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Lunes 11 de julio de 2016 · Nº 3
DÍNAMO
Ilustración: Ramiro Alonso
Movimientos sociales en tiempo de gobiernos progresistas
Cuesta arriba
02
LUNES 11·JUL·2016
DÍNAMO
Movimientos sociales, democracia y ciencia política
El rol de los movimientos sociales en
las democracias contemporáneas latinoamericanas no genera consenso en
la academia. Grosso modo, es posible
identificar dos posturas contrapuestas. Mientras que algunos autores
sostienen que la protesta social es
una forma normal de complementar
la política institucionalizada, otros
afirman que la protesta expresa problemas en el funcionamiento de las
democracias. Estas dos posturas han
sido caracterizadas como la “hipótesis
de la normalización” y la “hipótesis de
la polarización”1.
Los defensores de la hipótesis de la
normalización señalan que la protesta
social se ha vuelto habitual en nuestro
continente y que quienes participan
en ella son aquellos que manifiestan
también mayor interés en la política
en general, incluyendo los canales institucionales de participación2. Desde
esta perspectiva, la protesta social y
la participación política convencional
serían dos caras de una misma moneda. Las personas más propensas a
participar en actos políticos y actividades partidarias también serían las
más proclives a hacerlo en protestas
sociales. La realidad latinoamericana
sería entonces parecida a la de las democracias de los países desarrollados,
donde existe cierto consenso sobre la
normalización de la protesta3. De hecho, algunos autores caracterizan a
las sociedades posindustriales como
“sociedades de movimientos sociales”,
manifestando de esta forma la habitualidad de estos en el funcionamiento de
esas democracias4.
Sin embargo, en América Latina
hay quienes cuestionan que se haya
dado un proceso de este tipo. Quienes
defienden la hipótesis de la polarización ven en las protestas sociales un
síntoma de los problemas de las democracias, incapaces de canalizar institucionalmente las demandas sociales.
Desde el retorno de la democracia en
la región, varios presidentes han abandonado precipitadamente su cargo en
medio de fuertes movimientos sociales
de protesta5, algo que parece abonar
esta hipótesis (Jamil Mahuad en Ecuador, Fernando de la Rúa en Argentina y
Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia,
por ejemplo). En esta misma línea, se
ha argumentado que las características
de los sistemas de partidos de los países
afectan la cantidad de protestas y/o su
radicalidad. Este tipo de razonamientos se basa en el supuesto de que, en
caso de funcionar correctamente las
instituciones políticas, una democracia no debería enfrentar fuertes movimientos sociales.
Aunque esta dicotomía puede
resultar interesante para disparar la
reflexión sobre movimientos sociales
y democracia, cabe preguntarse si es
posible postular una tesis genérica para
una realidad continental tan diversa.
Además, es posible sostener que un
mismo país puede oscilar entre momentos de protesta “normalizada” y
momentos de protesta “polarizada”. Sin
profundizar sobre el tema, este debate
sirve también para preguntarnos sobre
el tratamiento que ha recibido el estu-
Con el apoyo de:
dio de los movimientos sociales en la
ciencia política.
El análisis sobre movimientos sociales ocupa un rol más bien marginal
en la disciplina, que ha avanzado más
decididamente en el abordaje del funcionamiento de la política institucional convencional, la que transcurre
en congresos y ejecutivos, oficinas
gubernamentales o las sedes de partidos políticos, por ejemplo. Cuando
ocurren momentos de alta conflictividad social, el acto reflejo suele ser
preguntarse: “¿qué está funcionando
mal a nivel institucional?”, y buscar
afinar la mirada, para dar con las
causas de la protesta. En definitiva, a
nivel teórico la mirada más habitual
considera a los movimientos sociales
como instancias más bien reactivas
frente al funcionamiento de la política
convencional. Este tipo de enfoques
limita el potencial analítico de la disciplina para comprender el funcionamiento de nuestras democracias.
Siendo provocativo, podría afirmarse
Redactor responsable: Lucas Silva / Edición y coordinación: Marcelo Pereira, Natalia Uval / Diseño y armado: Martín Tarallo /
Edición gráfica: Iván Franco / Ilustraciones: Ramiro Alonso / Corrección: Karina Puga / Textos: Sebastián Aguiar, Pablo Anzalone,
Germán Bidegain, Lilián Celiberti, Daniel Olesker, Gabriel Quirici, Carlos Santos.
DÍNAMO
que la dicotomía entre polarización y
normalización puede ser más útil para
caracterizar distintas perspectivas
analíticas a la hora de tratar los movimientos sociales que para describir
la realidad que se pretende estudiar.
Creo que en la disciplina ha primado una mirada polarizada y que
mucho podría ganarse al incorporar
el análisis de los movimientos sociales como objeto de estudio a título
completo, dejando un poco de lado el
punto de vista que las concibe como
síntoma de fallas en el funcionamiento
de la política convencional. En primer
lugar, porque sería una manera de ampliar esa mirada hacia fenómenos y actores que, aunque estén por fuera del
funcionamiento cotidiano de la política convencional, son expresiones de
temas eminentemente políticos, como
la representación, la participación y
el poder. En segundo lugar, porque,
incluso desde una visión restringida
de la política acotada a los actores convencionales, es innegable que los movimientos sociales interactúan con la
política institucional y afectan la estabilidad de los regímenes, de los gobiernos, las decisiones gubernamentales e
incluso los resultados electorales. En
tercer lugar, porque los actores sociales no actúan solamente en momentos
de crisis ni lo hacen solamente de forma reactiva, sino que suelen realizar
un trabajo constante. Este trabajo es
muchas veces la base sobre la que se
articulan luego los ciclos de protesta
más espectaculares. Además, las fronteras entre actores sociales y políticos
son porosas y los primeros no sólo dependen de la protesta para promover
sus demandas. Las actividades de las
organizaciones sociales incluyen contactos informales con actores políticos
y gubernamentales, la generación de
actividades de reflexión y divulgación
sobre temas políticos, la participación
en instancias gubernamentales como
representantes sociales, etcétera.
En definitiva, creo que hay mucho
para ganar si la ciencia política se suma
de forma más decidida al debate sobre movimientos sociales, que hasta
ahora ha recibido mayores insumos de
otras áreas del conocimiento científico (como la sociología y la psicología).
Hacerlo permitiría aportar al debate
propiamente politológico, a la comprensión de los movimientos sociales
y del funcionamiento más amplio de
la sociedad. ■
Germán Bidegain
1. Ángel Flisfisch et al., Ciudadanía política: Voz y
participación en América Latina (Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno Editores, 2014), 106-107.
2. Mason Moseley y Daniel Moreno, “La normalización de la protesta en América Latina”, Perspectivas desde el Barómetro de las Américas: 2010
(Latin American Public Opinion Project, 2010),
http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/
I0842es.pdf; Marisa Revilla Blanco, “América
Latina y los movimientos sociales: El presente
de la ‘rebelión del coro’”, Nueva sociedad, No 227
(2010): 51-67.
3. Russell Dalton, Alix van Sickle, y Steven Weldon, “The Individual-Institutional Nexus of Protest Behaviour”, British Journal of Political Science 40, No 1 (enero de 2010): 51-73, doi:10.1017/
S000712340999038X.
4. David S. Meyer y Sidney Tarrow, eds., The Social
Movement Society (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 1997).
5. Aníbal Pérez-Liñán, Juicio político al presidente
y nueva inestabilidad política en América Latina
(Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica, 2009).
