreza y
desigualdad de una sociedad para convertirse en cuestiones de índole social y política (la
denominada cuestión social).
Los procesos de distribución de rentas surgidos de la acumulación de capital basado en el modelo
de producción capitalista justificaron la necesidad de que el Estado interviniera en la economía con
el fin de ejercer en la misma una acción compensatoria que paliara los desequilibrios y aliviara o
evitara, en la medida de lo posible, las tensiones sociales -en definitiva, con el propósito de
redistribuir la renta-.
En definitiva, podría decirse que en el continente europeo los orígenes más remotos del Estado de
bienestar se encuentran en las Leyes de Bismarck, es decir, en el modelo bismarckiano.
Este modelo se basa en el compromiso del Estado para garantizar la seguridad económica a los
trabajadores, de forma que las clases asalariadas sintieran su interés identificado con la continuidad
del Estado benefactor, lo que equivaldría a un apoyo popular que podría ser utilizado contra las
clases liberales.
En la primera fase del desarrollo de la seguridad social europea, el debate público se tornó en torno
a la delimitación de los principios fundamentales y constituyentes de la acción social del Estado. La
idea de que el Estado tenía que ser un actor principal del proceso fue rápidamente aceptada en
regímenes y paises con diferentes niveles de industrialización.
- Período de consolidación (1930-1940):
La Gran Depresión (1929), puso de manifiesto la debilidad del modelo de producción capitalista y
los efectos perversos que podía provocar sobre la sociedad (como el desempleo masivo).
En consecuencia, para hacer frente a los efectos negativos del sistema capitalista, se justificaron
medidas de política económica intervencionista (New Deal de Roosevelt, Social Security Act...).
- Período de expansión (1940-1960):
Esta etapa se caracteriza por una expansión en los países occidentales de la provisión social pública.
La puesta en marcha del proyecto de reconstrucción de los países destruidos por la Segunda Guerra
Mundial en los Estados democráticos se sustentó en la defensa y respeto de los derechos de los
ciudadanos, encontrando, tanto en el empleo, como en la extensión de los derechos económicos y
sociales su propia legitimidad sustancial.
Es fundamental destacar la influencia del informe Beveridge (1942).
Sir William Henry Beveridge (1879-1963) fue un economista y político británico. Se le conoce
fundamentalmente por su informe de 1942, Social Insurance and Allied Services (conocido como el
"Primer informe Beveridge") que proporcionó las bases teóricas de reflexión para la instauración
del Welfare State (Estado de Bienestar) por parte del gobierno laborista posterior a la Segunda
Guerra Mundial.
Preconizaba este informe que todo ciudadano en edad laboral debe pagar una serie de tasas sociales
semanales con el objetivo de poder establecer un conjunto de prestaciones en caso de enfermedad,
paro, jubilación y otras. Beveridge opinaba que ese sistema permitiría asegurar un nivel de vida
mínimo por debajo del cual nadie debía caer. Para convencer a los conservadores escépticos,
Beveridge explicaba que la asunción por parte del Estado de los gastos de enfermedad y de las
pensiones de jubilación permitiría a la industria nacional beneficiarse del aumento de la
productividad y, como consecuencia, de la competitividad. El plan se apoyaba en un seguro
obligatorio; con métodos subsidiarios (asistencia nacional y seguro voluntario) que cubrirían las
situaciones que no alcanzase aquél.
Se puede considerar a Bismarck como el promotor de los seguros sociales, pero también debemos
tener en cuenta que W. Beveridge fue el padre de la seguridad social moderna.
La confluencia de las propuestas económicas de Lord Beveridge, orientadas a salvaguardar a los
ciudadanos de las circunstancias adversas que les privaran de obtener unos ingresos mínimos, de
Keynes, que justificó la intervención pública para dinamizar la demanda y, por lo tanto, la
economía, y el modelo de ciudadanía social promulgado por Marshall, que establecía tres
dimensiones básicas para ser ciudadano: la dimensión civil, la política y la social, constituyeron los
cimientos del denominado Estado de bienestar en la mayoría de los países desarrollados.
La Seguridad Social adquiere tal relevancia que aparece en 1948, como parte integrante de la
Declaración de los Derechos Humanos.
Principales modelos
Sin perjuicio de la existencia de múltiples clasifaciones, la principal que se tratará es en función del
criterio político. Así pues, en función de este criterio se pueden distinguir los siguientes modelos.
Modelo Liberal
Se desarrolla en países europeos anglosajones, así como Estados Unidos, Canadá y Australia.
Este modelo entiende la pobreza como un problema del individuo y no como un problema
estructural de la sociedad. Desde este paradigma se considera que la sociedad es capaz de pactar su
propia provisión social ante situaciones de necesidad.
Este modelo está caracterizado por una previsión o medidas preventivas menores. De tal forma que
la asistencia social del Estado es mínima, actuando como medida de último recurso para asegurar
una asistencia básica del individuo, ya que, en primer lugar, los beneficios que reciben dependen,
fundamentalmente, de sus propios ahorros.
Modelo Bismarkiano
Se desarrolla en países como Alemania, Francia, Bélgica, Austria y Holanda. Se puede decir que
este modelo es un sistema corporativo, cuyo objetivo sería reforzar la estratificación social y de la
familia tradicional puesto que este esquema de reciprocidades se sustenta en las prestaciones
sociales ligadas, en principio, al empleo de hombres adultos y sus familias.
La concesión de los beneficios sociales se hace a partir de criterios de clase y representación
política, de tal forma que los beneficios sociales no constituyen derechos universales y el Estado
sólo proporciona beneficios cuando las familias no lo consiguen por sí mismas.
Los Estados de bienestar bismarckianos se fijan en base al seguro social ligado al salario del
ciudadano. Por tanto, el acceso al sistema de bienestar implica un trabajo formal y el pago de un
seguro social.
Modelo Nórdico
También conocido como socialdemócrata, se desarrolla en países como Dinamarca, Finlandia,
Suecia y Noruega.
Se encuentra vinculado a la política keynesiana y de recursos humanos, llegando a denominarse
política activa del mercado laboral. Su principal objetivo es erradicar el desempleo.
Conciben los riesgos como consecuencia del funcionamiento del mercado y por ello asumen el
bienestar de todos los ciudadanos (no sólo de los pobres o asalariados) como una cuestión social de
responsabilidad colectiva y solidaria.
Presenta el nivel más alto de protección social y su característica principal es la provisión universal
basada en el principio de ciudadanía, es decir, que existe un acceso más generalizado, con menos
condiciones, a las prestaciones sociales.
En lo que respecta al mercado de trabajo, estos países se caracterizan por importantes gastos
(relativos) en políticas activas con el objetivo de la reinserción rápida en el mercado de trabajo de
los desempleados. Se caracterizan también por un elevado número de empleos públicos. Por su
parte, los sindicatos tienen una elevada afiliación y un importante poder de decisión lo que provoca
una baja dispersión de los salarios (una distribución más equitativa de la renta).
Se caracteriza también por su elevada recaudación fiscal que corresponde a los impuestos y
contribuciones sociales del empleado y empleador. El universalismo es una de las características
principales del modelo nórdico, junto con la financiación por impuestos, la provisión pública de
transferencias y servicios, el énfasis en los servicios sociales personales, las provisiones de alta
calidad y tasas de compensaciones altas e igualitarias.
Modelo Sureño
Corresponde a los países que han desarrollado un Estado de bienestar más tardíamente (años setenta
y ochenta), tales como: Grecia, Italia, España y Portugal.
Tiene como base la familia, la cual resulta imprescindible en la provisión de bienestar social a sus
ciudadanos, quedando, de esta forma, relegada la intervención pública.
En este sentido, el Estado garantiza un nivel básico de seguridad social asumiendo la existencia de
una ayuda informal provista por redes familiares.
Participa de las características del modelo bismarckiano (el principio de acceso a las protección –ser
trabajador- y sobreprotege a los jubilados frente a la población activa –las pensiones superan con
creces en su cuantía a la ayuda al desempleo-), aunque coexisten en él las prestaciones, como la
salud y la educación, de ámbito universal –como el modelo socialdemócrata-.
Se trata del modelo social con menores gastos y está fuertemente basado en las pensiones y en unos
gastos de asistencia social muy bajos. Existe en estos países una mayor segmentación de los
derechos y estatus de las personas que reciben subsidios, que se refleja en un acceso muy
condicionado a las prestaciones.
La característica principal del mercado del trabajo es la fuerte protección del empleo (no confundir
con protección del trabajador o subsidio de desempleo) y el recurso a la jubilación anticipada como
forma de mejora del empleo. Los sindicatos tienen una presencia importante asegurada por la
extensión de los acuerdos alcanzados en negociaciones colectivas. Nuevamente, esto tiene como
resultado una menor dispersión en los salarios.
2. Situación actual en el contexto de la crisis económica: críticas y posibles soluciones
Orígenes de la crisis del Estado del bienestar
La evolución histórica del Estado de bienestar alcanza su madurez en las décadas de los años 50 y
60 del siglo XX y comienza a entrar en crisis en la década de 1970.
El modelo keynesiano sobre el que se fundamenta el Estado de bienestar, y que se desarrolla a partir
de la II Guerra Mundial, otorga al Estado una función interventora, que se podría concretar en dos
ámbitos:
1º) Política económica, por medio de la cual el Estado se convierte en un elemento dinamizador del
sistema económico, cuyo objetivo prioritario es el mantenimiento de la actividad, impulsando la
producción, orientando la política de gasto y de inversión, y corrigiendo los desajustes que se van
produciendo. El Estado adquiere la función de reactivar la economía, especialmente en los
momentos en los que el crecimiento constante no está garantizado, debido a las fluctuaciones a las
que se encuentra sometido el mercado.
2º) Política social, a fin de conseguir:
a) Una distribución de la renta, mediante la financiación de un amplio sistema de servicios sociales
de carácter asistencial y un nuevo sistema de seguridad social, articulado en torno a un principio de
reparto, que ha ido sustituyendo al de los seguros privados;
b) La promoción del pleno empleo, estableciendo una política de concertación social que garantice
elevados salarios y otras ventajas laborales.
c) El suministro de los recursos suficientes para fomentar el consumo interno y contribuir al
mantenimiento de la productividad.
Ambas políticas, la económica y la social, requieren una política fiscal, basada en un sistema
progresivo y personalizado, que permita generar recursos suficientes para financiar ambas.
