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IWGIA – EL MUNDO INDIGENA – 2013
ESTADOS UNIDOS
Según el Instituto de Estadísticas de Estados Unidos, aproximadamente 5,2
millones de personas, que representan el 1,7% de la población total del país,
se identificaron a sí mismas como indígenas estadounidenses o indígenas
de Alaska en combinación con otra identidad étnica. Cerca de 2,9 millones,
que representan el 0,9% de la población, se identificaron a sí mismos como
únicamente indígenas estadounidenses o de Alaska. Hay actualmente cerca
de 365 tribus con reconocimiento federal en los Estados Unidos, y la mayor
parte de ellas tiene territorios nacionales reconocidos. Casi el 80% de quienes se identifican como indígenas norteamericanos o de Alaska vive fuera de
las zonas indígenas, mayormente en las grandes ciudades.
El gobierno tiene compromisos de tratados y de custodia hacia las naciones indígenas, que se derivan de tratados individuales, la ley federal indígena y el Acuerdo sobre los indígenas de Alaska. Están bajo la tutela del estado, que actúa como su guardián. Distintas agencias federales, como la Oficina de Asuntos Indígenas y el Servicio de Salud Indígena, son responsables
de la implementación de las responsabilidades del gobierno federal.
Estados Unidos no ratificó el Convenio 169 de la OIT. A la vez, anunció
en 2010 que apoyaría la DNUDPI luego de haber votado en su contra en
2007. Este apoyo se limita, sin embargo, a un reconocimiento moral.
El gobierno federal
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n 2012, el presidente Obama, del Partido Demócrata, fue reelecto como presidente de EEUU, lo que significa que las políticas federales hacia los pueblos indígenas van a permanecer estables. La reelección también asegura que la Ley de
Mejora del Servicio de Salud Indígena, que fue incluida en la reforma nacional del
servicio de salud (ver El Mundo Indígena 2011), no se verá amenazada. Los asuntos
indígenas, sin embargo, estuvieron ausentes en la campaña presidencial.
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Visita del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los pueblos indígenas
En abril y mayo, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de
los pueblos indígenas, el Profesor James Anaya, visitó oficialmente los Estados Unidos. Mantuvo reuniones y consultas a lo largo del país y publicó, en agosto, un informe oficial sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en
EEUU.1 El informe halló que:
los pueblos indígenas de Estados Unidos (…) conforman comunidades vibrantes que contribuyeron enormemente a la vida del país; sin embargo enfrentan
desafíos significativos relacionados con los errores históricos generalizados, incluyendo tratados rotos y actos de opresión y políticas gubernamentales equivocadas, que hoy se manifiestan en varios indicadores de desventajas e impedimentos para el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos.
El Relator Especial destacó como problemas constantes de los pueblos indígenas de
EEUU las condiciones sociales y económicas, la violencia hacia las mujeres, los derechos de tratado y territoriales, incluyendo el acceso a sitios sagrados, asuntos de
bienestar infantil, reconocimiento y cambio cultural. Enfatizó especialmente los obs-
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táculos para el acceso a las tierras y aguas para la caza y pesca de subsistencia en
Alaska. Elogió la línea política de las últimas décadas, pero observó que la implementación y el financiamiento de estas políticas aún era insuficiente. Observó que:
a no ser que haya un movimiento genuino hacia la resolución de estos asuntos
pendientes, el lugar de los pueblos indígenas de Estados Unidos continuará
siendo inestable, desventajoso e inequitativo, y el estatus moral del país se verá
afectado.
El informe pidió un “programa de reconciliación”, “la determinación de tomar medidas
para enfrentar las preocupaciones pendientes y arraigadas de los pueblos indígenas,
pero dentro de las actuales nociones de justicia y los derechos humanos de los pueblos indígenas”. Finalmente, el Relator Especial enfatizó el peso de la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que el gobierno
federal apoya como línea moral (ver El Mundo Indígena 2012). Anaya observó que “la
Declaración es ahora parte de la política local y exterior de los Estados Unidos” y que
“debería servir ahora como ejemplo a quienes toman las decisiones ejecutivas, legislativas y judiciales en relación con los asuntos relativos a los pueblos indígenas del
país”. Esta, desafortunadamente, no parece que vaya a ser una perspectiva sobre la
Declaración con la que pueda estar de acuerdo el gobierno federal. Si bien la Declaración les dio a los pueblos indígenas un argumento más en su lucha por la libre determinación, ese argumento en parte depende de que la clase dirigente acepte el
valor de la DNUDPI.
