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DISCURSO DEL PRESIDENTE
D. MODESTO PIÑEIRO GARCÍA-LAGO
PLENO DE FIN DE AÑO 2010
Un año más me dirijo a todos vosotros desde este mismo atril y con el mismo
motivo, que no es otro que celebrar este Pleno Extraordinario de fin de año.
Las circunstancias sin embargo hoy son radicalmente distintas, el Real Decreto del
pasado día 3 de diciembre desarrolla, no sin cierta confusión, la medida anunciada
el 1 del mismo mes de anular la obligatoriedad del pago de las cuotas empresariales
a las Cámaras de Comercio.
En el preámbulo, se afirma que la medida serviría para ayudar a mejorar la
eficacia de nuestras actuaciones ya que las empresas acudirían a las Cámaras a
utilizar nuestros servicios, pagando lógicamente, en la medida que dichos servicios
satisfagan sus necesidades. Seríamos en ese caso una empresa prestadora de
servicios, compitiendo en el mercado con otras empresas privadas.
Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España forman parte del
llamado “modelo continental”, vigente en la mayor parte de los países de nuestro
entorno como Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Holanda, Austria,
Grecia…, que se caracteriza por su naturaleza, fines, financiación pública,
organización y estructura democrática. Son, en consecuencia, corporaciones de
Derecho Público con obligaciones establecidas por Ley y, aunque participan de la
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naturaleza de las Administraciones Públicas y están sometidas a la tutela de la
legalidad de las mismas, no forman parte de ellas.
Ese era el modelo que establecía la Ley 3/93, para las Cámaras, aprobada por
unanimidad de todos los grupos parlamentarios y refrendada por el Tribunal
Constitucional, hasta la publicación del Real Decreto-Ley 13/2010, del pasado 3 de
diciembre. El proyecto del Gobierno de suprimir la cuota cameral y la adscripción
obligatoria, mientras que se mantiene la exigencia de cumplir funciones públicoadministrativas y la defensa de intereses generales resulta, en primera instancia,
como mínimo, improvisada y de difícil ejecución. El que estas medidas se hayan
adoptado sin que haya mediado consulta alguna, ni a las Cámaras ni a sus
Administraciones tutelantes, agrava aún más su trascendencia.
Las consecuencias que se derivan de su actual enunciado pueden ser muy graves,
siendo las principales perjudicadas las propias empresas, y, especialmente, las
pymes. Estas medidas son particularmente adversas en momentos en los que, más
que nunca, se necesitan empresas con futuro, aquellas que apuestan por la
internacionalización, la formación, la innovación y el uso de las tecnologías de la
información, cuestiones en las que las Cámaras, junto con el apoyo a la creación de
empresas y al emprendedor contribuimos, gracias a los recursos públicos
disponibles, de una manera destacada. De hecho, las Cámaras somos la primera
institución no oficial, tras la propia Administración, que más medios destina a la
internacionalización y a la formación.
Somos también órganos consultivos y de asesoramiento de las Administraciones
Públicas, identificando las necesidades de las empresas y proponiendo medidas
para su mejora competitiva. Su eliminación supondría la renuncia a un destacado
actor de la sociedad civil.
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Las Cámaras somos, y espero sigamos siéndolo, la voz de las empresas, en la
defensa del interés general, y creo necesario mencionar como uno de los ejemplos,
la reciente actuación de la Cámara de Cantabria a favor de las empresas afectadas
por la Ley de Costas. Este trabajo, que se ha hecho en defensa de industrias de
distintos sectores, actividades y tamaños, comercios, empresas del sector turístico,
ganaderías, etc. ha sido posible porque las empresas están constituidas en Cámara
de Comercio, ¿o alguien piensa que una organización empresarial privada iba a
realizar un estudio para defender a empresarios y actividades no asociadas?
El RD aprobado dice que a partir de ahora la aportación de las cuotas
empresariales a las Cámaras es voluntaria y que el objetivo de esta medida es
liberar a las pymes de esta carga lo que redundará en una mayor competitividad,
etc. Esto, hay que decirlo claro, no es verdad, y no es verdad porque el 53,53% de
las empresas miembros de las Cámaras españolas no pagan la cuota cameral. En el
caso de Cantabria, el 46% de las empresas no pagan ninguna cuota, y para no
entrar demasiado en detalles, sólo decir que el 92% de las empresas miembros de
esta Cámara no pagan cuota a la Cámara de Cantabria o esta es inferior a 100
euros al año. Esta medida, como podrán comprobar, en absoluto favorece a las
pymes, va en contra de sus intereses.
