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5°CONGRESO EXTRAORDINARIO Partido Socialista Provincia de Buenos Aires | Mayo 2015
CPA: ESTADO DE SITUACION
El consumo de drogas entre los jóvenes y la población en general de la Argentina
registró un alarmante aumento en los últimos siete años, reveló un informe
elaborado y difundido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito.
El Informe Mundial sobre las Drogas 2009, lanzado en forma simultánea en todo el
mundo, reunió datos estadísticos, análisis de tendencias sobre la situación del
mercado de las drogas ilegales en todo el mundo, inclusive producción, tráfico y
consumo,
y
"los
vínculos
entre
las
drogas
y
la
delincuencia".
Si bien en el mundo la ONU afirmó que "se estancan o decrecen los mercados de
opiáceos, cocaína y cannabis", en Argentina "la tasa de prevalencia anual entre los
estudiantes secundarios creció del 3% en el año de 2001 al 8,1 por ciento en
2007".
Según datos de la DGCyE de la Provincia de Buenos Aires la matricula del nivel
secundario es de aproximadamente 1.000.000 de alumnos, cifra que comprende
mayoritariamente a niños de 13 años hasta adolescentes de 18 años. Cabe
destacar que en los secundarios de adultos a los que pueden acceder alumnos con
sobre edad escolar a partir de los 16 años, el rango medio comprende entre los 16
y los 25 años.
En este contexto y en virtud de los datos revelados en el Informe Mundial sobre las
Drogas 2009 podemos inferir que por lo menos 81.000 estudiantes secundarios han
consumido alguna droga ilegal en el año 2007.
Según el Observatorio Argentino de Drogas, dependiente de la SEDRONAR, en el
año 2010 la prevalencia de mes respecto del consumo total de drogas ilegales
ascendió al 7,1% de la población de entre 15 y 64 años. Es decir durante el mes
anterior a la administración de la encuesta el 7,1% de la población total del país
había consumido por lo menos una vez una sustancia psicoactiva ilegal.
Si transferimos los guarismos obtenidos para todo el país a la Provincia de Buenos
Aires , siendo esta la jurisdicción de nuestro interés, podríamos afirmar que en
términos absolutos 710.000 habitantes de nuestra provincia , de entre 15 y 64
años habrían consumido en el ultimo mes anterior a la toma de la muestra , por lo
menos una droga ilegal.
Los valores de prevalencia publicados generalmente respecto de esta temática son
desagregados en función del consumo a lo largo de la vida, consumo anual y
consumo mensual. En este último caso dentro del rango que comprenden los días
del mes elegido, con seguridad, encontraremos consumidores con mayor o menor
grado de compromiso. Es decir que dentro del universo de los 710.000
consumidores del mes, se encontrara un porcentaje de consumidores
problemáticos. Al respecto en los informes de organismos internacionales que
abordan la temática en cuestión se estima sobre los casos prevalentes del mes que
un 10% podrían ser casos comprometidos. Tendríamos así, 71.000 consumidores
con necesidades concretas de atención, en virtud de su grado de dependencia con
la o las sustancias que consumen.
Para la atención de estos casos la provincia de Buenos Aires cuenta con una red de
183 Centros Provinciales de Atención (CPA) dependiente de la Subsecretaria de
Salud Mental y Atención de las Adicciones. Dichos centros cuentan con 386
Psicólogos, entre otros profesionales y trabajadores que forman los equipos de
intervención.
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Pero detengámonos en los Psicólogos, cabe aclarar que en un alto porcentaje son
de Planta Transitoria o están en comisión, hecha la observación y recurriendo a
cálculos matemáticos sencillos y al ABC de los protocolos de intervención,
podríamos afirmar que además de la entrevista de admisión el paciente requerirá
por lo menos y en promedio a lo largo del tratamiento una entrevista quincenal. De
esta manera a cada profesional de la psicología, si toda la demanda potencial se
hiciera efectiva, le correspondería atender a 184 pacientes cada 15 días, es decir
aproximadamente 12 pacientes por día. Quienes conocen el funcionamiento de los
dispositivos sanitarios, en este campo de la salud mental, seguramente estarán
pensando que esto es poco probable, y desde ya no se equivocan.
Evidentemente si se tuviera que atender a la población de referencia, los recursos
humanos deberían por lo menos duplicarse.
A su vez, partiendo de los datos suministrados por la Subsecretaria en respuesta a
la solicitud de informes requerida por la HCD en virtud de la iniciativa legislativa
promovida por el Diputado Ricardo Vago, se puede observar una desigual
distribución de los recursos humanos entre las distintas regiones sanitarias, en
particular entre las que comprenden los distritos del conurbano y los distritos del
interior.
Así , siguiendo el mismo razonamiento aplicado para la provincia de Buenos Aires
en forma consolidada , podemos observar que la cantidad de entrevistas por
Psicólogo necesaria para dar respuesta a la demanda potencial en las regiones
sanitarias X y XI seria de 4 y 5 respectivamente, mientras que para las regiones V,
VI, VII seria de 16,14 y 16 respectivamente , siendo la región sanitaria XII , el caso
mas significativo respecto de la desigualdad mencionada, ya que la cantidad de
consultas o entrevistas por profesional ascendería a 20 por día.
