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Organizaciones de migrantes
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Las organizaciones de migrantes no son de un solo tipo y conforman un
amplio abanico de acuerdo a su origen, liderazgo, propósitos y vínculos. Sin
embargo, frente a los problemas del desarrollo no se trata de una abigarrada suma de clubes y federaciones avecindadas en Estados Unidos, sino de
instancias participativas que despliegan prácticas sociales y políticas articuladas con la población de sus lugares de origen. Para algunos autores, las
organizaciones de migrantes son depositarias tanto del capital social, una
vez que sus redes sociales maduran y constituyen bases organizativas en
clubes y federaciones, como del empoderamiento, al erigirse en interlocutores de los gobiernos locales, participar en programas gubernamentales y
al promover la participación electoral de políticos migrantes en las contiendas locales. Como sea, debe reconocerse en términos generales que las
organizaciones de migrantes, amén de antigüedad, disponen de una conspicua capacidad asociativa y gestora, aunque no todas hayan logrado madurar
y no todas observen un ciclo de vida más o menos prolongado.
El reconocimiento del amplio espectro organizacional de los migrantes mexicanos en Estados Unidos es útil para detectar cuáles organizaciones
están abocadas a tener alguna injerencia en sus lugares de origen, y entre
ellas cuáles poseen alguna perspectiva de desarrollo. Al respecto, proponemos una tipología de las distintas organizaciones de migrantes. Como se
podrá apreciar, sólo las organizaciones de tipo político y participativo pueden, eventualmente, tomar parte de algún proceso de desarrollo en las zami,
y esto es así porque son las únicas de carácter binacional. En momentos
coyunturales todas las organizaciones pudieran tener vínculos binacionales;
sin embargo, cuando su práctica institucionalizada no está articulada per-
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manentemente con sus lugares de origen, pierden relevancia binacional.
Pero mientras que las organizaciones políticas apenas se circunscriben a los
procesos electorales sin tener mayor incidencia en los procesos de desarrollo,
ya sea como extensiones de los partidos políticos mexicanos o como instancias con cierto grado de independencia, las organizaciones participativas
están diseñadas específicamente para incursionar en la estrategia del desarrollo participativo transnacional, no obstante que muchas de ellas hayan surgido con antelación a ese modelo de desarrollo.
En algunas entidades y municipios se ha abierto la puerta para que los migrantes desempeñen puestos públicos en el Congreso y en los ayuntamientos.
De esta manera, al detentar puestos de representación popular pueden incidir indirectamente en el diseño y aplicación de las políticas públicas; sin
embargo, hasta la fecha la experiencia ha mostrado que su margen de actuación y, en particular, su desempeño no se inscriben claramente en la
promoción del desarrollo, pues lejos de renovar la clase política local sucumben a sus designios.
El desarrollo participativo transnacional significa la presencia de un nuevo
sujeto social que despliega una práctica institucionalizada bajo un liderazgo
muy próximo a los gobiernos locales y sin haber diseñado un proyecto político propio. La noción de organización de migrantes, sujeto que detenta la
remesa colectiva, tiene que ser diseccionado para comprender los avatares
del desarrollo participativo. En nuestro caso, tal sujeto sirve de puente para
la gestación de organizaciones societales, políticas y participativas. Las organizaciones participativas de migrantes poseen el rol protagónico, pero lo
interesante es que a las organizaciones existentes ya desde antes del surgimiento del susodicho modelo de desarrollo —organizaciones societales
que adquieren el rango participativo— se suman otras nuevas creadas por
el Estado mexicano, más aún bajo la modalidad operativa del “programa
3×1”. Entonces habremos de suponer que hay una base organizativa de
origen independiente y otra que viene a ser una construcción estatal. La
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creación de nuevas organizaciones de migrantes es, no obstante, un punto
controversial. Por una parte, es plausible que los migrantes se organicen
allende las fronteras, no obstante, al hacerlo al amparo de un programa
estatal, es muy dudoso que factores cruciales como el liderazgo y el grado
de independencia estén garantizados, y merced a su origen, es probable que
no vayan más allá de los designios programáticos de los gobiernos en turno.
Por otra parte, también se cuestiona la autonomía organizativa de las organizaciones que preceden a la creación de este programa, sin desestimar que
también permite un cierto grado de avance institucional de las organizaciones al permitir que éstas sean capaces de asumir, por cuenta propia, la
gestión de obras y la interlocución con el gobierno, una práctica que antes
no tenía un canal bien definido. En uno y otro caso, el Estado se beneficia
con la interlocución con las organizaciones de migrantes y legitima su gestión, al tiempo que, ante la aprobación del voto en el extranjero, puede
organizar una masa electoral que beneficie a sus partidos en contienda.
