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SUSANA HINTZE
POLÍTICAS SOCIALES ARGENTINAS EN EL CAMBIO DE SIGLO
Conjeturas sobre lo posible
El presente texto es una síntesis de partes de la Introducción, capítulos 5 y 6 del
libro del mismo nombre editado por Espacios Editorial, 2007. Fue preparada para
el “II Seminario-Taller de Economía Social” de la Patagonia, Trelew, 8-10 noviembre
2006
Para Alberto Federico-Sabaté,
quien siempre apostó que otro mundo es posible.
Tan presente en estas páginas
INTRODUCCIÓN
"Una utopía como idea final .. es algo necesario
para que el presente vibre: la utopía tensa desde
el futuro un ahora amarrado en el pasado..
Una utopía que aspire a ser un proyecto motor
de la historia ha de convencer y vencer, con sus
efectos y defectos."
Jorge Wagensberg1
Una mirada sobre el siglo XX en América Latina muestra como característica de la
sociedad argentina hasta mediados de los ´70, inacabados pero de todos modos
significativos, niveles de integración y cohesión social apoyados en la fuerte presencia de
clases medias y de asalariados. En el último cuarto del siglo, en un proceso que resulta
dramático por su intensidad en términos históricos – si bien no comparativamente con la
mayoría de los países de la región- el modelo neoliberal produce cambios profundos en la
sociedad, la economía y la política generando una estructura social cada vez más desigual.
Y hacia fines del siglo la exclusión, ligada al trabajo y los ingresos y, expresada de manera
crítica en el crecimiento de la pobreza2, se convierte en el centro ineludible de análisis de la
cuestión social.
“Ideas sobre la complejidad del mundo", Tusquets Editores, Barcelona, 2003.
Se acuerda con el concepto de exclusión social utilizado por Subirats (2005). Para este autor
“engloba al de pobreza pero va más allá. La exclusión social se define también por la imposibilidad o
dificultad intensa de acceder a los mecanismos de desarrollo personal e inserción socio-comunitaria y
a los sistemas preestablecidos de protección.” En tren de aproximarse a esos mecanismos, vale
recordar lo que R. Castel (2004) denomina “una sociedad de semejantes”, en la que prime la
ciudadanía social. La entiende como aquella formación social en la cual “nadie está excluido porque
cada uno dispone de los recursos y los derechos necesarios para mantener relaciones de
interdependencia (y no solamente de dependencia) con todos.”
1
2
1
Arreglos específicos entre estado-mercado-familia han dado lugar a distintos
regímenes de bienestar según Esping-Andersen (1993). En su análisis distingue entre el
modelo “institucional”, universalista de base público-estatal, cuyos exponentes más
importante son los países escandinavos; el “residual” basado en la provisión de servicios por
el mercado y asistencia estatal cuando aquél y la familia han “fallado”, básicamente
desarrollado en EEUU y en países de tradición anglosajona; y el “continental europeo” de
seguro social relacionado a la inserción laboral. Otros autores incorporan un cuarto modelo
correspondiente a los países del sur de Europa.
[..] Este trabajo analiza este proceso en Argentina por considerarlos el punto de
partida – y a la vez fundamentación- que enmarca cualquier propuesta de transformación de
las características y posibilidad de desarrollo de políticas públicas que operen de manera
significativa en la modificación de las condiciones de vida de la población. En particular
aquellas que se propongan contribuir –vía la articulación de acciones del Estado y la
sociedad civil- a la promoción de una estrategia de Economía Social y Solidaria en la
presente situación del país.
Para precisar el uso de estos términos, cabe aclarar que la utilización de las
expresiones economía social y economía solidaria ha dado lugar a un amplio debate
académico tanto en Europa como América Latina (entre otros Defourny, 2003 a y b; Laville
2004 a, b, y c; Coraggio, 2002 a; Singer, 2004), pero también desde los movimientos
sociales.
De manera que se aproxima al concepto usado en Europa y Canadá, se utiliza aquí
la conjunción de ambas expresiones como denominación comprensiva de lo que usualmente
y de manera restrictiva se ha denominado economía social en la Argentina –la larga
tradición de experiencias cooperativas y mutualistas- aunadas a las nuevas formas
asociativas y de trabajo autogestivo surgidas en años recientes que se asumen como de
economía solidaria. Entre las más destacadas: emprendimientos comunitarios;
emprendimientos asociativos mercantiles y no mercantiles con apoyo público y/o de
organizaciones de la sociedad civil, redes de trueque; e incluso empresas en quiebra
recuperadas por los trabajadores que, si bien en su mayoría, se constituyen como
cooperativas lo hacen con una perspectiva crítica a las modalidades que esta forma jurídica
asumió en muchos casos en el país. En general organizadas en base a valores de
solidaridad y cooperación y primordialmente orientadas a la reproducción de la vida, en las
cuales la reproducción del capital es un medio para conseguirlo y no un fin en si mismo.
[..] Por su parte Coraggio distingue entre economía popular, social y solidaria3 para
proponer el concepto de Economía del Trabajo, que aúna a una visión superadora del
capitalismo, no presente en las anteriores, la necesidad de introducir en el debate la
cuestión de la política y el poder. En sus términos la Economía del Trabajo es “un sistema
de organización de la producción y división social del trabajo, de circulación y distribución
así como de legitimación de las formas de satisfacción de las necesidades, centrado en el
trabajo libremente asociado y con un sujeto sociopolítico articulador de los diversos
movimientos que pugnan por aspectos parciales de la reproducción ampliada de la vida de
todas las personas y comunidades. Se lo presenta como principio de organización opuesto
al del capital, para el cual la fuerza de trabajo es un recurso, una mercancía más” (el
subrayado es del autor).