Todo ello ha supuesto que los Estados de las sociedades occidentales avanzadas hayan tenido que
desarrollar, durante los últimos años, una política económica basada en inversiones públicas y
bonificaciones fiscales, con el fin de garantizar, en primer lugar, los beneficios empresariales y
posibilitar los procesos de acumulación de capital y contribuir, de esta manera, a reactivar la
economía. En segundo lugar, fomentar el empleo, por medio de exenciones fiscales o de
subvenciones y evitar la destrucción masiva de puestos de trabajo, derivada de los ajustes y
reconversiones industriales y, por último, posibilitar unos niveles de ingresos que permitan el
mantenimiento del consumo interior, contribuyendo a dinamizar el mercado y a reactivar la
economía, especialmente en los momentos recesivos del ciclo. Pero, a su vez, han tenido que
desarrollar, una política social y asistencial, cada vez más amplia, para hacer frente a la desigualdad
y marginalidad que el mismo mercado ha ido creando. Una política social, por medio de la cual se
desarrollan los derechos ciudadanos reconocidos en las Constituciones de los distintos Estados
democráticos y que afectan a áreas sociales, generadoras de bienestar y seguridad, como son la
educación, sanidad, pensiones, vivienda... y también una política asistencial dirigida hacia aquellos
grupos que se ven más afectados en sus niveles de bienestar por las fluctuaciones del mercado y por
la falta de recursos materiales y personales.
El modelo keynesiano funcionó sin grandes dificultades hasta principios de los años setenta, debido
principalmente al crecimiento económico que experimentaron las sociedades industriales, lo que
permitió un fuerte crecimiento del empleo y contribuyó a mejorar las condiciones de protección
social. Pero, ya a lo largo de los años setenta -no exclusivamente por causa de la crisis energética,
aunque contribuyó y muy posiblemente aceleró el proceso-, comienza a manifestarse la dificultad
del Estado para controlar la inflación y reducir el desempleo y compensar, a través de una política
económica, los efectos que la crisis energética y el desarrollo de las nuevas tecnologías, estaban
teniendo en las economías nacionales.
El modelo se agota políticamente hacia finales de los años setenta, por diferentes causas:
1º) Económicas: debido a la caída de la tasa de beneficio. Los procesos de acumulación rápida de
capital, de las décadas anteriores, se vieron reducidos ante la incapacidad del Estado para poder
mantener e impulsar la producción de un mercado nacional, cada vez más condicionado por la
globalización, y que requiere un mayor volumen de recursos para poder incidir en el mismo.
2º) Sociales: derivadas de la nueva situación demográfica que se produce por la caída de la
natalidad y el incremento de la esperanza de vida, lo que ha supuesto un envejecimiento de la
población con la siguiente repercusión en el incremento de los gastos de protección social y de
carácter asistencial.
3º) Organizativas: como consecuencia del final del taylorismo, como proceso y forma de
organización del trabajo, a causa de la influencia que las nuevas tecnologías tuvieron en el sistema
productivo y distributivo y su repercusión en la estructura ocupacional.
4º) Políticas: debido a la crisis financiera del Estado, que no dispone de los recursos suficientes para
hacer frente a las exigencias del mundo empresarial, que demanda una política económica que
garantice beneficios, y a las demandas ciudadanas que reclaman una ampliación de las coberturas
de bienestar, especialmente en los momentos regresivos del ciclo económico, a fin de disminuir sus
efectos en los niveles de protección y calidad de vida.
5º) Ideológicas: al producirse una deslegitimación del orden político establecido, en la manera en
que el Estado deja de responder a las expectativas y demandas de los distintos grupos de presión, y
de la población en general. El largo período recesivo por el que han pasado las economías
occidentales no ha permitido que el gasto público, que ha ido aumentando progresivamente, pudiera
ser compensado con los ingresos fiscales, lo que ha ocasionado un elevado déficit público en la
mayor parte de los Estados.
El libre mercado se convierte en el eje del funcionamiento de la economía neoliberal de final de
siglo y ello conlleva la crisis de lo público, cuya actividad se ha ido reduciendo a aquellos sectores
de productividad menos rentables, deficitarios y que están relacionados con la protección social y
asistencial, o con la prestación de determinados servicios ciudadanos que no interesan por la escasa
o nula rentabilidad a la iniciativa privada. El Estado se convierte en subsidiario de aquellas
actividades que, al ser poco competitivas, no interesan a la empresa. Por otra parte, la consolidación
de un sistema de mercado global ha llevado consigo la privatización de sectores de productividad de
carácter estratégico, de los que -hasta entonces- un porcentaje importante de los mismos o era
propiedad del Estado o su actividad estaba sometida a una legislación específica como, por ejemplo,
sucedía con las empresas energéticas, comunicaciones, telecomunicaciones...
La consolidación del mercado globalizado ha supuesto, por tanto, en la mayor parte de los países
desarrollados la crisis de las políticas públicas de desmercantilización y el desarrollo de un proceso
de privatizaciones que ha afectado principalmente a aquellas ramas de productividad que, como
consecuencia de la implantación de tecnología avanzada, son más rentables y tienen una dimensión
más competitiva en un mercado globalizado. Nos encontramos en una etapa de remercantilización
social, que ha originado lo que se ha denominado el ‘declive de lo público’ y que ha supuesto la
desmantelación del Estado de bienestar, o al menos, del modelo existente en los años sesenta.
Explicaciones a la crisis
El centro de la polémica radica en la función que cada Estado debe tener en una sociedad
globalizada, internacionalizada y, por tanto, interdependiente. ¿Cuál debe ser el nivel de
intervención del Estado en unos mercados nacionales cada vez más condicionados y determinados
por los grandes acontecimientos económicos, políticos y sociales que afectan a las naciones más
desarrolladas?. ¿Cómo se está produciendo la legitimación del poder en una sociedad sometida a
unos cambios constantes, que afectan a la estructura política, económica, social, cultural...?. Se trata
de un debate esencialmente ideológico, que ha dado lugar a diversos planteamientos.
Conservador:
El pensamiento conservador, representado por Hayek, Friedman, Nozick, Nisbet, entre otros,
considera que el origen de la crisis del Estado de bienestar se encuentra en el papel protagonista que
la administración pública tiene en la sociedad civil, y que es analizado desde una triple dimensión:
1º) Económica. El origen de la crisis hay que buscarlo en la forma de intervención del Estado en la
economía y, concretamente, en el excesivo gasto público, para compensar los desequilibrios
sociales que aparecen como resultado de los desajustes del mercado y que han provocado unas
pérdidas masivas de empleo, lo que supone la minoración de los recursos públicos que resultan
necesarios para el relanzamiento de la actividad productiva. El incremento del gasto es también
consecuencia del crecimiento de la burocracia estatal, debido a la expansión de los servicios
sociales públicos y al aumento de las subvenciones y subsidios a grupos marginales, realizados por
el Estado para evitar las situaciones de exclusión total. La raíz de los desajustes y conflictos de la
sociedad del bienestar se encuentra, por tanto, en la política de intervención estatal y en el excesivo
uso de los recursos fiscales para solucionar los desequilibrios económicos y sus repercusiones
sociales.
2º) Cultural. La crisis también es consecuencia de las actitudes sociales y psicológicas negativas
que la expansión y generalización del bienestar han producido en los ciudadanos. El análisis
conservador señala como causa del conflicto actual la falta de disciplina personal, ética y laboral
imprescindibles, según Max Weber, para el desarrollo y continuidad del sistema capitalista. La
tendencia igualitarista de las sociedades de bienestar ha provocado la ruptura de los fundamentos
sobre los que se mantiene la sociedad capitalista: la estructura social y las instituciones básicas,
como la familia y el sistema educativo, que desarrollan funciones de socialización y de integración
social.
3º) Política. La crisis económica, social, cultural y de valores está afectando también a las
instituciones políticas. El Estado, en lugar de ser una institución neutral, como defendían los
economistas teóricos de la Hacienda Pública, está sometido a las presiones y al poder de los
principales grupos sociales y económicos: sindicatos, organizaciones empresariales y partidos
políticos.
La alternativa neoconservadora se centra en lo que considera que es el origen de la crisis, es decir,
el modo de intervención del Estado en la sociedad y propone una política de intervención mínima
del sector público en materia social, cultural y educativa. La excesiva intervención del Estado en
cuestiones sociales minora los recursos necesarios para la reactivación económica, lo que provoca
una disminución del nivel de competitividad y productividad y contribuye a la pérdida de la
disciplina laboral y a la disminución de la moral de ahorro y esfuerzo. Todo este contexto ha
producido situaciones de ingobernabilidad y conflicto, por lo que es necesario establecer unos
límites a la tendencia igualitaria y redistributiva del Estado.
La propuesta de la corriente conservadora plantea como punto de partida: en primer lugar, la
oposición a cualquier planificación social, de carácter público; en segundo lugar, la defensa del
sistema capitalista, identificado con el sistema democrático; y, en tercer lugar, reducir la
intervención del Estado, a corregir los "imprevistos" y contribuir así al funcionamiento del
mercado, estableciendo una normativa de carácter universal que proteja la libertad económica. La
función del Estado debe limitarse, por tanto, a apoyar las relaciones mercantiles, para lo que resulta
necesario apoyar la producción privada, disponer de recursos fiscales suficientes para la
reactivación del mercado, garantizar los beneficios al capital y contar con la legitimación
democrática suficiente. El análisis teórico que hace Friedman es un ejemplo de ello.
Esta propuesta supone, de una manera implícita, el rechazo de la sociedad del bienestar, entendida
como sociedad de masas y la supresión de las políticas sociales y distributivas y el establecimiento,
por el contrario, de una estructura social que se fundamenta en el principio de rivalidad y
competitividad, frente a la tendencia igualitaria, promovida por el Estado de bienestar. El discurso
conservador conduce a las viejas formas de mercado, lo que contrasta con el modelo de sociedad de
bienestar, con el que se han conseguido, a lo largo de su desarrollo histórico, unos logros que ya no
pueden ser considerados como privilegios, sino como derechos sociales, políticos y culturales
propios de las sociedades democráticas. En los países en los que, durante los últimos años, se ha
desarrollado una política conservadora, se ha conseguido efectivamente una reactivación económica
más rápida, pero a costa de la disminución de los sistemas de protección social y con el
consiguiente aumento de las diferencias sociales, lo que está produciendo un incremento de la
conflictividad por la dualidad social que está provocando.