Violencia contra las mujeres
Para mejorar la protección de las mujeres indígenas contra la violencia (ver El mundo
indígena 2012), en abril el Senado votó una reautorización de la Ley de Violencia
contra las mujeres (VAWA), que incluye fórmulas para reforzar las comunidades indígenas. Exige la inclusión de “Aldeas indígenas de Alaska” en un estudio nacional de
referencia sobre la violencia contra las mujeres indígenas; aclara que las tribus pueden promulgar y ejecutar órdenes de protección sobre cualquier persona en su territorio; y restaura la jurisdicción a las tribus sobre no indígenas que cometen actos
violentos contra esposas, compañeras y personas indígenas cercanas. Esta última
disposición expresamente no se aplicaría a los indígenas de Alaska. Los senadores
de Alaska Lisa Murkowski (republicana) y Mark Begich (demócrata) argumentaron
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que esto era necesario porque la definición de territorio indígena funciona de manera
diferente en su estado, aunque muchos indígenas de Alaska deseaban ser incluidos
en la disposición.2 A pesar de haber sido aprobada con el apoyo de senadores republicanos, la cámara baja bloqueó la VAWA debido a esta última disposición. “Por primera vez, el comité extendería la jurisdicción tribal criminal sobre no indígenas”, dijo
el senador Chuck Grassley (republicano de Iowa) en defensa de su oposición al proyecto de ley.3 La senadora Kat Bailey Hutchison (republicana de Texas), aunque votó
a favor del proyecto de ley, mostró su preocupación: “Una de las disposiciones problemáticas del […] proyecto de ley daría a las cortes tribales autoridad para arrestar,
juzgar y encarcelar a cualquier estadounidense”.4 La cámara baja, controlada por los
republicanos, aprobó una versión de la VAWA que no incluía estas disposiciones y, en
consecuencia, la Ley no fue reautorizada en 2012 debido a que los dos proyectos de
ley no fueron compatibilizados”. Las cortes tribales siguen sin tener los medios de
tratar la cuestión de los no indígenas que atacan a sus parejas.
El New York Times informó en febrero que, en 2011, el Gobierno se negaba aún
a tratar el 65% de los cargos por violación y el 61% de los casos que involucran cargos
de abuso sexual de menores en las reservas.6 En una nota posterior, mostró que el financiamiento para el programa de Solicitud de Asistencia Tribal Coordinada del Departamento de Justicia, por ejemplo, había bajado entre 2010 y 2012, y que varias tribus
estaban empleando menos oficiales de policía en 2012 que los que habían empleado
en 2000, entre ellos Pine Ridge en Dakota del Sur y Fort Apache en Arizona.7
Producción petrolera
La fractura hidráulica o la tecnología del fracking produjo un gran boom en la producción de gas y petróleo. La reserva indígena de Fort Berthold, donde habitan los mandan, hidatsa y arikara de Dakota del Norte, la tribu indígena ute del Sur de Colorado
y las tribus de arapaho del Norte y shoshone del Este en la Reserva Wind River de
Wyoming son las tres naciones indígenas fuera de Alaska que probablemente se
hayan visto más afectadas por –y que sacan más ventaja de- este nuevo potencial
económico, aunque en otras, como las Reservas de Fort Peck y Blackfeet de Montana, están empezando a llegar los grandes intereses petroleros. En muchas comunidades rurales indígenas, el boom de recursos atrajo fondos muy necesarios, pero
también produjo un aumento de la población a través de la afluencia de trabajadores,
a menudo sin hogares permanentes, trayendo inestabilidad social, un aumento de la
criminalidad y amenazas ambientales. El reforzamiento de las regulaciones y de la
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ley a menudo resulta excesivo para los gobiernos tribales y federales. Además, los
pueblos indígenas obtienen menos beneficios de la explotación de recursos en sus
tierras que lo que comúnmente se cree. En Fort Berthold, el 60% de los miembros no
recibe ninguna regalía individual por el boom petrolero pero deben vivir con alquileres
que se han cuadruplicado, un precio mayor de los bienes de consumo y una infraestructura insuficiente. Los gobiernos tribales, por otra parte, reciben con agrado las
nuevas oportunidades. Muchos fundaron sus propias compañías de energía; la más
exitosa es probablemente Red Willow Production, propiedad de la tribu ute del sur,
que se dedica a la extracción de petróleo y gas a lo largo de Estados Unidos. Aunque
se había estado planificando y construyendo desde hace varios años, en octubre, el
Departamento del Interior dio autorización oficial para una nueva refinería en la Reserva Fort Berthold. Algunos ciudadanos de la reserva siguen oponiéndose a la refinería con el apoyo de la Red Ambiental Indígena. El presidente de las Tres Tribus
Asociadas, Tex Hall, se opuso a las crecientes regulaciones federales a la extracción
de petróleo y el fracking en varias audiencias del Congreso. Si las regulaciones para
las tierras tribales son más engorrosas que las de las tierras privadas o estatales, los
gobiernos tribales temen que las compañías no quieran invertir en las reservas.
