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PRIMERA PARTE w
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EL ORDEN INSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA REFORMA AGRARIA I.
ANTECEDENTES
En 1978 la situación de tenencia de la tierra en Nicaragua era extremadamente
aguda por su alto grado de concentración. Existían unas 2 mil propiedades
mayores de 500 manzanas que significaban la mitad de la tierra en fincas del país y
de ellas 575 unidades concentraban el 37.5% del área en fincas.
En el otro extremo 52 mil campesinos minifundistas que representaban más de la
mitad de los propietarios registrados, poseían sólo 190 mil 108 manzanas, es decir
el 3.4 por ciento del total de las tierras bajo cultivo.
ETAPAS DEL PROCESO DE TRANSFORMACION AGRARIA
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II.
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Mientras tanto decenas de miles de campesinos no poseían tierras y se
encontraban aprisionados entre el monopolio latifundista y la desocupación rural,
completando este cuadro un sector amplio de campesinos migrantes, precaristas y
propietarios medios de las zonas interiores que vivían empobrecidos en el atraso y
la marginalidad. (ver Anexo 1, Cuadro 1)
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PRIMERA ETAPA (Recuperación de bienes usurpados por el
somocismo)
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En 1979 con el derrocamiento del régimen de Somoza y el triunfo de la Revolución,
el gobierno sandinista inicia un fuerte proceso de transformación agraria que se
desarrolla a partir de una base legal sólida que se expresa en la promulgación de
una importante legislación agraria que pasó por cuatro etapas fundamentales a
saber:
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Esta etapa se inicia en julio de 1979 y su objetivo primordial consiste en la
recuperación de las tierras usurpadas por el somocismo y en la creación de un eje
estatal como base inicial para la reconstrucción económica del país.
Entre los meses julio de 1979 y febrero de 1980 son promulgados los Decretos 3,
38 y 329, que persiguen la confiscación de los bienes de la familia Somoza,
militares y allegados al régimen, con el objetivo de recuperar los bienes del pueblo.
La concentración somocista había sido acelerada y masiva. Solamente la familia
Somoza era dueña del 20% de la tierra. En Managua poseían 68 fincas rústicas y
139 en la Región IV. Departamentos como Río San Juan eran prácticamente una
hacienda familiar de los Somoza con las 120 mil manzanas que habían acumulado.
Pero además, comandantes departamentales, oficiales del alto mando y
terratenientes allegados al régimen, empleando coacción, persecuciones y todo
género de violencia fueron acrecentando la ola de acaparamiento de tierras. El
general Gustavo Guillén se hizo de 32 fincas en Madriz y Managua; Arnoldo García
21 fincas en Managua; Inocente Mojica 18 fincas; Gregorio Pichardo 26 fincas en la
Región VI. Los generales Reynaldo Pérez, Samuel Genie, Manuel López y Julio
Morales con 8 fincas cada uno.
Mientras tanto al amparo del régimen Cornelio Hueck había acaparado 31 fincas en
tres Regiones; J. Ignacio González Montiel 28 fincas; Gabriel Pineda 26 en la
Región II; Los hermanos Abascales y Tablada Solís 19 y 12 respectivamente en la
Región V. Fernando Agüero, Julio C. Montealegre, los hermanos Galo, Ignacio
Arauz, Donald Spencer, para citar a algunos, alcanzaron en corto tiempo acumular
cada uno cerca de 10 mil manzanas. (Ver Anexo No. 1, Cuadro No. 5).
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Casi un millón 600 mil manzanas fueron recuperadas. Eran propiedades
tecnificadas organizadas bajo la forma de plantaciones donde trabajaban decenas
de miles de obreros agrícolas y por lo mismo poco susceptibles de ser repartidas a
los campesinos sin tierras, debido también a la necesidad de producir sin que ello
significara una caída significativa en la producción.