Hablar de economía social y solidaria en una denominación común, como se hace
aquí, no desconoce la complejidad de sus relaciones. Tal como dijimos tiempo atrás:
“Argentina es el lugar de América Latina donde las formas cooperativas y de ayuda mutua
de la economía social tradicional lograron y mantuvieron mayor desarrollo e inserción.
3
Lo que sigue corresponde a una comunicación del autor (4/6/06).
2
Sostenidas y encauzadas por normas jurídicas durante los últimos tres cuartos de siglo, pero
con el inconveniente de que las nuevas formas asociativas en emergencia, no están siendo
comprendidas, articuladas y asimiladas con la rapidez necesaria por aquellas otras
tradicionales. Así, la unidad de la economía social tradicional y la nueva es una tarea teórica
y empírica entre nosotros, para evitar la banalización de la una por la otra. A su vez las
novedosas organizaciones, a las que la política desde el campo popular dio nacimiento en
los últimos años, aún se identifican dubitativamente con `otra economía´ y resultan
renuentes –lo cual es históricamente justificable- a disputar el espacio de la política y a
emprender asociaciones público-privadas con identidades propias y autonomía” (FedericoSabaté y Hintze, 2004).
[..] Corresponde a una perspectiva analítica de carácter procesal considerar los
desarrollos que se presentan en este libro como el punto de partida de la posibilidad de
construcción de la Economía Social y Solidaria y, por lo tanto, contexto situacional de la
investigación de tal posibilidad. Esta perspectiva sostiene que es imposible pensar -hacer
inteligible- las modalidades, alcances y proyecciones futuras de una estrategia de este tipo
si su estudio no se inscribe en las condiciones estructurales, históricamente construidas, que
definen la sociedad argentina de comienzos de este siglo, en las cuales la discusión sobre la
viabilidad de la Economía Social y Solidaria - o de otras estrategias transformadoras- se
sitúa.
Es desde este marco que se pretende abrir la discusión e invitar al debate sobre la
factibilidad de la Economía Social y Solidaria en tanto estrategia socioeconómica que
avance respecto de intervenciones sociales paliativas de la pobreza. Lo que excedería el
campo de acción de lo que se considera usualmente políticas sociales, remitiendo al más
abarcativo de políticas públicas con incorporación de acciones tanto sociales como
económicas.
Volviendo a un tema al que ya nos aproximamos en trabajos anteriores “otra
economía” es impensable sin “otro estado”4. Por ese motivo se pone énfasis en el rol del
Estado en articulación con la sociedad civil, así como en la indagación del tipo de políticas,
su integración multi sectorial y sus modalidades de gestión, que permitirían o serían
necesarias para el desarrollo de una estrategia como la mencionada.
Para ello se intenta reflexionar sobre el pasado y el presente, pensando en un
porvenir, no concebido como un destino ineludible, sino transformable por la acción colectiva
en el contexto de la relación dinámica entre estructura y proceso en que se expresa cada
coyuntura histórica.
En este libro se intenta hacerlo, si bien el trabajo concluye con una reflexión en la
cual todavía son más las preguntas que se formulan que las certezas que se ofrecen en tren
de avanzar sobre la hipótesis de posibilidad de una estrategia de Economía Social y
Solidaria en el país.
Esta introducción –y por lo tanto este libro- se abre con el reconocimiento de la
necesidad, la imperfección y, fundamentalmente, el valor de las utopías. Sartre, refiriéndose
tanto a las acciones personales como colectivas, solía resaltar la idea del presente como
recuperación del pasado hacia un porvenir. Las páginas siguientes se inspiran en ambas
aseveraciones para pensar la situación argentina en el cambio de siglo.
4
Federico-Sabaté y Hintze, 2004; Coraggio en varios textos que se retoman más adelante.
3
ACERCA DE UNA ESTRATEGIA DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA EN LA
ARGENTINA
Caracterización de la temática
En oposición a lo acaecido en los ´90, momento en que el ajuste estructural fue
declaradamente asumido como política de Estado, en ámbitos académicos y políticos y con
cierta amplitud, a fines de la década comienzan a discutirse propuestas de políticas sociales
alternativas a las de aquel periodo. Entre ellas ocupan un papel importante la referida a la
Economía Social y Solidaria. Otra que ha movilizado el debate –y que incluso ha llegado a
verse como opción contrapuesta- es el del ingreso ciudadano o renta básica.5 Sobre esto
valga aclarar de entrada que, desde la perspectiva que aquí se sostiene, ambos deberían
confluir en un proceso de reconstitución de derechos y construcción de ciudadanía.
[..] Una aclaración previa. Para la perspectiva desde la que se elabora este trabajo es
necesario distinguir entre una propuesta de Economía Social y Solidaria y la concepción de
Tercer Sector, en particular en cuanto esta última postula que en el mercado descansa la
solución a los problemas sociales, y que es ante sus “fallas” que se hace necesaria la
intervención del Estado y y/o de un Tercer Sector, el de las organizaciones de la sociedad
civil. Laville (2003) señala que desde el abordaje de la economía solidaria se reconoce una
pluralidad de principios en la economía real, que se articulan y entran en conflicto en
diferentes épocas, sin que uno de ellos sea necesariamente dominante, como expresa la
jerarquía implícita en la denominación anterior. Basándose en Polanyi y Paul Lamy
menciona los siguientes principios: el de mercado, el de redistribución asegurada por el
poder público (típico de los estados sociales) y el de reciprocidad, que la antropología
registra desde las sociedades arcaicas hasta las modernas. Otros autores diferencian estas
concepciones por el peso de la filantropía y del trabajo voluntario y por no plantearse el
objetivo de la autosostenibilidad, todo lo cual caracteriza al Tercer Sector, en especial en la
literatura norteamericana, cuya versión académica más conocida proviene de
la
Universidad Johns Hopkins. Predomina también en el Tercer Sector un enfoque operacional
que acentúa el tema de la gestión profesionalizada de las organizaciones civiles, que busca
para este sector patrones de eficiencia gerencial semejantes al del campo empresarial (de
Melo Lisboa, 2004).
