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La crisis y el desmantelamiento del Estado de Derecho: de derechos a privilegios La crisis y el desmantelamiento del Estado de Derecho: de derechos a privilegios [Reporte de lectura] Datos generales: Título: La crisis y el desmantelamiento del Estado de Derecho: de derechos a privilegios. Autor: Luis Lloredo Alix. Fuente: Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, ISSN 1888-0576, Nº. 124, 20132014, págs. 37-51. Encargado: Arturo Colín. Abstracto: La crisis que se vive en Europa es, sobre todo ideológica, porque se están socavando los principios del Estado social de derecho; se transita a una concepción donde las personas son recursos y los derechos se traducen en meras conceciones que pueden suprimirse si las circunstancias lo ameritan. El artículo pretende criticar las “trampas ideológicas” que contribuyen a ese proceso, y realizar una propuesta para cambiar de dirección. Tesis: La noción desde la que se ha construido la noción de los derechos fundamentales lleva a que no puedan convertirse en prerrogativas cuyo disfrute se supedite al contexto en el que se encuentra una sociedad. En conexión, no tiene sentido la distinción entre los derechos políticos y los derechos sociales, porque se sustentan recíprocamente. Esta interdependencia hace evidente la necesidad de que se transite hacia un entendimiento de estos derechos como parte de lo común: lo que es del interés de toda la sociedad. Es imprescindible que se pase a una socialización de la política institucional, así como que nos traslademos a una politización de lo jurídico, con el objeto de que en la discusión sobre la garantía de estos derechos participen los distintos actores de la sociedad, para que se derroten las determinaciones gubernamentales que les están vulnerando. Contenido: ideas principales, argumentos, datos y ejemplos El autor inicia con una breve reflexión sobre una característica que considera inherente al ser humano: el carácter protéstico. Refiere que las personas estamos constituidos de prótesis porque nos relacionamos de tal manera con ciertos artefactos materiales y cuestiones culturales que las percibimos como esenciales de nuestra personalidad, a pesar de que en realidad son una invención. El Derecho es una de estas prótesis culturales, que se difunde e infiltra en las prácticas y las actividades humanas, al igual que el resto de los componentes de la cultura (como la literatura, la política, etcétera). Seguidamente, relaciona este punto con la aparición de los derechos subjetivos en la etapa histórica del tránsito a la Modernidad, que da a luz a una forma de ver el mundo que 1 La crisis y el desmantelamiento del Estado de Derecho: de derechos a privilegios llevamos inscrita en –lo que denomina– nuestro “ADN cultural”: la percepción de que somos seres rodeados de derechos (facultades, potestades o inmunidades frente a nuestros conciudadanos o al Estado). Esta idea se instala con tanta fuerza en el imaginario colectivo que provoca que en los textos normativos que se promulgan como resultado de las revoluciones liberales se manifieste que únicamente se declaran los derechos (no se constituyen). Esta idea de la “autoevidencia” la considera interesante porque: i) ilustra uno de los atributos más característicos de las prótesis humanas, consistente en que se asumen como naturales a pesar de que tienen un origen político-social, lo que los convierte en nuestro modo de ser y estar en el mundo; y ii) explica la forma en que percibimos los derechos, como algo obvio con lo que nos socializamos desde la infancia. Seguidamente, el autor hace una crítica a la formulación que se ha empleado para referirse a la vulneración de ciertos derechos fundamentales: “recorte de derechos”. Explica que los derechos no pueden depender de las situaciones políticas o económicas, de lo contrario se pierde su noción como reivindicaciones que se pueden hacer valer en cualquier tiempo y lugar: la “intangibilidad” de los mismos. Por tanto, hablar de “recorte de derechos” es una trampa lingüística que siembra el terreno para inculcar un nuevo “sentido común” al servicio de las élites dominantes. Los derechos simplemente se hacen valer o se vulneran. Por eso en el contexto de la crisis actual, en España en particular, se está ante una violación masiva de un buen número de derechos, bajo el pretexto de un “recorte” de los mismos en aras de una mayor estabilidad