LUNES 11·JUL·2016
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Algunas notas sobre jóvenes
y movimiento social juvenil
1. Suele apuntarse un retraimiento de
los jóvenes en cuanto a la participación
política. Efectivamente, varias investigaciones indican que estos están más
distanciados de los partidos políticos
que otros grupos etarios. Pero el activismo juvenil es variado e importante:
lo demuestran, además de las juventudes partidarias -como la del PIT-CNT
o la de la Federación Uruguaya de
Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua-, los movimientos sociales
juveniles, como el estudiantil, con la
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y las coordinadoras
de secundaria, y también la fuerte presencia de jóvenes en el movimiento por
los derechos humanos, el ambiental,
el feminista, el anarquista y el LGBT.
2. Permanentemente, además, aparecen nuevas demandas de jóvenes
organizados que buscan cambios sociales para una mayor justicia, como
las que surgieron recientemente contra
los manicomios, el acoso callejero y la
liberación animal. Otras demandas se
multiplican. Por ejemplo, hace décadas
que los medios de comunicación son
un espacio de antagonismo en el que
operan las radios comunitarias, mayoritariamente llevadas adelante por
jóvenes, y en la actualidad fructifica el
activismo relacionado con el copyleft,
el software libre, los medios apoyados
en tecnologías y otros.
3. Es necesario prestar atención al terreno cultural como un espacio fuertemente político. Muchas casas y centros
culturales, desde La Solidaria hasta La
Cuadra, aglutinan movimiento juvenil. También se hace política en torno
al grafiti y al arte callejero en general,
al hip-hop, a las murgas jóvenes, a las
movidas de punks, góticos y metaleros,
a los sellos discográficos independientes o al veganismo. Son formas de resistencia; a veces también funcionan
como tales la cumbia y el reguetón. En
ocasiones, las organizaciones de voluntarios, como Techo y otras, con o sin
componentes religiosos, trascienden
su trabajo concreto y toman posición
en temas políticos. Configuran movimiento juvenil en el sentido más laxo,
casi literal, del término.
4. Este poblado escenario puede ordenarse de muchas maneras. Hay
movimientos con mayor o menor organización, con más o menos discurso general, con más o menos distancia respecto de la izquierda política,
construidos en esta generación o antes,
orientados hacia el Estado o el compromiso individual. En relación con esos
u otros ejes, pueden definirse tipos de
activismo juvenil, y se dibuja un amplio
y complejo espacio de movimientos,
con cercanías y distancias entre ellos.
5. Las organizaciones vinculadas con
la agenda de derechos (matrimonio
igualitario, aborto, marihuana) impulsaron una fuerte ola de activismo,
que se volvió propiamente un nuevo
movimiento social. Lograron cambios
trascendentes, mostraron nuevas tácticas, capacidad de movilización y en
particular articulaciones exitosas, una
conexión generacional y entre generaciones. En el entramado que llevó
adelante la agenda de derechos confluyeron muchos espacios de activismo
juvenil, y prácticamente todos los que,
entre los mencionados, orientan sus
demandas hacia el Estado.
6. En la campaña contra la baja de la
edad de imputabilidad confluyeron,
junto con estos últimos, los orientados
más bien al compromiso individual: desde organizaciones de voluntarios hasta
los scouts, grupos religiosos o jóvenes
del Partido Nacional. Esa articulación
de todo el entramado de movimientos
sociales juveniles tuvo, además, la peculiaridad de que se presentó expresamente como una “voz joven”, algo muy poco
frecuente en las últimas décadas, en las
que hubo sobre todo movilizaciones
definidas por su temática, y no porque
fueran jóvenes quienes las realizaban.
7. Las movidas por la agenda de derechos y por el No a la Baja desconcertaron a profesionales de la política y a
académicos, que no previeron la regulación de la marihuana, el éxito en el último plebiscito ni el carácter revulsivo
del matrimonio igualitario. Claro, cuatro presidentes consecutivos con más
de 60 años y el promedio de edad del
actual gabinete muestran que desde
ahí arriba hay serias dificultades para
conocer y comprender lo nuevo. Ni digamos para apoyarlo y animarlo. En la
también envejecida academia nacional
no hay investigaciones, se desprecian
esos movimientos, por “poco políticos”,
se les exige a los jóvenes movilizados
respuestas, utopías o planes que ni expertos ni partidos han podido dar.
8. Todos estos activismos tienen en común que suceden mayormente entre
jóvenes incluidos, integrados. Y, como
es sabido -aunque no cabalmente asumido-, una fractura social separa en
Uruguay a jóvenes y adultos (con diferencias significativas en las tasas de pobreza o de informalidad laboral), y otra
fractura separa a los jóvenes de hogares
pobres y ricos (por ejemplo, con tasas
muy distintas de egreso educativo).
La campaña contra la baja tendió un
puente entre esos jóvenes, y otro entre
todos ellos y el mundo adulto.
9. A partir de esas fracturas se han
producido acontecimientos y movimientos sociales recientes, como los
del barrio Marconi. Son estallidos nítidamente juveniles, que recuerdan
a los de París o Londres de años pasados: desde fuera, excluidos, con un
idioma que académicos e integrados
no comprenden. Son protestas en las
que el componente ideológico parece
secundario, pero sin duda hablan de
resistencia y cambio social.
10. No sólo hay contextos sociales relativamente nuevos: el entorno político también está cambiando. El concepto de “estructura de oportunidad”,
bastante intuitivo, es tradicional en el
estudio de los movimientos sociales:
alude a los cambios en el sistema político, y en particular en el Estado, que
enmarcan las protestas, las demandas
y sus chances de éxito. La estructura
de oportunidad se está modificando
en Uruguay, en términos económicos
(con un empeoramiento evidente de
indicadores), políticos (con un aumento de la distancia entre el gobierno y sus
bases sociales) e internacionales (con
gobiernos de otro signo en la región).
Así está dispuesto el escenario: con
un variado movimiento social juvenil
que ha alcanzado importantes logros,
cuyo amplio espectro de activismos
puede clasificarse de varias formas;
con dos hitos recientes que implicaron
exitosas y novedosas articulaciones;
con distancias respecto de políticos y
académicos que no han sabido interpretarlos; en un marco de fracturas sociales agudas y de cambio en ciernes de
la estructura de oportunidad política.
¿Qué decir? ¿Qué vendrá?
Tras la salida de la dictadura, aproximadamente cada ocho años se produce un ciclo de protestas juveniles,
con características distintas cada vez.
En 1988, la coordinadora antirrazias;
en 1996, las ocupaciones estudiantiles;
en 2004, las redes frenteamplistas, y en
2012, la agenda de derechos. Es posible, entonces, que advenga una pausa, un período de latencia. No quiere
decir esto que nada pase, ni que los
actores desaparezcan (de hecho, hay
representantes de cada “generación
movimentista” en espacios muy visibles): simplemente la ola de auge y
convergencia pasa.
Sin embargo, dos o tres motivos
hacen posible otro devenir, un nuevo
resurgimiento. El primero, un factor
interno: el entramado que coaguló en
la campaña contra la baja de la edad de
imputabilidad aún existe. Los canales
de comunicación entre organizaciones
y activistas están intactos. Sus estrategias están maduras y son efectivas.
Sus tácticas y su comunicación han
demostrado capacidad de trascender;
las diferencias entre ellos han sabido
superarse.
El segundo, un factor de contexto:
fue una señal externa la que motivó esa
articulación casi total del activismo social juvenil, una reacción frente a una
iniciativa estigmatizante y populista
que mostraba lo peor de la política, la
disposición a tomar medidas crueles
e ineficientes sólo por oportunismo. Y
ahora nuevamente asoma en el sistema
político un punitivismo demagógico.
