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La República Dominicana ¿Se está convirtiendo en un estado monopartidista? AUTOR Carl Meacham Un informe del Programa Américas del CSIS NOVIEMBRE DE 2013 La República Dominicana ¿Se está convirtiendo en un estado monopartidista? Autor Carl Meacham Un informe del Programa Américas del CSIS Noviembre de 2013 ROWMAN & LITTLEFIELD Lanham • Boulder • Nueva York • Toronto • Plymouth, GB Sobre el CSIS—en su 50º aniversario Por 50 años el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS en inglés) ha desarrollado soluciones a los retos políticos más grandes del mundo. A medida que celebramos este hito, los investigadores del CEEI están desarrollando una percepción estratégica y soluciones de política bipartidistas para ayudar a los ejecutivos a delinear un curso hacia un mundo mejor. El CSIS es una organización sin fines de lucro con oficinas en Washington, DC. El Centro, con un personal de 220 personas trabajando a tiempo completo y una extensa red de investigadores afiliados conducen sus investigaciones y análisis y desarrollan iniciativas políticas que miran hacia el futuro y anticipan el cambio. Fundado en el punto más álgido de la Guerra Fría por David M. Abshire y por el Almirante Arleigh Burke, el CSIS fue dedicado a encontrar maneras de sostener la prominencia y prosperidad americanas como fuerzas para el bien en el mundo. Desde 1962 el CSIS se ha convertido en una de las instituciones internacionales más preeminentes, enfocado en la defensa y la seguridad, estabilidad regional, y retos transnacionales que van desde la energía y el clima hasta la salud global y la integración económica. El ex senador de los EE.UU. Sam Nunn ha sido el presidente de la Junta de consejeros del CSIS desde 1999. El ex subsecretario de defensa de los EE.UU., John J. Hamre se convirtió en presidente y oficial ejecutivo en jefe del centro en abril de 2000. El CSIS no toma posiciones políticas específicas; en consecuencia, todas las opiniones expresadas aquí deben ser comprendidas solamente como las del (los) autor(es). © 2013 por el Center for Strategic and International Studies. Todos los derechos reservados. Center for Strategic and International Studies 1616 Rhode Island Avenue, NW Washington, DC 20036 202-887-0200 | www.csis.org Rowman & Littlefield 4501 Forbes Boulevard Lanham, MD 20706 301-459-3366 | www.rowman.com Contenido Reconocimientos IV Sumario ejecutivo V La República Dominicana: ¿Se está convirtiendo en un estado monopartidista? 1 Trasfondo 1 Estado de la ley, autoridad judicial y partidos políticos en la República Dominicana 2 La corrupción y sus efectos 5 Los retos encarados por la relación dominico-americana Predicciones y conclusiones Apéndice: Lista de reuniones Sobre el autor 12 11 10 8 Reconocimientos El autor quisiera agradecer a la asistente de personal de Programa Américas, Jillian Rafferty, por su ayuda en preparar el borrador inicial del informe. La Sra. Rafferty y el coordinador del programa, Michael Graybeal, también proveyeron valiosa ayuda investigativa y logística a través del proyecto, y ayudaron a manejar el viaje de investigación a Santo Domingo. La asistente de personal Michelle Sinclair proveyó asistencia en manejar la agenda para el viaje de investigación. Finalmente, el autor quisiera reconocer la ayuda de James Dunton, director de publicaciones del CSIS, y de Alison Bours, director creativo del CSIS, por guiar la preparación final del informe. Sumario Ejecutivo Introducción: El proyecto Este informe es la culminación de un esfuerzo de seis meses para evaluar el estado de la ley, la corrupción y la independencia judicial en la República Dominicana. Los partidos de oposición del país han lanzado abundantes acusaciones sobre la dominación cuestionable del partido en el poder, y existen preocupaciones internacionales cada vez mayores sobre el estado de la democracia dominicana. Por lo tanto, un equipo del Programa Américas del CEEI viajó a la República Dominicana, para encontrarse con depositarios y practicantes de todos los trasfondos—el gobierno, la oposición, el partido en el poder, la sociedad civil, el sector privado, miembros corrientes y anteriores del poder judicial, y los medios de comunicación—para evaluar la situación. Hallazgos: Sobre el terreno en la República Dominicana El partido político en el poder, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ahora mismo controla el poder ejecutivo y tiene una mayoría tanto en el Congreso como en el Consejo Nacional de la Magistratura, el cuerpo que designa a los jueces y fiscales del país. La fe de la población en el sistema judicial se está erosionando gradualmente, a medida que los alegatos de influencia ejecutiva sobre