La alternativa neocorporativa tiene una mayor incidencia en los países del norte y centro de Europa
a partir de la década de los setenta y en los países mediterráneos en la década siguiente. El Estado, a
través de negociaciones informales, trata de controlar el conflicto producido entre los intereses de
los grupos económicos. Los neocorporativistas, Panitch, Lembruch... -entre otros-, presentan una
alternativa a la crisis del Estado basada en dos ámbitos de actuación:
1º) Ecoónmico. Para superar las contradicciones de la sociedad de bienestar, el Estado debe tratar
de restablecer el equilibrio del mercado, excluyendo aquellas reivindicaciones excesivamente
políticas, e institucionalizando plataformas informales de negociación entre las organizaciones
empresariales y sindicales; y
2º) Político. El Estado debe convertirse en promotor de nuevas estrategias para dirigir las relaciones
políticas y económicas del sistema, canalizando la tensión que se produce entre los procesos de
acumulación de capital, la participación política y la demandas ciudadanas de redistribución de la
renta y de incremento de las prestaciones sociales. Para ello, debe proponer alternativas eficaces y
racionales para la solución de los problemas sociales.
En momentos de crisis y ajuste económico y social como los que se han ido produciendo a lo largo
de las dos últimas décadas, la postura neocorporativista ha ido teniendo una mayor incidencia, a
nivel macroeconómico y social, a través de la política de rentas, los acuerdos sobre reconversión
industrial, el pacto por el empleo, las políticas sanitaria, educativa... Es el mismo Estado el que
promueve políticas neocorporativistas para lograr una mayor eficacia y racionalidad en la solución
de los diferentes problemas, haciendo participar en su resolución a los distintos agentes sociales y
grupos económicos.
Sociología crítica:
En contra de las posiciones más conservadoras, la sociología crítica explica la crisis del Estado de
bienestar a través del desarrollo de las sociedades capitalistas tardías. Habermas lo hace desde una
triple dimensión:
1º) Económica. Los constantes ajustes económicos que se están produciendo en los últimos años en
las sociedades capitalistas avanzadas constituyen un claro ejemplo de que la forma de intervención
del Estado, en lugar de reactivar el sistema productivo y corregir sus desajustes, responde a las leyes
económicas que operan en el mercado y, por tanto, se encuentra sometida a la propia lógica de la
crisis. El Estado, a través de la política redistributiva, no ha conseguido contrarrestar los efectos
sociales derivados de los procesos de acumulación y especulación capitalistas, por lo que la crisis
económica ha generado a su vez una crisis social, lo que ha producido un resurgimiento de las
luchas políticas y de clases.
2º) Política. La crisis política es analizada por Habermas a través de los conceptos de
"racionalidad" y "legitimidad", que interactúan entre sí. Se debe considerar una actuación racional
por parte del Estado cuando su política económica y social responde a los intereses generales y
colectivos. El origen de la crisis de racionalidad es, por tanto, un problema de primacía de intereses.
La racionalidad se puede medir por la capacidad del poder para que sus decisiones sean universales
y no particulares y, por tanto, el consenso constituye el principio formal de la racionalidad. Cuando
se reprimen los intereses generales y prevalecen los de los grupos de presión más poderosos, es
cuando el poder debe buscar nuevas formas pseudolegitimadoras y se produce una crisis de
racionalidad. La legitimidad del Estado se basa en el mismo proceso democrático, es decir, si el
poder se ha constituido conforme a la legalidad y, si su actuación es racional. Por ello, cuando su
intervención no alcanza el nivel de realización de expectativas deseado por los ciudadanos, se
produce un problema de legitimación y disminuye su nivel de lealtad y apoyo. La deslegitimación
del Estado se produce cuando su actuación política no sigue los principios de racionalidad. La
alternativa a la crisis del Estado es la restauración de la relación legitimidad-racionalidad.
3º). Sociocultural. La crisis sociocultural es también una crisis de motivación. Las aspiraciones de
libertad y de igualdad son compartidas por la mayoría de los ciudadanos del mundo desarrollado.
Pero en la medida en que esta moral es aceptada universalmente, las estructuras económicas,
políticas, sociales... del sistema capitalista entran en contradicción con ella. Por eso, la crisis de
legitimación debería conducir a un nuevo "modelo social", capaz de motivar una nueva adhesión y
aceptación general del mismo. La alternativa consiste en el restablecimiento del consenso como
principio formal de racionalidad y que las decisiones del Estado respondan a intereses universales y
colectivos.
Estos problemas y contradicciones que aparecen en las sociedades de bienestar están produciendo la
"deslegitimación" del Estado como resultado de la falta de eficiencia en su actuación y,
concretamente, cuando reducen las políticas sociales por la presión de grupos particulares y en
contra del interés colectivo. Esta situación está conduciendo a la quiebra de la racionalidad
colectiva, como consecuencia de la descompensación que se produce entre la política económica y
la social.
Claus Offe considera que la crisis del Estado de bienestar se debe a un deterioro del proyecto
político, que se ha ido produciendo por la incapacidad de los gobiernos para aplicar programas
preventivos en política económica, en lugar de políticas compensatorias posteriores. La ineficaz
política redistributiva ha provocado nuevos colectivos de marginados, lo que ha producido un
desconcierto social e incrementado la desmotivación colectiva. Resulta necesario, por tanto, la
aceptación, por parte de todos los grupos sociales, de las reglas legitimadoras de los Estados
constitucionales y democráticos y de las políticas y medidas gubernamentales que canalicen las
demandas ciudadanas respecto a la redistribución de la riqueza y la ampliación de las coberturas de
protección social.
Partiendo de un análisis de las sociedades desarrolladas dentro del contexto del sistema mundial,
Giddens considera que el Estado de bienestar, en su configuración actual, no está siendo capaz de
dar respuesta a los grandes cambios y a la nueva situación social que se ha producido en los países
desarrollados y que ha afectado principalmente, en primer lugar, al trabajo. El Estado de bienestar
se propuso, como objetivo prioritario, la consecución del pleno empleo, pero principalmente el de
los hombres, dado que a la mujer se le adjudicaba una función doméstica dentro del ámbito de la
familia. La idea del pleno empleo se basaba en la importancia económica de la producción en serie,
y en la organización centralizada entre el capital y el trabajo asalariado. La situación actual ha
experimentado unos cambios considerables, que han afectado al incremento de la demanda de
empleo femenino, al mismo concepto de trabajo y a las circunstancias en las que éste se produce,
junto a las posibilidades de empleo en función del sexo y al trabajo femenino y su repercusión en la
familia.
En segundo lugar, también ha afectado a la idea de solidaridad, ya que el nuevo contexto de
globalización económica ha contribuido a la ruptura de la idea de solidaridad nacional, sobre la que
se fundamentaba el Estado de bienestar. De la idea de reparto y de solidaridad intergeneracional, en
la que se basaban los sistemas de protección social, se está pasando a la idea de capitalización y de
privatización de determinados servicios de bienestar.
En tercer lugar, las nuevas situaciones de clase. La situación de clase estaba unida a una experiencia
y acción comunitaria concreta, dentro de un área local, y en ella se desarrollaba la solidaridad. Las
nuevas formas de distribución del trabajo y las circunstancias y contexto en el que éste se
desarrolla, han contribuido a la disminución de este sentido de solidaridad. La clase actualmente se
personaliza y cada vez se percibe menos como destino colectivo, y más como una limitación. El
individuo se relaciona con el sistema de clases, no como productor, sino como consumidor. El estilo
de vida se ha convertido en indicador de la clase social a la que se pertenece, al igual que en
tiempos pasados fue la posición dentro del orden productivo. La inclusión o exclusión del mercado
laboral es ahora lo determinante.
En cuarto lugar, el nuevo contexto político y socioeconómico producido ante los nuevos riesgos. La
política de protección social del Estado de bienestar ha estado dirigida principalmente a la gestión
de riesgos externos, que pueden ser previstos y calculables y se refieren a riesgos ya ocurridos vejez, enfermedad...-, o que van a producirse en un futuro próximo. Con la nueva situación mundial
aparecen riesgos fabricados, cuyas repercusiones son imprevisibles -por ejemplo, el deterioro
ecológico, la contaminación, las presiones migratorias de los países subdesarrollados hacia el
mundo desarrollado, los enfrentamientos bélicos...-. Esta situación está desbordando los
planteamientos y alternativas estrictamente nacionales y exige respuestas a nivel internacional con
políticas a largo plazo, basadas en la solidaridad entre los pueblos.
Crisis económica y crisis del Estado del bienestar
Reflexionemos un poco entre la conexión entre la crisis económica y el Estado del bienestar.
¿Dificulta el Estado del bienestar la salida de la crisis económica? En nuestra opinión,
evidentemente, no. Más aún, la salida de la crisis económica debe de pasar por “más” Estado del
bienestar y no por “menos”. Enumeremos algunas razones que fundamentan esta propuesta:
1) El Estado del bienestar no es la causa de la crisis económica, sino que, en todo caso, la
presumible “crisis del Estado del bienestar” se debe a la crisis económica. Es decir, no es cierto que
aquellos países que han desarrollado más extensamente el Estado del bienestar muestren peores
resultados en términos económicos. Todo lo contrario. Los países con fuertes Estados del bienestar
obtienen mejores resultados en términos de desempleo, crecimiento económico, inflación,
productividad y competitividad. Lo cual no quiere decir que no tengan necesidad de reformar de
forma periódica y dinámica sus políticas sociales. Por el contrario, una crisis económica duradera y
persistente, sí que puede reducir los recursos fiscales y sí que puede mermar a medio y largo plazo
las bases de financiación de los gastos sociales (al margen del cambio de las prioridades y
preferencias políticas que puede ocasionar). De ahí que sea importante instrumentalizar políticas
económicas para salir de la crisis económica, no sólo para crear más y mejor empleo, sino para
financiar de manera sostenible los gastos públicos sociales.
