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ACTIVISTAS AMBIENTALES
El asesinato de ecologistas bate récords
Al menos 185 activistas murieron en 2015, el 66% de las víctimas son
latinoamericanas.
Fuente: El País / FELIPE SÁNCHEZ
Protestas por el asesinato de ecologistas, el pasado septiembre en Mindanao,
Filipinas. GLOBAL WITNESS
El activista ambiental colombiano Fabio Moreno, de 51 años, estuvo escondido 10
meses de los verdugos de uno de sus compañeros más cercanos. Ambos recibieron la
misma amenaza una semana antes del asesinato, en abril de 2015: “Si saben lo que
les conviene, váyanse”. Perpetrado el crimen, Moreno abandonó el resguardo indígena
que defendía de la entrada de multinacionales mineras y grupos armados en busca de
oro en la zona, a ocho horas de carretera de Bogotá. “La gran minería no respeta
nuestros territorios sagrados y contamina las fuentes de agua”, se queja en una
llamada telefónica. “Cuando volví para defender mi hogar, ellos también regresaron:
Tenemos un buen dinero listo para terminar el trabajo”, cuenta que le advirtieron a su
vuelta.
2015 ha sido el año con más ecologistas asesinados en lo que va de siglo, con 185
muertes, 69 más que en 2014, según un informe publicado este lunes por la ONG
Global Witness. Latinoamérica ha vuelto a ser, como en los conteos inmediatamente
anteriores, la región con más víctimas (66%) y Brasil, con 50 muertes, el país más
peligroso para los activistas, con casi uno de cada tres asesinatos en el mundo (27%).
Filipinas (33), Colombia (26), Perú (12) y Nicaragua (12) continúan en el listado del
número de muertos, de un total de 16 países. Cerca del 40% de los asesinados son
indígenas.
La brasileña Maria da Conceição Chaves Lima es una superviviente de este tipo de
crímenes. El pasado agosto, ella y su esposo, Raimundo dos Santos Rodrigues,
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regresaban a su casa en la región del Nordeste cuando los emboscaron a tiros. Él
murió tras recibir 12 disparos y ella todavía se recupera de las heridas de bala. La
pareja se oponía a la tala en la selva del Amazonas y era asesora del Instituto Chico
Mendes para la Conservación de la Biodiversidad, que recibe su nombre del célebre
ambientalista asesinado a finales de los años ochenta. “Pocos días después de los
hechos, incluyeron a Maria en el programa de protección de víctimas y testigos
amenazados”, señala por correo Danilo Chammas, abogado de la familia. “Desde
entonces, está lejos de su comunidad y sin poder contactar a amigos y familiares”.
Un estudio independiente de 2014 calculó que la madera ilegal de Brasil representa un
25% de los mercados mundiales. Los conflictos por la tala derivaron el año pasado en
los asesinatos de 15 ecologistas en el mundo, según el informe de la ONG. La minería
(42), la agroindustria (20), las hidroeléctricas (15) y la caza furtiva (13) fueron los otros
sectores cuyas disputas ocasionaron más muertes.
El presidente interino de Brasil, Michel Temer, nombró a su llegada al Gobierno a
Blairo Maggi como ministro de Agricultura. Maggi es uno de los mayores productores
de soja del país, un cultivo que lleva aparejada la deforestación de grandes terrenos, y
recibió en 2005 el premio Motosierra de Oro de Greenpeace por destruir el
medioambiente. El abogado Chammas no se atreve a especular sobre los cambios en
la situación de los activistas en este Gobierno, pero es pesimista en general: “Hay
algunos indicios de que casos como el de Raimundo y su esposa tienden a repetirse
con más frecuencia”.
Asesinatos por país 2010-2015. G. W.
Entre 2010 y 2015, Global Witness ha registrado 753 asesinatos. Tres de cada cuatro
se perpetraron en América Latina (77%), con Brasil (207), Honduras (109) y Colombia
(105) a la cabeza en el número de muertos. Solo estos tres países acaparan más de la
mitad de los crímenes en ese periodo (56%). Honduras, con un poco más de seis
millones de ciudadanos, ha vuelto a ser en 2015 —por sexta vez consecutiva— el
lugar con más muertes de activistas por cada 100.000 habitantes.
