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¿Hacia la empresa social?
LAVILLE Jean-Louis & NYSSENS Marthe (2001). « ¿Hacia la empresa social? », in
LAVILLE Jean-Louis, NYSSENS Marthe & SAJARDO MORENO Antonia (eds.),
Economía social y servicios sociales, Ciriec-España, Valencia, pp. 273-282.
http://www.jeanlouislaville.net
Copyright © Jean-Louis Laville 2009. All rights reserved.
Tercera Parte. Conclusiones transversales
&HACIA LA EMPRESA SOCIAL?
por Jean-Louis Laville y Marthe Nyssens
La perspectiva económica ha destacado un doble papel del sector asociativo,
el de la innovación social para descifrar las demandas portadoras de retos
colectivos y el de la respuesta estructural a las demandas de servicios dotados
de una importante componente relacional. Determinadas iniciativas.recientes
en el campo de la ayuda a domicilio aparecen de la mano de una diversidad de
actores - usuarios, voluntarios, profesionales, etc. - y articulan diversos tipos
de recursos económicos, tanto mercantiles como no mercantiles y monetarios.
Es particularmente el caso de las empresas de Economía Social en Québec,
las cooperativas sociales en Italia o incluso las iniciativas asociativas recientes
en Francia o en Bélgica. Estas dinámicas remiten al modelo de la "empresa
social" tal y como se ha puesto de manifiesto en las investigaciones europeas.
Según éstas, la empresa social [Borzaga, Defourny, 20011parte de una iniciativa
procedente de un grupo de ciudadanos que integra una dimensión de servicio
ampliada y que alcanza hasta la comunidad local, pese a poner el acento en
el elevado grado de autonomía y los riesgos propios de una actividad continuada
de producción. El término genérico de empresa social no supone una ruptura
en relación a las asociaciones aunque sí una inflexión y una ampliación de las
formas posibles. Se destacan determinadas características de las dinámicas
asociativas contemporáneas.
La empresa social aparece como portadora de una lógica de diversificación
de corrientes [Laville, Nyssens, 20011. Pese a desarrollar intercambios
mercantiles, se diferencia de una empresa privada tradicional en que el poder
no se basa en la propiedad del capital. También se distinguen de una empresa
pública pese a que se benefician, con frecuencia, de subvenciones. Por lo
tanto se trata de especificar los procesos de creación y de consolidación que
le son propios precisando en qué se diferencia de las asociaciones o de las
cooperativas más antiguas.
Economía Social y Servicios Sociales
Creación, servicios a la colectividad y múltiples partes participantes
En la empresa social, el emprendimiento no está supeditado a la expectativa
de obtención de beneficio sobre la inversión, como es el caso en la sociedad
de capitales. La determinación de los objetivos tampoco es el resultado de
una decisión tomada por los representantes dentro del marco de la democracia
representativa, como es el caso de los servicios públicos. Además ya no es la
satisfacción de los intereses de una categoría homogénea lo que está en juego,
como ocurre en numerosas asociaciones o cooperativas. La empresa social
es considerada de interés general por su finalidad de servicio a la colectividad,
entendida como la búsqueda explícita de externalidades colectivas positivas
y de referencia a la justicia social. Como se ha podido demostrar en el presente
texto, las externalidades se hallan en la base de la cohesión social, de la
sanidad pública o incluso del desarrollo local. Cualquier empresa puede generar
dichas externalidades pero la originalidad de la empresa social reside en la
opción a favor de estas externalidades positivas y de la equidad, constitutiva
de la acción económica de los promotores. Si en la empresa privada es posible
afirmar, siguiendo a Callon [1999], que "las externalidades positivas
desincentivan las inversiones privadas socializando los beneficios", en la
empresa social, por el contrario, éstas constituyen un incentivo determinante
para los creadores de la actividad.