2) El Estado del bienestar impulsa sectores y actividades económicas potencialmente creadoras de
empleo (público y privado). Los servicios sociales y de atención personalizada (personas mayores,
dependientes, menores, etc.) son sectores con un crecimiento potencial del empleo muy importante
en los próximos años, sobre todo, en países como España, donde estos servicios sociales están
claramente infradesarrollados. La potenciación de estos servicios sociales tendría un efecto
claramente dinamizador sobre la economía y tendría dos efectos importantes sobre el empleo: a)
directo, ya que representan un porcentaje importante del empleo creado en el sector de servicios e
b) indirecto, ya que permiten aumentar la participación femenina en el mercado de trabajo. En el
futuro, y según los expertos, especialmente, existen dos áreas que tienen un mayor potencial de
crecimiento: la atención a la dependencia y la universalización de la educación infantil (0-3 años).
Es evidente que, para que se de este efecto dinamizador sobre la economía y el empleo, se debe
aumentar el gasto público y la inversión pública. Por tanto, el cambio del modelo productivo -del
que tanto se habla y poco se concreta- también debe de pasar por potenciar el sector de servicios de
atención personal, que constituye uno de los pilares centrales del Estado del bienestar.
3)Está bastante contrastado que la desigualdad en la distribución de la renta está negativamente
correlacionada con el crecimiento económico a largo plazo o, lo que es lo mismo, existe una
relación positiva entre el gasto público social y la eficiencia y el crecimiento económico y, por
tanto, también con la productividad y la competitividad.
La situación económica mundial que se produce a partir de la década de los años ochenta constituye
un claro ejemplo de interdependencia de los mercados, principalmente financieros, que obliga a
cada Estado-nación en las sociedades desarrolladas a condicionar al mismo las políticas monetarias,
crediticias y presupuestarias.
El Estado-nación ha ido perdiendo paulatinamente el control sobre su propia política económica,
que está condicionada por las exigencias de convergencia y competitividad que se van imponiendo
entre los países de las áreas más desarrolladas. Un nuevo control supranacional sobre las políticas
económicas nacionales se está produciendo por parte del Banco Mundial y del Fondo Monetario
Internacional.
Crisis fiscal del Estado
Los límites del Estado de bienestar vendrían condicionados por los límites fiscales del propio gasto
público, lo cual habría dado lugar a lo que O´Connor (1981) denomina como crisis fiscal del
Estado. Y ello no es más que una consecuencia de la falta de ingresos tributarios que sufre el propio
Estado debida a la menor actividad económica que se produce en tiempos de crisis.
El debate sobre la necesidad de reformar el Estado del bienestar se acentúa en los períodos de crisis
económica. Muchos analistas y expertos (del mundo académico, político y mediático), cuando se
produce una merma considerable de los recursos públicos disponibles resultado de la propia crisis,
cuestionan la viabilidad financiera, económica y política de los regímenes de protección social.
Los hechos que dan lugar a la crisis fiscal del Estado serian:
- Que el capital monopolista socializa cada vez los costes del capital (planificación, construcción,
perfeccionamiento y modernización del capital social físico) y los gastos sociales de producción,
pero no los beneficios, ya que éstos se concentran en algunos colectivos (los destinatarios
preferentes de ciertos componentes del gasto social).
- Que los costes salariales suben más que la productividad en el sector estatal, como consecuencia
de la imitación de lo que sucede en el sector privado, no siendo posible constatar la evolución de la
productividad de los factores empleados.
- Que el Estado debe cubrir las crecientes necesidades sociales que el capital no cubre, lo que trae
consigo incrementar del número de personas dependientes del Estado, propiciando la esperanza
creciente de Estado.
De tal forma que, la falta de eficiencia del sector público conduce a una pérdida de legitimidad de
su actuación y a la ruptura del consenso social -pilar fundamental del Estado de bienestar- que se
había mantenido desde la postguerra hasta la grave crisis económica internacional de los años
setenta. En este hecho económico se eleva el coste de allegar recursos crecientes para las finalidades
propias del Estado de bienestar.
Necesidad de una reforma
Tanto la economía y la sociedad sufren nuevos riesgos: derivados de la mundialización y la
globalización de los procesos productivos, los que surgen como consecuencia de los cambios
demográficos (envejecimiento de la población, caída de las tasas de natalidad); sociales
(predominio de la familia nuclear sobre la extensa –familias monoparentales-, incorporación masiva
de las mujeres al mundo laboral) y los que son fruto de las nuevas formas de pobreza (la que surge
de los procesos masivos de inmigración no controlados, ni gestionados adecuadamente, o de la
desregulación y segmentación del mercado de trabajo).
Asimismo, se podría afirmar que la actual crisis del Estado de bienestar resulta, en gran medida, de
su falta de ajuste a los nuevos problemas que surgen de las nuevas estructuras sociales,
especialmente del entorno familiar -que ha cambiado en los términos señalados- y laboral -que está
sometido a los cambios de una economía cada vez más internacionalizada-.
Hacen falta reformas, pero no las que se han llevado a cabo que, únicamente, persiguen la
moderación o reducción del gasto público social.
¿Por qué hacen falta reformas? El Estado del bienestar siempre ha sido una realidad institucional
dinámica y cambiante. Además, en el momento actual, las transformaciones económicas y sociales
se desarrollan a una velocidad de vértigo. Enumeraremos algunas:
1) La globalización y el cambio tecnológico (modificaciones de la distribución del trabajo a lo largo
de la vida, necesidad de adaptación de las cualificaciones a los avances tecnológicos, etc.).
2) Los cambios demográficos (envejecimiento de la población, descenso de la natalidad, aumento
de la esperanza de vida, flujos migratorios en un contexto de aumento global de la población, etc.).
3) La reconfiguración del modelo familiar tradicional (incorporación de la mujer en el mercado
laboral, cambios en las relaciones familiares, aumento de las familias monoparentales,
diversificación modelos de familia, etc.)-.
4) Las importantes transformaciones en el mercado de trabajo (aumento del desempleo,
segmentación/dualidad laboral, precariedad, incorporación cada vez más tardía de las personas
jóvenes al mercado de trabajo, mayor tasa de desempleo juvenil, incorporación progresiva de las
mujeres al mercado de trabajo, etc.).
5) La desigualdad y polarización económica y social crecientes (presencia de nuevas y amplias
capas de pobreza, marginación, precariedad, nuevos colectivos en dificultades como jóvenes,
mujeres, personas no cualificadas, mayores de 50 años, etc.).
Todo ello explica que aparezcan nuevos riesgos sociales, para los cuales el tradicional Estado del
bienestar, probablemente, no esté preparado para hacerles frente:
1) La transición hacia una economía del conocimiento y de servicios, provocada por las nuevas
tecnologías y las nuevas preferencias de los consumidores (por ejemplo, la mayor importancia del
capital humano).
2) El nuevo papel de las mujeres y la igualdad progresiva entre géneros.
3) El aumento de la esperanza de vida y envejecimiento de la población.
4) Los nuevos riesgos de polarización social y
5) La crisis del modelo “familiarista” de bienestar.
Futuro de la sociedad de bienestar
El Estado de bienestar está determinado por la problemática coyuntural que está afectando a los
países desarrollados y por el contexto mundial y, en particular, por la globalización como
condicionante estructural. Según Rodriguez Cabrero el Estado de bienestar ha sido históricamente
un mecanismo institucional de regulación del capitalismo en su fase de expansión, pero, a finales de
los setenta, comienza a ser considerado, por una parte, como un obstáculo para la globalización,
pero, por otra, sigue siendo un mecanismo compensador de los costes sociales. La globalización de
la economía ha supuesto, en primer lugar, el agotamiento del modelo keynesiano ante los profundos
cambios producidos en el mercado mundial y la aparición de movimientos especulativos y políticas
competitivas a gran escala, que impiden el crecimiento económico constante, que había posibilitado
el desarrollo y funcionamiento del Estado de bienestar.
En segundo lugar, la expansión de las nuevas tecnologías, que han acelerado la crisis del modelo,
que ha transformado los procesos productivos y sistemas distributivos y ha afectando al mundo del
trabajo y a su organización. A esto hay que añadir los efectos de la desaparición del socialismo real,
ocurrido tras la desintegración de la U.R.S.S. a finales de los años ochenta, que era un obstáculo a la
mundialización de la economía y a la expansión del sistema capitalista. Pero esta globalización está
produciendo una serie de contradicciones que están afectando a las relaciones entre el norte y el sur
-del enfrentamiento entre Este-Oeste se ha pasado al enfrentamiento entre los países ricos y países
pobres- y ha dado origen a una dualización social dentro de los mismos países desarrollados, al
crear diferentes espacios de bienestar y provocar situaciones crónicas de exclusión social.
El Estado de bienestar futuro tendrá que dirigir su intervención hacia los riesgos fabricados,
derivados de las situaciones de dominación que se mantienen sobre el Tercer Mundo y cuyas
repercusiones a largo plazo se desconocen y no pueden evaluarse adecuadamente. La explotación
económica del Tercer Mundo ha beneficiado y ayudado, durante siglos, a la expansión económica
de los países desarrollados, a través del mantenimiento de unos precios baratos de las materias
primas y de la mano de obra, lo que ha producido una situación de dominación y dependencia
económica y tecnológica. Es urgente, por tanto, un replanteamiento de las actuaciones de los países
industrializados respecto a los que se encuentran en vías de desarrollo. Los Programas de actuación
deben procurar un desarrollo alternativo, basado en políticas generativas y en el fomento de
actividades ya existentes en el mismo lugar.
Asimismo, deberán tenerse presentes los nuevos riesgos sociales y económicos que aparecen en
cada país, como consecuencia del envejecimiento de la población y el consiguiente incremento de
los gastos de protección social: pensiones, asistencia sanitaria, ayuda personalizada... y de los
cambios producidos en el ciclo formativo y laboral de la población y que afectan a los procesos
educativos, que cada vez son más largos, a la incorporación a la actividad laboral, que se produce a
una edad más tardía, y al adelantamiento de la edad de jubilación. Esto supone la disminución del
período medio de actividad por persona, lo que en conjunto significa mayores gastos sociales y
menos recursos fiscales para el Estado. A ello habría que añadir los nuevos riesgos que se están
produciendo por el impacto de la mundialización en la economía nacional, es decir, la repercusión
que los procesos de globalización están teniendo en las economías de los países desarrollados, como
consecuencia de la competitividad mundial, de los movimientos especulativos...
