Download La Junta plantea cerrar facultades con poca demanda de

DIARIO DE SEVILLA
15 de Mayo de 2014
O.J.D.:| Jueves
14708
Fecha: 15/05/2014
Sección: ANDALUCIA
Páginas: 37
E.G.M.: 85000
Tarifa: 2000 €
Área:
432 cm2 - 50%
ANDALUCÍA
37
La Junta plantea cerrar facultades
con poca demanda de universitarios
● Sánchez Maldonado anuncia una reforma de las titulaciones ● Alega que no pueden egresar
alumnos que luego no absorba el mercado de trabajo como ocurre con la carrera de Periodismo
R. A. SEVILLA
Con los datos de la última Encuesta de Población Activa aún frescos, que arroja un paro juvenil
que supera el 62% en Andalucía y
se traduce en 202.000 menores
de 25 años desempleados, muchos de ellos recién titulados, el
Gobierno de la Junta plantea una
reformulación de las titulaciones
universitarias que conllevaría, incluso, el cierre de algunas facultades con poca demanda. Así lo
anunció ayer el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado,
en Sevilla, que avanzó que la Junta prepara un plan para mejorar
José Sánchez Maldonado
Consejero Economía e Innovación
El objetivo de la
reforma de la Junta
será pegar la formación
al mundo empresarial”
JOSÉ ÁNGEL GARCÍA
el capital humano mediante la reforma de las titulaciones universitarias, sin descartar cerrar facultades con pocos alumnos, y
otra de la Formación Profesional.
En el primer encuentro informativo Nuestras empresas, organizado por el Club Antares, con el patrocinio de Vodafone, el consejero
explicó que el objetivo de las reformas será “pegar la formación al
mundo empresarial”, según recoge Efe. En este sentido, el consejero alegó que no pueden egresar
alumnos que después no puede
absorber el mercado de trabajo como ocurre en algunas carreras como en Periodismo, ya que lo que se
Pasillos del edificio del Rectorado de la Universidad de Sevilla, sede de las facultades de Filología, Geografía e Historia.
necesitan son ingenieros y especialistas en tecnologías.
Hasta ahora la Administración
autonómica ha llevado la universidad a todo el territorio y en 20
años se ha superado la diferencia
en el acceso universitario con el
resto de España, recordó, aunque
el consejeró apuntó que hay voces críticas con este despliegue
por todo el territorio.
“A partir de ahora hay que adecuar las titulaciones al mercado
laboral y potenciar los núcleos
importantes y la especialización
que tienen las universidades co-
mo la de Aeronáutica en Sevilla y
la de Agrónomos en Córdoba”,
expuso el responsable autonómico de las universidades públicas
andaluzas. “La mejora del capital
humano y, por tanto del conocimiento, es el principal instrumento de política económica que
tiene el Gobierno autonómico”,
dijo sobre un próximo “plan andaluz del conocimiento” que
abordará todos estos cambios.
Durante el discurso, el consejero de Susana Díaz señaló a la necesidad de un cambio en la política económica de la Unión Euro-
pea y de España y por una reforma del sistema fiscal y de la Administración pública, así como por
“atacar el fraude fiscal y social”.
Asimismo, se mostró optimista
sobre las previsiones económicas
de Andalucía, “que superarán este
año el dígito y unas décimas a la
media nacional”, y también se
mostró confiado en que el paro baje del millón de personas. Un dato
que vendrá de la mano, a su juicio,
gracias a los los planes de la Junta
para impulsar el crédito a las empresas mediante acuerdos con las
principales entidades financieras
Carlos Rojas contrató a UGT desde Motril
para la realización de cursos de formación
J. M. M. P. SEVILLA
El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, recurrió
a los servicios de UGT para que se
encargara de los cursos de formación para el empleo que daba la
Mancomunidad de Municipios de
la Costa Tropical de Granada, entidad de la que fue presidente en
su condición de alcalde de Motril.
Esta subcontratación de cursos,
con fondos procedentes de la Jun-
ta, se realizó a través del Instituto
de Formación y Estudios Sociales
(IFES), una fundación de UGT que
opera en todo el país, y que es objeto de algunas de las investigaciones judiciales que analizan ahora
la legalidad de estos cursos. En
principio, los convenios que Rojas
firmó con el IFES entre los años
2008 y 2011 no contienen ilegalidad, aunque algunos de ellos se
realizaron sin procedimiento de
publicidad, que es uno de los he-
chos criticados por el PP y apuntados por la Cámara de Cuentas en
su informe de enero de 2014. Esta
suerte de auditoría estudió los cursos de formación entre 2009 y
2010, y el 89% de ellos se contrataron sin concurrencia competitiva en el primer año.
Carlos Rojas fue una de las voces
del PP que sostuvo que los fraudes
en cursos de formación que investiga la Fiscalía y algunos juzgados
andaluces son indicativos de una
irregularidad masiva. La propia
presidenta de la Junta, Susana Díaz, preguntó a Rojas en la pasada
sesión de control por qué “unos
[cursos] sí valen, y los de al lado,
no”. En esta sesión de control, que
fue una de las más duras de los últimos años, Rojas mostró unos papeles que indicaba que el esposo
de la presidenta había trabajado
en IFES, que es la misma entidad
de UGT que él contrató desde la
macomunidad granadina.
del país y también los programas
para impulsar el empleo con el de
la construcción sostenible.
Para Sánchez Maldonado “es
un éxito” el plan de construcción
sostenible, que en un mes y medio desde su puesto en marcha ha
comprometido incentivos por casi la mitad de la inversión total
prevista en dos años (150 millones de euros) y a día de hoy cuenta con más de 5.500 empresas
adscritas, que movilizarán una
inversión de unos cien millones,
según los datos facilitados por la
Consejería de Economía.
Varios de estos convenios son
contratos dados en régimen de no
competencia. Así, en julio de 2011,
un escrito de la Mancomunidad de
Municipios de la Costa Tropical
“invita [al IFES] a participar en el
procedimiento negociado sin publicidad, considerando que esta
empresa se halla capacitada” .
Por otra parte, el consejero de
Educación, Luciano Alonso, reveló ayer en el Parlamento que 265
ayuntamientos del PP aún deben
justificar un total de 275 millones
de euros gastados en formación.
De la investigación que realiza, sólo hay cuatro resoluciones firmes
de reintegro por 1,05 millones; entre éstos, está el Ayuntamiento de
Fuenteheridos, que es del PSOE.