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Iniciativas y planes sobre seguridad alimentaria y
nutricional en los organismos de integración de
América Latina y el Caribe 20131
1
Documento elaborado por Margarita Flores, consultora de la FAO. En su preparación contó con el apoyo
de María de la Luz Contreras. Se agradecen los comentarios de varios colegas de la región que laboran en
el tema en diferentes organismos de integración y cooperación.
Contenidos
1. Introducción................................................................................................................. 2
2. Iniciativas sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional de los Organismos de
Integración ...................................................................................................................... 5
2.1. Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) ......................... 5
2.2. Comunidad Andina (CAN) .................................................................................... 8
2.3. Mercado Común del Sur (MERCOSUR) ............................................................. 10
2.4. Comunidad del Caribe (CARICOM) .................................................................... 13
2.5. Sistema de Integración Centroamericana (SICA) ............................................... 15
2.6. Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) .................................................. 18
2.7. Otras iniciativas sub-regionales .......................................................................... 21
3. Temas de trabajo o interés compartidos en Seguridad Alimentaria
y Nutricional .................................................................................................................. 23
Bibliografía .................................................................................................................... 27
1. Introducción
Alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional a nivel de las personas, los hogares, los
países y la región es un reto que comprende las cuatro dimensiones de la seguridad
alimentaria: la disponibilidad suficiente y adecuada de alimentos, el acceso a alimentos
suficientes, inocuos y nutritivos, la estabilidad en el suministro y en el acceso, y la
utilización de los alimentos. Entre el acceso –físico, social y económico- y la utilización
de los alimentos por el organismo, influida por las condiciones sanitarias, de salud y
estilos de vida, se puede añadir el consumo, en particular la calidad y diversidad de la
dieta. Se trata de una agenda de política que rebasa las fronteras sectoriales, por
ejemplo entre la producción agrícola y su procesamiento industrial, la salud, la
educación, el respeto al medio ambiente, y que abarca el desarrollo económico y la
creación de empleos e ingresos; en algunos casos traspasa los linderos nacionales por
la conveniencia de lograr acuerdos, por ejemplo, comerciales que favorezcan la
seguridad alimentaria, y otros relacionados con la sanidad animal y vegetal, la
armonización de normas de calidad, la transferencia de conocimientos y experiencias, y
la cooperación e inversiones conjuntas. Es decir, requiere también una institucionalidad
y mecanismos de gobernanza sólidos.
En el contexto global destacan los logros de América Latina y el Caribe en la reducción,
tanto del número como de la proporción de personas subnutridas entre 1990 y 2010.2
De representar el 14.6% de la población en 1990-92, la poporción se redujo a 8.3% en
2010-12. 3 En números absolutos se registra también una disminución de 65 a 49
millones de personas subnutridas en igual periodo. La prevalencia de subnutrición en el
Caribe es superior al conjunto de la región (17.8% en 2010-12).
La presencia, sin embargo, de 49 millones de personas cuyo consumo de energía es
inferior al mínimo estimado en cada país para cubrir las necesidades energéticas,
requiere de una atención especial, que incluya preocupación por la calidad, inocuidad y
diversidad de la dieta para llevar una vida sana.
Al mismo tiempo, al igual que en otras regiones del mundo, en varios países de América
Latina y el Caribe se padece la doble carga de la malnutrición. Es decir, junto a la
prevalencia de la desnutrición –crónica y aguda-, se produce el fenómeno creciente de
sobrepeso y obesidad entre niños, niñas, adolecentes y adultos, tanto hombres como
mujeres y su impacto en el aumento de enfermedades no transmisibles. El patrón
epidemiológico se ha modificado, aumentando la carga de atención de enfermedades
crónicas para el sector salud, sin haber resuelto los problemas de salud resultantes de
la desnutrición. A nivel mundial, la prevalencia de sobrepeso y obesidad llega a ser
mayor que la subnutrición. (OMS, 2012).
Adicionalmente, el comportamiento reciente de los mercados internacionales de
productos básicos ha impactado las balanzas de pagos de los países deficitarios en
alimentos y los ingresos de las familias de menores ingresos, que destinan la mayor
parte de sus recursos a la compra de estos bienes. La crisis de los precios de los
2
Subnutrición se refiere a la ingesta de alimentos que es insuficiente para satisfacer las necesidades de
energía alimentaria de manera continua. Este término se utiliza de modo intercambiable con hambre crónica
o hambre (FAO, FIDA y PMA, 2012).
3
Estimaciones de FAO a partir de información de cada país relativa a la disponibilidad de alimentos y a la
estimación de la distribución del suministro de la energía alimentaria por el desigual acceso a los alimentos.
Véase FAO, FIDA y PMA, 2012.
2
productos básicos, que empezó a manifestarse a fines de 2007 y que se declaró
abiertamente en 2008 con aumentos de 100% y 300% en los precios de maíz, trigo y
arroz, y la consiguiente volatilidad que sigue caracterizando a los precios, alertó a las
autoridades nacionales, a los grupos organizados de países, principalmente los
desarrollados y las economías emergentes y a los organismos internacionales.
La gestión de la crisis y las decisiones que habría que tomar tienen que ver, sobre todo,
con la recesión económica y de manera más específica, con la disponibilidad global
futura de los alimentos, el modelo de consumo y producción dominante, la estabilidad y
sustentabilidad de la producción, la biodiversidad, el cambio climático, las reservas, la
demanda de biocombustibles, la pérdida y desperdicio de alimentos, el funcionamiento
de los mercados y la especulación. La atención y mitigación de los efectos de los
precios en la población pobre quedó en manos de las autoridades nacionales, con el
apoyo financiero selectivo de los países desarrollados.4
Los organismos internacionales, bajo la coordinación de las Naciones Unidas, han
propuesto un abordaje más holítsico que se reflejó en los debates del Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial (CFS por sus siglas en inglés), en el entendido de que
una gestión alimentaria global más justa es el resultado esperado de una buena
gobernanza de los sistemas alimentarios, que asegure el derecho a la alimentación.
Cabe recordar que los principios que rigen la gobernanza son la participación,
transparencia y rendición de cuentas. Participación e inclusión de los actores públicos,
privados y de la sociedad civil; la transparencia en la toma de decisiones y en el uso de
los recursos; y la rendición de cuentas sobre la efectividad de las acciones, medida por
resultados (FAO, 2012 y FAO, FIDA y PMA, 2012).
La Cumbre Mundial Sobre Seguridad Alimentaria convocada en 2009, adoptó como uno
de los “Cinco Principios de Roma“ para la seguridad alimentaria mundial sostenible,
fomentar la coordinación estratégica en los planos nacional, regional y mundial para
mejorar la gobernanza, promover una mejor asignación de los recursos, evitar la
duplicación de esfuerzos y determinar insuficiencias en las respuestas.
Un reto mayor es integrar las dimensiones o pilares de la seguridad alimentaria a través
de la interacción entre los ámbitos de toma de decisiones sobre políticas sectoriales y
generales que inciden en el objetivo de la seguridad alimentaria, y la adopción de un
enfoque de derechos. Es decir, construir sobre acuerdos ya alcanzados y contribuir a la
coherencia de las políticas de desarrollo, combate a la pobreza, las productivas,
ambientales y comerciales con el fin de, efectivamente, garantizar el respeto al derecho
a la alimentación (FAO 2012 y Prakash, 2011).
El tema de la SAN, ya presente en la agenda latinoamericana y caribeña, adquiró un
nuevo impulso en la última década. Además de las políticas y programas nacionales, se
empezó a potenciar la dimensión social (y productiva específica) en los organismos de
la integración y se plantea la cuestión de cuál es el papel de América Latina y el Caribe
en una acción global sobre seguridad alimentaria y en la gobernanza del sistema
alimentario.
4
Ver, por ejemplo, la Declaración de L’Aquila del G-8 y la oferta de USD 20,000 millones, así como los
análisis y propuestas del G-20 sobre la volatilidad de los precios y la producción sustentable de alimentos,
con énfasis en la agricultura familiar.
3
El presente documento trata de recoger los esfuerzos e iniciativas que en el terreno de
la SAN están desplegando los organismos regionales de integración latinoamericanos y
caribeños. Por el carácter multidimensional de la SAN, el enfoque, institucionalidad
responsable y las áreas de acción no son necesariamente las mismas. En muchos
casos, por los resultados esperados en la población, la responsabilidad principal –pero
no única- de la SAN recae en el sector social y de salud. En otros es el sector
agropecuario que conduce el proceso. En última instancia es la coordinación sectorial y
la visión política de la que depende el posicionamiento estratégico.
En la siguiente sección se sintetizan las iniciativas regionales vigentes en los
organismos de integración regional y en las plataformas de diálogo político, destacando
sus objetivos, enfoque y alcances; a partir de la información disponible, en la tercera y
última sección se trata hacer un relevamiento de los temas de trabajo o interés
compartidos, que contribuya a la identificación de áreas de potencial armonización,
cooperación y convergencia en el marco más amplio de cooperación como es la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Los organismos
seleccionados son la propia CELAC, la Comunidad Andina, CAN, el Mercado Común
del Sur, MERCOSUR, la Comunidad del Caribe CARICOM, el Sistema de Integración
Centroamericana, SICA y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. No puede
dejar de mencionarse que otros organismos regionales como la Asociación
Latinoamericana de Integración, ALADI, el Sistema Económico Latinoamericano y del
Caribe, SELA, la Organización de los Estados Caribeños Orientales OECS, la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los
Pueblos, ALBA-TCP, la Organización de Estados Americanos, OEA, incluyen en sus
agendas propuestas y acciones en seguridad alimentaria.
