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El Programa de Agricultura Urbana en Rosario, Argentina.
Las prácticas de innovación como espacios de concertación pública
Par Carol Hernández Rodríguez
12 septembre 2009
Programme Coproduction du bien public et partenariats multi-acteurs
Dossier Reconceptualizando el espacio público local en América Latina.
Mot-clés : citoyens Démocratisation de la gestion publique ; Lutte contre la pauvreté ;
Développement Argentine ; Amérique du Sud
El Programa de Agricultura Urbana (PAU), enfocado en la reincorporación en la economía
de los sectores más marginados, muestra un interesante ejercicio de construcción de
espacios de concertación pública entre el gobierno y diferentes sectores de la sociedad.
Considerando que es una iniciativa que surge de la sociedad civil y que encuentra un auge
en la comunidad rosariana en el contexto de profunda crisis económica y política que vive
Argentina en el año 2001, este proyecto expone las capacidades de los acuerdos
multiactores, y específicamente la eficacia de los instrumentos del gobierno como actor
rector de la gestión pública, para impulsar iniciativas de desarrollo, institucionalizarlas y
expandirlas hasta involucrar a una gran cantidad de actores sociales en torno a éstas. El
PAU también se muestra como un ejercicio interesante en la construcción de solidaridades
y principios éticos que cuestionan los fundamentos tradicionales de una economía que,
sustentada en el principio de las máximas ganancias, ha generado una gran masa de
población en situación de pobreza estructural. Finalmente, los resultados positivos del PAU
favorecieron que fuera seleccionado por el Programa Onu-Hábitat y la municipalidad de
Dubai como una de las 10 mejores prácticas del mundo de lucha contra la pobreza.
Actualmente, la Agricultura Urbana se desarrolla en 9 ciudades de 7 países
latinoamericanos, mientras que otras 19 ciudades están elaborando estudios para impulsar
nuevos proyectos.
Table des matières
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1. La innovación en la gestión local como espacio de concertación pública
2. Redes solidarias de producción, circulación y consumo: hacia una nueva
integración social
3. El PAU como parte de la agenda regional de Agricultura Urbana
4. Bibliografía y enlaces de Internet:
1. La innovación en la gestión local como espacio de
concertación pública
Ciertamente el fenómeno de la innovación en la gestión pública local, y particularmente
aquellas iniciativas que logran consolidarse en el tiempo de forma autosostenible, debe ser
analizado en su nivel más básico como un proceso de carácter endógeno, puesto que sólo
puede desarrollarse ampliamente si se conjugan eficientemente en el espacio local
elementos de gobierno y actores sociales activos y se construyen esquemas perdurables de
gobernabilidad y gobernanza democráticas, entendiendo ésta última como el “conjunto de
procesos de interacciones y actores diversos (…) Se trata de un concepto del orden político
como proceso integral, en el que el Gobierno se entiende de manera “relacional”, o de
redes, donde el gobierno, como pura administración estatal, encuentra legitimidad y
eficiencia en sus interacciones y dinámicas con los demás actores no estatales,
denominados genéricamente como sociedad civil”. (Institut de Recherche et de Débat sur la
Gouverance (IRG) www.institut-gouvernance.org)
Ambos conceptos, gobernabilidad y gobernanza, siempre acompañados del adjetivo
“democrática”, suponen la concertación entre gobierno y sociedad como elemento
indispensable sobre el cual se establece la construcción participativa de lo público,
incorporando de esta manera la noción de “lo público no estatal”. En este sentido, la
concertación implica el reconocimiento de la diversidad de actores que interactúan en el
espacio local, cada uno con su propia legitimidad, también contribuyentes a la construcción
del espacio público (Delamaza, 2008).