Derecho territorial y derecho de aguas
Mientras que las agencias federales están intentando aumentar la supervisión del
fracking, el gobierno federal revisó y aligeró las reglamentaciones para el arrendamiento de tierras en las reservas. En julio, el presidente Obama promulgó la Ley de
Ayuda Rápida y de Propiedad Responsable de Viviendas Tribales Anticipadas
(HEARTH). Si las tribus escriben sus propias reglamentaciones para el arrendamiento de tierras tribales con fines residenciales, educativos, comerciales, públicos, religiosos y recreativos, y si estas reglamentaciones tienen la aprobación de la Secretaría del Interior, entonces las tribus pueden tramitar estos arrendamientos sin buscar
la aprobación de la Oficina de Asuntos Indígenas (BIA). Esto reducirá el tiempo necesario para la aprobación de nuevos hogares y negocios, y así, se espera, acelerará
el desarrollo económico y paliará la escasez de viviendas. En noviembre, la BIA
anunció una reforma global de las reglamentaciones para el arrendamiento de tierras
indígenas. Las nuevas reglamentaciones establecen pasos concretos para completar
una postulación, fija plazos a la BIA para analizarla y limita las razones por las cuales
puede rechazarla, entre otras cosas. Al limitar el papel de la BIA en la aprobación de
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arrendamientos, las tribus ganan una mayor autodeterminación y el proceso debería
volverse mucho más transparente.
El Acuerdo Cobell sobre el mal manejo de cuentas federales de fondos fiduciarios (ver El Mundo Indígena 2012) se volvió definitivo en noviembre, y los primeros
pagos a miembros de la demanda colectiva posiblemente se hagan en diciembre. Las
últimas objeciones al acuerdo fueron rechazadas por la Corte Suprema y el período
de apelaciones venció, y así los 1.500 millones de US$ pueden ser distribuidos entre
los aproximadamente 500.000 miembros de la demanda. Esto incluye al menos
5.000 indígenas de Alaska que obtuvieron tierras individuales bajo la Ley de Asignación de Tierras. El Departamento del Interior utilizará 1.900 millones de US$ para
comprar intereses de tierras fraccionadas de propietarios que quieren vender para
que los intereses consolidados puedan ser aprovechados por las tribus. En abril, el
gobierno federal también llegó a un acuerdo sobre el mal manejo de los fideicomisos
tribales con 41 tribus por un poco más de 1.000 millones de US$. Con otras tribus las
negociaciones continúan. Algunas quieren invertir su parte del dinero en cuentas
privadas hasta que decidan qué hacer, mientras que otras lo dejarán con el gobierno
federal.
El activismo de base en las reservas de los hopi y de los navajo en Arizona fue
probablemente lo que desbarató el Acuerdo Navajo-Hopi sobre los Derechos de
aguas en el río Pequeño Colorado. El acuerdo podría haber dispensado a las dos
tribus de sus derechos de aguas a cambio de la entrega garantizada de agua potable
a las comunidades. La nación navajo votó en contra del acuerdo, y por lo tanto en
contra del presidente de la nación navajo. Esto dejó el acuerdo sujeto a la continuación de las negociaciones entre el grupo de trabajo navajo de derecho de aguas y el
Departamento del Interior. Los hopi, cuyo gobierno aprobó el acuerdo, también dependen del resultado de estas negociaciones. Si el acuerdo fracasa, las tribus tendrán que litigar para hacer cumplir su derecho de aguas.
En Oklahoma, las naciones chickasaw y choctaw iniciaron una demanda federal
contra el estado de Oklahoma por su derecho de aguas en el Lago Sardis. La demanda está actualmente paralizada, y las partes están negociando. Las tribus sostienen
que tienen el derecho de aguas garantizado por tratados. El estado quiere vender el
acceso al agua del lago a la ciudad de Oklahoma. Cada vez más, los estados, las
ciudades y las tribus en el sudoeste de los Estados Unidos están tratando de asegurar sus derechos de aguas en la medida en que se torna más evidente que podría no
haber suficiente agua para sostener el futuro crecimiento de la población, la agricultura y la industria.