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Con estas tierras se organizaron mil 200 unidades de producción estatal (UPES),
que pasaron a conformar el Sector Estatal de las Empresas de Reforma Agraria o
APP. En Diciembre de 1980 fue promulgada la Ley de Empresas de Reforma
Agraria para proporcionar un marco legal a estas empresas, constituyéndolas en
empresas de nuevo tipo con formas de participación obrera en la gestión
empresarial.
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En tanto no había sido promulgada una Ley de Reforma Agraria fueron emitidos
los Decretos 230 del 5 de enero de 1980, 263 del 31 de enero de 1980, 293 del
13 de febrero de 1980 y 671 del 11 de marzo de 1981, mediante los cuales los
campesinos medieros, aparceros y colonos que con tierras en posesión en tal
carácter tenían opción preferencial para continuarlas arrendando, lo mismo para las
que estaban siendo trabajadas en mediería o aparcería. En esta etapa el énfasis
estuvo centrado en la recuperación de los bienes a los somocistas y en la
conformación de un fuerte sector empresarial del Estado que mantuvo el empleo de
miles de obreros agrícolas. Las entregas de tierras al campesinado fueron en
general limitados tanto por el tipo de propiedad recuperada como por la ausencia
de una normación legal que regulara las formas de transferencia entre el Estado y el
campesinado. Esta situación determina la Segunda Etapa de la Reforma Agraria.
2.
SEGUNDA ETAPA (Ley de Reforma Agraria. Afectación del
latifundio ocioso)
Esta etapa se inicia en julio de 1981. El Plan de Reforma Agraria que en ella se
desarrolla se circunscribe en el marco de la reactivación nacional. Sus objetivos
son principalmente brindar acceso a la tierra al campesino pobre a través de la
eliminación progresiva del latifundio improductivo y la creación y fortalecimiento del
movimiento cooperativo.
El 19 de julio de 1981 es promulgada la Ley de Reforma Agraria. Se trata de una
Ley antioligárquica cuyo objetivo primordial es continuar la democratización de la
propiedad afectando el latifundio ocioso y mal explotado. No limita la cantidad de
manzanas que cada propietario deba tener y ordena la expropiación de las fincas
ociosas, abandonadas, cedidas en arriendo o deficientemente explotadas que
tuviesen una extensión mayor a 500 manzanas en el Pacífico y Centro Interior y 1
mil manzanas en el Atlántico.
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Todavía en 1981 encontrábamos una fuerte concentración agraria que impedía dar
respuesta a la presión de la tierra. En la Región I por ejemplo, las familias Lovo y
Ramos poseían más de 6 mil manzanas. En la Región II, 32 mil manzanas estaban
en manos de los Gasteazoro; 26 mil 280 de los Midence-Pinell; los sucesores de
Tesla Alvarado con 17 mil; Bersabé Poveda con 10 mil; y Nicaragua Sugar States
con 28,500 manzanas.
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En la Región III los Sucesores de Alfonso Estrada y Mendoza, poseían 15 mil y 16
mil manzanas respectivamente.
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En la Región V, el latifundio en San José de los Gómez continuaba con las 35,000
manzanas de la original hacienda señorial de la Colonia. San Antonio de Boquerón
de Oiga Prego con 18,335 manzanas.
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En Masaya con una densa población de campesinos sin tierra, SAIMSA retenía
alrededor de 5 mil 200 manzanas. Esta era más o menos la situación del
latifundismo en Nicaragua para 1981. (Ver Anexo No. 1, Cuadro No. 6).
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La Ley de Reforma Agraria reguló el acceso del campesinado pobre a la tierra y
facultó al Ministerio de Desarrollo Agropecuario proceder a la titulación mediante
Títulos de Reforma Agraria de las tierras afectadas por el proceso de Reforma
Agraria o que hubieren pasado al Estado por cualquier otro medio para beneficiar a
campesinos individuales u organizados en cooperativas, a medieros, aparceros,
colonos y productores individuales. (Ver Anexo 1, Cuadro 4)
Mediante Decreto No. 826 del 17 de septiembre de 1981 es promulgada la Ley de
Cooperativas Agropecuarias. Dicha Ley regula la empresa autogestionaria en sus
distintos aspectos: fines y propósitos del cooperativismo, elementos fundamentales
del régimen económico y de gestión, estímulos y apoyos del Estado y la estructura
interna de los modelos típicos de organización cooperativa, elaborados a partir de
la experiencia de las cooperativas de producción, por lo que dejó algunos vacíos
legales con relación a otras formas de cooperación.