Los servicios, por tanto, que prestamos las Cámaras a las pymes son financiados
fundamentalmente por los pagos de las grandes empresas, lo que significa un
importante efecto redistributivo en favor de las empresas de menor dimensión.
Pero además de la cuota cameral obligatoria las Cámaras conseguimos
aproximadamente el 40% de los ingresos gracias a nuestra propia gestión,
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fundamentalmente a través de convenios de colaboración con distintas
Administraciones y entidades privadas.
En el caso de Cantabria, de estos fondos que obtiene la Cámara por otras vías,
alrededor del 30% son fondos provenientes de la Unión Europea obtenidos a
través de concursos públicos. Es decir fondos que obtenemos de Europa, para
financiar actuaciones a favor de pymes de Cantabria: aproximadamente 600.000
euros en este último año.
No quiero extenderme mucho más en este tema, simplemente que quede clara
constancia que con esta medida se pone en peligro un enorme capital económico y
social creado a lo largo de más 125 años de Historia por profesionales, en estos
momentos 3.500 trabajadores especializados en el apoyo empresarial, y por miles
de empresarios que voluntariamente y sin retribución son miembros de los órganos
de gobierno y de distintas Comisiones y grupos de trabajo de estas instituciones
pensando siempre en la defensa de los intereses generales de la economía.
Confío en que exista voluntad política y sentido de Estado para buscar una salida
que permita la existencia en España, como en la mayoría de países de nuestro
entorno, de una red de Cámaras de Comercio que continúen contribuyendo al
desarrollo, a la vertebración y a la cohesión económica y social de nuestros
territorios.
Y no quiero dejar pasar la ocasión sin agradecer muy sinceramente los muchos
apoyos recibidos en los últimos días de empresarios y asociaciones que conocen,
utilizan y valoran nuestro trabajo y que son conscientes de lo que pueden perder.
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Dicho esto, nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra obligación, no
sabemos cómo vamos a financiarnos a partir de enero de 2011, pero sí sabemos
trabajar y trabajar bien, en contra de lo que el mencionado decreto afirma en el
preámbulo y si en este Pleno hemos, tradicionalmente, llamado la atención sobre
cuestiones de interés para la economía de la región y de nuestro país, también
vamos a hacerlo este año y confío que también lo haremos el que viene.
No voy a extenderme en dar sesudas explicaciones sobre la situación económica en
la que nos encontramos porque vosotros mejor que nadie la conocéis y la sufrís, y
porque creo que muchas veces las explicaciones han servido como excusa para no
decir lo que había que decir, para no asumir responsabilidades y para no tomar las
medidas verdaderamente necesarias para dar la vuelta a la situación en la que nos
encontramos y retomar la senda del crecimiento.
En la situación actual de crisis que estamos viviendo, es necesario, si queremos
retornar con garantías a una situación de crecimiento, incidir sobre aspectos muy
importantes relacionados con la economía como el sistema financiero, el mercado
laboral, la energía, la educación, la internacionalización, la innovación, la creación
y desarrollo de empresas o el sector público. Sobre esto quiero hoy hacer algunos
comentarios.
FINANCIACIÓN
España, en los años 2002-2007, se convirtió en un país casi rico, y todos,
Administraciones, empresas y particulares entramos en una dinámica de gasto
creciente, fuimos a los Bancos a pedir créditos, en muchas ocasiones para financiar
inversiones productivas, y también para inversiones no productivas, y los Bancos
nos daban los créditos y además nos animaban a pedir más y nosotros los
pedíamos y ahora, señores, hay que devolver ese dinero que nos prestaron.
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En estos momentos el endeudamiento total (público + privado) de España se
encuentra entre los mayores del mundo. Reducir la deuda es un proceso lento y
costoso especialmente en una situación de crisis financiera internacional en la que
la financiación es cara y escasa.