La empresa social se sitúa en la tradición del asociacionismo cívico
remontándose al siglo XIX, pese a testimoniar una inflexión del mismo. En
efecto, esta dimensión cívica se expresa menos por un movimiento social que
por una crítica en actos en los que toma la forma de una actividad económica
que se rige a partir de valores y de reglas diferentes a las existentes en otros
servicios, privados y públicos. La acción colectiva no constituye una referencia
en el modelo del movimiento social. El cambio institucional que se observa no
pasa tanto por una estructuración, más o menos jerarquizada, inherente a las
expresiones reivindicativas que pretenden mostrar su capacidad de movilización,
como por una acción local que pretende probar sus buenos principios mediante
la producción de servicios originales desde el punto de vista de su concepción
y de su funcionamiento. Esta es, pues, una de las lecturas que se pueden
hacer de la modificación de las formas de compromiso público que privilegian
el cambio concreto y limitado en detrimento de las grandes formaciones
ideológicas.
La actividad en la empresa social no se concibe tanto a partir de una
identidad común como a partir de la reflexión y de la gestión colectiva de la
Tercera Parte. Conclusiones transversales
incertidumbre que suscitan al definirla. La existencia de estructuras con múltiples
partes participantes, de las que son miembros a la vez los usuarios, los
voluntarios y los trabajadores asalariados [Borzaga, Mittone, 1997; Pestoff,
1995: 152-1 671 es coherente con la provisión de servicios generadores de
beneficios colectivos porque les ayuda a delimitar y a mutualizar sus enfoques
en entornos complejos.
De ahí se desprende la pertinencia de una estructura jurídica que integre
a una pluralidad de agentes participantes (usuarios, asalariados, voluntarios,
financiadores, etc.). No es casualidad el hecho de que, después de la
experiencia pionera de las cooperativas sociales italianas, se hayan gestado
numerosas reformas en ese sentido en Bélgica, España, Québec y Francia.
Como las legislaciones anteriores de la asociación y de la cooperativa
dificultaban la integración de diferentes agentes participantes en torno a un
objeto común, en Italia, la Ley de 1991 confirió un estatuto nacional a las
cooperativas sociales cuyo objetivo era "el interés general de la comunidad
para la promoción humana y la integración social de los ciudadanos". Esta ley,
que fue debatida durante casi una década antes de ser votada, legitima la
finalidad de solidaridad propia de estas empresas. En Bélgica, una ley de 1995
reconoce las "sociedades de finalidad social" que "no están orientadas al
enriquecimiento de sus asociados". Con estructuras como la sociedad anónima
de responsabilidad limitada de utilidad pública en Austria, la cooperativa de
iniciativa social y la cooperativa de solidaridad social, respectivamente reguladas
por las leyes de 1999 y 1998 en España y en Portugal, la cooperativa social en
Québec, han aparecido formas de legalización del empresariado social en
otros países europeos. En Francia, la cuestión de la necesidad de la creación
de un modelo de empresa con fines sociales fue planteada en 1999 por la
Ministra de Trabajo y recogida en un informe de actividad [Lipietz, 20001 y en
una Ley sobre las sociedades cooperativas de interés colectivo, que fue
sometida al voto parlamentario en 2001.
Según Sabel [1996], numerosos grupos locales promotores de actividades
económicas generan tensiones porque existe una contradicción entre la
movilización de los recursos requeridos para el éxito de cada proyecto y el
reparto de los frutos del esfuerzo común entre un número reducido de personas
que controlan las actividades o que tienen la oportunidad de ser empleadas.
Si se admite este análisis, una estructura en la que participan varios sectores
estará en condiciones de reducir estas tensiones mediante una propiedad que
se va ampliando a diferentes categorías de miembros implicados pese a
mantener las características históricas de las organizaciones de Economía
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Social: la constitución de un patrimonio colectivo y la limitación en la distribución
de beneficios.
La dimensión de servicios a la colectividad hace posible la constitución de
una red social promotora cuya composición variable se traduce en la sensibilidad
común a un problema considerado como urgente y que llama a la acción. La
concepción de la actividad económica parte de la percepción compartida entre
las partes implicadas de ausencia de respuesta apropiada al problema que
identifican. El empresario a través del que se realiza el proyecto no es en esas
condiciones un actor aislado sino, sobre todo, una catalizador que se apoya en
un colectivo. Esta combinación entre servicio a la colectividad y red social
portadora de un proyecto conduce a cuestionarse sobre las relaciones entre la
empresa social y el capital social.
