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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – PR
SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES – SRI
SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL – SEDES
CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE BRASIL - CDES
SEGUNDA MESA REDONDA DE LA SOCIEDAD CIVIL BRASIL – UE
BELÉM – PARÁ, 25 Y 26 DE ENERO DE 2010.
CONVENCIONES SOBRE EL CLIMA, FUENTES ENERGÉTICAS MUNDIALES Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
1.
Convenciones Internacionales sobre el Cambio climático
En el planeta Tierra se han producido modificaciones del clima desde el comienzo de su existencia,
hace 4.600 millones de años. No obstante, la influencia de la actividad humana en los ciclos naturales
de los cambios climáticos ha aumentado considerablemente desde el comienzo de la revolución
industrial en el siglo XVIII. Estos cambios se han intensificado y se manifiestan de diversos modos,
entre los que destacan el calentamiento global, una mayor frecuencia e intensidad de fenómenos
meteorológicos extremos1 y alteraciones en el régimen de precipitaciones lluviosas.
Las primeras pruebas de los cambios de origen antropógeno en el clima del planeta empezaron a
surgir en la década de los 60 del pasado siglo, con observaciones del aumento de la concentración de
dióxido de carbono en la atmósfera, uno de los gases responsables del efecto invernadero. A raíz de
estas observaciones, se celebró en 1979 la primera conferencia mundial sobre el clima en Ginebra,
Suiza, que confirmó las pruebas de la influencia de las actividades antropógenas en el clima,
resultante de la emisión de dióxido de carbono (CO2), metano y óxido nitroso (N2O). En 1988 se creó
el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés) a
iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM). El primer informe del IPCC señalaba que las
actividades antropógenas emisoras de gases de efecto invernadero (GEI) estaban aumentando de
manera sustancial y que, si no se toman medidas, la temperatura media de la tierra se elevaría a un
ritmo sin precedentes de 0,3°C por década.
En este contexto, considerando los riesgos provocados por los cambios climático, se estableció
en 1990, en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, en sus siglas en inglés). Durante la
realización de la Cumbre de la Tierra en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en 1992, se abrió la
posibilidad de adherirse a esta Convención Marco, que tiene como objetivo lograr la estabilización de
las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida una
interferencia antropógena peligrosa en el sistema climático. Dicho nivel deberá alcanzarse en un plazo
1
Por ejemplo, olas de calor, tempestades, inundaciones, nevadas, sequías, huracanes y ciclones.
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suficiente que permita garantizar que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio del clima,
que la producción de alimentos no se vea amenazada y que el desarrollo económico continúe de
manera sostenible. La Convención se ocupa de emisiones fluidas y se limita a los gases de efecto
invernadero2 no controlados por el Protocolo de Montreal3.
Para la Convención Marco, cambio climático significa un cambio de clima que puede atribuirse
directa o indirectamente a toda actividad humana que modifique la composición de la atmósfera
terrestre y que se añade al provocado por la variabilidad climática natural observada a lo largo de
períodos comparables.
Como directrices para las negociaciones sobre el reparto de las cargas asociadas a la respuesta que ha
de darse al cambio climático, la Convención establece principios que deben guiar las negociaciones.
El más importante es el principio de la responsabilidad común, de todos los países, aunque
diferenciada. Establece también que deberá considerarse la capacidad (económica y tecnológica) de
los países para llevar a cabo una disminución de los GEI. La Convención reconoce el hecho de que los
actuales niveles de concentración atmosférica de los gases de efecto invernadero se deben
principalmente a las emisiones de los países industrializados en el pasado, lo que abre la posibilidad
de que se invoquen las responsabilidades históricas de los países en el cambio climático.
Partiendo de la definición de dichos principios, la Convención Marco determina que los países
asuman compromisos para la mitigación del cambio climático y el reparto de los correspondientes
costes. Para ello, los países se han dividido en tres grupos4:
o
o
o
Países del Anexo II: son los países miembros de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), esencialmente países industrializados con economías de
mercado;
Países del Anexo I: son los países del Anexo II junto con los países cuya economía está en
transición, esencialmente los países que pertenecían al bloque soviético; y
Países no-Anexo I: los demás países, esencialmente los países en desarrollo.
Los países del Anexo I se comprometieron en la Convención a limitar sus emisiones con el objetivo
inicial de estabilizarlas en el año 2000 al mismo nivel que en 1990. Los países del Anexo II se
comprometieron además a ayudar financiera y tecnológicamente a los países no-Anexo I. Éstos, por
su parte, se comprometieron a poner en práctica programas nacionales de mitigación sin metas
cuantitativas. Es importante destacar que esta estructura de compromisos es, en realidad, una
aplicación del principio de la responsabilidad común, pero diferenciada.
2
3
4
Los GEI, según el protocolo de Kioto, son: dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), hidrofluorocarbono
(HFC), perfluorocarbono (PFC) y hexafluoruro de azufre (HS6).
El Protocolo de Montreal es el responsable del control de las substancias que destruyen la capa de ozono.
Según CADERNOS NAE, 2005.
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El órgano supremo de la Convención es la Conferencia de las Partes (COP), responsable de velar por
la aplicación de la Convención y tomar las decisiones necesarias para tal fin. La COP está integrada
por los países signatarios de la Convención y se reúne anualmente para que ésta sea operativa. En la
primera reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada en Berlín en 1995, se estableció que el
compromiso de los países de reducir las emisiones al nivel de 1990, hasta el año 2000, no era
suficiente para lograr el objetivo de la Convención de estabilizar las emisiones. Por esta razón, se
aprobó el Mandato de Berlín, un proceso negociador para la elaboración de un protocolo5.