4
2. Iniciativas sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional de los Organismos
de Integración
2.1. Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)
A través de un intenso proceso de convergencia se llegó a establecer el foro que agrupa
a los 33 Estados soberanos de la región, con el fin de profundizar la integración política,
económica, social y cultural de América Latina y el Caribe, basado en el pleno respeto
por la democracia y los derechos humanos.
La CELAC fue constituida en febrero de 2010 en la Cumbre de la Unidad de América
Latina y el Caribe en Rivera Maya, México, y puesta en funcionamiento en diciembre de
2011 durante la III Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo
(CALC) y la XXII Cumbre del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación
Política (Grupo de Río), celebradas en Caracas, culminando el proceso de convergencia
entre ambas entidades. La I Cumbre de la CELAC se celebró en Santiago de Chile en
enero de 2013. Actualmente Cuba ocupa la Presidencia pro Tempore.
Los temas sociales y de seguridad alimentaria forman parte de la agenda de este
organismo y de los que le dieron origen. Por ejemplo, en el marco de la CALC se emitió
la “Declaración de Salvador” (Salvador, Bahía, Brasil, diciembre 2008). En el documento
destacan los compromisos asumidos por los gobiernos de los países en materia de
desarrollo social, erradicación del hambre y la pobreza y seguridad alimentaria y
nutricional. En éste último las decisiones incluyen: a) Promover acciones para garantizar
la seguridad alimentaria y nutricional, por medio de políticas públicas que impulsen el
desarrollo rural, la producción sustentable de alimentos, su inocuidad, su distribución y
comercialización; b) Promover la coordinación regional de iniciativas sobre la seguridad
alimentaria y nutricional y el intercambio de tecnologías, a través de las instancias
subregionales existentes, prestando la debida atención a los aspectos de emergencia y
a los aspectos estructurales relativos a la producción, comercialización y distribución de
los alimentos; c) Incorporar la perspectiva de derechos humanos en la elaboración y
revisión de las estrategias nacionales orientadas a garantizar la seguridad alimentaria y
nutricional, con amplia participación social, particularmente de los sectores más
vulnerables; d) Impulsar la introducción de tecnologías ambientalmente sanas de
producción agrícola, el aumento de la productividad y competitividad de los pequeños y
medianos productores, incluyendo los campesinos, y su acceso a los recursos
productivos; e) Impulsar el desarrollo productivo, tecnológico y de inversiones,
particularmente orientado hacia la pequeña producción agrícola; f) Combatir el abuso
monopólico en los sistemas de producción y distribución de alimentos; g) Fortalecer los
procesos de integración en el ámbito alimentario y conjugar esfuerzos en apoyo a la
Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025.
El Plan de Acción de Montego Bay (CALC, noviembre 2009) toma medidas para
implementar la Declaración de Salvador Bahía. Entre las iniciativas adoptadas se
incluyen una reunión técnica de las autoridades responsables de los programas
gubernamentales en el ámbito social, con miras a conocer las experiencias existentes,
promover sistemas de monitoreo de los datos regionales sobre indicadores sociales y
examinar la posibilidad de establecer una matriz de mejores prácticas en el ámbito de
los programas de desarrollo social aplicados por los países de América Latina y el
Caribe. Asimismo, propiciar una mayor complementariedad y cooperación entre
5
organizaciones internacionales y regionales para aplicar los recursos en forma eficiente
y evitar la duplicidad en los trabajos.
En el tema específico de Seguridad alimentaria y nutricional, el Plan de Acción de
Montego Bay acuerda:
1. Designar puntos focales con miras a promover la coordinación regional de las
iniciativas sobre seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo el intercambio de
tecnologías sociales y sistemas de registro, dando especial atención a los
aspectos emergenciales y a los estructurales relativos al acceso, regulación,
producción, comercialización y distribución de los alimentos.
2. Promover un seminario de autoridades gubernamentales en materia de
seguridad alimentaria y nutricional con el objetivo de presentar programas de
adquisición de alimentos de la economía y agricultura familiar y los programas
nacionales sobre alimentación y conocer conjuntamente la experiencia de los
distintos mecanismos de integración en la región, en la materia, de manera
conjunta con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
3. Contribuir a la instrumentación de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin
Hambre 2025.
4. Profundizar los esfuerzos para la mejora de la distribución y comercialización de
alimentos, inclusive mediante políticas públicas que prioricen el acceso a los 10
alimentos de los consumidores de más bajos ingresos, y la adquisición, por parte
de los programas nacionales de seguridad alimentaria y nutricional, de la
producción de la agricultura familiar.
5. Desarrollar un Programa Regional orientado a aumentar la productividad en el
sector agropecuario a través, entre otros, de la mejora de la capacidad de
acceso a insumos agropecuarios para pequeños y medianos agricultores de la
región; la incorporación de mejores prácticas para el manejo de suelos y
recursos hídricos a nivel de productor con programas de capacitación sujetos a
la utilización de este tipo de prácticas; y la investigación y el desarrollo en los
sistemas productivos locales a través de programas nacionales y regionales
específicos.
La Declaración de Cancún (febrero de 2010), por su parte, reitera que el hambre y la
pobreza representan una de las peores formas de violación de los Derechos Humanos.
Por ello, la lucha para erradicarlas es un desafío ético, político y económico para todos.
En este empeño, es necesario explorar e implementar nuevas formas de cooperación y
solidaridad internacionales en apoyo a los esfuerzos nacionales así como garantizar el
acceso a alimentos de calidad, ricos en nutrientes, para avanzar hacia sociedades mejor
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integradas en un mundo globalizado, más participativas, con rostro humano e inclusión
social. Esa convicción fue reafirmada por los ministros de desarrollo social y
erradicación del hambre y la pobreza reunidos en el marco de la CALC (Caracas, marzo
2011). Los ministros enfatizaron que las políticas sociales en la perspectiva de los
derechos económicos, sociales y culturales son fundamentales para avanzar en la
construcción de la unidad de América Latina y el Caribe.
En Cancún también se acordó garantizar que los acuerdos de comercio regionales e
internacionales en que participen los países de la región respondan a las necesidades
relacionadas con el desarrollo social con equidad, el acceso a alimentos nutritivos y
acordes a las costumbres locales y la implementación sostenible de las Metas del
Milenio y otros metas de desarrollo internacionalmente acordadas.
En materia de Desarrollo Social y Erradicación del Hambre y la Pobreza, el Plan de
Acción de Caracas 2011 emitido en la Cumbre Fundacional de la CELAC, se plantea,
entre otros, conformar un Foro, a nivel ministerial, encargado de abordar los temas
sociales de la región, el cual servirá para fomentar la cooperación que permita la
articulación, armonización y complementación de las políticas públicas nacionales en
materia social, así como para la generación e implementación de planes, políticas y
programas regionales comunes en las áreas prioritarias para el desarrollo social.
Asimismo, propone diseñar una propuesta de Programa Latinoamericano y Caribeño
para la erradicación del hambre, en el que confluyan programas exitosos puestos en
práctica por gobiernos y organizaciones sociales de la región.
De igual forma, en la Declaración de Santiago, emitida en la I Cumbre de la CELAC
(enero 2013), los Jefes de Gobierno y de Estado de los países miembros afirmaron:
“reiteramos nuestro compromiso de promover la seguridad alimentaria y nutricional de
nuestras poblaciones. Reconocemos que la causa principal del hambre es la pobreza y
que, para superarla, es necesario coordinar acciones relacionadas con la inclusión
productiva de los pequeños agricultores familiares, el comercio internacional y el acceso
a servicios públicos de salud y educación, entre otros, a través del continuo apoyo de
diferentes organismos, mecanismos y agencias regionales. Resaltamos el reciente
informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), el cual afirma que los países de América Latina y el Caribe fueron los que más
avanzaron en políticas de seguridad alimentaria y nutricional, aunque todavía 49
millones de personas sufran hambre en la región y tomamos nota con satisfacción de
las propuestas de cooperación de FAO y CELAC. Reiteramos nuestro compromiso de
fortalecer los procesos de integración en el ámbito alimentario y conjugar esfuerzos en
apoyo de la iniciativa “América Latina y Caribe Sin Hambre 2025”. Asimismo,
expresamos nuestro apoyo al "Desafío Mundial Cero Hambre", propuesto en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable (Río+20) que
reconoce la alimentación adecuada como un derecho humano“.
Es sobre esta base que se desarrolla su programa de trabajo en 2013.
Así, en julio de 2013 se llevó a cabo la I Reunión de Ministras, Ministros y Autoridades
de Desarrollo Social y Erradicación del Hambre y la Pobreza de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Caracas, Venezuela. En ella
acordaron aprobar el Plan de Acción Regional de Políticas Públicas en materia Social
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Dado el contenido del
Plan, que incluye una serie de políticas específicas, se incluye en el Anexo II.
7
Acordaron, asimismo, constituirse como Foro o Reunión de Ministras y Ministros del
Área Social de la CELAC para el seguimiento de los compromisos adquiridos,
atendiendo así el mandato del Plan de Acción de Caracas. Uno de sus objetivos es
elaborar, de manera conjunta con la Reunión de los Mecanismos Subregionales y
Regionales de Integración, y las agencias especializadas pertinentes y acordadas por
consenso entre los Estados Miembros para abordar los mandatos emanados del foro,
una Agenda Estratégica de Coordinación Regional en materia social. El proyecto de esa
Agenda deberá ser presentado a consideración de los Jefes y Jefas de Estado y de
Gobierno en la próxima Cumbre de la CELAC, a celebrarse en la República de Cuba.