Los resultados de esta Segunda Etapa fueron muy positivos. La Reforma Agraria
tuvo sus efectos en el Plan de Reactivación Económica al poner a trabajar unas
500 propiedades correspondientes a 400 mil manzanas que se encontraban en
estado de abandono y ociosidad. La estructura latifundiaria de tenencia de la tierra
se redujo en un 5%.
En esta Etapa fueron organizadas más de 2 mil cooperativas con 60 mil cabezas
de familias integradas por campesinos sin tierras o de tierras marginales que
comenzaron a hacer producir las tierras expropiadas. Los resultados de la titulación
de tierras al campesinado se hizo sentir: más de 300 mil manzanas a unas 15 mil
familias fueron tituladas en esta etapa.
Es necesario poner de relieve que las expropiaciones fueron realizadas empleando
la indemnización al propietario. No fueron confiscaciones como a la familia
Somoza, sino más bien una suerte de venta al Estado por la ley. A enero de 1990, el
gobierno sandinista había pagado en indemnizaciones el equivalente a 24.6
millones de dólares.
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TERCERA ETAPA (Reforma Agraria en el marco de la agresión)
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A finales de 1983 el país entra en un período de defensa de la soberanía ante la
agresión extranjera. La guerra fue determinante para el proceso de transformación
agraria y los planes de Reforma Agraria se desarrollan aceleradamente en el marco
de una economía de resistencia y sobrevivencia.
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Los objetivos principales de esta etapa estuvieron centrados en la titulación masiva
al campesinado individual que en el marco de la guerra estaba creciendo, en la
respuesta a miles de familias campesinas desplazadas por efectos de la agresión y
en el fortalecimiento del movimiento cooperativo.
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La defensa militar y la transformación agraria estuvieron ligadas a una nueva
disposición organizativa y territorial para enfrentar la agresión.
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En este marco se desarrolla la ejecución de un Plan Extraordinario de Titulación a
campesinos individuales que con la guerra, expresaban una mayor inseguridad en
su posesión ante una situación de tenencia precaria en tierras nacionales, ejidales y
en proyectos del extinto IAN ubicados en zonas de frontera agrícola como Waslala,
Wiwilí, el Cua y otras. En este período se titulan alrededor de 1.2 millones de
manzanas.
La reubicación hacia lugares más seguros a miles de familias de las Regiones I, V y
VI que se encontraban en el escenario militar era sumamente necesario para darles
protección y a la vez concentrarlas en territorios que les permitiera una autodefensa
apropiada.
Aunado a estos, una significativa cantidad de campesinos ubicados en zonas de
alta concentración minifundiaria como los departamentos de Masaya y Carazo
comienzan a presionar demandando tierras y requieren de una respuesta urgente.
En este marco para enfrentar la guerra y dar respuesta a las situaciones planteadas
fue necesario en primer lugar reformar la Ley de Reforma Agraria y el 11 de enero
de 1986 es reformada la citada Ley (Ley No. 14), eliminando los límites para
afectar tierras deficientemente explotadas y se introduce como causal de
expropiación la utilidad pública e interés social. Por otro lado se refuerza la
jurisdicción agraria de carácter especial creando un procedimiento ágil para la
solución de conflictos agrarios entre el campesinado.
Se hizo necesario constituir fondos de tierra que no implicaran acelerar las
expropiaciones. Este fue un dilema que nos planteó la guerra; y nos inclinamos
para dar respuesta a las nuevas demandas, por las cesiones de áreas del APP
principalmente y por la adquisición de propiedades por la vía de la compraventa en
efectivo y las permutas.
