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“Se evidencia ineficiente asignación de recursos”
¿Cuál es la situación actual del financiamiento de
la educación ecuatoriana?
¿Se cumplen o no las políticas públicas aprobadas
en el referéndum y las normas constitucionales vigentes?
En 2008, el gasto en educación con exclusión de las universidades fue de unos USD 1
860 millones, 3,5 % del PIB,
magnitud que supera lo asignado en 2006 y 2007. No obs-
Archivo/EL COMERCIO
Ec. Jaime Carrera, ex viceministro de Finanzas.
Exsubsecretario de
Educación. Consultor.
tante, en 2009 el sector educación podría contar con unos
USD 1 680 millones, 3 % del
PIB, debido a las serias restricciones fiscales derivadas de
malas políticas internas agudizadas con los efectos de la
crisis internacional, tal valor
puede ser inferior si el Estado
no logra financiamiento y la
crisis se profundiza.
Para cumplir lo dispuesto en
la Constitución, asignar el 0,5
% del PIB adicional, en 2009
al sector educativo le correspondería el 4% del PIB, unos
USD 2 200 millones.
Sin embargo habrá un retroceso. Se evidencia que las asignaciones no serán sostenibles
mientras la economía y el presupuesto público dependan
del petróleo, remesas y otros
factores externos. Como se
muestra en el cuadro, mayores
recursos para la educación re-
quieren de un programa fiscal
compatible con la evolución
de la economía, limitación al
gasto en otros sectores, ingresos suficientes para sostenerlos, contención del déficit público y otros factores.
Su complejidad exige un
acuerdo social.
¿Dónde existe mayor rentabilidad social: en la educación básica, en el bachillerato o en la universidad?
En 2008, a la educación
básica hasta el séptimo año se
destinó alrededor de USD
800 millones, a la educación
media a partir del octavo año
unos USD 600 millones.
Las universidades recibieron por participaciones de
impuestos cerca de USD 600
millones.
Se evidencia la ineficiente
asignación de los recursos que
los ciudadanos entregan al
Estado.
El país requiere conformar
una sociedad que brinde
oportunidades para todos, altamente competitiva con profesionales, trabajadores y ciudadanos calificados para reducir las brechas con el resto
del mundo. Lo cual sólo será
posible mediante la construcción de una nueva estructura
social que se asiente en una sólida educación básica que privilegie a los sectores pobres y
vulnerables.
Los cuantiosos recursos
públicos destinados a las
universidades aumentan las
desigualdades sociales y potencian el desempleo académico.
Urge, por consiguiente, un
proceso gradual de redistribución de estos recursos a la educación básica.
CIFRAS
En 2009, el sector educación podría contar con
unos $1 680 millones, equivalente al 3
por ciento del PIB,
Para cumplir lo
dispuesto en la
Constitución, asignar el 0,5 % del PIB
adicional, en 2009,
al sector educativo
le correspondería el
4 % del PIB, es decir,
unos $2.200 millones.
Se evidencia, por
consiguiente, que
las asignaciones no
serán sostenibles
mientras la economía y el presupuesto público dependan del petróleo, remesas y otros factores externos.
La complejidad
del tema exige un
acuerdo social.
La reforma universitaria
Ninguna reforma universitaria, bajo la retórica de la inversión en capital humano, tendrá resultados positivos si son
débiles los cimientos de
la educación básica y
media. Los imperativos
cambios en la universidad ecuatoriana requieren una visión integral de
reformas en todos los niveles educativos.
0190010082869
EducAcción
entrevista al Ec.
Jaime Carrera,
Director del
Observatorio de
la Política Fiscal y
especialista.
Deben inscribirse en el
contexto de un modelo
económico y de Estado
capaz de brindar oportunidades de realización
personal y profesional, a
través de la dinámica de
un sector privado y productivo orientado a la
competitividad y hacia
una visión global y contemporánea del desarrollo.
Un sistema de rendición
de cuentas que aliente la
competencia universitaria, interna e internacional, conducirá a la universidad a estándares
globales que conduzcan
a la sociedad a superar
visiones parroquianas y
reducidas.
Si nuestra sociedad, en
su mayoría, presenta limitaciones estructurales en su formación de
diverso género, el control social pierde solidez
y responde a estas limi-
taciones.
Se requiere estructurar
sólidas instituciones que
desde el Estado, los sectores productivos, los
trabajadores y otras instancias, se constituyan
en veedores permanentes de la competitividad
de las universidades y su
correspondencia con las
necesidades de desarrollo económico y social
del país.
La propuesta de Senplades , si bien tiene rasgos positivos, se inscribe en el populismo y en
un modelo de Estado divorciado con las líneas
de acción de los países
que progresan.