La negociación final tuvo lugar en la COP-3, en Kioto, en el año 1997. En esa Conferencia se decidió,
por consenso, la adopción de un protocolo. El Protocolo de Kioto representó un intento de alcanzar el
objetivo de la Convención; por eso definía metas cuantitativas para los países industrializados en
lugar de medidas y políticas. En otras palabras, el Protocolo estableció que los países del Anexo I
deberían reducir las emisiones de GEI en 5,2% (promedio), tomando como valor de referencia los
niveles de emisiones de 1990. Dicha reducción debería ser efectiva entre 2008 y 2010. Los países del
no-Anexo I siguieron sin la obligación de lograr metas cuantitativas.
El principio del Protocolo consiste en elaborar una estrategia global de reducción de los niveles de
GEI sin que se produzca un menoscabo significativo del entorno económico y social de las naciones
afectadas. Para que la reducción de las emisiones sea viable, el Protocolo de Kioto contempla tres
mecanismos suplementarios de flexibilización de los objetivos relativos a las emisiones de los países
del Anexo I, mediante tres instrumentos:
o
Aplicación conjunta: los países con objetivos de reducción de emisiones pueden optar por la
puesta en práctica, de manera conjunta, de proyectos de reducción en el país en el que el
coste de la reducción sea menor. Este mecanismo puede ser practicado entre países del
Anexo I;
o
Comercio de derechos de emisiones: los países con objetivos de reducción de emisiones
pueden comercializar permisos para emitir GEI y realizar así sus objetivos de reducción. Es
también un mecanismo utilizado entre países del Anexo I;
o
Mecanismo para un desarrollo limpio (MDL): permite que los países del Anexo I financien
proyectos sostenibles en territorios de países no-Anexo I, al objeto de obtener unidades
suplementarias de reducción de emisiones.
Cabe mencionar que el Protocolo de Kioto, aunque fue negociado en 1997, no entró en vigor hasta
2005. Inicialmente fue suscrito por casi todos los países, pero no todos ellos lo ratificaron. Los
Estados Unidos decidieron no ratificar el Protocolo6, al igual que Australia7.
5
6
El Mandato de Berlín puede resumirse en tres puntos: (i) se reafirman los principios de la Convención Marco; (ii) los países del
Anexo I asumen compromisos más significativos que el de estabilización de las emisiones definido por la Convención; y (iii) no
hay nuevos compromisos de los países no-Anexo I.
En 1997, el Senado estadounidense aprobó la resolución Byrd-Hagel, que establecía que el Senado no ratificaría un protocolo a la
Convención Marco que no mencionara explícitamente restricciones a las emisiones de los países en desarrollo. (CADERNOS
NAE, 2005).
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La COP 13, celebrada en Balí en 2007, estableció una hoja de ruta que los países deben seguir. La
"hoja de ruta" de Balí fue construida sobre la base de dos vías de negociación: el Protocolo de Kioto y
la Convención Marco. Para seguir estas vías se crearon dos grupos de trabajo. El grupo de trabajo ad
hoc Protocolo de Kioto (AWG-KP) tiene como objetivo definir nuevas metas para los países del
Anexo I para el segundo período de compromisos del Protocolo de Kioto.
Y el grupo de trabajo ad hoc de cooperación a largo plazo (AWG-LCA), también llamado Plan de
acción de Balí, debe fijar objetivos a largo plazo para las acciones de lucha contra el cambio climático
en el ámbito de la Convención, principalmente para los países en desarrollo, o sea, los del no-Anexo I.
A tal fin, se utilizarán cinco elementos: (i) visión compartida; (ii) mitigación; (iii) adaptación; (iv)
tecnología; y (v) financiación.
Según el Plan de acción, se debe adoptar una visión compartida sobre las medidas de cooperación a
largo plazo entre los países, al objeto de definir un objetivo global a largo plazo para la reducción de
las emisiones8. En lo que se refiere a la mitigación, el Plan establece que para los países desarrollados
(Anexo I) las medidas de mitigación, además de adecuarse a cada país, han de ser mensurables,
descifrables y verificables. Para los países en desarrollo (no-Anexo I), las medidas de mitigación
deben ajustarse al contexto del desarrollo sostenible, con apoyo tecnológico y financiero, y han de ser
también mensurables, descifrables y verificables.
En relación con las formas de mitigación adoptadas por los países en desarrollo, cabe citar las NAMA
(acciones de mitigación nacionalmente apropiadas), que se diferencian de los objetivos de reducción.
Las NAMA son políticas e incentivos positivos (financieros y tecnológicos) en los países en
desarrollo para mitigar la emisión de GEI. La REDD -reducción de emisiones derivadas de la
deforestación y degradación forestal- representa la posibilidad de reducir emisiones causadas por la
deforestación y la degradación forestal, además del papel de conservación, gestión sostenible de los
bosques y aumento de las reservas de carbono en los bosques de los países en desarrollo. Cabe señalar
que Brasil aboga por que la REDD forme parte de las NAMA, sin que tenga un trato diferenciado.
Se entiende por adaptación las modificaciones en procesos, infraestructuras y prácticas que permitan
compensar los eventuales daños causados por el cambio climático. El IPCC define la adaptación como
"el ajuste de los sistemas naturales, sociales y económicos en respuesta al estimulo climático actual o
futuro y/o sus impactos, que pueden ser desfavorables (daños) o beneficiosos (oportunidades)" 9 .
Según el Plan, los países desarrollados deben financiar medidas de adaptación en países en desarrollo,
7
8
9
Es oportuno mencionar que Australia, aunque no haya ratificado el protocolo de Quito, declaró que iba a limitar sus emisiones
como si lo hubiese hecho.
En opinión del gobierno de Brasil, ese objetivo debería definirse en función del aumento de la temperatura media global, que no
debería superar los 2 °C. La Unión Europea aboga por un objetivo en términos de límite de concentración de emisiones, que
debería ser de 450 ppmv.
