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1 CONCEPTO JURÍDICO: TERCERIZACIÓN EN LAS EMPRESASSOCIALES DEL ESTADO (ESE). Fecha: 17 de abril de 2015 Problema Jurídico: Se solicita a la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Salud Departamental evaluar jurídicamente la procedencia de un contrato de concesión para la administración y operación total del objeto social de la ESE con un tercero, a través de proceso licitatorio. Para resolver el asunto, se examinará la normatividad vigente que regula a las Empresas Sociales del Estado en materia contractual. 1. Naturaleza Jurídica de las Empresas Sociales del Estado (ESE) Respecto del régimen y naturaleza jurídica de las Empresas Sociales del Estado (ESE), la Corte Constitucional ha explicado que (i) La ley 100 de 1993 creó el sistema de seguridad social y definió en el artículo 94 la naturaleza de las Empresas Sociales del Estado; (ii) Que el objeto de estas Empresas es la prestación de los servicios de salud, como servicio público a cargo del Estado, o como parte del servicio público de seguridad social; (iii) Que estas Empresas constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, creada por el Legislador en virtud de las facultades que le confiere el artículo 150, numeral 7; (iv) Que son entes que no pueden confundirse y se diferencian claramente de los establecimientos públicos, ya que la Ley 489 de 1998, al definir en el artículo 38 la integración de la rama ejecutiva del poder público, incluyó dentro de ésta a las Empresas Sociales del Estado, reconociéndoles una categoría diferente a la de los establecimientos públicos; (v) Que estas Empresas como nueva categoría de entidades descentralizadas y concebidas con un objeto específico definido por la propia ley, de conformidad con los propósitos constitucionales que mediante su existencia persigue el Legislador, se rigen por unas reglas y una normatividad especial; (vi) Que la Ley señala que estas entidades descentralizadas son creadas por la Nación o por las entidades territoriales para la prestación de servicios de salud, en forma directa; y (vii) Que es al Legislador a quien corresponde su creación, por la propia naturaleza de creación legal de estas entidades, y que igualmente se encuentra facultado ampliamente para determinar su estructura orgánica. Por tanto, las ESEs “son una nueva categoría dentro del catálogo de entidades administrativas del orden descentralizado, que tienen naturaleza, características y especificidades propias, lo cual impide confundirlas con otro tipo de entidades públicas”. Dichas entidades tienen personería jurídica independiente, autonomía administrativa y patrimonio propio e independiente; y, por tanto, son sujetos de obligaciones y derechos (Sentencia C-171 de 07/03/12, expediente D-8666, M.P Luis Ernesto Vargas Silva). 2 2. Tercerización en las Empresas Sociales del Estado (ESE) El Artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, dispone que “Las Empresas Sociales del Estado podrán desarrollar sus funciones mediante contratación con terceros, Empresas Sociales del Estado de mayor nivel de complejidad, entidades privadas o con operadores externos, previa verificación de las condiciones de habilitación conforme al sistema obligatorio de garantía en calidad” A su turno, el Artículo 103 Ibídem, señala que “El personal misional permanente de las instituciones públicas Prestadoras de Servicios de Salud no podrá estar vinculado mediante la modalidad de cooperativas de trabajo asociado que hagan intermediación laboral, o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte sus derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes” La Corte Constitucional en Sentencia C-171 de 2012, declaró EXEQUIBLE CONDICIONADO lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, señalando que “la contratación de servicios y la operación con terceros de las entidades estatales no está prohibida constitucionalmente, aunque si limitada” La exequibilidad declarada, se vislumbra en el entendido de que la potestad de contratación otorgada a las Empresas Sociales del Estado para operar mediante terceros, solo podrá llevarse a cabo siempre y cuando no se trate de funciones permanentes o propias de la entidad, cuando estas funciones no puedan llevarse a cabo por parte del personal de planta de la Empresa Social del Estado o cuando se requieran conocimientos especializados”. En este sentido, el Consejo de Estado en Sentencia de 19 de Agosto de 2010 Rad. 11001032400020050007601 - nulidad Decreto 536 del 24 de Febrero de 2004determinó que “las Empresas Sociales del Estado pueden desarrollar sus funciones mediante contratación con terceros o la celebración de convenios con entidades públicas y privadas o a través de operadores externos…¨, “(…) en Colombia, es innegable que la prestación de los servicios públicos no está reservada de manera exclusiva a los entes públicos”. Señaló igualmente, que “(…) De la simple lectura del precepto superior (Artículo 365 Constitución Nacional1) emerge la convicción de que los servicios públicos no necesariamente deben ser prestados por el Estado en forma directa, siendo totalmente lícito acudir a otros mecanismos indirectos que hagan posible la participación de las comunidades organizadas y de los particulares en su prestación.” Conforme a la Jurisprudencia anterior, se puede señalar que el artículo 59 de la ley 1438 de 2011, permite la coordinación interinstitucional para la prestación efectiva del servicio público de salud, al disponer la contratación de las ESE con terceros (ESE de mayor nivel, entidades privadas y operadores externos, para la prestación de la salud). Por tanto, el artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, es un desarrollo de lo dispuesto en el artículo 48 de la 1 Artículo 365 C.N. “… Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.” 