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WP 03/2011
Preferencias Sociales sobre
Políticas de Cambio Climático:
Evidencia para España
Michael Hanemann
Xavier Labandeira
María L. Loureiro
[email protected]
www.eforenergy.org
ISSN nº 2172/8437
Preferencias Sociales sobre Políticas de Cambio Climático:
Evidencia para España
Michael Hanemann, Xavier Labandeira y María L. Loureiro*
Resumen
España se enfrenta a una situación compleja respecto a sus políticas de cambio climático. Por
una parte, las emisiones de gases de efecto invernadero han sufrido un importante incremento
desde 1990, encontrándose lejos de los compromisos de Kioto. Por otro lado, es probable que
España sufra importantes impactos del cambio climático, siendo uno de los países más
afectados de nuestro entorno. Frente a esto, ha habido una aplicación bastante limitada de
políticas correctoras contra el cambio climático, en particular cuando éstas implican una
modificación de los precios de la energía. Esto responde a que, a pesar de los ciudadanos
españoles en general muestran una gran preocupación ante el cambio climático, ha existido una
fuerte oposición a incrementos en los precios energéticos. En este trabajo tratamos de ofrecer
una explicación a este fenómeno y una posible pista para futuras políticas en este campo,
mostrando cómo los hogares españoles aprueban la aplicación de un programa energético que
encarezca la electricidad y los carburantes de locomoción para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero. El artículo recoge los principales resultados de la aplicación de una
encuesta de valoración contingente que suministra información sobre la disponibilidad a pagar y
actitudes de las familias sobre diversas alternativas asociadas a la reducción de emisiones
precursoras del cambio climático.
_______________________________
Michael Hanemann es profesor de University of California, Berkeley; Xavier Labandeira de la Universidade de Vigo y
Economics for Energy; y María Loureiro de la Universidade de Santiago de Compostela. Agradecemos la
financiación recibida de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, FEDEA y los proyectos (ECO2009-14586-C201 y ECO2009-14586-C2-02) del Ministerio de Ciencia e Innovación. Cualquier error u omisión son de nuestra única
responsabilidad.
* Autora de contacto: Departamento de Fundamentos da Análise, Facultade de CC. Económicas, Avenida do Burgo
das Nacións, 15782 Santiago de Compostela. Email: [email protected]
1. Introducción
El cambio climático se ha convertido en una preocupación importante para los ciudadanos de
todo el mundo. La primera consulta sobre este asunto a nivel planetario, llevada a cabo por
World Wide Views (2009), muestra que una gran mayoría de personas (cerca del 90%) están a
favor de reducciones considerables de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en
los países desarrollados durante el período 1990-2020. Un porcentaje similar de ciudadanos
apoya mantener el calentamiento global dentro de los 2ºC sobre los niveles preindustriales. En
Europa, el Eurobarometer Survey (Comisión Europea, 2009) señala que dos tercios de la
población europea considera que el calentamiento global es uno de los problemas más graves a
los que se enfrenta la humanidad en la actualidad. Al mismo tiempo, muchos europeos (de
nuevo, aproximadamente dos tercios) creen que los gobiernos y las industrias no están haciendo
lo suficiente para combatir el problema del cambio climático. A pesar de que existen diferencias
geográficas relevantes dentro de Europa, España está entre los países por encima de la media
de la UE en la consideración del cambio climático como un problema muy serio. Como se verá
más adelante, los datos recogidos en este trabajo demuestran un elevado interés de los
ciudadanos españoles en esta cuestión, sobre la que creen que están adecuadamente
informados.
Este es el contexto general del trabajo: preferencias sociales intensas a favor de la mitigación del
cambio climático que no se ven plenamente materializadas en las políticas actuales. En este
aspecto España es probablemente uno de los países con un comportamiento más marcado, con
una fuerte preocupación de los ciudadanos e incluso del gobierno (una de las tres ‘guías’ del
gobierno español actual) pero con escasas políticas implementadas. En realidad, España se
enfrenta a una situación compleja con respecto a sus políticas de cambio climático: por una
parte, las emisiones de gases de efecto invernadero han experimentado un importante
incremento desde 1990 (alrededor del 30% en el momento de escribir este artículo, con una
fuerte reducción reciente debido a la recesión), encontrándose lejos de los compromisos de Kioto
(15% de aumento). Por otra parte, es probable que España sufra importantes impactos del
cambio climático debido a su situación geográfica, esperándose importantes incrementos de
temperatura y un agravamiento de las sequías en las próximas décadas (Agencia Estatal de
Meteorología, 2010). Sin embargo, ha habido una aplicación bastante limitada de políticas
correctoras, particularmente en el campo de los precios de los bienes energéticos, que están
generalmente por debajo de las medias europeas.
2
La situación en España contrasta con el tradicional apoyo de los economistas a los instrumentos
de precios en las políticas climáticas. Los precios del carbono, por ejemplo, se ven como un
mecanismo necesario para lograr una reducción coste-efectiva y fomentar las tecnologías libres
de carbono. Sin embargo, en nuestro país los gobiernos se han opuesto tradicionalmente a este
mecanismo, en contra de una creciente evidencia de sus efectos positivos. El miedo a una
pérdida de competitividad ha llevado a los sucesivos gobiernos españoles a bloquear cualquier
intento de fijar un impuesto europeo sobre el carbono desde la década de los noventa, a pesar
de la evidencia empírica mostrando que una reforma fiscal verde en España, basada en la
imposición sobre el carbono, podría dar lugar a beneficios económicos netos (Labandeira,
Labeaga y Rodríguez, 2004) y con escasos problemas distributivos (Labandeira y Labeaga,
1999). Una tributación baja de los carburantes de locomoción y estrategias para mantener la
evolución del nivel de los precios eléctricos a la baja (o con pequeños incrementos) es reflejo de
lo anterior.