FREITAS, M.A.V. Mudanças Climáticas Globais – Situação Atual e Desafios Internacionais e Brasileiros (Cambios climáticos
globales - situación actual y desafíos internacionales y brasileños). Seminario sobre el cambio climático (2009).
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principalmente en aquellos que contribuyen escasamente a las emisiones de GEI y van a sufrir sin
embargo seriamente las consecuencias del cambio climático.
Hasta la transferencia de tecnología muestra la necesidad de eliminar obstáculos y prever recursos
para aumentar la escala de desarrollo y transferencia de tecnologías de los países desarrollados hacia
los países en desarrollo. Por último, la financiación se refiere a la transferencia de recursos entre
países del Anexo I y del no-Anexo I. Se entiende que los primeros tienen el deber, en el ámbito de la
Convención Marco, de suministrar recursos a los países en desarrollo habida cuenta de las
responsabilidades históricas de emisiones de GEI.
2.
Emisiones de gases de efecto invernadero y contribución al calentamiento global:
análisis comparado entre Brasil y la Unión Europea
Brasil y la Unión Europea tienen situaciones diferentes en lo que se refiere a la contribución histórica
al calentamiento global derivado de acciones antropógenas a través de la emisión de gases de efecto
invernadero. Como el proceso de industrialización de Brasil es reciente, dado que se inició a mediados
de la década de los 30 del pasado siglo, se admite que este país no ha contribuido al calentamiento
global de la misma forma que los países desarrollados (la mayor parte de los países de la Unión
Europea), cuyas emisiones de gases de efecto invernadero se iniciaron hace más de 260 años con la
revolución industrial. Por esta razón, la mayor parte de la responsabilidad del calentamiento global
recae en los países desarrollados.
Recientemente, los países más desarrollados están intentando desviar la atención de los debates sobre
el calentamiento global a las emisiones anuales en un claro intento de negar el pasado y atribuir una
responsabilidad desproporcionada y exagerada a los países en desarrollo con bajas emisiones per
cápita, especialmente Brasil, China e India. Este argumento choca con los criterios científicos del
cambio climático y con los informes del IPCC, que prueban que los problemas actuales han sido
causados por las emisiones acumuladas de los países desarrollados desde la revolución industrial.
Por consiguiente, el diálogo entre las sociedades civiles brasileña y europea, representadas
respectivamente por el Consejo de Desarrollo Económico y Social (CDES) y por el Comité
Económico y Social Europeo (CESE), debe llegarse por uno de los principios fundamentales de la
convención sobre el cambio climático, a saber, el de las responsabilidades comunes, pero
diferenciadas. Es necesario aclarar que no se defiende la desconsideración total de las emisiones
actuales y futuras como parte del problema en lo que se refiere a los cambios climáticos que afectarán
a las próximas generaciones. Es necesario, no obstante, plantear la responsabilidad de las emisiones
pasadas antes de considerarlas seriamente y desde una perspectiva justa.
Resulta indispensable examinar la influencia que las emisiones del pasado tienen en el aumento de la
concentración atmosférica de gases de efecto invernadero que provocan aumentos de la temperatura y
son responsables de la eclosión, actualmente, de fenómenos meteorológicos extremos. Tales
fenómenos exigen un esfuerzo de adaptación a millones de personas que ya están sufriendo las
consecuencias del calentamiento global, que afecta severamente a las regiones más pobres de países
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poco desarrollados y a las regiones insulares. De esta manera, está empezando a crearse un
contingente de refugiados climáticos, estimado en 20 millones de personas en 2008. Las perspectivas
de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)10 advierten de que entre 25 millones y
1000 millones de personas pueden verse expulsadas de las tierras donde viven en las próximas cuatro
décadas, lo que ya está sucediendo.
Los informes del IPCC reconocen que las concentraciones globales de gases han crecido
principalmente como resultado de actividades humanas desde 1750 y ahora superan con creces los
valores preindustriales. Informan de que el aumento en la concentración de gas carbónico se debe
esencialmente al uso de combustibles fósiles y a los cambios en el uso de la tierra, siendo éstos
significativos aunque con una contribución inferior. La concentración del gas de efecto invernadero
antropógeno más relevante, el CO2, ha pasado de 280 ppm en el período preindustrial a 390 ppm en
2009. Sucede sin embargo que los propios científicos afirman que 350 ppm de CO2 en la atmósfera ha
de ser el límite máximo para evitar las consecuencias catastróficas del cambio climático.
Si se hace un balance comparativo de las emisiones de Brasil y la Unión Europea, se observa que las
emisiones de Europa son mayores en el sector de la energía eléctrica y la calefacción, responsables del
27% de los GEI. A continuación figuran el sector del transporte con 19%, la industria con 13% y la
construcción con 10%. La Unión Europea ha emitido un total de 5177 millones de toneladas de CO2e
(dióxido de carbono equivalente)11.
En el caso de Brasil, la mayor parte de las emisiones procede de la deforestación y del uso del suelo.
El único inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil fue publicado en 2004 por
el ministerio de ciencia y tecnología (MCT) con datos referentes a 1994. De acuerdo con dicho
documento, las emisiones de Brasil en 1994 alcanzaron aproximadamente 1700 millones de toneladas
de CO2e.
Para datos posteriores a 1994 existen estimaciones del Ministerio de Medio Ambiente (MMA),
basadas en fuentes oficiales y sectoriales y en el estudio Emisiones de gases de efecto invernadero en
Brasil: importancia de la agricultura y el cultivo de pastos, que estima que las emisiones brasileñas
alcanzaron 2022 millones de toneladas de CO2e en 2005, lo que representa un aumento de 17%
respecto de 1994. Una vez más, la deforestación fue el responsable de la mayor parte del volumen
total, con 1074 millones de toneladas de CO2e, es decir, un aumento de 8,1% desde 199412.