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En Alaska, por otra parte, el exceso de agua debido al cambio climático está
poniendo en peligro las aldeas indígenas. El permahielo que se derrite está hundiendo a las comunidades o las pone en peligro debido a la erosión que causa. La aldea
de Newtok, por ejemplo, está planeando reubicarse por completo en otro sitio. El
Ejército ha estado ayudando a la comunidad en la preparación del sitio de la nueva
aldea, pero, en junio, una lancha de desembarco que llevaba equipamiento para
ayudar con la mudanza encalló cerca de Kodiak. La comunidad sigue adelante con el
proyecto, ya que el lugar actual de la aldea pronto será inhabitable debido al hundimiento. El costo total de esta reubicación se estima en 130 millones de US$. De
acuerdo con algunas estimaciones, otras treinta comunidades de Alaska deben ser
reubicadas total o parcialmente debido al cambio climático.
Asuntos territoriales y ambientales
La gran nación sioux tuvo éxito en la compra de un lugar en Black Hills que es sagrado para el pueblo Lakota. El lugar, Pe’ Sla, salió a subasta en agosto. La familia
Reynolds fue propietaria de la tierra durante generaciones, y siempre había permitido
a los lakota el acceso para realizar ceremonias allí; esta práctica fue puesta en duda
cuando se anunció la subasta de la tierra y su posible subdivisión. Debido a que la
familia trabajó a favor de las tribus, tuvieron el tiempo suficiente para juntar 9 millones
y compraron la tierra en noviembre. Las tribus contribuyeron con cerca de US$6 millones de US$, pero buena parte del dinero se obtuvo por medio de una recaudación
por Internet, con el respaldo de famosos de todo el país.
Seis meses después de iniciar una demanda contra la Oficina de Asuntos Indígenas, los hopi informaron en julio que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) había
anunciado que redoblaría sus esfuerzos para proteger las fuentes de agua potable
en el área del basurero abierto de la ciudad de Tuba. El sitio del basurero, operado
por la BIA durante más de 50 años, fue utilizado por la Usina de Uranio de Metales
Raros en los años 50 y 60 para depositar materiales radioactivos. La EPA prometió
hacer más pozos de monitoreo en el lugar y monitorear el agua potable para la aldea
de Moenkopi.
En Wisconsin, tuvieron cierto éxito los activistas de la comunidad indígena de
Keweenaw Bay y la banda del río Bad de la tribu chippewa del lago Superior, que se
habían unido con no indígenas de la Coalición sobre el Impacto de la Minería de
Wisconsin. Gogebic Taconite desistió de su plan de abrir una gran mina de hierro
luego de que el Senado del estado no lograra reformar las protecciones ambientales
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a favor de las compañías. El gobernador Scott Walker (republicano) dijo que confiaba
en que el año que viene se aprobaran leyes amigables hacia la industria.
Tanto Minnesota como Wisconsin abrieron sus temporadas de caza de lobos en
2012, ahora que la EPA sacó a los lobos grises de la lista de especies en peligro y los
colocó, así, bajo control de los estados. Los ojibwa se oponen a las temporadas de
caza de lobos en ambos estados porque ellos ven a los lobos como sus parientes. En
Minnesota, las siete bandas prohibieron la caza de lobos en sus tierras. Sin embargo,
en muchos casos, las tierras de propiedad indígena son sólo una parte del total de la
reserva. Los estados son los entes reguladores de las tierras de propiedad privada en
las reservas. El Departamento de Recursos Naturales (DNR) del estado rechazó un
pedido de las bandas de prohibir la caza en todas las tierras de las reservas. El comisario del DNR habría dicho que su departamento no tenía la función de considerar
argumentos culturales sino de administrar la población de lobos.10 Categorizar a los
lobos como una población administrable parece evitar la idea de que la decisión de
abrir la caza de lobos está basada también en argumentos culturales específicos.
Pagos de contratos
En junio, la Corte Suprema hizo pública su decisión en el caso Salazar vs. Delegación
Ramah Navajo. Este caso resolvió la cuestión de los pagos de contratos entre el gobierno federal y las tribus. Bajo la Ley de autodeterminación y asistencia educativa
indígena de 1975, las tribus pueden firmar contratos de prestación de servicios educativos, de atención sanitaria, de protección ambiental, etc. que antes habían sido
prestados por la Oficina de Asuntos Indígenas u otras agencias federales. Las agencias siguen siendo responsables del financiamiento, y el contrato puede ser revocado
si la tribu no cumple con el servicio, como pasó en el lago Spirit. En las últimas décadas, estos contratos estuvieron mal financiados, es decir, el gobierno no cubrió el
costo total del contrato para las tribus. En su decisión, la Corte Suprema decidió
ahora que el gobierno debe cubrir todos los costos tal como prometió. Sin embargo,
la Corte explícitamente dejó abierta la posibilidad de que el Congreso modifique la
ley. Esto significaría básicamente que si el Congreso declara públicamente que no va
a pagar todos los costos de los contratos que firma, puede hacerlo; sin embargo, el
Congreso también podría hacer legal que el Gobierno se niegue a entrar en estos
acuerdos.11 Sería un golpe duro para la autodeterminación indígena. Las consecuencias potenciales del caso son extensas, sin embargo. Un caso similar, que afecta en
este caso a los indígenas de Alaska, ya fue modificado. En el caso Asociación Indí-
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gena de la Pendiente Ártica vs. Sebelius, el juzgado federal decidió que el Servicio de
Salud Indígena (IHS) debía pagar el costo completo del contrato de salud a la Asociación Indígena de la Pendiente Ártica. Seguramente, otras tribus intentarán que se
les paguen los mismos pagos adeudados.