Quizás, ojalá, la reiteración del envite
lleve a un nuevo despertar.
El tercer motivo es que son necesarios. Sólo ellos podrán tender un puente para (con limitaciones) comunicar o
traducir, entre el imperante idioma de
lo viejo e instituido y el chivo expiatorio
preferido, con los “jóvenes marginales”, a quienes se les exigen comportamientos para los cuales no se les dieron
oportunidades. Sólo ellos podrán interpretar las nuevas emergencias políticas en la izquierda, desde Podemos a
Syriza. Sólo ellos podrán dar soluciones
innovadoras a viejos problemas, como
la educación y la inseguridad. Lo nuevo va a venir, ha venido, está aquí para
quedarse. Y sólo los jóvenes movilizados podrán expresarlo. ■
Sebastián Aguiar
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LUNES 11·JUL·2016
DÍNAMO
Dando el ejemplo
Conversación con Alejandro Grimson sobre el vínculo del kirchnerismo con su base social y la magnitud de su fracaso
“Siempre hay conspiraciones. La
pregunta es por qué esas conspiraciones a veces triunfan y a veces
fracasan”. Esta frase del antropólogo argentino Alejandro Grimson,
pronunciada en una charla organizada por el espacio de debate político La Jabonería en Buenos Aires,
sintetiza su distanciamiento de
posiciones paranoicas y su disposición a analizar en profundidad la
coyuntura que vive hoy Argentina
tras el triunfo de Mauricio Macri.
Grimson es licenciado en Ciencias
de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, doctor en
Antropología por la Universidad
de Brasilia e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, especializado en procesos migratorios,
zonas de frontera, movimientos
sociales, culturas políticas, identidades e interculturalidad. Analizó los cambios en la base social de
apoyo al kirchnerismo, la creciente
homogeneización de esta corriente
y la ausencia de un relato de futuro que llevó a su derrota en las
últimas elecciones.
–¿Cómo
–
caracterizarías la relación
de los movimientos sociales con el
peronismo?
-Más allá de la diversidad que siempre
han tenido los movimientos sociales,
los orígenes del peronismo, en el año
1945, están muy relacionados con el
ascenso y la constitución del movimiento obrero argentino. Por supuesto, el movimiento obrero se venía organizando desde hacía décadas, pero
siempre en un lugar semiclandestino,
con reconocimientos parciales. El peronismo surgió a partir de un hecho,
que es que un funcionario del Estado,
llamado [Juan Domingo] Perón, secretario de Trabajo, cambió radicalmente la política hacia los dirigentes
del movimiento obrero y sobre ese
cambio fue edificando su propio movimiento. De hecho, cuando Perón fue
encarcelado se produjo la famosa movilización del 17 de octubre de 1945,
que era puramente obrera y ocupaba
Buenos Aires, y una semana después
se fundó el Partido Laborista, que era
un partido organizado por esos sindicatos. Ese partido permitió ganar las
elecciones en febrero de 1946, y Perón
luego lo disolvió para fundar el Partido
Peronista. Si nos proyectamos muchos
años después, en 2000, en Argentina,
había una fragmentación muy grande
del movimiento obrero, pero también
existía el movimiento de piqueteros,
de desocupados, al cual se le agregan
todos los movimientos productos de la
crisis de 2001. El gobierno de [Eduardo] Duhalde acortó su mandato por el
asesinato de dos piqueteros en junio
de 2002; eso generó una crisis política
y se fijó una fecha adelantada para las
elecciones. [Néstor] Kirchner, cuando
llegó al poder, inmediatamente empezó a negociar con los movimientos
piqueteros, que terminaron dividiéndose entre algunos que se integraron
de distintas maneras al kirchnerismo, otros que mantuvieron niveles
Alejandro Grimson. • foto: s/d de autor
de negociación y crítica y otros que
mantuvieron autonomía pero fueron
perdiendo fuerza a lo largo del tiempo. Por supuesto, en el caso del kirchnerismo hay otra relación [con los
movimientos sociales], y es que toma
muchas banderas del movimiento de
derechos humanos, que es un movimiento central en la historia reciente
de la Argentina desde la dictadura.
Muchas veces la oposición criticó que
los organismos de derechos humanos
fueran oficialistas en estos últimos
años. En realidad, si bien hubo algún
caso de esos, en la mayor parte de
los casos el tema era que el gobierno
estaba aplicando buena parte de las
políticas que ellos habían venido reclamando desde hacía muchos años.
–¿Cómo
–
fue el vínculo del
kirchnerismo con el movimiento
sindical?
-Tuvo dos momentos. En los primeros
dos gobiernos, el líder de la Confederación General del Trabajo, Hugo Moyano, fue oficialista, y en los últimos
“Si no tenés proyecto de futuro que enamore
a la sociedad, no podés pretender que la sociedad te reelija por las cosas buenas que hayas
hecho en el pasado”
cuatro años fue opositor. Una de las
razones que siempre se aducen tiene que ver con que él quería tener un
mayor protagonismo político, pero no
sólo es una cuestión personal, sino
más general. En ese partido laborista del 45, un tercio eran dirigentes
sindicales; eso en el peronismo se ha
venido reduciendo mucho, y hoy muy
pocos de los diputados son dirigentes
sindicales. El sector más ligado a la
industria, los docentes y una parte de
los empleados del Estado quedaron
más cercanos al gobierno, y sindicatos como los ligados al transporte se
alejaron. Moyano reclamaba que se
redujera o eliminase el impuesto a las
ganancias que pagan 10% de los asalariados en Argentina. No es un reclamo
ni por los desocupados ni por los más
hambrientos, ni nada por el estilo. En
los años 70 había tres ramas del peronismo: la sindical, la femenina y la
política, y cada una de ellas tenía una
parte del poder del peronismo, pero la
rama sindical fue perdiendo su peso
histórico a lo largo del tiempo. También es verdad que se incorporaron
hijos de desaparecidos y líderes de los
movimientos de desocupados.
qué el sindicalismo fue
–¿Por
–
perdiendo peso político?
-Primero, por el cambio en la estructura productiva argentina, el desempleo
en los 90. Y por otro lado, por un hecho
muy obvio, y es que el sindicalismo en
Argentina tiene poder, pero no tiene
votos propios. Moyano se convirtió
en oposición, pero no logró sacar
votos propios. Él terminó apoyando
otros fenómenos, como el de [Sergio]
Massa o el de Macri, de maneras un
poco ambiguas.
–¿Cuáles
–
fueron las bases sociales
del kirchnerismo?
-La experiencia kirchnerista fue sostenida por los sectores más bajos, por
los excluidos en todo el territorio. Fue
apoyada por sectores obreros amplios,
sobre todo los obreros que vivieron las
experiencias neoliberales. Hay algunos indicios de que los más jóvenes
durante muchos años lo apoyaron,
pero en los últimos años no, porque
el discurso no los interpelaba. El discurso kirchnerista empezó a defender
mucho el pasado y hablar poco del
futuro, y un porcentaje importante
de obreros jóvenes votó a Macri en
la segunda vuelta. Las clases medias
tendieron a dividirse. No la más conservadora típica o antipopular, que
apoyó a la oposición. Las clases medias más progresistas, que siempre
hubo en todas las ciudades argentinas, se dividieron en dos: una parte
apoyó fervientemente al kirchnerismo
y la otra odió fervientemente al kirchnerismo. Eso se llamó acá “la grieta”:
que en una misma familia haya gente
que no sólo tenga opiniones distintas,
sino que considere que la opinión del
otro es una opinión inmoral. Eso sigue
pasando hoy, y el macrismo incluso
profundizó ese fenómeno.