Hubo, no obstante, un crecimiento notable en las emisiones de los sectores de la energía (43%) y el
agropecuario (26,6%) y en los procesos industriales (73,6%). Como consecuencia de este aumento, la
contribución de los sectores de la energía y agropecuario a la emisión total creció de 14,3% y 21,4%
10
11
12
IOM. Migration, Environment and Climate Change: assessing the evidence. Edited by Frank Laczko and Christine
Aghazarm. Geneva, Switzerland: UNITED NATIONS UNIVERSITY UNU, Institute for Environment and Human Security,
2009.
EEA. European Environment Agency. Energy and environment report 2008. Copenhagem: EEA, 2008.
CERRI, C.C.; et all. Brazilian Greenhouse Gas Emissions: The importance of agriculture and livestock. (Emisiones de gases de
efecto invernadero en Brasil: agricultura y pastos). In Scientia Agrícola, V. 76, p. 831-843, 2009.
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respectivamente en 1994 a 17,5% y 23,1% en 2005, mientras que la contribución de la deforestación
bajo de 57,5% a 53,1%. Según el citado estudio, estos aumentos reflejan la expansión de la economía
brasileña en dos momentos: durante la fase mejor del Plan Real antes de la desvalorización cambiaria
de 1999 y a lo largo del gobierno del presidente Lula.
Aún así, las emisiones de GEI procedentes de quemas en la selva amazónica contribuyen con una
aportación muy significativa al total de las emisiones brasileñas. Por ello, reducir las emisiones de
Brasil no implica modificar drásticamente las fuentes energéticas y frenar el crecimiento, la inclusión
social y la distribución de la renta. la posibilidad de reducir en un 80% la deforestación puede
visualizarse en la figura 1. Los datos muestran que la deforestación disminuirá desde un valor medio
de 19.500 km² en el período 1995-2006, hasta 12.200 km2 (-37%) en el período 2006-2010. La
tendencia por Eva Tello la reducción de la deforestación se está intensificando en los últimos años.
Prueba de ello es que la deforestación en el bienio 2008/2009 fue de 7000 km2, situándose por debajo
del objetivo previsto para el período 2011-2015.
Figura 1.
REDUCCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN BRASILEÑA 2005-2020
Deforestación 1996–2005
Fuente: INPE/MCT.
3.
Fuentes energéticas brasileñas y mundiales: situación actual y perspectivas
A la hora de configurar su producción energética, los países tienen en cuenta criterios económicos,
sociales, estratégicos y medioambientales. El perfil de las fuentes de un país refleja, además de la
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disponibilidad de recursos naturales, objetivos relacionados con el desarrollo económico. de este
modo, considerando las particularidades naturales y económicas de los países, el perfil de las fuentes
energéticas de cada uno de ellos es distinto, como se ve en las figuras 2 y 3.
Gráfico 3
Fuentes Energéticas de Brasil (2007)
Gráfico 2
Fuentes Energéticas Mundiales (2006)
Biomasa
11%
Renovables
2%
Uranio
6%
Carbón
Mineral
26%
Petróleo
34%
Gas Natural
21%
Biomasa
31%
Renovables
15%
Petróleo
38%
Uranio
1%
Gas Natural
9%
Carbón
Mineral
6%
Fuente: BEN/2008
La producción mundial está basada, principalmente, en fuentes no renovables de energía, con una
utilización considerable de combustibles fósiles. La utilización de petróleo y sus derivados, gas
natural y carbón mineral representan el 34,4%, 20,5% y 26% respectivamente. El uranio representa el
6,2% y las fuentes renovables apenas un 12,9%, la biomasa un 10,7% y las demás fuentes el 2,2%. Si
se consideran únicamente los países de la OCDE, el porcentaje de fuentes renovables en la producción
energética alcanza tan sólo el 6,7%. En la Unión Europea, la utilización de fuentes renovables no es
muy diferente, representando el 8,6% de la energía consumida en 2005. El objetivo de la Unión
Europea es aumentar la utilización de fuentes renovables de energía en los próximos años, para
alcanzar un 20% en el año 202013.
En cambio, Brasil cuenta con una considerable participación de fuentes renovables en su producción
energética: 46%. De ese total, la biomasa representa el 31,1% y la energía hidráulica el 14,9%. En
cuanto a los combustibles fósiles, la utilización de petróleo y sus derivados, gas natural y carbón
mineral representan el 37,4%, 9,3% y 6% respectivamente. La utilización de uranio representa tan
sólo 1,4%.
Si se compara la producción energética brasileña con la producción mundial, se observa que la
primera está compuesta, en gran parte, por fuentes renovables de energía, a diferencia de la mundial,
en la que estas fuentes representan una parte pequeña, como se ilustra en el Cuadro 1. Esta importante
diferencia entre ambas producciones tiene repercusiones distintas en lo que se refiere a las emisiones
de gases de efecto invernadero. En cuanto a la Unión Europea, su producción energética es la causa
principal de sus emisiones de GEI, mientras que en Brasil la mayor parte de estas emisiones procede
del uso de la tierra y de los bosques, como ya se ha señalado.
13
EEA. European Environment Agency. Op. Cit.
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CUADRO 1
FUENTES ENERGÉTICAS -CUADRO COMPARATIVO
Países de la OCDE
(2007)
6,7
Mundo (2006)
93,3
12,9
Brasil (2007)
87,1
45,9
54,1
Renovables
No renovables
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fuentes: BEN/2008 e Key World Energy Statistics. IEA, 2008.