3 Constitución Política, en relación con la concurrencia entre el Estado y los particulares para la prestación del servicio de seguridad social en salud. Es decir, que la norma se refiere a la coordinación que, por virtud del artículo 48 constitucional, el Estado debe realizar con particulares para la prestación del servicio público de salud, y el modelo de concurrencia privada en condiciones de libre competencia. En este sentido, se está ante la presencia de una autorización general para contratar con las personas naturales o jurídicas de que trata la norma, autorización expresa que sin embargo no puede desconocer las disposiciones constitucionales, legales, y la jurisprudencia constitucional en la materia, en relación con los límites a la contratación por parte de las entidades estatales, tanto en relación con los principios que deben regir dicha contratación, la selección objetiva de los contratistas, y la prohibición de que se contraten mediante prestación de servicios funciones permanentes o propias de la entidad, que puedan desarrollar el personal de planta de la misma o que no requieran de conocimientos especializados. “El Legislador cuenta con un amplio margen de configuración para la regulación de la prestación del servicio de salud y para la estructuración de las Empresas Sociales del Estado destinadas a dicha finalidad, lo cual incluye el tema de la contratación por parte de estas entidades. No obstante lo anterior, dicha amplitud de configuración normativa encuentra claros límites en los principios, valores y derechos constitucionales, de manera que no puede desconocer ni vulnerar las normas sobre el derecho al trabajo, la protección a la vinculación laboral con el Estado, la protección de los servidores públicos, ni los límites constitucionales y legales, y de la jurisprudencia de esta Corte, a la contratación por parte de las entidades del Estado” En este sentido, esta Corporación coincide con el concepto vertido por el Procurador General de la Nación en cuanto a que (i) la posibilidad ilimitada de contratar con terceros tareas que correspondan a funciones propias o permanentes de las Empresas Sociales del Estado, vulnera el derecho al trabajo, el derecho a acceder a la carrera administrativa, y pone en grave riesgo tanto la continuidad como la permanencia del servicio público; (ii) las Empresas Sociales del Estado deben contar con una planta de personal propia, idónea, adecuada y suficiente para atender y desarrollar sus funciones de carácter permanente, que son su responsabilidad; (iii) la garantía de eficiencia no debe implicar la contratación de servicios de las funciones permanentes de las Empresas Sociales del Estado; y (v) por tanto, la posibilidad ilimitada de contratación de la prestación de las funciones propias de las Empresas Sociales del Estado con terceros, como lo establece la norma demandada, no puede ser la regla, pues contraría la Carta Política. (Sentencia C171/12). Concluye la Corte, que la exequibilidad de la norma es condicionada, por tanto, debe tenerse en cuenta que: “(…) Tal y como se encuentra redactada la norma, da lugar a una interpretación abiertamente inconstitucional, de manera que en principio procedería una declaratoria de inexequibilidad de la misma. No obstante lo anterior, la Corte ha validado en innumerables oportunidades la posibilidad de dictar sentencias moduladas, en las que se declare una exequibilidad condicionada, en aquellos eventos en los que sea posible conservar el precepto normativo en el ordenamiento jurídico, dando aplicación al principio pro legislatore, y siempre y cuando exista una interpretación de la norma que al incorporarla al alcance normativo del precepto o al entendimiento del enunciado normativo, subsane la posible vulneración de la Carta Política y la torne en constitucional. 4 Por consiguiente, la Sala evidencia en este caso, la necesidad de incorporar al entendimiento de la norma acusada, la única interpretación constitucional posible de la misma, de conformidad con la Constitución y la jurisprudencia de este Alto Tribunal, según la cual, la potestad de contratación otorgada por el precepto demandado a las Empresas Sociales del Estado para operar mediante terceros, solo podrá llevarse a cabo siempre y cuando no se trate de funciones permanentes o propias de la entidad, cuando estas funciones no puedan llevarse a cabo por parte del personal de planta de la entidad o cuando se requieran conocimientos especializados. Por lo tanto, la Corte declarará en la parte resolutiva de esta sentencia, la exequibilidad condicionada del artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, en el sentido anunciado. 