–¿El
– kirchnerismo cometió errores,
en particular en su vínculo con las
bases sociales que lo apoyaban?
-Sí, hubo errores muy grandes. No
hubo ningún plan de sucesión. En
2010, cuando Cristina Fernández se
encaminó a la reelección, está claro
que no había sucesión, porque la sucesión era Néstor Kirchner en el plan
de ellos. En ese momento apareció
la cuestión de que en 2015 tenía que
haber otro candidato. Y en ningún
momento desde 2010 se trabajó en
construir una figura de sucesión. Eso
es increíble. ¿Por qué pasó? En parte,
para no empoderar ministros, para
concentrar poder; en parte, porque
hubo una ilusión en algunos sectores
DÍNAMO
del gobierno de que podían cambiar
la Constitución y lograr la reelección.
Tuvieron una borrachera interpretativa, cometieron un error que se cometió en otros países de América Latina,
que es creer que porque la gente quiere tu proyecto apoya la reelección de
una figura. Pero ese error fue fatal. Y
después de eso se cometieron errores
que tienen que ver con que si no tenés
proyecto de futuro que enamore a la
sociedad, no podés pretender que la
sociedad te reelija por las cosas buenas que hayas hecho en el pasado. El
kirchnerismo cometió un error fatal,
que fue pedirle a la sociedad que le
agradeciera todo lo bueno que había
hecho. La apuesta de 2015 fue a que se
votara el Frente para la Victoria (FV)
porque se había hecho una cantidad
de cosas importantes y se había ampliado una cantidad de derechos. Y en
realidad vos tenés que agradecerle a la
sociedad que te vote y te acompañe,
no pedirle que te agradezca.
–Has
–
dicho en otras ocasiones que el
kirchnerismo se dedicó a hablarles
a los convencidos. ¿La institucionalización hace que el discurso se
vuelva endogámico? ¿En qué sentido eso alejó al kirchnerismo de su
base social?
-Sí, yo creo que cumplió un rol central
en ese distanciamiento. La vocación
reeleccionista generó una crisis política, porque había dirigentes que se
oponían, y planteó una división en el
FV y una separación entre amigos y
enemigos: los que están con el gobierno tienen que estar con todo, apoyar
en todo y no poner en cuestión nada,
y los que cuestionan algo ya están
en la vereda de enfrente. Eso generó
una polarización que fue homogeneizando cada vez más al kirchnerismo.
Cuanto más homogéneo era, más minoritario se volvía. Hay muchas razones por las cuales la gente apoyó a Fernández en 2011. En la medida en que
pasó a haber una exigencia de apoyo
“La cuestión de hablarles a los convencidos
fue radicalizándose y volviéndose moralmente
exigente, en el sentido de ‘ustedes tienen el deber de defender esto, de defender lo logrado’”.
más absoluto, solamente un tercio de
la población estuvo dispuesto a acompañar, que es más o menos el porcentaje de apoyo que sacó el FV en las legislativas de 2013, las cuales perdió en
Buenos Aires, y de esa manera enterró
cualquier proyecto de reforma constitucional. Pero ese enterramiento ya
hizo que no hubiera ningún candidato
de recambio, y menos aún ligado a la
izquierda peronista. La cuestión de
hablarles a los convencidos fue radicalizándose y volviéndose moralmente exigente, en el sentido de “ustedes
tienen el deber de defender esto, de
defender lo logrado”. Y no estaba mal
defender lo logrado en términos de lo
que estamos viendo hoy en Argentina
y en el mundo. El kirchnerismo logró
una enorme ampliación de derechos,
y estaba bien la idea de defender esa
ampliación. Lo que estaba mal era
no darse cuenta de que para defender esa ampliación había que ganar
las elecciones de nuevo, y para eso
no alcanzaba con esa consigna, sino
LUNES 11·JUL·2016
que tenías que construir mayorías, es
decir, construir agenda que hablara
con los sectores de la sociedad que no
están identificados con vos.
fue el peso real y simbólico
–¿Cuál
–
de la aparición de José López con el
dinero en un convento?
-Para mí, divide la historia del kirchnerismo en dos. López destruye dos cosas: primero, cualquier duda sobre si
existe algún hecho de corrupción o no
y, segundo, el mito de que en amplios
sectores del kirchnerismo había habido hechos de corrupción pero habían
sido para financiar la política. Eso, en
voz baja, quería decir: “frente a Macri,
que tiene mucho dinero, ¿cómo hacés
para hacer política?”. Entonces en algún sector existía una justificación en
ese sentido. Pero el dinero de López
era para él, era un seguro de vida para
López, no era para financiar nada. Y a
partir de ahí, divide en dos, porque los
dirigentes que tienen vocación de mayoría rechazan lo de López, exigen la
verdad sobre todo y que se investigue,
pero en realidad hay mucho dirigente
del kirchnerismo que trata de quitarle
importancia a lo de López. Dicen que
era solamente López, como si fuera un
hecho totalmente aislado, y eso hace
que la sociedad se pregunte si los están tomando por tontos. Apareció un
ladrón que estuvo 12 años en tu gobierno, que muchos años antes ya era
funcionario y había sido parte del grupo de Santa Cruz; es medio inverosímil
que ese señor haya estado sentado 12
años ahí y nadie se haya enterado de
nada. Entonces, lo de López puso mucho más a la defensiva a ciertos sectores del kirchnerismo.
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–En
– Uruguay, algunos dirigentes políticos creen que si el Frente Amplio
(FA) vuelve a la oposición, eso va a
facilitar la unidad y la construcción
de un proyecto común. ¿Cómo fue
la experiencia en Argentina, con el
triunfo de Macri?
-No se aplica para nada. El peronismo
está más fragmentado que nunca, y el
kirchnerismo también. Lo que hay en
Argentina es un proceso centrífugo:
no se sabe a dónde va a ir a parar cada
uno de los sectores. Hay un proceso de
fragmentación. Nunca hubo más divisiones y pases de factura y lucha. Por
supuesto, en algún momento eso va a
parar y alguien va a hegemonizar. Ahora, el peronismo no es el FA, y puede ser
hegemonizado por el kirchnerismo o
por un gobernador católico conservador. Yo creo que esa ilusión uruguaya
tiene otro pecado. En los 90, cuando
el FA quería llegar al gobierno pero no
llegaba, en América Latina la izquierda
no tenía un programa de gobierno realista. En los 2000, cuando la oposición
de derecha quiso llegar al poder y no
lo logró, la derecha no tuvo programa
de gobierno. La pregunta que hoy se
tiene que hacer la izquierda en cada
uno de los países es si tiene o no realmente un programa de gobierno viable
para la coyuntura actual y cuál es su
agenda en esta etapa. En Brasil, en Argentina y quizás en algún otro país de
América Latina, una parte de la derrota
que se está viviendo está vinculada a la
carencia de un programa político, económico y culturalmente sustentable
para esta coyuntura. Ir a la oposición
no garantiza que lo tengas. ■
Natalia Uval
Relaciones conflictivas
Resulta cada vez más difícil desarrollar
un diálogo político de izquierda con
un gobierno que no pretende cambiar
las reglas de juego, sino jugar dentro
de ellas. Los campos de disputa son
tantos que podríamos convertir estas
líneas en una enumeración de desencuentros y no alcanzaría el espacio para
abordarlos. Estos van desde las políticas
de seguridad pública, la carcelaria y la
represiva, o la tolerancia infinita con la
impunidad y los privilegios militares,
hasta el prolijo ocultamiento de las
aristas más avanzadas y emancipatorias
de las leyes promulgadas, como la de
Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Los desencuentros subjetivos
se vinculan con un imaginario que
espera y desea políticas capaces de
producir nuestras perspectivas de derechos con mayores niveles de justicia
material y simbólica. El desencanto y
la impotencia parten de ese lugar de
frustración de los sueños al que nos
conducen las propuestas neodesarrollistas y extractivistas.