Por otra parte, tampoco se pueden olvidar las nuevas desigualdades y cambios en la estructura
social, derivados de: 1º) la alteración que se ha producido en la estructura familiar, concretamente
por la incorporación de la mujer a la actividad laboral y por las nuevas situaciones familiares,
producidas por el aumento de divorcios y la aparición de otras formas de convivencia; 2º) las
nuevas formas de desigualdad y de pobreza, asociadas a los procesos migratorios y sus problemas
de integración, la extensión de familias monoparentales y a la descualificación profesional y la
exclusión social. 3º) las nuevas desigualdades por los cambios experimentados en la estructura
social y los efectos del paro estructural, que está afectando especialmente a colectivos muy
específicos: jóvenes y mayores de 45 años, con bajo nivel de cualificación; 4º) la dualización social,
que aparece como resultado de la extensión de la economía sumergida y de los cambios en la
organización del trabajo debidos a la implantación tecnológica.
De lo anteriormente expuesto, se puede deducir que lo que verdaderamente está en crisis es el
modelo económico y la idea de crecimiento ilimitado como generador de bienestar y calidad de
vida. El crecimiento resulta indispensable para hacer frente a las necesidades cambiantes y siempre
crecientes, prototipo de la cultura del bienestar, pero los niveles de consumo alcanzados en los
países desarrollados no han logrado la realización de muchas de las necesidades humanas:
autorrealización, seguridad, estabilidad personal y laboral... Es necesario pensar, por tanto, en un
modelo de sociedad en el que el crecimiento económico no sea un fin en sí mismo, sino un medio
para dar respuesta a las necesidades humanas y, por tanto, esté condicionado a su satisfacción.
Las crisis cíclicas que están experimentando las sociedades avanzadas están cuestionando la
racionalidad del crecimiento indiferenciado del sistema capitalista. La experiencia, en esta última
fase de desarrollo del capitalismo, está demostrando que la abundancia no conduce necesariamente
al bienestar y a la calidad de vida, que la economía no puede crecer de forma indefinida a causa de
los límites físicos de la propia naturaleza y que el problema económico fundamental no es el
crecimiento, sino la distribución de bienes y recursos.
Únicamente es posible salir de esta crisis, a largo plazo, a través de unas estrategias globales de
cambio, que deben producirse a nivel mundial, y que suponen necesariamente el establecimiento de
un nuevo marco general de cooperación y una nueva actitud respecto de la naturaleza y de la
utilización de sus recursos, basada en la armonía y no en la dominación, y hacia las generaciones
futuras, a fin de que el bienestar actual no hipoteque el suyo.
¿Qué nuevas acciones estratégicas debe desarrollar el Estado del bienestar en el futuro? Como
plantean Esping-Andersen y Palier (2009), la estrategia futura (no tan alejada en el tiempo) debería
superar las políticas sociales reparadoras y compensatorias por una estrategia preventiva basada en
la lógica de la inversión social. Se trataría de pasar de un Estado del bienestar esencialmente
“enfermero” a un Estado del bienestar “inversor”. Como señalan los propios autores, “pensar de
otra forma ciertos gastos sociales: no ya como un coste que supone un obstáculo al crecimiento
económico, sino como una inversión que acompaña y apoya la transición hacia la economía del
conocimiento”.
Ayudar a los niños a adquirir las competencias adaptadas a las actividades de vanguardia, permitir a
las mujeres trabajar, son garantías de un crecimiento más fuerte y de mejores ingresos para el
Estado del bienestar” (Esping-Andersen y Palier, 2009).
Esta nueva arquitectura del Estado del bienestar tendría como pilares centrales, entre otros, los
siguientes:
1) Una mayor inversión social para la infancia.
2) Medidas de conciliación de la vida familiar y laboral para facilitar al máximo la incorporación de
la mujer al mercado de trabajo.
3) El fomento de la inversión en capital humano en todas las edades.
4) La flexiseguridad en el mercado laboral.
5) La flexibilización del ciclo de vida (la jubilación flexible, nuevas combinaciones entre ocio y
trabajo, etc.).
6) La aceptación de la inmigración y el fomento de su integración.
Entre todas estas medidas, destaca una por sus implicaciones sobre otros objetivos de política
social: la necesidad de dedicar una mayor inversión pública a la infancia. Si tenemos en cuenta el
alto coste económico de la pobreza infantil y del fracaso escolar, la inversión en la infancia (entre 0
y 6 años) para combatir la herencia social es una política que compatibiliza de manera equilibrada la
eficiencia y la equidad. La construcción de una extensa red pública de escuelas o centros educativos
infantiles tendría otros efectos muy positivos, como son: contribuir a la incorporación de las
mujeres al mercado de trabajo, aumentar la fecundidad, eliminar o reducir la pobreza infantil,
aumentar los ingresos fiscales, invertir en el desarrollo cognitivo de la infancia y, por tanto, en las
oportunidades vitales de las personas en la edad adulta, etc.
Evidentemente, el desarrollo de esta nueva arquitectura requiere dos condiciones:
1) Un incremento del gasto público (y/o la reordenación y cambio de sus prioridades).
2) Voluntad política.
Ambas condiciones parecen faltar en este momento. La primera por los planes de ajuste (reducción)
de gasto público (pieza central en la estrategia de consolidación fiscal) y la segunda, por el perfil
político conservador de los principales gobiernos que sustentan la actual gobernanza europea.
3. Perspectiva comunitaria
La sociedad europea se encuentra en un proceso de cambio, en el que influyen factores tales como
los avances tecnológicos, la globalización del comercio y el envejecimiento de la población. La
política europea de empleo, de asuntos sociales y de igualdad de oportunidades contribuye a
mejorar las condiciones de vida de la población, con la perspectiva de un crecimiento sostenible y
de una mayor cohesión social. La Unión Europea (UE) desempeña un importante papel en el terreno
social. Por ejemplo, elabora un marco jurídico de protección de los ciudadanos europeos. También
promueve la cooperación entre los Estados miembros, la coordinación y la aproximación de las
políticas nacionales y la participación de las autoridades locales, los sindicatos, las organizaciones
patronales y, en fin, de todos los actores implicados.
Los objetivos de esta política son el crecimiento del empleo, la calidad del empleo y de las
condiciones de trabajo, la movilidad de los trabajadores, la información y consulta a los
trabajadores, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la igualdad entre los hombres y las
mujeres, y la modernización de los sistemas de protección social.
En conjunto existe una gran cantidad de acciones comunitarias. Por este motivo, sólo citaremos los
grandes bloques de actuación y sus principales líneas:
• Estrategia europea para el crecimiento. Estrategia Europa 2020, crecimiento inteligente,
crecimiento sostenible, crecimiento inclusivo.
• Prioridades y objetivos: la agenda social.
• Políticas comunitarias de empleo. Asociación para el crecimiento y el empleo, los
instrumentos de las políticas comunitarias de empleo, competencias y movilidad, calidad del
empleo.
• Situación social y situación del empleo en europa. Informes, estadísticas.
• Acciones para la creación de empleo, acciones generales para la creación de empleo.
Promoción del empleo a escala local, promoción sectorial de la creación de empleo.
• Derechos y organización del trabajo, defensa de los trabajadores, organización del tiempo de
trabajo, responsabilidad social de las empresas.
• Diálogo social y participación de los trabajadores, diálogo social interprofesional, diálogo
social sectorial, información, consulta y participación de los trabajadores.
• Salud, higiene y seguridad en el trabajo, equipos, señalización y cargas, protección de
grupos específicos de trabajadores, lugares de trabajo, agentes químicos, físicos, biológicos.
• Protección social, coordinación de los regímenes de seguridad social, regímenes
complementarios de jubilación, modernización de la protección social.
• Igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación por razones de sexo, integración de la
perspectiva de género, empleo femenino y mujeres empresarias, lucha contra el acoso sexual
y la violencia contra las mujeres.
• Acciones sociales para grupos específicos: discapacidad y envejecimiento, igualdad de
oportunidades, derechos y dignidad de las personas con discapacidad, pensiones y asistencia
para las personas de edad avanzada, cambio demográfico.
• Inclusión social y lucha contra la pobreza, lucha contra la exclusión social, protección social
y lucha contra la pobreza.
• Antidiscriminación y relaciones con la sociedad civil, lucha contra la discriminación,
derechos sociales fundamentales, relaciones con la sociedad civil.
• Empleo y política social: dimensión internacional y ampliación, desarrollo social, acciones
destinadas a grupos específicos.
Analizaremos brevemente cada una de estas acciones:
Estrategia europea para el crecimiento
Estrategia Europa 2020, crecimiento inteligente, crecimiento sostenible, crecimiento inclusivo.
La estrategia Europa 2020 se basa en iniciativas orientadas al crecimiento inteligente, sostenible e
inclusivo en la Unión Europea (UE). En los próximos diez años, las prioridades establecidas deben
contribuir a aumentar los niveles de empleo, productividad y cohesión social en los países
miembros de la UE.
Esta estrategia se ejecuta a través de objetivos europeos y nacionales, lo cual implica una acción
coordinada de las autoridades nacionales, regionales y locales de los Estados miembros de la UE y
también una acción concertada con los interlocutores sociales y la sociedad civil.
MARCO GENERAL
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Europa 2020: estrategia para el crecimiento de la Unión Europea.
Un presupuesto para Europa (2014-2020).
Reforzar la coordinación de las políticas económicas.
Directrices para las políticas de empleo.
Compromiso europeo en favor del empleo.
Las normas europeas de aquí a 2020.
Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales (2014-2020)
(propuesta).
CRECIMIENTO INTELIGENTE
• Estrategia para el empleo y las competencias de los trabajadores.
• Agenda digital para Europa.
• Unión por la innovación.
•
•
•
•
Juventud en movimiento.
Conocimiento del medio marino 2020.
La política regional al servicio de la innovación.
La política comercial al servicio de la Estrategia Europa 2020.
CRECIMIENTO SOSTENIBLE
• Estrategia para una energía sostenible, competitiva y segura.
• Desarrollar la colaboración público-privada.
• Reducción de los gases de efecto invernadero: hoja de ruta en 2050.
CRECIMIENTO INCLUSIVO
• Nuevas capacidades para nuevos empleos1.