2.2. Comunidad Andina (CAN)
Integran la Comunidad Andina (CAN) el Estado Plurinacional de Bolivia, la República de
Colombia, la República del Ecuador y la República del Perú. A lo largo de más de tres
décadas la dimensión económica y comercial predominó en el proceso andino de
integración. Sin embargo, desde su origen en 1969, la CAN ha tenido como prioridad
impulsar la cohesión económica y social para responder a los desafíos de eliminar la
pobreza y lograr un desarrollo con inclusión.
El tema de la seguridad alimentaria ha sido abordado desde la perspectiva de la
producción, sanidad y, sobre todo, del desarrollo social.
En 2004 se creó el Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social (Decisión 592) y
se aprobó el Plan Integrado de Desarrollo Social - PIDS (Decisión 601). Con la adopción
del modelo de Integración Integral (Tarija, 2007) se introdujo una visión amplia de la
integración donde la dimensión social, medio ambiente, la cultura y la política,
adquirieron la misma relevancia que el ámbito económico comercial.
Los Principios Orientadores y la Agenda Estratégica Andina (Lima, febrero 2010),
consagró el desarrollo social como uno de los ejes centrales de la integración andina.
Entre otros, la agenda propone adoptar e implementar una estrategia andina de
seguridad alimentaria, y darle tratamiento prioritario; aplicar estrategias nacionales de
seguridad y/o soberanía alimentaria con la estrategia andina de seguridad alimentaria;
promover la seguridad y soberanía alimentaria orientadas a los pueblos indígenas y al
sector rural de los Países Miembros; y aprobar el “Programa Regional de
Fortalecimiento de la Integración del Sistema Andino de Seguridad Alimentaria para la
Reducción de la Desnutrición en la Comunidad Andina”.
Cinco meses depués (julio 2010) el Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores aprobó el Programa Andino para Garantizar la Seguridad y la Soberanía
Alimentaria y Nutricional (Decisión 742). Su objetivo es contribuir a mejorar la seguridad
y soberanía alimentaria y nutricional de los Países Miembros de la Comunidad Andina
(CAN) bajo los principios de equidad y derecho a una alimentación adecuada. La
conducción, ejecución, seguimiento y evaluación del programa está a cargo del Comité
Andino de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional, en el que están
representadas las autoridades nacionales correspondientes, que, entre otros, han hecho
un trabajo detallado de identificación de actores, autoridades y experiencias a compartir.
La Secretaría Técnica del Comité es ejercida por la Secretaría General de la CAN.
8
Para su seguimiento y evaluación, el Programa contempla la definición de una línea de
base y de un conjunto de indicadores a partir de una propuesta elaborada con el apoyo
de la CEPAL (2013).
En 2011, el “Año Andino de la Integración Social” el Consejo Andino de Ministros de
Desarrollo Social acordó once Objetivos Andinos de Desarrollo Social (OANDES) y sus
metas a cumplir hasta 2019, cuando el Acuerdo de Cartagena cumple 50 años. Los
once objetivos se agrupan en superación de la pobreza y la desigualdad, la titularidad y
garantía de derechos, la identidad y sentido de pertenencia, superación de asimetrías
territoriales, garantía de la inversión social y los impactos sociales del cambio climático y
los desastres naturales. El primer grupo incluye alcanzar la seguridad y soberanía
alimentaria
Para el logro de los OANDES se definió la Estrategia Andina de Cohesión Económica
Social. Sus líneas de acción son: sumar esfuerzos y capacidades públicas, privadas y
sociales para superar la pobreza y las desigualdades; desarrollo de programas y
proyectos sociales comunitarios; fortalecimiento de capacidades y cooperación
horizontal; institucionalización del Sistema de Gestión Social Andina; convergencia de
objetivos, metas y políticas sociales que permitan avanzar en la dimensión social de la
integración.
En su séptima reunión (fin 2011), el Comité del Programa Andino para Garantizar la
SSAN, acordó la siguiente agenda de trabajo:
1.
2.
3.
4.
5.
Fortalecer el consumo de productos nacionales y locales,
Apoyar la creación de un marco normativo que permita tener un política de
seguridad alimentaria y nutricional de cada país,
Identificación de buenas prácticas de gestión articulada.
Gestionar ante las Agencias de Cooperación Internacional la contratación de
Asistencia Técnica especializada para garantizar el funcionamiento/
fortalecimiento de las Secretarías Técnicas en SSAN, y desde este espacio
el funcionamiento del Mecanismo de Coordinación y Articulación sobre
SSAN.
Compartir y promover el intercambio de herramientas de gestión articulada
desarrolladas en los PPMM (Observatorio de SAN, planes territoriales,
Estrategia comunicacional, sistemas de seguimiento y evaluación)
Las otras iniciativas en SAN son: el Programa Andino de Seguridad Alimentaria en
Poblaciones Indígenas. Su principal objetivo es “fomentar el diseño y aplicación de
políticas públicas que promuevan el derecho a la alimentación a través del
mejoramiento de la seguridad alimentaria de los Pueblos Indígenas, rescatando y
valorizando sus sistemas culturales de producción y consumo de alimentos, protegiendo
los recursos naturales en sus territorios, y respetando sus conocimientos y prácticas
ancestrales.”
Los objetivos específicos son: establecer una Red de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de los Pueblos Indígenas de la Región Andina; incidir en la definición de
políticas y planes de seguridad alimentaria, coherentes con las demandas definidas por
9
los Pueblos Indígenas; promover proyectos piloto que rescaten y fortalezcan las
prácticas agro-alimentarias ancestrales y productos del consumo tradicional de
alimentos y establecer una estrategia de capacitación e intercambio de experiencias,
respetando sus modelos de conocimiento interculturales.
Existen, asimismo, una serie de proyectos productivos de apoyo a la Seguridad y
Soberanía Alimentaria.5 Se ejecutan 8 proyectos de inversión en diferentes regiones de
los países andinos, orientados a disponer de una mayor oferta de alimentos y del
mejoramiento de los ingresos de las poblaciones beneficiarias. Se ejecutan en zonas
apartadas y benefician a pequeños productores, comunidades indígenas y asociaciones
de mujeres. Los proyectos productivos corresponden a productos básicos de la canasta
que forman parte de la dieta habitual, tales como: papa, quinua, cañahua, haba, frijol,
carnes de bovino, de cuyes, de pescado, leche, entre otros.
También se llevan a cabo actividades como son el intercambio de experiencias sobre
marcos normativos nacionales, andino e internacional en seguridad y soberanía
alimentaria, y derecho a la alimentación. Trabajos para la constitución de un
observatorio de seguridad y soberanía alimentaria de la Comunidad Andina y en cada
País Miembro. Y se está elaborando una estrategia para asegurar la sanidad e
inocuidad de los alimentos que se comercializan en la región andina. Asimismo, se
desarrollan 26 proyectos en zonas rurales en apoyo a la seguridad alimentaria.
2.3. Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
El MERCOSUR está integrado por la República Argentina, la República Federativa de
Brasil, la República del Paraguay 6 , la República Oriental del Uruguay, la República
Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia7.
En los últimos años la dimensión social del MERCOSUR se ha consolidado como uno
de los ejes prioritarios y estratégicos del proceso de Integración Regional
(MERCOSUR/CMC/DEC. Nº12/11). Esto supone concebir las políticas sociales no como
compensatorias y subsidiarias del crecimiento económico sino asumir que, desde una
perspectiva de derechos, todas las políticas públicas conforman una estrategia de
desarrollo humano (ISM, 2012).
La Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR (RMADS)
y Estados Asociados, denominada MERCOSUR Social, fue institucionalizada a fines de
2000; constituye la instancia sectorial responsable de coordinar políticas y desarrollar
acciones conjuntas volcadas al desarrollo social de los Estados. A partir de 2005 se
instaló su Secretaría Permanente.8 En 2007 se creó el Instituto Social del MERCOSUR
(ISM) que empezó sus trabajos en 2009 en el ámbito de la RMADS, como un órgano
técnico. En palabras del ex Presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el desarrollo
social del MERCOSUR representa, sin lugar a dudas, un eje prioritario de la nueva
forma de ver la integración regional (ISM, 2012).
5
CAN, Proyectos Productivos de Apoyo a la Seguridad Alimentaria
http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=142&tipo=TE&title=proyectos-productivos-de-apoyo-a-laseguridad-alimentaria
6
En suspensión. Véase Dec. CMC No. 28/12
7
En proceso de adhesión
8
El seguimiento de los trabajos de la RMADS recae en el Foro de Consulta y Concertación Política, FCCP.
10
Un año después de la creación del ISM, el Consejo de Mercado Común (CMC) creó la
Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales del MERCOSUR
(CCMASM) en 2008 como órgano auxiliar del CMC. Una de sus funciones es coordinar
con la RMADS las propuestas técnicas que elaborará el ISM relativas al contenido del
Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR.