El disciplinamiento político y
represivo -en aras de una supuesta
unidad- no puede crear obviamente
una pedagogía crítica, y en este punto estamos, tratando aún de tragar la
muerte de un adolescente en el Marconi a manos de un policía, las duchas
frías en invierno en centros de reclusión para adolescentes, las cárceles
cada vez mas repletas y las mujeres
presas con hijos a cargo trasladadas
al mayor penal de mujeres existente,
o un diálogo sobre seguridad que no
convoca a la sociedad civil a debatir.
Aplaudimos y nos reconfortamos
cuando aparecen en los medios voces críticas que nos hacen recuperar
el hilo de una identidad política de
izquierda castigada por la hegemonía
conservadora o atrapada en América Latina en dicotomías que no nos
identifican. No queremos elegir entre un “poco de corrupción”, pero con
políticas sociales que permiten sacar
a miles de personas de la pobreza extrema, y una derecha misógina, fundamentalista y neoliberal. Cuando el
debate se presenta en esos términos
resulta imposible dialogar.
Las feministas conformamos una
vertiente de la izquierda contestataria,
que subvierte el orden económico, político y cultural, y desde ese lugar nos
peleamos con una izquierda que nos
expulsa de la “casa” cuando la criticamos. Las luchas de los feminismos
se confrontan así con una cultura de
izquierda que continúa marginando campos del activismo político a
un lugar secundario, reproduciendo
una división obsoleta teórica y prácticamente entre “lo político” como
gestión del Estado y las relaciones
sociales cotidianas en las que la exclusión social, el racismo, el sexismo
y la heteronormatividad se articulan
en las personas de carne y hueso, en
los cuerpos de las mujeres que padecen violencia y de las niñas y los niños
abusados sexualmente.
¿Cuál es el campo de las alianzas
que los partidos de izquierda privilegian? No parece ser la relación con los
movimientos sociales, con feministas,
ecologistas, activistas de derechos humanos y otras personas inconformistas, una y otra vez estigmatizadas y
ridiculizadas por mirar “el árbol y no
ver el bosque”, sin comprender que
es precisamente el bosque lo que no
nos gusta. Querer mas radicalidad
democrática, menos extractivismo,
más cambio cultural, más relaciones
igualitarias en la política, en la familia
y en la cama no es precisamente de
pesimistas.
Lejos de haber superado viejos
estigmas y prejuicios acerca del feminismo, estos se refuerzan y repiten
en frases hechas, como “las mujeres
sólo quieren más cargos”, cuando
hablamos de paridad o violencia de
género, o “quieren dejar de lado a los
hombres”, cuando se trata de definir la
interrupción de un embarazo.
La justicia ambiental, la social, la
racial y la de género, el aborto y la autonomía reproductiva de las mujeres,
la democracia directa, la participación
y representación de las personas en la
definición de los destinos colectivos y
la situación de adolescentes en conflicto con la ley son algunos de los campos
de la política que no entran a fondo en
las culturas políticas de la izquierda
partidaria para transformarlas. No es
extraño, entonces, que exista cierto
desánimo social.
Al gobierno no sólo le cuesta dialogar con el movimiento feminista y los
movimientos sociales, sino que, sobre
todo, le cuesta entender que lo mejor
para los gobiernos y los movimientos es
reconocer la independencia de unos y
otros y que es la tensión entre reclamos y
respuestas lo que mueve los cambios en
el mundo, y no la obsecuencia. Tampoco
es razonable pensar que alejarse de los
reclamos de los movimientos sociales y
acercarse a gremiales empresariales o
iglesias y ceder terreno a la derecha será
lo que les garantizará su permanencia
en el gobierno. Aprender la lección de
Dilma debería ser obligatorio. ■
Lilián Celiberti
06
LUNES 11·JUL·2016
DÍNAMO
Una propuesta utópica: liceos
participativos para el siglo XXI
Voy a imaginar en estas líneas una proyección ideal sobre lo que podría suponer una real incorporación de la participación social al ámbito de la educación
secundaria. Parto de la base de que las
diferentes expresiones de los movimientos sociales se expresan en tensión (a
veces creadora, otras no tanto) con la
superestructura que se ha construido en
torno a la enseñanza para nuestros adolescentes a lo largo de décadas. Lo que
me propongo pensar es cómo podrían
articularse diversas formas de movilización social e institucionalización en
clave pedagógica, formativa y emancipadora a nivel de sistema en general.
Como un paréntesis entre tanta
discusión tormentosa (y a veces estéril), comparto una síntesis en clave de
propuestas que pretende articular lo que
me ha sido posible percibir como constructivo desde las diferentes demandas
que los movimientos sociales vinculados a la educación vienen realizando.
Con la intención de imaginar un nuevo
tipo de liceo (realmente) participativo,
donde las voces de todos los actores
pueden tener formas de expresión y
articulación creadora.
Los jóvenes: pueden
y deben participar más
Sería deseable que los estudiantes tuvieran instancias de participación más
frecuentes y resolutivas sobre el funcionamiento de los liceos. La elección de
delegados y profesores consejeros y la
participación en la formulación de normas de convivencia deberían ser una actividad de relevancia más destacada en
los centros. A esto habría que agregar la
posibilidad de que los estudiantes evaluaran a los docentes y las actividades
que allí realizan, como forma de ejerci-
cio democrático de control y mejora de
los servicios que se brindan. Esto no va
en desmedro de la autonomía del movimiento estudiantil, sino que, por el contrario, puede revitalizar a un sector clave
de la acción educativa. Para los docentes
supondría la posibilidad de tener más
información sobre qué prácticas resultan positivas, qué cambios hacer y qué
transformar. No se trata de un ejercicio
de contrapoder de los alumnos, sino de
construir, en cada centro, herramientas
de evaluación para afinar la partitura
pedagógica en colectivo. Estimo que las
herramientas tecnológicas pueden resultar sumamente adecuadas para realizar más fácilmente esta tarea, ya que,
con formularios on line y encuestas por
medio de la red Ceibal, se podría dinamizar una experiencia que enriquecería
a toda la secundaria.
Las autoridades deberían monitorear y exigir un trabajo alumno-docente responsable y creativo, y al mismo
tiempo evitar caer en prácticas burocráticas y repetitivas. Existen numerosas prácticas de evaluación estudiantil
que podrían servir como modelos para
traducir y adaptar a las características
del nivel medio.
No sería descabellado pensar que
un liceo participativo pudiera tener instancias de reunión semanal tripartita en
un ámbito que involucrara a los delegados estudiantiles, al equipo de dirección
y a los delegados del claustro docente.
Los de afuera no son de palo
La historia inmediata ha mostrado la
gran vitalidad del movimiento estudiantil universitario a partir de la promoción
de la extensión. Valiosos ejemplos de
diálogo y acciones conjuntas entre el
extensionismo de la Universidad de la
República y diversos liceos en barrios y
localidades del país son prueba de ello.