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Agreden al portavoz de Ecologistas en acción en Abarán y miembro de la PICP
cuando hacía fotos en un camino público
Fuente: La Opinión de Murcia
El Activista Fue Asaltado Al Inspeccionar Una Zona De Vertidos Ubicada En El
Camino Público De La Rambla Del Moro
El portavoz de la organización Ecologistas en Acción en Abarán y el Valle de Ricote y
miembro de la Plataforma Ibérica por los Caminos Publicos (PICP), H. Q., sufrió en la
tarde del pasado jueves una agresión, acompañada de coacciones, cuando se
encontraba inspeccionando una zona de vertidos situada en un camino público de la
Rambla del Moro, en el término municipal de Abarán, Murcia según se recoge en una
publicación del diario local Abarán día a día.
Algunas de las heridas localizadas en la espaldaEl presunto agresor, vecino de
Abarán, de 39 años, que, al parecer, inicialmente negó los hechos, fue detenido por la
Guardia Civil y puesto a disposición judicial, según expone el citado medio de
comunicación. Posteriormente, y tras la celebración de un juicio rápido, el agresor fue
condenado a cuatro meses de cárcel por un delito de coacciones, a una multa de 120
euros por una falta de lesiones, y a indemnizar al agredido con la cantidad de 690
euros en concepto de responsabilidad civil.
El diario local Abarán día a día publica asimismo que según la sentencia condenatoria,
el acusado, que responde a las iniciales O.G.C., sorprendió al miembro de Ecologistas
en Acción cuando hacía fotografías en una zona del paraje de 'El Rulete', en la
Rambla del Moro de Abarán, una actividad que no está prohibida actualmente por
ninguna ley, por lo que no cometía delito alguno.
Al ver al ecologista con su cámara le golpeó exigiéndole la cámara, y para impedir
que tomara más fotografías, el acusado se le aproximó, le agarro por el cuello y le
agredió, dándole patadas y puñetazos, al tiempo que le exigía que le entregara la
cámara de fotos.
La misma sentencia añade que, una vez que H.Q. entregó la cámara como se le
exigía, el acusado siguió golpeándolo, llegando incluso a tirarlo al suelo. A
continuación, la victima consiguió ponerse en pie, aunque el acusado volvió a
empujarlo, provocándole una caída por un precipicio de unos 5 metros. El agredido
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sufrió diversas lesiones y la pérdida de la cámara fotográfica y las gafas graduadas
que llevaba consigo.
Los ecologistas en América Latina y Asia pueden ser asesinados con impunidad
En el último mes, las violentas muertes de los activistas Berta Cáceres, en Honduras
el pasado 3 de marzo, y Walter Campos, en México el pasado 18 de marzo, han
provocado una ola de temor frente al incumplimiento de los derechos.
Fuente: ecoosfera.com
Deadly Environment, boletín informativo de la organización no-gubernamental Global
Witness, reveló que entre 2002 y 2013 el mundo sufrió la muerte de 908 activistas
ambientales. Ahora, con tres años de diferencia, la tasa de asesinatos se duplicó;
principalmente en América Latina y Asia, en donde la corrupción y las tensiones sobre
la demanda de recursos naturales ha ido en aumento.
En el último mes, las violentas muertes de los activistas Berta Cáceres, en Honduras
el pasado 3 de marzo, y Walter Campos, en México el pasado 18 de marzo, han
provocado una ola de temor frente al incumplimiento de los derechos a la libertad de
pensamiento, opinión y expresión, a participar en la participar en la vida pública y
política, y por último –aunque no por eso menos importante– al acceso a la justicia y a
la retribución y la indemnización.
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Estas dos muertes son sólo la punta del iceberg de otras, abrumadoramente
silenciadas, que han intensificado la competencia por los recursos primarios. Chut
Wutty, uno de los pocos activistas en Camboya; Nisio Gomes, jefe de una tribu
brasileña que lucha por proteger su tierra de los ganaderos; Ismael Solorio Urrutia y su
esposa Manuela Solís Contreras, dirigentes del Barzón Chihuahua en México, son
sólo algunos ejemplos de los riesgos que implica el defender al planeta, el rebelarse
en contra de un sistema egoísta que busca beneficiarse a costa de cualquier sacrificio
–aún si eso es una vida humana, una especie animal o la vegetación del planeta–.