el poder judicial se hacen cada vez más numerosos—y mejor documentados. Con un poder judicial visto como fuertemente influenciado por el PLD, una cultura de impunidad ha echado raíces en esta isla del Caribe, a medida que más y más ciudadanos recurren a medios extrajudiciales para resolver disputas y manejar conflictos. El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), la principal oposición del PLD, todavía no se ha reunificado, luego de que un pacto político del 2009 entre los líderes del PRD y el PLD dividiera al partido y lo dejara incapaz de presentar una plataforma coherente en oposición al PLD.1 ____________________________ Vale la pena hacer notar aquí que algunos ven un significado adicional en el pacto. El presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, firmó este supuesto “pacto de las corbatas azules” con el entonces presidente Leonel Fernández, pero la naturaleza controversial del acuerdo puede entonces haber impactado sus funciones en las elecciones primarias del PRD que llevarían a las elecciones presidenciales del 2012. Aunque la convención hubiese sugerido que Vargas Maldonado sería el candidato de la plana del PRD en las elecciones, fue sacado por el ex presidente Hipólito Mejía, quien entonces perdió ante Fernández en las elecciones generales. La campaña de Vargas Maldonado se quejó de los resultados de las primarias, alegando que el PLD apoyó financieramente la campaña de Mejía y envió a grupos de sus seguidores al final del día a votar por Mejía, a quien el liderazgo del PLD creía que sería más fácil de derrotar en las elecciones generales de más tarde, ese mismo año. 1 Informes de soborno generalizado, corrupción y lavado de dinero plagan las percepciones públicas del gobierno—pero, a falta de una alternativa viable, el apoyo electoral del PLD continúa siendo alto. La dominación de un solo partido, aunada a un poder ejecutivo cada vez más poderoso, ha dejado muy poco fuera de la esfera de influencia presidencial, amenazando fundamentalmente las instituciones democráticas del país. La aplicación desigual de las leyes a favor de los aliados del gobierno, unida a la corrupción que ha invalidado el sector formal de la economía, ha llevado a una inflación de los sectores informales y públicos y ha creado brechas para la infiltración de organizaciones criminales internacionales—particularmente en el campo del tráfico de drogas. Las relaciones dominico-americanas permanecen fuertemente enfocadas en el libre comercio a través del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana (CAFTA-DR o TLC), la inmigración hacia el norte, el tráfico de drogas y el estado de los haitianos que viven dentro de las fronteras dominicanas. Y con la cuestión controversial del estado de los inmigrantes haitianos en la República Dominicana y la desigualdad sistémica y persistente en todos los niveles de la sociedad dominicana, el gobierno encara un grupo de urgentes y sobrecogedores retos domésticos en su curso hacia adelante. Recomendaciones: Reparar un sistema dañado En vista de lo que hemos encontrado a través de nuestra evaluación, recomendamos lo siguiente: 1. Una conversación inclusiva y multipartidista sobre el estado del poder judicial dominicano y los retos particulares que encara en el campo de la independencia y la influencia partidista. 2. Una revisión de la “Ley de Partidos” y sus implicaciones para la salud de la democracia dominicana; y 3. Una discusión inclusiva sobre cómo el PRD se moverá hacia adelante, dadas sus corrientes desunión e inhabilidad de presentar una oposición viable al partido en el poder. Conclusiones: Reto, promesa y el futuro de la democracia dominicana La historia de corrupción y el pobre estado del derecho en la República Dominicana es larga—muchos hasta se refieren a una “cultura de corrupción” que caracteriza al sistema político del país. Sin embargo, a pesar de los giros inesperados que hayan aparecido en la experiencia del país con la corrupción, no se puede negar que el problema ha crecido—y rápidamente—en los últimos años. Aunque la corrupción pudiera—por sí sola—no parecer excepcional, al momento que las prácticas corruptas, aunadas con complicidad, permean y comienzan a erosionar los cimientos democráticos de un país, todo eso cambia. La dominación del PLD a través de todo el gobierno dominicano está, en su menor expresión, acercándose a esa línea—todo en el contexto de cimientos económicos cada vez más débiles, resultado en su mayoría del clientelismo que ha crecido con el poder del PLD. Quizás estos asuntos parecerían ser menos urgentes si no fuera por la increíble promesa de la República Dominicana. La economía más grande de Centro América y el Caribe y desde hace mucho el beneficiario