Prioridades y objetivos: la agenda social
Agenda social
La política social y de empleo de la Unión Europea tiene como objetivo la promoción del empleo, la
mejora de las condiciones de vida y de trabajo, una protección social adecuada, el diálogo con los
interlocutores sociales, el desarrollo de recursos humanos que garanticen un nivel de empleo
elevado y duradero y la lucha contra la exclusión. La nueva Agenda Social para el período 20062010 se inscribe en el contexto de la reactivación de la estrategia de Lisboa para el crecimiento y el
empleo. Esta Agenda responde a los objetivos europeos de solidaridad y prosperidad mediante dos
prioridades fundamentales: por una parte, el empleo y, por otra, la lucha contra la pobreza y la
promoción de la igualdad de oportunidades.
AGENDA SOCIAL
• Agenda Social Renovada.
• Agenda de política social (2006-2010).
PRIORIDADES Y OBJETIVOS
• Hacia una nueva visión social para la Europa del siglo XXI.
• Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización.
Políticas comunitarias de empleo
Asociación para el crecimiento y el empleo, los instrumentos de las políticas comunitarias de
empleo, competencias y movilidad, calidad del empleo.
La acción de la Unión Europea (UE) contribuye a reducir las tasas de desempleo y favorece la
calidad del empleo, en especial mediante la estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo. En
el contexto actual de crisis económica internacional, se han realizado esfuerzos adicionales para
proteger los puestos de trabajo existentes y para generar nuevas oportunidades.
Cada año se dedican más de 10 000 millones de euros a mejorar las condiciones de empleo de la
1
Un
análisis
más
detallado
de
la
misma
puede
consultarse
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_agenda/index_es.htm
en:
población, a través del Fondo Social Europeo (FSE). Los proyectos, cofinanciados por los Estados
miembros, ayudan a las empresas a adaptarse a la evolución de la coyuntura económica y social.
Además, favorecen el acceso a la formación y al aprendizaje permanente orientados al desarrollo de
la cualificación de los trabajadores.
ASOCIACIÓN PARA EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO
• Directrices para las políticas de empleo.
• Compromiso europeo en favor del empleo.
• Gestionar la recuperación europea.
• Fomento de la responsabilidad social de las empresas.
• Hacia los principios comunes de la flexiguridad.
LA ESTRATEGIA EUROPEA DE EMPLEO (EEE): 1997-2005
• El Consejo Europeo extraordinario de Lisboa (marzo de 2000): hacia la Europa de la
innovación y el conocimiento.
LOS INSTRUMENTOS DE LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS DE EMPLEO
• Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales (2014-2020)
(propuesta).
• Programa comunitario para el empleo y la solidaridad social - Progress (2007-2013).
• Instrumento de microfinanciación Progress (IEMP).
• EURES: la red europea para el empleo y la movilidad de los trabajadores.
• EUROPASS – Al servicio de la movilidad de los ciudadanos.
• Programa para el aprendizaje mutuo en el ámbito del empleo.
• Observatorio Europeo del Empleo (OEE).
• Comité de Empleo.
LOS DEMÁS RETOS EN MATERIA DE POLÍTICA DE EMPLEO
• Calidad del empleo.
Situación social y situación del empleo en europa
Informes, estadísticas
Es de vital importancia poseer datos estadísticos comparables a escala europea para seguir la
evolución de la situación social y del empleo en la Unión Europea. Principalmente, se trata de
evaluar el impacto que los cambios económicos y demográficos tienen sobre el mercado laboral. A
este respecto, la Comisión ha establecido sistemas de recopilación de informaciones estadísticas que
proporcionan indicadores de resultados. La Comisión también apoya las actividades de análisis
realizadas por los Estados miembros a través del Programa Comunitario de fomento del Empleo y
la Solidaridad Social y las actividades del Observatorio Europeo del Empleo. Todas estas
informaciones se reflejan en informes anuales.
Acciones para la creación de empleo
Acciones generales para la creación de empleo, promoción del empleo a escala local, promoción
sectorial de la creación de empleo.
La estrategia revisada de Lisboa ha convertido el empleo en una prioridad absoluta, lo que se refleja
en la programación de los instrumentos financieros comunitarios para el período 2007-2013
(Programa Comunitario para el Empleo y la Solidaridad Social, Fondo Social Europeo y Fondo
Europeo de Desarrollo Regional). Simultáneamente, la Comisión apoya la lucha contra el
desempleo y el trabajo no declarado mediante la modernización de los servicios públicos de empleo
y la promoción de la flexibilidad de empresarios y empleados. La Comisión promueve la
diferenciación de enfoques políticos en función de los sectores económicos clave, como el sector de
servicios, y de las categorías de empleados que pueden integrarse mejor en el mercado de trabajo
(mujeres, y las personas de más edad). La Comisión permite que los Estados miembros utilicen las
ayudas del Estado y la disminución del IVA como instrumentos de fomento del empleo.
ACCIONES PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO
• Acciones positivas:
• Nuevas capacidades para nuevos empleos.
• Hacia los principios comunes de la flexiguridad .
• Programa comunitario para el empleo y la solidaridad social - Progress (2007-2013).
• Instrumento de microfinanciación Progress (IEMP).
• Programa para el aprendizaje mutuo en el ámbito del empleo.
• Política de cohesión en apoyo del crecimiento y el empleo: directrices estratégicas
comunitarias 2007-2013.
• El Fondo Social Europeo (2007-2013).
• Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (2007-2013).
• Lucha contra el desempleo y el trabajo no declarado:
• Intensificar la lucha contra el trabajo no declarado.
• Modernizar los Servicios Públicos de Empleo.
• Trabajo no declarado.
• Un enfoque general para que trabajar sea rentable.
• Reestructuraciones y empleo: anticipar y acompañar las reestructuraciones para
desarrollar el empleo, el papel de la Unión Europea.
PROMOCIÓN SECTORIAL DE LA CREACIÓN DE EMPLEO
• Creación de empleo a través de la política de empresa:
• Acceso de las empresas a la financiación.
• Acompañar los cambios estructurales: una política industrial para la Europa ampliada
• Servicios:
• Directiva «Servicios».
• Agricultura:
• Empleo en las zonas rurales: colmar el déficit de puestos de trabajo.
DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA CREACIÓN DE EMPLEO
• Ayudas estatales al empleo.
• Plan de acción sobre el capital riesgo (PACR).
• IVA: servicios que requieren mucha mano de obra.
Derechos y organización del trabajo
Defensa de los trabajadores, organización del tiempo de trabajo, responsabilidad social de las
empresas.
La Unión Europea establece normas mínimas en lo que respecta a los derechos de los trabajadores y
a la organización del trabajo. Dichas normas se refieren a los despidos colectivos, la insolvencia y el
traspaso de empresas, la consulta y la información de los trabajadores, el tiempo de trabajo, la
igualdad de trato y de retribución, así como a los trabajadores desplazados. Esas normas se han
completado con acuerdos marco entre los interlocutores sociales europeos. De esa manera, se ha
introducido en toda la Unión el derecho a los permisos parentales y por razones familiares, se ha
facilitado el trabajo a tiempo parcial y se ha limitado la utilización de contratos sucesivos de
duración determinada. Por último, el concepto de responsabilidad social de las empresas encierra un
llamamiento para que las empresas adopten buenas prácticas en el ámbito social de forma
voluntaria. La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo formula
recomendaciones dirigidas a los responsables políticos.
DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
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Despidos colectivos.
Protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario.
Mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas.
Obligación del empresario de informar al trabajador de las condiciones laborales aplicables.
Desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios.
Reforzamiento de las normas que regulan el trabajo marítimo.
Igualdad de retribución.
Igualdad de trato en materia de empleo y de ocupación.
Libro Verde sobre el personal sanitario europeo.
Libro Verde sobre la modernización del Derecho laboral.
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo
(EUROFOUND).
• ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO
• Ordenación del tiempo de trabajo: Directiva de base.
• Disposiciones sectoriales:
• Tiempo de conducción en el sector del transporte por carretera.
• Ordenación del tiempo de trabajo de las actividades de transporte por carretera.
• Ordenación del tiempo de trabajo del personal de vuelo en la aviación civil.
• Condiciones de prestación de servicio de los trabajadores móviles que realizan
servicios de interoperabilidad transfronteriza en el sector ferroviario.
• Profesiones marítimas: reevaluación de la normativa social.
• Ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar.
• Ordenación del tiempo de trabajo a bordo de los buques que utilizan puertos
comunitarios.
• Acuerdos marco celebrados con motivo del diálogo interprofesional:
• Permiso parental.
• Permisos parentales y por razones familiares.
• Trabajo a tiempo parcial.
• Trabajo de duración determinada.
• Igualdad de trato de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal.
• El teletrabajo.
• RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS
• Responsabilidad social de las empresas: Estrategia europea 2011-2014.
• Fomento de la responsabilidad social de las empresas.
• Responsabilidad social de las empresas: una contribución empresarial al desarrollo
sostenible.
• Libro Verde relativo a la responsabilidad social de las empresas.
Diálogo social y participación de los trabajadores
Diálogo social interprofesional, diálogo social sectorial, información, consulta y participación de
los trabajadores.
El diálogo con los interlocutores sociales constituye uno de los pilares del modelo social europeo.
Este modelo, genuinamente anclado en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, engloba
los debates, las consultas, las negociaciones y las actuaciones comunes de las organizaciones
representativas de los interlocutores sociales. El diálogo social europeo, que puede ser bipartito o
tripartito, completa las prácticas nacionales de diálogo social que existen en la mayoría de los
Estados miembros. Sobre la base de los principios de solidaridad, responsabilidad y participación,
este diálogo constituye el principal órgano a través del cual los interlocutores sociales contribuyen a
definir las normas sociales europeas y desempeñan un papel esencial en la gobernanza de la Unión.
EL DIÁLOGO SOCIAL EUROPEO
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Potenciar la contribución del diálogo social europeo en una Europa ampliada.
El diálogo social europeo, fuerza de modernización y cambio.
Informe 2010 sobre las relaciones industriales en Europa.
Informe 2008 sobre las relaciones laborales en Europa.
EL DIÁLOGO SOCIAL INTERPROFESIONAL
• Diálogo social intersectorial europeo.
• Los acuerdos marco:
• Permiso parental.
• Permisos parentales y por razones familiares.
• Trabajo a tiempo parcial.
• Trabajo de duración determinada.
• Igualdad de trato de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal.
• El teletrabajo.
EL DIÁLOGO SOCIAL SECTORIAL
• Diálogo social europeo sectorial.
• Profesiones marítimas: reevaluación de la normativa social.
• Ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar.
