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La economía sumergida en el ámbito laboral y de Seguridad
Social. Su incidencia en la provincia de Cádiz. Especial análisis de
su repercusión en Jerez de la Frontera.
Eugenio Santa-Bárbara Martínez
Licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz
Inspector de Trabajo y Seguridad Social
EXTRACTO.
En el presente artículo se analiza el fenómeno de la economía sumergida, informal o no declarada
en el aspecto laboral y de Seguridad Social del problema. El enfoque se realiza en un sentido amplio
desde el punto de vista de sus causas y factores de solución, sin perder de vista los problemas de
desempleo y precariedad laboral que subyacen en algunas de las manifestaciones de la economía
sumergida para acometer su solución desde todas las perspectivas. Así, se analizan factores
sociológicos, económicos y políticos, y se concluye que existen varias caras del fenómeno de la
economía sumergida, que si bien ninguna se justifica y son reprochables en su totalidad, requieren
soluciones diferentes. Para una mejor ejemplificación práctica, se analiza la cuestión en la provincia
española más castigada por el desempleo, como es Cádiz, con cifras que superan el 40%, con una
densidad empresarial 20 puntos por debajo de la media nacional, una tasa de actividad de las más
bajas del país, altas cifras de abandono escolar y de marginalidad. Y ello a pesar de ser una de las
provincias más completas, complejas y ricas de España en recursos y valor estratégico. A pesar de
su enfoque parcialmente “localista”, el análisis y las conclusiones de este artículo son
perfectamente extrapolables a la mayoría de las provincias españolas, ofreciendo esperanza a la
solución de un problema que lastra el desarrollo económico y social.
SUMARIO.
I. INTRODUCCIÓN
II. PUNTO DE PARTIDA
A. El Debe
B. El Haber
III. ECONOMÍA SUMERGIDA EN EL ÁMBITO LABORAL. CONCEPTO Y CUANTIFICACIÓN.
III.I. Definición y análisis.
III.II. Cuantificación.
IV. LAS CAUSAS DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA. LA ESPECIAL IDIOSINCRASIA DE LA PROVINCIA DE
CÁDIZ EN GENERAL Y DE JEREZ DE LA FRONTERA EN PARTICULAR.
1. Factores sociológicos
2. Factores económicos
3. Factores políticos
V. LAS VIAS DE SOLUCIÓN.
VI. CONCLUSIONES.
EUGENIO SANTA-BÁRBARA MARTÍNEZ
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La economía sumergida en el ámbito laboral y de Seguridad Social. Su incidencia en la provincia de Cádiz.
Especial análisis de su repercusión en Jerez de la Frontera.
I. INTRODUCCIÓN.
El objetivo del presente artículo es hacer una aproximación al fenómeno de la economía
sumergida en la provincia de Cádiz, por la especial incidencia que la misma tiene en conexión íntima
con las tasa de desempleo y de actividad que se barajan, centrándolo en el ámbito laboral. A modo
representativo profundizaré en las peculiaridades de Jerez de la Frontera, por tratarse de la ciudad
más poblada y extensa de la misma, y una de las que mayor tasa de desempleo soporta, en
contradicción con su historia como ciudad industrial y sus valores geográficos y demográficos, entre
otros, que hacen más complejo entender las causas de la recesión económica que sufre dicha
localidad y su entorno.
Por ello, en este análisis se abarcarán las causas desde una óptica amplia, no sólo económica,
analizando su tejido empresarial y su actividad industrial, sino también desde el punto de vista
sociológico, cultural, político y demográfico, con el fin de identificar las razones que se encuentran
detrás de dicha recesión y de la economía sumergida que lleva aparejada, así como con la intención
de ofrecer un catálogo abierto de factores sobre los que debe pasar la solución del problema a una
realidad difícilmente digerible por tratarse de la zona de Europa con mayor tasa de desempleo,
propia, como titulaba recientemente el Diario de Cádiz, “de una zona de conflicto bélico”.
El espíritu con el que se escribe este artículo no debe ser necesariamente pesimista, pero sí
busca poner negro sobre blanco en una realidad económica y socio laboral que no podemos eludir,
que debemos mirar de frente, asumirla, analizarla y tomar postura, cada uno dentro de sus
capacidades y competencias. Así, se busca “agitar conciencias” e instar a la sociedad, agentes
sociales y autoridades a una labor decidida y coordinada en la reactivación económica de una zona
de España y de Europa con un enorme potencial, como quedará de manifiesto, en el incremento de
la tasa de actividad y creación de empleo, y la consiguiente disminución de unas tasas de pobreza
y desempleo inasumibles.
Por último, el análisis y conclusiones de este artículo no son necesariamente “localistas” desde
el punto de vista práctico, y son extrapolables a otras zonas de Andalucía y de España con
problemáticas similares.
II. PUNTO DE PARTIDA.
A. El Haber.
Los que conocemos la provincia de Cádiz, trabajamos, residimos o disfrutamos de la misma,
no podemos dejar de preguntarnos por qué una provincia con gran potencial cuenta con unos
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Especial análisis de su repercusión en Jerez de la Frontera.
niveles de pobreza, desempleo y falta de actividad económica tan elevados. En un ejercicio de
autocomplacencia y para abrir una puerta a la esperanza conviene recordar que estamos ante una
provincia rica en recursos naturales, extensa, compleja y magníficamente bien situada, lo que nos
abre enormes posibilidades de progreso. Así, constituyendo el Sur de España y de Europa, posee
una superficie de 7.346 km cuadrados, lo que la convierte en una de las más grandes del país;
cuenta con 260 kilómetros de costa, tanto en el Océano Atlántico como en el Mar Mediterráneo, y
está integrada por una pluralidad de territorios, claramente diferenciados, que hacen pensar en
varias provincias en una: así, sus 44 municipios se agrupan en seis Comarcas, como son: Bahía de
Cádiz, Campiña de Jerez, Costa Noroeste, Sierra, La Janda y el Campo de Gibraltar. Esta variedad
geográfica se traduce a su vez, sin duda alguna, en un incremento de su riqueza, pues conlleva
variedad cultural, productiva, sociológica y económica, lo que en todo caso suma y no divide, a la
hora de cuantificar su valor y potencial.
Dentro de esa complejidad y riqueza, quiero destacar algunos valores:
-
260 kilómetros de litoral, Sierras y Bahías, lo que la hacen una provincia completa.
-
Dos puertos comerciales (Cádiz y Algeciras), teniendo en cuenta que el primero de ellos como
puerto de atraque para Cruceros, ofrece un atractivo turístico importante que se hace notar
en la ciudad; y el de Algeciras, que es el segundo puerto de Europa en movimiento de
contenedores y que sigue creciendo. Así, el Punto Interior Fronterizo (PIF) de Algeciras es una
de las principales puertas de entrada de mercancías a la UE.
-
Limítrofe con Gibraltar, lo que le da un importante valor estratégico, además de que de 6.000
a 6.500 trabajadores españoles se estima que trabajan en Gibraltar como “fronterizos”,
estimándose en otros 3.000 los que trabajan en situación irregular en el peñón(1).
-
El valor estratégico de Cádiz se completa con una Base Naval de utilización conjunta HispanoUSA en Rota, lo que tiene una incidencia económica directa en la zona, sobradamente conocida
y valorada.
-
Gran riqueza de recursos naturales, entre los que se encuentran 6 Parques Naturales: Bahía de
Cádiz, Breña y Marismas del Barbate, Estrecho, Doñana, Los Alcornocales y Sierra de
Grazalema, lo que junto a otros parajes y reservas naturales, hacen de la provincia un gran
punto de interés turístico para actividades de ocio al aire libre. Junto a ello, un clima favorable
y las más de 2.800 horas de luz a lo largo del año, que contribuyen a su riqueza.
-
Importantes núcleos urbanos: Cádiz, Jerez, Algeciras, El Puerto de Santa María, San Fernando,
La Línea, Puerto Real... los tres primeros por encima de los 100.000 habitantes. Según datos
del Instituto Nacional de Estadística del año 2014, la población de la provincia es de 1.238.492
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Especial análisis de su repercusión en Jerez de la Frontera.
habitantes, de los cuales 657.190 viven en el área metropolitana de la Bahía de Cádiz-Jerez,
siendo su densidad de población de 166.56 hab./km². La ciudad más poblada es Jerez de la
Frontera con 215.180 habitantes, quinto de Andalucía en número.
Si nos centramos en la localidad de Jerez de la Frontera, que será objeto específico de estudio
en este artículo, nos encontramos con el municipio mayor de la provincia, segundo de Andalucía y
sexto de España en extensión, así como el segundo término municipal más grande de España. Tiene
una posición céntrica respecto a la provincia y se encuentra excelentemente comunicada tanto por
carretera, tren y avión, contando con el único aeropuerto de la misma, lo que hace de ella el
principal nudo de comunicaciones tanto con el resto de la provincia como con España.
Su historia y su cultura han hecho de Jerez un auténtico Icono internacional. Así,
tradicionalmente vinculada al mundo del vino, sus bodegas, su patrimonio y sus calles, el flamenco,
el caballo y el motor más recientemente, hacen de Jerez una de las ciudades más atractivas y
visitadas de España.
B. El Debe.
Con este punto de partida en positivo, difícilmente nos cuadra que la provincia de Cádiz en
general y Jerez en particular cuenten con una tasa de actividad del 56,85%, inferior a la media de
Andalucía (59,35%) y España (59,77%), y, lo que es más preocupante, una tasa de desempleo
(42,05% en la provincia, que alcanza el 45% en Jerez) muy superior a la media de Andalucía (34,23%)
y España (23,70%) sin que se esté haciendo notar en gran medida el aire de recuperación económica
y crecimiento de empleo que en otras zonas ya se está poniendo de manifiesto, lo que nos deja
como furgón de cola no sólo de España, sino también de Europa, distanciándonos cada vez más del
resto del territorio y señalándonos de una forma muy negativa que dañan nuestra imagen y
potencial.
Sin duda, el binomio tasa de desempleo/actividad y economía sumergida están
estrechamente vinculados, y no en vano la economía sumergida actúa como “colchón social” y
alternativa a la economía regular o declarada cuando la falta de empleo y la recesión económica
cobran presencia con dureza en un territorio.
Por ello, dentro del debe y sin perjuicio de un análisis posterior, varias cosas lastran nuestra
recuperación, entre las que, sin carácter exhaustivo, se pueden enumerar las siguientes:
-
Bajo nivel cultural y social y escasa cultura cívica. Tolerancia social del fraude.
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Especial análisis de su repercusión en Jerez de la Frontera.
-
Tejido empresarial muy mermado (pequeña empresa y autónomos sin asalariados y baja
densidad empresarial).
-
Sectores de actividad: hostelería y turismo, comercio, construcción y metal. Escasa
industrialización. Economía excesivamente basada en el sector servicios.
-
Alta conflictividad socio laboral, que si bien se ha reducido en los últimos años a nivel colectivo
como consecuencia de una disminución de la actividad sindical, ha aumentado a título
individual (una media de 1.200 demandas se interponen cada año en cada uno de los siete
juzgados de lo social de la provincia, tres en Cádiz, tres en Jerez y 1 en Algeciras; y 3000
denuncias tienen entrada cada año en la Inspección de Trabajo y SS de Cádiz).
-
Excesivo peso de las Entidades Públicas y del empleo público.
-
Falta de credibilidad en instituciones y agentes sociales.
-
Escasa inversión privada. Economía excesivamente basada en la subvención directa y el
subsidio.
-
Altas cifras de abandono escolar, con una amplia generación de jóvenes “ninis”, que ni
estudian ni trabajan.
Todos estos puntos serán desgranados a continuación, valorando su importancia e incidencia.
III. ECONOMÍA SUMERGIDA EN EL ÁMBITO LABORAL. CONCEPTO Y CUANTIFICACIÓN.
III.I. Definición y análisis.