de su propio sistema democrático relativamente estable, el país estaría en buena posición para tomar un papel de liderazgo en la región, expandiendo su perfil internacional mucho más allá del Gran Caribe. Pero mientras el status quo persista—y ciertamente si la situación empeora—la República Dominicana continuará deteniendo su propio progreso. Su potencial es impresionante—pero darse cuenta del mismo podría parecer sobrecogedor, particularmente con los retos que el país encara ahora mismo. La pregunta que queda es: ¿Qué pueden los políticos dominicanos hacer para volver a poner el país en orden? La República Dominicana ¿Se está convirtiendo en un estado monopartidista? Autor Carl Meacham Trasfondo Desde el comienzo del milenio, la República Dominicana ha visto tres jefes de estado: Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Hipólito Mejía, miembro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), asumió la presidencia en agosto de 2000. Aunque presidió sobre las peores crisis económica, bancaria, y de la tasa de intercambio de divisas, los esfuerzos de Mejía en empujar el desarrollo dominicano se enfocaron en distribuir el acceso a los recursos y servicios del gobierno a miles de comunidades rurales a través del país, antes que concentrarlos en los principales centro urbanos. Su administración estableció el primer sistema de retiro al estilo de seguridad social, proveyendo así una red de seguridad por vez primera en la República Dominicana. Aunque la administración de Mejía fue, al principio, culpada del colapso del segundo banco comercial privado más grande del país sobre la base de corrupción empedernida, ninguna evidencia ha podido unir a Mejía o a sus consejeros más cercanos con esta corrupción. Aunque hay informes de corrupción gubernamental durante su presidencia, ni las percepciones públicas ni la evidencia sólida sugieren que llegó a los niveles más altos del gobierno, permaneciendo más bien como un fenómeno de bajo nivel antes que un problema a través de todo el gobierno. Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) derrotó al presidente Mejía en las elecciones del 2004, habiendo servido ya como presidente a finales de la década de los 1990. Fernández dirigió el gobierno dominicano por dos términos consecutivos, en el curso de los cuales se enfocó mayormente en el desarrollo tecnológico e infraestructural y en la estabilidad macroeconómica y monetaria. Él asumió la presidencia al final de una profunda crisis económica que comenzó bajo la administración de Mejía—y aunque estabilizó exitosamente la economía del país, su política económica, en contraste con la de Mejía, fue vista como desatenta a los problemas sociales y a la desigualdad socioeconómica. El segundo gobierno de Fernández fue notable por su “pacto de las corbatas azules” y las reformas judiciales y constitucionales que fueron propiciadas por él. El pacto, un acuerdo entre Fernández y el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado—a quien Fernández derrotó en las elecciones presidenciales de 2008—aseguraba cooperación bipartidista a través del proceso de reforma.1 Fue durante este segundo término que las percepciones de Fernández comenzaron a mudar, con el presidente cada vez más vilipendiado— particularmente por el PRD ya profundamente fracturado—y visto como responsable de los problemas de la oposición y de la aparentemente creciente corrupción, el debilitamiento del estado de derecho, la consolidación del poder del PRD, y la erosión de la independencia judicial. La segunda presidencia de Fernández también fue caracterizada por preocupaciones cada vez mayores en el campo del tráfico de drogas y el impacto de las organizaciones criminales trasnacionales en el estado del derecho dominicano. Danilo Medina, ex Secretario de Estado de Fernández y su confidente más cercano, ganó las elecciones presidenciales en 2012. Sin embargo, el primer año de su presidencia ha sido caracterizado por una mayor confianza pública en su liderazgo transparente que en el de su predecesor—y hasta la oposición generalmente respeta su presidencia y sus prioridades. A pesar de eso, es visto como heredero de un sistema ya amañado a favor suyo y del PLD, quizás permitiéndole así beneficiarse de un sistema torcido sin encarar la culpabilidad por haberlo creado. Y aunque aspectos de la presidencia de Medina han sido bien recibidos por el público dominicano, los problemas de la creciente presencia de organizaciones criminales trasnacionales y el tráfico de drogas sólo han crecido en los últimos años. En la primera mitad de 2013, el 14 por ciento de los envíos de cocaína a los EE.UU.