económica, de la seguridad o de un estado de necesidad. Se produce un cambio de rumbo que puede generar una ruptura histórica radical: voler a un mundo neo-medieval, en el que la pieza fundamental del orden social no es el derecho, sino el privilegio. El autor identifica tres situaciones (o estrategias) que prepararon el terreno a la destrucción impune de los derechos que tiene lugar en la actualidad. Primero, no debe verse como una eventualidad impuesta por una contingencia que desaparecerá en algún momento, sino como un paso hacia un modelo político y social diseñado desde hace varias décadas. El modelo actual, caracterizado por la sospecha frente al ámbito de lo público y lo común, por el primado de la eficiencia económica y por la supresión de los lazos de solidaridad, tiene su origen en la década de los setenta del siglo XX: época de realinamiento de las fuerzas conservadoras. En segundo lugar, la naturaleza del modelo que busca imponerse es la primacía de la economía sobre la política, derivada de aspectos como la injerencia de las grandes empresas transnacionales en la política interna de los Estados; prelación entre el funcionamiento del libre mercado y la preservación de los derechos, a favor del primero. En este punto, el autor también destaca que la escasez –pretexto coyuntural para negar derechos– se construye en función de criterios ideológicos, porque en determinadas situaciones directamente producimos escasez, mientras que en otras elaboramos marcos mentales que llevan a percibirla. Como tercera consideración, la equivocada distinción entre derechos caros (sociales) y baratos (civiles y políticos). Hace referencia a los elevadísimos costos que supone el derecho al sufragio, o los requerimientos de un complejo sistema jurisdiccional. También se muestra lo erróneo de esta postura al apreciar la concurrencia de exigencias de abstención y de prestación en relación con ambas “categorías” de derechos. 2 La crisis y el desmantelamiento del Estado de Derecho: de derechos a privilegios En abono a lo anterior, manifiesta que la fuerza de los derechos políticos deriva del valor de la libertad, a partir de lo cual es injustificable su limitación. De otro lado se tienen los derechos sociales, cuyo fundamento se desprendería del valor de la igualdad. La dictomía de estos derechos es mala por dos razones: i) cabe cuestionarse si no es un presupuesto para ejercer los derechos políticos con auténtica libertad el contar con condiciones mínimas de salud, alimentación, vestido, etcéra; con esta prorización-negación se dilapida la esencia de los derechos de carácter social, porque pasan a convertirse en mera concesión; y ii) a partir de la noción de ciudadanía en el sentido de que significa “derecho a tener derechos”; la presencial de políticas de seguridad social no serían suficientes para tener por satisfechos los derechos sociales, es necesario poder participar, ser sujeto activo en relación con dichas políticas, de otro modo es mero arbitrio del gobernante. El nexo entre derechos políticos y sociales no es unidireccional, sino de ida y vuelta: es necesario tener satisfechas determinadas necesidades básicas para poder participar en política, pero a la vez es imprescindible participar para que dichas garantías sociales no sean ficticias ni pasajeras, sino que sean auténticamente derechos. Esta imposibilidad de escindir los asuntos refleja por qué en el proceso de liquidación actual se están vulnerando ambas clases de derechos de forma simultánea. Sugiere una reivindicación fuerte de la política –entendida en sentido amplio– para superar esa situación. La división entre política y sociedad es equívoca por tres razones: i) demarca una esfera de intangibilidad, la de la política institucional, que se coloca en un escalafón de superioridad frente a la socidad, lo que contribuye a neutralizar cualquier movimiento contestatario que cuestione los principios del sistema; ii) desde la lógica de la separación entre lo público y lo privado, la sociedad termina haciéndose coincidir con el mundo de la empresa y se obliga inconscientemente a modelar la vida social conforma a la horma privatista del capitalismo contemporáneo; y iii) consagra la idea de la “autonomía política”, que se lleva a término mediante su profesionalización y su tecnificación, lo que equivale a la expropiación de la política respecto de la ciudadanía. Por ello, propone cuestionar esta separación entre la