Tal como definen la economía sumergida D. Alfredo Jiménez Fernández y D. Ramiro Martínez-
Pardo del Valle en su estudio sobre “La economía sumergida en España” de la Fundación de Estudios
Financieros, es aquella actividad remunerada que siendo legal en cuanto a su naturaleza, no es
declarada a las autoridades públicas. Así, para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), la economía sumergida comprende aquellas actividades que son productivas
en sentido económico, y relativamente legales (dependiendo de los estándares y regulaciones
locales), pero son ocultadas deliberadamente a las autoridades públicas. En particular, no son
declaradas a las autoridades fiscales, laborales o a la Seguridad Social o lo son parcialmente de
modo que una parte de la actividad es oficial y otra parte se mantiene encubierta. Lógicamente,
estamos hablando tanto de relaciones laborales no declaradas en absoluto o en parte, donde
concurren los requisitos del art. 1 del Estatuto de los Trabajadores de ajenidad, dependencia y
retribución; y los trabajos lucrativos por cuenta propia realizados de forma habitual, personal y
directa, que definen el encuadramiento en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Como
no puede ser de otra manera, el concepto no incluye actividades delictivas como la prostitución, el
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Especial análisis de su repercusión en Jerez de la Frontera.
tráfico de drogas, de tabaco, o la trata de seres humanos, aunque tengan un componente
claramente de contenido económico.
No en vano, otra de las cosas en que la provincia de Cádiz bate récords es en el tema del tráfico
de drogas, donde en la actualidad el 50% de la droga que se incauta en España es en nuestra
provincia, habiéndose producido una progresión ascendente y lineal hasta las cifras actuales desde
unos años atrás, siendo además la provincia donde más procesos penales se tramitan cada año por
delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y sentencias condenatorias se consiguen.
Significativa también es nuestra tradicional vinculación con el contrabando de tabaco desde
Gibraltar, principal problema económico de España y la UE con el Peñón.
Queda de manifiesto, por tanto, la doble vertiente de la economía sumergida tanto fiscal como
laboral. Así, no en vano, los objetivos últimos perseguidos por los que viven en la economía irregular
no son más que los de evitar el pago de impuestos (directos e indirectos), eludir contribuciones a
la Seguridad Social, sortear el cumplimiento de ciertos requerimientos mínimos legales de orden
laboral, como el salario mínimo o el salario Convenio Colectivo, número máximo de horas
trabajadas, estándares de salud y seguridad en el trabajo, o soslayar determinados procedimientos
administrativos.
En este artículo me centraré en el aspecto laboral de la economía sumergida, diferenciando
que si bien en su vertiente fiscal el daño que genera la economía sumergida se traduce en la falta
de contribución al Estado mediante el pago de impuestos directos (IRPF y Sociedades
fundamentalmente) e indirectos (IVA), impide la sostenibilidad del modelo de estado y los servicios
públicos (sanidad, educación, seguridad ciudadana, etc.) con repercusión directa en el estado del
bienestar y en la calidad de vida de las personas que integramos la sociedad; el aspecto laboral
introduce elementos más sociales y de pérdida de derechos, puesto que no sólo perjudica al
sostenimiento del Sistema Público de Seguridad Social, sino que afecta directamente a la
competencia entre empresas y a los derechos de los trabajadores.
Así, para la Comisión Europea “el empleo sumergido es un supuesto extremo de segmentación
del mercado de trabajo, pues aboca a los trabajadores a una espiral continua de pérdida de sus
derechos”.
Por ello, el concepto de economía sumergida en su aspecto laboral es un concepto amplio que
abarca múltiples conductas:
-
Trabajo no declarado en sentido puro: faltas de alta en el Sistema Público de Seguridad Social
y/o extranjeros en situación irregular, carentes de permiso de trabajo y residencia, falsos
autónomos, etc.
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-
Incumplimientos en materia de jornada: contratos a tiempo parcial en fraude de ley que
encubren relaciones laborales a jornada completa o superior a la declarada, excesos de jornada
y horas extraordinarias, compensadas o no, y no cotizadas.
-
Incumplimientos en materia salarial: falta de pago y retrasos en el abono de salarios, no
aplicación del Convenio Colectivo (“descuelgues” ilegales que no siguen el procedimiento y
garantías legalmente previstos) o del Salario Mínimo Interprofesional.
-
Fraude en la contratación: contratos temporales y formativos en fraude de ley, prácticas no
laborales en empresas (becarios) que encubren relaciones laborales ordinarias…
-
Uso fraudulento de medidas de flexibilidad interna de las empresas: ERES y ERTES,
modificación sustancial de condiciones de trabajo sin seguir el procedimiento o garantías.
-
Incumplimientos de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, etc.
En definitiva, la economía sumergida en su aspecto laboral, impedirá la sostenibilidad del
Sistema Público de Seguridad Social, basado en un principio de solidaridad intergeneracional en el
pago de las pensiones públicas, comprometiendo las pensiones futuras de las generaciones activas,
y obligando en tiempos de crisis como los actuales, con un alto número de perceptores de
desempleo, a tocar los fondos de reserva; implica necesariamente una pérdida de derechos para
los trabajadores, empezando por el básico de aseguramiento y continuando por no garantizar una
vida digna por el pago de retribuciones ilegales, por las jornadas abusivas y la carencia de seguridad
y salud en el trabajo ( no en vano en España diariamente se corre ante la visita de la ITSS a un centro
de trabajo ); e introduce una agresiva competencia desleal entre empresas pues el ahorro de
salarios, costes de Seguridad Social, pago de impuestos, etc., coloca al empresario incumplidor en
una posición privilegiada de competencia ampliando notablemente sus márgenes de beneficio y
permitiéndole, en definitiva, colocar bienes o servicios en el mercado a precios mucho más bajos.
En conclusión, como indica el estudio sobre “La economía sumergida en España” ya referido,
la existencia de economía no declarada en una sociedad es una grave anomalía para su correcto
funcionamiento por muchos y diferentes motivos entre los que destacamos:
– En primer lugar porque genera problemas de equidad, tanto por el lado del gasto como de
los ingresos públicos ya que se generan asimetrías en la provisión de servicios y en la carga
impositiva soportada, así como desde el punto de vista interregional e internacional.
– Porque plantea problemas de eficiencia en la asignación de recursos y en la provisión de
servicios por el Estado.
– Porque produce pérdidas recaudatorias para el sector público que limitan las actuaciones de
cualquier política estatal.
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– Porque distorsiona la competencia empresarial al situar las actividades no declaradas al
margen del pago de impuestos, de cargas laborales o de requerimientos burocráticos y
administrativos.
– Porque provoca desviaciones en las estadísticas económicas oficiales (PIB, renta disponible,
paro,...), que a su vez impiden un adecuado diagnóstico de los problemas socioeconómicos
y una correcta toma de decisiones.
Además, se producen problemas de desigualdad entre ciudadanos y menoscabo de los
derechos de los trabajadores contratados de forma irregular.
III.II. Cuantificación.
Por definición y por su propia naturaleza de economía oculta o no declarada, no se puede
hacer una cuantificación precisa de la economía sumergida, por lo que lo que existen son
estimaciones sobre su cuantía, peso en el PIB nacional y fraude que supone a las arcas públicas,
dependiendo el resultado final de la metodología empleada, y oscilando entre un 18,6 y un 25% del
PIB.
Un reciente estudio de AT Kearney, del Profesor Friedrich Schneider con datos a marzo 2013
(Informe Visa), estima la economía sumergida en Europa en 2,1 billones de euros. Esta cifra,
equivaldría al 18,5% de la actividad económica europea. De ella, casi dos tercios del volumen
estimado se concentra en los cinco mayores países europeos -Alemania, Francia, Italia, Reino Unido
y España- en términos absolutos. Sin embargo, en los países del este europeo su tamaño relativo
(respecto al producto interior bruto) es mucho mayor. Así, en países como Bulgaria, Croacia,
Lituania y Estonia el tamaño de su economía irregular se cifra en casi un 30% del PIB. En el otro
extremo, Austria y Suiza tienen los niveles más bajos, del 7% y del 8% respectivamente de su PIB.
Según los datos de este informe, el importe estimado de la economía no declarada en España
asciende a 196.000 millones de euros, lo que supone un 18,6% del PIB, similar al 18,5% de media
en los países analizados pero muy alejado del de otros Estados europeos como Alemania (13%),
Austria, Holanda o Suiza (por debajo del 10% del PIB), y de Francia y Reino Unido (en torno al 10%).
No obstante, se constata, según el mismo informe, y como en el resto de países de nuestro entorno,
una tendencia a la disminución desde los niveles de 2003 (22,2% del PIB) hasta los actuales.
La Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) ha elaborado la lista de la
economía sumergida en España distribuida por Comunidades Autónomas, y si bien los peores
resultados en términos porcentuales respecto al tamaño de su economía se concentraban en 2009
en La Rioja (31,4%), Canarias (28,7%) y Castilla La Mancha (26,5%), hay cuatro comunidades
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(Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia) que presentaban las mayores cifras en valores absolutos
y por sí solas, acumulaban más del 58% del volumen total de economía sumergida en España. Para
ellos, la economía sumergida en España se sitúa en el 23% del PIB, lo que supondría un montante
de 208.000 millones de euros.
Así, como se puede ver a continuación, el impacto de este problema no se da de manera
uniforme en todas las regiones de España, ya que en algunas comunidades está más extendida que
en otras.
CCAA
% PIB sumergido
PIB sumergido total
31,4%
28,7%
26,5%
26,3%
25,5%
25,0%
24,3%
24,3%
24,0%
23,7%
22,3%
20,6%
20,2%
20,0%
19,6%
19,2%
19,2%
2.432
11.653
9.253
13.917
8.356
13.652
24.707
6.546
34.182
3.206
43.704
13.560
4.633
3.575
36.556
5.060
3.474
La Rioja
Canarias
Castilla - La Mancha
Galicia
Aragón
Castilla y León
Com. Valenciana
Murcia
Andalucía
Cantabria
Cataluña
País Vasco
Asturias
Navarra
Madrid
Baleares
Extremadura
Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) a partir de datos de presión fiscal de Eurostat de 2009. Datos en
millones de euros.
Según el Informe realizado por el colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y
Hacienda (GESTHA), la economía sumergida en la Comunidad de Andalucía, tanto por fraude fiscal
como a la Seguridad Social, ascendería a 29.000 millones de euros, lo que representa un 6,6% de la
bolsa de dinero negro existente en nuestro país.
Distribución por provincias de la bolsa de fraude en Andalucía en miles de euros:
ALMERIA
CADIZ
CORDOBA GRANADA
HUELVA
JAEN
MALAGA
SEVILLA
TOTAL
2.653.544 4.415.904 2.595.180 2.915.896 1.935.589 2.059.343 5.478.364 6.991.457 29.045.259
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Centrándonos en el aspecto laboral del fraude y en el impacto que tiene en la economía, la
Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) cifraba, con datos a 2009, la economía
sumergida en el empleo en torno a los 82.500 millones de euros, lo que supone casi un 8% del PIB
generado anualmente en España y representaba en torno a un tercio del total de economía
sumergida del país. Según sus cálculos, si el nivel de la economía sumergida se redujera a la mitad,
hasta el nivel de los países europeos con menor tasa, se recaudarían más de 13.000 millones de
euros adicionales cada año, solamente procedentes de las cuotas a la Seguridad Social. GESTHA
distribuye esta cifra para cada Comunidad Autónoma y resulta que al igual que sucede con la
economía sumergida total, el empleo no declarado se concentra en cuatro comunidades: Cataluña,
Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana.
CCAA
Cataluña
Madrid
Andalucía
Com. Valenciana
Fraude Laboral
Recaudación adicional solo
cuotas sociales
11.766
12.351
11.549
8.348
2.424
2.313
1.778
1.262
Datos en millones de euros.
Estos cálculos se refieren solamente a lo que se podría recaudar por cotizaciones a la Seguridad
Social, pero hemos de tener en cuenta que habría otras fuentes de recaudación. Por un lado, las
prestaciones indebidas que pudieran estar pagándose a desempleados oficiales con empleo no
declarado y por otro los impuestos directos eludidos.
– Prestaciones por desempleo: Sobre la base de las estimaciones de GESTHA, que asumen que
aproximadamente un tercio de la economía no declarada total en España corresponde a
empleo sumergido, éste podría ascender a 1,3 millones de personas (un tercio de los cuatro
millones equivalentes al total de la economía no declarada que se han estimado con la
hipótesis de que la productividad de la economía oficial es la misma que la de la no oficial). Si
consideramos que de éstos el 25% estuvieran cobrando el desempleo (en línea con el ratio
infracciones/actuaciones realizado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia
de prestaciones) habría una bolsa de fraude de 3.500 millones de euros al año por este motivo.