Como parte de este proceso de reconocimiento se van creando espacios para la
participación de estos actores en la toma de decisiones, se establecen sinergias entre ellos,
se generan reglas pro-cooperación, se avanza en la institucionalización de estas redes y de
los mecanismos de participación de manera que su acción sea eficaz e inclusiva. Y si el
espacio de concertación es eficiente y democrático, éste se encaminará a lograr una
articulación fuerte y amplia de los mecanismos participativos con proyectos políticos
democratizadores, la coherencia general de esta participación en el ciclo de las políticas
(definición de agenda, planificación, ejecución y control), y un adecuado balance entre
espacios institucionales de participación y fortalecimiento de los actores. (Delamaza, 2008:
72)
De esta manera, la práctica de la concertación pública se muestra como una herramienta
eficaz que contribuye a modificar, poco a poco, las formas anteriores de relación entre
gobierno y grupos sociales, situándolas en un marco de democracia participativa que
favorece que los sectores sociales se constituyan en actores activos en la construcción del
espacio público y la responsabilidad social se posicione como elemento estratégico de la
gobernabilidad. Es decir, la concertación publica implica una capacidad real de la sociedad
de incidir y controlar los procesos de gobierno más allá de las elecciones, lo cual
comprende, a su vez, que la sociedad comience a adquirir una responsabilidad sobre sus
formas de actuar y participar en esa construcción de lo público. Constatamos así que, a
través de mecanismos eficientes de concertación, los papeles de todos los actores
involucrados tienden a cambiar y sus capacidades se potencian, al tiempo que se definen,
por su interacción con el resto de los actores.
Ahora bien, es necesario precisar que cuando hablamos de la construcción de un modelo de
gobierno democrático es especialmente importante asegurar una verdadera inclusión social
al incorporar, a través de la generación, implementación y control de las políticas públicas,
la expresión de intereses y demandas de sectores usualmente no representados y en muchas
ocasiones históricamente excluidos de los circuitos económicos, políticos y sociales;
sectores que en el caso de América Latina suelen ser muy amplios. En este sentido, la
concertación pública (que debe aspirar a convocar a una diversidad amplia de sectores
sociales en torno al desarrollo de políticas de inclusión social de los grupos marginados)
marcará un avance sustancial en el proceso de democratización de una sociedad si los
proyectos que surgen de estos espacios van dirigidos a generar una redistribución real del
poder, la riqueza y los beneficios producidos en el sistema socio-económico y político.
Es así que uno de los más grandes desafíos de la concertación, entendiendo ésta como un
camino de transformación de largo plazo y no como una resolución integral de los
problemas, consiste en generar una dinámica continua de democratización que estimule la
construcción permanente y amplificada de políticas de proximidad (entendidas como
prácticas cotidianas de interacción entre gobierno y ciudadanos, entre políticos y electores Cabrero, 2008-); y de acciones públicas de alta intensidad (generación de acuerdos entre
diversos grupos de la sociedad civil y entre grupos al interior del gobierno local, y entre
ambas configuraciones de grupos y actores, en torno a un proyecto de desarrollo y bienestar
local. -Cabrero, 2008: 26-) orientadas a promover de manera creciente la incidencia relativa
de los sectores excluidos, logrando así una mayor integración social; proceso que a su vez,
deberá ir aparejado por la construcción de instancias de transparencia y control públicos
para los mecanismos de asignación de bienes y servicios públicos. (Delamaza, 2008: 75)
Considerar las prácticas de innovación en la gestión local como iniciativas de concertación,
implica un gran reto para los espacios públicos y sus actores, pero al mismo tiempo es el
motor que potenciará su desarrollo a largo plazo, abriendo consigo un sinfín de
oportunidades para avanzar en el proceso de construcción de una democracia verdadera.