La crisis financiera internacional todavía no se ha superado y la inestabilidad y la
existencia de incertidumbres, aunque en menor medida, siguen presentes.
Las entidades financieras españolas se han enfrentado a grandes dificultades para
financiarse en el mercado, viéndose obligadas a endeudarse con el Banco Central
Europeo (BCE), además se enfrentan a una problemática particular derivada del
elevado peso de la cartera de activos inmobiliarios en su balance y de la
contabilización de éstos por encima de su valor de mercado, a lo que se une una
creciente morosidad tanto privada como pública. Con estas condiciones es difícil
esperar que mejoren sensiblemente las condiciones de financiación de las pymes.
Es indudable que la superación de las dificultades de las entidades financieras en
España está en estrecha relación con la recuperación del sector inmobiliario. Es
necesario normalizar la actividad inmobiliaria dado el gran peso que tiene la
construcción en la estructura productiva y el gran número de actividades
económicas relacionadas.
La resistencia a bajar los precios como consecuencia de que las entidades
financieras no quieren reconocer la depreciación de los inmuebles en sus activos
junto con el alto stock de viviendas terminadas y el endurecimiento del
tratamiento fiscal al ahorro y al patrimonio hace necesario encontrar fórmulas
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para dar salida a este stock, lo que aceleraría la recuperación del sector
inmobiliario y por lo tanto del crediticio.
Junto con la reestructuración del sistema financiero español (ya se está actuando
en el ámbito de las cajas de ahorros) y el establecimiento de un plan de salida al
stock de viviendas, las pymes necesitan que se potencien las líneas de financiación
del ICO, ampliar el uso de sociedades de garantía recíproca, dotar un Fondo
Especial de Reconocimiento y Liquidación de Atrasos de pagos de las
Administraciones públicas que asegure un plazo corto de pago por parte de las
Administraciones, y mejorar el coste y la disponibilidad de financiación.
En resumen, hay que normalizar cuanto antes el papel del sector financiero como
financiador de la actividad económica y para ello debemos generar confianza en
los inversores extranjeros, tenemos por tanto que ser rigurosos en el cumplimiento
de nuestros compromisos, y tenemos que ser capaces de darle la vuelta a nuestro
modelo productivo. Tenemos que producir más para pagar lo que cuesta vivir
como queremos vivir.
Y en estos dos objetivos debemos de centrarnos “todos”, y en primer lugar el
Gobierno, que tiene la obligación de liderar el camino de vuelta al crecimiento
económico.
En este contexto, al Gobierno le pido austeridad en el gasto y políticas activas que
favorezcan el desarrollo económico, le pido visión a medio y largo plazo,
compromiso con la sociedad que le ha tocado gestionar y valentía para tomar
decisiones sin mirar las encuestas.
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Esta tarea es de todos, insisto, lo que este país necesita es una renovación
profunda de algunos principios que se habían instalado entre nosotros en esa época
de país rico que hemos vivido.
No somos un país rico, por tanto no podemos tener el mismo nivel de cobertura
pública que los países de nuestro entorno que llevan años de crecimiento lento pero
sólido y que por tanto pueden permitirse políticas que nosotros no podemos.
No podemos ser de los últimos en llegar al club de la Europa más desarrollada, el
área del mundo de mayor calidad de vida, modelo al que no queremos renunciar
pero sobre el que está abierto un debate sobre su sostenibilidad, y pretender
ponernos a la cabeza de las políticas sociales.
Debemos aumentar la productividad de este país, si no lo hacemos nos
empobreceremos y ya lo hemos hecho estos dos últimos años. Tenemos por tanto
que trabajar más y mejor, y aquí no ha lugar a discusiones ideológicas, tenemos
que hacer la tarta más grande, y después ya discutiremos cómo la repartimos.
Hay que hablar no tanto de derechos como de obligaciones, que las tenemos, por
supuesto los empresarios, también los trabajadores, y también los que vienen
detrás, los jóvenes que hoy son estudiantes y que pronto serán empleadores o
empleados.
Las empresas somos parte actora de este proceso, las empresas españolas, pymes
en su mayoría, hemos sido también los grandes afectados por la crisis. Desde 2008,
el número de empresas que han desaparecido del mapa nacional asciende a
130.976, de las que el 85%, esto es 112.019, corresponden a personas físicas o
autónomos.
