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Reflexiones del Colegio de Ambientólogos de Cataluña en relación con el
proyecto "Eurovegas"
Dada la falta de información concreta y veraz y los ríos de tinta que, paradójicamente, se han
derramado con el polémico proyecto "Eurovegas" y su ubicación potencial en la comarca del
Baix Llobregat, el Colegio de Ambientólogos de Cataluña (COAMB) considera oportuno hacer
las siguientes reflexiones, que cuestionan el interés público del proyecto, su compatibilidad
con los valores ambientales y sociales de Cataluña, y la transparencia del proceso de toma de
decisión.
Si se decide que la actividad tiene un interés estratégico para el país y que hay sacarla
adelante, será necesario justificar y razonar adecuadamente este interés por el bien común
así como la elección del emplazamiento, y se deberá asegurar la participación ciudadana en
el proceso de toma de decisión, tal como prevé la legislación vigente. Sólo así se garantizará,
que desde el punto de vista global de la sostenibilidad (ambiental, económica y social), la
ubicación del proyecto Eurovegas en Cataluña es la mejor alternativa posible.
Por todo lo que acaba de exponer, el Colegio de Ambientólogos de Cataluña DECLARA:
En relación con el proceso de elección del lugar
En vez de la elección unilateral de una ubicación potencial para el proyecto, consideramos
necesario respetar el espíritu del procedimiento de evaluación ambiental estratégica (EAE)
definido en la Ley 6/2009, de 28 de abril, que transpone la Directiva 2001/42/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los efectos de
determinados planes y programas sobre el medio ambiente.
En este sentido, es indispensable discutir abiertamente las alternativas, entre las que cabe
prever-pero no sólo-la llamada alternativa cero (es decir, la situación en la que el proyecto no
llegaría a ejecutarse). Este análisis debe valorar si la actuación propuesta es compatible con el
mantenimiento de los valores ambientales, sociales y económicos del emplazamiento, así como
con los preceptos establecidos en el planeamiento territorial y en diversos planes sectoriales
de protección. Además, tal como establece la Unión Europea, en este proceso de evaluación la
participación de todos los agentes sociales es fundamental para legitimar cualquier decisión.
Además, el hecho de que un proyecto como este se esté discutiendo sin pasar por un proceso
público de evaluación ambiental estratégica pone en cuestión, debilita y deslegitima todo el
trabajo que ha hecho en las últimas décadas en Cataluña en materia de ordenación territorial y
protección y mejora del paisaje, así como la legislación en materia ambiental y los avances
hacia un modelo sostenibilista.
En relación con la caducidad de los grandes espacios monofuncionales y las implicaciones
ambientales que generan
Queremos remarcar la caducidad de planificar grandes espacios monofuncionales (como
podría serlo Eurovegas), especialmente si generan grandes desplazamientos de personas-lo
que conlleva implicaciones en términos de consumo de energía y emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) asociadas al transporte. En el caso de Eurovegas, no puede tratarse de un
centro monofuncional suburbano que atrae ciudadanos de la Región Metropolitana de
Barcelona-que llegan por medio de transporte colectivo o privado-, sino que toma una
dimensión de alcance internacional y atrae flujos de personas de diferentes procedencias.
La gestión de los residuos municipales del Área Metropolitana, especialmente de las fracciones
resto y rechazo, es muy compleja; la ejecución de un proyecto de estas características
incrementaría la generación de residuos municipales y asimilables y, por tanto, aumentaría las
dificultades de gestión.
Así pues, las implicaciones de este tipo de espacios, intensivos en cuanto a consumo de energía
y agua, generación de residuos, emisiones de GEI y contaminantes, entre otros, ponen de
manifiesto los límites de los sistemas naturales y la capacidad de carga de la Región
Metropolitana y de los recursos de los que debería depender (abastecimiento energético y de
agua, infraestructuras de tratamiento de residuos, etc.). De hecho, los criterios de
planeamiento territorial, publicados hace ya algunos años por el propio Gobierno de Cataluña1,
alertan de este peligro y establecen unos preceptos totalmente opuestos a los que se plantean
con un espacio como sería Eurovegas: evitar la segregación espacial de las áreas urbanas ,
proteger los espacios agrarios y naturales, y hacer de la movilidad un derecho y no una
obligación, entre muchos otros.
En relación con la importancia estratégica del lugar "propuesto" (el delta del Llobregat), por
sus valores agroecológicos
Según se desprende de la poca información disponible, se propone que el proyecto
"Eurovegas" emplace en la comarca del Baix Llobregat, dentro de su Parque agrario, en
terrenos con un innegable valor de conectividad ecológica y que son clave para garantizar la
viabilidad los espacios naturales protegidos del delta del Llobregat. Este valor ha sido
reconocido en el Plan territorial metropolitano de Barcelona, que incluye los terrenos
"propuestos" dentro del Sistema de espacios abiertos de protección especial. De hecho, la
estrecha relación funcional de estos terrenos con los espacios de interés natural y del propio
Delta, incluidos en la red Natura 2000 como zona de especial de protección para las aves, les
otorga una importancia estratégica para asegurar la funcionalidad ecológica del delta de
Llobregat.