Actividad económica y capital social
El capital social fue definido por Putnam [1993] como "las características de
las organizaciones sociales como las redes, las normas y la confianza que
facilitan la coordinación y la cooperación para conseguir el beneficio mutuo".
Si la definición resulta demasiado amplia y polisémica, esta expresión ha
permitido, sin embargo, poner de manifiesto el papel de los recursos en la
actividad económica, que no pueden reducirse ni al capital financiero o físico
ni al capital humano. Este capital social, sinónimo de confianza mutua, constituye
un recurso económico cuando se integra en el funcionamiento de una empresa
añadiendo sus efectos a los recursos financieros y humanos para mejorar la
combinación productiva. Todas las formas de empresas son objeto de las
políticas destinadas a desarrollar esta cooperación interna. Sin embargo, en
la empresa social, el capital social no es sólo importante en el proceso productivo
y participa en la determinación de la finalidad productiva. Mientras que en una
empresa en manos de los accionistas, la movilización del capital social mejora
la rentabilidad del capital, en las empresas sociales esta movilización se
cristaliza alrededor del proyecto porque éste comporta una dimensión de
servicio a la colectividad. El desarrollo del capital social tanto interna como
externamente constituye uno de los objetivos explícitos de la empresa social.
Las empresas sociales llevan a cabo prácticas específicas de movilización
del capital social que son particularmente apropiadas para la regulación de
determinados costes de transacción como los relacionados con la confianza.
En efecto, para contrarrestar la aparición de componentes oportunistas
Tercera Parte. Conclusiones transversales
vinculados a la información fundamentalmente imperfecta en el campo de los
servicios a domicilio, el capital social puede participar en la consolidación de
la confianza, especialmente entre los usuarios, su entorno y los profesionales.
Numerosas estructuras que proporcionan las ayudas a domicilio tienen como
primera misión salvaguardar el equilibrio familiar; la intervención profesional
aligera las tensiones asociando a las personas mayores y a sus familias en la
definición de un proyecto de ayuda. La relación triangular entre la asociación,
los usuarios y los asalariados confiere un papel activo a las familias facilitando
un momento para la reflexión colectiva incluyendo a los usuarios, voluntarios
y profesionales, lo que, por lo demás, no está exento de dificultad.
La integración de los usuarios y de los voluntarios, el recurso a las
donaciones, el desarrollo de grupos locales son, además, prácticas que han sido
posibles gracias a una movilización del capital social que reducen no sólo los
costes de transacción sino también los costes de producción.
Del capital social al capital civil
Uno de los problemas que plantea Putnam [2000: 18-19] es que se
superpone a la concepción del capital social como recurso económico, una
idea diferente según la cual el capital social está estrechamente vinculado a
la corriente civil [Evers, 20011. Ahora bien, "los contactos sociales que afectan
a la productividad de los individuos y de los grupos" no se pueden identificar
con el compromiso civil porque también pueden desarrollarse en el marco de
las relaciones sociales dentro de los espacios privados.
Esta confusión puede ser soslayada si se distingue entre el capital social,
término más genérico que designa toda red de cooperación, y el capital civil,
expresión más precisa reservada a las formas de cooperación basadas en el
compromiso voluntario en las "relaciones de asociación" alrededor de las cuales
"se pueden cristalizar espacios públicos autónomos" [Habermas, 19921.
La caracterización de la empresa social no se agota con su capacidad de
movilización del capital social. Mediante la afirmación de un proyecto colectivo
en el espacio público la empresa social transforma un capital social en capital
civil, del cual es partícipe tanto de su creación y crecimiento como de su
reproducción. La gran diferencia con la economía doméstica, informal,
sumergida es que la empresa social abre "espacios públicos de proximidad" en
el sentido de que permite que las cuestiones emanadas de la esfera privada
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puedan comenzar a ser abordadas desde una esfera pública con unas formas
respetuosas con la intimidad de las personas. Ésta favorece una auto-reflexión
mediante el debate sobre el tipo de servicio apropiado a las familias que se
introducen así como "en el campo discursivo de los aspectos de la conducta
social que antes eran intangibles o estaban regulados por las prácticas
tradicionales" [Giddens, 1994: 1201. Sobre ello reviste, como otras formas de
asociacionismo, "una dimensión del espacio público de las sociedades civiles"
[Evers, 2001: 120-1211.