política y la sociedad: la política no es sólo el mundo de los partidos y de las instituciones del Estado, sino –sobre todo– del campo social, desde la familia, las organizaciones no gubernamentales, entre muchos otros. Se debe reclamar una política transformadora que no se distinga de lo que tendemos a considerar como “social”. Desde este enfoque, los derechos a la salud, a la educación o a la vivienda no serían derechos sociales –a modo de concesiones– sino derechos políticos en sentido fuerte. El peligro de la tecnificación también atañe al ámbito jurídico. La autonomía o el asilamiento de lo jurídico coadyuva, junto con el de la política, a una alienación muy grave del derecho y la ciudadanía, así como a un déficit estructural de democracia respecto de los asuntos políticos. En relación a los derechos humanos, ambas separaciones han actuado de consuno, aunque no siempre de manera plenamente consicente, para preparar el terreno al desmantelamiento actual al que estamos asistiendo. Por eso es necesario reivindicar una politización de lo jurídico y de los derechos, y una socialización de la mal llamada política institucional. Para lo anterior se debe advertir que existen otras formas de articular el reino político, transitando de lo público a lo común. La categoría de lo común es fundamental para ofrecer una alternativa a la dicotomía de lo público y lo privado. Lo común sería ese dominio que se sustrae a las reglas del 3 La crisis y el desmantelamiento del Estado de Derecho: de derechos a privilegios comercio, que no se compra ni se vende bajo ningún concepto y que es gestionado y disfrutado por todos. El Derecho sería uno de esos aspectos que deberían ir más allá de la lógica de lo público y lo privado, para constituirse en un espacio común, accesible a todos y sujeto a la deliberación ciudadana. Por eso se habla de politización del Derecho, sobre todo a la faceta relativa a los derechos como piezas inescindibles de nuestro cuerpo. Frente a la crisis se deben ofrecer respuestas fuertes dirigidas a politizar, es decir, a crear instituciones, a producir espacios de decisión y a erigir barreras de control público contra las decisiones antidemocráticas que se están produciendo. La construcción de nuevo del ámbito de lo común. Conclusiones Dada la concepción histórica de los derechos, no pueden transformarse en privilegios supeditados a la concesión por parte del Estado. Es equívoca la terminología “recorte de derechos”, porque su garantía no está sujeta a la voluntad política ni a la situación económica y social. Mediante esta trampa lingüistica se pretende preparar el terreno para legitimar las decisiones con las que se pretende vulnerar estos derechos. Otras “estrategias” empleadas para lograr este “nuevo sentido común” se basan en la priorización de lo económico sobre lo político (que bajo un entendimiento amplio debería incluir a estos derechos). También aporta a esa concepción la distinción entre derechos caros y derechos baratos, la cual es artificiosa porque para el goce de ciertos derechos –como los políticos– también es indispensable la erogación de una gran cantidad de recursos. Además, los derechos políticos y los sociales no son divisibles. Para ejercer de manera auténtica y con plena libertad los primeros es indispensable gozar de condiciones mínimas de salud, vivienda, alimentación, etcétera. En tanto, es indispensable visualizar la reivindicación de estos derechos sociales como parte de los derechos políticos. Por eso es necesaria una reivindicación de la política, de modo que se entienda de manera más amplia, a partir de una perspectiva de lo común: aquello que atañe a todos. Se debe reclamar una política transformadora que no se distinga de lo que tendemos a considerar como “social”. Desde este enfoque, los derechos a la salud, a la educación o a la vivienda no serían derechos sociales –a modo de concesiones– sino derechos políticos en sentido fuerte. También es indispensable una politización de lo jurídico, de manera que no esté reservada a los profesionales de la materia, sino a toda la sociedad. El Derecho debe constituirse en un espacio común, accesible a todos y sujeto a la deliberación ciudadana. Frente a la crisis se deben ofrecer respuestas fuertes dirigidas a politizar, es decir, a crear instituciones, a producir espacios de decisión y a erigir barreras de control público contra las decisiones antidemocráticas que se están produciendo. 4