Estos dos ámbitos organizativos no han sido aún estudiados, por más
que resulta importante para analizar el liderazgo, la democracia orgánica y
la autonomía e independencia de estas organizaciones.
Adicionalmente, suele cuestionarse la idea de que las organizaciones de
migrantes sean sujetos del desarrollo en sus lugares de origen, especialmente cuando en vastos territorios de las zami el empresariado y el Estado brillan por su ausencia en materia de inversión. Claramente los migrantes no
pueden suplir la función de la inversión pública y privada para detonar el
crecimiento regional; desde esa perspectiva no son sujetos del desarrollo,
pero sí lo son en esquemas como el de desarrollo participativo transnacional. En el entendido de que ese tipo de desarrollo no plantea cambiar las
condiciones estructurales de atraso socioeconómico de las zami ni mejorar
las condiciones generales de vida de la población ahí residente, sino sólo la
realización de obra pública municipal tendiente a promover la convivencia
de la población y la creación de infraestructura social básica, esto es un
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desarrollo social bastante limitado. En esas específicas condiciones las organizaciones de migrantes se convierten en sujetos del desarrollo participativo y nada más. No obstante, y dado que para los fines del desarrollo participativo transnacional importa la organización lo mismo en los lugares de
origen y destino, una deficiencia es que no disponen de contrapartes en sus
lugares de origen con el mismo nivel de organización. Esto es, la población
residente en las zami suele adoptar un rol pasivo.
Incluso nos podemos preguntar si en verdad se pueden mejorar las
condiciones de vida de la población que habita las zonas migratorias, sin
que se trastoquen las condiciones estructurales prevalecientes, como lo
suponen las políticas de “combate a la pobreza” y los programas sustentados en un presunto capital social como recurso principal para revertir las
condiciones de atraso que experimentan los grupos sociales llamados vulnerables. En el caso de las zami el mejoramiento relativo de las condiciones
de vida de la población se puede vislumbrar estadísticamente, por ejemplo
en términos de marginación y pobreza, más por influjo de las remesas salariales que por los impactos de programas gubernamentales tipo 3×1, y si
estos últimos fueran perceptibles en todos los casos, se debe a que la economía de las remesas sirve de basamento indiscutible. Como sea, nos interesa resaltar que, en las condiciones en que opera actualmente, el desarrollo
participativo transnacional no explica, si lo hubiere, el mejoramiento de las
condiciones de vida en las zami.
La organización y movilización de migrantes en Estados Unidos atiende
a otras pautas. En un momento menguante de la vida sindical, la mayor y
más sostenida protesta laboral en la historia de Estados Unidos fue protagonizada por los inmigrantes mexicanos y sus familias, en compañía de inmigrantes asiáticos, europeos y latinoamericanos, incluso con la participación de algunos sectores afroamericanos. Entre el 25 de marzo, el 10 de
abril y el 1 de mayo de 2006, alrededor de 5 millones de inmigrantes marcharon en unas 156 ciudades de 43 estados. El caldo de cultivo de este
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sorprendente movimiento no sólo radica en las retrogradas disposiciones
legales que fragua la clase política (como el proyecto de ley HR 4437, conocida como Sensenbrenner) sino en la añeja experiencia de explotación y
racismo que enfrentan los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos y en
el asedio al que son sometidos recurrentemente con medidas de encarcelamiento, deportación o despojo.
La característica de este movimiento es su carácter descentralizado y
heterogéneo, donde las bases parecieran tomar sus propias decisiones, aunque también son identificables estructuras organizativas que sirvieron como
correas de transmisión para la organización de las jornadas de protesta que
incluyeron boicots, paros laborales, manifestaciones, marchas y otras acciones paralelas. Adicionalmente el movimiento se distingue por su independencia frente a los liderazgos tradicionales del sindicalismo y frente al sistema bipartidista estadounidense. No obstante el protagonismo de la base
social migrante, se puede identificar una amplia constelación de organizaciones que participaron en las mivilizaciones, es el caso de la Coalición 25
de marzo, sindicatos nacionales seiu, unite/here, Pioneros y Campesinos del
Noroeste, Asociación Nacional de Comunidades Latinas y Caribeñas, Centro por el Cambio Comunitario, Latino Movement usa, Coalición Internacional 1 de Mayo, Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán, entre otras.
En lo inmediato, el movimiento diseñó una estrategia de lucha política
contra los gobiernos locales, estatales y nacional para derrocar el proyecto
legislativo orientado a criminalizar a los trabajadores inmigrantes, lo cual de
paso confronta la pretensión de dividir a los recién llegados con los inmigrantes plenamente establecidos, por el contrario, se apreciaron múltiples
muestras de solidaridad y acompañamiento entre el diverso y vasto sector
de inmigrantes. El objetivo es legalizar a todos ellos. De prosperar esa iniciativa, se plantea la participación electoral como un mecanismo para incidir
en la toma de decisiones, puesto que los representantes populares en el
congreso y el senado suelen hacer oídos sordos a las propuestas de los in-
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migrantes, puesto que una buena franja de ellos no posee derechos políticos, y por tanto no desafían el sistema electoral vigente. Más adelante, las
organizaciones de migrantes han anunciado su propósito de articular sus
objetivos bajo el manto de una organización nacional y de conformar sindicatos de trabajadores migrantes, lo cual los sitúa como los líderes del movimiento obrero estadounidense.