• Ordenación del tiempo de trabajo del personal de vuelo en la aviación civil.
• Condiciones de prestación de servicio de los trabajadores móviles que realizan servicios de
interoperabilidad transfronteriza en el sector ferroviario.
LOS LUGARES DEL DIÁLOGO SOCIAL
• Cumbre social tripartita para el crecimiento y el empleo.
• Comité de Empleo.
INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
• Comité de empresa europeo (a partir de 2011).
• Comité de empresa europeo.
• Marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores.
• Marco para la promoción de la participación financiera de los trabajadores.
• Estatuto de la Sociedad Europea.
• Estatuto de la Sociedad Privada Europea.
• Estatuto de la sociedad cooperativa europea.
Salud, higiene y seguridad en el trabajo
Equipos, señalización y cargas, protección de grupos específicos de trabajadores, lugares de trabajo,
agentes químicos, físicos, biológicos
La Unión Europea tiene como finalidad crear más empleos mediante la Estrategia de Lisboa para el
Crecimiento y el Empleo y, asimismo, vela por que éstos sean de mejor calidad. Hoy en día, la salud
y la seguridad en el lugar de trabajo representan uno de los aspectos más importantes y más
avanzados de la política social de la Unión. En este ámbito, la acción comunitaria no se limita a la
legislación. Las instituciones europeas llevan a cabo numerosas actividades de información,
orientación y promoción de un entorno laboral seguro y saludable en colaboración con la Agencia
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y la Fundación Europea para la Mejora de las
Condiciones de Vida y de Trabajo.
DISPOSICIONES GENERALES
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Salud y seguridad en el lugar de trabajo: normas generales.
Estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012).
Programa comunitario para el empleo y la solidaridad social - Progress (2007-2013).
Instrumento de microfinanciación Progress (IEMP).
Comunicación relativa a la aplicación práctica de las directivas sobre salud y seguridad en el
trabajo.
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo.
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo
(EUROFOUND).
Comité consultivo para la seguridad y la salud en el trabajo (CCSS).
Estadísticas de salud pública y de salud y seguridad en el trabajo.
Lista europea de enfermedades profesionales.
Ordenación del tiempo de trabajo: Directiva de base.
Estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2002-2006).
EQUIPOS, SEÑALIZACIÓN Y CARGAS
• Utilización de los equipos de trabajo.
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Uso de los equipos de protección individual (EPI).
Trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
Señalización de seguridad y de salud en el trabajo.
Manipulación manual de cargas que entrañe riesgos.
PROTECCIÓN DE GRUPOS ESPECÍFICOS DE TRABAJADORES
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Trabajadores autónomos: seguridad y salud en el trabajo.
Salud y seguridad de los trabajadores temporales.
Protección de los jóvenes en el trabajo.
Protección de las mujeres embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia.
LUGARES DE TRABAJO
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Salud y seguridad de los trabajadores: condiciones aplicables a los lugares de trabajo.
Trabajo en obras de construcción temporales o móviles.
Sector de las industrias extractivas mediante perforación.
Sector de las industrias extractivas a cielo abierto o subterráneas.
Aparatos y sistemas de protección utilizables en atmósfera potencialmente explosiva.
Profesiones marítimas: reevaluación de la normativa social.
Reforzamiento de las normas que regulan el trabajo marítimo.
Buques de pesca.
Mejor asistencia médica a bordo de los buques.
AGENTES QUÍMICOS, FÍSICOS, BIOLÓGICOS
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Protección de los trabajadores contra la exposición a agentes biológicos.
Protección de los trabajadores expuestos al amianto.
Exposición a los campos electromagnéticos.
Exposición al ruido.
Exposición a las vibraciones mecánicas.
Riesgo de atmósferas explosivas.
Exposición a los agentes químicos.
Riesgos derivados de las radiaciones ionizantes.
Exposición a radiaciones ópticas artificiales.
Exposición a agentes carcinógenos y mutágenos.
Sistema europeo para el registro de los transportistas de materiales radiactivos (propuesta).
Exposiciones a agentes biológicos.
Exposición al amianto.
Protección social
Coordinación de los regímenes de seguridad social, regímenes complementarios de jubilación,
modernización de la protección social
La Unión Europea (UE) es, sin duda, un modelo a escala mundial en materia de sistemas de
protección social. Estos sistemas permiten afrontar situaciones de precariedad como el desempleo,
el estado de salud, la discapacidad, la situación familiar o la vejez. Además, garantizan el acceso a
numerosos servicios indispensables para la dignidad humana. La organización y la financiación de
los sistemas de protección social son competencia de los Estados miembros. Sin embargo, la UE
puede desempeñar un papel específico a través de su legislación de coordinación de los regímenes
nacionales de seguridad social, principalmente en lo que toca a la movilidad dentro del espacio
comunitario. Desde hace poco tiempo, la UE se ha comprometido asimismo a fomentar una
colaboración más estrecha entre los Estados miembros en lo relativo a la modernización de los
sistemas de protección social, que se enfrentan a retos similares en toda la Comunidad.
COORDINACIÓN DE LOS REGÍMENES DE SEGURIDAD SOCIAL
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Asistencia transfronteriza: los derechos de los pacientes.
Programa comunitario para el empleo y la solidaridad social - Progress (2007-2013).
Instrumento de microfinanciación Progress (IEMP).
Coordinación de los sistemas de seguridad social.
Los regímenes de seguridad social y la libre circulación de personas: reglamento de base.
Los regímenes de seguridad social y la libre circulación de personas: modalidades de
aplicación.
• Tarjeta sanitaria europea.
• Lucha contra el fraude a la seguridad social y el trabajo no declarado (código de conducta).
REGÍMENES COMPLEMENTARIOS DE JUBILACIÓN
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Pensiones seguras y viables: planteamiento europeo al servicio de las estrategias nacionales.
La evolución de la protección social a largo plazo: pensiones seguras y viables.
Instituciones de jubilación profesional.
Lucha contra los obstáculos fiscales a las prestaciones de jubilación transfronterizas.
Movilidad de los trabajadores: facilitar la adquisición y la preservación de los derechos de
pensión complementaria.
• Protección de los derechos de pensión complementaria.
• El Comité de las pensiones complementarias.
MODERNIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
• Reforzar el método abierto de coordinación en el ámbito de la protección social y la
inclusión social.
• Reforzamiento de las normas que regulan el trabajo marítimo.
• Profesiones marítimas: reevaluación de la normativa social.
• Hacia los principios comunes de la flexiguridad.
• Informes conjuntos sobre la protección social y la inclusión social 2008.
• Informes conjuntos sobre la protección social y la inclusión social: 2007.
• Informe conjunto sobre protección social e inclusión social de 2006.
• Informe conjunto sobre protección social e inclusión social.
• Desarrollo de una asistencia sanitaria y una asistencia de larga duración de calidad,
accesibles y duraderas.
• Un enfoque general para que trabajar sea rentable.
• Racionalización del método abierto de coordinación en el ámbito de la protección social.
• Una estrategia concertada para modernizar la protección social.
• Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social (SEEPROS).
• MISSOC - Sistema de información mutua sobre protección social.
• Comité de Protección Social.
• Nuevo marco para la coordinación abierta de las políticas de protección social y de inclusión
social.
• Servicios de interés general:
• Reforma de las normas de la UE en materia de ayudas estatales aplicables a los
servicios de interés económico general.
• Nuevo compromiso europeo en el ámbito de los servicios de interés general.
• Libro Blanco sobre los servicios de interés general.
• Servicios sociales de interés general.
Igualdad entre mujeres y hombres
No discriminación por razones de sexo, integración de la perspectiva de género, empleo femenino y
mujeres empresarias, lucha contra el acoso sexual y la violencia contra las mujeres
La igualdad entre hombres y mujeres es uno de los principios fundamentales del Derecho
comunitario. Los objetivos de la Unión Europea (UE) en materia de igualdad entre hombres y
mujeres consisten en garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre ambos sexos y en
luchar contra toda discriminación basada en el sexo. En este ámbito, la UE ha aplicado un doble
enfoque que engloba acciones específicas y la integración de la perspectiva de género. Esta cuestión
presenta, asimismo, una marcada dimensión internacional en lo tocante a la lucha contra la pobreza,
el acceso a la educación y los servicios de salud, la participación en la economía y el proceso de
toma de decisiones, y la equiparación de la defensa de los derechos de la mujer con la defensa de
los derechos humanos.
MARCO GENERAL
• Integración de la perspectiva de género:
• Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015.
• Un compromiso reforzado en favor de la igualdad entre mujeres y hombres: una
Carta de la Mujer.
• Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres (2006-2010).
• Quinto programa de acción comunitaria para la igualdad de oportunidades (20012006).
• Integración de la igualdad de oportunidades en las políticas comunitarias.
• Aspectos financieros:
• Programa comunitario para el empleo y la solidaridad social - Progress (2007-2013).
• Instrumento de microfinanciación Progress (IEMP).
• EQUAL.
• Integración de la igualdad entre las mujeres y los hombres en el marco de los Fondos
Estructurales.
• Fomento de las organizaciones que trabajan en el ámbito de la igualdad entre
hombres y mujeres (2004-2006).
• Informes:
• Informe sobre la igualdad entre mujeres y hombres de 2009.
• Informe sobre la igualdad entre mujeres y hombres de 2008.
• Informe sobre la igualdad entre mujeres y hombres de 2007.
• Informe sobre la igualdad entre mujeres y hombres de 2006.
• Informe sobre la igualdad entre mujeres y hombres de 2005.
• Informe de 2004 sobre la igualdad entre mujeres y hombres.
• Informe sobre la igualdad de oportunidades de 2002.
• Informe sobre la igualdad de oportunidades de 2001.
• Aspectos institucionales:
• Instituto Europeo de la Igualdad de Género.
• Comité consultivo de igualdad de oportunidades.
• Equilibrio en los comités y los grupos de expertos creados por la Comisión.
PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE SEXO
• Principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres fuera del mercado laboral.
• Carga de la prueba en los casos de discriminación basada en el sexo.
EMPLEO FEMENINO Y MUJERES EMPRESARIAS
• Empleo:
• Actuar contra la diferencia de retribución entre mujeres y hombres.
• Igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo.
• Igualdad de trato en lo relativo al acceso al empleo, a la formación y a la promoción
profesionales.