El valor estratégico de los terrenos también se asocia a la producción agrícola de proximidad
que ofrecen, dado que son suelos de óptima calidad agronómica, además de su importancia
como espacios abiertos dentro del Área Metropolitana de Barcelona. Tampoco hay que obviar
el impacto que tendría una actuación como ésta en las funciones y los recursos que garantiza el
delta del Llobregat en el Área Metropolitana de Barcelona (recarga de acuíferos, protección de
riesgos naturales, etc.).
En relación con la infravaloración de los valores de este lugar por parte del Gobierno, la falta
de información y transparencia, y la necesidad de implicar al tercer sector ambiental desde el
inicio
Se lleve o no a cabo, la presunta elección de este emplazamiento por parte del Gobierno de la
Generalitat para un proyecto de una magnitud considerable ya ha tenido efectos
ambientalmente y socialmente negativos. Por un lado, ha abierto la posibilidad de que se
propongan proyectos en terrenos similares, ya que se han menospreciado abiertamente unos
valores naturales y ecológicos de primer orden legalmente protegidos desde hace años por la
normativa catalana, nacional e internacional. También se han obviado, incluso de manera más
absoluta, los valores agronómicos, sociales, económicos, paisajísticos y de otra índole, con un
menor rango de protección.
Por otra parte, la discusión sobre la idoneidad del emplazamiento ha sido nublada por la falta
de información y de transparencia del Gobierno. Esta ausencia real de debate ha agravado la
escisión que existe entre la sociedad civil y los poderes públicos y la desafección creciente de la
sociedad catalana hacia la política. En este sentido, el COAMB pide al Gobierno de la
Generalitat que aplique el derecho de acceso del público a la información ambiental, el
principio de transparencia administrativa y el derecho de acceso a la documentación desde el
inicio del proceso de toma de decisión en relación a este proyecto y otros de interés público,
todos ellos derechos plenamente integrados en las políticas de la Unión Europea, y que se han
1
http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/Departament/Plans/Plans%20territorials/criteris_densevolupament_p
rograma_planejament.pdf
transpuesto a la normativa española2. También se insta a aplicar la normativa sobre
responsabilidad ambiental, en relación con la prevención y la reparación de daños ambientales,
que determina que los ciudadanos pueden solicitar a la administración pública la información
de que disponga sobre los daños ambientales y sobre las medidas para evitarlos, prevenirlos o
repararlos.
Para democratizar y legitimar el interés público del proyecto, el proceso de toma de decisión
debería intregrar las dimensiones ambiental y territorial, pero también la social. En este
sentido, el tercer sector ambiental, mediante el conjunto de entidades sin ánimo de lucro que
trabajan para proteger y mejorar el medio ambiente, debería jugar un papel capital como
elemento vertebrador de la sociedad civil catalana.
En relación con la compatibilidad del proyecto con los valores sociales y ambientales
deseados para Cataluña y con el desarrollo de la economía del conocimiento
Con independencia de los beneficios económicos que pueda generar, no se puede obviar la
problemática social vinculada a la naturaleza y las dimensiones de este tipo de proyecto. Es
evidente que las actividades que se pueden llevar a cabo no fomentan los valores de la
sostenibilidad, la equidad y la justicia ambiental3. De hecho, la propuesta es incoherente con
los principios de la Estrategia para el desarrollo sostenible de Cataluña (aprobada por el
Gobierno catalán en agosto de 2010), sobre todo en cuanto a las directrices sobre
planeamiento territorial y urbanismo y los objetivos estratégicos fijados.
La propuesta de una actividad de este tipo no es incompatible con la promoción de la
investigación y la innovación, pero solicitamos al Gobierno de la Generalitat la inversión de los
mismos recursos para potenciar una economía del conocimiento basada en actividades
creativas y productivas, fundamentadas en los potenciales propios y con un espíritu ecoinnovador claro, una economía verde que siga el espíritu de Río +20 para así evitar la fuga de
talento de los profesionales altamente cualificados, el consiguiente empobrecimiento del
capital humano e intelectual del país y la dedicación a tareas de menor valor añadido.
En relación con el ofrecimiento abierto del COAMB para cualquier apoyo y asesoramiento
ambiental para "Eurovegas" y proyectos similares
Finalmente, desde el Colegio de Ambientólogos de Cataluña, aprovechando el gran potencial
de nuestros profesionales y nuestro reconocimiento oficial, ofrecemos todo el apoyo y el
asesoramiento necesarios para contribuir a llevar a cabo aquellas iniciativas que tengan como
objetivo promover un futuro basado en los principios de la sostenibilidad, la modernidad y la
innovación, sin necesidad de imponer ningún proyecto que deje de lado la legislación existente
y la opinión del tercer sector. Manifestamos así nuestra voluntad de formar parte del proceso
de valoración de este proyecto y / o de otros proyectos con efectos ambientales y sociales
destacados que eventualmente se planteen en el futuro, siendo reconocidos por el Gobierno
de Cataluña como interlocutores válidos para determinar y evaluar los aspectos ambientales
desde el inicio.
2
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente
3
"Equidad ambiental en Cataluña. Integración de las dimensiones ambiental, territorial y social en la
toma de decisiones ". M.Ortega y M.Calaf, 2010