Otro aspecto que cabe destacar es el referente a la seguridad del abastecimiento de energía. La Unión
Europea tiene dependencia de algunas fuentes, como el gas natural procedente de Rusia y del norte de
África. Brasil es autosuficiente en algunas fuentes, como el petróleo. En este contexto, el
abastecimiento de energía en Brasil no depende de variables externas lo que contribuye a crear una
situación de seguridad energética. Esta característica revela la necesidad apremiante para la Unión
Europea de ampliar considerablemente la utilización de fuentes renovables sean energética de manera
que pueda disminuir su dependencia, principalmente, del gas natural14 . Además, el aumento de la
utilización de fuentes renovables de energía en la producción europea podrá contribuir a la realización
de los objetivos de reducción de GEI de los países de la Unión Europea.
en lo que se refiere a las perspectivas de la producción energética brasileña, y considerando la
importancia de la autosuficiencia de Brasil con relación al petróleo, es importante formular algunas
observaciones sobre las reservas de petróleo halladas en una zona de Brasil bajo las capas salinas del
subsuelo. Si bien el descubrimiento de estas reservas ha planteado la posibilidad de que las emisiones
brasileñas aumenten, en la medida en que se pensó que el país podría dar prioridad a la utilización de
esta fuente en detrimento de fuentes renovables como los biocombustibles, es conveniente destacar
que la explotación de estas reservas no implica necesariamente un aumento de las emisiones. Dicha
explotación podría hacerse de manera más eficaz, desde un punto de vista económico y
14
Dada la escasez de tierras cultivables, la Unión Europea no puede producir biocombustibles de primera generación a gran escala
sin comprometer su seguridad alimentaria.
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medioambiental, usando mecanismos como la captura y el almacenamiento del CO2 y otras medidas
compensatorias. Además, una parte de los recursos procedentes de esas reservas podría utilizarse en
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, impulsando la utilización de fuentes alternativas de
energía y recuperación medioambiental.
4.
Transición hacia una economía verde con sostenibilidad económica, social y
medioambiental
Limitar el aumento de la temperatura media del planeta a 2°C en el siglo XXI respecto de la de los
niveles preindustriales es un objetivo estratégico global que exigirá transformaciones significativas en
la economía y en la sociedad. Según el IPCC, este objetivo conlleva la estabilización de los gases de
efecto invernadero en 350 ppm de CO2e, lo que implica iniciar una curva descendente de las
emisiones antes de 2015. Ello exigirá la transición hacia una economía más verde con bajas emisiones
de carbono, desafío éste que exigirá enormes recursos para inversiones, investigación e innovación y
cambios radicales en los modelos de producción, distribución y consumo. En este sentido, el propio
IPCC hizo un inventario de las principales tecnologías y prácticas para disminuir los gases de efecto
invernadero que ya están disponibles en el comercio y otras que se desarrollarán hasta 2030
(anexo A).
No obstante, la transición hacia una economía verde exigirá que los países más desarrollados
transfieran tecnologías y recursos financieros a los países menos desarrollados, para evitar que el
proceso de mitigación del calentamiento global no desemboque en un aumento de las desigualdades
económicas y sociales a nivel mundial. es preciso aclarar también que esta transición deberá tener
lugar de manera diferenciada y exigirá un fuerte compromiso de los gobiernos, organismos
internacionales e instituciones financieras, empresas privadas, sindicatos, universidades y centros de
investigación, así como de la sociedad civil organizada y de los medios de comunicación.
A partir de la lectura e interpretación del cuadro de las principales tecnologías y prácticas para la
disminución de gases de efecto invernadero, se observa que ya existe un amplio repertorio de
tecnologías bajas en carbono que abarcan un amplio abanico de sectores. Por consiguiente, el uso de
tales tecnologías dependerá del grado de desarrollo de cada país y de los sectores que más contribuyen
al cambio climático. De esta manera, no es posible imaginar que puedan existir soluciones comunes y
estándar para la Unión Europea y Brasil, que tienen realidades distintas en lo que se refiere al grado y
la calidad del desarrollo económico y social y a la dotación en recursos naturales y biodiversidad.
El informe final "Un desarrollo equitativo y responsable desde el punto de vista medioambiental" de
la Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares (AICESIS),
coordinado por el Consejo de Desarrollo Económico y Social (CDES) con la participación activa del
Comité Económico y Social Europeo (CESE), señalar que
"Hablar de desarrollo sostenible en sus tres pilares, económico, social y medioambiental,
implica hablar de política energética dado que la disponibilidad de energía es
imprescindible para el desarrollo económico; y el desarrollo de energías limpias es
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fundamental para la protección del medio ambiente y para la lucha contra el cambio
climático. La relación entre desarrollo económico y sostenibilidad (incluida la política
energética) es un ejemplo de la nueva visión de la relación entre los enfoques económico y
social. junto a la visión tradicional de una relación entre progreso económico y desarrollo
social en la que el primero es la base para el segundo, se está abriendo un espacio a la idea
de que el desarrollo social y las políticas sociales son, de hecho, elementos
interrelacionados e imprescindibles para el desarrollo económico."
El informe citado de la AICESIS señala, no obstante, que
"El debate no se centra únicamente en las fuentes de energía. Es, en realidad, de una
amplitud extraordinaria. Abarca también otras cuestiones: la construcción de una nueva
economía, de una nueva forma de relación de la sociedad con el Estado y de los Estados
entre sí; cómo generar energía de manera rápida, barata y eficiente desde el punto de vista
energético y económico mediante mayores inversiones en investigación, desarrollo e
innovación (ID+I), teniendo en cuenta que el acceso a la energía es un derecho de todos los
pueblos; cómo crear nuevos puestos de trabajo y fuentes de ingresos para los pequeños
agricultores; cómo mitigar el cambio climático, cuando nadie quiere pagar la cuenta y todos
siguen con sus emisiones; cómo impedir los desplazamientos erráticos por tierras ajenas de
millones de hombres y mujeres desesperados en busca de oportunidades. Por último, se
trata de buscar una manera de reducir modelos insostenibles de producción y consumo y, al
mismo tiempo, responder a las aspiraciones de democracia, bienestar y desarrollo. Éstas son
las cuestiones relevantes en este momento histórico."