– IRPF: Suponiendo un salario promedio de 22.790 euros por trabajador, y un tipo medio del
IRPF del 15%, estaríamos ante un importe de fraude anual de unos 4.600 millones de euros al
año.
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La economía sumergida en el ámbito laboral y de Seguridad Social. Su incidencia en la provincia de Cádiz.
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En resumen, si el nivel de economía sumergida tendiera a los niveles más bajos en Europa o se
redujera a la mitad, sólo en el ámbito laboral se podrían recaudar 21.000 millones de euros, de los
que, según una comparecencia reciente de la Ministra de Empleo y Seguridad Social en el Senado
el 3 de marzo de 2013, en 2012 se consiguieron recuperar 2.100 millones de euros, un 10%. En
Cádiz, según datos de la Memoria anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se afloran
cada año entre 2.700 y 2.900 empleos sumergidos.
IV. LAS CAUSAS DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA. LA ESPECIAL IDIOSINCRASIA DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ EN GENERAL Y DE JEREZ DE LA FRONTERA EN PARTICULAR.
Sin ánimo de redactar un árbol causal cerrado de la especial incidencia que la economía
sumergida tiene en nuestro entorno, y no realizando un examen minucioso de las causas, podemos
partir de la base de que la economía sumergida no es un fenómeno nuevo en nuestra sociedad y
por tanto no nace con la crisis económica iniciada en el año 2007, si bien la recesión económica
experimentada en estos últimos años ha provocado probablemente un recrudecimiento de la
misma en tanto que las situaciones de pobreza y marginalidad se han acentuado. Es importante
partir de esta idea por cuanto las causas que están detrás de la economía sumergida en esta
provincia no son coyunturales sino estructurales, con independencia de que la crisis económica con
la consiguiente desaparición de empresas, destrucción de empleo, empeoramiento de las
condiciones de trabajo, disminución de los recursos en los bolsillos de las familias y por tanto del
consumo, hayan provocado una búsqueda de refugio en la economía sumergida y por tanto ésta
haya incrementado. No en vano, algunas empresas duramente castigadas por la crisis han optado
por sumergir su actividad total o parcialmente como alternativa a desaparecer, y muchas personas
sin empleo o con recursos bajos, han optado por la economía sumergida como válvula de escape a
una precaria situación económica.
Este es el esquema de los factores que inciden a mi juicio, en las causas de la economía
sumergida en nuestro entorno:
1. LOS FACTORES SOCIOLÓGICOS.
1.1. El déficit en educación cívica.
Lola Flores era una gran artista, pero hizo mucho daño no cumpliendo sus obligaciones fiscales.
Si me permiten iniciar el apartado con esta broma, lo que pretendo dejar claro es que detrás de la
economía sumergida siempre hay una tolerancia social a que se incumplan las obligaciones fiscales
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La economía sumergida en el ámbito laboral y de Seguridad Social. Su incidencia en la provincia de Cádiz.
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y de contribución al Sistema Público de Seguridad Social. No obstante, desde aquélla anécdota
podemos constatar que la percepción ciudadana a la economía irregular está cambiando. Como ya
hemos tenido ocasión de analizar, la economía no declarada es un acto profundamente insolidario
que compromete nuestro desarrollo y crecimiento, nuestro presente y nuestro futuro, y si bien
convivimos con ella diariamente con cierta naturalidad, cada vez son más los ciudadanos que toman
conciencia del error que supone su tolerancia. Por ello, es algo generalmente aceptado que se
combata y que existan planes de inspección tanto fiscal como laboral que cuentan con la
comprensión general. La economía sumergida genera problemas de equidad y provoca desigualdad
entre los ciudadanos.
La reciente creación del Buzón del Fraude por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, que permite interponer denuncias anónimas ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sobre posibles incumplimientos en el orden social, lo ha puesto de manifiesto, registrándose un
gran número de denuncias. En Cádiz, según datos provisionales del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, han sido 1.214 en el año 2014, de las que en torno a un 25 % han dado un
resultado positivo.
Sin duda alguna, un déficit en la formación en moral tributaria, una escasa conciencia fiscal, y
un comportamiento egoísta en muchos casos, unido a nuestra cultura latina propia del sur de
Europa y más aún del sur de España, contribuye a que declaren quienes no se pueden escapar o
quienes tienen más posibilidad de ser descubiertos.
¿Con IVA o sin IVA? ¿Quiere factura? Estas preguntas tienen menos cabida en otras zonas de
España donde la educación cívica es mayor y se tiene más conciencia de que no sólo tenemos
derechos, sino también obligaciones. Una sociedad madura y evolucionada tiene que vencer
estructuras del pasado que sólo realimentan el subdesarrollo. ¿Por qué pedimos que nos reformen
el cuarto de baño sin factura y sin IVA, probablemente por un profesional que no está dado de alta
en Autónomos ni tiene dados de alta a sus trabajadores, y no nos planteamos la compra de un
coche “en negro” o que no nos cobren IVA cuando vamos a unos grandes almacenes?.
Se hace imprescindible, por tanto, incrementar la formación cívica de las personas, algo que en
nuestro territorio es urgente y esencial pues la conciencia social, como otros aspectos analizados,
no es la misma en Cádiz que en otras provincias españolas, y cuando aquí es algo cotidiano la falta
de alta de un trabajador en Seguridad Social, en otros lugares es algo mucho más excepcional.
Medidas tanto de carácter disuasorio (para incrementar la probabilidad de detección y de penalizar
el incumplimiento, así como la dureza del castigo) como de carácter preventivo (simplificación de
EUGENIO SANTA-BÁRBARA MARTÍNEZ
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La economía sumergida en el ámbito laboral y de Seguridad Social. Su incidencia en la provincia de Cádiz.
Especial análisis de su repercusión en Jerez de la Frontera.
normas, uso de medios tecnológicos para el control de pagos en efectivo o introducción de nuevas
categorías de trabajo) deben ir acompañadas de medidas de carácter incentivador del compromiso
social de los ciudadanos mediante campañas informativas y de concienciación.
1.2. La falta de clase media-media alta como motor económico de la sociedad. El nivel
cultural y el nivel de rentas.
Si acudimos a la definición de clase media, hablamos de un grado o estamento de la
estratificación de la clase social que se aplica a las personas con un nivel socioeconómico medio
que se sitúa entre la clase obrera y la clase alta. La clase media es un término, por tanto, que
designa al segmento social por debajo de la clase alta, que es la que vive de sus rentas, y por encima
de la clase baja en sociología. En los medios de comunicación, en países como España es común
nombrar a la clase media y no nombrar a la clase obrera o baja, lo que da lugar a la confusión de
identificarse con la clase media por su sentido lingüístico, a un gran porcentaje de la población. En
términos estrictos, la clase media es numéricamente inferior al porcentaje de la población que se
autoidentifica como tal. Así, la existencia de la clase media se remonta al siglo XVIII. Esta clase se
hace más evidente cuando la separación social es más notoria debido a factores como la autoridad,
la abundancia, dinero y trabajo, lo que daba un diferente sentido de vida, religión, educación y
cultura para cada parte de la sociedad. Originariamente, los integrantes de esta clase eran la vieja
burguesía terrateniente (la gentry, formada por commoners ricos y la baja nobleza), que empezaba
a sobresalir por su éxito en la industria, las profesiones liberales y el comercio.
Si nos quedamos con esta última idea y la aplicamos a la sociedad que integra la provincia de
Cádiz, encontraremos escasa clase media en el ámbito rural, y poca en el ámbito urbano pues pocos
son los que por su éxito en la industria, como profesional liberal o en el comercio mantienen un
nivel de vida que permita la calificación como tal.
Para entender mejor esta idea me centraré una vez más en la idiosincrasia social de Jerez de
la Frontera. Así, la sociedad jerezana del Siglo XIX tenía una estructura dual, un pequeño grupo de
ciudadanos conformaba la burguesía, en la que se integraban los grandes propietarios, los
exportadores de vinos y buena parte de la nobleza, y en el otro extremo se encontraban las clases
populares, el proletario rural y urbano. En esa dualidad social la llamada clase media carecía de
protagonismo. Esta estructura social obsoleta se ha mantenido de una forma peculiar en Jerez, y el
que prosperaba y mejoraba socialmente quería parecerse al peyorativamente conocido como
“señorito” de la alta burguesía jerezana, muchos de los cuales ya solo vivían de las apariencias,
EUGENIO SANTA-BÁRBARA MARTÍNEZ
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La economía sumergida en el ámbito laboral y de Seguridad Social. Su incidencia en la provincia de Cádiz.
Especial análisis de su repercusión en Jerez de la Frontera.
dando lugar a un grupo rancio de ciudadanos de los que hoy día todavía se pueden ver claros
ejemplos.
Sociológicamente, en los años 60 empieza a haber una más clara diferenciación de una clase
media integrada por profesionales liberales (médicos, abogados, etc.), industriales (muchos de ellos
vinculados al sector bodeguero) y comerciantes que disfrutaban de un status social y un nivel de
rentas que los diferenciaba del resto de la sociedad. Con el boom inmobiliario, que se hace sentir
notoriamente en Jerez, ganar dinero por obreros, incluso no especializados, desdibuja el concepto
de clase media y no es extraño que muchos de los compradores de vehículos de alta gama fueran
trabajadores del sector de la construcción. Es de nuevo la crisis económica la que recoloca en la
jerarquía social a muchas de estas personas, y el que compraba un coche de alta gama en los años
de bonanza, en los de crisis agota prestaciones por desempleo contributivas y asistenciales
encadenadas.
Si centramos el análisis en una cuestión meramente económica y acudimos a los datos de
los declarantes del IRPF en Jerez de la Frontera (según datos de la AEAT de 2012), de una población
de en torno a 215.000 habitantes, declarantes de IRPF en 2012 en Jerez de la Frontera sólo fueron
100.505.
ESTADISTICA DECLARACIONES IRPF 2012. JEREZ DE LA FRONTERA
tramos (miles
nº de
distribución
total base imponible
distribución
base imponible
de euros)
contribuyentes
porcentual
general
base imponible
por habitante
(1 - 6]
15.804
15,72
54.968.334
3,23
3.478,13
(6 - 20]
43.312
43,09
561.711.825
32,98
12.968,97
(20 - 30]
19.424
19,33
474.937.584
27,88
24.451,07
(30 - 60]
11.620
11,56
444.136.488
26,07
38.221,73
(60 - 200]
1.916
1,91
155.446.667
9,13
81.130,83
Total
100.505
100
1.703.415.301
100
16.948,56
Por distribución de BASES IMPONIBLES podemos hacer tres grupos:
•
Con base imponible inferior a 6.000 euros: 24.175 (24,05%)
•
Con base imponible entre 6.000 y 30.000 euros: 62.736 (62,42%)
•
Con base imponible de más de 30.000 euros: 13.594 (13.52 %).
EUGENIO SANTA-BÁRBARA MARTÍNEZ
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La economía sumergida en el ámbito laboral y de Seguridad Social. Su incidencia en la provincia de Cádiz.
Especial análisis de su repercusión en Jerez de la Frontera.
En definitiva, sólo un 13,52% de los declarantes del IRPF declararon bases imponibles
superiores a 30.000 euros, dato que si lo extrapolamos a la totalidad de la población de Jerez, se
reduce a la mitad, lo que es un signo evidente de ausencia de clase media al menos desde el punto
de vista económico.
Si por el contrario atendemos a un factor constatable como es el nivel de estudios terminados,
según datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, y según se refleja en la tabla adjunta,
30.000 personas tienen terminados estudios universitarios, lo que se corresponde con un 14% de
la población. Por el contrario, 97.000 carecen de estudios o no superan la educación básica, lo que
supone el 45% de la población.
Se confirma pues, más allá de una cuestión meramente sociológica, la falta de clase media bien
entendida, ya sea desde el punto de vista económico o de formación, lo que convierte a Jerez en
una ciudad fundamentalmente proletaria. Si a eso unimos la ausencia de clase funcionarial propia
de una capital de provincia, la radiografía de Jerez desde este punto de vista sociológico queda
completada.
En la provincia de Cádiz como en la sociedad española en general, identificamos con clase
media a una parte de la clase empresarial, profesionales liberales y funcionarios de alto nivel
fundamentalmente.