Programa de Agricultura Urbana en el municipio de Rosario, Argentina
De la crisis a la construcción de modelos de desarrollo alternativo
Desde los años 80 la ciudad de Rosario, caracterizada por ser un importante centro
económico atrayente de flujos migratorios provenientes de las zonas rurales, comenzó a
reestructurarse bajo la aplicación de políticas de corte neoliberal. La quiebra de las
pequeñas y medianas empresas o su absorción por grandes corporaciones transnacionales,
la privatización del sector público y la consecuente descapitalización de la economía del
municipio, la transformación del mercado laboral en demanda de una mano de obra más
calificada, y la migración creciente proveniente de un campo empobrecido por la aplicación
de políticas agrarias erróneas, fueron elementos que terminaron por generar, en el largo
plazo, una tendencia a la concentración creciente de población pobre y desocupada en la
ciudad y su zona periférica (con más de un millón de habitantes, la ciudad de Rosario
concentra aproximadamente un tercio de la población total de la Provincia de Santa Fe,
Argentina, -IPES, 2009-. Esta situación llegó a su climax en diciembre de 2001 cuando, tras
estallar la crisis económica-financiera y política en Argentina, los índices de pobreza
alcanzaron al 68% de la población local. (ONU-Hábitat, 2004)
Pero este índice sería sólo un reflejo de la profundidad de la crisis que vivía Argentina. La
ciudad de Rosario, como todo el país, se vio inmersa en una crisis histórica de
representación de las instituciones políticas (hay que recordar que en tan solo un mes se
sucedieron en el cargo de Ejecutivo cinco mandatarios). Todos los niveles de gobierno se
enfrentaron a la necesidad inmediata de recuperar la legitimidad y el control político frente
a una población empobrecida que bajo el lema “que se vallan todos los políticos del país”,
rápidamente comenzó a organizarse en torno a la necesidad de abastecerse de comida y
defender sus escasos recursos financieros. De un día a otro las manifestaciones de los
cacerolazos, el saqueo masivo de los supermercados y el bloqueo de las carreteras se
reprodujeron a lo largo del país cada vez con mayor intensidad.
Este papel protagónico que desempeñó la sociedad argentina sacudió profundamente las
estructuras sociales y políticas del país. La población adquirió una importante fuerza
organizativa que fue dimensionando a través de sus éxitos en la calle y su paulatina
apropiación de los espacios públicos (ni siquiera el decreto de estado de sitio menguó las
manifestaciones callejeras), y que después derivó en una fuerza constructiva que conllevó
la creación de cientos de redes solidarias para proveerse de alimentos, productos y
servicios, las cuales se salían de las estructuras de la economía formal y reivindicaban el
aspecto social de la producción y el consumo. Ahora los gobiernos estaban frente a una
sociedad que había redescubierto su fuerza organizativa y su papel protagónico en el diseño
de modelos de gobierno. El gran reto para ellos consistiría en poder responder, desde las
estructuras de gobierno, a las nuevas dinámicas de la sociedad que con fuerza traían al
centro del escenario político viejas demandas incumplidas, recuperando así la legitimidad
de las instituciones políticas.
En este contexto, en febrero de 2002, el gobierno municipal de Rosario retoma como
política pública el Proyecto de Agricultura Urbana propuesto por la CEPAR (Centro de
Estudios de Producciones Agroecológicas), una ONG originaria de la ciudad que desde los
años noventa ha desarrollado Huertas Grupales Productivas Orgánicas bajo el precepto de
promover nuevas formas de producción y consumo solidario, modelo que justo en el
contexto de la crisis alcanzó una gran representatividad al interior de la sociedad de
Rosario.
2. Redes solidarias de producción, circulación y
consumo: hacia una nueva integración social
El Proyecto de Agricultura Urbana (PAU) surge con el objetivo inmediato de promover y
resguardar la seguridad alimentaria de las familias más pobres por medio del
establecimiento de huertas urbanas familiares y comunitarias donde se produzcan alimentos
sanos para el autoconsumo. A pesar de que el proyecto es eficiente como una respuesta de
emergencia ante un contexto de crisis, es muy importante destacar que es su sólido
fundamento político y social el que se constituye en su fuerza motora y le permite
consolidarse, con el paso del tiempo, como un modelo de desarrollo económico, social y
ambientalmente sustentable para la ciudad.