Dar la cara por el planeta es un acto mortal, y es una tendencia que va en aumento.
Expertos en el tema consideran que esto se debe a la mayor accesibilidad de mejores
métodos de búsqueda de información, como el internet, y la intensificación de la lucha
por los disminuidos suministros de recursos naturales en América Latina y Asia.
Imaginemos una comunidad local, sin recursos de información sobre sus derechos a la
tierra, se encuentra luchando contra poderosas industrias de negocios mineros y
explotación forestal. El sustento diario de las comunidades rurales que dependen de la
tierra, está en riesgo por empresas poderosas y reconocidas mundialmente. Y frente a
esta injusticia, los defensores tanto de las comunidades rurales como del medio
ambiente ahora son amenazados, “quitados del blanco”, borrados del tiempo; y no hay
quien logre defenderlos a ellos para cumplir sus derechos humanos.
Will Potter escribió en Foreing Policy, “Sólo 34 personas en el mundo enfrentan
actualmente cargos de violencia contra luchadores medio-ambientales, y sólo 10
asesinos fueron condenados entre 2002 y 2013 […] La ausencia de enjuiciamiento
envía el mensaje de que los ecologistas pueden ser asesinados con impunidad”.
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Los ecologistas españoles amenazados por el gobierno
y los ciudadanos afectados por la crisis económica
Fuente: Mongabay / Santiago Sáez Moreno / Traducido por Silvia Campos
Una protesta de 2012 en la localidad de El Gordo, España, denunciando la violencia
contra los ecologistas. La activista Paca Blanco vivía en la localidad por aquel
entonces pero la abandonó al año siguiente debido al acoso que sufría, incluyendo
ataques a su casa con artefactos explosivos. Foto cortesía de Ecologistas en Acción.
Los ecologistas españoles se enfrentan a un ataque a dos frentes. Por un lado, de una
ciudadanía con escasa tolerancia hacia actitudes que puedan poner en peligro los
puestos de trabajo. Por el otro, de un gobierno que ha endurecido su postura contra
las protestas.
España es uno de los países de la UE que se ha visto más afectado por la gran
recesión. Tasas de paro superiores al 20 %, fuga de cerebros, una corrupción
descontrolada y una sociedad dividida han conducido a los activistas a una situación
cada vez más arriesgado.
En los últimos tiempos ha habido un aumento de la criminalización de los movimientos
sociales y la violencia contra los activistas.
Los ecologistas se enfrentan a la presión añadida de una ciudadanía coaccionada bajo
una crisis económica grave con escasa tolerancia hacia actitudes que puedan poner
en peligro muchos y tan necesitados puestos de trabajo.
Isla Mayor es un pueblo de unos 6000 habitantes de la provincia española de Sevilla.
Se encuentra a pocos kilómetros de distancia de la Reserva del Parque Nacional de
Doñana, una de las zonas más biodiversas de Europa, según la Unión Internacional
por la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales.
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Ubicada en las áreas húmedas que constituyen el paisaje más reconocible del parque,
Isla Mayor ha sobrevivido tradicionalmente por la comercialización de pescado y
crustáceos presentes en el hábitat circundante.
El 18 de marzo, el Tribunal Supremo español prohibió toda actividad comercial
relacionada con la especie de cangrejo de río Procambarus clarkii. La noticia fue
recibida con consternación en Isla Mayor. Según el alcalde del pueblo, más de 400
familias se ganan la vida con la pesca y el procesado del “cangrejo rojo”, tal y como es
conocida la especie en la localidad.
“Esto es un absoluto desastre”, dijo al medio digital eldiario.es Valentín Murillo,
presidente de la Asociación Nacional de Empresas del Cangrejo. Murillo declaró que el
70 % de la economía de Isla Mayor depende del cangrejo rojo.