¿Hay alguna razón para este fenómeno, a pesar de los efectos positivos ex-ante de la política y
las preferencias sociales subyacentes sobre el cambio climático? La intensa oposición de los
ciudadanos españoles a los aumentos de precios relacionados con los combustibles de los
vehículos durante esta década, o la fuerte presión para mantener los precios de la electricidad
bajos podrían proporcionar una explicación intuitiva a la falta de fijación de un precio corrector
para el carbono. Como se indica más adelante, los grupos objetivo utilizados en las etapas
preliminares de estudio fueron consistentes con este comportamiento.
En este artículo pretendemos reconciliar las preferencias sociales españolas sobre la mitigación
del cambio climático con una política correctora que sea aceptable para los ciudadanos. Como
conclusión principal, avanzamos que ciertos programas asociados a la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero, incluso cuando llevan a un incremento de precios en los bienes
energéticos, son socialmente aceptados. Aunque estos programas no serán necesariamente
óptimos, nuestra evidencia indica que los precios pueden jugar un papel en las políticas
correctoras contra el cambio climático.
Nuestra metodología se basa en una aplicación de la valoración contingente (VC), basada en un
cuestionario que solicita a los encuestados que revelen su disponibilidad a pagar (DAP) por
reducir las emisiones de GEI en dos sectores especialmente responsables de estas emisiones
3
en España: la electricidad y el transporte. Sin embargo, nuestra aproximación no busca
exclusivamente el cálculo de la DAP para ciertas políticas climáticas. Al aproximarnos a este
asunto buscamos también percepciones sociales sobre distintas alternativas en la definición y
aplicación de distintos instrumentos y estrategias correctoras frente al cambio climático.
También, como indicamos anteriormente, suministramos información sobre el grado de
conocimiento de los ciudadanos españoles sobre el fenómeno del cambio climático y la
importancia que le otorgan.
Hay una creciente literatura sobre la DAP por políticas contra el cambio climático, con
contribuciones recientes, entre otras, de Berrens et al. (2004), Cameron (2005a, 2005b), Li et al.
(2004), Lee y Cameron (2008), Leiserowitz (2006), y Stedman (2004). Esos trabajos reflejan las
percepciones hacia varias políticas climáticas en diferentes países, mayoritariamente a través del
uso de métodos de valoración contingente. Otras aproximaciones incluyen experimentos de
elección discreta (Longo, Markandya y Petrucci, 2009), respuestas ordinales a escenarios de
valoración (Diaz-Rainey y Ashton, 2007), y extrapolación de encuestas de opinión (Bohringer,
2004). Los objetivos de política, o los bienes ambientales considerados también varían
considerablemente entre los distintos estudios, incluyendo medidas para la estabilización del
clima, (Cameron, 2005), inversiones en energía verde (Diaz-Rainey, 2007; Wiser, 2007; Hoyos y
Longo, 2008), cambios menores en las temperaturas (Viscusi y Zeckhauser, 2006), y
mecanismos de captura (Brouwer et al, 2008). Para una revisión completa de esta literatura ver
Johnson y Nemet (2010).
Aunque
las
aplicaciones
para
Europa
son
relativamente
limitadas,
han
crecido
considerablemente durante los últimos años. Por ejemplo, Cole y Brännlund (2009) evaluaron las
preferencias sobre políticas de mitigación de GEI en Suecia, indicando que los ciudadanos
suecos apoyan campañas informativas y medidas que producen efectos positives sobre el
desarrollo tecnológico. En España, Hoyos y Markandya (2009) investigaron las preferencias
sobre distintas medidas para afrontar el cambio climático en el País Vasco, incluyendo beneficios
globales (como en la mayor parte de la literatura) y secundarios. Estos autores muestran que las
estimaciones son un 40% más altas cuando se incluyen beneficios secundarios.
Este artículo contribuye a la literatura europea y española sobre esta cuestión. Y, aunque el
método de VC puede ser y se ha utilizado para evaluar los valores no de mercado asociados con
el cambio climático, nuestro enfoque solo se preocupa de la definición y el diseño de las
4
políticas. Restringimos nuestro ejercicio a los consumos eléctricos y de carburantes de
locomoción, ya que son importantes fuentes de GEI en España y han sido objeto de un intenso
debate sobre sus precios en los últimos años. En particular, el programa eléctrico presentado
propone el uso de los mayores precios de electricidad para el desarrollo de fuentes renovables.
Otra razón para la política considerada en el artículo son los objetivos europeos en materia de
energía renovable y emisiones de gases de efecto invernadero para 2020, que exigirá medidas
similares a las simuladas.
El artículo se basa en una encuesta en persona, representativa de la población española, que se
llevó a cabo entre mayo y junio de 2010. Los resultados muestran que los hogares españoles
están a favor de la aplicación de un programa eléctrico que encarezca la electricidad pero utilice
los ingresos adicionales para la promoción de las fuentes renovables para reducir las emisiones
de dióxido de carbono. En concreto, la DAP media por mes y hogar es elevada: 11€ por encima
de la factura eléctrica actual, lo que supone un importante aumento en términos relativos. Los
hogares también muestran una DAP positiva, aunque ligeramente menor que la precedente, para
un programa aplicado sobre los productores de combustibles que reduzca las emisiones de
gases de efecto invernadero pero lleve a un aumento de los precios de los carburantes.
Los resultados de este trabajo para el caso de la electricidad son sensiblemente inferiores a los
obtenidos mediante una encuesta telefónica realizada a una muestra representativa de la
población en diciembre de 2009 (ver Hanemann, Labandeira y Loureiro, 2011). Además de que
el método de recolección de datos fue diferente y que el cuestionario utilizado entonces fue
mucho más parco, consideramos que buena parte de la divergencia se debe a la realización del
cuestionario inmediatamente antes y durante los primeros días de la cumbre climática de
Copenhague, cuya repercusión mediática fue muy elevada.
El método utilizado en este trabajo suministra, además y en contraposición con el cuestionario
telefónico, una información muy rica sobre las opiniones de los ciudadanos sobre el cambio
climático (importancia y conocimiento) y sobre sus actitudes ante posibles políticas o estrategias.