Para el caso de América Latina son diversos los enfoques, una reseña de los de
varios autores argentinos se incluyó en la Introducción. Coraggio -quien propone el de
Economía del Trabajo ya presentado- hace una buena síntesis del campo que, al distinguir
los enfoques, aporta a definir el objeto empírico y los límites analíticos de los conceptos que
se están manejando.6
Así reconoce como Economía Popular a aquella que “refiere al conjunto de
actividades que realizan los trabajadores a partir de sus capacidades de trabajo y otros
recursos. Aunque su sentido no es la ganancia sino la reproducción ampliada de la vida de
sus miembros, es parte de la economía capitalista y cumple entre otras funciones la de
reproducir la fuerza de trabajo que requiere el capital.”
Hecha esta distinción, entiende este autor que la “Economía Social es un término
muy marcado por las formas de cooperativa, mutual y asociación tradicionales, estatuidas y
codificadas por el sistema como formas de asociación autónomas del capital”. Si bien surgió
como un proyecto de emancipación de los trabajadores, “su evolución adaptativa dentro del
Al respecto ver los trabajos del Centro Interdisciplinario para el Estudio de las Políticas Públicas.
Lo que sigue se basa en una comunicación del autor del 4/6/06, a quien se agradece la
colaboración. Desarrollos más amplios se encuentran en diversos trabajos disponibles en
www.coraggioeconomia.org.
5
6
4
sistema de mercado capitalista ha generado en una parte importante comportamientos muy
distantes del ideario cooperativista. Paralelamente, las empresas de capital han
aprovechado los resquicios de la legislación para este sector para evadir impuestos y
responsabilidades sociales por sus trabajadores. En un sentido más profundo, debería
significar el reencastramiento de la economía en una sociedad en proceso de
transformación progresiva o el reconocimiento de que la economía produce sociedad y que
queremos una economía que produzca otra sociedad más justa.”
A su criterio, y distinguiéndolo del uso europeo de Economía Social y Solidaria al que
se hizo mención (extensible al canadiense) el término Economía de Solidaridad “usualmente
se usa como sinónimo de Economía Social, pero conviene reservarlo para las corrientes
ideológicas (sobre todo de vertiente cristiana de base en América Latina) que buscan
construir formas de acción económica orientadas por valores afines al concepto de
solidaridad hacia el otro y predominantemente dirigidas a los pobres.”
[..] Como señala este autor: “no alcanza con una dosis de redistribución política del
ingreso. Es necesario construir conscientemente otra estructura económica: otros
encadenamientos productivos; otra matriz tecnológico-organizativa; reformar el régimen de
propiedad de activos productivos, financieros y –crecientemente– del conocimiento; definir
un marco normativo y una acción estatal y social para introyectar otros valores de
responsabilidad social en la economía empresarial; volver a dar centralidad a la producción
de bienes públicos –por el Estado o por organizaciones de la Sociedad Civil no
subordinadas al lucro– sin cuya disponibilidad no hay desarrollo integrador posible en el
nuevo mundo moderno; constituir otros sistemas de gestión de las necesidades; redefinir de
manera eficiente pero justa las relaciones de trabajo asalariado privado y público y el
sistema previsional; y, especialmente habilitar el surgimiento de otros actores
emprendedores –sobre todo colectivos– que no respondan al modelo de la firma capitalista”
(Coraggio, 2004a ).
Subyace a esta propuesta la interpretación de que el modelo de acumulación propio
del capitalismo latinoamericano de la etapa de la globalización no está en condiciones de
volver a integrar la masa de excluidos vía políticas keynesianas e intervenciones
redistributivas propias del Estado de Bienestar, tal como este fue desarrollado en sus
mejores momentos, aún con las limitaciones que se han reseñado en el Capítulo 1
(Coraggio, 1999, Federico-Sabaté, 2003). A la vez se reconoce que el análisis de la relación
entre las organizaciones de la economía estatal, la economía capitalista y las de la
Economía Social y Solidaria no es sencillo y requiere un tratamiento teórico y metodológico
especial, que asuma el tema de los tres subsistemas con regulación estatal, mercantil y
solidaria respectivamente, “como un complejo a la vez paralelo e interdependiente de una
sociedad en tránsito y formando lo que algunos autores denominan una economía plural”
(Federico-Sabaté y Hintze, 2004).
Una mirada sobre la coyuntura muestra que los sectores medios en caída o aquellos
ya inmersos en el mundo de la pobreza sobreviven como resultado de una miríada de
soluciones parciales, improvisadas, limitadas, más o menos espontáneas, a sus problemas.
Caracterizables en general como “predominantemente subordinadas a la satisfacción de sus
necesidades y a la calidad de los vínculos socioculturales y no a la lógica de la explotación
del trabajo ajeno” (Hintze, Federico-Sabaté y Coraggio, 2003).
Es así como, con mayores o menores niveles de organización, existen centenares de
experiencias –algunas incluibles dentro de la Economía Popular- , apoyadas algunas por
programas públicos de promoción, semi espontáneas otras, luchando por su mantenimiento,
intentando dar solución a la exclusión social: formas asociativas comunitarias, de producción
conjunta de grupos de desocupados, sociedades de ayuda mutua, servicios públicos
autogestionados, ONGs y fundaciones privadas con aplicación de trabajo voluntario, talleres
5
semi artesanales y artesanales apoyados por investigadores de la universidad pública,
microemprendimientos, cooperativas, mutuales, empresas en quiebra recuperadas por sus
trabajadores, mercados de trueque solidario, iniciativas de reproducción y trabajo autónomo
de unidades domésticas de la ciudad y el campo, organizaciones de crédito solidario, etc.
(Hintze, Federico-Sabaté y Coraggio, 2003).
