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Informe Especial de noviembre de 2011:
Es hora de dar prioridad a los objetivos sociales de la estrategia
Europa 2020
Mensaje de AGE sobre los programas nacionales de reforma 2011 para
su aplicación en el Segundo semestre europeo
-------------------------------------------------------------Maciej Kucharczyk, Director General de AGE
Proceso político y gobierno económico de la UE
La Comisión Europea publicó el pasado 23 de noviembre su segundo informe sobre Crecimiento
Anual (AGS) que marca el inicio del segundo semestre europeo de gobierno económico. El
semestre europeo es un periodo anual de seis meses en el que se revisan y coordinan las políticas
europeas de los estados miembros en materia económica. En los próximos meses, los estados
miembros debatirán el informe anual sobre crecimiento 2012 y llevarán sus conclusiones al Consejo
europeo del mes de marzo (el de primavera) para adoptar unas directrices políticas en materia de
economía. Esas directrices se incorporarán a los programas nacionales de reforma 2012 (NRP) que
cada gobierno va a presentar en abril. Una vez analizados dichos programas nacionales, la Comisión
publicará sus recomendaciones específicas para cada país que deberá aprobar el Consejo Europeo
en junio de 2012 y que los estados miembros tendrán que tener en cuenta a la hora de aplicar la
estrategia europea 2020.
Implicación de los miembros de AGE en el proceso del semestre europeo
La intención de AGE es seguir el proceso del semestre europeo de gobierno económico para
supervisar las decisiones adoptadas por los estados miembros y la Comisión que afecten a las
reformas nacionales de los sistemas de protección social y de los mercados laborales y que por tanto
tendrán un impacto directo en las vidas de los mayores. Los miembros de AGE analizarán el informe
de crecimiento anual 2012 para identificar los puntos de interés común y presentarlos después en una
carta a los jefes de estado y de gobierno antes del Consejo de primavera que se celebrará los días 24
y 25 de marzo de 2012. Después, AGE valorará los programas nacionales de reforma 2012 finales y
las consiguientes recomendaciones específicas por país de la Comisión.
En comparación con el informe anterior, centrado exclusivamente en la consolidación fiscal, la
estabilidad macroeconómica y las reformas del mercado laboral, el informe sobre crecimiento anual
2012 hace referencia también a la dimensión social de la crisis. El documento identifica entre sus
cinco prioridades la necesidad de abordar el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis. La
Comisión reconoce que es necesario mitigar el impacto que el gobierno macroeconómico representa
en las vidas de las personas con una serie de medidas como fomentar la prolongación de la vida
laboral y el acceso a la formación continua, adaptar los puestos de trabajo a la diversidad de los
trabajadores y crear oportunidades laborales para los trabajadores más mayores. La Comisión
también es consciente de que el número de personas en riesgo de pobreza ha aumentado y del
impacto de la crisis y de las medidas de austeridad para los pensionistas y las personas vulnerables
que dependen de las prestaciones sociales.
Para los miembros de AGE estas prioridades son totalmente necesarias para garantizar que las
actuales reformas para paliar la crisis de la deuda no van a agravar la cruda realidad social de un
creciente número de población, incluidos los mayores. Además, en el informe sobre el avance de la
estrategia europea 2020 adjunto al informe sobre crecimiento anual, la Comisión reconoce que “… los
servicios públicos son esenciales para apoyar la integración del mercado laboral y la inclusión social.
Tanto es así que poder acceder a unos servicios efectivos y asequibles es fundamental para reducir
el gasto público y aumentar los ingresos disponibles, reducir la pobreza y la desigualdad”. Tener
acceso a una vivienda digna y asequible también es un punto destacado para mejorar la calidad de
vida y el bienestar, sobre todo para los más vulnerables. AGE acoge favorablemente que se haya
prestado atención a estos aspectos en relación con el actual proceso político para salir de la crisis. No
obstante, las áreas identificadas para la intervención no son exhaustivas, por ejemplo, el papel de la
asistencia sanitaria a largo plazo y si el creciente número de personas mayores la podrán pagar no
figura en el informe. Igualmente importante es la reducción de la pobreza y la inclusión social de los
mayores que no está sólo relacionado con su participación en el mercado laboral o con la duración de
su vida activa sino que también depende del grado de adecuación de las pensiones y los esquemas
de jubilación así como el acceso a unos servicios asequibles.
Principal mensaje de AGE respecto a los programas de reforma nacionales
2011
El año pasado los miembros de AGE llevaron a cabo una valoración global de los programas de
reforma nacionales 2011 realizados por los gobiernos nacionales en el marco del primer semestre
europeo. AGE tuvo una gran decepción por la predominancia del enfoque económico de las reformas,
que ignoraban ampliamente los aspectos sociales. Por ejemplo, la principal política para reducir el
déficit hace referencia únicamente al gasto que hay que reducir y no menciona cómo van a influir los
recortes en los diferentes grupos de población como las personas mayores. También echamos de
menos una valoración del impacto social de las medidas planteadas para los grupos vulnerables.
Teniendo en cuenta en qué se basan los programas nacionales de reforma, en el crecimiento y en el
empleo, es una lástima que la dimensión social no tenga cabida en la estructura global de los
documentos nacionales.