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Pero los empresarios vamos a seguir trabajando duro, porque somos plenamente
conscientes de que tenemos que sacar al país de la crisis. Son tiempos estos que
vienen, en los que esfuerzo, trabajo y ética son conceptos que deben regir nuestro
día a día.
También los empresarios tenemos que asumir algunas lecciones y tomar buena
cuenta de lo que ha pasado. Ya he dicho antes que en este proceso de salida de la
crisis todos tenemos deberes.
INTERNACIONALIZACIÓN
La empresa española tiene todavía un índice de internacionalización bajo en
relación con las empresas de los países de nuestro entorno, la internacionalización
es una respuesta estratégica imprescindible en los actuales momentos de crisis y no
sólo debe ser considerada como una necesidad coyuntural sino que debe ser una
prioridad de nuestra política económica, que impulse mejoras permanentes y
sostenibles de nuestra productividad y competitividad, convirtiéndose en un
elemento central de un nuevo modelo productivo.
Es cierto que la empresa española, y la cántabra en concreto, han avanzado
mucho en la internacionalización, y cada vez son más las empresas que exportan
regularmente. Sin embargo tenemos algunas debilidades; es necesario incrementar
el número de empresas exportadoras, los bienes o servicios no son de un alto nivel
tecnológico o innovador salvo prestigiosas excepciones o los sectores de actuación
son sectores maduros con una concentración en países cercanos y menor presencia
en países con mayor potencial de crecimiento.
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La globalización y la fuerte intensificación de la competencia internacional hace
necesario potenciar un proceso de internacionalización más global que refuerce el
posicionamiento competitivo de las empresas. En esta perspectiva, el simple apoyo
comercial a la internacionalización a través de la promoción carece de eficacia si
no se refuerza y facilita la multilocalización y la diversificación, y si no se dispone
de un plan imagen país potente, que refleje la realidad de nuestras empresas. El
objetivo no es centrarse tanto en la idea tradicional de empresa española que
fabrica en España, sino en la “empresa global española” que compra, diseña,
produce y vende en cualquier parte del mundo.
Es necesario, diría que imprescindible, un nuevo impulso y revisión de las
actuaciones en materia de internacionalización. Hay que reforzar la cooperación
institucional evitando duplicidades y solapes, orientar los planes públicos de
apoyo a la internacionalización hacia las empresas con capacidad competitiva,
potenciar las medidas e instrumentos de apoyo a la internacionalización de las
pymes, arbitrar fórmulas asociativas como uniones de empresas, creación de
oficinas comunes de compras y ventas etc., que permitan superar el reducido
tamaño de la empresa española para iniciar la internacionalización y potenciar los
instrumentos financieros como la cobertura de garantías del CESCE e impulsar y
desarrollar el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) como
apoyos financieros importantes a la internacionalización de nuestras empresas.
INNOVACIÓN
Las crisis deben servir de estímulo para el desarrollo de procesos de innovación. El
concepto de innovación entendido como la adaptación constante al entorno para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes debe asumirse y formar parte del
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ADN de nuestras empresas, no vamos a crecer, y no vamos a subsistir si, en un
mundo global de cambios continuos, rápidos e impredecibles, seguimos haciendo
las cosas como cuando el mundo era distinto. Esta sí es una lección que debemos
aprender y trasmitir en nuestras organizaciones. Las cosas van a ser distintas, ya
lo son y debemos saber gestionar la incorporación de las tecnologías de la
información, de la gestión y de la comunicación en nuestras empresas, sobre todo
en las pymes y en las micropymes, en las que todavía en muchas de ellas, ni
siquiera se utiliza el correo electrónico, y ¿alguien piensa que hoy día se puede
gestionar una empresa, o un comercio, sin usar el email?