3. Antecedentes legales 3.1. De acuerdo con el artículo 11 del Decreto Nacional 1876 de 1994, las Juntas Directivas de las ESEs no tienen competencia para decidir modificaciones sobre la forma de desarrollar el objeto social de ESE, máxime cuando el acto de creación ha previsto que uno de los objetivos de la entidad es la de asociarse con terceros, públicos o privados, con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión social de la empresa, lo cual resulta concordante con la normatividad que fija la naturaleza jurídica de las ESE, preservando su autonomía administrativa y financiera y dándole posibilidad a sus directores y administradores para adelantar procesos de coordinación interinstitucional para la prestación efectiva del servicio público de salud. Lo anterior significa, que las ESEs en cumplimiento de su objeto social, celebran especialmente contratos de compraventa de servicios de salud, de prestación de servicios profesionales, de outsourcing, de asociación con otras ESE para ofertar servicios de salud, para proveer insumos y para beneficiarse de economías de escala, en el marco de lo dispuesto en los artículos 59 y 103 de la Ley 1438 de 2011. 3.2. La Superintendencia Nacional de Salud, ha emitido directrices a las entidades vigiladas, con relación a la contratación para la prestación de los servicios de salud y de la asociación o alianzas estratégicas para ésta misma finalidad, las cuales se encuentran contenidas en las Circulares No 066 del 23 de diciembre de 2010 y 067 del 27 de diciembre de 2010 (Se adjunta copia de las mismas). En dichas Circulares instructivas, la entidad de control entiende que ”(…) Son prácticas autorizadas para contratar la prestación de los servicios de salud, aquellas que se efectúan mediante la figura de la asociación o de las alianzas estratégicas con otros operadores privados o públicos mediante sistemas negociables mercantiles que faciliten el cumplimiento, generen economía de costos y optimicen la gestión, obteniéndose una participación razonable en el margen de rentabilidad logrado por el operador de servicios, buscando a través de ésta asociación o alianza, la optimización de los recursos destinados a la salud, reduciendo los costos que para las entidades responsables del pago de servicios de salud, las entidades que ofrezcan planes adicionales de salud, los particulares y demás pagadores del sistema, podría significar el tener contratos con cada prestador, brindando los servicios de salud en un paquete integral e interdisciplinario de servicio”. Por tanto, la Superintendencia Nacional de Salud entiende que “(…) La participación del prestador de servicios de salud que subcontrata servicios con otros 5 prestadores de servicios habilitados, se entiende como una práctica no autorizada e ilegal en el SGSSS. A diferencia, de lo que ocurre con aquel prestador que realiza alianzas o asociaciones con otros prestadores de servicios habilitados, o con terceros operadores de servicios de salud no habilitados, es una práctica autorizada en el Sistema”. Así las cosas, la entidad de control reconoce que el prestador de servicios de salud “(…) podrá ofertar y vender sus servicios habilitados, a través de un asociado o aliado por la figura del outsourcing, por tercerización o por externalización, es decir, mediante la contratación o la asociación de un tercero no habilitado, para el suministro de los servicios de salud que le han sido habilitados”. “(…) Las formas de asociación o de alianza estratégica están referidas según la Superintendencia a: 1. La conformación de una asociación o alianza estratégica con otros prestadores de servicios de salud, para poder ofertar en conjunto los servicios de salud, siempre que no se configure la doble habilitación de un mismo servicio o la subcontratación por intermediación de servicios de salud; 2.La contratación de un tercero operador de servicios de salud, o la asociación o alianza estratégica con este, para el suministro de los servicios de salud, bajo la figura de la tercerización, outsourcing o externalización para la prestación de servicios de salud, sin que dicho tercero operador, habilite los servicios objeto de la contratación o asociación” Mediante la Circular 0067 de 27 de diciembre de 2010, la Superintendencia señala que la figura del Outsourcing, Tercerización o Externalización, se refieren al “(…) Proceso en el cual una firma identifica una porción de su proceso de negocio que podría ser desempeñada más eficientemente y/o más efectivamente por otra corporación o persona, la cual es contratada para desarrollar esa porción de negocio. Esto libera a la primera organización para enfocarse en la parte o función central de su negocio. Un acto por el cual una ORGANIZACIÓN acude a una empresa o persona exterior, para que realice un trabajo correspondiente a un proceso para su negocio, y en el que la contratada está especializada, consiguiendo la ORGANIZACIÓN en su negocio, una mayor efectividad a través de esta empresa o persona exterior especializada. El outsourcing, tercerización, o externalización, tiene por objeto LA PRODUCCIÓN DE BIENES, LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, cuyo propósito final sea un resultado específico. La prestación de servicios por outsourcing, tercerización, o externalización, podrá ser organizada por profesión o especialidad, o maestría o doctorado, o Por tecnologías, o por auxiliares, o en procesos o subprocesos. Los procesos podrán contratarse en forma parcial o por subprocesos, correspondientes a las diferentes etapas de la cadena productiva, siempre atados al resultado final…”2 De conformidad con lo puntualizado, la figura del outsourcing, solo puede ser usada por las ESE para el desarrollo de actividades propias de su objeto, contratando, para el efecto, un tercero especializado que se ocupa de cumplir con las actividades que la ESE decide tercerizar para cumplirlas con mayor eficiencia, siempre atados al fin que persigue la ESE. No puede confundirse el empleo de la figura del outsourcing, tercerización o externalización con la práctica prohibida por el artículo 103 de la ley 1438 de 2011, de contratar el 2 Superintendencia Nacional De Salud. Concepto de la Oficina Asesora Jurídica. Tema: Outsourcing en IPS. Referenciado: 1-2010-087830. 