En este sentido, vale la pena destacar que el eje central del PAU será impulsar “la
construcción de « modelos vivos » de una economía cuyo objetivo principal no es el lucro
sino producir alimentos para que sean muchos más los que puedan vivir mejor… que los
campesinos puedan tener tierra, puedan trabajarla, puedan producir, consumir, que haya
otra forma de intercambio y de producción, más cercana a lo que se necesita. Queremos
apuntar a redes donde puedan circular los alimentos de otra manera y donde los precios
sean justos. El objetivo no es la competencia sino una economía más solidaria, donde
podamos estar mejor todos. » (CEPAR, 2003)
Bajo estos preceptos, el PAU fue evolucionando hacia la proyección de objetivos de
carácter estructural, como son:
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la reintegración de los sectores excluidos al mercado laboral;
la generación de redes solidarias de producción, circulación y consumo sustentadas
en una filosofía de la producción y el comercio donde los conceptos justo, solidario,
ético y responsable se constituyen en la base sobre la cual estos grupos se reintegran
socialmente a la comunidad;
la potencialización del espacio local como espacio estratégico de gobierno desde
donde se proyectan y ponen en marcha, a través de nuevas alianzas sociales,
modelos de desarrollo autosustentables; y
la revalorización de las estructuras de gobierno como herramientas eficaces en la
construcción de una gobernabilidad y una gobernanza democrática y, por ende,
incluyente.
Actualmente, después de más de 8 años de trabajo, el PAU comprende:
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640 huertas para el consumo familiar y comunitario;
140 huertas que producen para la comercialización;
5 ferias de venta semanal bajo el precepto “comercio solidario” que tienen lugar en importantes plazas públicas de la ciudad;
una agroindustria social de transformación de productos; y
4 parques huertas que capitalizan como espacio comunitario terrenos urbanos
“vacíos” (bandas de naturaleza).
En conjunto, el proyecto vincula de forma directa a la producción de hortalizas orgánicas a
10 mil familias desocupadas, lo cual supone, al menos, el auto abastecimiento con verduras
de 40 mil personas. Por su parte, el circuito de economía solidaria incluye a más de 350
grupos productivos, los cuales adquieren ingresos en un promedio de 40 a 150 dólares
mensuales (la línea de indigencia es de 90 dólares). (Municipalidad de Rosario, 2009; y
Hábitat-ONU, 2004).
Como podemos observar estamos hablando ya de un modelo económico y social,
radicalmente diferente de las tendencias neoliberales, el cual reestructura, en diversos
órdenes, las relaciones entre gobierno, sociedad y espacio local. En un primer ámbito,
podemos reconocer el papel activo del gobierno local en los siguientes aspectos:
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su apuesta por la institucionalización de la agricultura urbana como política pública,
lo cual contribuye a asegurar la continuidad y expansión del programa a pesar de los
cambios en el gobierno;
el financiamiento, en promedio, del 60% del presupuesto del proyecto;
el desarrollo de una nueva planificación urbana con el objetivo de disponer de los
espacios urbanos “vacíos” y otros espacios públicos y privados (éstos últimos bajo
concesión) para la creación de las huertas, los parques, la industria, los talleres de
capacitación y las ferias de venta;
el otorgamiento a los trabajadores de la tenencia segura de tierras; y
la institucionalización de redes de cooperación multiactores entre gobierno,
ciudadanía y agencias de cooperación internacional.
En esta última área, especialmente ha sido importante:
su trabajo en coordinación permanente con la CEPAR, ONG encargada de la capacitación
para la planificación y desarrollo de las huertas; la cual, además, se constituye en el vínculo
estratégico del proyecto con organismos de cooperación internacional (Programa de
Gestión Urbana de la ONU -que desde 2004 forma parte de ONU-Hábitat, la Organización
de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Promoción de Desarrollo
Sostenible (IPES) y la Organización Andaluza por la Paz), a través de los cuales se obtiene
aproximadamente el 30% del presupuesto total, además de otras aportaciones de carácter
técnico.
El respaldo a los agricultores, más allá del establecimiento y regulación de las huertas para
autoconsumo, en la realización de las ferias comerciales en espacios públicos, así como el
desarrollo de campañas de promoción entre diversos sectores de la sociedad para impulsar
un “consumo solidario, ético y responsable”.
