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Todo el sector del juego privado estuvo presente esta tarde en la Consellería
d’Economía i Competitivitat, que dirige Joaquin Garcia
donde el equipo de la DGCE explicitó todas y cada una de las alegaciones
presentadas al anteproyecto de Ley de juego de Baleares, indicando a los
asistentes los motivos de su inclusión o no en el mismo.
El texto reconoce la elevada trascendencia tanto desde un punto de vista
económico como social en el territorio de las Illes Balears tiene el sector del
juego. Y no solo por el número de empresas de todo tipo dedicadas a ello sino
también por los puestos de trabajo que genera y por el volumen de ingresos
por tasas fiscales y administrativas de aproximadamente 32 millones de euros
en este año.
El proyecto desea crear un marco jurídico adecuado en el que se defina el
ámbito de aplicación de la norma, las distintas modalidades de juegos y
apuestas y los establecimientos y locales donde se practiquen, el regular, dada
la importancia del turismo en nuestra economía, las empresas titulares de las
autorizaciones para juegos y apuestas, en donde debe definirse todo los
referente a sus características, fianzas, calificación profesional y establecer una
código de derechos y obligaciones a los usuarios, dentro del marco de juego
responsable que se está definiendo en nuestra actividad. Sin duda la nueva ley
mejorará y adecuará la normativa vigente que regula el régimen sancionador
así como sus infracciones y sanciones.
Hay aciertos importantes, fundamentalmente en la regulación del régimen
sancionador, en el establecimiento de la figura del cooperador, en la
regulación de las fianzas, así como las medidas a favor de la ley de unidad del
mercado, mejora de los criterios de publicidad, medidas sobre el juego
responsable y la protección del menor. Igualmente se regula adecuadamente
las tradicionales “quines” y se explicitan las apuestas hípicas dentro del
próximo reglamento de apuestas deportivas. Pero hay también aspectos que
dificultan la intención del Conseller Joaquín Garcia de lograr el máximo
consenso posible con todo el sector y grupos políticos, además de tener en
cuenta a la sociedad en general y a las instituciones. No obstante, prima más la
voluntad de contar con un regulación legal con rango de ley y dejar a los
reglamentos estas tareas sectoriales.
Las palabras de la directora general Lourdes Cardona respecto a la voluntad
de elaborar con un esfuerzo técnico y la participación de todo el sector, una
Ley moderna, adaptada a su tiempo y circunstancias, contemplando nuevos
aspectos y en línea con la mayoría de comunidades autónomas deben ser
tenidas en cuenta en el desarrollo final de la Ley de juego y apuestas