En el futuro toda esta información podrá ser utilizada para completar y entender mejor las DAP
obtenidas. Nuestra intención con este artículo es presentar la encuesta realizada y los resultados
básicos obtenidos. En cualquier caso, creemos que este trabajo ofrece una fotografía muy
detallada de las preferencias sobre políticas climáticas de la población española y puede ser
especialmente útil para el diseño y aplicación de futuras actuaciones públicas en este campo.
5
El trabajo se organiza en cuatro secciones, incluyendo esta introducción. En la siguiente nos
ocupamos del procedimiento de obtención de datos y describimos brevemente la encuesta. En el
apartado tercero presentamos la modelización teórica y empírica empleada, y los resultados de
DAP para el programa eléctrico y residencial. También se describen los resultados obtenidos de
las preguntas actitudinales. Finalmente, el cuarto apartado presenta unas primeras implicaciones
de política y resume las principales contribuciones del trabajo.
2. Obtención de datos y encuesta
La base del estudio está en la aplicación de un cuestionario, disponible bajo petición. Un buen
diseño del cuestionario a utilizar es crucial para obtener datos de calidad y fiabilidad alta. A ese
efecto, los pasos seguidos han sido: realización de grupos de discusión, pre-test de la encuesta
y elaboración de la encuesta final.
2.1. Realización de grupos de discusión y pre-test
Varios grupos de enfoque o discusión se llevaron a cabo en distintas ciudades españolas de
características socio-económicas y climáticas diferentes. En concreto, los grupos de discusión se
han llevado a cabo en: A Coruña, Madrid, y Santiago de Compostela. En cada uno de los grupos
de discusión realizados se han analizado las opiniones de cada uno de los participantes con
respecto a diferentes políticas debatidas. El número de participantes fue de entre 9 y 10
personas en cada uno de los grupos. El reclutamiento se produjo a través de un sistema de
cuotas, con el fin de obtener un panel de discusión diverso para cada una de las ciudades. Por
ello, los individuos seleccionados como participantes se corresponden con diferentes tramos de
edad, diferentes niveles educacionales y de género.
Dichos grupos de discusión fueron dirigidos directamente por el personal investigador del equipo,
para tener control sobre la discusión en todo momento y para poder proporcionar información
más exacta en el caso de que existieran dudas por parte de los participantes. Todos los grupos
tuvieron una duración de dos horas, durante las que los participantes respondieron a una serie
de preguntas elaboradas de antemano por el equipo investigador. Con el fin de obtener
6
respuestas independientes se pidió a los participantes que leyesen las preguntas de interés en
silencio y que contestasen de forma individual en el papel dado a cada una de las preguntas,
antes de discutirlas con los demás miembros del grupo. De esta forma, todas las preguntas
presentadas a los individuos seguían una estructura articulada con respecto a un posible
cuestionario. Dicho cuestionario cambió de forma considerable respecto a la idea inicial, pues los
grupos de discusión han proporcionado información muy valiosa en términos de impactos
esperados asociados con el cambio climático, su disposición (o no disposición) al pago de
determinados impuestos y gravámenes para reducir emisiones de CO2 y controlar el cambio
climático, y otras preguntas relacionadas con la conciencia ambiental de los participantes.
En este sentido, el cuestionario del que disponemos finalmente ha absorbido gran cantidad de
comentarios, que se han reflejado en cambios sustanciales en su estructura. Por ello, si la idea
inicial era seguir las encuestas de opinión sobre el cambio climático realizadas por uno de los
principales referentes en este campo en EE.UU, Jon Kroscnick, en los primeros grupos de
discusión se observó que había una fuerte oposición al pago de mayores impuestos para reducir
el impacto del cambio climático. En consecuencia, se llevaron a cabo varias rondas de
modificaciones con el fin de presentar políticas para combatir el cambio climático que no
produjesen rechazo o respuestas protesta. La encuesta final ha sido pre-testada en un grupo de
participantes, para verificar la comprensión final y duración de la misma.
2.2. Encuesta final
La estructura de la encuesta que se utiliza en este estudio comparte características con otras
previamente utilizadas de forma exitosa en EE.UU. por Cameron y otras elaboradas por
Krosnick. Esto permite la comparación de resultados con los obtenidos en otros territorios,
puesto que los estudios realizados en Europa o Asia suelen también seguir un formato similar.
Nuestro objetivo principal en el diseño de la encuesta, no obstante, fue obtener información
pormenorizada sobre las opiniones de la población española sobre el cambio climático y sus
políticas correctoras. También pusimos un énfasis especial en conocer las actitudes de los
ciudadanos ante diversas estrategias de política, o su instrumentación, puesto que este trabajo
también pretende orientar futuros desarrollos o actuaciones públicas en este campo.
7
La encuesta utilizada contiene varias partes claramente diferenciadas: a) parte introductoria
donde se presentan cuestiones generales al entrevistado sobre el conocimiento del cambio
climático; b) parte de valoración de las políticas de electricidad y transporte asociadas a la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; c) variables actitudinales, y una última
sección d), que contiene preguntas socio-demográficas.
2.3. Muestra
Se llevaron a cabo un total de 1200 encuestas en el territorio español. Dichas encuestas fueron
realizadas por la empresa independiente Sondaxe que recogió los datos de forma personal,
aplicando cuotas por edad y género. La encuesta fue llevada a cabo entre mayo y junio de 2010.
En total, finalmente se han recogido un total de 750 encuestas que se analizaron con el software
STATA 10.
El método de muestreo utilizado fue un método de múltiples etapas. En primer lugar se
seleccionaron diferentes áreas de población de cada comunidad autónoma, incluidas las
grandes, medianas y pequeñas ciudades, según su peso y representatividad a nivel nacional. A
continuación se asignaron los encuestadores a las distintas áreas y se les instruyó cómo realizar
la recolección de datos. El procedimiento empleado fue el habitual en estos casos: el seguido en
muchos casos, por ejemplo, por el INE para realizar sus labores de encuestación. En el siguiente
análisis se incluyen todas las respuestas, incluso aquellas que puedan considerarse de tipo
protesta. Esto parece apropiado, ya que en una elección real la opinión o voto de esos
ciudadanos contaría.