Esta capacidad de movilización educativa no debería perderse en proyectos
puntuales y debería potenciarse una
vinculación sistemática que inyectaría
savia nueva a la dinámica liceal.
Tomando como punto de partida la
experiencia de Compromiso Educativo
(universitarios que dan apoyo a liceales
en diversas materias), pienso que todo
liceo participativo debería tener espacios para recibir estudiantes universitarios que promovieran momentos de
trabajo interdisciplinario y de revinculación con el entorno económico-social
del centro, para desarrollar prácticas
innovadoras vinculadas con la producción, el género y la familia, la memoria,
el medioambiente, las nuevas tecnologías, el deporte y la comunicación.
Por qué no imaginar que todo joven de nivel terciario cumpliera, como
parte de su formación, una experiencia
de trabajo de extensión en un liceo a lo
largo de un año. Pensando siempre en
trabajos colectivos, con diálogo e intercambio entre estudiantes de la facultad y jóvenes y docentes del liceo, para
proponer actividades comunitarias que
potenciaran el rol del centro educativo
en su entorno. Este liceo participativo
tendría que incluir en su currículo horas
de proyecto comunitario para que estudiantes y profesores trabajaran con los
embajadores de la extensión, y de esa
manera generaran un impacto positivo
en las prácticas de enseñanza, los aprendizajes y las calificaciones.
Creo, además, que la experiencia de
participación estudiantil se vería potenciada por el intercambio de experiencias
y que los jóvenes mayores pueden cumplir el rol de referentes intermedios para
que los adolescentes vayan ganando experiencia tanto gremial como de acción
transformadora y comprometida.
Y por casa cómo andamos
Una clave en los resultados de aprendizaje ha sido (más allá de lo que se
piense de las pruebas externas) el origen familiar de los estudiantes. Parece
imprescindible, entonces, que los liceos
prevean otra forma de involucramiento
por parte de los padres, que trascienda
las comisiones de apoyo. Estas, cuando funcionan, son muy positivas. Pero
secundaria deberá generar instancias
de mayor acercamiento a las familias,
de forma similar a como se hizo con el
sistema de salud, cuando se creó la representación de los usuarios de la salud.
Entiendo que quizás este sea el
“movimiento social” menos visible
(quizás inexistente) del entorno liceal.
Pero cuando existen problemas en un
liceo los padres acuden, y si es difícil
movilizarlos, habrá que ser creativos y
a la vez exigentes con los padres para
que tengan participación. Crear equipos
docentes de acercamiento familiar, en
un formato similar al del maestro comunitario, para que equipos pedagógicos visiten las casas de los estudiantes
con dificultades y motiven a los padres
a participar es un camino intermedio
que puede dar buenos resultados.
Comunidad didáctica
Para cerrar, comparto unas líneas acerca de la participación docente, nudo
central de cualquier transformación
educativa. Esta participación debe ser
en paralelo, y no excluyente de la actividad sindical, y debería enfocarse en
dos niveles. Por un lado, la gestión pedagógica del centro. Los docentes (con
DÍNAMO
estabilidad en un liceo y horas de permanencia pagadas sin trabajo de aula)
deben formar un claustro por centro,
elegir representantes para el equipo de
dirección y tener incidencia directa en la
elaboración de los proyectos comunitarios y en los mecanismos de evaluación
(tanto para los alumnos como para las
instancias de evaluación docente).
Por otro lado, el desarrollo profesional. Es una idea que reitero con
profunda convicción: el cambio en la
enseñanza se podrá realizar cuando los
profesores prolonguemos nuestra experiencia de formación inicial en didáctica
(que se da en los institutos de formación
docente) a lo largo de nuestro trabajo.
Los liceos participativos serán todos “liceos de práctica”, donde los profesores
de las diversas materias, tanto los experimentados como los nuevos, trabajen
en proyectos, propongan evaluaciones
colectivas, visiten las clases, elaboren
estrategias para atender la diversidad,
redacten artículos sobre innovaciones
pedagógicas, aporten lo aprendido en
posgrados y tecnicaturas en seminarios
con sus colegas. Todo esto de forma
coordinada por un claustro que, orientado por áreas, no haga perder a nadie
la singularidad de su materia, pero sí lo
haga trabajar en forma creativa e inclusiva junto con sus colegas; de esta manera, el docente podría, además, obtener
reconocimiento profesional (ascenso
de grado por concurso de desempeño
y méritos; ¡no más por antigüedad!) en
virtud de su compromiso con la participación didáctica.
Bajando a tierra
El problema que tiene todo esto se resume en dos variables: presupuesto y
visión política. Quizás el primero nos
falte en ciclos de enlentecimiento económico. Pero lo segundo supone que
de una vez por todas las autoridades y
el Frente Amplio encaren un gobierno
de la educación con docentes que, incorporando los insumos de todas las
disciplinas que estudian la educación
(la sociología, la economía, la psicología,
etcétera), prioricen la mirada pedagógica sobre el tema y salgan de la danza
de números (horas de clase, repetición,
promociones), ladrillos y demandas ajenas a la valiosa y difícil tarea de enseñar.
Si vamos a encarar una educación
con más estudiantes de todos los sectores sociales, en desventaja contracultural con respecto a los medios inmediatistas y proconsumismo, debemos crear
las condiciones institucionales para que
sea pedagógicamente participativa.
Saber convertir los reclamos docentes en faros que adviertan el camino a
seguir, con una propuesta institucional
audaz y en diálogo, y evitar el “miedo” a
confrontar con los elementos que utiliza
el sindicalismo para trancar cualquier
cambio es una responsabilidad de las
autoridades. Que los reclamos y la forma en que se hacen no sean parte de
una minoría activista, justa en sus fines
pero alejada del colectivo docente y de la
sociedad en general, es responsabilidad
de los profesores. Que la política y las
aulas no sigan en este diálogo de sordos
puede ser una oportunidad para que los
estudiantes demanden más participación. Estar a la altura de los desafíos, sin
usar consignas demagógicas para la tribuna, debe ser el primer paso de todos
los adultos que estamos metidos en este
baile y tenemos ganas de cambiar el disk
jockey, poner otras luces y que la educación sea una fiesta para todos. ■
Gabriel Quirici
LUNES 11·JUL·2016
07
El lado izquierdo del ambiente
En los procesos regionales de los últimos
años -enmarcados en el establecimiento de gobiernos progresistas-, la relación
entre los partidos y los gobiernos de izquierda suele verse como problemática,
cuando no conflictiva.
En Uruguay puede decirse -al menos eso es lo que sostienen Naína Pierri y
Daniel Renfrew en sus respectivas investigaciones- que gran parte de la sociedad
civil vinculada a temas ambientales se
organizó como producto de un proceso
de relación con el Estado y con una agenda de temas tempranamente globalizada.
Por su parte, Alain Santandreu y
Eduardo Gudynas realizaron una completa revisión de los conflictos ambientales en Uruguay desde mediados de la
década de los 80 hasta fines de la década
de los 90. Allí puede verse una diversidad
de organizaciones, todas ellas de base
local, que denunciaban algún tipo de
contaminación o rechazaban emprendimientos contaminantes. Es a uno de
estos conflictos que debemos la actual
prohibición de producir energía nuclear
en el país, heredera de la movilización de
personas de Paso de los Toros a comienzos de la década de los 90.
Hay tres procesos que desencadenan lo que podríamos denominar “ambientalismo popular” en Uruguay, esto
es, un tipo de militancia de base ambiental que tiene en el foco de su atención la
injusticia social. La denuncia de la contaminación con plomo en la zona de La
Teja, la denuncia de los primeros eventos transgénicos introducidos al país y
la campaña por el plebiscito del agua en
2004 son los momentos que ponen en
el tapete la indisociable relación entre
la distribución de la riqueza y la distribución de las inequidades ambientales.
