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Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis Católica de Kingston, Jamaica
Los líderes del Caribe deben buscar una solución justa a la sentencia del Tribunal
Constitucional de la República Dominicana
La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis Católica Romana de Kingston está
alarmada por la sentencia 0168/13 recientemente dictada por el Tribunal Constitucional
de la República Dominicana, el 23 de septiembre de este año. Hacemos un llamado a
todos los líderes del Caribe para trabajar con la República Dominicana para garantizar
una solución a este juicio que respete los derechos humanos de los descendientes de los
migrantes.
Este fallo potencialmente priva a cuatro generaciones de descendientes de inmigrantes
indocumentados de la ciudadanía en el único país que han conocido. Esto podría afectar
hasta a 200,000 personas nacidas en la República Dominicana, casi todos ellos de
ascendencia haitiana.
La República Dominicana reconoció previamente la nacionalidad dominicana de los
descendientes de los inmigrantes indocumentados. Ellos fueron registrados al nacer como
ciudadanos dominicanos. A muchos se le concedieron los documentos de identidad y
electoral, y algunos viajaron con pasaportes dominicanos. La mayoría nunca ha tratado de
obtener ninguna otra nacionalidad. Sin embargo, como resultado de esta decisión, los
despojados de su ciudadanía se han convertido efectivamente en “migrantes
indocumentados y por lo tanto caen en la categoría de extranjeros en tránsito”, a pesar de
que no conocen ningún otro país.
La comunidad católica reconoce el derecho de un gobierno a determinar sus propias
políticas internas. Sin embargo, la Iglesia católica entiende que este derecho de la
soberanía no otorga al gobierno la autoridad para violar los derechos humanos. De hecho,
la Iglesia Católica entiende el derecho del Estado a su soberanía se deriva de la
obligación que tiene, junto con todos los demás estados, de defender los derechos
humanos que todas las personas tienen como hijos de Dios. Por esta razón, cualquier ley
que viola los derechos fundamentales de una persona es una ley injusta, y es obligación
del Estado remediar esto.
Estos derechos humanos se expresan en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de la cual República Dominicana es signataria. El artículo 15 (2) de esta
declaración dice: “Nadie será privado arbitrariamente de su nacionalidad”. El despojo de
la ciudadanía de los descendientes de los migrantes indocumentados, especialmente
teniendo en cuenta que el Estado había reconocido previamente y oficialmente su
ciudadanía dominicana mediante el registro, priva arbitrariamente a una persona de su
nacionalidad. Por lo tanto, como signatario de la Declaración Universal, y como un
Estado obligado a respetar los derechos humanos fundamentales, incumbe a la República
Dominicana encontrar una manera de poner remedio a la amenaza planteada por la
sentencia 0168/13 a los derechos fundamentales de miles de personas.
La Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica de Kingston anima a todos los
católicos en la Arquidiócesis de Kingston, y a todos los ciudadanos y residentes de
Jamaica para instar a los gobiernos del Caribe y al Gobierno de Jamaica, en particular, a
trabajar activamente para proteger los derechos de los miles de afectados por este fallo.
Estamos juntos a los afectados por esta decisión, y nos unimos a la comunidad
internacional para pedir al gobierno de la República Dominicana que encuentre una
manera de anular esta decisión y proteger sus obligaciones de respetar los derechos
humanos fundamentales de los hombres, mujeres y niños que son descendientes de
inmigrantes.
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