Con respecto a las características de la muestra, los principales resultados descriptivos se
recogen en la Tabla 1. Así, el 48,22% de los encuestados son hombres, con una edad media de
43,51 años. En el caso de las mujeres (51,78% de la muestra) la edad media asciende a 44,34
años. La mayoría están empleados a tiempo completo (35,5%/43,92%), mientras que los
jubilados, ascienden a (18,4%/12,30%), y autónomos y de trabajadores en el hogar, representan
el (10,7%/9,73)% y (10,5%/13,73%), respectivamente. El número de desempleados asciende a
9,59% y un 9,44% de la muestra son estudiantes. En cuanto a los ingresos medios por hogar, el
12,16% tiene unos ingresos brutos anuales inferiores a 10.800€; el 49,35% está entre un mínimo
de 10.800 y un máximo de 21.600 y un 21,17% supera los 21.600 euros brutos anuales. Además
8
la mayoría de los hogares españoles (89,55%) están habitados por un máximo de cuatro
personas, lo cual representa el hogar español más común. Es destacable además que el tipo de
energía que utilizan la mayoría de los hogares para la calefacción es la energía eléctrica,
mientras que el gas natural y el propano son mucho menos comunes.
(Tabla 1, aquí)
El nivel educativo promedio de la muestra se acerca a la media del Censo, con un 26,8% y
29,4% de las personas que han completado la enseñanza secundaria y la primaria,
respectivamente. Si comparamos nuestros datos con el censo, encontramos que no existen
diferencias significativas con respecto al nivel de educación básica, ya que 37,4% de la
población adulta española ha completado la educación básica. Además, el 13,9% de los
encuestados han completado la educación secundaria y 18,5% tienen educación universitaria, en
comparación con 20,7% del censo español que han completado la educación secundaria, y el
21,8% tiene estudios universitarios. En cuanto al nivel educativo promedio de la muestra
podemos decir que el 34,62% de la muestra ha completado los estudios primarios y el 40,05%
tiene estudios secundarios. Además el 21,89% de la muestra tiene formación universitaria. En
cuanto al lugar de residencia podemos decir que la mayor parte de la muestra se concentra en el
interior (73,10%), mientras que el 26,62% habita en la costa. Si observamos los datos sobre el
lugar de nacimiento, vemos que la mayoría de los encuestados nacieron en las comunidades de
Andalucía (20,17%), Cataluña (13,02% Comunidad Valenciana (7,44%) y Madrid (11.59%). De
esta manera, puede observarse que las variables sociales y demográficas de la muestra reflejan
bastante bien la realidad de los hogares españoles.
La Tabla 2 recoge las actitudes e información de los encuestados sobre el cambio climático.
Como puede observarse, asumiendo que la muestra es representativa, la población española
muestra interés y conocimiento sobre el cambio climático y fuertes preferencias para su control.
Esto es coincidente con estudios de opinión existentes a nivel español, o con los resultados de
encuestas realizadas a nivel europeo (ver introducción) y creemos que justifica este trabajo y la
aproximación seguida para intentar explicar la baja correspondencia entre tan elevado interés y
las políticas públicas aplicadas. En buena medida, esto explica los programas presentados por
nosotros en el cuestionario y la selección de preguntas sobre actitudes. La Tabla 3 recoge las
respuestas de los encuestados a una selección de las principales preguntas actitudinales.
9
(Tabla 2, aquí)
(Tabla 3, aquí)
3. Modelización
3.1. Aplicación empírica
En la aplicación empírica que sigue, las respuestas de la DAP en la categoría de ‘no sé’ o ‘no
contesta’ se han recodificado como respuestas negativas. Este procedimiento se emplea de
forma habitual, por ejemplo por Carson et al. (2003), y es un elemento que hace que las
estimaciones de DAP que se presentan sean conservadoras.
La estimación de las DAP se ha realizado mediante el método no paramétrico de Turnbull. En
contraste con las técnicas paramétricas, que asumen una forma cerrada de la variable latente de
disposición al pago, el método no paramétrico de Turnbull no requiere ninguna forma funcional
del término error. En este sentido, Turnbull (1976) presentó una estimación no-paramétrica que
se adapta fácilmente a los casos de datos agrupados, censurados o datos truncados, como los
existentes en este caso.
Entrando en la descripción del modelo, consideremos que las respuestas dadas a las preguntas
dicotómicas pueden ser utilizadas para estimar los intervalos donde recae la disposición a pagar
del individuo. Asumamos que los individuos indican una disposición al pago W, que se
comprende entre los intervalos tj y tj+1. Asumamos que los tjs están indexados como j=0,1,…M, y
tj>tk for j>k, y t0=0. Sea la probabilidad pj de que un individuo tenga una DAP comprendida entre
tj-1 y tj. Esto puede expresarse como
(1)
Pj = P(t t −1 < W ≤ t t ) para j=1,…,M+1.
Alternativamente, la función acumulada de distribución (cdf) puede describirse como
(2)
F j = P(W ≤ t j ) para j=1,…,M+1, donde FM+1=1.
10
Entonces,
(3)
p j = F j − F j −1
y F0=0.
La distribución Turnbull puede ser estimada tratando bien Fj, j=1 a M, o pj, j=1 a M como
parámetros. Cuando los Fj son parámetros, la función de verosimilitud se define como
(4)
M
L( F ; N , Y ) = ∑ [ N j ln( Fj ) + Y j ln(1 − Fj )],
j =1
donde Nj es el número de respuestas que responden no al intervalo tj,, Yj el número de
respuestas que responden sí a tj, y (1-FM)=pM+1 es la probabilidad de que W sea más grande que
la oferta más alta. Esto puede ser escrito de la siguiente forma,
j
j
⎡
⎤
L( P; N , Y ) = ∑ ⎢ N j ln(∑ pi ) + Yj ln(1 − ∑ pi ) ⎥.