Podemos decir que, hasta ese momento, la izquierda política veía con buenos ojos estas causas populares y que en
la mayoría de los casos estuvo de su lado,
de manera más o menos entusiasta. El
gran cambio, sin dudas, lo generó la llegada del Frente Amplio al gobierno, en
2005. Este cambio no fue tal solamente
para la díada izquierda política-ambientalismo, sino también, y particularmente,
para la relación entre el ambientalismo y
las organizaciones sociales más próximas
al gobierno (en particular, los sindicatos).
Esto debe leerse no sólo desde la afinidad
partidaria, sino también desde las lecturas ideológicas más ortodoxas que ven en
la consigna etapista del “desarrollo de las
fuerzas productivas” un paso inexorable
al socialismo.
En particular, el rechazo al proyecto
de desarrollo megaminero en el país (con
sus componentes de distrito minero en
Valentines, puerto de aguas profundas en
Rocha y planta regasificadora en Montevideo) sentó las bases para la emergencia
de lo que junto con Daniel Renfrew me
atrevo a denominar “nuevo ambientalismo”, sobre todo a partir del surgimiento
de la Asamblea Nacional Permanente en
Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales, que lleva organizadas ocho marchas
en Montevideo y que con una amplia
consigna reunió a colectivos de todo el
país que reivindican alguna problemática
ambiental. Este movimiento, de amplia
diversidad ideológica, ha logrado establecer una confluencia muy sólida en su
plataforma, en base a las ideas de justicia,
soberanía y participación.
Del otro lado, ya transitando su tercer período de gobierno, el Frente Amplio se enfrenta a la necesidad de ampliar su enfoque sobre la problemática
ambiental más allá de la discusión en
torno a la gestión, para dar lugar abiertamente a la discusión sobre opciones
y modelos de desarrollo. La experiencia de los progresismos -y los ambientalismos- de la región obliga a encarar
la tarea de abrir ese debate, so pena de
volver a la retórica neoliberal de los
años 90 que generó la exitosa consigna
de “Uruguay Natural”, hoy usada como
marco de políticas y como consigna de
movilizaciones con sentidos muy diferentes, que no logran ser expuestos con
franqueza y profundidad. ■
Carlos Santos
¿Tiene futuro la reforma
de la salud sin mayor
protagonismo social?
La construcción del Sistema Nacional
Integrado de Salud (SNIS) incorporó la
participación social como una estrategia
clave ya desde sus definiciones programáticas. Es más, el programa aprobado
por el congreso del Frente Amplio en
2003 es sustancialmente similar al levantado por la Federación Uruguaya de la
Salud (FUS) en su congreso de mayo del
mismo año. La Comisión de Programa de
la FUS estuvo entre las usinas de pensamiento que dieron forma concreta a una
aspiración programática de larga data.
La participación social en la definición de las políticas de salud y el control
social de la gestión quedaron en el diseño
del SNIS. Hubo dos referencias históricas: las múltiples experiencias de participación comunitaria en la base y el rol
de las fuerzas sociales en la conducción
del Banco de Previsión Social. Se estableció la participación de trabajadores
y usuarios en la Junta Nacional de Salud
(Junasa), las Juntas Departamentales de
Salud (Judesas), el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del
Estado y los Consejos Consultivos por
efector. La creación del movimiento de
usuarios de la salud se apoyó en las comisiones de salud de los consejos vecinales
en Montevideo, con asambleas abiertas
en todo el país.
Desde 2006 se fue creando un nuevo actor en el campo de la salud: los
usuarios organizados. Pelearon por
su espacio y sus derechos, apoyaron
y cuestionaron políticas del gobierno,
defendieron la profundización del SNIS.
También hubo divisiones y llegó a haber tres movimientos, aunque esa no
es la situación actual. La creación del
Movimiento en Defensa de la Salud de
los Uruguayos se tradujo en una amplia
movilización que juntó más de 56.000
firmas por una plataforma común.
La actitud del gobierno y en particular del Ministerio de Salud Pública (MSP)
fue de apoyo claro desde el comienzo,
con vaivenes en los distintos períodos.
La Intendencia de Montevideo, desde la
División Salud, y los alcaldes capitalinos
apoyaron fuertemente la organización
de los usuarios. En cuanto al MSP, cabe
señalar críticamente que en varios momentos centró la participación en las
representaciones en Junasa y Judesas,
en lugar de hacerlo en el vínculo con la
población. Poner el énfasis en los cargos
indujo a la competencia por ellos, en lugar de jerarquizar las acciones colectivas
por la salud.
Hoy, órganos de dirección como la
Junasa y las Judesas conducen poco. Los
consejos consultivos son muchas veces
ignorados por las direcciones institucionales. Dice el movimiento de usuarios:
“No es aceptable que haya, como sucede
hoy, departamentos o instituciones sin
funcionamiento de estos organismos,
o con una periodicidad menor a seis
reuniones anuales, sin diagnósticos ni
planes locales aprobados”. Las organi-
zaciones de usuarios resintieron la falta
de claridad en la hoja de ruta del SNIS
y los escasos avances en el cambio del
modelo de atención.
La concepción de la salud que inspira
el SNIS pone el énfasis en el involucramiento de la comunidad para enfrentar
los problemas de salud. Es una estrategia de transformación en un sistema en el
que el poder económico y simbólico están
fuertemente concentrados. Si tomamos
de Pierre Bourdieu el concepto de “campo”, podremos analizar la salud desde sus
agentes, poderes, estructuras, prácticas
contrapuestas y sistemas de alianzas.
Cuando la derecha ataca la participación social en salud, sabe lo que
hace. Cuando desde la izquierda se la
subestima, ignora o boicotea, cuando
desde la academia se la omite como
objeto de análisis, se está cometiendo
un error serio.
Hoy, desde las fuerzas sociales, se
promueve incrementar la participación
de la sociedad en las políticas de salud.
Se reivindican instancias democráticas,
como asambleas de salud convocadas
desde redes de salud, para definir problemas prioritarios, líneas de acción y
rendición de cuentas. El SNIS necesita
una estructura organizativa más horizontal, más cercana a la población, con más
protagonismo social de los trabajadores,
los usuarios y la comunidad. ■
Pablo Anzalone
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LUNES 11·JUL·2016
DÍNAMO
ción de Cuentas. Los compromisos
programáticos, como se dijo, son de
contenido similar (6% del Producto Interno Bruto a la educación,
“fonasamiento” de ASSE, Sistema
Nacional de Cuidados -SNC-, entre otros). Sin embargo, en la ley
de presupuesto, y más aun con las
reducciones presupuestales de esta
rendición, la realidad se aleja mucho de esos objetivos y delinea un
presupuesto procíclico, que revierte
la línea de los diez años anteriores
y se aleja del cumplimiento de esos
compromisos programáticos, en especial en el área social.
• En segundo lugar, las pautas salariales, que desindexan los salarios
de la inflación, dejando de lado un
elemento histórico de la alianza entre el FA y el PIT-CNT, proponen aumentos nominales, que con certeza
causarán reducción de salario real, y
alejan dos años los correctivos para
recuperar la pérdida.
• En tercer lugar, cuestiones vinculadas con los mecanismos institucionales, como haber decretado la
esencialidad en la educación.
