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Sector petrolero: Recuento de daños por la reforma
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j.l.apodaca v.
Previo a la reforma energética de diciembre de 2013, por mandato
constitucional Petróleos Mexicanos era responsable del sistema nacional
integrado para suministrar hidrocarburos en todo el territorio nacional y también
exportar crudo, mediante los procesos de exploración, extracción, conducción,
transporte, refinación, petroquímica, distribución y venta. Por ley se
desarrollaron armónicamente durante más de siete décadas todos los
elementos de la cadena de valor, siendo propiedad de la Nación las reservas
de crudo y gas natural, los pozos, las plataformas petroleras, redes de ductos,
refinerías, plantas petroquímicas, estaciones de compresión, centros de
procesamiento de gas, y gasolineras. Para disponer de toda esa infraestructura
productiva, se efectuaban de manera integral las funciones de planeación,
construcción, operación, mantenimiento y comercialización; y se logró la
expansión del sistema nacional de hidrocarburos, con un suministro confiable
presente y futuro, a costos competitivos. La estructura organizacional y el
recurso humano especializado de Pemex, y la participación acotada de
contratistas mexicanos y extranjeros, aseguraron la realización de todas las
funciones, y nunca estuvo en su naturaleza de monopolio estatal ejercer el
poder del mercado, para provocar escasez en el suministro de hidrocarburos y
especular con los precios.
La intención gubernamental de privatizar gradualmente el sector petrolero1,
endeudar ilimitadamente a Pemex, propiciar la ineficiencia de su personal,
retrasar la inversión en refinerías, tolerar el cohecho en el ejercicio de sus
enormes recursos presupuestales y el incremento sostenido en el robo de
petrolíferos, son las causas principales de ineficacia en la administración y
finanzas de la paraestatal. A pesar de toda esa ineficiencia administrativa, el
muy importante remanente de Pemex2, derivado de los altos precios del crudo
y costos bajos de extracción, se dedicó a cubrir el déficit fiscal nacional, se
perdió la oportunidad de invertir en infraestructura y desarrollar el sector
petroquímico nacional, para apuntalar el crecimiento del empleo y la economía
interna mexicana3.
La reforma energética de diciembre de 2013 elimina el monopolio
gubernamental sobre la cadena de valor para el suministro de hidrocarburos, y
las empresas privadas preponderantemente trasnacionales tendrán poder
monopólico sobre los eslabones más importantes de la misma4. El Congreso y
1
Entre los años 2000 y 2010 se solicitaron créditos pidiregas por 100 miles de millones de dólares, para pagar en 25
años 300 miles de millones de dólares.
2
En los últimos tres lustros Pemex transfirió al gobierno federal nueve billones de pesos por la vía impositiva.
3
México recauda actualmente un 11 % del PIB en ISR e IVA, y los grandes monopolios mexicanos y extranjeros no
pagan impuestos. Pemex transfiere casi un 60% de sus ingresos al gobierno federal.
4
http://sener.gob.mx/webSener/res/prensa/Reforma_Energetica-Decreto.pdf
el Ejecutivo “mostraron cautela” en establecer legalmente la propiedad de la
Nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo. Sin embargo, todos los
procesos de exploración, extracción, transporte, refinación, petroquímica,
distribución, y comercialización, podrán ser realizados por empresas privadas
protegidas por la ley, que además serán propietarias de las instalaciones
requeridas para ello. Aún en las concesiones de exploración y extracción de
hidrocarburos, las empresas privadas reportarían en sus finanzas los beneficios
esperados, siempre y cuando expresen que esos recursos del subsuelo
“pertenecen a México”; las leyes secundarias que aprobará en breve el
Congreso establecerán modalidades de participación de las empresas privadas
en estos rubros: utilidad y producción compartida; concesiones para explorar y
extraer crudo y gas natural; pago en efectivo y en especie.
Pemex se convierte en una empresa productiva del Estado, y pierde su
intervención exclusiva en la mayor parte de los procesos y funciones que antes
realizaba. La Comisión Nacional de Hidrocarburos será responsable de asignar
concesiones y contratos, y la Comisión Reguladora de Energía otorgará
permisos para transporte, almacenamiento, y distribución de hidrocarburos, así
como regular accesos y desarrollo de redes de conducción. Surge el Centro
Nacional de Información de Hidrocarburos, y se crea el Centro Nacional de
Control de Gas Natural encargado de la operación del sistema nacional de
ductos de transporte y almacenamiento. El Fondo Mexicano del Petróleo será
el encargado de recibir los ingresos, realizar los pagos a contratistas, las
transferencias para las inversiones, fondos para estados y para sustentabilidad;
y también comprenderá los derechos a la federación en un monto fijo de 4.7 %
del PIB.
Con esta reforma todo apunta a la sobre explotación de las reservas
nacionales, para asegurar en el corto plazo mantener el ingreso fiscal del
gobierno federal. También se incrementarán radicalmente las ganancias de las
empresas privadas, preponderantemente extranjeras; se agotará a corto plazo
el patrimonio nacional y se contaminará intensamente al país con la explotación
de lutitas; y no existe en el dictamen de reforma la intención expresa de
estimular la economía interna y el empleo de los mexicanos. En conclusión, ni
en el pasado ni en el futuro se habrán explotado nuestros recursos naturales
para estimular la economía productiva interna y el empleo5.
El gobierno federal y el Congreso prometieron que con la reforma energética
disminuirían los precios de las gasolinas, pero en los cambios a la Constitución
no se observa ningún compromiso en este respecto, y sí por el contrario la
apertura indiscriminada a la participación de empresas privadas en su mayoría
extranjeras perfila incrementos importantes.
5
La mitad de los mexicanos sufre un cierto grado de pobreza y la cuarta parte de pobreza extrema.
En los transitorios se cita que los derechos laborales de los trabajadores de
Pemex se respetarán de conformidad con la ley, pero la apertura legal para dar
a contrato las tareas que ahora efectúan más de 150 miles de trabajadores,
apuntan a una disminución radical de la plantilla laboral, independientemente
que se cubran las indemnizaciones legales correspondientes.
Los 95 senadores que votaron a favor de esta reforma energética deberán
responder los cuestionamientos que hacemos los mexicanos, y están obligados
a revisar con mayor acuciosidad las leyes secundarias que en breve aprobarán,
para intentar subsanar parte de los errores y omisiones en que han incurrido.
Monterrey N.L. 16 de febrero de 2014.