La transición hacia políticas para la Economía Social y Solidaria: experiencias y
reflexiones
El pasaje entre las políticas de asistencia a la pobreza con las características
operativas que se reseñó [..], hacia políticas públicas de promoción de la Economía Social y
Solidaria, es un proceso complejo, sobre el cual se ha teorizado poco hasta el momento. A
su comprensión aporta la consideración de experiencias empíricas, dentro de las cuales es
relevante la de Brasil.
Interesa detenerse en este caso por la forma de integración de las políticas de apoyo
a la economía solidaria con las de otros ministerios y agencias públicas, además de entre
distintos niveles jurisdiccionales (estados, municipios). Y, en especial, por ser uno de los
ejemplos de relación fuerte entre un organismo público y asociaciones de la sociedad civil.
También por la transversalidad de las acciones, la amplitud de planos en que se trabaja
simultáneamente, que van de lo inmediatamente socioproductivo de atención de la
exclusión, a intervenciones de más largo aliento en que la formación, la educación, la
innovación tecnológica toman peso. También es destacable la voluntad de difusión amplia
que de visibilidad pública a la economía solidaria.
La Secretaría Nacional de Economía Solidaria de Brasil (SENAES) fue creada en
junio del 2003. Localizada en el Ministerio de Trabajo y Empleo, está a cargo del economista
Paulo Singer. La misión de la SENAES es difundir y fomentar la economía solidaria en todo
el Brasil, dando apoyo material y político a las iniciativas del Fórum Brasileiro de Economia
Solidária, a la red de gestores municipales y estaduales de economía solidaria, así como a
otras asociaciones de emprendimientos solidarios del país.
[..] Concretamente para el 2005 la SENAES prioriza los tres tipos de acciones que se
resumen brevemente a continuación7:
- Acciones prioritarias finalísticas. Abarcan: (i) una red de Centros Públicos de Economía
Solidaria, espacio de agregación para potenciar diversas iniciativas en el campo de la ES;
(ii) recuperación de empresas por los trabajadores bajo régimen de autogestión (a través de
asesoría, formación, acompañamiento, crédito e instrumentos legales); (iii) comercialización
y
redes de producción (iniciativas que permiten viabilizar económicamente los
emprendimientos, mediante ferias, cadenas productivas, redes y centros de
comercialización). (iv) La línea de Desarrollo y Economía Solidaria, que es entendida como
forma integrada de combate a la pobreza, con base comunitaria. En ella los proyectos,
propuestos de forma participativa, deben conformar alternativas de especialización
productiva para la comunidad. Pueden ser de distinto tipo: apoyo a la organización de redes
y/o arreglos productivos relacionados a estrategias de desarrollo local (u otra identidad
territorial) – en articulación con los
Ministerios de Desenvolvimento Agrário,
Desenvolvimento Social, de Integração, Banco do Brasil, entre otros; formación de
monitores, multiplicadores y agentes de desarrollo solidario; fomento de emprendimientos
solidarios. También contempla una línea de “proyectos especiales”, no incluidos en los
SENAES: Ações prioritárias da Secretaria Nacional de Economia Solidária/MTE para 2005.
Programa economia solidária em desenvolvimento. Documento disponible en www.mte.gov.br/
Empregador/ EconomiaSolidaria/programa/2005/conteudo/senaes02.pdf (21.02.2006).
7
6
anteriores de demanda particular por la sociedad civil, a los cuales se los considera una
ventana a la innovación.
- Acciones transversales, constitutivas de las anteriores y desarrolladas en parcería con
otros organismos públicos. Incluyen: (i) Formación: incorporación de la economía solidaria
en la enseñanza, en especial de jóvenes y adultos; formación para gestores públicos
municipales y estaduales y de ministerios y órganos de gobierno federal; sistematización de
los procesos de formación; creación de una Oficina Nacional sobre formación en economía
solidaria (con el Fórum Brasileiro de Economía Solidaria); apoyo a proyectos de formación
relacionados con los programas Hambre Cero, educadores en salud popular y agentes del
Movimiento dos Trabajadores Desempleados. (ii) Movilización y articulación (apoyo a los
Fórum Estaduales de Economía Solidaria y al Fórum Brasileiro de ES en sus actividades.
(iii) Divulgación (apoyo a la Campaña Nacional de Economía Solidaria junto con el Fórum
Brasileiro de ES y creación de un Centro de Documentación – CEDOC – en Economía
Solidaria. (iv) Estudios e investigaciones (apoyo vía subsidios a la implementación de
políticas pública de economía solidaria. (v) Programa Nacional de Incubadoras tecnológicas
de Cooperativas Populares (en asociación con los Ministerios de Ciência e Tecnologia, de
Desenvolvimento Social, la Fundação Banco do Brasil). A ello se agrega integración de la
ES con la Política Nacional de Salud Mental, generando acciones que asocien ambas
políticas; construcción de redes de Tecnología Social e integración con Bancos Públicos
Federales para la elaboración de políticas de crédito para la Economía Solidaria y de
finanzas solidarias.
- Acciones estructurantes, que buscan potenciar, fortalecer, y dar visibilidad política y
jurídica a la ES, así como desarrollar mecanismos de construcción y elaboración
participativa y democrática da Política Pública en Economía Solidaria. Abarca: finanzas
solidarias y crédito; marco jurídico, la instalación de un Consejo Nacional de Economía
Solidaria para garantizar la participación de segmentos organizados de la sociedad civil en
la elaboración, acompañamiento y evaluación de políticas de Economía Solidaria, de forma
articulada con las demás instancias de políticas de trabajo e ingreso; mapeo y Sistema
Nacional de Información en Economía Solidaria, constituido por una base nacional y bases
locales de información que proporcionen visibilidad y articulación a la Economía Solidaria,
demás de ofrecer subsidios a los procesos de formulación de políticas públicas.