La incorporación en el proyecto de la Universidad de Rosario a través de las Facultades de
Ingeniería y Arquitectura.
La vinculación del proyecto con el nivel federal de gobierno, específicamente por medio
del programa Pro-huerta (que aporta aproximadamente el 6% del presupuesto total y otros
recursos técnicos), y la solicitud del seguro de desempleo federal (52 dólares mensuales)
para el 60% de los agricultores del programa.
La proyección internacional del PAU a través de su participación en proyectos
internacionales auspiciados por la ONU y otros organismos internacionales de cooperación.
Convergente con este papel rector y articulador del gobierno, la ciudadanía se muestra
como el actor precursor del proyecto. Por un lado, observamos a la CEPAR como
contraparte del gobierno en el desarrollo del proyecto, lo cual incluye no solo su
contribución directa y “tangible”, sino también la transmisión de sus preceptos filosóficos
socio-económicos sobre los que se funda su sistema de producción. Es muy interesante
destacar aquí que a pesar de la participación de financiamiento internacional que promueve
la misma CEPAR a través de la vinculación del proyecto con agencias de cooperación, el
PAU ha sustentado su programa en una visión de autosuficiencia a través de la cual se
busca capacitar a los agricultores para producir ecológicamente no solo los alimentos,
también las herramientas, semillas, abonos y otros insumos para el desarrollo de las huertas,
con el objetivo de impulsar un modelo autosostenible que no genere dependencias
económicas y tecnológicas, hacia espacios y actores exógenos, que puedan obstaculizar en
un futuro el desempeño del proyecto. Podemos observar que se trata de una estrategia
eficiente e inteligente para capitaliza los recursos existentes en el ámbito internacional sin
generar dependencias que puedan costarle la vida al proyecto en un futuro.
Por su parte, los nuevos agricultores, que son los sectores sociales excluidos, se conforman
en el actor estratégico de un proceso que está modificando, desde la base, algunas
tendencias productivas y sociales de la ciudad. Por ejemplo, es muy importante señalar que
al interior de este sector social las relaciones entre sus miembros se están reestructurando
de manera considerable como resultado de que la agricultura urbana se sustenta en la
familia como unidad productiva, la cual, a su vez, se inserta en una economía de barrio y
comunidad. Sin duda alguna la construcción de comunidades es un cimiento fuerte que
apuntala hacia la sustentabilidad a largo plazo del proyecto.
Así mismo, al interior de éstas se ha revelado un empoderamiento de las mujeres como
agentes productores y organizativos: en una encuesta realizada en 400 huertas, se
diagnosticó que el 92% de las mujeres, que representan el 62% de los/las huerteros/as,
consideran la huerta como su fuente de trabajo (…) el 70% cumplen el rol de coordinadoras
de grupos productivos, y el 50% lograron por medio de este emprendimiento el acceso a
manejo de dinero (El Ágora, 2008: 209).
Otro cambio trascendental es que los agricultores han tenido cabida en las escuelas y
universidades como promotores de un nuevo modelo económico sustentado en la ética de la
solidaridad y la responsabilidad medioambiental tanto en la producción como en el
consumo. Abiertamente podemos plantear que tanto su incursión en las escuelas, como las
ferias de venta, donde interactúan directamente con la gente, abren dos importantes foros
que otorgan presencia y voz a estos sectores marginados al interior de la sociedad.
Ahora bien, como complemento de los productores, es especialmente interesante el
protagonismo que el PAU otorga a los consumidores a través de la concepción del
“consumo como acto político, porque cuando consumimos elegimos una forma de
producción específica” (CEPAR, 2003). Actualmente, los consumidores abarcan un amplio
espectro de sectores sociales (superando la producción para el autoconsumo), los cuales se
diversifican entre las personas que acuden directamente a las ferias de venta, las escuelas
que adquieren productos y cursos de capacitación, y, de manera innovadora, los grupos
empresariales que se comprometen a consumos fijos y anticipados a “precios justos” de los
productos provenientes de las huertas urbanas por medio del “Vale Verde” y “Bono Mano
Verde”. En esta dinámica definitivamente el papel del gobierno local ha sido muy
importante para estimular estas redes de cooperación entre los sectores empresariales, los
consumidores y los agricultores urbanos.