—unas 42 toneladas en total—eran canalizados a través del Caribe, con la República Dominicana emergiendo como centro regional para tales actividades. ____________________________ 1 Aunque el “Pacto de las corbatas azules” aseguró la cooperación PRD-PLD a través del proceso de reforma, también generó escepticismo sobre las intenciones políticas de Miguel Vargas Maldonado, ya que muchos dentro de su propio partido vieron mal su estrecha labor con sus principales rivales políticos. Estado del derecho, autoridad judicial y partidos políticos en la República Dominicana La continua dominación del PLD ha dado lugar a un número de preocupantes por el gobierno del país, su independencia judicial y legislativa y el estado de la democracia dominicana. Al abordar estas preocupantes, observamos lo siguiente: El dominio del PLD: Éxito electoral, una oposición débil y “democracia monopartidista” El PLD tiene la abrumadora mayoría de los puestos en el gobierno dominicano. Aunque el ciclo electoral legislativo más reciente, el cual tuvo lugar en 2010, vio al PRD ganar el 41.7 del voto popular, sin embargo la elección trajo también a 31 senadores del PLD (de 32 puestos en el senado) y una mayoría de casi el 60 por ciento para el PLD en la Cámara de Diputados. La reforma constitucional de 2010, la cual reestructuró al poder judicial en su totalidad, proveyó que los jueces de las cuatro cortes supremas fueran designados por el Consejo Nacional de la Magistratura—un cuerpo compuesto por el presidente, los líderes de ambas cámaras del Congreso, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, un segundo juez de la Suprema corte, y un representante adicional del partido que no está en el poder de cada una de las cámaras congresuales. Dada la actual influencia del poder del PLD en todas las ramas del gobierno, la mayoría del consejo es probable que garantice el apoyo de los candidatos del partido. El dominio del PLD es aumentado por una oposición fraccionada, cuya falta de cohesión genera cada vez más escepticismo sobre el estado de la democracia dominicana. Cuando explican el dominio de su partido, el liderazgo actual del PLD cita el estado caótico y dividido del PRD como la razón de sus propios poderes amplios y éxito electoral. Un alto consejero del presidente Medina expresó su preocupación por el aspecto de la democracia, cuando no hay un reto significativo al partido en el poder, reconociendo las amplias críticas que el gobierno controlado por el PLD encara por su dominio sobre todas las ramas del gobierno. Cualquiera que sea el efecto sobre las percepciones de democracia, la falta de cohesión del PRD puede ser trazada en su mayoría al tal “pacto de las corbatas azules,” firmado en 2009 y promovido por el entonces presidente Leonel Fernández del PLD, y el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado. El pacto, el cual aseguraba la cooperación bipartidista en amplias reformas constitucionales y judiciales, dividió al PRD—y el partido, hasta ahora, no ha podido reunificarse. Figura 1. Representación corriente de los partidos en la legislatura dominicana Legisladores del PRD 35% Legisladores del PLD 63% Legisladores del PRSC 2% También hay preocupantes de que por medio de su prejuiciada interferencia en los asuntos del partido, el Tribunal superior electoral (TSE) ha asegurado la desunión continua del PRD. Dado su involucramiento discrecional en preservar la presidencia de Miguel Vargas Maldonado en el PRD—y su decisión de no meterse en la expulsión del ex presidente del partido Hipólito Mejía—algunos temen que el TSE está jugando un papel indebido y decisivo en invalidar la oposición primaria del PLD. El pacto del 2010, visto mayormente como el movimiento de Miguel Vargas Maldonado para aliarse con el PLD en el poder, en conjunto con el alegado prejuicio del TSE, juntos crean la impresión de una oposición dividida intencionalmente—para beneficio del partido en el poder. A pesar de la explicación del PLD de que la oposición débil erosiona solamente la apariencia de democracia, parece que las instituciones democráticas mismas en la República Dominicana son a su vez amenazadas cada vez más por la dominación de un solo partido. Para estar seguros, la República Dominicana tiene todas las instituciones distintivas de la democracia. Pero las reformas promulgadas por los gobiernos recientes han levantado dudas, cuestionando la legitimidad misma y la naturaleza democrática de las instituciones. De acuerdo a la oposición, el PLD usó la reforma constitucional de 2010 para ganar control sobre el poder judicial y sobre el proceso de designación de los fiscales, a través de la reestructuración tanto de las cortes como la designación de jueces y fiscales. De los cinco jueces designados al tribunal electoral, por ejemplo, tres son vistos como directamente