En relación con las acciones que buscan darle visibilidad política y jurídica a la
Economía Solidaria, Singer (2004) realiza una reflexión crucial respecto de la relación entre
la economía solidaria y la protección del trabajo. Señala que la SENAES, aliada a los
sindicatos y los fiscales del Ministerio de Trabajo y Empleo lucha por la preservación de los
derechos sociales y su ampliación, lo cual tiene antecedentes en diversos países que ya
adoptaron legislaciones –que la SENAES está tratando de impulsar en Brasil- que obligan a
las cooperativas de trabajo y producción a garantizar a todos sus miembros el goce de todos
sus derechos legales, evitando así que las cooperativas sean usadas para la expoliación de
los trabajadores.
Volviendo a la Argentina, se observa en los últimos años una reflexión relativamente
amplia sobre el tema de la Economía Social y Solidaria8. Se considera también un indicador
de su entidad las críticas que están apareciendo y estimulan un debate enriquecedor.
8
Para tener una idea de su amplitud, a los autores que se citan en este trabajo, debe agregarse la
producción sobre aspectos puntuales específicos, por ejemplo los referidos al trueque, los
emprendimientos productivos, las cooperativas, las empresas recuperadas, el microcrédito o las
finanzas solidarias, que extenderían ampliamente la bibliografía revisada. Un panorama sobre los
temas abarcados se encuentra en los libros con las presentaciones de los tres encuentros del Foro
Federal de Investigadores y Docentes (La Universidad y el Desarrollo Local) ya mencionados.
7
[..] Los requerimientos del desarrollo de una estrategia de Economía Social y
Solidaria en la Argentina encuentran posiblemente su formulación más sistemática y extensa
en los análisis de Coraggio. En años recientes a ellos se suman los de Federico-Sabaté.
Retomando la cuestión de las políticas, en un trabajo que se sitúa en una perspectiva de
corto y mediano plazo, Coraggio reconoce que una transición institucional “entre la actual
diferenciación entre programas sociales y económicos y su integración/superación”, solo es
posible a través de un proceso de “innovación en las políticas sociales” vigentes (Coraggio,
2004ª, las cursivas son del autor).
En el plano de la innovación, considera necesario: superar el “proyectismo” y el
sectorialismo, la falta de cooperación y la competencia entre instancias del Estado, entre
ONGs; superar el tecnocratismo y el verticalismo estatal, introduciendo formas participativas
–intra estado y entre estado y sociedad– de diseño y gestión de los programas públicos y
privados; cambiar la cultura los trabajadores estatales y de sus organizaciones
estrechamente corporativa, avanzando hacia una cultura de dignificación y responsabilidad
de los servidores públicos; atender al conjunto de derechos sociales de todos, regresando
de la focalización a la universalización de los derechos; instaurar transparencia y no
corrupción bajo control ciudadano; recuperar los niveles históricos de calidad de los
servicios públicos, utilizando si es preciso formas renovadas de gestión estatal-usuarios
(Coraggio, 2004a).
El último punto mencionado es visto como de suma importancia en este trabajo, en
tanto ha sido poco considerado en las discusiones sobre la Economía Social y Solidaria en el
país. Ello posiblemente se deba a que el peso del asistencialismo focalizado hizo que las
políticas sociales sectoriales con pretensión de universalidad fueran permanentemente
cuestionadas en la literatura de los ’90 sobre las políticas sociales, sometidas a la acusación
de “ineficiencia” e “inequidad”.
Recuperar el sentido de universalidad con calidad de las políticas apunta a
reconstituir parte de los soportes que –tal como asevera Castel (2004)- son necesarios para
conformar derechos de ciudadanía. Los trabajos de este autor9, pensados para una realidad
distinta a la del capitalismo avanzado (que en el caso de Francia conserva bastante de las
conquistas del estado de Bienestar) abre puntas para una lectura desde la Economía Social
y Solidaria.
La tríada que establece entre soportes societales-derechos-reconocimiento por el
trabajo, propia de la sociedad salarial debe ser repensada para generar sistemas de
protección social para el trabajo autónomo, en la línea planteada por Singer para Brasil.
Castel, frente a las nuevas características del empleo “que sitúa la incertidumbre en el
centro del porvenir del mundo laboral”, se hace una pregunta que podría reformularse para
la Economía Social y Solidaria de este modo: ¿es posible asociar nuevas protecciones a las
situaciones laborales que generan estas formas de organización de la producción, pero
también de la reproducción? Una respuesta positiva, lleva a otra pregunta: ¿qué nuevos
derechos son necesarios para garantizar la seguridad colectiva de estas formas?
En síntesis, en la perspectiva aquí esbozada, una propuesta de Economía Social y
Solidaria que trascienda la asistencia a los sectores vulnerables (necesaria sin duda en esta
etapa en tanto tal, pero no como cristalización de lo que se ha llamado reiteradamente “una
política de pobres para pobres”), reconoce que:
(1) No hay forma de superar la exclusión sin el desarrollo de un nuevo modelo
societario que se sostenga en el objetivo de “reproducción ampliada de la vida de
todos” (Coraggio, 2005 b), repensando la relación economía-sociedad civil-estado.
9
En los que expresa una postura crítica respecto de lo logrado por la economía social en Francia.
8
(2) Para el caso de la Argentina con los actuales niveles de pobreza y desigualdad la
Economía Social y Solidaria requiere impulsar la redistribución de la riqueza. Y en
este momento en particular –de manera sistemática y amplia- del ingreso, junto con
formas solidarias de reciprocidad pero sin abandonar los mejores y parcialmente
logrados intentos del Estado de Bienestar. Entre ellos, los de universalidad con
calidad de las políticas de educación, salud, vivienda, infraestructura y de protección
social (seguros de enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, vejez, desempleo,
etc. para todas las modalidades del trabajo).