El clamor popular inmediatamente recayó en Ecologistas en Acción y la Sociedad
Española de Ornitología (en adelante, SEO/Birdlife), los dos grupos medioambientales
que han estado haciendo campaña para incluir al P. clarkii en la lista de plagas
invasivas. El subsiguiente fallo del Tribunal Supremo dictaminó que las autoridades
deben llegar a una estrategia para erradicar la especie, no para que se comercializara
con ella. El alcalde de Isla Mayor culpó en los medios a los grupos ecologistas por la
pérdida del sustento de los lugareños, a lo que el pueblo proclamó oficialmente que
Ecologistas en Acción es “una organización desagradable”.
Además, ambos grupos informaron de que recibieron amenazas de los medios.
“Han aparecido varios mensajes en foros y redes sociales diciendo que quemarían los
coches de los ecologistas que se atrevieran a entrar en la zona”, dijo a Mongabay
Juan Carlos Atienza, director de conservación de SEO/Birdlife (la división española de
Birdlife International). “Ya hemos avisado a la gente sobre el terreno y pedido que
tengan cuidado”.
Sin alternativas económicas
La reacción violenta del gobierno como de los medios en Isla Mayor es representativa
de una situación a la que se enfrentan los ecologistas por toda España.
“España no es comparable con países en Centroamérica o África, donde los
ecologistas exponen sus vidas a riesgo de morir, pero siempre ha habido ataques”,
dijo a Mongabay Jaime Doreste, destacado abogado para Ecologistas en Acción. La
organización es uno de los grupos medioambientales más importantes y activos en
España.
En palabras de Doreste, “es una verdad innegable que existe una tendencia general a
la creciente criminalización de los movimientos sociales, incluidos los ecologistas. No
obstante, también hay un número preocupante de casos de amenazas y agresiones
físicas contra algunos activistas”.
Atienza de SEO/Birdlife dijo que entiende las dificultades por las que está pasando
mucha gente en Isla Mayor como consecuencia directa de la sentencia del cangrejo
rojo. “Sabemos que esta decisión va a afectar a la gente, por lo que hemos pedido al
gobierno que les ofrezca una solución, pero nuestro trabajo es defender el medio
ambiente y la biodiversidad”, comentó.
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Sin embargo, Atienza ignoró las amenazas más graves, habituales ante la labor
medioambiental española. “He recibido amenazas de muerte, incluso cara a cara.
Hace unos cuantos años, alguien me dijo que revisara la parte baja del coche, pero
nunca le hice caso porque no es normal que los empresarios de la zona lleven coches
bomba. Me habría preocupado más si hubiera amenazado con enviar unos matones
para que me mataran”, dijo.
Es la economía, insulso
España es uno de los países de la UE que se ha visto más afectado por la gran
recesión. Tasas de paro superiores al 20 %, fuga de cerebros, una corrupción
descontrolada y una sociedad dividida han conducido a los activistas a una situación
cada vez más arriesgado.
Los ecologistas se enfrentan a un ataque a dos frentes. Por un lado, está una
ciudadanía coaccionada bajo una crisis económica grave con escasa tolerancia hacia
actitudes que puedan poner en peligro muchos y tan necesitados puestos de trabajo.
Por el otro lado, un gobierno que ha adoptado una postura muy dura contra las
protestas, pacíficas o de otra índole.
Aunque los datos macroeconómicos del último año vaticinan la recuperación de la
economía de España, las tasas de desempleo a nivel nacional siguen por encima del
20 % por vigésimo segundo cuatrimestre consecutivo. Las zonas rurales son las más
afectadas. Andalucía en el sur, donde se encuentra Isla Mayor, tiene una tasa de
cerca del 30 % —la más alta del país.
Paca Blanco endured years of harassment after denouncing the construction of the Isla
Valdecañas complex in Extremadura. Photo by Juan Pablo Resino (Fonacam).Paca
Blanco soportó años de acoso después de haber denunciado la construcción del
complejo Isla Valdecañas en Extremadura.
Le sigue la región occidental de Extremadura, con más de un 28 % de paro. Paca
Blanco era coordinadora de Ecologistas en Acción en Extremadura. En 2013, dejó su
localidad de El Gordo tras seis años de acoso. “La gente haría lo que fuera por
conseguir trabajo. Hacen trampa, mienten, se pegan unos a otros”, contó Blanco a
Mongabay.