En el ámbito de la migración podemos distinguir dos tipos de organizaciones donde participan los migrantes: blandas y duras. Las primeras son de
tipo convivencial y de solidaridad, pues constituyen un piso común que
permite a los migrantes relacionarse entre sí mismos en los lugares de destino con fines de convivencia y comunicación. Estas organizaciones, como
los llamados clubes de migrantes que ostentan representaciones con denominativos de los pueblos de origen, pretenden generar un espacio de interacción sociocultural que haga más llevaderos la vida y el trabajo en los lugares de destino. El punto en común es la nacionalidad y la oriundez
compartida. Estas organizaciones cuentan con pocos miembros, pues sus
fines son amistosos, y realizan reuniones periódicas donde comparten los
alimentos, conversan y también organizan bailes, kermeses y colectas de
recursos. Estas organizaciones establecen vínculos con organizaciones religiosas y pueden servir de vaso comunicante para informar sobre oportunidades laborales.
Los clubes de migrantes también establecen comunicación con las autoridades civiles y religiosas de los lugares de origen para contribuir con
recursos, previamente acopiados en actividades ex profeso, para financiar
pequeñas obras sociales y comunitarias. Esta práctica ha sido retomada,
reorientada e instrumentada por el Estado mexicano a través del “programa
3×1”, cuyo fundamento político es el liberalismo social o nueva política
pública, que plantea que la comunidad de pobres tiene que aportar sus
propios recursos para realizar obras y para generar dinámicas de desarrollo,
hasta superar su pobreza. De este modo, las remesas participativas son ca-
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nalizadas en programas participativos como parte del modelo neoliberal.
Esto no quiere decir que los clubes de migrantes sean agentes del neoliberalismo, pero sí que el Estado coopta a estas organizaciones para sus fines
políticos: garantizar la gobernabilidad local y legitimar el régimen político,
pero sin activar alternativas de desarrollo social. Más aún, es una forma
encubierta de disminuir la inversión social, pues con una movilización
de recursos públicos ínfimos, se publicita la realización de pequeñas obras de
infraestructura como si fuesen proyectos de desarrollo local. Incluso, se
llega a la paradoja de que la mayoría de las obras se concentra en un pequeño grupo de localidades, no es un programa que cubra las zonas de alta
migración, incluso la mayoría de las obras se realizan en localidades con
fuerte despoblamiento, por lo que al final la infraestructura, que puede ser
de ínfima calidad, dada la corrupción municipal, es subutilizada. Con todo,
este programa reporta grandes dividendos políticos para el gobierno, pues
moviliza una porción insignificante de recursos, si se le compara con la
entrada de remesas salariales (menos de 1 por ciento), pero le sirve para
congraciarse y cooptar a los líderes de los clubes y federaciones de migrantes, quienes por su parte se sienten incluidos por el Estado, incluso se
llaman a sí mismos “socios”. Por otra parte, el gobierno ahorra recursos en
materia de obra pública y desarrollo social, pues este programa de transferencias, sumado a los programas del liberalismo social, como Oportunidades (antes Pronasol y Progresa), activa recursos magros que mantiene bajo
control a una gran masa de población pobre y excluida, que es desmovilizada para promover otro tipo de política pública.
A fin de cuentas, estas organizaciones son blandas pues están encerradas
en su propia dinámica y sirven a sus propios intereses: convivencia, amistad,
solidaridad y colaboración. Actividades loables que sin embargo no tienen
en mente una visión social más amplia, como puede ser la búsqueda de
mejores condiciones de vida y de trabajo, tanto en la sociedad de origen
como destino. No tienen en mente un proyecto de transformación social,
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sino una forma de inclusión en los sistemas sociales, económicos y políticos
vigentes en ambos países. No son, por tanto, agentes de transformación ni
de resistencia, sino de colaboración con el sistema.
Las organizaciones “duras” están más imbuidas en movimientos sociales, sindicatos, organizaciones defensoras de derechos humanos y partidos
políticos. Son movimientos clasistas que defienden expresamente la mejora
en las condiciones de vida y de trabajo y una mayor participación política.
Tienen menos visibilidad porque los medios de comunicación y los organismos internacionales no los toman en cuenta, quizá porque impulsan estrategias políticas antineoliberales.