Tales políticas son aquí valoradas en pos de potenciar su sinergia con nuevas
intervenciones en tres sentidos: (i) para generar condiciones sociales de base para la
reproducción de la vida de la población: sujetos sociales para los cuales la
redistribución estatal provee un salario indirecto que permite cubrir de manera no
mercantilizada parte esencial de su reproducción; (ii) para pensar nuevos tipo de
políticas de este tipo en consonancia con la coyuntura10 y nuevas formas de
gestionar las políticas que permita articular intervenciones públicas, asociativas y
comunitarias, (iii) para contribuir a la recuperación de los valores de la ciudadanía
social del siglo XX en el contexto del siglo XXI desde una resignificación del papel
del Estado pero también de la autonomía de los sujetos.
En relación con lo dicho hasta ahora en este capítulo, valga a modo de síntesis de
las preocupaciones que lo atraviesan –y obviamente no pretenden resolver- la siguiente cita
de Robert Castel (2004):
“No se trata de profetizar de qué estará hecho el mañana, sino más bien de constatar
su relativa imprevisibilidad, y dependerá también de lo que hagamos o no hagamos
hoy para intentar dominarlo. Esta relativa incertidumbre no invalida la cuestión de las
protecciones, sino que subraya en cambio, su candente actualidad. En gran medida,
sólo se podrá neutralizar el aumento de la inseguridad social si se le da, o no,
seguridad al trabajo.”
Algunos problemas de la gestión de políticas para la economía social11
Nuevas políticas, en el marco de una estrategia de Economía Social y Solidaria,
requieren –tal como se mencionó- la democratización del poder político. A nivel de
implementación de las políticas, esto implica la necesidad de modificar no sólo la orientación
sino también los procedimientos tanto políticos como técnicos de elaboración, operación y
evaluación de intervenciones públicas de modo tal de lograr su democratización vía la
efectiva participación de los sujetos en las distintas etapas. 12
10
Por ejemplo, ingreso ciudadano o su variante en la propuesta del FRENAPO referida al Seguro de
Empleo y Formación a que se hizo referencia más arriba en el capítulo 3.
11 Versión ampliada y revisada del artículo que se encuentra en www.top.org.ar/bibliotecavirtual.
12 Se está aceptando aquí una concepción fuerte de la participación, en el sentido de Brugué, Font y
Gomá (2001): “[..] entendemos a la participación ciudadana como aquella actividad que nos involucra,
de una u otra forma, en las decisiones políticas que afectan a la comunidad. Participación, por lo
tanto, comporta tomar parte en la definición de escenarios de futuro, en fijar prioridades y optar por
formas alternativas de hacer las cosas. Hay múltiples formas de vehiculizar estas capacidades, pero
en definitiva se trata siempre de mejorar la relación entre gobernantes y gobernados de forma que
éstos tengan la oportunidad de incidir efectivamente en los asuntos colectivos que les afectan. En ese
sentido, consideramos débiles otras aproximaciones a la participación que se limitan a su dimensión
informativa, consultiva o cooperativa en la prestación de servicios públicos.”
9
Para evitar visiones voluntaristas de este proceso conviene rescatar las conclusiones
de un texto que analiza el tema de la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil
(OSC) en las políticas públicas en varios países de América Latina. En el análisis de la
experiencia Argentina, Inés González Bombal (2003) señala que durante los ’90 esta
relación se caracterizó (en particular respecto de las políticas sociales) por la lógica de la
terciarización de las funciones del estado. La participación de las OSC “se explica mejor a
partir de las necesidades intrínsecas de la reforma del Estado que como resultante de un
proceso de protagonismo de la sociedad civil en el proceso político”. Acertadamente agrega:
“No se verifica aún un debate más amplio que aborde la modalidad de relación deseable
entre el estado y lo no gubernamental. Esto no figura en la agenda del estado, pero tampoco
es una demanda más transversal de las OSC y por ende no ha llegado a alterar el contexto
político en que se desarrollan, con éxitos y fracasos variables, los diversos procesos
particulares de incidencia que ensayan las organizaciones.”
Respecto de los riesgos que esta relación implica, a su criterio no siempre una
participación efectiva de una OSC en una política pública conlleva necesariamente a la
ampliación del a democracia y al fortalecimiento de la sociedad civil, para ello resalta la
importancia de que las OSC generen capacidad de organización y movilización y para la
autonomía, tanto para incidir en el proceso político como para evitar nuevas formas de
clientelismo. “Se requiere enfatizar la reconexión de las organizaciones con los movimientos
sociales y con el público en general, para así evitar lo que otros estudios han encontrado
como tendencia en diversos países: que las organizaciones de la sociedad civil estén más
cerca del poder que de la sociedad” (González Bombal, 2003).
Desde la perspectiva aquí propuesta, si se considera a estas políticas como
construcción social basada en una genuina intervención colectiva, el concepto de participación
debería referirse a la intervención sistemática y autogestiva de los actores involucrados en los
programas, no como ‘destinatarios´ de una oferta cerrada sino como gestores colectivos de una
demanda por bienes y servicios en nuevas modalidades de políticas, que los incluya tanto en el
diagnóstico de los problemas que el programa apunta a resolver, en la definición de sus
objetivos como en la gestión y la evaluación de sus resultados a partir de efectivos mecanismos
de control social. Reiterando lo expresado ya hace varios años, “aunque la necesidad de
acuerdos políticos e ideológicos respecto de lo que se considera como deseable en materia
de política social constituye una condición imprescindible, no es suficiente para el desarrollo
de políticas sociales democráticas y participativas [..] dicho de otro modo: no se resuelve
sólo con voluntad política.” La constitución de políticas efectivamente democráticas
demanda el desarrollo de nuevos aportes teóricos, metodológicos y técnicos, lo
suficientemente flexibles e integradores, como para captar las diferentes determinaciones
del problema que se propone enfrentar (Hintze, 1996).