La pesadilla de Blanco comenzó en 2007, cuando se opuso a que se construyese un
complejo residencial de lujo en una zona protegida próxima a su pueblo. El
emplazamiento de la obra se encuentra a orillas del río Tajo, que forma parte del
Proyecto Natura 2000 de la Comisión Europea que vincula hábitats amenazados con
la mayor red mundial de zonas naturales protegidas.
La casa de Blanco, que exclamó que temía por su vida, fue pasto de cócteles Molotov
y otros artefactos explosivos. “Cada vez que el tribunal fallaba a nuestro favor, recibía
una llamada de mi abogado diciéndome que me fuera de El Gordo, pero yo no lo
hacía”, dijo. “En su lugar, me puse en contacto con el gobierno regional y les dije que
mi vida corría peligro. La policía protegía mi casa día y noche”.
El caso de Blanco se hizo popular en España. Varios medios de comunicación
presentaron su historia e incluso hubo una investigación parlamentaria que cuestionó
al propio presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre cómo pudo haber llegado a
pasar. Sin embargo, Blanco cree que hay muchos casos más en otras partes del país
que nunca han salido a la luz.
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“Cuando alguien sufre un ataque, por lo general se jubila anticipadamente; esto no
solo les pasa a los activistas. La gente tiene familia”, dijo Blanco. “Lo que más me
preocupaba era que mi pareja o mis hijos se metiesen en una trifulca en el pueblo.
Creo que eso esperaban mis agresores”.
Blanco no está convencida de que sacrificar el medioambiente ante las
preocupaciones económicas compense a los trabajadores. “Es un caso de chantaje.
Cuando una empresa no puede salirse con la suya, echan mano de los medios de
comunicación y afirman que reducirán los puestos de trabajo y que la ciudadanía
estará de su lado”, explicó Blanco. “Pero todo es una mentira. Al final, el paro sigue
siendo una lacra”.
Blanco se ha mudado a Madrid, donde vive con sus hijos. A sus 67 años, sigue
luchando. “Me gustaría que se demoliera el complejo porque es ilegal y porque crearía
mucha jurisprudencia necesaria. No tengo miedo, estoy lista para morir con las botas
puestas”, dijo.
Una polémica nueva ley
La durísima situación económica de España ha propiciado el aumento de las protestas
sobre diversos temas, y el gobierno está tomando medidas para apaciguarlas. Uno de
sus preceptos más polémicos es la Ley de la Seguridad Pública, ampliamente
conocida entre sus detractores como la “Ley Mordaza”, que entró en vigor en julio de
2015.
La ley restringe los derechos de reunión y manifestación y se ha enfrentado a una
fuerte oposición tanto en España como en el extranjero, ocasionando que instituciones
como las Naciones Unidas y el Consejo de Europa estén del lado de los críticos. El
New York Times la definió como “siniestra” en una editorial en abril de 2015.
El Parlamento aprobó la Ley de Seguridad Pública tras tres años de creciente
actividad entre los movimientos sociales y populares en el país. Sin embargo, la crisis
económica, junto con un número sin precedentes de casos de corrupción, ocasionó
protestas y manifestaciones que ya se han materializado en un cambio radical de la
vida política de España. En las elecciones de diciembre, los votantes destituyeron a
los parlamentarios que apoyan la ley e introdujeron dos nuevos partidos políticos para
acabar con 30 años de gobierno bipartidista en el Parlamento español.
El Partido Popular, que gobierna el país, único partido en el Parlamento que apoya
actualmente la ley, no respondió a las peticiones de comentar el tema.
Según Doreste, una de las intenciones de [aprobar] la Ley de Seguridad Pública era
que los delitos de agresión contra los agentes de policía y la desobediencia se
castigaran administrativamente (como una infracción de tráfico), en vez de por la vía
penal. “Este cambio ralentiza el proceso, exige que cualquier sanción económica se
pague por adelantado y reduce drásticamente las posibilidades de absolución”, explicó
el abogado ambiental.
Jorge Luis, miembro del Parlamento perteneciente al partido Podemos, contrario a la
austeridad, está de acuerdo con Doreste.