EDUCACIÓN/FORMACIÓN
La disponibilidad de un capital humano de calidad es uno de los principales
factores determinantes de la competitividad empresarial, especialmente en una
situación como la actual en la que necesitamos mejorar la productividad y la
utilización de las nuevas tecnologías, para ello se necesita un sistema educativo
estable con bajo fracaso escolar, orientado a la excelencia y con una interrelación
más directa con las necesidades de la empresa. Nuestro sistema educativo no está
equilibrado, ya lo he repetido en otras ocasiones, la formación profesional no tiene
el peso que debiera, hay que romper con esa idea de escaso prestigio social de la
FP, hay que ajustar la oferta de la FP reglada a las necesidades de las empresas y
para ello se hace necesario una mayor participación de la empresa en el diseño de
la oferta para facilitar la transición de la formación al mercado de trabajo.
La universidad española presenta una buena formación en conocimiento pero
también deficiencias en cuanto a la adquisición y utilización de competencias o
habilidades, hoy básicas para las empresas, como el dominio de idiomas
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(especialmente el inglés), hablar en público, gestionar equipos, dominio de las
nuevas tecnologías, gestionar problemas, trabajo en grupo, etc.
El desarrollo del espíritu empresarial y el contacto con la economía real y el
mundo de la empresa deben formar parte de la educación de nuestros jóvenes. El
sistema educativo debe fomentar de manera inequívoca el esfuerzo del espíritu
emprendedor y el reconocimiento público del valor social del empresario como
creador de trabajo, riqueza y bienestar.
Es verdad que ésta no es la mejor época para incorporarse a la vida laboral en
España, pero también es verdad que no ha habido época mejor para formarse,
para aprender idiomas y para ir adquiriendo experiencia. A los jóvenes de este país
que no tienen conciencia más que de los últimos 15 años de crecimiento hay que
hablarles claro, el modelo social en el que han crecido no es sostenible si no se
cambian actitudes y no asumen también su responsabilidad en darle la vuelta a la
situación.
La formación en el ámbito de la empresa es en estos momentos un elemento clave
para la mejora de la productividad y por ello, tiene que ser reformulada.
REFORMA LABORAL
Esta crisis ha dejado en España hasta el momento más de 4 millones de parados,
también a estas personas hay que hablarles con claridad, un número importante de los
que trabajaban en el sector de la construcción, por ejemplo, no van a volver a encontrar
trabajo en ese mismo sector.
La persona que se quede sin trabajo tiene que reinventarse profesionalmente. La gente
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que está en el paro, tiene que aprovechar el periodo del seguro de desempleo para
formarse en otra profesión. Actualmente no hay trabajos para toda la vida, eso de
empezar y terminar en la misma empresa ya no existe.
Este incremento del paro mucho más intenso en España que en otros países de la
UE que también han tenido el mismo descenso en la producción, ha puesto en
evidencia los problemas clásicos del mercado de trabajo español: dualidad del
mercado de trabajo, desempleo de grupos desfavorecidos, causas y costes del
despido, falta de flexibilidad interna en las empresas, limitaciones a la actividad de
la iniciativa privada en la intermediación del mercado de trabajo, o falta de
funcionalidad de la negociación colectiva.
Las Cámaras, al igual que otras instituciones empresariales, hemos venido
reclamando al Gobierno y a los agentes sociales la necesidad de una reforma
laboral profunda y global, que persiga cuatro objetivos principales: abaratar el
coste del empleo; reducir la dualidad y la temporalidad del mercado laboral; dotar
de mayor flexibilidad a las relaciones laborales dentro de cada empresa; y mejorar
la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo.
¿Puede permitirse este país una regulación laboral que sigue siendo a ojos de los
inversores extranjeros un factor negativo a la hora de decidir una inversión en
España?
La reforma laboral recientemente aprobada supone un avance en la mejora del
mercado laboral español pero no es la reforma que cabía esperar para cambiar la
actual situación de crisis que estamos pasando, se ha frustrado un cambio
estratégico de la legislación que acentuara la promoción del tejido empresarial y al
mismo tiempo mantuviese la tutela de los derechos de los trabajadores.
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Es necesario que las reformas pendientes y anunciadas en los ámbitos de la
negociación colectiva, la revisión del Pacto de Toledo, o las políticas activas de
empleo se afronten con más audacia que la del mercado de trabajo.
Y si el objetivo es mejorar la productividad, no podemos asumir con normalidad
una tasa de absentismo tan alta como la que padecemos. ¿Por qué? ¿Qué razones hay?
