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Conferencia de Montevideo
27 y 28 de abril de 2010
Modelos sociales regionales en Europa y América latina:
Empleo, derechos sociales y políticos en tiempos de crisis
Con temporalidades distintas en los países del Mercosur y de Europa, se han sucedido en el
transcurso de los últimos decenios crisis financieras, y por consecuencia socioeconómicas. En este
escenario, tanto investigadores en ciencias económicas y sociales como actores del mundo político,
sindical, y periodistas, se interesan por el modo en que el sistema económico y político produce tales
crisis . El proyecto Europeo Capright se sitúa en este empeño, aglutinando investigadores de 13
países (11 Europeos más Argentina y Uruguay). La promoción de las habilidades individuales y
colectivas es la idea subyacente a las investigaciones iniciadas por este grupo en torno a las
relaciones entre mercados de trabajo, empleo y regímenes de bienestar. Parte, desde antes de la
presente crisis, de un diagnóstico de casi ausencia de un modelo social aplicable a los países de la
Unión Europea y pretende, al cabo de cuatro años de trabajo, promover nuevas ideas con base a sus
resultados. La confrontación con colegas latino- americanos, la posibilidad de comparar la Unión
Europea con otras tentativas de federación a nivel regional, y la necesidad de debatir con miembros
de sindicatos, políticos y técnicos encargados de concebir y de poner en marcha políticas de empleo
y de bienestar, conforman los objetivos del encuentro de Montevideo.
En este sentido, las modalidades contemporáneas de reconocimiento del trabajo mediante un salario
y derechos sociales son una dimensión clave de nuestra organización social; los actores involucrados
en estos quehaceres implementan políticas, negociaciones, habilidades, organizaciones… con vistas a
facilitar la búsqueda de empleo o más bien, la integración en el trabajo subordinado. ¿Cómo leer
conjuntamente los cambios de la sociedad salarial y las condiciones del desarrollo de capacidades
individuales? ¿Qué procedimientos deben seguir Europa, Mercado Común del Sur (MERCOSUR) o la
Comunidad Andina de Naciones (CAN) para que sus políticas de empleo y bienestar permitan al
asalariado desarrollar instituciones protectoras en los cuales los individuos puedan de alguna manera
elegir du destino laboral? Cuatro sesiones de trabajo distribuidas en dos jornadas deberían permitir
profundizar el tema desde puntos de vista complementarios: Primero, desde el punto de vista de la
acción individual y de las agencias públicas, ¿qué nos dice la observación de los cambios en las
trayectorias individuales y el análisis de las reformas de los sistemas de pensiones? Segundo, desde
un punto de vista histórico y político, ¿cómo interpretar el papel de las organizaciones
supranacionales por una parte y de las relaciones entre poderes públicos, empleadores y empleados,
por otra, sobre empleo y derechos sociales?
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Integrated project co-funded by the European Commission under the 6th Framework Programme, Priority 7
Citizens and Governance in a Knowledge-based Society
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15/10/2009
CAPRIGHT (028549)
Resources, rights and capabilities : in search of social foundations for Europe.
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CAPRIGHT (028549)
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Sesión 1: Crisis ecónomica y laboral en Europa y América latina: consecuencias sobre trayectorias
colectivas e individuales
La crisis económica, las supresiones masivas de empleos y el fuerte incremento del desempleo
constituyen un desafío para las llamadas « políticas de empleo », (« pasivas » o « activas »), y a través
de ellas, para las « capacidades » de los trabajadores asalariados (aquellas condiciones estructurales
e individuales que les permiten cierta libertad de elección). De hecho, en la mayor parte de los
países, la reducción de la cobertura del seguro de desempleo y su gestión, largamente dependiente
de los ciclos económicos, amenazan la garantía de recursos que estos sistemas de indemnización
proporcionaban a los asalariados, y debilitan su papel de amortiguador económico y social. Por otra
parte, en un contexto de fuerte recesión, las políticas basadas en la activación de gastos pasivos
parecen tener efectos limitados. En primer lugar, los dispositivos con vistas a una reducción del costo
del trabajo en el sector mercantil producen efectos de oportunidad masivos sin, por lo tanto, reducir
las consecuencias de los ciclos económicos. En segundo lugar, los dispositivos que tienen como
objetivo acompañar y capacitar a los trabajadores más vulnerables se enfrentan directamente debido
a la escasez de empleo, con el riesgo de incrementar el dualismo en el mercado laboral. En tercer
lugar, la extensión de la política de empleo hacia el sector sin ánimo de lucro, el cual podría
realmente compensar de alguna manera los efectos de los ciclos económicos, tiene un efecto
contrario al aumentar la desregulación del mercado laboral que las políticas presupuestarias ya están
fomentando desde hace veinte años. En algunos países donde el empleo se ha desarrollado en gran
parte fuera de toda regulación, la crisis va amplificando el espacio del trabajo informal.