La buena noticia para los veteranos indígenas fue que, en diciembre, el IHS y la
Administración de Veteranos (VA) anunciaron un acuerdo a través del cual la VA
reembolsará directamente a los veteranos indígenas los servicios de salud brindados
por el IHS. Esto significa que no deberán viajar a las instalaciones de salud de la VA
sino que podrán buscar servicios en las instalaciones del IHS, a menudo mucho más
cercanas. El acceso al servicio de salud es uno de los obstáculos más importantes
para los indígenas estadounidenses con necesidades médicas, en particular debido
a cuestiones relacionadas con el transporte.
Russell Means
En octubre, falleció Russell Means, un activista de larga data, político famoso y estrella de cine. Antiguo líder del Movimiento de Indígenas Estadounidenses, tenía una
propensión por buscar la atención de los medios para publicitar las injusticias cometidas contra los pueblos indígenas. Aunque algunos sugirieron que la búsqueda de
publicidad era para sí mismo, y aunque sus logros y estrategias fueron a menudo
controvertidos, no hay duda de que se puso a sí mismo en peligro por la causa que
persiguió hasta este año. Aunque Means tuvo oposición por parte de muchos indígenas estadounidenses, con su muerte todos los indígenas del país perdieron una de
las voces de resistencia más reconocidas.

Notas
1 El informe, la Situación de los Pueblos Indígenas en los Estados Unidos de América, está disponible en línea en http://unsr.jamesanaya.org/list/country-reports
2 Rob Capriccioso: VAWA Passes Senate with Major Tribal Court Provisions; Status Quo for Alaska Natives. 26 de abril de 2012, en línea: http://indiancountrytodaymedianetwork.com/article/
vawa-passes-senate-with-major-tribal-court-provisions%3B-status-quo-for-alaska-natives-110401
3 Rob Capriccioso: Tribal Provisions of Women Safety Law Under Senate Attack. 1° de abril de
2012, en línea: http://indiancountrytodaymedianetwork.com/article/tribal-provisions-of-womensafety-law-under-senate-attack-105634
4 Rob Capriccioso: U.S. Senator Worries Tribal Courts Will Imprison ‘Any American.’ 16 de abril de
2012, en línea:
MEXICO Y AMERICA CENTRAL
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http://indiancountrytodaymedianetwork.com/article/u.s.-senator-worries-tribal-courts-will-imprison-%E2%80%98any-american%E2%80%99-108508
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/EGM12_US_statement.pdf
Timothy Williams: Higher Crime, Fewer Charges on Indian Land. 20 de febrero de 2012, en línea:
http://www.nytimes.com/2012/02/21/us/on-indian-reservations-higher-crime-and-fewer-prosecutions.html
Timothy Williams: Washington Steps Back From Policing Indian Lands, Even as Crime Rises. 12
de noviembre de 2012, en línea: http://www.nytimes.com/2012/11/13/us/as-crime-rises-on-indian-lands-policing-is-cut-back.html
http://coalitionforindianchildren.org/about/mission_vision/
Hasta ahora, la única decisión de la Corte Suprema sobre ICWA fue la del caso Banda del Mississippi de Choctaw vs. Holyfield (1989).
Dan Kraker: Ojibwe Bands Ban Wolf Hunting - but only on Indian-Controlled Lands. 31 de octubre de 2012, en línea: http://minnesota.publicradio.org/display/web/2012/10/31/environment/ojibwe-ban-wolf-hunting/
Salazar vs. Delegación Ramah Navajo, 132 S. Ct. 2181, 183 L. Ed. 2d 186 (2012).
Sebastian Felix Braun, antropólogo, es Profesor Asociado y Director del Departamento de Estudios Indígenas Estadounidenses de la Universidad de Dakota del Norte. E-mail: [email protected]