Nosotros no tenemos peor salud que el resto de los europeos, entonces, ¿por qué tenemos
el doble de absentismo? Claramente se produce un fraude al sistema y tenemos que
trabajar para eliminar este fraude. Para combatir el absentismo es necesario mejorar el
control por parte de la Seguridad Social y de los servicios sanitarios, dotar de mayor
capacidad a las Mutuas de Accidentes, endurecer las sanciones por ausencias reiteradas al
trabajo etc. También es importante dotar de una mayor flexibilidad en los convenios
colectivos a la regulación de la jornada laboral en cuanto a horarios o turnos de trabajo a
fin de conciliar la vida laboral y familiar ya que también tiene su efecto en el aumento del
absentismo.
Debemos hacer un esfuerzo todos, Administración, sindicatos y empresas para
concienciar a los trabajadores del perjuicio del absentismo.
Y esto mismo es aplicable también a la economía sumergida que es otro de nuestros
males. La economía sumergida es un mal para el país porque no participa de la
financiación al Estado. Hay que intensificar la inspección para acabar con esta práctica
fraudulenta que además es un agravio para los empresarios que desarrollan su actividad
dentro de la legalidad.
ENERGÍA
El sector energético es clave para la producción de bienes y servicios. La
disposición de un modelo energético eficiente que favorezca la competitividad y
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contribuya al cambio en el modelo productivo es un tema de destacada relevancia
para el futuro de la economía nacional.
España es un país dependiente de los hidrocarburos. Se trata de una energía que
emite CO2 a la atmósfera, que ha de importarse y que procede, en su mayor parte,
de países políticamente inestables. Todo ello crea un problema de dependencia
energética que es difícil de solucionar. Desde hace unos años se viene potenciando
un mix energético basado en las energías renovables y los ciclos combinados de gas
natural, en detrimento de otras tecnologías de generación más competitivas y que
aportarían una mayor autonomía al sistema, como la energía nuclear. La energía
nuclear aporta efectos positivos al crecimiento de nuestra economía: es segura, es
más barata, no genera CO2, tiene gran capacidad de producción y genera alto
empleo estable de calidad, por lo tanto no podemos renunciar a ella, es más,
deberíamos utilizar los actuales enclaves para instalar nuevos reactores de última
generación para incrementar la producción.
En cuanto a las energías renovables, en 2011 se superarán los objetivos de
potencia planteados. Pero la utilización de estas energías requiere potencia de
reserva para cubrir la demanda en los periodos en los que, bien por condiciones
meteorológicas o periodos nocturnos, no puedan aportar energía al sistema.
Además, la elevada subvención a las energías renovables (en 2009 la subvención a
la solar fue diez veces más que la energía eólica) y la potencia de reserva necesaria
introducen un sobrecoste en el sistema que afecta a su competitividad.
La importancia de disponer de una energía competitiva con garantía de suministro
y precios competitivos hace necesario formular con urgencia un Pacto de Estado
para diseñar un nuevo Plan Energético en el que se establezca una planificación a
largo plazo del sector, que dote de estabilidad regulatoria tanto al mercado de
electricidad como a la generación con tecnologías pertenecientes al Régimen
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Especial, garantizando el suministro energético a precios y calidades competitivas
con los países de nuestro entorno.
En Cantabria tenemos que aprovechar este momento para dar un impulso al Plan
Eólico y especialmente al eólico marino y undimotriz, en donde estamos siendo
líderes en su investigación y desarrollo.
SECTOR PÚBLICO
El rápido deterioro de las cuentas públicas registrado en los últimos años obliga a
tomar medidas con el fin de normalizar la estabilidad económica. Son cada vez
más necesarias políticas públicas que actúen en el cambio de la economía española
hacia un modelo productivo basado en la mejora permanente de la productividad
y la competitividad. Ante esta situación es imprescindible afrontar una profunda
reforma del sector público en la que se determine cuál debe ser su tamaño, se revise
el contenido y financiación del Estado del Bienestar, y se definan con precisión las
funciones y ámbitos de actuación del sector público.