6 personal permanente de la ESE mediante la modalidad de cooperativa de trabajo asociado que hagan intermediación laboral, o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte sus derechos constitucionales, legales y prestacionales. 3.3. Se plantea escenarios de traslado de todas las funciones de la ESE a un concesionario, tanto las de carácter administrativo, como las misionales y de prestación de servicios de salud que es en esencia el objeto social de la entidad. La circunstancia descrita contraviene las normas legales y la jurisprudencia de las altas cortes, pues se reitera que las ESE tiene un vínculo evidente entre la prestación de funciones públicas permanentes y la existencia de una planta de personal adecuada para este propósito. Por tanto, la contratación de dicha prestación con terceros no puede ser ni total ni permanente, pues la norma especial dispone que ésta es la excepción, es decir, cuando no se cuente con personal de planta o se trate de servicios especializados (Art. 59 Ley 1438/11). Conclusión 1. La contratación otorgada por el artículo 59 de la Ley 1438 de 2011 a las ESE para operar mediante terceros, sólo podrá llevarse a cabo siempre y cuando: a) No se trate de funciones permanentes o propias de la entidad; b) Cuando estas funciones no puedan llevarse a cabo por parte del personal de planta de la ESE; y, c) Cuando requiera conocimientos especializados. En el caso concreto y conforme a la categoría especial de las ESE, las funciones propias y permanentes de la entidad corresponden a la prestación de servicios de salud, con el fin de satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y continúa (Artículo 195 de la Ley 100 de 1993. Por consiguiente, se considera en los términos de la Corte Constitucional que la prestación de funciones públicas permanentes a cargo de las Empresas Sociales del Estado no puede ser contratada con terceros, a menos que haya razones funcionales y económicas que justifiquen hacerlo a modo de excepción (Sentencia C-171 de 2012 de la H. Corte Cons). 2. Mediante el Decreto 1376 de 22 de julio de 2014, se reglamentaron los mecanismos de estructuración de las plantas de empleos de carácter temporal y los Acuerdos de Formalización Laboral de las ESE del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones, como una respuesta a las posiciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, sobre la prohibición de la tercerización de funciones permanentes o propias de la entidad. Con el propósito de impulsar estrategias orientadas a la implementación de los mecanismos de operación, administración y gestión del recurso humano en las Empresas Sociales del Estado, en términos generales se reguló en el citado decreto, la elaboración de un estudio o justificación técnica y financiera para la creación de la planta de empleo de carácter temporal de la Empresa Social del Estado del orden territorial, el cual debe someterse a la aprobación de la respectiva junta directiva, la cual expedirá el acuerdo de creación. La 7 justificación técnica y financiera, así como el acuerdo, se remitirá a la Entidad Departamental para su aval. Una vez cumplido este trámite el Gerente de la entidad debe proceder a implementarla en la institución. Se destaca que los departamentos y distritos que hayan avalado la creación de plantas de empleos de carácter temporal en las Empresas Sociales del Estado bajo programas de saneamiento fiscal y financiero, deberán informarlo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para efectos de estimar el impacto que tal medida tenga sobre la viabilidad de dicho programa. Para dar cumplimiento a lo señalado en el Capítulo Segundo de la ley 1610 de 2013, las Empresas Sociales del Estado deberán presentar de oficio o a petición del Director Territorial del Ministerio del Trabajo, la propuesta para la suscripción del Acuerdo de Formalización laboral de que trata el artículo 13 de la citada ley, la cual, para el caso de estas Empresas, además de la justificación técnica y financiera deberá cumplir con los requisitos del artículo 7º Ibídem. Una vez otorgado el visto bueno al Acuerdo de Formalización por parte del Despacho del Viceministerio de Relaciones laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo, se procederá a la firma del Acuerdo por parte del Director Territorial del Ministerio del Trabajo y el representante legal de la Empresa Social del Estado. Finalmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 1376/14, las Empresas Sociales del Estado en los casos en que lo requieran, podrán desarrollar sus funciones mediante contratación con terceros, de acuerdo con los términos previstos en el artículo 59 de la ley 1438 de 2011 y la Jurisprudencia Nacional sobre la materia. Original Firmado Por: MYRIAM PATRICIA PEÑA MARTINEZ Jefe Oficina Asesora Jurídica