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En consecuencia, una parte significativa del fondo de tierras tuvo su origen en
permutas o cambios de propiedades entre el Estado y propietarios privados y
en compraventas cuyo pago se efectuó en dinero efectivo y en bienes de capital:
más de 900 propiedades fueron adquiridas en ese período cuyo rango de área
oscilaba entre las 50-200 manzanas, invirtiendo el gobierno alrededor de 50
millones de dólares.
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También se compraron propiedades más o menos grandes puesto que era
necesario buscar refugio productivo de emergencia para miles de desplazados. En
la Región I a Alejandro Briones 552 manzanas, Alejandro Cruz 1 mil manzanas,
María Nelly Albir de Bendaña 700 manzanas. En la Región VI, a Guillermo Mc.Ewan
2 mil manzanas, María Cisne de Anzoategui mil 600 manzanas, Esmeralda de
Trewin cinco fincas (La Lima), Dora Leclair mil manzanas (La Estrella, Zaragoza).
Asimismo se efectuaron más de 200 permutas o cambios de fincas con propietarios
privados como parte de los planes de reforma agraria.
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Al finalizar esta etapa fueron afectadas más de 600 mil manzanas y unas 650
propiedades; se organizaron más de 160 asentamientos en las regiones I, V y VI
integrados por más de 79 mil campesinos; las cooperativas se concentraron para
su defensa en polos cooperativos, el sector de las Empresas de Reforma Agraria
cedió unas 300 mil manzanas, quedando aproximadamente 400 mil manzanas
abandonadas por efectos de la guerra. La mayor cantidad de latifundios quedó
expropiada en este período y la estructura de tenencia de la tierra fue reducida a un
6.7% de la tierra cultivable del país.
4.
CUARTA ETAPA (Consolidación y formalización)
Esta etapa se inicia en 1987 y concluye en el mes de abril de 1990, abriendo una
nueva fase en el proceso de transformación agraria con ocho años de experiencia
acumulada y un balance claro de los principales logros y problemas. Este período
se inicia en enero de 1987 y concluye en el mes de abril de 1990.
Con el fracaso de la agresión, el pluralismo político, la concertación y la unidad
nacional entre todos los sectores del país, se inicia una etapa distinta que busca la
consolidación de las acciones realizadas en años anteriores, así como brindar
seguridad a la propiedad sobre la tierra en el marco de la paz y la reconstrucción.
En ese período se trazan como líneas principales el ordenamiento y consolidación
de las acciones realizadas en los años anteriores, contemplándose en el Programa
de Reforma Agraria como acciones:
La recuperación de territorios productivos que habían sido abandonados por
efectos de la guerra; el completamiento de las cooperativas, ya que por la misma
guerra la relación tierra-hombre tanto en el Pacífico como en el Centro Interior no se
correspondía.
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Asimismo se plantea reducir las afectaciones a propietarios privados y la cesión de
áreas de las Empresas de Reforma Agraria; la legalización de las tierras que habían
sido entregadas a los beneficiarios de la Reforma Agraria; el cumplimiento de
compromisos pendientes con propietarios privados como pagos, indemnizaciones,
permutas y devoluciones a particulares en cuyo proceso de afectación se
encontraban inconsistencias.
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Se planteaban como beneficiarios para este período principalmente a demandantes
ubicados en focos históricos de presión campesina por la tierra; desmovilizados del
Servicio Militar Patriótico de origen campesino; obreros, empleados y técnicos
incluidos en programas especiales como producto de la reducción presupuestaria
que efectuaría el gobierno en esta etapa y desplazados de la contrarrevolución que
fueron beneficiados mediante programas especiales. Este fenómeno se centró
principalmente en la Región I.
Período enero 87/julio 89
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La Cuarta Etapa se subdivide en dos períodos importantes:
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En este período fueron entregadas y tituladas 205 mil 831 manzanas que beneficiaron 8 mil 975 familias cuyo fondo de tierras y beneficiarios estuvo determinado
por las políticas y líneas establecidas para el período.