En definitiva, podemos distinguir una nueva sinergia de interacción entre distintos sectores
sociales que se sustenta en una percepción radicalmente diferente sobre el papel que
desempeñan los sectores excluidos en la construcción de modelos de desarrollo social. Y
especialmente importante en este cambio de visión ha sido la fortaleza con la que el
gobierno ha respaldado a los agricultores, lo cual, sin duda brinda una legitimidad política
al proyecto.
En conjunto, si integramos las redes de interacción entre gobierno y sociedad, y al interior
de ésta entre diferentes grupos socioeconómicos, así como entre los distintos elementos que
conforman al grupo de población marginada, vemos que de facto existe un nuevo pacto
social mucho más solidario e incluyente: los sectores marginados están posicionándose
como agentes catalizadores de un modelo de desarrollo alternativo.
Ciertamente este nuevo pacto social tendrá que evolucionar hacia una mayor
institucionalización que conlleve cambios estructurales que permitan asegurar a los
trabajadores no solamente el autoconsumo proveniente de sus huertas, sino ingresos
económicos suficientes para adquirir un nivel de vida más alto que les permita escalar hacia
un estrato social superior (hay que recordar que actualmente los ingresos adquiridos de la
venta de los productos se encuentran dentro del promedio de los 90 dólares mensuales que,
de acuerdo con la ONU, es la línea de indigencia). Así mismo, como parte de estos cambios
estructurales, tendrán que implementarse programas de seguridad social a través de los
cuales se impulsen servicios como educación, salud e infraestructura que estén
encaminados a cubrir las necesidades básicas de estos grupos y homogenizar el nivel de
desarrollo al interior de la sociedad rosariana. No podemos olvidar que hay un largo camino
que recorrer entre la indigencia y la integración sustentable de estos sectores poblacionales
al interior de la sociedad.
3. El PAU como parte de la agenda regional de
Agricultura Urbana
En el contexto mundial de expansión y urbanización de la pobreza, el problema del hambre
y la desnutrición sobresale como uno de los temas prioritarios que deben atenderse en la
agenda de desarrollo. Este año, de acuerdo con la FAO, se registran mil 200 millones de
personas que padecen hambre y desnutrición en el mundo, alcanzando el nivel histórico
más alto desde 1970. Tan sólo para ubicarnos en la región latinoamericana,
aproximadamente 55 millones de personas, de los cuales 15 millones son niños menores de
5 años, padecen de desnutrición severa por falta de acceso a los alimentos; situación que es
paradójica si consideramos que América Latina produce un 30% más de los alimentos que
consume (FAO, 2009). Así mismo, debemos considerar que el alza constante de los precios
de los alimentos va incorporando a nuevos segmentos de la población pobre a los índices de
malnutrición, puesto que justamente son los sectores más pobres quienes gastan el mayor
porcentaje de sus ingresos en adquirir alimentos. Frente a esta realidad, la agricultura
urbana se constituye como una estrategia en la lucha por la seguridad alimentaria y
nutricional otorgando acceso a los alimentos a los sectores más pobres, diversificando su
dieta y permitiendo el ahorro en gastos de alimentos.