Este hecho dificulta enormemente la cultura empresarial necesaria para la creación de
empleo. Así, la clase empresarial nace por vocación, por herencia o por necesidad, pero esta última
en muchos casos no se consolidará y generará más parados en el futuro. Sólo empresarios
vocacionales con acceso a financiación o con recursos propios ( normalmente familiares ), podrá
emprender o continuar un proyecto empresarial, pues además hoy día sólo se financian, con
carácter general, los que cuentan con posiciones económicas ventajosas.
1.3. Escaso nivel cultural: falta de formación y especialización y altos niveles de abandono
escolar.
Al tratar la clase media desde el punto de vista del nivel de estudios terminados, ha quedado
de manifiesto cómo seguimos teniendo una masa poblacional elevada de personas sin estudios
terminados, o con estudios de bajo nivel. Este fenómeno que no sorprende tanto entre personas
de cierta edad, sorprende y desalienta cuando hablamos de personas jóvenes en edad de formación
o con todo su potencial laboral por delante. Así, según el balance del curso 2013/2014, ofrecido por
la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía, el porcentaje de los jóvenes de entre
18 y 24 años que decide abandonar los estudios antes de finalizarlos, si bien ha disminuido en casi
EUGENIO SANTA-BÁRBARA MARTÍNEZ
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La economía sumergida en el ámbito laboral y de Seguridad Social. Su incidencia en la provincia de Cádiz.
Especial análisis de su repercusión en Jerez de la Frontera.
10 puntos respecto al curso 2010/2011, sigue siendo superior a la media española y europea. Según
explicó el consejero de Educación, Luciano Alonso, hace tres cursos la tasa de abandono se situaba
en el 37% de la población con dicha edad.
En esta provincia siempre se habló de una tasa superior al 38%, casi rondando el 40%,
apostillaban desde las federaciones de Enseñanza de los sindicatos mayoritarios, CC.OO. y UGT.
Actualmente este porcentaje se sitúa en el 28,4%, una tasa «perfectamente extrapolable a esta
provincia», apuntaron fuentes de Educación. Este descenso se explica fundamentalmente por el
descenso de la oferta laboral para jóvenes. Hasta 2008, buena parte de la mano de obra juvenil era
absorbida por el sector de la construcción y otros asociados a él. Al desaparecer esta posibilidad, la
tasa de abandono escolar decrece.
Así, aunque la bajada en el abandono escolar es llamativa, no alcanza el descenso medio
español, situado en el 23,5% de esta población juvenil. El Sistema Estatal de Indicadores de
Educación constata la mala posición que ocupa Andalucía en cuanto al número de jóvenes que
dejan de estudiar tras titularse en la ESO. A la comunidad andaluza sólo la superan Baleares y
Extremadura en este concepto, pues en ellas la población que abandona los estudios entre 18 y 24
años supone el 29,7% y el 28,5%, respectivamente. La comparativa en abandono escolar es más
dramática aún si se toma como referencia al resto de países de la Unión Europea. La tasa media
comunitaria se queda en los últimos informes en un 11,9%. Esta realidad llena nuestras plazas de
jóvenes inoperantes, que ni estudian ni trabajan, los famosos “ninis”, sin expectativas ni puertas de
salida, signo indudable de que algo está fallando y de auténtico fracaso social.
No en vano, el estudio “Éxito, fracaso y abandono escolar en la Educación Secundaria
Obligatoria” publicado por la Diputación de Cádiz en la Colección de Estudios socio-económicos,
“alerta sobre el bajo nivel cultural de los alumnos, que no se interesan por la lectura ni por la
formación extraescolar o las actividades de ocio cultural. La mitad del alumnado, según el informe,
no ha adquirido aún el hábito de estudio a los 16 años, lo que se traduce, además, en un bajo nivel
global de lectura entre los adolescentes. Un 15% no lee nunca y un 45%, en contadas ocasiones. Un
tercio de los estudiantes ha leído uno o ningún libro en el último año y la mitad, de dos a seis textos.
Sólo una sexta parte leyó más de siete libros. Fuera de la escuela, ver la televisión, escuchar música
y salir con los amigos ocupan el mayor porcentaje del su tiempo libre.
Las actividades asociativas, culturales, religiosas y artísticas son las que menos interés
despiertan. Nueve de cada 10 chicos no frecuentan la biblioteca, ocho no han ido nunca a una
conferencia y seis no ha asistido nunca al teatro o ha visitado un museo… El 94% de los estudiantes
EUGENIO SANTA-BÁRBARA MARTÍNEZ
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La economía sumergida en el ámbito laboral y de Seguridad Social. Su incidencia en la provincia de Cádiz.
Especial análisis de su repercusión en Jerez de la Frontera.
que completan con éxito sus estudios son hijos de padres titulados, y fracasan más los jóvenes con
peores recursos económicos. En esta situación, uno de cada dos estudiantes llega a repetir más de
dos cursos durante la ESO. “
Políticas educativas cambiantes y una falta de adecuación de los estudios a la demanda real,
han provocado que nuestras universidades se hayan convertido en fábricas de desempleados y de
jóvenes muy preparados sin salidas profesionales a su altura, que optan por emigrar (casi 125.000
españoles se mudaron al extranjero en 2014 siendo Andalucía de las Comunidades que más
nacionales perdieron) o por aceptar trabajos de inferior nivel, mientras que faltan profesionales en
numerosos oficios, algunos de los cuales, incluso, se están perdiendo.
Según un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) existe un déficit en el número de alumnos que cursan Formación Profesional en España, y
por el contrario "El número de jóvenes que ni trabajan ni se educan y ni se forman, los llamados
ninis, ha aumentado de manera constante y ya se encuentra en la franja superior de los países de
la OCDE". No obstante, se prevé que dos tercios de los empleos que se crearán en el futuro lo serán
en el ámbito de la formación profesional. Las enseñanzas de Formación Profesional responden a un
sistema estable en Alemania, invariable desde los años 60, mientras que en España cambian casi
con cada Gobierno.
2. LOS FACTORES ECONÓMICOS.
2.1. Falta de inversión privada. Escasa industrialización y baja densidad empresarial.
Al enumerar más arriba los factores económicos que pueden influir en la falta de empleo y los
niveles de economía sumergida que sufrimos, podemos deducir que existe una vinculación entre
ellos, lo que apunta a políticas erróneas, a una falta de “atractivo” de la zona desde el punto de
vista económico, y a un retraso no sólo en el desarrollo económico de la provincia sino también en
la capacitación de su población activa que genere el caldo de cultivo idóneo para el
emprendimiento empresarial. No en vano, la provincia de Cádiz se encuentra en 20 puntos por
debajo de la media española en densidad empresarial.
Para comprenderlo mejor basta con hacer una foto fija de la realidad empresarial de la
provincia de Cádiz en general y de Jerez en particular, así como del empleo.
EUGENIO SANTA-BÁRBARA MARTÍNEZ
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Empresas: estrato de asalariados CADIZ. 2013
FUENTE: Directorio central de empresas (DIRCE).
INE
CANTIDADES
sin asalariados
28.704
de 1 a 2 asalariados
18.052
de 3 a 5 asalariados
5.878
de 6 a 9 asalariados
2.523
de 10 a 19 asalariados
1.244
de 20 a 49 asalariados
612
de 50 a 99 asalariados
184
de 100 a 199 asalariados
84
de 200 a 499 asalariados
26
de 500 a 999 asalariados
3
de 1000 a 4.999 asalariados
3
de 5.000 o más asalariados
0
TOTAL
57.313
Unidades Locales: actividad principal
(divisiones CNAE 2009)
CADIZ. 2013
INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO
TRANSPORTE
HOSTELERÍA
OTROS SERVICIOS
TOTAL
CANTIDADES
3.586
6.873
21.371
4.107
7.541
24.621
68.099
De los datos expuestos se desprenden de forma directa dos conclusiones:
1.
La estructura empresarial en la provincia de Cádiz se basa fundamentalmente en el trabajador
autónomo, con o sin asalariados, así como en la pequeña empresa, mayoritariamente de
menos de tres trabajadores, lo que implica una gran fragmentación del tejido empresarial que
lo hace especialmente vulnerable. Así, no es de extrañar que el fenómeno de crisis económica
vivido en los últimos siete años haya actuado con especial virulencia en la provincia atacando
directamente a empresas con poca capacidad y solidez:
• Actualmente operan casi 58.000 empresas (en 2014 se han creado unas 1.300 sociedades)
en la provincia de Cádiz.
• 28.359 son autónomos sin asalariados.
• 46.000 empresas cuentan con menos de 3 trabajadores.
• Sólo el 12% de las empresas tienen más de 20 años de antigüedad.
• El 15% de las empresas se ha creado en los últimos 3 años.
2.
Por sectores, la mayor parte de las empresas se concentran en la hostelería, comercio y
servicios, siendo escaso el número de empresas en la industria, lo que hace que sea más
fluctuable el empleo en las mismas por la estacionalidad de la actividad, con muchos altos y
bajos en la demanda, teniendo como consecuencia una mayor temporalidad en la
contratación.
EUGENIO SANTA-BÁRBARA MARTÍNEZ
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Especial análisis de su repercusión en Jerez de la Frontera.
En Jerez de la Frontera, la realidad empresarial por sectores de actividad, se resume en el
siguiente cuadro que recoge el número de empresas por sectores de actividad y zonas geográficas
dentro del término municipal a diciembre de 2014, según datos de la Tesorería General de la
Seguridad Social, donde servicios y comercio se llevan el máximo protagonismo y queda de
manifiesto el escaso nivel de industrialización existente:
2.2. Falta de financiación.
Una de las características principales que ha traído consigo la crisis económica actual ha sido
su dimensión financiera. Los bancos que durante los años previos a la crisis prestaban
generosamente dinero a empresas y particulares, cerraron el grifo de la financiación de la noche a
la mañana estrangulando financieramente a multitud de empresas que necesitaban financiarse
para subsistir. Cerca de 10.000 empresas han desaparecido con la crisis económica en Cádiz, la
mayor parte de las cuales por este motivo, entrando en un apalancamiento financiero como
consecuencia de la negativa de acceso al crédito. Afortunadamente, aunque de forma tímida, esto
está empezando a cambiar de nuevo, si bien los que se financian son mayoritariamente los que ya
tienen, con lo que emprender, en el sentido de iniciar una actividad empresarial, sigue siendo una
tarea difícil y está siendo objeto de atención por parte de nuestros gobernantes en forma de ayudas
públicas. Casi 155.000 personas se beneficiaron en 2014 de la capitalización de la prestación
por desempleo para incorporarse como socios a una cooperativa o sociedad laboral o para
iniciar una actividad como autónomo.
EUGENIO SANTA-BÁRBARA MARTÍNEZ
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Especial análisis de su repercusión en Jerez de la Frontera.
Por otro lado, han sido precisamente en muchos casos las Administraciones Públicas,
pagando tarde y mal a sus proveedores y concesionarias, las que han provocado la caída de
muchas empresas, sobre todo las de menor tamaño y con menos “pulmón financiero”. Este
hecho es y ha sido perjudicial para miles de trabajadores de dichas empresas, que han sufrido
impagos y retrasos en el abono de salarios como consecuencia de la falta de tesorería de la s
empresas por impagos de la Administración. El Plan de Pago a Proveedores del Gobierno fue
una buena solución, pero llegó tarde para muchas empresas, dándose casos en que cuando
llego el dinero las empresas ya habían cerrado tiempo atrás. La Administració n no se puede
financiar con las empresas privadas.
2.3. Excesivo peso de las entidades públicas: errónea política de subvenciones públicas y del
empleo público.
La influencia de las políticas de las distintas administraciones implicadas en la generación de
empleo y por tanto en la evolución de la economía sumergida o irregular es un hecho irrefutable.
De ahí quizás la tentación de algunos políticos de convertir la creación de empleo en una medida
electoralista, y no son pocos los ejemplos que tenemos de ello.