En efecto, el propio CDES, en su Informe sobre Sostenibilidad y Eficiencia Energética:
Recomendaciones y Sugerencias, de 5 de noviembre de 2009, estableció algunas orientaciones para la
transición brasileña hacia una economía verde con empleos ecológicos 15 y bajas emisiones de
carbono. La idea principal es que la sostenibilidad es un concepto que presupone la integración
dinámica entre la sostenibilidad económica social y medioambiental, dado que Brasil es todavía un
país que necesita crecer y desarrollarse para aumentar la renta y la riqueza y, simultáneamente, reducir
considerablemente las desigualdades regionales sociales y erradicar la pobreza, sin sacrificar el medio
ambiente y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. En este sentido, el CDES
propone que el país obre para alcanzar la seguridad energética junto con la alimentaria y la
medioambiental, procurando a la vez aumentar el porcentaje de utilización de las energías renovables
en la producción energética de Brasil.
15
Empleos verdes son los puestos de trabajo formales con prácticas comprobadas de trabajo decente que contribuyen
significativamente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y/o a mejorar o conservar la calidad del medio
ambiente. Concepto disponible en Empleos verdes: hacia el trabajo decente en un mundo sostenible y con bajas emisiones de
carbono. Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2009.
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El informe recomienda, pues, que el país utilice parte de los recursos obtenidos con la explotación y
producción sostenible de las reservas de petróleo antes mencionadas en la ampliación de proyectos de
eficiencia energética y el desarrollo de investigaciones e innovaciones en energías renovables,
incluido el biodiesel y el etanol de segunda y tercera generación. Insta a que la producción alimentaria
y agroenergética de Brasil procure utilizar mejor los recursos naturales y no favorezca las biomasas
sensibles, razón por la cual reconoce los probables beneficios creados por la división zonal
agroecológica de la caña de azúcar16, al tiempo que reivindica la adopción de ese modelo y de la
división zonal ecológica y económica (ZEE) para todos los productos agropecuarios.
En el informe mencionado, el CDES señala, además, que la transición hacia una economía verde
constituye un tema relevante para el gobierno y la sociedad brasileña. Recomienda que se multiplique
el diálogo social sobre este concepto y se promuevan acciones eficaces para la expansión de la
economía verde y la creación de empleos (que tengan como condición básica el trabajo decente),
principalmente en los sectores siguientes: agricultura, ganadería, servicios forestales y
medioambientales, construcción civil, saneamiento, transporte, movilidad urbana, industrial del
reciclaje, eficiencia energética y nuevas fuentes de energía limpia y renovable.
5.
La propuesta de Brasil para la COP 15
Los países en desarrollo, bajo la coordinación del G-77 y de China, no aceptan participar en el
régimen de objetivos obligatorios, justificando este rechazo con el principio de la responsabilidad
común, pero diferenciada. La Unión Europea propone que el desvío global en la evolución de las
emisiones quede entre el 15 y el 30% en el conjunto de los países en desarrollo respecto de la
situación de referencia para 2020 (sin acciones de mitigación). A pesar de no tener objetivos
obligatorios, muchos de los mayores países en desarrollo están adoptando voluntariamente objetivos
de reducción de sus emisiones (Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia y México, entre otros).
El día 13 de noviembre de 2009, Brasil anunció un objetivo ambicioso basado en la idea de desviar la
evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero que le está confiriendo, según la prensa
internacional, un liderazgo entre los países en desarrollo. El objetivo de Brasil varía entre 36,1% y
38,9%, como se detalla en el cuadro 2.
16
El proyecto de ley de división zonal de la caña de azúcar fue elaborado por el gobierno federal el 17.9.2009. Prohíbe la
construcción de nuevas fábricas y la expansión del cultivo de caña en cualquier zona de Amazonia, Pantanal y Bacia del Alto
Paraguay o de vegetación procedente de de otros hábitat. Las prohibiciones previstas en la división zonal establecen que habrá 64
millones de hectáreas disponibles para el cultivo de caña de azúcar, y se podrá alcanzar el 7,5% del territorio nacional.
Actualmente el cultivo de caña ocupa menos de 1% del territorio brasileño. Para más información, véase: www.mapa.gov.br.
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CUADRO 2
ACCIONES PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE BRASIL HASTA 2020
Acciones para reducir las emisiones (NAMA)
Uso de la tierra
2020 (tendencia)
1084
Magnitud de la Porcentaje
de
reducción
en reducción
2020 (mi tCO2)
669
669
24,7%
24,7%
Reducción de la deforestación en Amazonia (80%)
564
564
20,9%
20,9%
Reducción de la deforestación en el Cerrrado (40%)
104
104
3,9%
3,9%
Sector agropecuario
133
166
4,9%
6,1%
Recuperación de pastos
83
104
3,1%
3,8%
Integración agricola–ganadera
18
22
0,7%
0,8%
Plantación directa
16
20
0,6%
0,7%
Fijación biológica del nitrógeno
16
20
0,6%
0,7%
166
207
6,1%
7,7%
Eficiencia energética
12
15
0,4%
0,6%
Aumento del uso de biocombustibles
48
60
1,8%
2,2%
Aumento de la oferta de energia de las centrales
hidroeléctricas
Fuentes alternativas (PCH, bioelectricidad, energia eólica)
79
99
2,9%
3,7%
Energía
Otras
Siderurgia – Sustituir carbón de la deforestación por
carbón de plantaciones
Total
627
901
92
2703
26
33
1,0%
1,2%
8
10
0,3%
0,4%
8
10
0,3%
0,4%
975
1052
36,1%
38,9%
Fuente: Casa Civil de la Presidencia de la República:
De momento, los compromisos brasileños para la Conferencia de las Partes en Copenhague tendrán
una acogida positiva en la prensa nacional, toda vez que son más ambiciosos que los objetivos
presentados por algunos países del Anexo 1 como, por ejemplo, los Estados Unidos. Por eso han
recibido el respaldo de amplios sectores de la sociedad, de defensores del medio ambiente, del mundo
académico y de los políticos, tanto del gobierno como de la oposición. La propuesta brasileña para la
COP 15 se incorporó a la Ley nº 12.187 de 29 de diciembre de 2000, por la que se instituyó la política
nacional para el cambio climático, PNMC.