Las empresas sociales que producen servicios con la voluntad de promover
la igualdad de acceso y una calidad de respuesta a las demandas de los
usuarios revelan su creatividad estableciendo espacios susceptibles de servir
de mediación entre los profesionales prestatarios y los usuarios. Cuando estas
empresas se apoyan en las familias, es para reconfortarlas y no para reforzar
el encierro, por ejemplo, de las mujeres que tengan que ocuparse de sus
parientes de edad avanzada. Como señalaban Ben-Ner y Van Hoomissen
[1991: 519-5491, es el lugar que ocupan los usuarios el determinante para
constituir la oferta, tanto si es por iniciativa propia como si es mediante la
intervención de profesionales que se han hecho conscientes de las demandas
insatisfechas debido a su inmersión en la producción de servicios. Pero lo que
es esencial es el paso hacia lógicas funcionales que permitan abordar los
servicios a partir del "mundo vivido" de los usuarios, siguiendo la expresión
de Habermas. Las empresas sociales se inspiran en los valores de sus
promotores que deben afrontar la diversidad de los usuarios. Es considerando
las realidades multiformes como la oferta y la demanda pueden ajustarse. La
pertenencia de los servicios a los ojos de los usuarios se explica por la relación
con las demandas que se establece en Ius estudios de mercado o los estudios
de necesidad. Los proyectos se enfrentan, de este modo, a un obstáculo mayor
para el surgimiento de los servicios que implican la inmersión en la intimidad
del usuario, a saber, la incertidumbre informativa que va más allá de la asimetría
informativa y designa la inseguridad fundamental percibida por el usuario. El
tercer espacio de mediación, por su condición de espacio público, contribuye
a hacer posible una relación de confianza. Por la atención prestada a su
expresión, estos proyectos pueden superar los temores de los usuarios de ver
a los interventores inmiscuirse en su intimidad y contribuyen, por este motivo
a la formalización de demandas muy heterogéneas pese a elaborar la oferta.
Practican, de este modo, lo que podría definirse como una construcción colectiva
de la oferta y de la demanda.
La movilización del capital civil alrededor de este tipo de proyectos permite
muy a menudo, en los servicios a las personas mayores, identificar mejor las
Tercera Parte. Conclusiones transversales
demandas colectivas latentes. Lo determinante es el compromiso personal
más allá de las pertenencias individuales porque es la relación de los órdenes
y de las lógicas habitualmente separados la que desplaza los problemas,
permite abordarlos de forma diferenciada y pone al día otras potencialidades.
Antes de reunir a un partenariado interinstitucional, lo más decisivo es el
carácter autónomo del espacio público de proximidad.
Por lo demás, la existencia de empresas sociales no se reserva a los
territorios en los que ya existe un capital social constituido. La probabilidad de
aparición es evidentemente superior en las regiones que se distinguen por la
riqueza del capital social ya constituido, pero las empresas sociales pueden
también ser el resultado de reacciones de rechazo ante las relaciones locales
bloqueadas por la influencia del clientelismo y afectadas por la pobreza. Así,
en los barrios marginales o en las ciudadss en vía de despoblación, las
empresas sociales pueden representar una vía de desarrollo difícil de cubrir
porque se encuentran con múltiples resistencias pero son portadoras de cambios
socioeconómicos fundamentales si no se ven reducidas al silencio por la
coalición de los grandes intereses que se les presentan.
Dicho de otro modo, las empresas sociales que se apoyan en el capital civil
en su fase de emergencia producen efectos que no son solamente internos, sino
también externos, porque afectan a la sociedad. Estos efectos tienden a la
construcción de espacios públicos de proximidad que son "espacios de
socialización y de individualización que permiten la integración social de los
individuos" [Eme, 19981. Por el tipo de actividad, las empresas sociales estimulan
los vínculos sociales de tipo democrático, incluidos los medios que podrían
verse desprovistos, intensificando las redes sociales basadas en los principios
de compromiso voluntario, de libertad y de igualdad jurídica entre los miembros.