susceptibles a ser influenciados por el PLD, y los otros dos se cree que tienen lazos con el partido así como con sus líderes. Esta aparente disminución de la independencia judicial se alega que hizo lugar para la expansión del poder ejecutivo, volviendo al estado en una clase de organización, motivada por los poderosos intereses creados del partido en el poder. Un poder ejecutivo en crecimiento, aunado a la ausencia (supuestamente ayudada por el PLD) de una oposición significativa, ha dejado muy poco fuera de la esfera de influencia ejecutiva. Figura 2. Representación corriente de los partidos en el senado dominicano Senadores del PRSC 3% Senadores del PRD 0% Senadores del PLD 97% Independencia judicial: Las cortes supremas, aplicación de la ley, y la cultura de impunidad Los miembros corrientes de la judicatura del país llegan a los mayores extremos para afirmar su sentido de independencia—tanto de los partidos políticos como de los demás poderes del gobierno. Muchos citan la naturaleza bipartidista inherente en el proceso de reforma judicial, una consecuencia del “pacto de las corbatas azules” del PRD-PLD, como evidencia de un sistema democrático en funcionamiento. A pesar de ello, las designaciones judiciales, como resultado de ese pacto, no están sujetas a escrutinio legislativo. El poder del Consejo Nacional de la Magistratura, compuesto por los oficiales elegidos más altos del país, a propósito no es dejado en las manos un solo partido. Pero el dominio corriente del PLD a través de todo el gobierno asegura que el consejo—y, de acuerdo a la oposición, los jueces que designa—son leales al partido en el poder. Corrupción política corrosiva a un estado de derecho efectivo, independencia legislativa y judicial, y un robusto sistema multipartidista han existido por mucho tiempo en la República Dominicana, aunque en grados diferentes. Sin embargo, a pesar de años de clientelismo post dictatorial desde la caída de Joaquín Balaguer, muchos en la República Dominicana ven los eventos de la década anterior como una expansión sin precedentes de prácticas previamente mantenidas fuera de las operaciones centrales del gobierno. Una tal “cultura de la corrupción”, en muchas maneras, ha tomado el lugar de un sistema político previamente sólo tocado por prácticas corruptas. Parece que hay poco interés (si es que lo hay) en negar la presencia de la corrupción bajo gobiernos anteriores— pero parece, a su vez, que pocos en la oposición disputarían las extremadas amplitud y profundidad del poder presidencial en los últimos años de gobierno del PLD. La “cultura de corrupción” también parece aplicarse cada vez más al poder judicial. La separación e independencia de los poderes gubernamentales, consagrados desde la caída de la dictadura y la institucionalización de la democracia, no fueron vistas como una amenaza hasta principios de la década del 2000. Bajo el presidente Mejía, por ejemplo, las cortes supremas del país eran vistas en su mayoría como los protectores dedicados y legítimos de la constitución—muy parecidas a sus homólogas de los Estados Unidos. Sin embargo, esta confianza en el poder judicial comenzó a erosionarse bajo los subsiguientes gobiernos de Leonel Fernández. Tras la reestructuración del poder judicial en 2010, la autonomía de esa institución parece haber disminuido progresiva y continuamente—y así mismo también la confianza tradicional del dominicano en el sistema judicial. Como aseveró un ex juez: “El asunto más serio es que el pueblo está perdiendo su fe en la autoridad judicial—y cuando la confianza en la autoridad judicial se ha perdido, todo—independencia, legitimidad, democracia—se pierde junto con ella.” Las cuestiones que rodean al sistema judicial avanzan una contradicción adicional en que se alega que hay muchas leyes en los libros que son raramente aplicadas. Aunque hay una legislación extensa para asegurar un gobierno apropiado, por ejemplo, los miembros de los medios de comunicación del país expresaron su seguridad de que esas leyes son raras veces aplicadas (si es que lo hacen) por el sistema judicial del país. Lo que es más, las conversaciones con los líderes del partido levantaron acusaciones de que oficiales de alto nivel del partido y del gobierno recibían pagos de parte de criminales—entre ellos traficantes de drogas—para asegurarse de que permanecerían fuera del alcance de la ley.2 A medida que la fe en la habilidad o la voluntad del sistema judicial de aplicar las leyes decae, más y más dominicanos cuestionan los motivos detrás de hasta las más profundas decisiones que el gobierno haga. Cada vez más hay una preocupación real de que la gente recurrirá a método extrajudiciales— traficantes de drogas, mafias o corrupción, por