• Trabajadores autónomos: igualdad de trato entre hombres y mujeres.
• Igualdad de trato de los trabajadores autónomos (hasta 2012).
• Igualdad de retribución.
• Participación equilibrada de mujeres y hombres en los procesos de toma de decisión.
• La integración de las mujeres en la investigación.
• Dimensión social:
• Permiso parental.
• Promover la solidaridad entre las generaciones.
• Participación equilibrada de hombres y mujeres en la actividad profesional y en la
vida familiar.
• Protección de las mujeres embarazadas, que hayan dado a luz o en período de
lactancia.
• Cuidado de los niños y las niñas.
• Seguridad social: igualdad de trato entre hombres y mujeres.
• Permisos parentales y por razones familiares.
• Regímenes profesionales de seguridad social.
LUCHA CONTRA EL ACOSO SEXUAL Y LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
• Lucha contra el acoso sexual:
• Protección de la dignidad del hombre y de la mujer en el trabajo.
• Código práctico encaminado a combatir el acoso sexual en el trabajo.
• Prevención del acoso sexual en el trabajo.
• Lucha contra la violencia, la explotación sexual y la trata de mujeres:
• Nuevas acciones para luchar contra la trata de mujeres.
• Trata de mujeres con fines de explotación sexual.
DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
• Estrategia para la igualdad de género en la política de desarrollo.
• Cuarta conferencia de las Naciones Unidas sobre las mujeres.
Acciones sociales para grupos específicos: discapacidad y envejecimiento
Igualdad de oportunidades, derechos y dignidad de las personas con discapacidad, pensiones y
asistencia para las personas de edad avanzada, cambio demográfico.
La discapacidad es una realidad que presenta múltiples facetas. Según el caso, puede afectar a las
personas a lo largo de toda su existencia o alterar el final de sus vidas. En general, los individuos no
son iguales ante la discapacidad y el envejecimiento en términos de condiciones de vida y de
trabajo. Por otro lado, la Unión Europea se enfrenta a cambios demográficos sin precedentes que
tendrán importantes repercusiones en el conjunto de la sociedad. A escala europea, las instituciones
contribuyen al establecimiento por parte de los Estados miembros de una sociedad accesible para
todos, reforzando la cooperación con ellos y entre ellos y promoviendo la recopilación, el
intercambio y la elaboración de datos comparables, de estadísticas y de buenas prácticas.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
• Estrategia sobre Discapacidad (2010-2020).
• Acciones transversales:
• Protección a escala internacional de los derechos y libertades de las personas con
discapacidad.
• Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad: un plan de acción
europeo (2004-2010).
• Promoción y protección de los derechos y la dignidad de las personas con
discapacidad a escala internacional.
• Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad.
• Año Europeo de las personas con discapacidad 2003.
• Igualdad de oportunidades de las personas minusválidas.
• Acciones específicas:
• Igualdad de trato en materia de empleo y de ocupación.
• Permiso de estacionamiento para personas con discapacidad.
PERSONAS DE EDAD AVANZADA
• Año Europeo del Envejecimiento Activo (2012).
• Informe de 2009 sobre el envejecimiento.
• Envejecer mejor en la sociedad de la información: programa «Vida cotidiana asistida por el
entorno» (AAL).
• Respuesta de Europa al envejecimiento de la población mundial.
• Desarrollo de una asistencia sanitaria y una asistencia de larga duración de calidad,
accesibles y duraderas.
• El futuro de la asistencia sanitaria y de la atención a las personas mayores: garantizar la
accesibilidad, la calidad y la sostenibilidad financiera.
• Promover la solidaridad entre las generaciones.
• El futuro demográfico de Europa: transformar un reto en una oportunidad.
• Libro Verde «Frente a los cambios demográficos, una nueva solidaridad entre
generaciones».
• Hacia una Europa para todas las edades.
Inclusión social y lucha contra la pobreza
Lucha contra la exclusión social, protección social y lucha contra la pobreza.
La inclusión social y la lucha contra la pobreza son parte integrante de los objetivos de la Unión
Europea en materia de crecimiento y empleo. La coordinación de las políticas nacionales sobre
protección e inclusión social se basa en un proceso de intercambio y aprendizaje mutuos, conocido
normalmente como «método abierto de coordinación» (MAC). Además de la eliminación de la
pobreza y la exclusión social, el establecimiento de pensiones viables y adaptadas, así como el
desarrollo de una asistencia sanitaria y de cuidados de larga duración accesibles, sostenibles y de
calidad, constituyen la base de dicho proceso para los próximos años.
ACCIONES TRANSVERSALES
• Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social.
• Reforzar el método abierto de coordinación en el ámbito de la protección social y la
inclusión social.
• Programa comunitario para el empleo y la solidaridad social - Progress (2007-2013).
• Instrumento de microfinanciación Progress (IEMP).
• Inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral.
• Promover un trabajo digno para todos.
• Recursos y prestaciones suficientes.
• Informes conjuntos sobre la protección social y la inclusión social de 2008.
• Informes conjuntos sobre la protección social y la inclusión social de 2007.
• Informe conjunto sobre protección social e inclusión social de 2006.
• Informe conjunto sobre protección social e inclusión social.
• Informe conjunto sobre la inclusión social.
• Nuevo marco para la coordinación abierta de las políticas de protección social y de inclusión
social.
• Programa comunitario que fomenta la cooperación entre los Estados miembros para luchar
contra la exclusión social (2002-2006).
• Construir una Europa que fomente la integración.
• URBAN II.
• ACCIONES ESPECÍFICAS
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Acceso de los consumidores a las cuentas de pago básicas.
Estrategias nacionales de integración de los gitanos: marco europeo común.
Integración social y económica del pueblo romaní.
Participación de los jóvenes con menos oportunidades.
Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2010).
Año europeo de la educación a través del deporte 2004.
Fondo Europeo para los Refugiados.
Integración social de los jóvenes.
Fomento del papel de las asociaciones y fundaciones en Europa.
Antidiscriminación y relaciones con la sociedad civil
Lucha contra la discriminación, derechos sociales fundamentales, relaciones con la sociedad civil.
Desde su creación, la Unión Europea (UE) ha considerado la lucha contra la discriminación una de
sus misiones más urgentes. Aunque la discriminación, ya sea directa o indirecta, se reconozca como
delito por la legislación europea, cada día, en el territorio europeo, se impide a determinadas
personas tener una vida plena en el ámbito laboral y social a causa de criterios arbitrarios. Durante
muchos años, se hizo hincapié en la prevención contra la discriminación por razones de
nacionalidad o sexo. Desde 1999, la UE ha ampliado su acción y sus competencias a las
discriminaciones por razones de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad
u orientación sexual. En este ámbito más que en ningún otro, las organizaciones y la sociedad civil
desempeñan un papel esencial como intermediarias entre las instituciones y los ciudadanos.
LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
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Principio de igualdad de trato entre las personas.
Un compromiso renovado con la no discriminación e igualdad de oportunidades.
Estrategia marco para la no discriminación y la igualdad de oportunidades para todos.
Igualdad de trato independientemente del origen racial o étnico.
Programa comunitario para el empleo y la solidaridad social - Progress (2007-2013).
Programa de acción contra la discriminación (2001-2006).
DERECHOS SOCIALES FUNDAMENTALES
• Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores.
• La Carta de los Derechos Fundamentales.
• Aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales.
RELACIONES CON LA SOCIEDAD CIVIL
• Reglamento interno del Comité Económico y Social Europeo.
• Desarrollo de las relaciones entre la Comisión y la sociedad civil.
• Fomento del papel de las asociaciones y fundaciones en Europa.
Empleo y política social: dimensión internacional y ampliación
Desarrollo social, acciones destinadas a grupos específicos, ampliación.
La Unión Europea (UE) se esfuerza por garantizar, tanto en su interior, como más allá de sus
fronteras, que el desarrollo económico vaya acompañado del progreso social. Así, ha introducido
una dimensión social en sus relaciones exteriores, ya sea en el contexto de una globalización justa y
duradera o en la perspectiva de futuras ampliaciones. A escala internacional, la UE fomenta el
respeto de las normas fundamentales del trabajo, que considera parte integral de los derechos
humanos. Por otro lado, participa activamente en la defensa de la igualdad de oportunidades y la no
discriminación, y promueve el establecimiento de un sistema económico justo. Por lo que respecta
más específicamente al proceso de adhesión a la UE, esta preocupación se materializa en la
obligación impuesta a los países candidatos de incorporar el acervo comunitario.
DESARROLLO SOCIAL
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Promover un trabajo digno para todos.
Hacer los beneficios de la dimensión social de la mundialización extensibles a todos.
El desarrollo social en el contexto de la mundialización.
Reforzamiento de las normas que regulan el trabajo marítimo.
Relación entre el sistema comercial multilateral y las normas laborales.
Cumbre mundial sobre el desarrollo social.
ACCIONES DESTINADAS A GRUPOS ESPECÍFICOS
• Respuesta de Europa al envejecimiento de la población mundial.
• Promoción y protección de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad a
escala internacional.
• Cuarta conferencia de las Naciones Unidas sobre las mujeres.
AMPLIACIÓN
• Ampliación en curso:
• Croacia – Empleo y política social.
• Turquía – Empleo y Política Social.
• Antigua República Yugoslava de Macedonia – Empleo y Política Social.
• Islandia – Empleo y Política Social.
• Ampliación de enero de 2007:
• Bulgaria.
• Rumanía.
• Ampliación de mayo de 2004:
• Chipre.
• Hungría.
• Estonia.
• Letonia.
• Lituania.
• Malta.
• Polonia.
• República Checa.
• Eslovaquia.
• Eslovenia.
Fuentes:
BARROSO GONZÁLEZ, María de la O y CASTRO VADILLO, Nelly Julia: Estado del bienestar y
crisis económica: una revisión bibliográfica. http://www.usc.es/congresos/xiirem/pdf/32.pdf
GOMEZ BAHILLO, C. (1998): “Reflexiones sobre el estado de bienestar”, Proyecto Social 6, 105116.
GONZÁLEZ RABANAL, Mª de la C.: "La Seguridad Social y sus posibles efectos económicos".
Revista de Trabajo y Seguridad Social nº 20, octubre -diciembre 1995, pp. 121-146.
OCHANDO CLARAMUNT, Carlos: Estado del bienestar, crisis económica y nuevos riesgos
sociales.