En España existen más de 3 millones de trabajadores públicos, lo que supone ya
una excesiva dimensión de las Administraciones. En Europa varios países se están
planteando reducción del numero de funcionarios para reducir el tamaño y el gasto
público mientras en España, según los datos de los últimos meses, sigue
incrementando el número de empleados públicos y además un porcentaje
importante no son productivos por quedarse sin contenido como consecuencia de
las transferencias de competencias a las CCAA, especialmente en los ámbitos de
educación, cultura o sanidad. Hay que definir con claridad las funciones de todas
las Administraciones, de la central, CCAA, diputaciones provinciales y
ayuntamientos, en muchos casos existen duplicidad de competencias y en otros no
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es sostenible una Administración para menos de 100 habitantes, como sucede en
muchos ayuntamientos de nuestro país, hay que preservar la unidad de mercado
con un marco regulatorio, conocido y eficiente, ya que en los últimos años como
consecuencia de nuestra configuración territorial se ha generado un exceso de
regulación económica, a la vez que una ruptura de la unidad de mercado y todo
ello con un coste asociado muy alto para las empresas.
¿Puede permitirse este país una Administración más que sobredimensionada,
duplicada a veces y en muchas ocasiones con la necesidad de hacerse notar a base
de regulaciones que, en el mundo de las empresas, significa conocer y cumplir las
distintas normativas que cada CCAA añade a las estatales para dejar constancia
de su existencia? ¿Es que no nos damos cuenta que cada vez que se regula se
incrementan los costos de producción o de distribución de las empresas y en
definitiva se pierde competitividad?
Las Cámaras venimos desde hace años reclamando al Gobierno que no se
promulgue una nueva normativa sin hacer antes una valoración sobre el efecto en
la competitividad empresarial.
El Estado del Bienestar hay que financiarlo y no podemos tener el que queramos sino el
que podamos financiar. Los dineros públicos no son ilimitados y en los últimos tiempos se
ha incrementado el gasto en estas políticas en mayor medida que los ingresos, lo que ha
generado un rápido deterioro del déficit con el consiguiente aumento del endeudamiento
público que está afectando seriamente a nuestra economía e incidiendo negativamente en
la financiación de nuestras empresas. Si queremos recuperar la confianza de los inversores
internacionales debemos de acometer un plan creíble de reducción del déficit.
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Con la vista puesta en el corto plazo esta reducción del déficit debería centrarse en el
recorte del gasto público, y hay muchos sitios de donde reducir, y en aquellos de inversión
con un menor impacto económico a largo plazo. Asimismo, es necesario aumentar los
esfuerzos para mejorar la calidad y eficacia del gasto.
Ejemplos como el gasto en traductores para el Senado, donde todos hablamos una misma
lengua, parece un despropósito además de la mala imagen del control del gasto que se
transmite a la sociedad.
La reforma en el sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad a medio plazo, la
revisión de la eficiencia económica de entes, fundaciones y otros organismos dependientes
de las Administraciones Públicas o el establecimiento de nuevas fuentes de financiación
mediante la aplicación selectiva y progresiva de políticas de precios, tasas y copagos de los
usuarios de algunos servicios públicos son cuestiones que tienen que ser analizadas.
Nuestro sistema fiscal no puede ser considerado simplemente como el recaudador de
dinero para pagar el gasto público sino que debe ser también un instrumento para
potenciar el crecimiento a largo plazo, en la medida en que puede fomentar el ahorro y la
inversión y favorecer la competitividad empresarial.
Ya lo he comentado en anteriores ocasiones y lo vuelvo a repetir hoy, para las empresas
es necesario abaratar el coste del empleo reduciendo la cuota empresarial a la Seguridad
Social, eliminar el gravamen para operaciones societarias de todo tipo (algún gravamen
ya ha sido exonerado en el RD del pasado día 3), aproximar los tipos efectivos de
tributación del IRPF y Sociedades, eximir de tributación los beneficios no distribuidos en
el Impuesto sobre Sociedades, y modificar la liquidación del IVA para las pymes,
pasando del criterio de devengo al de caja, todo lo anterior junto con, como mencionaba
antes, una lucha contra el fraude y especialmente contra el alza de la economía sumergida
favorecerá la competitividad empresarial y por tanto las cuentas públicas.