ejemplo—para resolver problemas, de este modo minando aún más el estado y creando una cultura de impunidad. Corrupción y sus efectos Parte integral del dominio político del PLD y su aparente influencia a través del gobierno dominicano es su creciente papel fuera del sistema político partidista del país. Aunque la mayoría del partido en ambas cámaras del Congreso ciertamente contribuye a la naturaleza extrema de su poder, los líderes de la oposición alegan que los líderes del PLD están sentados encima de una vasta red de clientela que se ha desarrollado a través del curso de la década pasada, trayendo consigo una multitud de implicaciones en detrimento de la economía dominicana. Nuestras observaciones son las siguientes: Clientelismo: Lavado de dinero, FUNGLODE y alegatos de acciones inapropiadas A través de las reformas que comenzaron en 2010 y la supuesta red de clientela que gradualmente ha crecido en las últimas tres administraciones presidenciales, el PLD se alega ha asegurado que cada rama del gobierno responda directamente al poder ejecutivo—asegurando así el lugar del partido en la cima ____________________________ 2 Un ejemplo semejante es la alegada donación de US$3,000,000 a la campaña presidencial de 2012 del presidente del partido PRD, Miguel Vargas Maldonado, por el traficante de drogas puertorriqueño José David Figueroa Agosto. Léase “Político dominicano recibió dinero de narco,” El Nuevo Herald, enero 5, 2013, http://www.elnuevoherald.com/2013/01/05/1378123/politico-dominicano-recibio-dinero.html. de la política dominicana. De acuerdo a los miembros del movimiento antiPLD, quienes han compilados vastas cantidades de evidencia para este fin, a través de su Fundación Global para la Democracia y el Desarrollo (FUNGLODE), el presidente Fernández y sus aliados han sido acusados de lavar enormes cantidades de dinero en efectivo—para asegurar la concesión de contratos gubernamentales.3 Y, a medida que el partido consolida su control, la población dominicana se encuentra cada vez más en una posición de relativa impotencia. Los líderes de los negocios del sector privado citan estos contratos y los sobornos que los mismos conllevan como una fuente de frustración primaria—e ineficiencia económica—para beneficio únicamente del partido en el poder. Efectos distorsionantes: Desigualdad sistémica, un sector privado sufrido y la economía dominicana La corrupción y el clientelismo, que han crecido en los últimos años, parecen, a su vez, haber distorsionado la economía dominicana. Ahora mismo, de acuerdo a los miembros del sector privado dominicano, el sector informal constituye casi la mitad de la economía del país, con la corrupción del estado y la añadidura de “pagos y licencias” cuestionables, requeridos para las operaciones formales proveen poco incentivo para operar dentro del sector formal. A modo de ilustración, el empleo en el sector privado (formal) creció sólo en un 5 por ciento en la última década, mientras que el empleo en el sector público creció por un abrumador 35 por ciento—aparentemente mostrando tanto los efectos de la política del PLD sobre la economía y el exagerado crecimiento del gobierno nacional. El aumento en el gasto público—resultado de los esfuerzos por estimular la economía como resultado de la crisis de 2008 y el gasto gubernamental cada vez mayor durante las elecciones presidenciales de 2008 y 2012—ha creado un amenazante déficit fiscal en los últimos años. El presupuesto errático (el cual depende del ciclo electoral) implica serias debilidades en la economía dominicana. Y con el déficit acercándose cada vez más (y se espera que pronto ____________________________ 3 Para más información, véase el caso llevado ante los tribunales penales dominicanos por Guillermo Moreno y su abogado, Cristóbal Rodríguez, sobre la alegada prevaricación, perjurio y lavado de dinero de Leonel Fernández por medio de FUNGLODE. Los procesos judiciales que rodearon el caso fueron en sí mismos una fuente de más controversia aún, con Moreno y Rodríguez quejándose del manejo del caso por parte de los tribunales—y sugiriendo que este supuesto mal manejo del caso fue el resultado de la lealtad del poder judicial a Fernández y al PLD. lo exceda) al 50 por ciento del PNB—generalmente visto como una señal de duras condiciones económicas para progresar—el gobierno probablemente no podrá recaer en una economía estable y de crecimiento rápido en el futuro inmediato y encarará una habilidad cada vez menor de tomar dinero prestado. Como parte del déficit fiscal de 2012, preparado por el gobierno, el gobierno regido por el PLD aumentó masivamente el gasto estatal en la fase previa a las elecciones presidenciales—y, no es de sorprender, el déficit explotó, llegando