En 2007 la RMADS anunció la Declaración de Principios del MERCOSUR Social para
impulsar un MERCOSUR que garantice el desarrollo integral de los pueblos. Entre los
principios se incluye el de “Destacar la importancia de la Seguridad Alimentaria y
Nutricional concebida como la realización del derecho de todos al acceso regular y
permanente a alimentos de calidad, en cantidad suficiente, sin comprometer el acceso a
otras necesidades esenciales, teniendo como base prácticas alimentarias promotoras
de salud, que respeten la diversidad cultural y que sean social, económica y
ambientalmente sustentables.“9
En seguimiento de la Declaración, en 2008 se elaboró y adoptó en forma preliminar el
Plan Estratégico de Acción Social (PEAS), la primera iniciativa conjunta para
compatibilizar las temáticas sociales a ser abordadas en los Estados Partes y la
implementación de proyectos sociales a nivel regional. La versión final se aprobó en
junio de 2011 (Cumbre de Asunción). Los “Ejes, Directrices y Objetivos Prioritarios del
PEAS“ se convierte en una hoja de ruta para todos los Ministerios y Secretarías con
competencia en el campo de las políticas sociales en el MERCOSUR. El documento
define 10 ejes y 26 directrices, así como las acciones correspondientes.
El Eje I del PEAS es Erradicar el hambre, la pobreza y combatir las desigualdades
sociales, que se desagrega en: a) Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, y b)
Promover políticas distributivas observando la perspectiva de género, edad, raza y
etnia.
El primero tiene como objetivos prioritarios reconocer y garantizar los derechos a la
alimentación adecuada y saludable; asegurar el acceso a la alimentación adecuada
para las poblaciones vulnerables; promover el intercambio de iniciativas, experiencias
exitosas y proyectos en el área de la alimentación saludable; promover la alimentación
materna y combatir la desnutrición infantil; y fortalecer la agricultura familiar como
proveedora de alimentos y para abastecer a los mercados locales.
La segunda directriz tiene como objetivos prioritarios: garantizar el acceso a los
servicios de asistencia social para las familias y personas en situación de vulnerabilidad
y riesgo social; desarrollar programas de transferencias de ingresos a familias en
situación de pobreza; garantizar la responsabilidad equitativa de los miembros del
hogar, involucrando a los hombres en las tareas de cuidado familiar establecidas en los
programas de transferencia de renta; fortalecer los territorios sociales y promover el
intercambio de iniciativas y experiencias exitosas.
De igual interés para la SAN son los ejes VI, Garantizar la inclusión productiva, con
atención particular a la agricultura familiar; el VIII, Promover la Sustentabilidad
Ambiental, ya que se incluye “promover cambios en dirección a padrones más
9
Referencia al VII Reunión de Ministros de Desarrollo Social del MERCOSUR, Bolivia, Chile y Perú.
Diciembre 2004.
11
sustentables de producción y consumo“ y el Eje IX, que estipula Asegurar el diálogo
social.
Para la RMADS (Brasilia 2008) “ (…) la Seguridad Alimentaria y Nutricional no se refiere
sólo a la disponibilidad de alimentos, sino también al hecho de que todas las personas
tengan (…) en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos
y nutritivos para satisfacer necesidades alimentarias. La Soberanía Alimentaria es el
derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias y en materia de
alimentación, de proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y el
mercado doméstico, a fin de alcanzar metas de desarrollo sustentable, profundizando la
integración de los países que conforman el MERCOSUR. Al mismo tiempo, supone
combatir las políticas proteccionistas y de subsidios de los países desarrollados y
alcanzar un acuerdo equilibrado con la OMC sobre agricultura que estimule la
producción y a los productores, el abastecimiento interno y las exportaciones de los
países en desarrollo en condiciones de comercio justo. Es necesario “Impulsar políticas
de Estado transversales que desarrollen respuestas conformes a sus patrones
culturales y de identidad territorial”.
El ISM, órgano técnico de la RMADS incluye el tema de seguridad alimentaria y
nutricional en su Plan Operativo Anual (POA). Además de elaborar documentos técnicos
y de análisis (La Dimensión Social del MERCOSUR, Nota Conceptual, 2012),
implementa el primer proyecto de MERCOSUR: “Revalorizando Nuestros Alimentos
Tradicionales: Seguridad Alimentaria, Identidad y Diversidad Cultural en el
MERCOSUR” 10 que se orienta al intercambio de experiencias entre los países del
bloque para la promoción de una identidad alimentaria basada en el respeto por la
diversidad biológica y cultural y el fomento de productos tradicionales compartidos,
desde un enfoque de derechos y sobre la base de los objetivos de fortalecer la
Seguridad y Soberanía Alimentarias; revalorizar las formas de producción local y
reconocer y promover las diversas prácticas y representaciones culturales vinculadas al
consumo de los alimentos compartidos.
Se plantea también preparar, junto con los Ministerios de Desarrollo Social de cada país
y otros actores -Ministerios o Secretarías de Cultura, organismos vinculados a la
agricultura familiar y a pueblos originarios, universidades, institutos nacionales, canales
de televisión públicos, organizaciones de la sociedad civil-, una cartografía que permita
visibilizar todos aquellos aspectos comunes y diversos representativos de los países del
MERCOSUR en torno a una serie significativa de alimentos tradicionales y sus
productos como manifestación viva y vigente de la diversidad cultural, que se
constituyen, además, en importantes insumos de la seguridad alimentaria. Se procura la
articulación interinstitucional trabajando desde un abordaje de integralidad en materia
de políticas sociales.
En la II sesión ampliada de la CCMASM (junio de 2012), la Comisión emitió la
Declaración de Buenos Aires, “Por un MERCOSUR social e inclusivo: avanzando hacia
la Patria Grande“, en la que reconocen la importancia, entre otros, de “avanzar en el
fortalecimiento de las Capacidades públicas de los Estados del MERCOSUR para el
desarrollo de estrategias integrales de erradicación de la pobreza extrema y el hambre
con el apoyo del ISM. Profundizar en el marco de la RMADS en la iniciativa
10
Proyecto Seguridad Alimentaria y Nutricional http://ismercosur.org/proyectos/proteccion-social-combatea-la-pobreza/resumen/?doing_wp_cron=1365811969.0876169204711914062500
12
“Revalorizando nuestros alimentos tradicionales: Seguridad alimentaria, identidad y
diversidad cultural“, y avanzar en el marco de la Reunión Especializada sobre
Agricultura Familiar (REAF), en el fortalecimiento de las políticas públicas para la
Agricultura Familiar del MERCOSUR, teniendo en cuenta el papel estratégico que tiene
en el PEAS, entre otros, en la garantía de la seguridad alimentaria y en la sostenibilidad
socio-ambiental, y adaptación al cambio climático. Se incluye también trabajar sobre la
salud de los primeros 1,000 días de vida.
En la REAF la discusión se orienta a la política de tierras, cambio climático, medidas de
mitigación y adaptación, formas de organización, compras públicas. Recientemente se
estableció una alianza estratégica entre la REAF y la FAO para promover la agricultura
familiar con el apoyo del FIDA.
2.4. Comunidad del Caribe (CARICOM)
Desde su creación (1973) CARICOM se ha interesado en el tema agrícola y alimentario.
En el Tratado de Chaguaramas se establece “la necesidad de promover en la
comunidad el mayor nivel de eficiencia en la producción de bienes y servicios,
especialmente con vistas a maximizar ingresos sobre la base de la competitividad
internacional, lograr la seguridad alimentaria, la diversificación y mejorar el nivel de vida
de sus pueblos”.
La agricultura, sin embargo, fue perdiendo terreno al declinar las cadenas de producción
de banano y azúcar que caracterizaron el desarrollo de la agricultura y la seguridad
alimentaria –vía ingreso- en la región. Ello se tradujo en una creciente factura regional
por importaciones de alimentos. En 2004 el Presidente Jagdeo de Guyana propuso un
Marco para reposicionar la agricultura caribeña, destacando la necesidad de contar con
una Política regional de seguridad alimentaria y alivio a la pobreza. Un año después se
formalizó la Iniciativa Jagdeo para el “Fortalecimiento de la agricultura para el desarrollo
sustentable“. La Iniciativa propuso re-pensar la agricultura para incluir toda la cadena
productiva; revalorar el mercado regional, incluyendo los mercados institucionales;
paquetes apropiados de apoyo a la producción tradicional y a nuevos productos;
desarrollo de conocimiento, tecnología, marcos regulatorios; desarrollo de capacidades
locales; inversiones y el desarrollo balanceado, con atención a los grupos más
vulnerables.
En un diálogo regional posterior, se identificaron diez restricciones críticas para el
fortalecimiento de la agricultura, así como algunas acciones correctivas que incluyen la
creación de un fondo para inversiones; la formación de una agencia regional de sanidad
e inocuidad de los alimentos; definición de un plan regional de investigación y
desarrollo; formulación de un esquema de incentivos para el mejor uso del agua y la
tierra; mejora en la infraestructura; un sistema regional de información e inteligencia; y
apoyo a los jóvenes para su participación más activamente en el sector.
Por su parte, la Declaración Liliendaal sobre agricultura y seguridad alimentaria (Guyana
2009) reconoce el carácter multifuncional de la agricultura y su papel clave en el
desarrollo rural, la formación del PIB, el empleo y los ingresos de exportación. El
mandato de los Jefes de Gobierno fue adoptar un enfoque integrado, multisectorial y
regional para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional.
13
La Política Regional sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional resultante –RFNSP, por
sus siglas en inglés-, fue elaborada en forma participatoria y aprobada en 2010; y su
Plan de Acción un año después.11 Su formulación fue una respuesta comprehensiva al
aumento notable de los precios de los alimentos, el incremento de las importaciones; el
reconocimiento de la doble carga de la malnutrición en la región (desnutrición,
sobrepeso y obesidad) y a la imperiosa necesidad de reducir la vulnerabilidad de la
región y mejorar su resiliencia ante choques tan diferentes como los desastres
naturales, la apertura de la economía, la dependencia de las remesas y la alta
participación de la deuda externa respecto al PIB.