El 9 de enero de 1987 es promulgada la Constitución Política que marca un
momento histórico muy importante para Nicaragua. Por primera vez en su historia
la Constitución Política inserta el concepto de función social y democratizadora
de la propiedad pronunciándose contra el latifundio y a favor de los sectores
humildes del campo, estableciéndose el régimen de economía mixta, regulando el
marco general para la transformación agraria, y reafirmando lo establecido en la
legislación vigente.
En este contexto y a la par de ello, como parte del programa de ordenamiento y
consolidación son promulgadas las Leyes creadoras de las Corporaciones
Nacionales del Sector Público Agropecuario, la gran mayoría emitidas en el año
1988, que agruparon las Empresas de Reforma Agraria en 12 corporaciones
ramales agrícolas, pecuarias, agroindustriales y de servicios.
En esta etapa el proceso de afectaciones latifundiarias por la Ley de Reforma
Agraria originó unas 150 mil manzanas a nivel nacional. El APP cedió unas 80,000
manzanas para los beneficiarios de la Reforma Agraria. La estructura de tenencia
de la tierra se ve reducida en un 2% quedando finalmente en un 6.5% de la tierra
cultivable las propiedades mayores de 500 manzanas.
Período agosto 89 abril 90
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Asimismo se concibe y desarrolla un plan masivo de ordenamiento de la tenencia
de la tierra que significa la ejecución de un Plan Extraordinario de Titulación,
logrando titular unas 200 mil manzanas a 9 mil familias que ya las tenían asignadas
y en posesión. Dicho plan tiene su mayor auge en el período agosto 89—abril 90
con las elecciones y la transición, para lo cual se gestionan recursos especiales que
el Estado destinó para estos efectos y sin los cuales no hubiese sido posible el
desarrollo de esta acción.
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Este período se circunscribe en el marco del proceso electoral y la transición y
recoge los objetivos y acciones programadas a ejecutarse dentro de la Cuarta
Etapa del Proceso de Transformación Agraria que comienza en enero de 1987.
(Anexo 1, Documento 1).
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En este período se aceleran un conjunto de acciones que habían sido programas al
inicio de la Cuarta Etapa y que son:
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i. La ejecución de un Plan Extraordinario de Titulación que contemplaba
concluir con la legalización de los beneficiarios en esta etapa. Para ello, la
Presidencia de la República había aprobado mediante instrucción MP-10-38-89
del 7 de agosto de 89 la suma de 2 mil millones de córdobas. (Anexo 1,
Documento 2).
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ii. La promulgación de un conjunto de leyes dirigidas a la protección y
consolidación de la propiedad campesina y cooperativa y a brindar un marco
legal organizativo adecuado a las formas asociativas;
iii. Al cumplimiento de un conjunto de compromisos con propietarios privados
provenientes de compraventas efectuadas por el Estado en la Etapa anterior, al
pago de indemnizaciones a propietarios afectados en el proceso de Reforma
Agraria y a las devoluciones de fincas a propietarios afectados por la Ley de
Reforma Agraria en cuyo proceso se comprobaron inconsistencias. EI 7 de julio
de 1989 en despacho Presidencial el Ejecutivo había aprobado un Plan de
Indemnización con bienes de capital, insumos agropecuarios. (Anexo 1, Documento 3).
1.
Titulación
Desde agosto de 1989 a abril de 1990 fueron tituladas 875 mil 910 manzanas a 36
mil 139 familias distribuidas así:
Cooperativas
—369 mil 328 manzanas a 22 mil 533 familias organizadas en cooperativas
correspondiente a 2 mil 500 títulos, que corresponde al 82% de las familias
beneficiadas y el 57% en área.
Individuales
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—276 mil 193 manzanas a 6 mil 604 familias individuales lo que corresponde al
18% de las familias beneficiadas y el 43% en área.
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Área no computable
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—230 mil 389 manzanas que corresponden a 7 mil 001 familias no se computan
para evitar duplicidades por las siguientes razones:
de
títulos
definitivos
a
campesinos
que
tenían
títulos
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b. Sustitución
provisionales.