a casi el 8 por ciento del producto bruto doméstico (PBD). Aunque, de acuerdo a los líderes de la sociedad civil, tal aumento sin previa aprobación congresual está en violación directa de las reglas fiscales del país, el poder judicial obvió la repartición de consecuencias para el gobierno del PLD—visto por la oposición como evidencia de la influencia del partido sobre los fallos judiciales. Y a medida que el presupuesto gubernamental se hunde más aún en el déficit, sus efectos negativos sobre la economía contrarrestan sus esfuerzos formales para empujar la productividad del sector privado, augurando malos presagios para la economía dominicana de ahí en adelante. Millones de RD$ Figura 3. Déficit gubernamental en la República Dominicana, 2004-2012 Ingreso total Gasto total Déficit Los intentos del gobierno por estimular la economía, además, no han podido resolver la desigualdad sistémica del país, la cual es particularmente notable en el espectro del estatus socioeconómico. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 20% superior de la población dominicana controla más del 60 por ciento de los ingresos del país, mientras que el 20 por ciento inferior recibe poco menos del 3 por ciento—solidificando el lugar de la República Dominicana entre los países más desiguales de la región. Figura 4. Distribución de los Ingresos y la desigualdad económica en América Latina País Años Primer Quintil Segundo Quintil Tercer Quintil Cuarto Quintil Quinto Quintil Posición Honduras Brasil República Dominicana Colombia Bolivia Paraguay Panamá Chile Costa Rica Nicaragua México Ecuador Perú El Salvador Uruguay Venezuela Los retos que encara la relación dominico-americana En el contexto de los retos domésticos que encara la República Dominicana, es crucial considerar cómo estos retos afectarán las relaciones del país con su socio más importante: los Estados Unidos. Los asuntos más centrales al futuro de las relaciones dominico-americanas son el comercio, el tráfico de drogas, la inmigración y Haití. En ese tema, observamos lo siguiente: La República Dominicana juego un importante papel en varios asuntos bilaterales en sus relaciones con los Estados Unidos—incluyendo su promoción de exportaciones a los Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio Centro América-República Dominicana (CAFTA-DR) y su papel como socio importante de los EUA en reconstruir y estabilizar a Haití. Aún así, la residencia de los haitianos nacidos en el país permanece siendo un asunto controversial, que podría intensificarse más aún. Y el papel potencial de la nación del Caribe como una futura fortaleza de los EE.UU. en la lucha para reducir el flujo de drogas caribeño desde México, Colombia y Venezuela, podrían muy bien definir la relación bilateral de ahora en adelante. Cooperación bilateral: La geografía dominicana y los esfuerzos antinarcóticos La “fragilidad” inherente en la posición geográfica de la República Dominicana—en el Caribe, en la ruta directa desde Colombia y Venezuela al sur de los Estados Unidos—la pone en una perceptible desventaja, ya que los carteles que operan en la región usan cada vez más la mal protegida costa del país como punto de tránsito. La posición estratégica de la isla, en el medio del flujo ilegal de drogas caribeño (así como de mercancías y personas), hacen de la administración efectiva de la justicia un asunto de riesgo mucho mayor aún— particularmente cuando la independencia judicial y la confianza en los tribunales continúan deteriorándose. Con México y sus vecinos centroamericanos como ejemplos de los devastadores efectos del tráfico generalizado de drogas sobre hasta los más robustos sistemas políticos democráticos, la estabilidad democrática y la cooperación antinarcóticos son de gravísima importancia para los Estados Unidos en sus relaciones con la República Dominicana de ahora en adelante. Lazos familiares: La migración y la relación dominico-americana Debido a las estrechas relaciones y la proximidad geográfica entre los Estados Unidos y la República Dominicana, la migración entre los dos países es esencialmente una puerta giratoria—dados los lazos familiares, las oportunidades de empleo y la simple facilidad legal de movimiento. De acuerdo a las investigaciones de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), más de 1,5 millones de dominicanos viven en los Estados Unidos, lo que hace de ellos la cuarta nacionalidad latinoamericana más grande en el país. En 2000, sólo 90.000 de estos dominicanos no tenían estatus legal. El alto número de ciudadanos de descendencia dominicana (570.000), residentes permanentes (530.000) y ciudadanos naturalizados (400.000), habla de facilidad de movimiento entre los dos países—y por tanto, del