 Protección e inclusión social
En general, no hay iniciativas concretas para reducir la pobreza entre los mayores, que aseguren que
van a recibir unos ingresos adecuados o que faciliten que encuentren empleo o permanezcan
durante más tiempo en sus puestos de trabajo. Los programas nacionales de reforma justifican las
reformas de las jubilaciones pero no analizan el impacto del progresivo cambio de responsabilidad
del estado a los ciudadanos en términos de adecuación de los ingresos. Es sorprendente que, dadas
las causas de la crisis financiera, los programas de reforma no se tengan en cuenta la importante
cuestión de cómo proteger mejor las pensiones de las personas y los ahorros de los trabadores, lo
que significa que les dejan a merced de las fluctuaciones económicas y de la especulación de los
mercados financieros. Los gobiernos no reconocen que reducir hoy las pensiones dará lugar al
deterioro de los ingresos de los futuros pensionistas y, por consiguiente, aumentará el número de
“nuevos pobres”.
Los gobiernos sólo se fijan en el aumento de los costes de la asistencia sanitaria y a largo plazo, que
es uno de los retos en un contexto de rápido envejecimiento de la población, y anuncian que van a
promover el envejecimiento activo y con salud. Sin embargo, no ofrecen una respuesta completa
sobre cómo lo van a hacer, aparte de prolongar la vida activa de los trabajadores.
Es más, los programas nacionales anuncian reformar para reducir los servicios públicos o para
aumentar los requisitos para acceder a ellos aunque los mayores confían con tener unos servicios
públicos universales y asequibles (sobre todo en lo relativo a la sanidad y a la asistencia a largo
plazo).
 Empleo
AGE coincide en que es necesario promover el empleo ya que es una de las claves para salir de la
crisis pero las medidas propuestas para la activación del mercado laboral no hacen referencia a los
desempleados de larga duración, a las personas en situación de discapacidad ni a los mayores.
La política de envejecimiento activo adopta un enfoque financiero para activar políticas destinadas a
reforzar el crecimiento económico y reducir el gasto público y así no se tiene en cuenta la
contribución de los pensionistas a la demanda interna ni la contribución de los mayores al ayudar a
las generaciones más jóvenes con la conciliación de la vida laboral y profesional.
 Objetivos EU 2020 para reducir la pobreza y aumentar el empleo
Los programas de reforma nacionales no presentan unos objetivos de reducción de la pobreza
respecto a la población mayor en general ni respecto a grupos específicos como las mujeres
mayores, los solteros mayores, los mayores en zonas rurales, minorías étnicas ni migrantes
mayores.
Por otra parte, aunque la falta de medios materiales es un indicador que refleja la realidad social de
los ciudadanos y en concreto de sus condiciones de vida, los programas de reforma no lo analizan
teniendo en cuenta los contextos sociales, culturales ni económicos. Las organizaciones de personas
mayores lamentan que los gobiernos sigan sin tener en cuenta factores no económicos como el
aislamiento y las consecuencias de la soledad (en términos de sufrimiento, por ejemplo) que también
deberían formar parte de los estudios sobre pobreza y exclusión social entre los mayores.
 Gobierno y participación de las partes implicadas
Los procesos de consulta sobre los programas de reforma varían de un país a otro. Algunos
gobiernos argumentan que las acciones incluidas en los programas han sido objeto de consulta
pública mientras que otros se quejan de que el plazo para presentar las acciones a la Comisión era
demasiado ajustado y no pudieron hacer la consulta pública.
Las organizaciones de personas mayores no han participado en la preparación de los programas
nacionales de reforma e incluso cuando han podido aportar algo su contribución ha tenido un escaso
impacto en el contenido de las políticas. Las organizaciones de AGE sólo han podido hacer
comentarios a los borradores con referencias específicas a la pobreza y desempleo de los mayores.
Los miembros de AGE han notado que había poca voluntad política de incluir a las partes implicadas
en el proceso de la planificación y que no se ha hecho mención del papel de las ONG nada más que
para pedirles ayuda en temas como la pobreza infantil, la discapacidad o la falta de vivienda.
Conclusión
Los miembros de AGE consideran que las próximas reformas para cubrir la deuda pública deberían ir
estrechamente ligadas a objetivos sociales, sobre todo las englobadas en la estrategia 2020 para un
“crecimiento inclusivo”. Hay que rediseñar la respuesta a la crisis social para ir más allá de unas
simples buenas intenciones y garantizar unas medidas para afrontar los retos económicos y sociales
desde un punto de vista igualitario. Los temas sociales y económicos están muy relacionados, su
interconexión e impacto mutuo deberían marcar el inicio del segundo semestre europeo sobre
coordinación económica y gobierno en la UE.
En este contexto de crisis continuada, agravada por el cambio demográfico en la UE, los estados
miembros, la Comisión y sociedad civil deberían aprovechar la coordinación europea a nivel
económico para abrir el debate sobre la preservación de los derechos sociales y la protección de un
número creciente de personas vulnerables entre las que se encuentran las personas mayores. En
concreto, hay que buscar sinergias entre los derechos económicos y los objetivos sociales
establecidos en el Tratado de Lisboa y la estrategia europea 2020. Para que Europa salga de la
crisis y consiga un desarrollo duradero los ciudadanos de todas las edades deben vivir con dignidad
y contribuir así como beneficiarse del crecimiento económico que sirve de base para la cohesión
social.
El informe anual sobre crecimiento 2012 está disponible en:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/ags2012_en.pdf
Haga clic aquí para ver los programas nacionales de reforma y las recomendaciones de la UE para
cada país
Más información sobre el semestre europeo
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Para más información, pueden ponerse en contacto con Maciej Kucharczyk:
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