“Hemos visto muchas protestas desde el año 2012 y se han tomado acciones legales
contra ellas. No obstante, por lo general no existen para los jueces motivos para el
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castigo, por lo que se desestiman la mayoría de los casos”, contó Luis a Mongabay.
“La estrategia del gobierno era cambiar la ley para dejar a un lado a los magistrados”.
Sin embargo, el izquierdista miembro del Parlamento cree que la ley no está logrando
los resultados deseados. “Ha habido un aumento de las movilizaciones en todos los
grupos. Los grupos ecologistas, los partidos políticos, todos a excepción del partido
gobernante han hecho un pacto para prohibir la Ley Mordaza. La gente es más
consciente y está más politizada, no menos”, dijo.
Los Ocho de Yesa
Los enfrentamientos con la ley son algo en lo que Luis tiene experiencia. Él y otros
siete activistas se enfrentan a una posible pena de cárcel tiempo después de que una
protesta contra la expansión de un embalse acabase en enfrentamientos con la
policía. Su caso es una de las amenazas más famosas a los ecologistas españoles
desde que empezó la crisis económica.
El 10 de octubre de 2012, un pequeño grupo de residentes del pueblo de Artieda, junto
con simpatizantes y activistas, aunaron esfuerzos en una apartada carretera cerca de
su ciudad en los Pirineos.
El grupo se había reunido para protestar contra el trabajo por aumentar la capacidad
del cercano embalse de Yesa, el más grande de los Pirineos que separa España de
Francia. Periódicamente mostraban su descontento con el proyecto desde que se
aprobara en 1985, sin consecuencias legales.
Aquel día, no obstante, los escuadrones de la policía antidisturbios se presentaron en
Artieda a pleno rendimiento. Los agentes cargaron contra los manifestantes y se
sobrevinieron los enfrentamientos. Hubo al menos 12 manifestantes y dos agentes de
policía heridos. Los vídeos que grabaron tanto los manifestantes como la policía
parecen mostrar que no hubo acciones violentas antes del asalto y que los siguientes
enfrentamientos fueron pequeños y nunca plantearon ningún peligro para ninguna de
las partes.
Unas semanas después de la manifestación, ocho de los activistas recibieron órdenes
de detención. Uno de ellos fue Luis, coordinador por aquel entonces del partido verde
de la región. Ha sido acusado por cargos de agredir y herir a un agente, por lo que el
fiscal del gobierno español pide una sentencia de dos años y ocho meses. En total, los
activistas conocidos como los Ocho de Yesa se enfrentan a una pena máxima
colectiva de más de 36 años.
No obstante, Luis confía en que van a ser absueltos. “Confío en los jueces. Todo esto
ocurrió antes de la Ley Mordaza. Confiamos en que reinará el sentido común”, afirmó.
Los Ocho de Yesa han acaparado un gran apoyo en España. El Parlamento regional
de Aragón ha pedido oficialmente su absolución, apoyada por 26 ayuntamientos, tres
municipios y una autoridad provincial.
Luis cree que la política está detrás de este caso legal. Afirma que le gustaría conocer
el motivo de la operación policial de aquel día. “No le encuentro explicación a por qué
enviaron un escuadrón de la policía antidisturbios con armas y balas de goma a un
pequeño pueblo en medio de la nada en los Pirineos”, dijo.
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La Delegación del Gobierno de Aragón, responsable de la operación policial y la
acusación contra los Ocho de Yesa, no respondió a la petición de comentar el caso.
A La crisis como instrumento
Atienza de la SEO/Birdlife cree que, bajo presión económica, los proyectos peligrosos
para el medioambiente son más habituales y reciben menos oposición pública de lo
que lo harían en otra situación. “No es lo mismo perder el empleo cuando es fácil
encontrar otro trabajo en comparación con la situación en la que estamos ahora”, dijo.
Blanco llevó la polémica un paso más allá al decir que no se está comprobando el
abuso comercial de esta situación y que los ecologistas que luchan por la riqueza
natural del país se llevarán la peor parte. Las opciones y actitudes que adoptará la
sociedad española en los próximos años decidirán el destino de muchos de los
ambientes más vitales y protegidos de la biodiversidad del país.
“La auténtica riqueza es lo que ya tenemos”, afirmó.