En tal contexto, ¿cuáles son las orientaciones actuales de las políticas de empleo a nivel nacional?
¿Cuáles son los actores involucrados? ¿Cuáles son los derechos y medios a disposición de las
organizaciones sindicales para negociar o al menos orientarlas? ¿Cómo se combinan estas políticas
con otras estrategias de salida de la crisis? ¿Puede afirmarse que a un nivel regional parcialmente
integrado –Unión Europea o Mercosur– existen formas de coordinación (discursos e iniciativas)?
Sesión 2: Jubilaciones y pensiones: entre el salario y la renta
Durante los últimos decenios, la mayor parte de los países se han empeñado en reformar sus
sistemas de pensiones argumentando que era el único modo de salvaguardar la “sostenibilidad de
las finanzas públicas”, las cuales, según el discurso reformador habrían sido amenazadas por el peso
del envejecimiento demográfico y la disminución del crecimiento económico. Según esta lógica sería
necesario desarrollar el ahorro financiero y la responsabilidad individual y reducir el espacio del
salario socializado y de la solidaridad colectiva. En este contexto, encontramos por un lado países
que han transformado radicalmente sus sistemas de pensiones. Entre ellos se observan quienes
eligieron un cambio radical, pasando de un sistema en reparto -en donde el riesgo asociado a la vejez
se soporta mediante cotizaciones sociales inmediatamente convertidas en prestaciones- a uno de
capitalización -en donde este mismo riesgo se soporta mediante ahorros colectivos y/o individuales
acumulados e invertidos en los mercados financieros (Chile, México, Bolivia), o al contrario, aquellos,
más escasos, que han operado una vuelta desde la capitalización hacia la repartición (Argentina). Por
otro lado, numerosos países en Europa y América latina introdujeron elementos de capitalización,
individuales o colectivos, en el seno de los sistemas públicos, estos últimos siendo todavía
largamente en reparto. Un reparto que tiende a cambiar de sentido, sin embargo, con el retroceso de
los regímenes con prestaciones definidas (como porcentaje del salario de referencia) en beneficio de
regímenes a con cotizaciones definidas, tal como se produce en el caso de la reforma sueca: el
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carácter de prolongación del salario que tiene la pensión en el modelo de reparto se encuentra de
este modo cuestionada en favor de una renta diferida garantizada por el Estado.
La crisis económica y financiera que se ha propagado al conjunto de los países del planeta pone en
tensión estos distintos sistemas de pensiones. Lo hace sin embargo con modalidades y
temporalidades distintas, de acuerdo con el modo dominante de financiación de estos sistemas. Los
sistemas en reparto tienen una sensibilidad particular al descenso del empleo y a la desaceleración
de las ganancias salariales o a la caída de los ingressos fiscales cuando estos últimos sirven para
financiar parte de la cotización social mediante el impuesto. Además, tienen una cobertura más bien
débil en América latina, dejando de lado sin derecho a pensión a los trabajadores independientes así
como a los del sector informal. Los sistemas por capitalización a su vez padecen directamente la
pérdida de valor de los activos financieros y su efecto inmediato sobre los ahorros acumulados, a
pesar de la diversificación de los carteras. Cada sistema conlleva por lo tanto sus riesgos específicos.
¿Cómo resisten estos diferentes sistemas la crisis? ¿Cuáles son los ajustes o cambios operados
(nacionalización de los fondos de pensiones en Argentina, reformas en curso en Bolivia)? ¿Cuáles son
los nuevos términos del debate en el contexto de empeoramiento de la crisis económica y financiera
que presenciamos?