J =1 ⎣
i =1
i =1
⎦
M
(5)
De (5), la suma de los pj’s es 1. Sin embargo, para que estos p’s constituyan una función de
densidad válida, deben ser no-negativos y estar contenidos entre el intervalo de la unidad. Por
ello, para obtener un estimador válido de la función de densidad (pdf) W, los pi’s deben estar
restringidos a ser positivos, lo que implica que los p’s deben sumar a la unidad.
Turnbull (1977) describe una versión del algoritmo presentado en (5) para estimar que los p’s
son positivos. Su algoritmo resuelve las primeras condiciones de optimización (5) contando la nonegatividad de los p’s. Las condiciones de primer orden con respecto a los p’s son
(6)
⎛
⎜ N
Yj
∂L
= ∑⎜ j j −
j
∂pi j =i ⎜
p
pk
−
1
∑
⎜∑ k
k =1
⎝ k =1
M
⎞
⎟
⎟≤0
⎟
⎟
⎠
pi ≥ 0
pi
∂L
= 0.
∂pi
Por construcción la ecuación presentada en la ecuación (5) asume que p1>0 siempre y cuando
N1 es diferente de 0.
Usando (6) y resolviendo por p1, entonces
11
(7)
p1 =
N1
N1 + Y1
Y, de la misma forma, resolviendo para p 2 , obtenemos
(8)
p2 =
N2
− p1
Y2 + N 2
Por lo tanto, p 2 es positiva mientras que
(9)
N2
N1
>
.
Y2 + N 2 N1 + Y1
Nótese que estas probabilidades tienen una interpretación natural, dado que
Nj
N j + Yj
es la
proporción de la respuesta negativa tj. Por lo tanto, es un estimador natural de F j , y como
consecuencia, y siguiendo (6) el estimador de tj puede ser estimado como p j = F j − F j −1 .
Esta derivación asume que la proporción de respuestas negativas a t2 es mayor que la
proporción de respuestas negativas a t1. En vez de eso, suponiendo que esto no se cumple, con
una situación donde
N2
N1
<
, entonces la probabilidad sin restricciones puede ser
Y2 + N 2 N1 + Y1
negativa. Sin embargo, con la imposición de la restricción no negatividad, asumimos que p2=0.
Resumiendo, cuando p j es positiva, p j +1 se calcula hasta que el total de p’s ha sido estimado.
Si p j es negativo, entonces este proceso se repite hasta una posición p j en la que p j > 0.
Un procedimiento sencillo para calcular
p j 's
es el siguiente:
Nj
(a)
Para j=1ÆM, calcular F j =
(b)
F F
Comenzando con j = 1, comparar j y j +1.
(N j + Yj )
b.1) Si Fj +1 > Fj entonces continuamos con el proceso.
12
b.2) Si Fj +1 < Fj entonces juntamos las celdas j y j+1 en una misma celda con límites
( t j , t j +2 )
(c) Continuamos hasta que las celdas son unidas lo suficiente para permitir un crecimiento
monotónico de la función acumulada de distribución.
(d) Calculamos la función de densidad como un paso diferente de la función acumulada de
distribución.
Esta aproximación manual da como resultado soluciones cerradas para las preguntas de
referéndum simple. Pero además, un algoritmo puede programarse usando diferentes paquetes
estadísticos, como por ejemplo GAUSS.
Una de las mayores ventajas del cálculo directo de la función de distribución empírica es la
facilidad para estimar la matriz de varianzas-covarianzas. Para obtener esta matriz utilizamos la
ecuación (7). La condición de primer orden con respecto a Fj es
(13)
Yj
∂L N j
=
−
,
∂F j F j (1 − Fj )
y la matriz de las segundas derivadas es una matriz diagonal con los términos
(14)
Nj
Yj
∂2 L
.
=− 2 −
2
∂F j
F j (1 − F j ) 2
Por lo tanto, la varianza de Fj es
(15)
Fj
⎛ ∂2 L ⎞
F (1 − Fj )
V ( Fj ) = ⎜ −
=
= j
.
⎟
2
2
2
⎜ ∂Fj ⎟ (1 − Fj ) N j + Fj Y j
N
Y
+
j
j
⎝
⎠
La varianza de los pj’s es también sencilla de estimar. Los Fj’s son la función acumulada de
distribución y los pi’s son la función de densidad. Puesto que Fj y Fj-1 tienen convarianzas cero,
13
(16)
V ( p j ) = V ( F j ) + V ( F j −1 ) =
Fj (1 + Fj )
N j + Yj
+
Fj −1 (1 − F j −1 )
N j −1 + Y j −1
.
Para obtener la media de la DAP a través de la distribución de Turnbull, Kristom (1990) asume
que la verdadera función de distribución es una función lineal a trozos entre las estimaciones
puntuales de la función de distribución empírica, y que la distribución tiene un límite superior
arbitrario. Puesto que los estimadores no paramétricos eliminan la variación debida a las formas
funcionales, para obtener una verdadera medida de tendencia central no paramétrica muestra
que la DAP se puede expresar como
(17)
∞
M +1 t J
0
J =1 t J −1
E (W ) = ∫ W ∂F (W ) = ∑
∫ W ∂F (W ).
Sustituyendo la DAP por el límite inferior de cada intervalo, obtenemos una estimación de la DAP
en su límite inferior. Esto viene dado por
E ( LBWTP ) = 0.P (0 ≤ W < t1 ) + t1 P (t1 ≤ W < t2 ) + ...
(18)
M +1
+tm P (tm ≤ W < tm +1 ) = ∑ t j −1 p j .
j =1
Esta estimación de la DAP en un límite inferior se distribuye de forma asintóticamente normal,
debido a que es una combinación lineal de pi’s, las que a su vez son asintóticamente normales.