Desde mediados de la década de los noventa, la agricultura urbana comenzó a mostrarse en
la región como una estrategia eficaz. Así mismo, su conceptualización fue evolucionando
hacia un plano más amplio e integral pretendiendo dar respuesta a una mayor diversidad de
temas urbanos. En este sentido, la Agricultura Urbana y Periurbana (AUP) se definiría de
manera más compleja “como una actividad multifuncional y multicomponente, que incluye
la producción o transformación inocua de productos agrícolas y pecuarios en zonas intra y
peri urbanas, para autoconsumo o comercialización, (re) aprovechando eficiente y
sostenible recursos e insumos locales, respetando los saberes y conocimientos locales y
promoviendo la equidad de género a través del uso y coexistencia de tecnologías
apropiadas y procesos participativos para la mejora de la calidad de vida de la población
urbana y la gestión urbana social y ambiental sustentable de las ciudades.” (IPES,
www.ipes.org )
El primer gran impulso que se da a la Agricultura Urbana como política regional es en el
año 2000 cuando la FAO y el IPES co-organizan un encuentro con representantes de 27
ciudades de 10 países de la región y se aprueba la Declaración de Quito (Ecuador), en la
que afirman su “compromiso político para promover proyectos, programas y políticas
municipales de agricultura urbana que permitan fortalecer la seguridad alimentaria urbana,
enfrentar la pobreza urbana, mejorar la gestión del ambiente urbano, la salud y desarrollar
una gobernabilidad más participativa y menos excluyente, y proteger la biodiversidad
urbana.” (IPES, 2009)
En lo que respecta a la agenda mundial, en el año 2001 el Comité de Agricultura de la FAO
establecerá como una de sus prioridades impulsar la agricultura urbana en el mundo como
una estrategia integral que permitirá avanzar en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, específicamente en tres de ellos:
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Metas: i) reducir a la mitad, entre
1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día; ii)
lograr empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y
jóvenes; y iii) reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen
hambre.
Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
Objetivo 7: Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los
programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente.
En este contexto regional-mundial es que la Ciudad de Rosario incursionará en la
Agricultura Urbana como política pública. La CEPAR, que viene desarrollando la
agricultura urbana desde los años noventa, será uno de los firmantes de la Declaración de
Quito y en febrero de 2002 propondrá al gobierno municipal el Programa de Agricultura
Urbana. En junio de ese mismo año el PAU se incorpora al proyecto regional de Consulta
Urbana para el desarrollo de la Agricultura Urbana dirigido por el Programa de Gestión
Urbana de la ONU (PGU; desde 2004 integrado a la agencia ONU-Hábitat) y apoyado por
el IPES y el CIID-Canadá (Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo). En
este proyecto piloto participarán las ciudades de Gobernador Valadares (Brasil),
Cienfuegos (Cuba) y Rosario (Argentina).
Vale la pena abrir un pequeño paréntesis para abordar el tema de la metodología de
Consulta Urbana promovida por el PGU. Sustentada en una perspectiva de gobernanza
urbana, tiende a favorecer la concertación pública en el espacio local por medio de un
nuevo enfoque participativo de gestión urbana que apunta a mejorar el ordenamiento
territorial de una ciudad implicando a todos los actores urbanos en la definición de las
prioridades, la planificación de las acciones y su puesta en marcha.
La consulta urbana es un enfoque con tres ideas claves:
familiarizar el diálogo entre las autoridades locales y todos los actores urbanos implicados;
favorecer asociaciones que impliquen a los sectores público y privado, asociaciones y
sociedad civil;
catalizar la elaboración de un plan de acción llevado adelante por el gobierno y la
población. (Urbanews, 2004)
Considerando que la consulta urbana se constituye en el soporte del proyecto, los criterios
base que permiten al PGU evaluar la viabilidad del desarrollo de las consultas (que suelen
durar dos años en promedio) son:
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que exista la voluntad clara de las autoridades locales para desarrollar el proyecto
sustentándose en la consulta ciudadana;
que exista una sociedad civil dinámica y organizada que adquiera el compromiso de
dialogar con las autoridades;
que la sociedad civil participe en redes de asociación que favorezcan una
desmultiplicación de las acciones y una participación financiera;
que la sociedad civil tenga capacidades propias para generar conocimientos desde
su ámbito que contribuyan al proyecto; y
que la sociedad civil sea capaz de operar en sinergias y trabajar directamente con
comunidades de base.
Como podemos observar, la consulta urbana apuntala a la formación de las aptitudes tanto
de la municipalidad como de la sociedad civil para trabajar en espacios de concertación; y
específicamente en el caso de ésta última promueve su organización, fortalecimiento y
participación activa en todas las fases del proyecto.