Sus objetivos principales son:
Reducir el hambre, especialmente en los grupos vulnerables, aumentando el acceso a
alimentos asequibles, nutritivos, inocuos y de calidad.
Cambiar los sistemas de producción de alimentos para que sean sustentables, los
productores reciben una remuneración adecuada por sus productos y tengan un nivel
de vida adecuado.
La política se alinea con los principios del Derecho a la Alimentación12; articula políticas
nacionales y otras regionales vinculadas con el objetivo de la SAN; y proporciona,
además, un marco consistente que comprende las cuatro dimensiones de la SAN:
disponibilidad adecuada, acceso, utilización y estabilidad del suministro en toda la
región. Adicionalmente es un marco aceptado por los socios internacionales para el
desarrollo en sus acciones de cooperación.
El Plan de acción 2012-2026 recoge las prioridades identificadas por los Estados
miembros: promover una mayor disponibilidad de alimentos nutritivos y de calidad,
producidos regionalmente; identificación y mapeo de los grupos vulnerables (quienes
sufren de inseguridad alimentaria, por qué y en dónde están) y establecimiento de una
base de datos nacional y regional con esa información; remoción de barreras no
comerciales al comercio que aumentan los costos de transacción, asi como la
formulación de estrategias para mejorar el transporte regional para reducir costos de
distribución; promoción de dietas caribeñas saludables, principalmente en el sistema
educativo, reducir las enfermendades no transmisibles, la obesidad y manutrición;
construir la resiliencia a las amenazas recurrentes a la seguridad alimentaria,
considerando que la región es proclive a riesgos resultados del cambio climático y
desastres naturales, a través del establecimiento de sistemas de información y alerta
temprana para la seguridad alimentaria y nutricional, la construcción de perfiles de
riesgo para los cultivos principales en apoyo al manejo de riesgos, preparación para
emergencias y seguros para las cosechas.
Para garantizar una acción integrada y concertada a nivel nacional y regional, el Plan
propone la creación de Consejos Interministeriales de Alimentación y Nutrición a nivel
nacional y, a nivel regional, la constitución del Comité Regional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional. En el se incluye la participación de otros órganos de
CARICOM (Finanzas y Planificación, Comercio, Desarrollo Humano y Social),
instituciones académicas y de investigación, Comisión de Derechos Humanos del
Caribe, representantes regionales de las OSC / ONG / organizaciones de productores y
11
Granada, 2010. Reunión Extraordinaria del Consejo de CARICOM sobre el Comercio y el Desarrollo
Económico-COTED.
12
Véase el análisis preparado por FAO Right to Food (2013).
14
representantes de los Consejos Nacionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional de
los países. El Comité Regional reporta al COTED (agricultura). Cabe notar la
importancia que se da –como eje transversal- al desarrollo institucional y organizacional
y al fortalecimiento de capacidades para el Buen Gobierno regional y nacional.
En paralelo, se avanzó en la formulación de una Política Agrícola Común o Comunitaria
(CAP), aprobada en 2011. La CAP retoma compromisos de las iniciativas citadas,
además del Tratado revisado de Chaguaramas (2001). La política regional de seguridad
alimentaria y nutricional es el primero de sus cinco pilares de intervención, a los que
siguen: b) cadenas de valor; c) desarrollo sostenible y recursos naturales; d)
modernización rural y juventud; y e) conocimiento moderno y sistema de información. La
visión de la CAP es “sostener un desarrollo amplio y equilibrado del sector agrícola, con
el fin de garantizar la seguridad alimentaria y el crecimiento económico en el sector
agrícola, proteger los sistemas de recursos naturales, mejorar los medios de vida
rurales y construir un sector agrícola competitivo…, reducir la pobreza y asegurar la
estabilidad fiscal y la sostenibilidad ".
Entre las instituciones regionales clave de apoyo para la política regional, cabe citar a la
Secretaría del CARICOM, el órgano coordinador de la región, con su Unidad de
Agricultura y SAN; al Instituto Caribeño de Alimentación y Nutrición (CFNI), centro
especializado de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de
la Salud; (OPS / OMS); el Instituto Caribeño de Investigaciones Agrícolas y Desarrollo
(CARDI); la organización caribeña de agricultores, (CAFAN), un actor clave en la
construcción de cooperación y fortalecimiento de las organizaciones de productores; el
mecanismo regional caribeño de pesca (CRFM); el Centro Caribeño de la comunidad
del cambio climático (CCCCC); el Instituto Caribeño de Investigación Industrial
(CARIRI), para el procesamiento de productos agrícolas, y la Agencia Caribeña de
sanidad agrícola e inocuidad de los alimentos (CAHFSA) cuando entre en operación.13
2.5. Sistema de Integración Centroamericana (SICA)
El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) es el marco institucional de la
integración regional de Centroamérica. Fue constituido por los Estados de las
Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá.
Posteriormente se adhirió Belice como miembro pleno; la República Dominicana
participa como Estado Asociado.
La seguridad alimentaria y nutricional ha sido, desde hace décadas, tema prioritario en
la agenda regional para atender y reducir la prevalencia de la desnutrición crónica
infantil, enfrentar la nueva carga de la malnutrición y el peso de las enfermedades no
transmisibles, aumentar la disponibilidad de alimentos de producción regional y encarar
el riesgo de los desastres naturales.
La Reunión de Presidentes, como órgano supremo del Sistema de la Integración
Centroamericana le ha prestado particular atención. En su reunión extraordinaria
celebrada en Managua en agosto de 2012, los Jefes de Estado y de Gobierno del SICA
acordaron reiterar el compromiso de combatir y erradicar el hambre y la desnutrición
crónica, e instruir a la SG-SICA a continuar promoviendo los mecanismos de
13
Decisión adoptada por los Jefes de Gobierno en su Trigésima Reunión. Guyana julio 2009.
15
coordinación con la institucionalidad regional e internacional especializada, para
implementar estrategias de carácter regional vinculadas a la SAN en consonancia con
los mandatos de las Cumbres Presidenciales y Ministeriales, los compromisos
internacionales y los instrumentos normativos de legislación y políticas vigentes en los
países del SICA (SICA, 2012).
La participación de los diferentes subsistemas del SICA ha sido muy activa a lo largo de
los años, adoptando un enfoque regional, multi-institucional y transversal. Sin ser
exhaustivos, entre las instancias que han conducido los esfuerzos en la materia están el
Consejo de Ministros de Salud (COMISCA)14, con el apoyo del Instituto de Nutrición de
Centroamérica y Panamá (INCAP), centro especializado en alimentación y nutrición de
la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS, e institución del SICA, con el
enfoque del consumo, nutrición y salud; el Consejo Agropecuario Centroamericano
(CAC) que lo aborda desde la perspectiva de la disponibilidad y estabilidad del
suministro de alimentos –con insumos de otros organismos de la integración en los
temas de Medio Ambiente (CCAD 15 ), Recursos Hidráulicos (CRRH 16 ) y Desastres
Naturales (CEPREDENAC17); el Sistema de Integración Social (SISCA) desde la óptica
de la atención a población vulnerable y el empleo; el PARLACEN con el Derecho a la
alimentación. Adicionalmente hay varios proyectos regionales de apoyo al SICA en la
materia.18
Igualmente importante ha sido la participación activa y reconocida del Comité Consultivo
del SICA, el órgano de la sociedad civil, independiente y autónomo, convocado para
fortalecer la integración, el desarrollo y la democracia en Centroamérica desde su
fundación y constitución definitiva en 1996. En el participan organizaciones del sector
privado, social, trabajadores, mujeres, academia, población indígena.
La visión de SAN está definida en la Agenda de Salud de Centroamérica y la República
Dominicana 2009-2018 de COMISCA. De acuerdo con la Agenda, una política regional
en este campo debe basarse en una estrategia intersectorial nacional y regional que
promueva la seguridad alimentaria y nutricional en todos sus componentes críticos:
disponibilidad, acceso a alimentos en cantidad y calidad suficiente, consumo, utilización
biológica de alimentos nutritivos e inocuos, vigilancia alimentaria y nutricional, acciones
de información, educación y comunicación alimentaria nutricional a la población,
orientación al consumidor y búsqueda de alternativas alimentarias, así como la
vigilancia de la canasta básica de alimentos y la abogacía por la creación de
mecanismos en caso de escasez de alimentos y lo relativo a las enfermedades crónicas
relacionadas a la nutrición cuyo abordaje son prioridades de la región.
14
Véase COMISCA, Agenda de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2009-2018 de COMISCA,
Tegucigalpa, 2009. Su objetivo 8 es fortalecer la SAN y la reducción de la desnutrición, con el apoyo del
INCAP.
15
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y su Estrategia de Cambio Climático.
16
Comité Regional de Recursos Hidráulicos
17
Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central.
18
La SG-SICA cuenta con un programa de cooperación de la Unión Europea en seguridad alimentaria y
nutricional, el PRESANCA; el programa ha impulsado la seguridad alimentaria en municipios fronterizos y
apoyado la creación de sistemas de seguimiento sobre indicadores de SAN. El Programa Especial de
Seguridad Alimentaria Centroamericano, PESA, (FAO-AECID) apoya a cuatro países de la región en
colaboración con los mecanismos de la integración. Por su parte, la Unidad Regional de Asistencia Técnica
(RUTA) implementa un proyecto de USAID - componente regional de Feed the Future- el Programa
Regional de Efectividad de las Políticas de Seguridad Alimentaria y Agricultura Sostenible, en apoyo directo
al CAC.