Quizás se entienda mejor si partimos de un dato puesto de manifiesto recientemente por el
profesor D. Francisco Ferraro analizando precisamente el resultado electoral de las últimas
elecciones andaluzas, según el cual el número de andaluces que reciben ingresos públicos es de
un 27% superior al de los que reciben rentas privadas, mientras que en el resto de España esta
diferencia es del 1,7 %. Así, en 2014, una media de 2.753.787 personas en Andalucía recibieron
ingresos públicos incluyendo pensionistas, dependientes, perceptores de prestaciones por
desempleo y del subsidio agrario y al personal al servicio de las administraciones públicas, y
excluyendo a otras prestaciones menos regulares, como las de maternidad y paternidad, por
hijos a cargo, maltrato y a los usuarios de servicios sociales comunitarios. Además, si sólo
contabilizamos las personas activas que reciben rentas públicas regulares (funcionarios y otros
empleados públicos, desempleados y receptores del subsidio agrario) se elevan al 54,5% de
los que trabajan en el sector privado, mientras que en España es el 31,5%. Y a todos estos
receptores de ingresos públicos se podrían sumar los que reciben rentas indirectas a través de
entidades que reciben financiación pública, de empresas que contratan regularmente con el
sector público, o las que reciben subvenciones (alguna de forma reiterada).
En definitiva, concluye el profesor, la mayor parte de las familias andaluzas reciben rentas
públicas de un tipo u otro, además de ser beneficiarias de los servicios públicos. La sociedad
EUGENIO SANTA-BÁRBARA MARTÍNEZ
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Especial análisis de su repercusión en Jerez de la Frontera.
andaluza está envejeciendo y tiene mucho que conservar, pues, a pesar de la crisis, las
dotaciones de servicios públicos en Andalucía siguen siendo envidiables para los habitantes
de la mayor parte del planeta, incluyendo entre ellos a algunos países más desarrollados que
el nuestro.
¿Hemos creado una sociedad de derechos y no de obligaciones? ¿Es sostenible este nivel
de bienestar si no cambiamos algunas estructuras básicas tanto políticas como sociales?
Parece que nos encontramos ante una situación que exige de una profunda reflexión y de un
cambio decidido y valiente, no sólo desde los poderes públicos sino desde la sociedad en su
conjunto.
Muchos ayuntamientos tienden a utilizar la contratación laboral de corta duración
(normalmente contratos de trabajo de duración determinada en fraude de ley, sin causa y sin
respecto alguno a los principios de igualdad, mérito y capacidad previstos en el art. 103 de
nuestra Constitución para el acceso al empleo público) para hacer una mal entendida “justicia
social”, facilitando así la obtención de unas rentas, el acceso a una prestación por Incapacidad
temporal o por riesgo durante el embarazo, por poner dos ejemplos, incurriendo en un claro
fraude al Sistema Público de Seguridad Social que lo viene soportando todo.
Las Administraciones Públicas han apostado en exceso durante décadas por el empleo público
de forma directa o por una economía privada basada en la ayuda directa en forma de subvención.
En cuanto al empleo directo, el desarrollo y crecimiento aberrante de las Administraciones
Autonómicas y Locales en un entramado de Agencias, Sociedades Públicas, Fundaciones, etc., nos
ha llevado a que la Administración se convierta en el primer empleador de la provincia en particular
y de Andalucía en general, como ocurre en otros territorios del Estado. Ayuntamientos como el de
Jerez de la Frontera llegaron a emplear más de 1.900 personas, de los que sólo 587 eran
funcionarios, lo que supuso para el mismo una auténtica asfixia financiera que le obligó a llevar a
cabo un despido colectivo en el año 2012 para redimensionar, junto con otras medidas, el tamaño
de dicha corporación local y de su plantilla. Situaciones similares encontramos en la administración
autonómica así como en otras administraciones locales en que bien directamente al servicio de la
Administración o bien a través de empresas de capital público con distintas formas jurídicas,
emplean a miles de personas la mayor parte de las cuales, además, carecen de la condición de
funcionario. No es de extrañar que el principal empleador en una provincia como Cádiz sea el
Servicio Andaluz de Salud, que entre el personal funcionario, interinos, laborales y el estatutarios
alcanza los 10.000 trabajadores.
EUGENIO SANTA-BÁRBARA MARTÍNEZ
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Si hablamos del sector privado, son conocidos los casos en el sector naval, de automoción y
en energías renovables, fundamentalmente, que bien directamente por la participación del Estado
o de la Comunidad Autónoma en su accionariado, o bien por la concesión de ayudas públicas, se
implantaron en la provincia, generando un importante volumen de empleo directo e indirecto, pero
que por falta de competitividad o rentabilidad terminaron abandonando nuestro territorio. Uno de
los casos más significativos y que aún arrastra sus consecuencias desde el año 2007 en que decidió
su cierre es el de DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS ESPAÑA, S.L.U, cuyo impacto dejó en la calle a
cerca de 2.000 trabajadores, colectivo que siguió recibiendo millones de euros en ayudas públicas
en el marco de un “dispositivo de tratamiento singular” acordado por la Junta de Andalucía con los
sindicatos mayoritarios.
La tendencia de las administraciones por suplir la falta de iniciativa privada no es nueva en la
provincia, y así los esfuerzos realizados por el estado español para dotar de carga de trabajo a
empresas como NAVANTIA, las apuestas realizadas por los puertos de Cádiz y Algeciras, o por la
Zona Franca de Cádiz, son ejemplos claros de ello.
Las distintas reconversiones industriales en la provincia de Cádiz, llevadas a cabo desde las
primeras actuaciones del gobierno socialista de 1985, así como los distintos movimientos del
mercado, ha ido limitando la participación pública directa en el sector privado (recordemos
empresa como TABACALERA, TELEFÓNICA, CASA, ASTILLEROS ESPAÑOLES Y BAZÁN, ETC.) del que
hoy día sólo queda el ejemplo de NAVANTIA, con 811 empleos directos y miles de indirectos,
heredera de estas dos últimas.
En otro orden, las tan criticadas pero también inalteradas por los sucesivos gobiernos,
políticas de empleo en el ámbito rural, con una economía familiar subsidiada a través de los planes
de empleo rural (el famoso PER) y los subsidios por desempleo agrario, sostienen el entorno rural
y a sus habitantes, afectando a familias completas en amplias zonas de la sierra de Cádiz y otros
municipios de la provincia, llegando a rondar los 15.000 beneficiarios sólo en subsidio para
eventuales del Sistema Especial Agrario y Renta Agraria.
El empleo lo generan las empresas. Las Administraciones tienen que gestionar los servicios
públicos bajo principios de calidad, eficacia y economía. Este principio tan básico ha sido olvidado
por muchos de nuestros dirigentes durante décadas.
2.4. Falta de competitividad y especialización.
¿Se nos ve como una provincia no competitiva? Cádiz necesita con urgencia, en palabras de D.
Javier Sánchez Rojas, Presidente de la CECA, entre 25.000 y 30.000 empresas que generen entre 50
EUGENIO SANTA-BÁRBARA MARTÍNEZ
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Especial análisis de su repercusión en Jerez de la Frontera.
y 60.000 empleos. Hay que potenciar que ese 82% de empresas de la provincia que tienen menos
de tres trabajadores, pueda crecer y crear empleo. Sin empresas no hay empleo.
Ello no obstante, en cumplimiento del mandato constitucional contenido en el art. 40, dentro
de los principios rectores de la política social y económica, que obliga a los poderes públicos a
promover “las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución
de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad
económica...y de manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo”, son muchas
las actuaciones que se han encaminado a ese fin, la mayor parte de las cuales han terminado en un
fracaso o al menos no han satisfecho las expectativas generadas con dichas medidas.
A modo de ejemplo, por los interlocutores que intervinieron y el momento en el que se
alcanzó, en vísperas de lo que luego sería la mayor crisis económica que se recuerda, el 11 de mayo
de 2006 se firma por parte de la Diputación de Cádiz, la Confederación de Empresarios de Cádiz
(CEC) y los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT, el “Acuerdo por el desarrollo socioeconómico de
la provincia de Cádiz”.
Su ambicioso objeto era “el desarrollo de programas y proyectos coherentes, integrados,
eficaces y eficientes, orientados a la consecución del desarrollo económico sostenible, la creación
de empresas y la generación de empleo de calidad en la provincia”. El documento partía de
reconocer que, a pesar de contar con importantes recursos naturales y patrimoniales, “la situación
de partida de la provincia de Cádiz presenta unas características estructurales respecto a otras
provincias andaluzas y, en general, al conjunto español que suponen una posición de debilidad
relativa, necesitada de un esfuerzo específico de concertación y cooperación activa entre todas las
instituciones de la provincia para superarla. Cádiz, a pesar de sus importantes potencialidades,
continúa siendo la provincia española que mantiene una mayor tasa de desempleo”.
El documento marcaba unos objetivos específicos, entre los que se encuentran la mejora de
las infraestructuras, potenciar relaciones con la UE, apostar por energías alternativas, poner en
valor los recursos endógenos, potenciar la inversión y la formación sociolaboral, a fin de
incrementar la capacidad competitiva de las empresas de cara al pleno empleo.
La lectura del documento, ambicioso y realista en cuanto a sus planteamientos y objetivos, no
puede más que sonrojarnos casi 10 años después, al reconocer que el panorama empresarial,
industrial, de desarrollo y empleo en la provincia de Cádiz, no sólo no ha mejorado, sino que,
inmersa en una crisis económica que ya dura siete años, ha empeorado y nos sitúa en algunos
EUGENIO SANTA-BÁRBARA MARTÍNEZ
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La economía sumergida en el ámbito laboral y de Seguridad Social. Su incidencia en la provincia de Cádiz.
Especial análisis de su repercusión en Jerez de la Frontera.
aspectos en niveles inferiores a los de entonces, con multitud de empresas desaparecidas y datos
de desempleo muy superiores.
Cuanto antes reconozcamos que nos encontramos ante un problema estructural y no
coyuntural, antes podremos ponernos en camino hacia su solución. Y si bien es cierto que se aprecia
una tímida recuperación (203.244 parados registrados a marzo de 2014 frente a 189.821 en marzo
de 2015) y suben los datos de afiliación a la Seguridad Social, las variaciones no son muy alentadoras
y seguimos muy alejados del resto de Andalucía y de España.
EUGENIO SANTA-BÁRBARA MARTÍNEZ
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La economía sumergida en el ámbito laboral y de Seguridad Social. Su incidencia en la provincia de Cádiz.
Especial análisis de su repercusión en Jerez de la Frontera.
Paralelamente, el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo en la provincia,
tanto contributivo como asistencial, ha disminuido, y así, de 106.204 beneficiarios en 2012 (punto
álgido de la crisis) a final de 2014 eran 88.311 los perceptores, sin que se haya seguido un ritmo
similar de creación de empleo.
Hay que concluir lógicamente que son cada vez más las familias sin recursos que se ven
abocadas a subsistir, entre otras cosas, de la economía sumergida, pues de lo contrario no se
entendería que estuviéramos viviendo una auténtica alarma social. Aun así, según informe de
Cáritas, “el 24% de la población de la provincia de Cádiz se encuentra en exclusión social, afectando
a 297.000 personas. Se trata de una realidad que sufren más de 100.000 hogares gaditanos y que
afecta con especial intensidad a 136.000 personas (42.000 hogares) que se encuentran en situación
de exclusión severa”. Sólo el recurso a la economía sumergida y el apoyo de las familias ayuda a
paliar la situación, junto a las ayudas públicas directas y de organizaciones de caridad.
La realidad sociolaboral en Jerez de la Frontera, se completa en el siguiente cuadro sobre
afiliados a la Seguridad Social y pensionistas:
EUGENIO SANTA-BÁRBARA MARTÍNEZ
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La economía sumergida en el ámbito laboral y de Seguridad Social. Su incidencia en la provincia de Cádiz.
Especial análisis de su repercusión en Jerez de la Frontera.
Basta con hacer una pequeña regla aritmética para entender que en una ciudad como Jerez,
de más de 214.000 habitantes, con una mayoría de población en edad de trabajar, sólo una cuarta
parte se encuentra laboralmente activa, completando el panorama con más de 34.000 pensionistas
de la Seguridad Social (34.495 a enero de 2015, de un total de 204.796 en la provincia) y 15.853
perceptores por desempleo.
¿Es esta una situación no sólo social, sino económicamente sostenible? La nómina de
pensiones en Cádiz para la Seguridad Social asciende a casi 183 millones de euros anuales. Los
medios de comunicación se hacían eco recientemente de que el Gobierno ha sacado del Fondo de
Reserva de la Seguridad Social 33.951 millones, dejando un saldo de 41.634 millones de euros, lo
que supone un descenso del 36,75% desde su máximo histórico en 2011, en que se nutría de 65.830
millones de euros.