En ese marco, varias son las cuestiones que se abren en relación con los temas
esbozados en este capítulo: ¿Cuáles son los problemas específicos de la gestión de
políticas de este tipo? ¿Cómo se genera conexión y solidaridad social entre organizaciones
públicas y gestores de emprendimientos sociales? ¿Cuáles cambios culturales, qué
capacitación y profesionalización son necesarios para que los funcionarios públicos acepten
y contribuyan a realizar modificaciones en sus organizaciones y en sus relaciones con la
sociedad (tanto en términos de nuevos enfoques de políticas como de articulación horizontal
y cooperativa entre actores públicos y de la sociedad civil)?
De la manera en que se ha venido desarrollando la argumentación, el punto de
observación del problema no puede ser ya el Estado o, más precisamente en este caso, la
organización pública, sino que requiere un enfoque relacional que se sitúe en la interacción
entre la institución estatal y las de la sociedad civil, y que tome en cuenta las características
de cada una de ellas y la forma en que éstas inciden en esa interacción.
10
En ese marco, cabe preguntarse ¿qué tipo de gestión -entendida en sentido amplio
como planificación, diseño, implementación, ejecución, evaluación y monitoreo- permitiría
desarrollar con mayor eficacia social, pero también eficiencia operativa, políticas públicas
para la Economía Social y Solidaria?
Sin detenerse en la especificidad de cada uno de tales componentes de la gestión,
un aspecto al cual es necesario prestar atención refiere a las pautas culturales de los
integrantes de organizaciones públicas y de la sociedad civil en la conformación de estas
nuevas políticas. Tomando como punto de partida el reconocimiento de la concepción
asistencialista predominante en los últimos años, la fragmentación de los programas
sociales que aún se mantiene, los problemáticos procesos de desconcentración y
descentralización realizados, la limitada capacidad
institucional de los niveles
subnacionales, es necesario preguntarse: ¿qué tipos de obstáculos subyacen en los valores
y comportamientos que caracterizan la cultura de los agentes institucionales, pero también
de los actores sociales que promueven emprendimientos de la Economía Social y Solidaria?
Un tema recurrente en la literatura sobre Economía Social y Solidaria refiere al
necesario cambio cultural que requiere el desarrollo de una estrategia social de este tipo. En
esta línea resulta fértil mirar las organizaciones (tanto públicas como privadas) “como ámbito
de producción cultural” (Ramió, 1999a).
[…] Retomando las cuestiones en los que este trabajo se ha detenido en las páginas
anteriores se intentará avanzar en los contenidos de la innovación (Coraggio, 2004a) de las
políticas sociales. El tipo de gestión que se considera deseable para políticas de este nuevo
tipo se caracteriza -por lo menos- por los siguientes atributos: flexibilidad (en oposición a
burocrático, lento, procedimentalmente complejo para los actores sociales); participación;
integralidad (en oposición a las intervenciones públicas fragmentarias de las políticas
sociales típicas que desagregan la atención de necesidades en un conjunto de “ventanillas”
a las cuales se debe acudir para resolver los problemas); articulación intersectorial, entre
distintos ministerios y entre políticas de promoción de la Economía Social y Solidaria y de
provisión de servicios públicos (salud, educación, vivienda, infraestructura, cuidado del
medio ambiente). Atributos que no pueden implicar pérdida de eficiencia y eficacia en el uso
de los recursos y los resultados de las acciones.
Para su desarrollo es necesaria la institucionalización de otros valores y normas y el
establecimiento de otras asunciones compartidas que operen como soportes de una nueva
forma de entender/actuar la relación entre los funcionarios públicos y los sujetos de derecho
de las políticas para la Economía Social y Solidaria. Una nueva cultura compartida,
generada a través de procesos de interacción regular entre ambos a partir del desarrollo de
proyectos de interés común, requiere la construcción de una relación basada en la confianza
y respeto mutuo como base de la cooperación.
[..] Como una primera aproximación se presentan a continuación algunas ideas
sobre las transformaciones necesarias para la instauración de tal cultura compartida:

Tanto el cambio, hacia una mayor transparencia de la gestión pública, como el
reconocimiento de lo que cada uno puede aportar en el desarrollo de programas de
gestión conjunta, deben sostenerse en los aportes de recursos legítimos13 (proyectos,
innovación, saberes, capacidades, habilidades, financiamiento, recursos materiales,
información, etc.) en oposición a los que derivan de prácticas paternalistas y clientelares.
Se entiende por “recursos legítimos”a aquellos aportes que han atravesado un proceso de
consenso social y que, por eso, gozan de reconocimiento, en el sentido de que son considerados
socialmente valiosos.
13
11
Un primer requisito es la recuperación de la universalidad como valor público y sus
esperables efectos sobre la forma predominante de gestión de programas sociales en la
Argentina en relación con las políticas de acumulación de poder, posibilitado en gran
medida por la selectividad de los programas asistencialistas.
Es casi una obviedad postular que desde el sector público, la superación de
orientaciones clientelísticas de las políticas públicas (sumada a una cultura organizativa
poco burocratizada y jerárquica, con mecanismos decisorios participativos) son
condiciones para romper la relación de asimetría y subalternidad entre destinatarios y
agentes institucionales que en general caracteriza a las políticas sociales. Lo cual, a su
vez posibilitaría establecer relaciones horizontales y de cooperación entre programas
públicos y emprendimientos de la Economía Social y Solidaria. En cambio, no es tan
obvia la discusión respecto de cómo se crea, institucionaliza y difunde a todos los niveles
tal cultura.