También han surgido, entretanto, posiciones que discrepan de la propuesta brasileña. En lo que se
refiere a la reducción de la deforestación en Amazonia, algunos críticos desearían que el gobierno se
comprometiese a lograr el objetivo de cero emisiones, es decir, a suprimir la deforestación para 2020.
En cuanto a la región del Cerrado, la crítica ha seguido un enfoque investido: consideró que el
gobierno no está preparado para contener la fuerza de las empresas agrarias en la región Centro-Oeste
y en nuevas fronteras agrícolas. Por consiguiente, tendría dificultades para lograr el objetivo de
reducción de la deforestación en 40% para 2020. En lo que se refiere al sector de la energía, el
problema central, según los críticos, es cumplir el objetivo de expansión de las empresas
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hidroeléctricas. La expansión de la oferta se dará principalmente en Amazonia y habrá grandes
dificultades para la obtención de licencias medioambientales porque algunas de las nuevas plantas
proyectadas inundarían tierras indígenas. Esta dificultad acarrearía un aumento de la proporción de
energías no renovables en la producción energética brasileña mediante la aceleración de la reciente
tendencia a construir centrales termoeléctricas que funcionan con derivados del petróleo. Una crítica
más general hace alusión a la no cuantificación de los costes que implican las acciones de liquidación
y a la falta de objetivos detallados.
Hay quien considera que, a pesar de los problemas señalados, se han logrado de hecho progresos
importantes en el establecimiento de compromisos cuantificados. Existen posibilidades concretas de
lograr reducciones significativas de las emisiones en el sector de los transportes -con el aumento del
transporte ferroviario (únicamente con las obras en curso del Programa de aceleración del
crecimiento, PAC)-, en la industria y hasta incluso por los efectos positivos en la inflexión de la curva
de emisiones causados por exenciones fiscales para incentivar el consumo de electrodomésticos más
eficientes y de automóviles flexfluel con menor nivel de consumo de combustible. La propuesta del
gobierno federal tampoco considera probables las reducciones de las emisiones de gases de efecto
invernadero a raíz de la puesta en vigor, en 2010, de la ley que instituyó la política de cambios
climáticos en el estado de Sao Paulo, que preconiza una reducción absoluta del 20% de las emisiones
de GEI respecto del total de las emisiones registradas en 2005.
En una reunión extraordinaria celebrada el 16 de noviembre de 2009, el CDES debatió la cuestión del
cambio climático teniendo como telón de fondo la construcción de un modelo de desarrollo social,
económico y medioambiental sostenible y la responsabilidad compartida entre gobiernos y sociedad.
Se decidió, por unanimidad, apoyar las líneas generales de la propuesta brasileña para la COP 15 y la
posición del gobierno brasileño de exigir sin demora en las negociaciones una definición, por parte de
los países desarrollados, de la contribución en recursos financieros para llevar a cabo acciones de
mitigación y adaptación en los países en desarrollo, depositarios de créditos climáticos y
medioambientales.
Además, con vistas a fortalecer el alcance de los compromisos contenidos en la propuesta del
gobierno federal para la COP 15, el CDES destacó la necesidad de llevar a cabo y ampliar acciones
para la eficiencia energética y el uso racional del agua, la lucha sin descanso contra la deforestación,
el aumento de la proporción del transporte ferroviario, fluvial, por oleoductos, gasoductos y cintas
transportadoras en el conjunto de los transportes de Brasil, la incorporación de más energías
renovables en la producción energética y la reducción de gases de efecto invernadero en los sectores
de la industria que más se emite principalmente las industrias que consumen mucha electricidad.
Destacó que las inversiones en ciencia, tecnología e innovación son fundamentales en este ámbito.
Sugirió, además, la incorporación de los principios y conceptos de la ciudad sostenible en las sedes de
la copa del mundo de 2014 y en la sede de los juegos olímpicos de 2016, haciendo hincapié en las
construcciones sostenibles, el trasporte colectivo de pasajeros y un uso amplio de energías renovables,
para reducir las emisiones de CO2, mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida en las ciudades, y
la utilización de ese modelo como patrón futuro para todas las ciudades brasileñas con más de
300.000 habitantes. Por último, recomendó un esfuerzo conjunto para el acompañamiento y
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cumplimiento efectivo de los objetivos brasileños, con la participación del gobierno y de diferentes
sectores de la sociedad brasileña en proceso de movilización permanente.
Por último, cabe destacar que el CDES respalda la recomendación de la AICESIS, que aboga por la
creación de una organización mundial del medio ambiente, en el marco de las Naciones Unidas, con
la misión de definir normas medioambientales mínimas para garantizar una coherencia normativa y
favorecer una mayor consideración de este asunto entre las instituciones multilaterales. Es urgente
proceder a una reflexión sobre la creación de esta institución internacional dedicada a la gestión y el
control de las complejas cuestiones ecológicas, a semejanza de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) que pretende organizar las relaciones comerciales. La propuesta de creación de esta
organización fue incluso anunciada por los presidentes de Brasil y Francia en noviembre de 2009.
6.