16
El CAC, integrado por los Ministros de Agricultura, es el órgano responsable de
"proponer y ejecutar las acciones necesarias, conducentes a conformar acciones,
programas y proyectos regionales en el campo agropecuario, forestal y pesquero, tanto
en lo que se refiere a las políticas de sanidad vegetal y animal, como a los aspectos de
la investigación científico tecnológica y modernización productiva" y de "coordinar con el
Consejo de Ministros encargados del Comercio Exterior, los aspectos referentes al
comercio intrazonal e internacional de productos agropecuarios que se comercialicen en
la región“.
Después de un proceso amplio de consulta y colaboración, el CAC diseñó la Política
Agrícola Centroamericana (PACA) 2008-2017: Una Agricultura Competitiva e integrada
para un Mundo Global, que fue aprobada por su Consejo de Ministros y contó con el
beneplácito por los Jefes de Estado y de Gobierno del SICA en diciembre de 2007. Sus
dos ejes articuladores son Competitividad y Agronegocios, y Financiamiento y Gestión
de riesgos. Los temas transversales son la pequeña agricultura empresarial, la gestión
agroambiental y el desarrollo institucional. Por su objetivo y área de influencia, la PACA
se articula con otros esfuerzos regionales en temas que por su naturaleza multisectorial
no son competencia directa o exclusiva del sector agrícola, pero con los cuales
mantiene una estrecha vinculación como son la reducción de la pobreza, la seguridad
alimentaria, el desarrollo rural y el manejo adecuado de los recursos naturales y el
medio ambiente.
En consonancia con lo anterior, destacan dos esfuerzos multisectoriales que influyen en
cada una de las dimensiones de la SAN: disponibilidad, estabilidad, acceso y utilización
de los alimentos. El primero es la Estrategia Regional Agro-Ambiental y de Salud 20092024 (ERAS), desarrollada conjuntamente por el CAC, la CCAD y el COMISCA. En su
formulación contó con una amplia colaboración de entidades públicas, privadas,
organizaciones sociales, academia, centros de investigación y organismos de
cooperación técnica y desarrollo. La ERAS fue aprobada en 2008. Sus ejes estratégicos
son el manejo sostenible de tierras, cambio climático y variabilidad climática,
biodiversidad, negocios agro-ambientales y estilos de vida saludables.
La Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT) 2010-2030,
por su parte, también a cargo del CAC, es una construcción colectiva resultado de una
extensa consulta con los actores involucrados. Tiene como propósito crear
oportunidades y desarrollar capacidades para la inclusión en los territorios rurales. Por
ello, se espera tenga impacto positivo en una mayor disponibilidad de alimentos, y sobre
todo, en el acceso. Sus cinco componentes son: Institucionalidad para el Desarrollo
rural territorial; tejido social y redes de cooperación territoriales; economía rural;
identidad cultural y naturaleza y territorios. Como ejes transversales, se incluyen:
equidad e inclusión social, educación y formación de capacidades y gestión del
conocimiento.
Cabe notar que los grandes pilares de la agenda regional centroamericana fueron
definidos por los Jefes de Gobierno y Estado del SICA en 2010 y reafirmados en julio de
2011, en los siguientes términos: seguridad democrática, gestión integral de riesgos de
desastres y cambio climático, integración social, integración económica y fortalecimiento
institucional. El segundo de ellos ha sido retomado en las iniciativas mencionadas, y
seguramente será objeto de un seguimiento constante, ya que incide en todos los
aspectos de la vida económica y social de la región.
17
La integración económica y social se relaciona en gran medida con la seguridad
alimentaria y nutricional. Como se ha notado, las iniciativas son variadas e importantes.
En junio de 2012 el COMISCA aprobó la propuesta de una Política de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de Centroamérica y agradeció los esfuerzos del INCAP,
COMISCA, SISCA y CAC en su elaboración. Una vez aprobado por los demás
organismos sectoriales de integración en 2013, está pendiente su aprobación por los
Jefes de Estado y de Gobierno para contar con una visión de conjunto consensuada y
que articule y fortalezca los diferentes esfuerzos desarrollados.
2.6. Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
La UNASUR, como organismo regional, tiene como objetivo construir, de manera
participativa y consensual, “un espacio de integración y unión en lo cultural, social,
económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las
políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el
medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr
la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las
asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los
Estados”. 19
Su Tratado constitutivo fue firmado en mayo de 2008 y entró en plena vigencia en
marzo de 2011, en un proceso que se inició en 2000. En 2004 la Comunidad
Suramericana de Naciones se propuso profundizar la convergencia entre los dos
grandes bloques de integración: CAN y MERCOSUR. Sus doce Estados miembros son
la República Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República Federativa del
Brasil, la República de Colombia, la República de Chile, la República del Ecuador, la
República Cooperativa de Guyana, la República del Paraguay, la República del Perú, la
República de Suriname, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de
Venezuela.
UNASUR reconoce en el proceso de integración un instrumento para reducir la pobreza
y como elemento de inclusión social. La dimensión social del organismo aparece en su
Tratado Constitutivo que define un conjunto de objetivos sociales específicos como son
el desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar la pobreza y
superar las desigualdades en la región. A cargo del tema está uno de los doce Consejos
de UNASUR, el Consejo Suramericano de Desarrollo Social (CSDS), creado en agosto
de 2009 y que aglutina a los gabinetes sociales.20 Otras instancias vinculadas con lo
social son los Consejos de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación
(COSECCTI), el de Salud (CSS) y el de Economía y Finanzas. Dentro del CSDS se han
formado varios grupos de trabajo temáticos, uno de ellos el de Seguridad Alimentaria y
lucha contra el hambre y la desnutrición.
El Plan de Acción 2012-2014 del CSDS prioriza cinco ejes: pobreza y desigualdad
social; seguridad alimentaria y lucha contra la malnutrición; economía social, solidaria
y/o comunal con inclusión productiva y generación de oportunidades; participación
ciudadana en el ámbito del desarrollo social de UNASUR; y cooperación regional para
19
20
http://www.unasursg.org/inicio/organizacion/historia
Decisión de la III Reunión Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno
18
la implementación y financiamiento de las políticas sociales. Establece un programa de
plazos para el cumplimiento de acuerdos y actividades propuestas con el fin de
establecer mecanismos de evaluación y seguimiento para consolidar las acciones
conjuntas en las diversas temáticas.
En el eje seguridad alimentaria y lucha contra la malnutrición, los compromisos
asumidos por UNASUR para 2012-2014 son los siguientes:






Sistematizar las experiencias en torno a Seguridad Alimentaria y Nutricional de
los países de la UNASUR, incluyendo las diferentes plataformas de integración
regionales (MERCOSUR, CELAC, ALADI, CAN y ALBA).
Sistematizar experiencias de innovación tecnológica en sistemas productivos
locales.
Sistematizar las experiencias en torno a la difusión y promoción de prácticas
saludables en materia de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Implementar un Plan de Cooperación Técnica en tres experiencias: combate
integral a la desnutrición, sistema nacional de seguridad alimentaria y programa
Prohuertas.
Organizar un seminario de evaluación y perspectiva del plan de cooperación
Promover el intercambio de experiencias exitosas y el fortalecimiento de
programas de alimentación escolar preferencialmente con productos
provenientes de la agricultura familiar.
Vinculados con este esquema hay varios compromisos asumidos en el contexto de
otros ejes, por ejemplo, diseñar la estrategia y la propuesta de proyecto piloto de
promoción de intercambio de experiencias exitosas de sistemas de transferencia
monetaria y erradicación de la pobreza. O la preparación del Observasur para
identificación de áreas de cooperación.
En forma complementaria, el CSDS definió una Agenda de Acciones Sociales
Prioritarias para 2012-2014 que parte de la consideración de que el objetivo prioritario
de la política social “es la erradicación de la pobreza, vulnerabilidad, exclusión y a
romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Asimismo considera a las
personas como sujetos de derechos y protagonistas corresponsables de los procesos
sociales, políticos y económicos de nuestras naciones, aportando a la construcción de
una identidad y ciudadanía suramericanas” (UNASUR/CMRE/ RESOLUCIÓN/Nº
28/2012).
Las cinco acciones prioritarias se refieren a: 1) Erradicación de la desnutrición crónica
infantil. Para ello proponen atender la alimentación y salud de niños y niñas, desde la
etapa de gestación de la madre, la lactancia y el consumo de micronutrientes, así como
incentivar el acceso a seguridad alimentaria. 2) Promover la consolidación de sistemas
de protección y promoción social para el desarrollo infantil temprano integral, niños,
niñas y adolescentes y poblaciones en situación de vulnerabilidad. 3) Lograr mayor
inclusión económica, social y productiva considerando, entre otros, el acceso a servicios
públicos y la generación de oportunidades económicas y productivas. Se debe
reconocer que la inclusión económica y productiva supone una combinación de
factores, especialmente relacionados con fomentar las oportunidades de acceso al
trabajo, al mercado y el desarrollo de capacidades productivas, así como el acceso de
19
calidad a infraestructura y servicios financieros, seguridad alimentaria, servicios básicos
y promover la educación financiera. 4) Promover iniciativas que faciliten el acceso
suficiente y oportuno de alimentos sanos y de calidad, y el acceso a servicios que
permitan garantizar el desarrollo integral para el goce de una vida plena. Por ello, los
países de UNASUR proponen impulsar el desarrollo rural, incluyendo el reconocimiento
de la agricultura familiar y el aporte de las comunidades campesinas y pescadores
artesanales, de los pueblos originarios y afro descendientes, y el aporte de sus saberes
ancestrales, el patrimonio alimentario y los retos que nos impone el cambio climático;
promover el desarrollo de sistemas de seguridad alimentaria y nutricional que articulen
la acción del Estado y promuevan la participación de los protagonistas y los actores
involucrados. A ello se suman una serie de temas vinculados con ciencia y tecnología,
comunicaciones, educación, acceso a servicios básicos, alimentación escolar, acceso a
agua potable, etc.