Entonces la varianza de E ( LBWTP ) viene dada por
(19)
M
⎛ M +1
⎞ M +1
V ⎜ ∑ p j t j −1 ⎟ = ∑ t 2j −1 (V ( F j ) + V ( F j −1 )) − 2∑ t j t j −1V ( F j ).
j =1
⎝ j =1
⎠ j =1
Por lo tanto, conociendo la media y la varianza de la DAP, se pueden construir los intervalos de
confianza y testar hipótesis acerca de la media de la muestra.
En la Tabla 4 se presentan los resultados de la DAP por el programa de energías verdes a través
del método no paramétrico de Turnbull. Esta DAP asciende a €11 euros por hogar y mes. Esto
representa un porcentaje de sobre-precio significativo sobre el gasto medio eléctrico actual por
parte de las familias españolas (aproximadamente un 25% antes de la importante subida de
enero de 2011). La Tabla 5 muestra que los encuestados apuntan una gran seguridad sobre sus
respuestas: en torno a un 70% tienen una seguridad de 9 o 10 puntos sobre 10 posibles.
14
(Tabla 4, aquí)
(Tabla 5, aquí)
En la Tabla 6 se presentan los resultados de la DAP por el programa aplicado al transporte. En
este caso, la DAP media asciende a 105€ por hogar y año, una cantidad ligeramente inferior a la
obtenida para la electricidad. En buena medida esto se explica porque los encuestados
consideran muy elevados los precios e impuestos ya aplicados sobre los carburantes de
locomoción. Además, aunque la seguridad sobre las respuestas sigue siendo elevada como se
observa en la Tabla 7 (aproximadamente un 65% dan una seguridad de 8, 9 o 10 sobre 10), ésta
es inferior al caso de la electricidad. Finalmente, la Tabla 8 recoge información útil sobre las
características de las familias encuestadas (y datos reales para la población española) respecto
al uso del transporte privado y su intención y capacidad respecto a cambios de comportamiento.
(Tabla 6, aquí)
(Tabla 7, aquí)
(Tabla 8, aquí)
Como ya indicamos, las preguntas actitudinales ofrecen una información muy valiosa sobre las
preferencias de los ciudadanos hacia una serie de opciones de política, generales o específicas,
en el campo energético y climático (ver Tabla 3). En el futuro realizaremos un análisis combinado
de las DAP y las respuestas a las preguntas sobre actitudes. En cualquier caso, la información
bruta obtenida en la encuesta sobre dichas actitudes es de gran interés, como señalamos en la
siguiente sección de conclusiones.
4. Conclusiones e implicaciones de política
Este trabajo surgió con dos objetivos fundamentales. En primer lugar, para tratar de explicar la
escasa aplicación de políticas contra el cambio climático a través de la modificación de precios
energéticos. Aproximaciones anteriores, generalmente con evidencia empírica por simulación de
15
políticas en el caso español, demostraban la superioridad, en términos económicos, de
instrumentos de precios para las políticas climáticas y sus escasos efectos (negativos)
distributivos. Si a esto unimos unas preferencias favorables al control del cambio climático, como
demostramos que existen en el caso español (de nuestra recolección de datos y otras
encuestas, españolas o extranjeras), era necesario buscar alguna interpretación plausible.
Desde nuestro punto de vista, a partir de los resultados de este trabajo, la oposición histórica de
la población española a incrementos de precios energéticos puede modificarse con un diseño
determinado de políticas.
Lo precedente conforma el segundo de los objetivos del artículo: el establecimiento de pautas
para el diseño de políticas viables. De lo observado en todo el proceso parece evidente que la
población española presenta DAPs positivas y relevantes (especialmente en el caso eléctrico)
cuando los instrumentos de política generan aumentos de precios que serán empleados por los
productores para reducir las emisiones de GEI, preferiblemente mediante el desarrollo y
adopción de tecnologías más limpias. Una política de estas características no es, en general,
precisamente óptima, pero las mejoras conseguidas con la incorporación de la externalidad vía
precios pueden compensar las pérdidas asociadas a la afectación de recursos.
Por lo demás, el estudio presenta resultados muy interesantes que refuerza lo dicho
anteriormente (Tabla 2). Reducir la contaminación es un tema muy importante o
extremadamente importante para el 90% de la población. Un 98% de la población escuchó
hablar del cambio climático y en torno a la mitad (55%) se considera muy informado o bastante
informado sobre el asunto. En torno a un 15% afirma, de forma espontánea que ésta es la
cuestión ambiental más importante. Un 95% de la población cree que es un problema real (solo
unos pocos, menos del 20%, creen que exagerado) y negativo (90%).
Las preguntas sobre actitudes (Tabla 3) son especialmente reveladoras y abordan, por primera
vez, la opinión de los ciudadanos españoles sobre cuestiones clave para las políticas climáticas
nacionales e internacionales. En este sentido, los ciudadanos descargan buena parte de las
responsabilidades en este ámbito en empresas y gobiernos. Son, en general, optimistas
tecnológicos y esperan que en el futuro sea más fácil conseguir reducciones en las emisiones de
GEI. A diferencia de lo que ocurre en otros países, la población española es partidaria de que
España actúe contra el cambio climático independientemente de que lo hagan o no los países en
vías de desarrollo. Sin embargo, los ciudadanos españoles no son demasiado partidarios del uso
16
de mecanismos flexibles que permitan el intercambio de inversión en otros países por emisiones
(como el mecanismo de desarrollo limpio de Kioto), y favorecen las reducciones de GEI
realizadas en España. Pocos están dispuestos a pagar un impuesto climático sin más adjetivos
(sin uso de la recaudación, en el sentido presentado por los programas evaluados): diez puntos
menos que los no dispuestos. No obstante, en torno a un 75% de la población es partidaria de
una reforma fiscal verde: aplicación de impuestos contra el cambio climático con reciclaje de su
recaudación para reducir otros impuestos.