Sesion 3: Integración regional, modelo socioeconómico y régimen político
Las grandes organizaciones internacionales donde se deciden las grandes orientaciones de política
económica y monetaria desde el inicio de los años 1980 (FMI, BM, OCDE, UE) han promocionado a la
vez el desarrollo máximo del librecambio como doctrina única de gestión de la economía mundial y
una reforma radical de los estados para mejorar la llamada buena “governance”. De hecho, se trata
de mejorar la participación directa de numerosos actores privados (actores económicos y financieros,
iglesias, ONG…) en la definición e implementación de las políticas públicas; se trata también de
reducir fuertemente la libertad de concepción y de intervención del estado como detentor de un
poder político soberano en materia económica. Tal ausencia de autonomía estructuralmente
construida, frente a los dueños de la propiedad lucrativa ha sido evidenciada a través de las
tentativas de rescate del sistema bancario. La idea de democracia misma (centrada sobre la oferta de
servicios públicos financiados a través de la socialización democrática de los recursos) aparece
entonces directamente amenazada. Tal debilitamiento del estado soberano ha sido acelerada con la
apertura y el desarrollo de grandes mercados regionales y transnacionales en donde los estados han
de someterse al estricto respecto de reglas organizando la libre circulación económica. ¿Están este
tipo de “mercados francos” llamados a extenderse a todas las partes del mundo?
A pesar de todo ello, ciertos pueblos de América latina se han destacado, en estos últimos años, por
experimentar un giro político hacia la izquierda; esto ha permitido la vuelta al poder de jefes de
Estado deseosos de restaurar la soberanía económica nacional. ¿Han permitido estos cambios
políticos influenciar las dinámicas regionales en términos de contenidos y acciones? ¿Podría
esperarse una vuelta hacia sistemas políticos basados en la distribución democrática de los recursos?
En el seno de la Unión Europea, el triple rechazo popular por referéndum (Francia y Holanda 2005,
Irlanda 2007) de los tratados organizadores de la UE ha llevado a una fractura entre los pueblos y sus
dirigentes: mientras se amplifican las oposiciones a las diferentes reformas sociales, la Unión
Europea fortalece sus orientaciones anti-democráticas. Existe entonces en Europea une duda entre
dos posiciones: parar la integración económica sobre una base transnacional (pudiendo retirarse
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algunos Estados de la UE) o transformar radicalmente el contenido de la Unión Europea tanto en el
plano político como en el económico o monetario.
Sesión 4: Evolución de las relaciones industriales y regímenes democráticos
Las exigencias de competitividad y de rentabilidad acordes con la liberalización económica y
financiera y con la apertura de los mercados han contribuido a romper las normas de empleo y de
salario, a desarrollar el desempleo; han contribuido también a arruinar los sistemas de negociación
generalizados después de la segunda guerra mundial en la mayor parte de los países de Europa
occidental. En particular, la noción de “diálogo social”, introducida en la mitad de los años ochenta
por la UE, ha operado un cambio radical de cultura política en las relaciones industriales nacionales:
la expresión de la irreductibilidad de los intereses de cada parte a través del conflicto y de la
búsqueda de un compromiso aceptable ha dejado lugar a una cultura de “social partnership”
(relaciones entre socios) en pos de un consenso. De este modo se han debilitado las capacidades de
representación y de acción de los sindicatos y se ha fortalecido el poder patronal. Esta nueva cultura
política no solamente tiene influencia sobre la negociación colectiva (contenido y nivel) y sobre las
modalidades de producción de las normas jurídicas, sino también sobre las formas de intervención
de las autoridades públicas. De hecho, el vínculo entre diálogo social y diálogo civil amplia este
fenómeno de cambio.
Tales evoluciones, comunes a la mayor parte de los países, tienen sin embargo rasgos particulares en
cada uno de ellos de acuerdo con su propia historia, los tipos de compromisos sociales logrados y la
acción de los actores. A nivel transnacional, nuevas normas sociales más o menos elaboradas
acompañaron la creación de los espacios económicos regionales.
¿Se podría decir que el advenimiento del “diálogo social”, en el contexto americano, impone una
cultura socioeconómica particular en relación con las organizaciones internacionales? O al contrario,
¿que los nuevos poderes de izquierda y de centro pueden movilizarse de manera autónoma y
promover reformas del derecho laboral más protectoras para los trabajadores?
Dichas mutaciones llevan a varias cuestiones: ¿Cuáles son las orientaciones actuales de los sistemas
de relaciones entre empleados, empleadores y poderes públicos? ¿Cuáles son las capacidades de
acción de los sindicatos y de los asalariados en este contexto globalizado? ¿Cuál es el impacto de las
normas internacionales sobre estos cambios?
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