No obstante, según el Gobierno, el año pasado aumentó el número de afiliados a la
Seguridad Social en 417.574 personas y el paro descendió en 253.627. Sin embargo, la relación
entre afiliados y pensionistas sigue cayendo y en febrero pasado –último dato oficial– ese
coeficiente era de tan sólo el 2,25. Es decir, había 2,25 afiliados por cada pensionista: 16,705
millones de afiliados ocupados y 2,283 millones de afiliados en paro (18,988 millones en total),
frente a 8,426 millones de pensionistas. Esta relación de 2,25 es la más baja desde 1999 y queda
lejos del 2,71 alcanzado en 2007, justo antes del estallido de la crisis.
La Seguridad Social ha de desembolsar mensualmente más de 8.000 millones de euros para
pagar las pensiones. En concreto, en febrero pasado abonó 8.169 millones de euros, un 3,1% más
que en el mismo mes de 2013. Este crecimiento se ha estabilizado en ese porcentaje en los últimos
meses, pues en febrero del año pasado el aumento fue del 3,5%.
Los empresarios reclaman, legítimamente, la disminución de las cotizaciones sociales, que
consideran un gasto fijo excesivamente gravoso para las empresas, abogando incluso algunos por
que las pensiones se financien con cargo a Presupuestos Generales del Estado. ¿Es viable en la
situación actual una pretensión semejante? Cualquier Gobierno estaría deseoso de plantear una
disminución de las cotizaciones, pero probablemente eso haría insostenible el Sistema. ¿Qué
ocurriría, sin embargo, si aflorara la totalidad de la economía sumergida existente? La mejor
alternativa a la economía sumergida es la creación de empleo, y empleo de calidad. ¿Está
preparada la provincia de Cádiz para afrontar este reto?.
EUGENIO SANTA-BÁRBARA MARTÍNEZ
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Especial análisis de su repercusión en Jerez de la Frontera.
3. LOS FACTORES POLÍTICOS.
3.1. Falta de credibilidad y solvencia.
Una patología en el intervencionismo político se ha puesto de manifiesto con gran
virulencia como uno de los casos de corrupción política probablemente más graves de la
democracia, en los casos de Expedientes de Regulación de Empleo “controlados” desde la
Junta de Andalucía donde se ha decidido, presuntamente, con crit erios políticos o de
“amiguismo” las personas que entraban en los mismos, o la asignación de fondos públicos para
garantizar el cobro de indemnizaciones por despido capitalizadas y aseguradas, el acceso a
prestaciones por desempleo y a pensiones públicas, o el aún más reciente de los fondos
destinados a formación para el empleo sin ningún tipo de intervencionismo financiero y de
control del gasto que garantizara el destino correcto de los mismos.
Los casos de corrupción salpican de lleno a la provincia de Cádiz en general y a Jerez en
particular. El que fue alcalde de Jerez durante 25 años, Pedro Pacheco, se encuentra en prisión
por un caso de nepotismo y tiene varias causas pendientes. Otra de sus alcaldesas, Pilar
Sánchez, está condenada por malversación de fondos públicos y puede entrar en prisión en
breve, teniendo igualmente otras causas pendientes con la justicia. Varios Delegados de
Empleo, Consejeros, etc., están imputados por diversos delitos derivados directamente de su
gestión política y de fondos públicos.
Todas estas cosas que oscurecen el panorama político y económico de Andalucía en
general y de la provincia de Cádiz en particular, dificultan enormemente crear un entorno de
confianza que atraiga capital privado, que favorezca la inversión, la iniciativa empresarial, el
emprendimiento de autónomos, etc., que se encuentran con administraciones excesivamente
burocratizadas, que generan desconfianza, que pagan tarde a sus proveedores y a las
empresas concesionarias de servicios públicos, o que no se rigen por principios de eficacia,
objetividad y seguridad jurídica, ahuyentando cualquier intento salvo que por la vía de la
subvención y la dotación de ayudas públicas se les ofrezca un panorama económicamente
atractivo pues en caso contrario, en un mundo globalizado como el actual, se eligen destinos
más atractivos y seguros donde implantarse.
3.2. Falta de seguridad jurídica.
La pluralidad de Administraciones Públicas y de Gobernantes, con distintos criterios políticos y
económicos y distintas prioridades, con intereses electoralistas muchas veces alejados del bien
EUGENIO SANTA-BÁRBARA MARTÍNEZ
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Especial análisis de su repercusión en Jerez de la Frontera.
común, con competencias muchas veces solapadas, contribuye a crear un panorama de confusión
e inseguridad.
Las excesivas trabas administrativas, un excesivo intervencionismo, una excesiva complejidad
normativa, muchas veces contradictoria y confusa, distinta de unas zonas a otras según a quien
corresponda la competencia, e incluso excesivamente cambiante en función de los intereses de
cada momento, a veces incluso fruto de la improvisación, aleja toda iniciativa privada.
3.3. Falta de compromiso y conjunción de las AAPP y los Agentes Sociales.
¿Se ha remado todos estos años en la misma dirección? La falta de entendimiento entre
patronal y sindicatos, el recrudecimiento de conflictos en una provincia “dura” desde el punto de
vista sindical, el enfrentamiento entre administraciones de distinto color político, castigan el
desarrollo y el empleo. Las decisiones de contenido económico, de inversión pública, de
financiación, etc., no siempre responden a problemas y necesidades reales, y se ha tendido
demasiadas veces a favorecer a unos antes que a otros por diferencias ideológicas, partidistas o por
intereses no encontrados.
La “complicidad” generada también en algunos casos conocidos entre partidos políticos y
administraciones con los agentes sociales (sindicatos y asociaciones empresariales) tampoco
ha ayudado a mejorar las condiciones sociolaborales de la provincia.
Unas relaciones laborales colectivas excesivamente rígidas, con alto grado de
conflictividad laboral, una negociación colectiva muy encorsetada en estructuras del pasado,
una excesiva carga política y posicionamiento de las autoridades en situaciones de conflicto
colectivo o de despido colectivo, ha contribuido igualmente a que iniciativas privadas se hayan
ido frustrando a lo largo de los años. Por poner un ejemplo, uno de los convenios colectivos
más relevantes en la provincia, por regir la relación laboral de más de 10.000 trabajadores,
como es el Convenio Colectivo de la pequeña y mediana industria del metal, y que
recientemente estuvo a punto de perder vigencia por superar el año de ultraactividad previsto
en el Estatuto de los Trabajadores tras su denuncia, se abandera por los sindicatos como texto
de contenidos irrenunciables y sin capacidad por la clase empresarial de mover estructuras
rígidas en el mismo, haciendo pasar a numerosas empresas de la provincia por unas
condiciones de trabajo dominadas en su momento por Navantia y las subcontratas
intervinientes en la misma, y actualmente por Acerinox y su entorno productivo, llegándose a
convertir dicho convenio en su sector en el segundo económicamente más alto de España tras
el de Vizcaia, lo que encarece los costes de producción y resta competitividad a las empresas.
EUGENIO SANTA-BÁRBARA MARTÍNEZ
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La economía sumergida en el ámbito laboral y de Seguridad Social. Su incidencia en la provincia de Cádiz.
Especial análisis de su repercusión en Jerez de la Frontera.
Urgen fórmulas de negociación colectiva más imaginativas y ambiciosas en su contenido, que
concilien el mantenimiento de derechos de los trabajadores con dar mayor flexibilidad a las
empresas de cara a su competitividad y viabilidad.
V. LAS VIAS DE SOLUCIÓN.
A mi juicio, y sin ánimo de exponer ningún tipo de receta o solución mágica para resolver un
problema enquistado durante décadas en nuestra provincia como es el de la economía sumergida,
para la creación de empleo en cantidad y calidad en la provincia de Cádiz, así como para que la
competencia entre empresas sea justa y en condiciones de igualdad, haciendo de nuestra sociedad
una sociedad más solidaria, donde todos aporten, contribuyendo de esta manera al sostenimiento
de los servicios públicos, el estado del bienestar y la sostenibilidad del sistema público de pensiones
con garantías de futuro, pasa, al menos, por las siguientes premisas:
1. Mejorar la imagen de solvencia y credibilidad desde la sociedad y poderes públicos:
concienciación y compromiso, estabilidad y transparencia.
Políticas económicas estables y coordinadas dirigidas al incentivo económico y la creación de
empleo desde el sector privado, estabilidad política, recuperación de la credibilidad desde los
poderes públicos y los agentes sociales, unido al compromiso de la sociedad en su conjunto
mediante una mayor implicación del ciudadano en la vida pública por los cauces de participación
que funcionan en países maduros democráticamente ( partidos políticos y sindicatos, pero también
asociaciones y plataformas cívicas de cualquier índole ), así como concienciación cívica, son caldo
de cultivo idóneo, junto a la transparencia y la estabilidad normativa, para crear un clima de
confianza necesario para atraer la inversión privada que permita el desarrollo y la industrialización
de una provincia deprimida y tachada de subdesarrollo, corrupción, y socialmente acomodada a la
ayuda pública.
2. Atraer inversión privada.
Incentivos, dotación suelo industrial, mejoras en infraestructuras, políticas activas de empleo
y generación de vías de financiación a las empresas en sustitución de las ayudas directas, así como
formación y divulgación de la cultura del emprendimiento y la creatividad empresarial, fomento de
la capacitación y motivación de directivos. En definitiva, hacer una política desde los poderes
públicos que sea fiel al mandato constitucional del Artículo 40, según el cual “los poderes públicos
promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución
EUGENIO SANTA-BÁRBARA MARTÍNEZ
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La economía sumergida en el ámbito laboral y de Seguridad Social. Su incidencia en la provincia de Cádiz.
Especial análisis de su repercusión en Jerez de la Frontera.
de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica.
De manera especial … orientada al pleno empleo”.
Esto se traduce, ligado al apartado anterior, en crear las condiciones y el marco idóneo para
reactivar la iniciativa privada, tanto interior (ciudadanos y empresas de nuestra provincia
dispuestos a emprender, crear proyectos empresariales e invertir en su propio ámbito geográfico)
como exterior (inversores y empresas de fuera de la provincia que vean en Cádiz un lugar adecuado
para sus proyectos empresariales).
Recientemente se ha anunciado la puesta en marcha en la provincia de la llamada Inversión
Territorial Integrada, donde el Gobierno de la nación junto a la Junta de Andalucía se compromete
a invertir casi 1.300 millones de euros “para sacar a Cádiz de la cola de Europa”.
Se elige Cádiz, junto con otras tres provincias españolas, “por su retraso en muchos índices,
como el desempleo, con respecto al resto de España y de Europa”. El programa recoge un conjunto
de medidas destinadas a mejorar la competitividad y crear empleo.
Según la Secretaria de Estado de Hacienda “la ITI es un instrumento nuevo de programación
de los Fondos Estructurales y de Inversión para el periodo 2014-2020 que no se puede
comparar a ninguna otra iniciativa. Se van a movilizar casi 1.300 millones de euros con el
objetivo de conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador para la provincia de
Cádiz. Además, todas las administraciones públicas participan, para lo que se ha realizado un
importante esfuerzo de coordinación. Finalmente, a la hora de diseñar la programación de la
ITI se han tenido en cuenta las experiencias anteriores y los resultados, incorporándolos en el
proceso decisorio para evitar errores y potenciar experiencias exitosas”. Añade que “la ITI
pretende ser un elemento dinamizador de la economía gaditana y de su mercado de trabajo.
Cádiz presenta una situación logística y estratégica excepcional como puente entre Europa y
África, entre el Mediterráneo y Atlántico. Esta situación excepcional le permite tener un
conjunto de oportunidades que no pueden desaprovecharse”. Pero lo que es más interesante,
a la pregunta de quién cree que va a tener más peso en esta iniciativa, si los empresarios o
las administraciones, la respuesta no puede ser, en mi opinión más acertada: “sin lugar a duda,
los ciudadanos, la sociedad civil. Estamos pasando de unos periodos en los que los
protagonistas eran las infraestructuras y con ellas las administraciones que las promueven, a
una época en la que la prioridad son la I+D+i, las TICs, las pymes y la economía basada en el
uso de carbono”.