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a. Reposiciones de Títulos de Reforma Agraria extraviados, errados o
rectificados.
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c. Completamiento de áreas a cooperativas que ya hablan sido tituladas
parcialmente.
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d. Áreas devueltas y legalizaciones de permutas que aparecen en el listado.
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e. Legalización de posesiones institucionales al EPS, MINT y organismos no
gubernamentales.
En consecuencia el área real titulada por primera vez a los beneficiarios de la
Reforma Agraria en el período Agosto 89-Abril 90, es de 645,521 manzanas
correspondiente a 29,137 familias.
Origen del fondo de tierras para la Titulación
a. Del total de área titulada por primera vez incluyendo las devoluciones y
permutas, el 85% corresponden a áreas que se encontraban en posesión de los
beneficiarios desde años anteriores y que provinieron de expropiaciones,
compras y otras vías establecidas por la Ley;
b. El 15% significan 130 mil manzanas que fueron desmembradas en un 80%
de HATONIC —Corporación del APP—, para dar respuesta a campesinos
ubicados en focos históricos de alta presión, obreros, empleados y técnicos
comprendidos en programas especiales estructurados en el marco de la
reducción presupuestaria del Estado y devoluciones a propietarios privados.
Rangos de Áreas de la Titulación
Con relación a los rangos de áreas al 87% de los beneficiarios individuales les
fueron tituladas áreas que se encuentran en los rangos de 0 a 50 manzanas, es
decir pequeñas unidades productivas que además en su mayoría son suelos de
potencial ganadero.
Marco Jurídico
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EI 13% restante se encuentra en áreas mayores de 500 manzanas. Apenas un 1%
de los beneficiarios recibieron áreas mayores él 500 manzanas, de los cuales el
56.5% las recibieron como devoluciones y permutas de propiedades entre el
Estado y propietarios privados equivalentes en áreas y/o en calidad por la que se
había previamente afectado. (Ver Anexo 1, Cuadro 7 y 8).
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Durante los meses de marzo y abril fue promulgado un conjunto de leyes tendentes
a consolidar la propiedad campesina y cooperativa, a ordenar mecanismos de
solución de sus conflictos agrarios a través de la creación de una jurisdicción de
carácter especializada y a brindar los instrumentos adecuados de protección y
defensa a la organización campesina. Así, son promulgadas las siguientes Leyes:
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—Ley de Protección a la Propiedad Agraria (Ley 88)
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Esta Ley protege la propiedad de la tierra a los beneficiarios de la Reforma Agraria y
ordena a los Registradores Públicos de la Propiedad Inmueble la inscripción de
todos los títulos provisionales o definitivos. A ese momento el 80% de los Títulos
que habían recibido los asignatarios eran de carácter provisional.
Por otro lado libera las limitaciones establecidas en los títulos de Reforma Agraria,
en donde la propiedad no podía transferirse o enajenarse sin autorización del
Estado. Esto fue resultado de una presión que se había venido gestando en el
campesinado y sus organizaciones desde 1983 fecha en que se liberan parte de
esas limitaciones.
De esta manera con la Ley 88 se permite la transferencia de los derechos
otorgados en los títulos de Reforma Agraria; con el fin de equiparar dichos títulos
con los derivados de cualquier Escritura Pública ordinaria y así brindar al
campesinado una mayor seguridad sobre la tierra y satisfacer finalmente sus
propias reivindicaciones.
—Ley de Traslado de la Jurisdicción y Procedimientos Agrarios
Esta Ley traslada al poder judicial con un procedimiento ágil las facultades
jurisdiccionales que tenía el MIDINRA de conocer y resolver conflictos agrarios.
—Ley de Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales
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Esta Ley derogatoria de la anterior del 17 de septiembre de 1981 se venía gestando
por la maduración propia del movimiento cooperativo. Contiene en términos
generales los principios y definiciones de las leyes comparadas del cooperativismo.