Surge de estos datos que los distritos mas desfavorecidos son los que forman las
regiones sanitarias del conurbano. Regiones compuestas por distritos en los cuales
amplios sectores de su población padecen condiciones de vida adversas, propicias
para el desarrollo de las adicciones. Entre estos distritos podemos mencionar a José
C. Paz, San Miguel, Merlo , Moreno , La Matanza , entre otros.
Hasta aquí hemos puesto el énfasis en la asistencia de consumidores problemáticos
de drogas ilegales , en este recorte de las funciones de los CPA hemos visto que los
recursos humanos orientados a la asistencia son escasos y están distribuidos con
una lógica contradictoria en virtud de la localización de poblaciones en riesgo o
poblaciones mas vulnerables.
A los consumidores problemáticos de drogas ilegales debemos incluir un universo
muchísimo mas amplio, el de los consumidores problemáticos de bebidas
alcohólicas. Siendo el consumo abusivo de alcohol el problema mas grave que en
términos de adicciones tiene nuestra sociedad. Dada la magnitud del fenómeno y
sus consecuencias en términos de morbilidad y mortalidad asociados a los
accidentes de tránsito, accidentes laborales y hechos de violencia en general y de
violencia familiar en particular.
Pero los CPA cumplen una función más amplia ya que tal como lo define la propia
Subsecretaria en su página web: los Centro Provinciales de Atención (CPA) son
espacios de recepción, asesoramiento, atención y derivación. Están conformados
por un equipo técnico de psicólogos, trabajadores sociales, operadores terapéuticos
y comunitarios que atienden a personas afectadas por situaciones de consumo
problemático de sustancias, o que requieren asesoramiento en relación a la
temática.
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Sabemos que en el abordaje de la asistencia de las adicciones el componente
familiar resulta esencial en términos terapéuticos, así como la integración con la
comunidad en las etapas de integración y reinserción social. Desde este punto de
vista el enfoque interdisciplinario resulta vital para obtener buenos resultados en el
tratamiento.
Si analizamos los datos suministrados en la respuesta a la mencionada solicitud de
informes, notaremos que la dotación de trabajadores sociales, en tanto
profesionales con incumbencias para abordar la problemática en cuestión desde lo
familiar y lo socio comunitario, resulta a simple vista insuficiente. Por ejemplo
observamos que la región sanitaria V cuenta con 4 trabajadores sociales y 65
psicólogos,
la región sanitaria ll cuenta con
6 trabajadores sociales y 16
psicólogos. Se repite aquí además de la notable insuficiencia del recursos, una
distribución desigual entre el conurbano y el interior de la provincia. Y por ultimo
cabe destacar el caso ya paradigmático de la región sanitaria Xll (La Matanza) que
comprendiendo a una población de aprox. 1.800.000 habitantes cuenta con 26
psicólogos y 1 trabajador social para la asistencia de las adicciones.
Por su parte la cantidad de médicos psiquiatras resulta en general insuficiente,
siendo en algunas regiones inexistente, tal el caso de las regiones sanitarias I, II,
III, IV.
Partiendo de las consideraciones realizadas, podemos afirmar que en las regiones
sanitarias existen criterios dispares en materia de asignación de recursos humanos,
generando desigualdades en la prestación de servicios. Los distritos mas
desfavorecidos del conurbano son los que en términos relativos menos cantidad de
recursos económicos disponen.
Tal como surge de la solicitud de informes la subsecretaria reconoce que en toda la
red se realizan 12.000 prestaciones mensuales, como hemos visto solo en materia
de consumo problemático de drogas ilegales en la Provincia de Buenos Aires
existirían 71.000 personas con necesidades de atención.
Si bien la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 y el decreto reglamentario
603/13 son un avance en esta materia ya que la ley en su artículo 4º establece:
Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud
mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen
todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación
con los servicios de salud.
Mientras su decreto reglamentarios estable el ámbito de aplicación en su articulo
6°.La Autoridad de Aplicación deberá asegurar, junto con las provincias y la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, que las obras sociales regidas por las Leyes Nros.
23.660 y 23.661, el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS (PAMI), la Obra Social del PODER JUDICIAL DE LA
NACION (OSPJN), la DIRECCION DE AYUDA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL
CONGRESO DE LA NACION, las obras sociales del personal civil y militar de las
Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, de la Policía Federal Argentina, de
la Policía de Seguridad Aeroportuaria, del Servicio Penitenciario Federal y los
retirados, jubilados y pensionados del mismo ámbito, las entidades de medicina
prepaga, las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así
como también todos aquellos agentes que brinden por sí o por terceros servicios de
salud independientemente de su naturaleza jurídica o de su dependencia
institucional, adecuen su cobertura a las previsiones de la Ley Nº 26.657.
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Si bien esta iniciativa legislativa, recientemente reglamentada por el Poder
Ejecutivo es un avance en la materia, convengamos que su plena aplicación
requerirá de un tiempo no menor, y una serie de adaptaciones o modificaciones que
surgirán como necesidad en el proceso de ampliación.
Lo cierto es que a la fecha los efectores públicos son los que disponen de la mayor
infraestructura instalada, de la mayor oferta, en términos relativos con los
privados, la oferta estatal es casi de un 70% en cuanto a servicios de consulta, de
tratamiento ambulatorios, de media internación (hogar de día), internación y
rehabilitación.
La realidad dice que hoy es el Estado el que a partir de sus efectores el que tiene la
responsabilidad para dar respuesta a esta situación critica que en materia de
prevención y atención de las adicciones padecemos los bonaerenses.