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Por primera vez, este 10 de febrero, México será examinado por el Consejo de
Derechos Humanos en el marco del Examen Periódico Universal.
En nuestro país, los derechos humanos se desarrollan en un contexto enmarcado por,
los cada vez más frecuentes, abusos y represión a la población civil por parte de las
fuerzas policiales y militares. También destacan las tendencias de criminalización y
represión por parte de los gobiernos hacia diversos grupos de la sociedad, destacando
los jóvenes, los indígenas y los movimientos sociales.
La priorización de la seguridad ha conducido a excesos inadmisibles, donde los
derechos humanos de los ciudadanos son pisoteados, se cometen crímenes,
detenciones arbitrarias, torturas, fabricación de culpables y asesinatos a mansalva en
nombre de la seguridad nacional, amenazando la libertad y los derechos de los
ciudadanos.
En materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el informe
elaborado por las organizaciones de la sociedad civil con motivo de este examen,
documenta el persistente patrón de violaciones al derecho de los pueblos a la libre
determinación con motivo de los megaproyectos de desarrollo; la ineficiencia de los
recursos legales para acceder a la justicia ambiental; la brecha entre las condiciones de
salud de la población indígena y el resto de la población; la falta de perspectiva
universal del Programa Nacional de Salud; la falta de atención a las recomendaciones
del Comité DESC relativas a analizar las reformas al sistema de pensiones y al marco
legal de la seguridad social; el rezago educativo que afecta especialmente a los hijos/as
de jornaleros/as agrícolas, niños/as en situación de calle, personas con discapacidad y
población indígena y, la carencia de un marco jurídico y administrativo que proteja el
derecho a la vivienda.
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Sin duda resta superar retos tales como situación de la militarización, la criminalización
de la protesta social, presos políticos, reaparición de la práctica de las desapariciones
forzadas, agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos, así como la
falta de voluntad por concretar políticas públicas como es el caso de las reformas
constitucionales en el tema. Todo ello en detrimento de la democracia.
En materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el reto principal
pasa por la difusión de los contenidos de los mismos derechos, hasta la dotación de
herramientas suficientes para que los ciudadanos puedan monitorear su alcance y qué
aspectos los limitan en su ejercicio para que puedan exigirlos. El desafío más grande es
contar con una verdadera planeación nacional de derechos humanos que de cuenta, a
largo plazo, de los avances y retrocesos que se tienen en la materia.
México, D.F. 10 de febrero de 2009
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