Download 29 de Mayo 2008 Licda. Rosa María Salazar Fiscalía de Derechos

29 de Mayo 2008
Licda. Rosa María Salazar
Fiscalía de Derechos Humanos
Ministerio Público
15 avenida 15-16, zona 1
Barrio Gerona, Ciudad de Guatemala
Guatemala
Distinguida Licda. Salazar:
Nosotros, los siguientes 1,414 individuos, nos juntamos con Human Rights First
para expresarle nuestra gran preocupación por la continua, evidente intimidación y
amenazas de muerte contra la Fundación de Antropología Forense de Guatemala
(FAFG) y el juez Eduardo Cojulún.
El día lunes 19 de mayo el Director Ejecutivo de la FAFG Fredy Peccerelli y otros
miembros y personal de esta institución recibieron un mensaje de amenaza de muerte
por correo electrónico dirigido al Sr. Peccerelli, su familia y personal de la FAFG,
particularmente se menciona a la esposa del Sr. Peccerelli. Se hace referencia de la
vigilancia del personal y sobre Omar Bertoni Girón, jefe de Laboratorio, además de su
paternidad y de amenazas a su esposa. Este mensaje hace clara referencia del trabajo de
la FAFG y su incidencia en los procedimientos legales.
El miércoles 22 de mayo continuaron las intimidaciones y amenazas de muerte por el
mismo medio electrónico contra la familia del Sr. Peccerelli, a sus hermanos Bianca
Peccerelli de Girón y Gianni Peccerelli, además de hacerse un énfasis en el retiro de las
denuncias y el acabar con todos en la FAFG.
Como es de su conocimiento la FAFG lleva a cabo investigaciones antropológico
forenses en apoyo del sistema de justicia nacional, desde hace ya más de 15 años
contribuyendo a los procesos de justicia con elementos probatorios en su trabajo del
esclarecimiento de la verdad a través de medios técnico-científicos, en su mayoría en
masacres, muertes extrajudiciales y desapariciones forzadas en comunidades afectadas
por el conflicto armado interno guatemalteco.
El día 19 de mayo los testimonios por el caso de Genocidio, que agrupa a 21 masacres
de comunidades indígenas, señalaron a generales retirados como responsables
intelectuales de estos hechos. La recopilación de estas declaraciones por una comisión
rogatoria solicitada por la Audiencia Española, esta a cargo del Juez Undécimo de
Instancia Penal Lic. Eduardo Cojulún que ha llevado a cabo las audiencias en donde se
ha escuchado a sobrevivientes de las masacres y peritos.
El día martes 20, el juez Eduardo Cojulún externo públicamente haber recibido
amenazas de muerte referente a su trabajo con las diligencias para España. El Sr. Juez
hizo de conocimiento público por medio radial haber realizado una denuncia al
Ministerio Público adjuntando testimonios para que se investiguen a los individuos e
instituciones señaladas por las víctimas, debido a que existe la información sustancial que señalan a
los altos mandos militares por las violaciones a los derechos humanos en los casos de las masacres de
Plan de Sánchez y Río Negro entre otras. El informe señala que serian culpables del crimen de
omisión, las autoridades guatemaltecas, si no llevan a cabo la investigación de ley.
Estas amenazas son un claro intento de detener a la FAFG y al Sr. Juez Cojulún por buscar justicia
respecto a las atrocidades cometidas en Guatemala. Son los actos más recientes en un claro patrón de
intimidación durante varios años contra trabajadores de la FAFG. Amenazar a objetivos de alto perfil
como la FAFG y al Sr. Juez Cojulún tiene un efecto silenciador más amplio para la sociedad civil,
desalentando esfuerzos para combatir la impunidad en Guatemala atemorizando a testigos y víctimas.
En el Plan de Acción Nacional en Derechos Humanos 2007-2017, en referencia al objetivo estratégico
#7, entregado al presidente Colom en diciembre del 2007, insta a garantizar los derechos de los
defensores de derechos humanos, víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos ocurridas
por el conflicto armado interno y testigos. Específicamente garantiza: ‘…que los jueces, abogados,
peritos y otros sujetos procesales no sean intimidados, amenazados para lograr el combate a la
impunidad y lograr la justicia’.
Solicitudes
Por lo anteriormente expuesto, Human Rights First manifiesta su preocupación en la clara indicación
de detener la promoción de los derechos humanos y el avance del sistema de justicia con las
intimidaciones y amenazas de muerte para todos involucrados en la lucha por la justicia.
Por lo manifestado en una carta enviada al Lic. Juan Luis Florido con fecha 8 de abril del 2008,
amenazas a organizaciones involucradas en esclarecer el pasado como CALDH, Fundación Nueva
Esperanza, además de una serie de actos intimidatorios en los últimos meses y años a la FAFG e
incluso el secuestro de su personal.
Human Rights First le insta a:
•
•
•
Implementar el objetivo estratégico #7 del Plan de Acción Nacional en Derechos Humanos
con la investigación inmediata de las amenazas de muerte;
Garantizar una persecución penal de los perpetradores de todos los actos antes mencionados;
Revisar y reforzar, si es necesario, la protección del Sr. Juez Eduardo Cojulún y FAFG.
Debido a que con anterioridad las amenazas contra la FAFG han precedido a una ola de ataques contra
otras organizaciones que buscan la justicia por crímenes cometidos, encontrar y perseguir a los
perpetradores de estos actos intimidatorios será muy valioso para disuadir futuras amenazas contra
defensores de derechos humanos.
Agradeciendo su atención a la urgencia de esta solicitud,
Sinceramente,
(Los nombres de los 1,414 firmantes han sido ocultados por razones de privacidad.)
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