EUGENIO SANTA-BÁRBARA MARTÍNEZ
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Especial análisis de su repercusión en Jerez de la Frontera.
¿Tenemos aquí la oportunidad que Cádiz necesitaba? ¿Estamos realmente ante “un traje
a medida para Cádiz”, como lo tildaba el Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía
en su presentación? Esperemos que la sociedad, las Administraciones y los Agentes Sociales
sepan aprovecharla.
3. Reindustrialización.
Industria junto a servicios, para generación de riqueza y de valor añadido a bienes y servicios,
garantizando de esa manera una mayor estabilidad frente a la estacionalidad del empleo. Dentro
de ese proceso de reindustrialización, hay que apostar por sectores específicos, que requieran
además, de ser posible, de mano de obra masiva:
 AGROALIMENTARIO: PRIMERA Y SEGUNDA TRANSFORMACIÓN.
La provincia de Cádiz está identificada con el sector agroalimentario desde tiempo inmemorial.
Sectores como el bodeguero en las comarcas de Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María,
Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Chipiona, Rota, Puerto Real, y Chiclana de la Frontera, Zona de
Producción que ocupa una superficie ligeramente superior a las 10.000 hectáreas, fueron
directamente responsables, gracias a las exportaciones, del florecimiento económico de la zona en
el siglo XIX. Una adecuada política económica y comercial, un apoyo firme de las administraciones,
una adecuada política de precios, deben contribuir a mantener los vinos de la zona entre los
mejores y más demandados del mundo, como el producto de excelencia que son.
Pero cuenta con otros sectores que pasan desde cultivos específicos como la zanahoria, el
girasol, la remolacha, productos de la huerta, el olivar en la Sierra; pero también el cultivo de flores
en la comarca de Chipiona; la ganadería, con ejemplos como la cabra payoya, el retinto, la
ganadería brava con el toro de lidia; y por supuesto los productos derivados del mar, la pesca en
Barbate, Sanlúcar, Conil, Tarifa, etc., con ejemplos como la pesca del atún rojo salvaje y toda la
industria conservera que ha nacido en torno a esa tradición milenaria en las zonas de Conil, Barbate
y Tarifa, que deben ser apoyados con decisión para que no emigren a otros países como Marruecos.
No en vano, con los kilómetros de litoral que posee la provincia, las grandes extensiones de
terreno, con dehesas y enormes zonas cultivables, así como una climatología privilegiada, son
recursos que se deben aprovechar al máximo para basar un importante motor económico sobre
todo de las zonas rurales y ser una alternativa que permita terminar, de una vez por todas, con la
economía familiar subsidiada que no conduce a nada y actúa incluso como freno del desarrollo y el
progreso. Para ello, la política agrícola que se defiende en Europa, no puede perder de vista a la
EUGENIO SANTA-BÁRBARA MARTÍNEZ
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Especial análisis de su repercusión en Jerez de la Frontera.
provincia de Cádiz. Además, debemos ir más allá de la producción, llegando a la manipulación y
envasado, distribución y comercialización, con el fin de incrementar el valor añadido a los productos
y emplear más mano de obra.
 AUTOMOCIÓN.
En España hay 19 plantas relacionadas con la automoción que continúan recibiendo
inversiones y creando empleo, gracias en parte al apoyo de las autoridades y el entendimiento entre
sindicatos y patronal. En la provincia de Cádiz llegamos a tener dos plantas relacionadas con la
automoción y acabaron cerrando. ¿No somos competitivos?.
Esta experiencia previa, la formación de cientos de trabajadores de la provincia en el sector, y
la cultura del motor generada en Jerez en torno al circuito de velocidad, deberían ser semilla
suficiente para el renacimiento de un sector que demanda gran cantidad de mano de obra.
 INDUSTRIA NAVAL Y AERONÁUTICA.
Construcción, mantenimiento, transformación y reparación (civil y militar), en ambos sectores
de ingeniería.
La experiencia y formación acumuladas durante décadas debe llevar a un análisis de los
mismos con apuesta clara por una industria adaptada a la demanda, especializada y competitiva
que garantice su supervivencia en la Bahía de Cádiz.
En cuanto al Sector Naval, el cuestionamiento permanente de Navantia como única empresa
pública que persiste en la provincia, debe llevar a un debate definitivo sobre su existencia. Una clara
definición de la compañía adaptada al mercado global propio de la construcción naval, donde el
valor añadido sea la cualificación, la especialización y la experiencia, que garantice su viabilidad
económica.
Por su parte, en el sector aeronáutico, la implicación de la provincia a través de Airbus (y de
Alestis participada en un 54% por aquella, así como por la SEPI), en el proyecto aeronáutico
europeo, reservándose las factorías de Cádiz una cuota de los distintos programas previstos por la
compañía.
 ENERGÍAS RENOVABLES.
La extensión, el relieve, los vientos que recorren una provincia con situación geográfica y clima
privilegiados, con esas más de 2.800 horas de sol al año, hacen de la provincia de Cádiz una tierra
susceptible de ser explotada en la obtención de energía partiendo de los recursos naturales, sobre
todo eólica y solar, y debe crecer en torno a la misma una industria capaz de su desarrollo,
tratamiento y distribución.
EUGENIO SANTA-BÁRBARA MARTÍNEZ
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 LOGÍSTICO.
El Puerto de Algeciras es el puerto con mayor tráfico de mercancías de España y está dentro del top
cinco europeo. Así en 2013 recibió más de 60 millones de toneladas, dos millones más que Valencia
y más del doble que Barcelona. Una buena conexión con el resto de España y Europa por ferrocarril
permitiría un desarrollo logístico (desplazamiento de mercancías más rápido y más barato), junto
con el movimiento de mercancías por carretera, que sería un complemento fundamental al
desarrollo del citado puerto y de la provincia.
Por su parte, si bien más del 90% de la mercancía que pasa por el Puerto de Algeciras es
mercancía en tránsito de Asia a África, la potenciación del Puerto de Tánger Tanger Med y Tanger
Med 2 con la consiguiente competencia que supone, podría llevar a un incremento del tráfico de
mercancías hacia Europa. La posición geográfica de Jerez respecto a Algeciras y la comunicación a
través de la A-381, podría hacer de esta ciudad una base logística de distribución de mercancías
procedentes del Puerto de Algeciras.
 TURISMO: CULTURA Y OCIO.
La provincia de Cádiz con sus inestimables recursos naturales, su gastronomía, cultura y
patrimonio, así como un clima inmejorable para actividades de turismo de ocio, descanso y
diversión, y Jerez en particular con todo lo vinculado al vino, el caballo, el flamenco, el motor, etc.
hacen de ellas una potencia turística de primer orden. No en vano son el sector que a través de la
hostelería, comercio y servicios en general están permitiendo un repunte de las tasas de actividad
y una disminución del desempleo más claramente que otros sectores de actividad.
4. Formación orientada a la especialización y a la demanda.
Es necesario homologar la mano de obra de la provincia de Cádiz con el resto de España,
adecuando la formación a la demanda. Una política educativa mantenida y correcta, una
Formación Profesional adecuada a las necesidades de los sectores de actividad por los que se
apueste, y una formación universitaria basada en la cultura del emprendimiento y en la creatividad,
deben servir de estímulo a las generaciones que hoy día miran fuera de la provincia y de España
para desarrollar su vida laboral.
5. Incremento de la cultura, formación y educación cívica.
Junto a la lucha contra el fraude, los poderes públicos deben contribuir a mejorar los niveles
de moral tributaria, conciencia fiscal o, simplemente, educación cívica. Como todos sabemos, para
EUGENIO SANTA-BÁRBARA MARTÍNEZ
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Especial análisis de su repercusión en Jerez de la Frontera.
que estas ideas cales en la sociedad, hay que empezar en edades tempranas, desde la escuela, en
los institutos, en las universidades, en la televisión como principal cauce de transmisión de
información. La sociedad debe conocer la realidad del fraude, del engaño, de la economía
sumergida y sus consecuencias para el conjunto de la ciudadanía, debe ser consciente de que es
combatida desde las administraciones competentes, publicitándose las sanciones más graves, y,
tan importante como lo anterior, debe conocer sus obligaciones legales y sus derechos. Para ello es
fundamental la simplificación de la regulación en cuestiones tan relevantes como fiscalidad,
laboralidad, creación de empresas, etc. Con normas claras y estables, de fácil comprensión y
cumplimiento, así como de fácil fiscalización.
Paralelamente, la cooperación con los órganos de control y fiscalización a fin de mejorar la
localización de las bolsas de fraude, de la sociedad en general pero también de asociaciones y
organizaciones y de otras administraciones, todo ello desde el diálogo social.
6. Profundización en las medidas normativas en el ámbito laboral.
Al margen de la reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular bajo los
principios de flexi-seguridad, valorada de forma diferente entre distintos sectores de la sociedad,
partidos políticos y sindicatos, y a la que no me referiré en este artículo por no ser objeto del mismo,
se debería de continuar en las reformas del mercado laboral dirigido a favorecer el
emprendimiento y la iniciativa empresarial, favorecer la creación de empleo y adaptación de la
legislación laboral a las nuevas formas de trabajo, así como mejorar los “incentivos” para el trabajo
declarado, reduciendo el atractivo económico del no declarado.
Estamos teniendo ejemplos recientes en tal sentido con medidas legislativas que afectan al
trabajo por cuenta propia y a la economía social.
7. Lucha contra el fraude.
Sin ser algo novedoso en el trabajo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social española el
combatir la economía sumergida y el fraude a la Seguridad Social dentro del ámbito competencial
que le atribuye la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, por primera vez, el Consejo de Ministros en sesión de 27 de abril de 2012 aprueba
el PLAN DE LUCHA CONTRA EL EMPLEO IRREGULAR Y EL FRAUDE EN SEGURIDAD SOCIAL para los
ejercicios 2012-2013 que ha seguido orientando las actuaciones del año 2014.
EUGENIO SANTA-BÁRBARA MARTÍNEZ
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La economía sumergida en el ámbito laboral y de Seguridad Social. Su incidencia en la provincia de Cádiz.
Especial análisis de su repercusión en Jerez de la Frontera.
A) ¿Qué justifica el Plan? La mayoría de los argumentos que lo fundamentan han sido ya
referidos en este artículo:
El malestar social entre los ciudadanos que cumplen sus obligaciones laborales y tributarias; la
dignidad de los trabajadores; la merma de derechos sociales y laborales que conlleva aparejada la
economía no declarada; la justa competencia entre las empresas, la sostenibilidad del sistema
público de Seguridad Social por la consiguiente pérdida de ingresos para los recursos del mismo.
B) En cuanto a los Objetivos del Plan, se fijan esencialmente en los siguientes:
-
Detección de supuestos de infracotización (diferencias en bases y tipos de cotización).
-
Actuación ante empresas deudoras: derivación de responsabilidad sobre tales deudas que
permita abrir nuevas vías para su cobro.
-
Combatir los supuestos de aplicación y obtención indebida de bonificaciones y reducciones en
las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
-
Aflorar posibles situaciones fraudulentas en el acceso y la percepción de otras prestaciones
del sistema de la Seguridad Social: simulación de relaciones laborales para la obtención
indebida de prestaciones.
-
Corregir la obtención y el disfrute en fraude de ley de prestaciones, particularmente en
aquéllos supuestos en que se constituyan EMPRESAS FICTICIAS.
C) Actuaciones comprendidas en el Plan:
-
Potenciación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social mediante medidas de mejora
organizativa, incremento de efectivos y potenciación de sus facultades y atribuciones.
-
Potenciación de la colaboración institucional, no sólo con las Entidades Gestoras y Servicios
Comunes de la Seguridad Social ( INSS, TGSS, SPEE, ISM ), sino también con el Ministerio Fiscal
y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre todo en cuanto a persecución de delitos
del ámbito de la Seguridad Social; con el Consejo General del Notariado para facilitar a la ITSS
el acceso al Índice Único del Notariado, con el Colegio de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles de España, y por supuesto con la AEAT.