La Acción 5 es Promover la participación de los ciudadanos en condiciones de igualdad
y en pleno ejercicio de sus derechos. Se destaca la necesaria participación desde el
diseño a la implementación de las políticas sociales. Al igual que la promoción de
mecanismos que fomenten el dialogo y el seguimiento para la rendición de cuentas,
transparencia, acceso a la información y consulta para la definición de prioridades
desde los ámbitos locales hasta el nivel nacional.
Es de notar que en el poco tiempo transcurrido, y sobre la base experiencias previas, el
Grupo temático de Seguridad Alimentaria y Lucha contra el Hambre ha logrado
importantes avances. Con un enfoque político se encaminaron a consensuar una visión
conceptual como prioridad. Es decir, a qué se refieren los países cuando hablan de
sistemas de seguridad alimentaria y nutricional, cuáles son los conceptos que los
hermanan, tomando en cuenta, por supuesto, el entorno más global (Declaración de
Montevideo, 2011). Y como región cómo puede tener una voz mundial. El uso de
tecnologías de comunicación ha favorecido el intercambio de información y lo será para
la cooperación.
El Grupo ha tenido dos reuniones en Montevideo (octubre 2011, y octubre 2012). En las
declaraciones se reflejan los acuerdos conceptuales. Y se registran los compromisos del
grupo temático, como son conseguir que la seguridad alimentaria y nutricional se
consolide como un derecho humano; reconocer las características culturales de los
pueblos originarios de cada país en materia de alimentación; garantizar la participación
de las organizaciones sociales y populares en la creación de los sistemas alimentarios;
reconocer y asumir el rol activo que debe cumplir el Estado en el diseño e
implementación de Políticas que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos de
la Seguridad Alimentaria y Nutricional; promover el desarrollo de la agricultura familiar y
de los pequeños productores locales, como proveedores de alimentos y abastecedores
de los mercados locales, llevando a cabo acciones firmes por parte del Estado que
formen, organicen y consoliden a los productores familiares; utilizar las compras
estatales de alimentos como una herramienta para este fin, desarrollando mecanismos
que permitan su ágil adquisición; velar por la protección de los recursos naturales y
ambientales y el desarrollo de formas sustentables de producción de alimentos y
utilización de los recursos no renovables; focalizar el accionar del Estado en el combate
al hambre, priorizando la primera infancia y los grupos vulnerables, con el fin de
interrumpir el círculo de reproducción de la pobreza y la malnutrición intergeneracional,
sin por ello dejar de reconocer la integralidad de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.
20
La Declaración de Montevideo propone también impulsar el trabajo conjunto con la
FAO, en particular con la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre, que permita la
construcción de una plataforma de intercambio de experiencias relevantes y exitosas en
la construcción de la Política Pública, así como de fortalecimiento institucional,
sensibilización de los diferentes actores en la materia.
2.7. Otras iniciativas sub-regionales
La ALADI y sus 13 países miembros: Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela, se dieron como objetivo final lograr un mercado común latinoamericano. En
ese contexto, han incluido en sus programas de actividades anuales un capítulo sobre
Materias complementarias al proceso de integración. Así, el programa de 2013
considera el tema de “cooperación como herramienta de apoyo a la inclusión social:
seguridad alimentaria“. Adicionalmente, han preparado, en conjunto con la FAO, un
análisis sobre el potencial del intercambio intrarregional de alimentos (ALADI-FAO,
2012).
Junto con el SELA, ALADI está desarrollando acciones conjuntas para promover en la
región el comercio internacional transfronterizo sin papel y la interoperabilidad de las
Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE), como parte de los esfuerzos
regionales que sobre esta materia se realizan en la CELAC para facilitar el comercio
intrarregional. (SELA 2012).
Adicionalmente, el SELA se convirtió en el organismo facilitador de la dimensión
productiva de la CELAC 21 . En 2011 la Secretaría Permanente preparó el estudio
“Articulación y Convergencia para la integración productiva en América Latina y el
Caribe”. A raíz de la discusión de ese y otros documentos, los Estados Miembros del
SELA concluyeron que la propuesta para una agenda de integración productiva de la
región debe incluir, entre otros, de forma directa o indirecta, los siguientes
componentes: a) las políticas industriales; b) las políticas de desarrollo agropecuario y
de seguridad alimentaria; c) las políticas energéticas; d) las políticas para el desarrollo
de la infraestructura; e) las políticas de innovación, ciencia y tecnología; f) facilitación
logística; y g) las políticas de desarrollo de instrumentos financieros. La propuesta se
pondría a la discusión en 2013.
Asimismo, eL SELA se propuso identificar programas y propuestas de cooperación en
materia productiva dirigidos a los pequeños productores y al sector artesanal para
garantizar la seguridad alimentaria. Para ello convocó a los Directores de Cooperación
Internacional de América Latina (Belize, octubre 2012). En esa labor contó con el apoyo
de la FAO y el IICA.
Los países de ALBA-TCP también han dado marcada atención a la SAN desde su
creación en 2004. Su iniciativa ALBA-alimentos surge en 2008 a raíz de la crisis de los
precios de los alimentos. Su objetivo es el desarrollo de un proceso amplio y sostenido
21
En función del Plan de Acción de Montego Bay de 2009, ese acuerdo se tomó en la “I Reunión entre los
Mecanismos Regionales y Subregionales de Integración en América Latina y el Caribe”, efectuada en la
sede del SELA, en octubre de 2010 (SELA, 2012).
21
de cooperación, complementariedad e integración, que contribuya a garantizar la
Seguridad y Soberanía Alimentaria de los países miembros.
Sus líneas prioritarias de desarrollo incluyen el establecimiento de estrategias de uso,
manejo y conservación de suelos, agua y biodiversidad agrícola a niveles nacional y
regional; conservación, mejoramiento y desarrollo de un sistema de intercambio y
propagación segura de los recursos fito y zoogenéticos de la región; desarrollo de
programas y proyectos integrales para la producción de alimentos básicos como arroz,
maíz, frijoles, oleaginosas, hortalizas, frutas, carnes y leches, entre otros; desarrollo de
programas integrales para el manejo, beneficio, conservación y transformación de
productos agrícolas; desarrollo de capacidades industriales; desarrollo y fortalecimiento
de la infraestructura de apoyo. Estas líneas se complementan con la promoción de
comercio justo.
Para su financiamiento cuentan con el Fondo Petrolero para la producción de alimentos
en el Banco del Alba; créditos; donaciones; y recuperación de los financiamiento
retornables. Son 20 los países miembros de ALBA alimentos.
22
3. Temas de trabajo o interés compartidos en Seguridad Alimentaria y
Nutricional
El abordaje de la seguridad alimentaria y nutricional ha ido evolucionando a lo largo del
tiempo en cada uno de los organismos regionales. Es de destacar la amplia
coincidencia en una serie de temas centrales y conceptuales, así como otros de
atención específicos, o de mayor prioridad, dependiendo de la situación particular de
cada subregión. En cada uno de ellos se abren espacios de diálogo y cooperación para
profundizar en líneas de trabajo y para aprovechar experiencias exitosas –y las menos
también- como se expresa en diferentes Declaraciones y Planes de Acción.
Lo primero a notar es una cuestión de principio: la relevancia del enfoque del derecho
humano a la alimentación y su instrumentación como parte de un desafío ético, político
y económico.
Como preocupaciones generales que aparecen en diferente grado, se pueden anotar
las siguientes: a) la base conceptual de la multidimensionalidad de la seguridad
alimentaria y nutricional, tanto en sus componentes (disponibilidad, acceso, estabilidad
y utilización de los alimentos), como su relación con el crecimiento económico, el medio
ambiente, la reducción de la pobreza y la desigualdad; b) la necesidad de considerar
una reorientación en el modelo de producción y consumo de alimentos para que sean
sustentables económica, social y ambientalmente; c) la importancia del desarrollo
institucional y una adecuada gestión de la SAN, así como del intercambio de
experiencias para “el fortalecimiento de capacidades para el Buen gobierno regional y
nacional“ (CAN, CARICOM); d) vinculado a lo anterior, la necesidad de contar con
sistemas de información, seguimiento y evaluación, y e) la búsqueda del
involucramiento de diferentes actores de la sociedad en el diseño de políticas de SAN,
su gestión y seguimiento, es decir, en su gobernanza, en general a través de
mecanismos de participación en los organismos directivos regionales, con enfoque de
género. Por ejemplo en MERCOSUR se busca “asegurar el diálogo social“; SICA cuenta
con un Comité Consultivo, órgano de la sociedad civil convocado por el SICA;
CARICOM incluye la participación de ONG, OSC, instituciones académicas,
productores, etc. en el Comité Regional de Seguridad Alimentaria. En otros organismos,
aunque promueven la participación de organizaciones sociales y populares en la
creación de sistemas alimentarios, como UNASUR, no está claramente definido el tipo
de participación esperada de organizaciones de la sociedad civil en los órganos de
gestión.