Deja toda su regulación a los estatutos y reglamentos de cada cooperativa, sin
embargo establece la autonomía de las cooperativas con relación al Estado y sus
órganos de gestión creando el Fondo Nacional de Desarrollo Cooperativo
Agropecuario y trasladando las funciones del Registro Cooperativo al Ministerio del
Trabajo.
Cumplimiento de compromisos con propietarios privados
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3.
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Por otra parte esta última Ley regula todo tipo de organización cooperativa, ya sea
CAS o CCS y demás dejando abierta la posibilidad a cualquier otro tipo de modelo.
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Desde 1987 se habían venido legalizando las permutas mediante la entrega de
Títulos de Reforma Agraria, siempre que el propietario privado, así lo aceptara ante
la imposibilidad de legalizar este tipo de transacción por la falta de recursos
económicos para enfrentarla, ya que el gobierno no disponía de un fondo especial
para cubrir los impuestos que generaba este tipo de transferencias.
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La mayor parte de los propietarios con los cuales se efectuaron permutas, aceptó
hasta el último momento la opción de poder legalizar la propiedad que recibieron
mediante Título de Reforma Agraria. Estos fueron entre muchos otros los casos de
Eduardo Deshon Montealegre, Dr. Juan José Sánchez, Jacobo Arguello Téfel, Fabio
Arguello, etc.
Por otro lado se efectuó un conjunto de devoluciones de propiedades que se
encontraban ya inscritas a favor del Estado, por lo que la única manera viable para
devolverlas legalmente fue la utilización del mecanismo de la titulación agraria.
Así tenemos que a nivel nacional fueron tituladas en los meses de marzo y abril a
propietarios privados 117 casos de permutas y devoluciones, de los cuales 32
casos se enmarcan en los títulos emitidos a individuales con áreas mayores a 500
manzanas. (Anexo 1, Cuadro 9)
En cuanto a las indemnizaciones se cumplió con un total de 300 propietarios, 132
de los cuales recibieron bienes de capital superiores a los tres millones y
medio de dólares. (Ver Anexo 3)
Algunos casos de interés son: Allan Argüello US$164 mil dólares en equipos en
compensación por la Finca Alsacia en la Región II. Esta misma finca su dueño
pretendió se le devolviera a través de la Procuraduría. Otros casos fueron los de
Edgard Argüello Sacasa, Ramiro Herdocia Castellón, Clarisa de Álvarez, Remigio
Reyes M, Telémaco Castellón, Nina Conti de Rodríguez, Guillermo Ramírez B,
Oscar Meneses Gallo, Humberto Chamorro Chamorro, Zelmira de Midence, Elda de
Argüello, Christian Largaespada, Ana María Chamarra de Hollman, Telma
Fernández vda. de Prego, María Cecilia Castro de Zeledón.
III.
ONCE AÑOS DE TRANSFORMACION AGRARIA
1.
La Reforma Agraria Sandinista imprimió en el agro nicaragüense la
transformación social y económica más acelerada y profunda de su historia.
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Más de la mitad de toda la propiedad agraria ha sido modificada; ciento veinte mil
familias que constituyen el 75% de la población campesina han sido beneficiadas
con asignaciones de tierras y títulos de propiedad. La propiedad somocista fue
liquidada de raíz, mientras el latifundismo que en el pasado concentró alrededor del
50% de la tierra, se redujo a un 7%. (Ver Anexo 1, Cuadro 1)
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Hoy el 35% de la tierra pertenece a los productores campesinos beneficiados por la
Reforma Agraria. Sin embargo, el cambio en las relaciones de propiedad, con todo
y su innegable trascendencia, es sólo la base sobre la cual la Revolución ha venido
edificando una nueva vida en el campo. (ver Anexo 1, Cuadro 3)
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Ciertamente, detrás de las estadísticas, está el contenido humanista que entraña la
solución al problema de la tierra en un país agrícola, donde la mitad de la población
vive en el campo y sólo el 3.4% de la tierra estaba en manos de los campesinos.
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2.