El bloque social de los cambios
1. De los orígenes a 2004
El proceso de acumulación de la
izquierda en Uruguay estuvo desde siempre ligado a dos grandes
vertientes: una política, por medio
de las organizaciones partidarias
y la creación, en 1971, del Frente
Amplio (FA), y una social, particularmente sindical, con la fundación de la Convención Nacional de
Trabajadores (CNT), en 1966, su
rol central en la huelga general de
1973 y su proceso de desarrollo en
democracia con el PIT-CNT.
Ese proceso en común tuvo a su
vez varias facetas. La primera es la
definición de la unidad como algo
central para el avance, expresada en
la CNT y el FA. La segunda faceta
es la programática. El Congreso del
Pueblo realizado en agosto de 1965,
antes de la unificación sindical y con
representantes de organizaciones
sindicales, estudiantiles, cooperativistas, de jubilados, de la educación,
de la cultura y de pequeños productores, desarrolló una propuesta llamada “Programa de soluciones a
la crisis”, que sostenía la necesidad
de realizar importantes reformas en
el agro, el comercio exterior, la industria, la banca, la tributación y la
educación, al tiempo que levantaba
un reclamo de mayores libertades.
Luego, la unificada CNT tomó gran
parte de ese programa.
El FA nació con un programa de
gobierno expresado en las 30 medidas propuestas en 1971, en enorme
coincidencia con las iniciativas del
Congreso del Pueblo, que eran el
eje de la CNT. La reforma agraria,
la nacionalización de la banca y del
comercio exterior, la recuperación
del salario real previo a la congela-
ción de salarios dispuesta por Jorge
Pacheco Areco y el Seguro Nacional
de Salud son ejemplos de varias de
esas coincidencias.
La tercera faceta se refiere a las
luchas y movilizaciones que unieron a las organizaciones políticas
sociales en la calle, y en particular
al proceso de resistencia a la dictadura, en los años 70, y al neoliberalismo, en los años 90.
En suma, la acumulación política de la izquierda en Uruguay tiene
un enorme vínculo con el proceso
de acumulación sindical y con las
luchas obreras.
2. De 2005 a 2014
El FA llega al gobierno nacional en
2005. La faceta programática de la
que hablábamos antes se materializó en el programa de gobierno
impulsado por el FA, en términos
generales y especialmente en las
áreas social y laboral.
Buena parte de los postulados
con los que el FA llegó a gobernar
emanaban dialécticamente de su
interacción con el PIT-CNT. Y no
me refiero sólo a los más generales, a los que tenían que ver con el
crecimiento simultáneo de la redistribución o con la integración
regional como estrategia central
de inserción internacional, sino
también a aspectos que fueron el
rasgo distintivo y de mayor impacto
transformador en estos diez años,
como la reforma laboral y la reforma
de la salud.
La reforma laboral tuvo, entre
sus rasgos centrales, históricos reclamos del movimiento sindical,
como los de negociación colectiva
(incluyendo a los trabajadores del
sector público), libertad sindical,
control de las tercerizaciones y
promoción del sindicalismo. La
reforma de la salud se realizó mediante un proceso global debatido en el seno del FA, pero tuvo su
expresión primera y más fuerte en
la reforma del sistema de financiamiento, con la creación del Seguro
Nacional de Salud, en un modelo
de cambio que fue definido primero por la Federación Uruguaya
de la Salud, en 2001, y luego por la
convención médica del Sindicato
Médico del Uruguay, en 2004.
Y la interacción no se da sólo
con el movimiento sindical. Los
cambios en vivienda con la promoción de las cooperativas y la
inclusión del subsidio a la permanencia son los dos ejes de la
propuesta histórica de la Federación Uruguaya de Cooperativas
de Vivienda por Ayuda Mutua. Al
mismo tiempo, el sistema de cuidados emerge de las reivindicaciones históricas del feminismo.
Esta comunión programática
se acompañó de apoyos desde el
movimiento obrero, sin que este
perdiera su independencia de clase,
para realizar, continuar y profundizar las transformaciones. La frase
“somos independientes, pero no
indiferentes a los cambios” definió
el sello de la central sindical.
Y hechos relevantes fueron,
entre otros, el apoyo del PIT-CNT
ante lock outs patronales que quisieron desestabilizar al gobierno
del FA, como el de los camioneros
o el conflicto anestésico-quirúrgico.
En esa misma dirección, la estrategia de reformas del FA priorizó la
participación social, y en particu-
lar la sindical, en la conducción de
organismos públicos, como en la
Junta de Salud, como en la Administración de Servicios de Salud del
Estado (ASSE) y como en la Administración Nacional de Educación
Pública, entre otros.
En síntesis, el gobierno del FA
puso en marcha una estrategia de
desarrollo que mucho tuvo que ver
con la acumulación conjunta del
movimiento obrero y de los partidos de izquierda, y que contó con
un sostén fundamental en ella. Lo
desarrollado en estos dos primeros puntos ha llevado a definir la
economía política de los cambios,
durante estos diez años, a partir de
la existencia del bloque social de
los cambios que integra el FA junto
con el movimiento sindical y otras
organizaciones sociales.
3. De 2015 hasta hoy
Nuestra visión es que desde 2015
hasta ahora ha habido una política
pública que no ha sustentado su
accionar en el desarrollo y la consolidación del actual bloque social
de los cambios, sino que más bien
ha tomado un conjunto de medidas
y ha desarrollado una estrategia de
alianzas que van en sentido contrario. En el proceso de cambios fue
clave la dialéctica entre lo social y
lo institucional; entendemos que
en los últimos años se ha procesado
una modificación que se refugia en
lo institucional.
Las referencias más importantes para la afirmación anterior son
las siguientes:
• En primer lugar, el mensaje presupuestal y actualmente la Rendi-
• En cuarto lugar, el proyecto de
cambios en el Fondo de Desarrollo Social (Fondes) que subsumía
a cooperativas y microempresas
en un fondo común. Por la oposición del movimiento sindical y de
buena parte de la bancada del FA,
ese proyecto cambió y conservó las
características originales del Fondes. Lo mismo pasó con el Sistema
Nacional de Competitividad, que se
volvió -también por esfuerzos desde
el movimiento sindical y la bancada
del FA- sistema de transformación
productiva y competitividad.
• En quinto lugar, hubo cambios
en el concepto y la dimensión de la
participación social. El SNC, a diferencia del sistema de salud, no tiene
esa participación en su dirección;
tampoco la tiene el sistema de competitividad, y se pretendía reducirla
en el Instituto Nacional de Empleo
y Formación Profesional.
• En sexto lugar -y esto no es menor-,
los quiebres en el diálogo y la comunicación y el anuncio de propuestas
muy sensibles (como la desindexación o la esencialidad) sin diálogo.
Estos cambios en el diseño de
instrumentos han tenido ya algunos impactos, en particular en 2015,
cuando se enlenteció el crecimiento del salario real mes a mes, cayó
la masa salarial y, por ende, hubo
concentración funcional del ingreso
y se detuvo la caída de la pobreza.
¿Estamos ya ante tendencias?
¿Son reversibles? Afirmo que sí son
reversibles. Que es posible revertir
este proceso y retomar la senda de
distribución del ingreso y de empuje conjunto del bloque histórico
de los cambios. Esto dependerá de
cómo evolucione un conjunto de
decisiones y actitudes. Entre las primeras, destaco la importancia que
tendría cambiar la pauta salarial y
definir en 2017 una Rendición de
Cuentas que alinee la adjudicación
de recursos con los desafíos programáticos sociales y laborales. ■
Daniel Olesker