Esto nos lleva a indicar que una reforma fiscal verde puede ser una alternativa viable y útil para
España, especialmente en un momento de crisis como éste. Las necesarias reducciones de
emisiones, el fomento de nuevas tecnologías y los escasos costes distributivos se unen a la
evidencia mostrada por este trabajo. No obstante, ha de quedar claro que las DAPs no se han
calculado para un programa de esas características. Como extensiones futuras de esta
investigación, nos planteamos la comparación del resultado de los programas valorados con las
actuaciones reales de los consumidores ante sistemas similares de electricidad verde (Pérez y
Linares, 2008) o de combustibles ecológicos de automoción.
17
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19
TABLAS
Tabla 1. Variables socio-demográficas de la muestra y comparación con la realidad
Variable
%
% real
Mujer
Hombre
Nivel Educativo
Sin Estudios
Estudios primarios/EGB/Bachiller elemental
o similares
FPI/FPII o similares
Bachiller superior/BUP/COU o similares
Universitarios de Grado Medio o similares
Universitarios de Grado Superior o similares
NS/NC
Edad
18-34
35-54
55 o más
Ocupación
Asalariado
Autónomo
Desempleado, busca primer empleo
Desempleado, trabajó antes
Estudiante
Labores del hogar
Jubilado/pensionista
Otros
NS/NC
Ingresos brutos anuales
<3.600
>=3.600<7.200
>=7.200<10.800
>=10.800<14.400
>=14.400<18.000
>=18.000<21.600
>=21.600
NS/NC
Lugar de residencia
Interior
Costa
NS/NC
51,78%
48,22%
51,04%
48,96%
1,43%
34,62%
3,88%
39,92%
23,03%
17,02%
9,73%
12,16%
2,00%
17,46%
16,95%
9,57%
12,22%
33,09%
33,99%
32,92%
28,98%
37,38%
33,64%
43,92%
9,73%
0,86%
8,73%
9,44%
13,73%
12,30%
0,57%
0,72%
39,77%
7,95%
0,97%
11,77%
5,71%
11,51%
18,37%
3,94%
Sexo
20
2,00%
2,58%
7,58%
18,45%
16,31%
14,59%
21,17%
17,31%
73,10%
26,61%
0,29%
n.d.
n.d.
Tabla 1 (cont.)
Otros datos personales
CC.AA. de nacimiento
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta/Melilla
Extranjero
NS/NC
%
% real
20,17%
3,58%
2,72%
1,72%
3,86%
1,43%
6,58%
5,29%
13,02%
7,44%
4,01%
6,01%
11,59%
2,43%
1,29%
3,58%
0,72%
0,14%
2,72%
1,72%
18,17%
2,61%
2,19%
1,37%
3,44%
1,16%
6,84%
5,08%
10,87%
7,47%
3,32%
5,98%
8,81%
2,67%
1,13%
3,92%
0,60%
0,38%
13,99%
Nº de personas que viven en el hogar
1
2
3
4
5
6
8
11
NS/NC
9,44%
28,47%
29,04%
22,60%
7,87%
2,00%
0,14%
0,14%
0,29%
n.d.
Tipo de energía que tiene en el hogar
Eléctrica
Gas Natural
Propano
Otros
NS/NC
45,78%
6,01%
3,58%
44,06%
0,57%
n.d.
21
Tabla 2. Actitudes de los encuestados y hábitos de consumo
Variables actitudes
A.1. Grado de responsabilidad que considera que deben tener los hogares
españoles en la reducción de la contaminación atmosférica
Ninguna
Pequeña
Grande
Total responsabilidad
NS/NC
A.2. Grado de responsabilidad que considera que deben tener las empresas
en la reducción de la contaminación atmosférica
Ninguna
Pequeña
Grande
Total responsabilidad
NS/NC
A.3. Considera que es posible encontrar soluciones tecnológicas para evitar
los efectos negativos del cambio climático
Muy probable
Bastante probable
Ni probable ni improbable
Poco probable
Muy poco probable
NS/NC
A.4. Como de necesarias considera las medidas de hoy para controlar las
emisiones de gases de efecto invernadero
Absolutamente necesario
Bastante necesario
Poco necesario
No es necesario
NS/NC
A.5. Debería hacer algo el gobierno español para controlar las emisiones de
gases de efecto invernadero
Solo si los países en desarrollo cooperan y controlan sus emisiones
Con independencia de si los países en desarrollo cooperan
No, España no debería hacer nada
NS/NC
%
5,15%
25,32%
51,50%
17,74%
0,29%
1,29%
3,00%
32,47%
62,23%
1,00%
18,88%
44,78%
14,02%
14,74%
7,44%
0,14%
41,77%
46,78%
7,44%
2,15%
1,86%
29,04%
62,09%
4,29%
4,58%
Hábitos de consumo
Hábitos
Separar y reciclar residuos sólidos
Utilizar equipos de ahorro de energía y/o papel reciclado
Asistencia a cursos de educación ambiental
Miembro de una organización ambiental
Otros
NS/NC
Ninguno
22
Sí
80,97%
47,50%
5,01%
2,15%
0,00%
6,72%
8,30%
No
19,03%
52,50%
94,99%
97,85%
100,00%
93,28%
91,70%
Tabla 2 (cont.)
%
P.3. ¿Ha oído hablar del cambio climático?
Sí
No
98,28%
1,72%
P.4. Nivel de información respecto al cambio climático
Muy informado
Bastante informado
Poco informado
Nada informado
No sabría valorarlo
10,01%
45,06%
39,10%
5,01%
0,82%
P.5. En su opinión, ¿el cambio climático es un problema real o no?
Es real
Es real pero exagerado
No es un problema real/serio
NS/NC
77,25%
17,17%
3,15%
2,43%
P.6. Para Ud. y su familia más próxima, ¿el cambio climático podría ser
bueno malo?