Dos temas en particular se destacan con mayor atención por subregión: a) la gestión
del riesgo ante los desastres naturales y la creación de resiliencia, sobre todo en el
Caribe y en Centroamérica, más propensos a sufrir los efectos de fenómenos
meteorológicos adversos (sistemas de alerta temprana, seguro para las cosechas,
medidas de adaptación y mitigación); y b) la revaloración de la diversidad étnica y
cultural y su relación con la seguridad alimentaria en Sudamérica, en particular en la
CAN, en donde también se recoge el concepto de Soberanía alimentaria, igual que en
las iniciativas del ALBA-TCP. El MERCOSUR, sin proponer la soberanía alimentaria
como un objetivo, lo considera como el derecho de cada pueblo a definir sus propias
políticas agropecuarias y en materia de alimentación; y como una forma de combatir las
políticas proteccionistas y de subsidios de los países desarrollados.
23
Al ordenar los enfoques y énfasis de acuerdo con los pilares de la seguridad
alimentaria, se pueden identificar oportunidades más específicas de cooperación.
Disponibilidad:
La región no es homogénea en suficiencia-autonomía en la disponibilidad de alimentos.
Mientras Suramérica es, en general, superavitaria, Centroamérica y el Caribe son
relativamente deficitarias. La disponibilidad nacional se vincula al complemento del
comercio intrarregional. En adición a los propios análisis hechos por los países, ALADI,
FAO y el SELA vienen trabajando en áreas potenciales de desarrollo de mercados de
alimentos, mecanismos de pagos, etc.
En cambio la seguridad alimentaria de familias pobres rurales pasa por una mayor
producción local, generación de empleo e ingreso, y el intercambio regional. En lo
urbano, UNASUR pone atención en huertos, además de que existen experiencias muy
exitosas de agricultura urbana y peri-urbana en varios países de América Latina (FAO,
RLC).
En lo rural, el énfasis va hacia la agricultura familiar y de pequeños productores. Se trata
de la REAF en MERCOSUR, y también del reconocimiento explícito de la importancia
que tiene la agricultura familiar y el desarrollo rural en la seguridad alimentaria. Por
ejemplo, así lo consideran la declaración de Salvador de Bahía y la Agenda de Acciones
Sociales prioritarias para 2012-2014 de UNASUR. Por su relevancia, la Asamblea
General de la Naciones Unidas declaró el año 2014, como el Año de la Agricultura
Familiar.
Por otra parte, hay coincidencia en varias plataformas sobre la necesidad de atender el
aumento de la productividad con enfoque de sustentabilidad productiva y ambiental; el
manejo sostenible de tierras; biodiversidad; sistematizar experiencias de innovación
tecnológica en sistemas productivos locales; revalorizar formas de producción y saberes
ancestrales; establecimiento de marcos normativos para la inocuidad de los alimentos,
sanidad animal y vegetal; mecanismos de financiamiento y asistencia técnica; acceso al
agua y gestión sostenible. Entre otros, véase la Estrategia Regional Agro-Ambiental y
de Salud 2009-2024 de Centroamérica (CAC, CCAD y COMISCA) y el Eje de Seguridad
alimentaria y lucha contra la malnutrición del Plan de Acción de 2012-2014 del CSDS de
UNASUR.
Acceso:
El enfoque de doble vía que incluye la generación de empleo e ingresos, y el apoyo
mediante transferencias a la población vulnerable y sistemas de protección social tanto
en el ámbito rural como urbano, es uno de los “cinco principios de Roma“ propuesto en
la Cumbre de la Seguridad Alimentaria de 2009, que sigue siendo válido. En la región
se le agrega “con un enfoque territorial“.
Una de las formas de generar ingreso en la agricultura familiar es favorecer su
vinculación con el mercado. Y las experiencias exitosas destacan el uso del poder de
compra de los programas institucionales para la producción campesina, que sirva de
insumo a programas locales tales como desayunos escolares, almuerzos, con un doble
objetivo: ingreso para el productor, y alimentación sana, nutritiva y equilibrada para los
derechohabientes, escolares, pacientes, empleados, etc.
24
Acceso a bienes y servicios básicos complementan las acciones en alimentación, al
igual que la propuesta del desarrollo de economía solidaria y social. UNASUR recuerda
que la inclusión económica y productiva supone una combinación de factores,
relacionados en particular, con fomentar las oportunidades de acceso al trabajo, al
mercado y al desarrollo de capacidades productivas.
Los programas de redes sociales y transferencias monetarias como parte de la política
social aparece con mayor énfasis en MERCOSUR y en UNASUR.
Estabilidad:
La estabilidad en el suministro de alimentos tiene dos horizontes: el de corto plazo
cuando fenómenos de distinta naturaleza (meteorológicos, sanitarios, comerciales)
reducen la disponibilidad de alimentos en el campo y en el mercado; y los de largo
plazo, cuando la producción no crece al ritmo de la demanda, ya sea por limitaciones en
la ampliación de la frontera agrícola, reducción en la calidad o disponibilidad de los
recursos naturales –suelo y agua principalmente-, o porque la oferta externa no
responde a las condiciones de la demanda nacional –o regional.
El cambio climático ha modificado el comportamiento de los fenómenos climatológicos
adversos, aumentando su variabilidad e intensidad. Si bien Centroamérica y el Caribe le
dan mayor relevancia, en todas las regiones es indispensable desarrollar mecanismos
de gestión de riesgos y creación de resiliencia para reducir la vulnerabilidad ambiental,
económica y social. Entre otros, cabe notar el diseño y la adopción de medidas
adecuadas de adaptación y mitigación ante el cambio climático que favorezcan la
reducción de desastres naturales. O la gestión de riesgos en los mercados y los seguros
de cosechas, la reducción de pérdidas post-cosecha y desperdicio de alimentos que
llegan a representar un tercio de la producción consumible de alimentos en el mundo.
Llama la atención que el tema de las reservas no aparece en las iniciativas regionales.
Algunas plataformas plantean claramente uno de los temas posiblemente más difíciles o
sensibles de abordar: la necesidad de tender a un cambio de orientación en el modelo
globalizado de consumo y producción de alimentos, con alto contenido de alimentos de
origen animal, grasas y azúcares que incide en la aceleración del cambio climático, en
la calidad de los recursos y en la salud de la población. Es decir, recuperar prácticas
alimentarias promotoras de salud, de respeto a la diversidad cultural, y social,
económica y ambientalmente sustentables.
Utilización de los alimentos:
Las agendas de los organismos regionales coinciden en que la prioridad a atender en
cuanto a utilización de los alimentos son los primeros 1,000 días de vida para reducir la
desnutrición infantil. Y en las regiones con mayor impacto en malnutrición por sobre
peso y obesidad, en su reducción.
Para ello proponen sistemas de vigilancia alimentaria y nutricional; programas
nutricionales focalizados en infancia, madres y en programas institucionales (como
25
escuelas, comedores institucionales); educación, información y comunicación para la
orientación nutricional; y muy importante, la valorización de las dietas y alimentos
tradicionales.
La diversidad, y en algunos casos, complementariedad de las propuestas subregionales
sugiere que, en la formulación de una agenda regional en seguridad alimentaria y
nutricional se retomen elementos clave vinculados con los temas críticos:









Institucionalizar el principio rector de la alimentación como un derecho humano
El fortalecimiento institucional para una buena gestión de la SAN, que refleje una
visión de conjunto más que sectorial
Crear mecanismos de participación de la sociedad organizada en la gestión de la
SAN
Creación y apoyo a sistemas de información y de alerta temprana que faciliten el
seguimiento y evaluación de programas con objetivos y metas,
Aumento de la producción de alimentos a través de la intensificación productiva
sustentable,
Incorporación de la agricultura familiar a la demanda local de alimentos por su
efecto doble: producción e ingreso
Programas focalizados para reducir la desnutrición, el sobre peso y la obesidad
Intercambio de experiencias productivas y de protección social
Comercio intrarregional de alimentos
Desde la perspectiva de la FAO, la construcción de la agenda regional de seguridad
alimentaria y nutricional le permite poner a la disposición de sus países miembros en la
región los medios de que dispone para poner en práctica los cinco objetivos de su
Marco Estratégico, definidos en la forma de logros (FAO, 2013). De hecho, alcanzar la
seguridad alimentaria para todos y asegurar que las personas tengan acceso a
alimentos de buena calidad que les permitan llevar una vida activa y saludable es la
esencia de las actividades de la FAO. Su mandato consiste en mejorar la nutrición,
aumentar la productividad agrícola, elevar el nivel de vida de la población rural y
contribuir al crecimiento de la economía mundial. Por ello, no sólo el primero, sino sus
cinco objetivos estratégicos se encaminan hacia el mismo fin, la eliminación del hambre.
En la matriz anexa se presenta de manera esquemática, una relación entre las
propuestas sub-regionales de seguridad alimentaria y nutricional y los objetivos que
promueve la FAO, que pueden expresarse en términos de los planes regionales o de la
propuesta de la FAO. El objetivo es contribuir a identificar áreas de colaboración o de
atención de utilidad en la región.
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