En comparación a otros procesos agrarios, Nicaragua presenta algunos
rasgos distintivos:
a. No se produjo una “nacionalización” de la tierra tampoco una reducción
generalizada en el tamaño de la propiedad. Más bien se expropió el
latifundismo somocista y la gran propiedad ociosa y, por excepción, se
afectó las tierras dejadas en abandono
b. En Nicaragua no se produjo una “estatización” completa de la propiedad
afectada; tampoco se suprimió la tenencia individual de la tierra ni se impuso
la “colectivización” del campesinado. Por el contrario, el Área Propiedad del
Pueblo (APP) se constituyó con el doble propósito de crear un eje dinámico
de “vanguardia” dentro de la economía mixta, lo mismo que un polo seguro
de producción agropecuaria para la reconstrucción nacional. Este eje se
formó con empresas agroindustriales recuperadas al somocismo que no
podían ser sujetas a una simple parcelación
c. Las cooperativas de producción más que como modelo “ideológico” surgen
frente a la necesidad de dar respuesta a los semiproletarios, obreros
agrícolas desempleados y campesinos pobres que venían reclamando
precisamente muchas de esas grandes propiedades afectadas. Estas últimas
dedicadas comúnmente a cultivos de exportación y dotadas
empresarialmente de una infraestructura, no se prestaban a la parcelación
sin el riesgo de dañar su unidad y su lógica productiva. En Nicaragua, no se
impulsó tampoco la cooperativización en base a la unión de bienes y
propiedades de pequeños productores
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d. La Reforma Agraria Sandinista estableció desde temprano el régimen de
economía mixta con cuatro sectores de propiedad: estatal, cooperativa,
privada y comunal. Estas formas son el resultado del complejo entretejido de
factores políticos e históricos y de las necesidades mismas del desarrollo de
la Revolución en sus diferentes etapas. La unidad nacional y el imperativo de
producir, constituyeron el espacio para la integración a la nueva economía de
la propiedad empresarial. La pequeña y mediana propiedad por sus amplias
y profundas raíces tradicionales, su peso en la producción y su papel en el
fortalecimiento de las alianzas para enfrentar la agresión imperialista, fue más
bien protegida y estimulada en el marco jurídico y económico creado por la
Revolución
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e. La Reforma Agraria nicaragüense tuvo desde su inicio un carácter
participativo amplio. Poco antes del triunfo de la Revolución, por la propia
iniciativa popular, se produjeron las ocupaciones de los primeros latifundios.
Más tarde, al crearse el Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA), ya
estaba extendida en todo el territorio la toma espontánea de tierras mediante
colectivos de trabajadores (ATC) que iniciaron la organización y la gestión de
la producción agropecuaria
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f. La economía campesina jugó un papel central en la transformación agraria.
La Revolución Sandinista multiplicó la pequeña producción privada
asignando tierras a decenas de miles de familias campesinas. Dado el
creciente peso del campesinado, más que por la sobrevivencia de formas
capitalistas de producción, la gestión estatal se orientó bajo los esquemas
de una economía mercantil, apartándose de la planificación centralizada
El papel del Estado en este sentido consistió en modificar el papel marginal y
subordinado de la economía campesina, alterando los moldes tradicionales en que
ésta se encontraba aprisionada. La tierra, la organización gremial y productiva, las
inversiones para la modernización tecnológica gradual y las palancas del crédito,
comercio y precios preferenciales, se pusieron en favor de levantar la producción
campesina para transformarla en uno de los ejes de la reactivación económica y la
reconstrucción nacional.
3.
El proceso de transformación agraria nicaragüense estuvo sustentado en una
sólida plataforma jurídica que fortalece y legitima todo lo actuado en el marco de un
estado de derecho. A lo largo de los once años de transformación agraria fue
emitida una voluminosa normativa agraria que marca un hito muy importante en la
historia de Nicaragua y a nivel comparado en el desarrollo del derecho agrario. Esto
permitió que la propiedad campesina, cooperativa, privada y estatal fuese
legalizada en más de un 90%.