Resultados de las negociaciones de la COP – 15
Si la decimoquinta Conferencia de las Partes fue interpretada como un fin en sí misma, no hay que
olvidar los principales titulares de prensa: ¡la COP-15 ha sido un fracaso estrepitoso! ¡Hemos
perdido la última oportunidad de salvar el Planeta! ¡Los líderes mundiales han sido incapaces de
elaborar una declaración política con fuerza de ley! De hecho, lo que elaboraron las partes (192
países) es una carta de intenciones de 12 puntos, sin valor jurídico, objetivos específicos ni
compromisos significativos, denominada Acuerdo de Copenhague, y redactada a partir de la
negociación del grupo BASIC (Brasil, África del Sur, India y China) con los Estados Unidos y la
Unión Europea en los momentos finales de la Conferencia. Incluso así, no fue aprobada por todos los
países. No obstante, el rechazo de un documento sin valor de ley no tiene ningún efecto.
Sin embargo, si la COP-15 se interpreta como un proceso, todavía es posible recuperar la esperanza
en medio del caos. Es importante destacar que el interés y la toma de conciencia respecto del cambio
climático han aumentado. Ya no es un tema del que se ocupan únicamente los gobernantes, científicos
y defensores del medio ambiente. Se han apropiado de él otros sectores importantes de la sociedad
entre los que destacan los empresarios, sindicatos, movimientos sociales y los medios de
comunicación en general. Por consiguiente, la declaración deslavada y frustrante puede convertirse en
el catalizador de una gran movilización popular en todos los rincones del planeta, para exhortar a los
líderes mundiales a que adopten objetivos ambiciosos de reducción de las emisiones de CO2 y,
principalmente, para que estén dispuestos a negociar un acuerdo vinculante en noviembre de 2010 en
la Ciudad de México.
Las expectativas de un mundo con emisiones de carbono más bajas y una sociedad más justa se han
visto postergadas. Por ello, cabe esperar que el cambio climático sea una prioridad en el diálogo social
protagonizado por el CDES y el CESE en 2010, erigiéndose en vectores de la toma de conciencia,
movilización y organización de las respectivas sociedades civiles. Es más, han de reivindicar ante sus
respectivos gobiernos y jefes de Estado que cumplan inmediatamente los compromisos y objetivos
anunciados en la COP-15, y liderar las negociaciones que permitan obtener un acuerdo sólido en la
COP-16.
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- 16 -
En la perspectiva de fortalecer la movilización de la sociedad civil a escala mundial, el CDES y el
CESE podrían pedir conjuntamente a la AICESIS que adopte como asunto prioritario en su agenda, a
partir de 2010, el cambio climático. De este modo, serían convocados más de 60 consejos y entidades
similares para liderar el diálogo social en sus respectivos países, culminando todo ello con un acto
público en noviembre de 2010 en la Ciudad de México.
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- 17 -
ANEXO – A: Principales tecnologías y prácticas de reducción por sectores
Sector
Suministro
energía
Principales tecnologías prácticas
comercialmente en la actualidad
de
reducción
disponibles Principales tecnologías y prácticas de reducción proyectadas
para ser comercializadas antes de 2030
de Mejora de la eficacia de la oferta y la distribución; cambio de
combustible: carbón mineral por gas; energía nuclear; calor y energía
renovables (hidroeléctrica, solar, eólica, geotérmica y bioenergía); calor
y energía combinados; aplicaciones tempranas de captura y
almacenamiento de carbono (por ejemplo, almacenamiento del CO2
extraído del gas natural).
Captura y almacenamiento de carbono para plantas generadoras
de electricidad que funcionan con gas, biomasa y carbón
mineral;
Energía nuclear avanzada;
Energía renovable avanzada, incluidas la energía de olas y
mareas, la solar concentrada y la solar fotovoltaica.
Transporte
Vehículos con carburantes más eficientes; vehículos híbridos; vehículos Biocarburantes de segunda generación; aeronaves más
diesel menos contaminantes; biocarburantes; cambio del transporte eficientes; vehículos eléctricos e híbridos avanzados, con
viario al ferroviario y fluvial y sistemas de transporte público; baterías más potentes y fiables.
transporte no motorizado (en bicicleta, caminando); planificación del
uso de la tierra y del transporte.
Edificios
Iluminación más eficiente, incluso durante el día; aparatos eléctricos y
de calefacción y refrigeración más eficientes; mejora de las fuentes de
calor y del aislamiento; energía solar pasiva y activa para calefacción y
refrigeración; fluidos alternativos de refrigeración y recuperación y
reciclaje de gases fluorados.
Industria
Equipamiento eléctrico más eficiente; recuperación de calor y energía; Eficiencia energética avanzada; captura y almacenamiento de
reciclaje y sustitución de material; control de las emisiones de gases carbono en la fabricación de cemento, amoníaco y hierro;
distintos del CO2; y una amplia gama de tecnologías específicas de electrodos inertes en la fabricación de aluminio.
procesos industriales.
Forestación/
bosques
Forestación; repoblación forestal; gestión forestal; disminución de la Mejoras de las especies arbóreas para aumentar la productividad
deforestación; gestión de la explotación de productos madereros; de la biomasa y el secuestro de carbono. Mejoras de las
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planificación integrada de edificaciones comerciales, incluso
con tecnologías como medidores inteligentes para control y
suministro de información; energía solar fotovoltaica integrada
en los edificios.
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Residuos
utilización de productos forestales para la generación de bioenergía en tecnologías de los sensores remotos para análisis del potencial
sustitución de combustibles fósiles.
de secuestro de carbono de la vegetación/suelo y elaboración de
mapas que recojan los cambios en el uso de la tierra.
Recuperación de metano en los vertederos; incineración de residuos Tejados verdes y biofiltros para optimizar la oxidación del CH4.
con recuperación energética; compostaje de los residuos orgánicos;
tratamiento controlado de las aguas residuales; reciclaje y
minimización de los residuos.
Fuente: IPCC, WG2, 2007.
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