potencial para que los ciudadanos dominicanos vean la migración como una opción viable—una válvula de escape, esencialmente, si las condiciones políticas y económicas empeoran en el país. Estos lazos migratorios hacen el futuro movimiento de personas entre los dos países, central en la relación bilateral por el futuro previsible. Figura 5. Desglose de porcentajes de dominicanos-americanos en los Estados Unidos Residentes indocumentados 5% Residentes Permanentes 34% Nacidos en los EUA 36% Ciudadanos Naturalizados 25% Predicciones y conclusiones La trayectoria de la política dominicana de ahora en adelante será determinada por un número de factores, que probablemente incluyen el futuro del dominio del PLD, la economía, el crimen trasnacional y el tráfico de drogas, las relaciones con Haití, la inmigración y la desigualdad sistémica. El amenazante déficit fiscal y el fracaso del gobierno dominicano en solucionar la desigualdad del país, son también dos serias debilidades en la economía del país. La historia de la corrupción y del pobre estado del derecho en la República Dominicana es larga. Pero a pesar de todos los altibajos que ha tenido la experiencia del país con la corrupción, no se puede negar que el problema ha crecido—y rápidamente—en los últimos años. Aunque la corrupción, por sí sola, podría no parecer excepcional, al momento que prácticas corruptas se cuelen y comiencen a erosionar los cimientos democráticos de un país, todo eso cambia. El dominio del PLD a través y más allá del gobierno dominicano está, por decirlo así, llegando a ese límite—todo en el contexto de cimientos económicos cada vez más débiles, resultado cada vez más del clientelismo que ha crecido con el poder del PLD. Quizás estos asuntos parecerían ser menos urgentes si no fuera por la increíble promesa de la República Dominicana. La economía más grande de Centro América y el Caribe y desde hace mucho el beneficiario de su propio sistema democrático relativamente estable, el país estaría listo para tomar un papel de liderazgo en la región, expandiendo su perfil internacional mucho más allá de la Española y del Gran Caribe. Pero mientras el status quo persista—y ciertamente si la situación empeora—la República Dominicana continuará deteniendo su propio progreso. Apéndice: Lista de reuniones Fausto Rosario Adames, Director, Acento.com.do Henry Molina, Viceministro de la Presidencia de la República Dominicana Roberto Álvarez, Coordinador general, Grupo Participación Ciudadana Francisco “Ito” Domínguez Bisonó, Diputado, Cámara de Diputados Orlando Jorge Mera, Secretario general, Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Guillermo Caram, Dirigente, Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) Guillermo Moreno, Fundador, Alianza País Cristóbal Rodríguez, Jurista experto en derecho constitucional, Tribunal Constitucional Jorge Subero Isa, Ex presidente, Suprema Corte de Justicia Luís Abinader, Presidente, Centro de Estudios de Políticas Públicas H. Alexander Henegar, Jefe de la Unidad Política, Embajada de EUA en Santo Domingo Brian Quigley, Consejero para asuntos económicos y políticos, Embajada de EUA en Santo Domingo Hipólito Mejía, Ex presidente, República Dominicana José Monegro, Subdirector, El Día Milton Ray Guevara, Presidente, Tribunal Constitucional de la República Dominicana Mariano Américo Rodríguez Rijo, Miembro titular, Junta Central Electoral Sobre el autor Carl Meacham es el director del Programa América del CSIS. Vino al CSIS desde el Comité del Senado para Relaciones Exteriores (SFRC), donde sirvió en el personal profesional del senador Richard Lugar (Republicano-Indiana) por más de una década. Fue alto consejero para Latino América y el Caribe en el comité, el más alto puesto del personal del Senado Republicano para esta región. En esa capacidad, viajó extensamente a la región para trabajar con gobiernos extranjeros, organizaciones del sector privado y grupos de la sociedad civil. Fue también responsable del manejo de las relaciones del comité con el Departamento de Estado en cuanto al hemisferio occidental y supervisaba un presupuesto de 2 mil millones de dólares. Antes de unirse al SFRC, Meacham trabajó con el personal de dos senadores demócratas. Antes de trabajar en el senado. Sirvió en el Departamento de Comercio como asistente especial del Subsecretario de Comercio, en la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado, y en la Embajada de los EUA en Madrid. Meacham habla español con fluidez nativa y en parte fue criado en Chile, el país natal de su madre. Recibió su licenciatura en la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, Nueva York, y tiene maestrías de La Universidad Americana y de la Universidad Columbia.