Bueno
Malo
Ninguna de las dos
1,57%
90,99%
7,44%
23
Tabla 3. Selección de preguntas actitudinales
Totalmente
de
acuerdo
Bastante
de
acuerdo
Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo
Bastante
desacuerdo
Totalmente
desacuerdo
NS/NC
A.6. Es mejor
gastar en
reducir
emisiones en
los paises en
vías de
desarrollo
10,87%
23,03%
25,75%
17,17%
14,16%
9,01%
A.7. El
gobierno no
debería
indicar a las
empresas qué
producir
13,88%
21,75%
22,03%
17,60%
17,88%
6,88%
A.8. Lo mejor
para ayudar a
los países en
vías de
desarrollo
contra el CC
es ayudarles
a crecer
25,46%
39,34%
17,31%
8,44%
5,87%
3,58%
A.9. Los
fondos de
recuperación
económica
deberían
destinarse a
mejorar la
efciencia
energética de
los edificios
15,16%
30,47%
28,18%
12,88%
10,01%
3,09%
A.10. Hogares
con consumo
muy elevado
deberían
pagar un
precio mayor
por la energía
32,19%
31,63%
16,45%
8,73%
10,01%
1,00%
A.11. Los
impuestos
sobre la
gasolina ya
son
demasiado
elevados
53,51%
28,04%
10,01%
3,43%
1,43%
3,58%
A.12. Deben
exigirse
viviendas más
eficientes
29,18%
31,76%
14,88%
14,88%
7,15%
2,15%
24
Tabla 3 (cont.)
A.13. La
energía
nuclear es
válida para
combatir el
CC
17,02%
21,17%
43,20%
5,87%
9,73%
3,00%
A.14. No se
deben
potenciar
paneles
solares en
áreas
naturales
26,47%
30,47%
19,74%
9,30%
8,15%
5,87%
A.15. La mejor
manera de
luchar contra
el CC es la
educación
52,50%
33,05%
7,15%
3,29%
3,15%
0,86%
A.16. Habría
que dedicar
recursos a
otros
problemas
ambientales
18,45%
31,90%
31,33%
7,44%
5,58%
5,29%
A.18. Si se
introducen
impuestos
ambientales
deben
reducirse
otros
40,92%
36,77%
14,02%
3,43%
2,72%
2,15%
Muy
dispuesto
Algo
dispuesto
No sé, no
estoy
seguro
Poco
dispuesto
Muy poco
dispuesto
NS/NC
6,01%
25,46%
22,32%
14,31%
28,61%
3,29%
A.17.
Disposición a
pagar un
impuesto
contra el CC
25
Tabla 4. Estimación de la DAP eléctrica (mensual) a través del método Turnbull
Sí
No
Cdf
Pdf
E(DAP)
5
67
49
0,4224
0,4224
0,0000
10
45
72
0,6154
0,1930
0,9649
20
22
95
0,8120
0,1966
1,9658
35
16
101
0,8632
0,0513
1,0256
40
13
102
0,8870
0,0237
0,8298
60
10
107
0,9145
0,0276
1,1029
1,0000
0,0855
5,1282
DAP
11,0173
Intervalo de confianza
(9,32; 12,71)
Tabla 5. Grado de seguridad sobre la respuesta a la DAP en electricidad
%
P.12. En una escala de 1 a 10, donde 1 es nada seguro de su respuesta y 10
totalmente seguro ¿en qué medida se situaría su opinión?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26
2,43%
0,29%
1,14%
1,14%
10,30%
4,43%
5,72%
15,45%
18,88%
40,20%
Tabla 6. Estimación de la DAP para el combustible (anual) a través del método Turnbull
Sí
No
Cdf
Pdf
E(DAP)
25
39
29
0,4265
0,4265
0
50
36
30
0,4545
0,0281
0,7019
75
27
42
0,5923
0,1378
6,8881
100
26
35
pooled
175
20
45
0,6923
0,1000
10
250
13
56
0,8042
0,1119
19,5804
400
15
59
Pooled
0,1958
78,3217
DAP
115,4921
1
Intervalo confianza (103,40; 127,58)
Tabla 7. Grado de seguridad sobre la respuesta a la DAP en transporte
%
P.20. En una escala de 1 a 10, donde 1 es nada seguro de su respuesta y 10
totalmente seguro ¿en qué medida se situaría su opinión?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NS/NC
27
10,46%
0,92%
0,92%
0,73%
6,24%
2,94%
6,24%
17,98%
15,78%
33,76%
4,04%
Tabla 8. Respuestas obtenidas en el escenario de transporte
%
% real
P.14. ¿Disponen de coche en su familia?
Sí
No
77,68%
22,32%
P.15. ¿Qué tipo de coche tienen?
Pequeño (Clio)
Tamaño medio (Golf)
Grande (A4)
Todoterreno
NS/NC
30,76%
46,41%
18,23%
3,31%
1,29%
P.16. ¿Conduce Ud. habitualmente?
Sí
No
NS/NC
56,22%
42,78%
1,00%
n.d.
P.17. ¿Cuándos km hace en coche en una semana habitual?
Menos de 200 km
De 200 a 400 km
De 400 a 600 km
De 600 a 1000 km
Más de 1000 km
NS/NC
46,11%
25,19%
6,48%
4,44%
2,97%
14,81%
n.d.
P.18. ¿Qué tipo de combustible utiliza el coche en el que se
desplaza?
Gasolina
Diesel
Biocombustible
NS/NC
43,12%
48,07%
1,83%
6,97%
28
77,4%
22,6%
27,9%
42,6%
19,2%
4,8%
n.d.
Tabla 8 (cont.)
%
P.21. Si el coste extra de utilizar su coche fuese de 10€ más por
cada 100km, ¿afectaría a cuánto conduce su coche al mes?
Sí
No
NS/NC
40,73%
45,14%
14,13%
P.22. ¿Qué haría usted para modificar el uso de su coche?
Compartir coche
Usar transporte público
Utilizar bicicleta/caminar
Otras
Nada, lo cogería igual
NS/NC
15,05%
24,59%
12,29%
5,14%
34,13%
8,81%
29