La cuestión de la consolidación
La importancia para la sociedad de la empresa social no se agota en el
volumen de empleos creados. Reside también en la creación de capital civil
que la diferencia de las empresas con ánimo de lucro en las que el capital
social es instrumentalizado en una red de maximización de la rentabilidad. La
originalidad de la empresa social procede de la articulación de las diferentes
relaciones económicas, tanto mercantiles (por medio de la contribución de los
usuarios) y no mercantiles (por medio de subvenciones públicas), como también
recíprocas (por medio del compromiso voluntario de los miembros en su
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creación). En efecto, la movilización del capital social revela una lógica propia
que es la de la reciprocidad, es decir, la del intercambio en el que la circulación
de servicios no tiene sentido si no es con la voluntad de manifestar un vínculo
social y una comprensión mutua.
Pero, al contrario de lo que algunos podrían pensar, la empresa social no
se limita a identificar las demandas y generar innovación en los servicios sino
que está legitimada para institucionalizarse como prestataria incluso cuando
la producción de externalidades colectivas puede ser generada por nuevas
formas de políticas redistributivas de las que se puedan beneficiar todas las
empresas.
¿Cuál es entonces la aptitud en la que debe de inscribirse la movilización
del capital civil a lo largo del tiempo? La dinámica recíproca en el espacio
público, ¿puede prolongarse más allá de la movilización inicial? Es la cuestión
de la institucionalización de la empresa social la que se plantea porque no sólo
está orientada a la elaboración de nuevas combinaciones entre la financiación
pública y privada sino que busca articularlas con recursos no monetarios que
proceden de la implicación de las partes participantes y son una muestra de la
confianza entre éstas. A este respecto, la experiencia histórica de las iniciativas
de Economía Social confirma que si las características de esta tercera dinámica
recíproca se abandonan a lo largo del tiempo, presentan una tendencia a
desarrollar manifestaciones de isomorfismo institucional [Enjolras, 1996; Di
Maggio, Powell, 19931. Así, a lo largo del tiempo, las cooperativas han ido
aproximándose a otras empresas de la economía mercantil y las mutuas se
han convertido en cuasi-administraciones públicas debido a su integración en
el sistema de protección social. Esta trayectoria se traduce en gran parte en
una inflexión o una desaparición de su misión inicial. Como las formas anteriores
de Economía Social, las empresas sociales pueden estar sujetas a
comportamientos oportunistas que conducen al desmoronamiento del capital
civil; su competencia es tan probable que la gestión de una empresa social la
somete a las contingencias resultantes de su inmersión en la economía mercantil
y el contenido de sus interacciones con las políticas públicas puede hacerla
dependiente de la financiación resultante de la redistribución.
La tensión entre el mantenimiento del capital cívico engendrada por la
estructura de los multistakeholders (pluralidad de agentes y participantes) y
el isomorfismo institucional es una característica de la consolidación de la
empresa social. El futuro depende tanto de las formas de regulación interna
adoptadas como de las normas institucionales en las que desempeña su
actividad.
Tercera Parte. Conclusiones transversales
La cuestión fundamental concierne a la coexistencia entre prestatarios
privados, públicos y asociativos en este campo y sus interacciones con las
políticas públicas. Las formas de regulación, ¿buscan favorecer la uniformización
de las iniciativas, tanto si son públicas, privadas, lucrativas o asociativas
alrededor de las reglas y de las prácticas impuestas por los actores dominantes,
reduciendo al mínimo la libertad de los servicios para explorar las nuevas
soluciones? ¿Pretenden instrumentalizar las iniciativas siguiendo los objetivos
privilegiados por las políticas públicas aunque sea en términos de recorte de
los gastos públicos o de inserción de los trabajadores precarios, por ejemplo,
en el marco de las políticas activas? 0, por el contrario, ¿desean las
regulaciones reconocer el lugar específico de las empresas sociales? Todas
estas cuestiones son objeto del último capítulo.