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Y un aspecto de la Administración pública importante es realizar una eficiente inversión
en infraestructuras, especialmente en las del transporte de calidad que potencie la
competitividad y productividad de la empresa española. Soy consciente de que dada la
actual escasez de recursos es necesario reorientar las inversiones públicas y será necesario
mejorar su eficiencia, enfocando las inversiones hacia una política de infraestructuras,
principalmente las ferroviarias, que potencie el transporte de mercancías. Comentaba
antes la importancia de contar con unas eficientes políticas activas del mercado de
trabajo y desde mi punto de vista, invertir en obras públicas, que son las grandes
generadoras de empleo, con prioridad sobre las políticas de subvencionar el desempleo de
larga duración es una de ellas.
Y junto con la inversión del Estado es importante contar con una mayor participación
del sector empresarial en la gestión de infraestructuras públicas, la posibilidad de sistemas
público-privados de financiación, el incremento de la competencia, la gestión privada de
aeropuertos y la implantación de “peajes en la sombra” son fórmulas que ayudarían en el
mantenimiento de la calidad de las infraestructuras y generarían empleo.
Pero la reorientación de las infraestructuras o la priorización de otras no debe suponer
una renuncia a las legítimas aspiraciones de las diferentes CCAA y que deben suponer
una vertebración equilibrada del territorio nacional. En este sentido yo quiero hoy
reclamar la máxima aceleración en las obras en nuestra región como son los tramos de la
autovía del Cantábrico Solares-Torrelavega así como el de Unquera-Llanes que junto con
la ronda de la bahía se encuentran en una fase de parálisis.
Y no me olvido del ferrocarril. Según las ultimas declaraciones parece ser que se
construirá el ferrocarril con trazado AVE desde Palencia hasta Reinosa pero desde esta
localidad hasta Santander, de acuerdo al documento firmado por el Gobierno de
Cantabria con el Ministerio de Fomento, lo que se va a acometer es simplemente una
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mejora del actual obsoleto y deficiente trazado, por cierto mejora que la Cámara viene
reclamando desde hace años.
Por lo tanto considero que lo firmado es la renuncia oficial a que Santander cuente con un
trazado AVE igual al que van a disponer las capitales de nuestras comunidades vecinas.
Soy consciente de la escasez de recursos actual, también soy consciente de la orografía de
nuestra región, no más difícil que la de otras regiones, que son algunas de las excusas que
se nos dice para no acometer esta obra, pero ya que en los últimos años hemos perdido el
tiempo y no hemos hecho nada incluso cuando se habían dado pasos como la publicación
en el BOE del trazado Corrales-Reinosa, luego retirado con el cambio de gobierno, ahora
no nos queda más remedio, dada la situación económica actual, que aceptar un retraso en
nuestras aspiraciones de tener un AVE en Santander hasta que la economía y el déficit
del estado mejore, pero nunca renunciar a su construcción, lo que nos dejaría en
desventaja con nuestros vecinos. Además siempre se habla del costo de la obra, pero
¿cuánto sería el costo para Cantabria de no contar con un trazado AVE?
Hay muchos temas más, interesantes, que podríamos tratar pero hoy el tiempo es
limitado y no quiero abusar de vuestra paciencia.
No quiero acabar el discurso con un mensaje pesimista, es verdad que la economía de
Cantabria forma parte de la economía española y el panorama para el año próximo no es
el mejor, pero también es verdad que nuestra estructura productiva está
comparativamente mejor que en el resto de España en aspectos como el desempleo, el
índice de producción industrial, el crecimiento de las exportaciones o el crecimiento de
nuestra economía, que se espera sea ligeramente positiva al término del año.
Estos datos positivos nos permiten afirmar que los empresarios de Cantabria, con
esfuerzo, imaginación y riesgo, están poniendo toda la carne en el asador, porque no
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podemos olvidar que sois vosotros, empresarios, los que estáis detrás de las cifras que
proporcionan los análisis económicos.
Os deseo los mayores éxitos para este próximo año y mucha suerte, pero teniendo en
cuenta lo que decía Thomas Jefferson:
“Yo creo bastante en la suerte. Y he constatado que, cuanto más duro trabaje,
más suerte tengo.”
Muchas gracias.
Santander, 16 de diciembre de 2010.
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