Para cerrar el paréntesis, podemos decir que existe una coherencia en el origen del PAU
entre la aplicación del proyecto bajo los preceptos de la consulta urbana (tendientes a la
construcción de redes multiactores), y la evolución y el fortalecimiento, a través de los
años, de sus fundamentos políticos-sociales, dirigidos a promover una sociedad más justa y
solidaria.
Ahora bien, dos años más tarde, en septiembre del 2004, el PAU será seleccionado por el
Programa Hábitat y la municipalidad de Dubai como una de las 10 mejores prácticas del
mundo de lucha contra la pobreza. Y como parte de este reconocimiento, el PAU se
proyectará a nivel internacional, co-participando junto con las ciudades de Kampala
(Uganda) y Colombo (Sri Lanka), en el proyecto « Integrando la Agricultura en el
Desarrollo Urbano, Plan 2004/2006 », financiado por el CIID, la Universidad de McGill de
Canadá, el IPES y el PGU-ONU-Hábitat.
Nuevamente, en el año 2007, la FAO y el IPES convocan a los países latinoamericanos ha
concertar sus esfuerzos en el desarrollo de la Agricultura Urbana en torno a La Declaración
de La Paz (Bolivia), la cual es aprobada por representantes de gobiernos nacionales,
municipios y organizaciones de cooperación y de la sociedad civil de 13 países
latinoamericanos.
Actualmente, son nueve las ciudades latinoamericanas, en 7 países, que desarrollan
proyectos de agricultura urbana como políticas institucionalizadas:
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Perú: Villa María del Triunfo;
Colombia: Bogotá;
Cuba: Cienfuegos;
Ecuador: Quito;
Argentina: Rosario;
Uruguay: Montevideo;
Brasil: Belo Horizonate, Macaé y Governador Valadares.
Mientras tanto, otras 19 ciudades están elaborando estudios para impulsar nuevos
proyectos: en Argentina, México, Cuba, Perú, Ecuador y Honduras hay un proyecto en
planeación por país; mientras que en Brasil hay 13 ciudades que están en estudio, con lo
cual este país se posiciona como el líder regional en el desarrollo de esta práctica.
Como podemos observar, la agricultura urbana es un modelo de gobierno que está tomando
auge en América Latina, y desde mi perspectiva considero que su éxito radica en integrar
en un solo proyecto elementos estructurales de carácter democrático que atraviesan los
campos de la economía, la política y la integración social.
4. Bibliografía y enlaces de Internet:
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Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). UrbaNews. No. 12,
diciembre, 2005.
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). UrbaNews. No. 10,
junio, 2004.
Cabrero, Enrique. La innovación local en América Latina. Los avances y los retos.
En - Cabrero, Enrique y Ady P. Carrera (coord..) Innovación Local en América
Latina. CIDE, México, 2008.
CEPAR. El Cepar, por la utopía de producir distinto y vivir mejor. 2003.
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Delamaza, Gonzalo. Participación ciudadana en la prestación de servicios públicos.
En - Cabrero, Enrique y Ady P. Carrera (coord..) Innovación Local en América
Latina. CIDE, México, 2008.
El Ágora. Huertas urbanas, municipalidad de Rosario, Argentina. En Cabrero,
Enrique y - Ady P. Carrera (coord..) Innovación Local en América Latina. CIDE,
México, 2008.
FAO-ONU. Panorama del hambre en América Latina y el Caribe. 2008
UN-Habitat. State of the World’s Cities 2008/2009. Harmonious Cities. 2008.
UN-Hábitat. Ciudades para un futuro más sostenible. Programa de Agricultura
Urbana (Rosario, Argentina). Julio, 2004.
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United Nations. The Millennium Development Goals Report. 2008.
Instituto de Promoción de Desarrollo Sostenible www.ipes.org
Institut de Recherche et de Débat sur la Gouverance (IRG) www.institutgouvernance.org
Municipalidad de Rosario www.rosario.gov.ar
United Nations-Food and Agriculture Organization www.fao.org