D) Instrumentos normativos para la ejecución del Plan:
-
La Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la
Seguridad Social. Se justifica su Exposición de Motivos en que “deben intensificarse las
actuaciones tendentes a afrontar determinadas conductas, profundamente injustas e
insolidarias (…), así como segmentadoras del mercado de trabajo”. Las modificaciones que
EUGENIO SANTA-BÁRBARA MARTÍNEZ
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La economía sumergida en el ámbito laboral y de Seguridad Social. Su incidencia en la provincia de Cádiz.
Especial análisis de su repercusión en Jerez de la Frontera.
introduce la Ley 13/2012 se concretan básicamente en las siguientes normas, afectando, de
forma sintética, en el siguiente contenido:
-
Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con ampliación del periodo
previo de investigación por parte de la Inspección en supuestos de fraude complejos (máximo
18meses), ampliación de atribuciones y mejoras en la colaboración.
-
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, con la ampliación de los tipos infractores
y modificación de algunos criterios de graduación de las sanciones.
-
Estatuto de los Trabajadores, extendiendo a 3 años del plazo para exigir responsabilidad
solidaria por incumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social en los supuestos de
subcontratación (art. 42 ET).
-
Modificación del Código Penal a través de la Ley Orgánica 7/2012, para los delitos contra la
Seguridad Social, basado en la necesidad de “tutela de valores básicos de convivencia social”,
y en la lesión bienes jurídicos relevantes, como son, la economía en su conjunto, la
competitividad, y los derechos de los trabajadores. Se modifican los arts. 307 y 311, e
introducen los arts. 307 bis y ter.:
• Ampliación del periodo de prescripción de los delitos contra la Seguridad Social de 5 a 10
años.
• Exigencia del pago de las cuotas defraudadas para la exención de la responsabilidad penal
y reducción de la cuantía mínima a efectos de consideración de delito de 120.000 a 50.000
euros.
• Tipificación como delito del empleo simultáneo de una pluralidad de trabajadores en
situación irregular.
• Tipo específico para la penalización de las defraudaciones en prestaciones del Sistema de
la Seguridad Social.
Todo ello con un esquema similar al delito fiscal (tipos básicos, atenuados y agravados).
Recientemente, por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, se añade un nuevo tipo penal al
art. 311 del Código Penal para incluir la figura de los menores y extranjeros sin permiso de trabajo
en el delito del empleo simultáneo de una pluralidad de trabajadores en situación irregular.
Este Plan específico, según datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
ha arrojado, entre otros, los siguientes resultados del periodo 2012 a 2014.
• Han aflorado 252.822 empleos sumergidos en España. De ellos, 7.943 en la provincia de
Cádiz.
EUGENIO SANTA-BÁRBARA MARTÍNEZ
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La economía sumergida en el ámbito laboral y de Seguridad Social. Su incidencia en la provincia de Cádiz.
Especial análisis de su repercusión en Jerez de la Frontera.
• Se han anulado 103.238 altas fraudulentas en empresas ficticias, de las que 1.580 lo han
sido en la provincia de Cádiz.
• Se han transformado 115.747 contratos temporales en fraude de ley en indefinidos. 3.894
en la provincia de Cádiz.
Estas medidas de lucha contra el fraude se enmarcan en las medidas implantadas en la UE
como disuasorias de la economía no declarada y que se basan en la detección y en la penalización
del incumplimiento. Tratan de, en definitiva, cambiar el ratio coste beneficio asociado a la situación
de inobservancia de las obligaciones laborales, incrementando la percepción de que la probabilidad
de ser detectado es mayor. Es lo que se llama efecto inducido de las actuaciones de la Inspección
de Trabajo y SS. No en vano, con la reforma que vino de la mano del Plan de lucha contra el fraude,
en 6 años la falta de alta de dos trabajadores en una empresa pasó de ser castigada con una sanción
económica mínima de 601,04 a 7.502,40 euros. Hasta entonces, la rentabilidad de mantener a un
trabajador sin alta ante el riesgo de que me descubrieran y sancionaran, era evidente.
8. Revisión del régimen de incompatibilidades y cuantías de las pensiones y prestaciones por
desempleo.
Su finalidad debe ser, por un lado, garantizar la sostenibilidad del sistema y, por otro, actuar
como medida incentivadora para que salga a la luz el trabajo no declarado y que se compatibiliza
con el cobro de alguna prestación o pensión pública.
En la práctica, medidas legales llevadas a cabo para introducir fórmulas de flexibilización como
por ejemplo la jubilación anticipada o la jubilación parcial, o la revisión de la compatibilidad de las
pensiones por incapacidad permanente, han ahondado en esa línea, permitiendo continuar, de
alguna manera, con la actividad laboral “declarada” y que no se mantenga oculta, teniendo en
cuenta sobre todo que la cuantía mínima, por ejemplo, de una pensión de incapacidad permanente
total de un menor de 60 años con cónyuge a cargo es de 394,60 euros al mes en el año 2015, o que
una pensión de jubilación de un menor de 65 años con cónyuge a cargo es de 733,80 euros al mes
en el año 2015.
Estas medidas deben conllevar, como es lógico, un estudio acertado de coste beneficio, más
aun teniendo en cuenta la “vulnerabilidad” de nuestro actual Sistema Público de Seguridad Social.
9. Estímulo a la búsqueda de empleo.
La creación de empleo y empleo de calidad como alternativa a la economía sumergida.
Fórmulas como el autoempleo han sido objeto de tratamiento específico con la Ley 11/2013, de 26
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de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de
empleo, así como la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización.
Casi 155.000 personas se beneficiaron en 2014 de la capitalización de la prestación por
desempleo para incorporarse como socios a una cooperativa o sociedad laboral o para iniciar
una actividad como autónomo, de forma que se alcanzó la mayor cifra desde 2009. La mayoría
de estos desempleados, 147.140 personas, utilizó la capitalización de su prestación en 2014
para establecerse como autónomo (2,5% más), mientras que 3.427 personas entraron a
formar parte de sociedades cooperativas (6,8% menos) y 3.630 personas, de sociedades
laborales (9,5% menos).
Según Paul Collard, que es el máximo responsable de la fundación británica CCE Creativity,
Culture and Education), que promueve el aprendizaje creativo, "no hacen falta buscadores de
empleo, sino inventores de empleo". Sostiene que es necesario cambiar la forma de educar para
que se desarrolle la creatividad en los jóvenes.
Su fundación ha elaborado una definición propia de lo que es la creatividad. Así, una
persona creativa es la que tiene cinco capacidades: hábito de pensar, imaginación, disciplina,
resiliencia, colaboración y curiosidad. Pero para llevar a cabo ese tipo de aprendizaje que
desarrolle la creatividad, es preciso cambiar la educación. "Después de investigar mucho,
hemos encontrado que para desarrollar la creatividad en los jóvenes la cuestión no está en lo
que se enseña, sino en cómo se enseña, y esa manera de enseñar debe estimular la
motivación, la autonomía y la independencia. Es especialmente importante una educación de
este tipo porque ante el desempleo que hay, "es necesario que los jóvenes inventen sus
propios trabajos, no pueden esperar a que el resto del mundo invente el trabajo para ellos”.
10. Simplificación y coordinación de las AA.PP.
Dirigido a una agilización y simplificación de la burocracia. La tan manida “ventanilla única”
que dada la estructura del estado español nunca ha llegado a ser realidad.
Reducción del número de formularios a cumplimentar, uso de medios tecnológicos, acceso a
fuentes de información del ciudadano en posesión de cualquier administración pública, con las
cautelas sobre protección de datos necesarias, deben facilitar no sólo la creación de empresas
desde el punto de vista formal, sino también que la dificultad práctica o formal del cumplimiento
de las obligaciones laborales, de Seguridad Social o tributarias, no sea un estímulo para acudir a la
economía no declarada.
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Ya se han dado claros ejemplos con la implantación a muchos niveles de la administración
electrónica, y más concretamente en materia de Seguridad Social con la implantación del sistema
de liquidación directa en materia de cotización.
Junto a ello, la agilización de los procedimientos concursales, con creación y dotación de
nuevos juzgados de lo mercantil (en Cádiz sólo hay uno para toda la provincia que tramita 900
procedimientos).
VI. CONCLUSIONES.
Básicamente, dos son los tipos de economía sumergida, informal o no declarada, que
conocemos en nuestro entorno: la que deriva de una decisión clara y manifiesta de incumplimiento
voluntario, y la que se explica por una situación de necesidad ante la falta de empleo y de los
consiguientes recursos económicos necesarios para vivir. Igualmente, en ambos casos, se debe
distinguir entre la situación de economía sumergida absoluta o total, en que la actividad económica
realizada escapa absolutamente al cumplimiento de las obligaciones y regulaciones existentes, y
aquélla que podríamos de calificar de “parcial” pues convive con una parte de la actividad que sí se
declara. Si bien todas ellas son reprochables por insolidarias e injustas, y aunque en supuestos de
necesidad se comprendan aunque no se justifiquen, su solución no pasa por idénticos caminos.
Así, nadie duda de la actuación ejemplar, proporcional al daño producido y efectiva, de los
órganos de control del fraude, ante situaciones descaradas de economía no declarada cuando la
misma deriva de una decisión clara y manifiesta de incumplimiento voluntario, en que el
incumplidor rentabiliza su conducta ahorrando en impuestos, cotizaciones, salarios, etc.,
vulnerando los derechos de sus trabajadores, haciendo competencia desleal y dejando de
contribuir al beneficio de la sociedad. En este sentido, el endurecimiento de las medidas llevadas a
cabo con su doble efecto corrector y reparador, por un lado, y disuasorio, por otro, son bienvenidas
y están arrojando su resultado.
En el resto de los casos es donde las medidas de desarrollo y creación de empleo unidas a las
socializadoras e incentivadoras como son el resto de las que se han enumerado, deberían ser
suficientes, y, al igual que nadie duda del beneficio de contar con radares de control de velocidad
en carretera, pero no abogamos por “monitorizar” toda nuestra red de carreteras para que no
escape a control cualquier vulneración del límite de velocidad, los mecanismos y medios de lucha
contra el fraude deberían quedar para los casos de economía sumergida “extremos” o
“recalcitrantes”, actuando con todo el peso de la ley, y corrigiéndose el resto mediante una mejora
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en el empleo, potenciación de la cultura cívica, incentivo al trabajo declarado e intolerancia social
al fraude.
Los principales cambios de la historia derivan de movimientos sociales. Sólo una acción donde
se implique la sociedad en su conjunto y canalizada a través de los poderes públicos y del
asociacionismo (partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales, asociaciones de
ciudadanos, plataformas cívicas, etc.) permitirá dar una solución a la problemática aquí analizada.
Se hace imprescindible elevar el nivel cultural de la sociedad y de los individuos que la integran,
madurar democráticamente y desarrollar económicamente la provincia, con un proceso de
industrialización ordenado y decidido, basado en nuestros valores y recursos, y fomentando la
creatividad, las nuevas fórmulas que ofrece el mercado de trabajo, competitivos y globalizados.
Los poderes públicos deben contribuir a generar las condiciones para la generación de empleo
desde las empresas, adelgazando la estructura pública e invirtiendo la proporción actual en cuanto
al empleo público respecto al privado. Abrir cauces de financiación frente a la cultura de la
subvención, desarrollo y crecimiento frente a subsidio.
Los mecanismos de inspección y control deben mejorar en eficacia sin necesidad de
incrementar su tamaño o de aumentar la presión fiscalizadora. Una mejor planificación y recursos
suficientes y modernos permiten llegar a más con menos actuaciones. Para ello la colaboración y
cooperación a todos los niveles se hace imprescindible.
En palabras de Ana Novo en su libro “Deja de buscar trabajo…si quieres salir de la cola del
paro”, la llave del éxito está en nosotros mismos.
Cádiz, 30 de abril de 2015
BIBLIOGRAFÍA:
Hemeroteca Diario de Cádiz.
Wikipedia, la enciclopedia independiente.
Documentación Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Memoria Anual ITSS.
Estudio sobre “La economía sumergida en España” de la Fundación de Estudios Financieros, Alfredo Jiménez
Fernández y Ramiro Martínez-Pardo del Valle.
“Éxito, fracaso y abandono escolar en la Educación Secundaria Obligatoria” publicado por la Diputación de
Cádiz en la Colección de Estudios socio-económicos.
“Acuerdo por el desarrollo socioeconómico de la provincia de Cádiz”, 11 de mayo de 2006, Diputación de Cádiz.
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