Se podría conjeturar que, desde el lado de los emprendimientos de la Economía Social y
Solidaria, al quiebre de esta relación contribuiría su conformación con integrantes
dotados de compromiso, disposición a la participación y a la relación dialógica; niveles
educativos, formación, disponibilidad de saberes y de información, así como experiencia
organizativa previa.14 Tales capacidades, actitudes, recursos y disposiciones si están
presentes en los integrantes de los emprendimientos asociativos pueden contribuir a
elaborar un vínculo simétrico, mucho más de iguales que la relación actual de
proveedor/dador versus receptor pasivo de los bienes y servicios de los programas
públicos asistenciales; relación sostenida, además, por una supuesta distancia cultural
(entendiendo cultura como bagaje en este caso) entre funcionarios públicos y
beneficiarios de planes sociales.

Desde el sector público contribuiría a este proceso la configuración de una ética de lo
público, que requiere el diseño y difusión amplia de “estrategias que tengan como objeto
revitalizar valores públicos como la lealtad institucional, la integridad, la objetividad e
independencia, la competencia profesional, la confidencialidad, el respeto a las
personas” (Ramió, 1999b).

La conformación de tales vínculos simétricos, y la valoración del sentido de emprender
asociaciones público-privadas con identidades propias y autonomía, puede contribuir a
alejar el riesgo de “isomorfismo institucional”, bastante trabajado en estudios sobre el
Tercer Sector.

Contribuiría también a la instauración de una cultura compartida, la existencia de
mecanismos adecuados de coordinación entre actores públicos y de la sociedad civil. De
acuerdo con Echebarría (2001) la coordinación “puede definirse genéricamente como el
proceso de creación o utilización de reglas de decisión por el que dos o más actores se
ocupan colectivamente de un entorno de trabajo compartido”. Se piensa para este caso
en sistemas no jerárquicos de coordinación, basados en la adaptación mutua.15
Escasamente desarrolladas en el país todavía. Cabe señalar que no hay nada parecido en la
Argentina al Forum Brasileiro de Economia Solidaria, y menos a los forum estaduales, (a los que se
hizo mención en el punto anterior) que puedan operar como interlocutores reconocidos a las políticas
públicas en este campo, discutiendo su orientaciones y proponiendo las propias.
15 Son útiles para entender los mecanismos de construcción de coordinación (y la aceptación cultural
de la coordinación como un valor necesario en la gestión de políticas para la economía social)
algunas de las afirmaciones de este autor: (a) la necesidad de coordinación surge de la
interdependencia (en este caso, de que unidades de diferentes organizaciones compartan un entorno
de trabajo); (b) la interdependencia como factor desencadenante de la coordinación depende de la
percepción de las unidades como mutuamente dependientes, lo cual no es un proceso espontáneo,
sino que requiere desarrollar la capacidad de visualizar la coincidencia con otras en un trabajo
14
12

Finalmente, se debería fortalecer efectivamente (y no de manera retórica como es usual
en el discurso de las políticas públicas en la Argentina) una cultura de la participación.
Manteniendo el concepto “fuerte” de participación al que se hizo referencia más arriba se
acuerda con Subirats (2001) que la participación enfrenta el reto de demostrar que no es
contradictoria con la eficiencia16. Pero además que, desde los sectores populares, su
sentido no es constituirse en un instrumento de acumulación de poder que tiende a
despegarse del colectivo (contracara de las prácticas clientelares de las organizaciones
públicas) sino la forma imprescindible de hacer efectiva la posibilidad de una cultura
basada en vínculos simétricos, revalorización de lo público, autonomía y gestión
coordinada de las políticas para la Economía Social y Solidaria.
REFLEXIONES FINALES: INTERROGANTES SOBRE EL PORVENIR
En este libro se ha pretendido generar un marco interpretativo –predominantemente
histórico- necesario para pensar la viabilidad de cualquier proyecto transformador en la
Argentina contemporánea. En estas páginas finales, a modo de resumen, se volverá sobre
este marco de tres maneras: insistiendo en algunas evidencias sobre lo existente, haciendo
explícita a la posición teórico-metodológica desde la que lo anterior se dice y, finalmente,
ampliando las conjeturas acerca del horizonte de lo posible en el sentido sartreano del
presente como recuperación del pasado hacia un porvenir.
Comenzando por las "evidencias acerca de lo existente", desde el marco de esta
fértil idea sartreana, se hace indispensable no ignorar la magnitud y naturaleza de algunas
situaciones que, como pesos y contrapesos, enfrenta la Argentina actual:

la gestación durante buena parte del siglo XX de una ciudadanía ligada básicamente a
la condición de trabajador (formal, con acceso a protección social), que aún sostiene la
valoración colectiva del trabajo en relación de dependencia (incluso el no registrado), si
bien aparecen signos incipientes en lo que hace al reconocimiento del trabajo
asociativo y autogestivo;

la transición, durante los últimos treinta años, desde una relativa -pero, en todo caso,
significativa respecto de América Latina- protección de los derechos de los
trabajadores, a la significativa pérdida de estos derechos y el predominio de la
inseguridad en las condiciones de reproducción de la población, situación que se
intensificó fuertemente en la década de los ´90, en la cual las políticas de ajuste
estructural del modelo neoliberal alcanzaron su máxima expresión y cuyo más notorio
efecto social ha sido la exclusión;
conjunto, así como el reconocimiento de los actores intervinientes; (c) la existencia de diversos
grados de interdependencia entre unidades organizativas y los diferentes factores de contingencia
que rodean su trabajo (como el grado de estabilidad y complejidad del entorno), obligan a pensar en
términos de “alternativas y posibilidades de coordinación y no de soluciones ideales y universales”
(Echebarría, 2001). Claramente esto es un problema empírico que deberá resolverse en términos de
las características de los actores y las situaciones en juego en la construcción de políticas para la
economía social.
“Desde esta perspectiva, eficiencia y participación no son contradictorias sino absolutamente
complementarias y cada vez se irán convirtiendo en más y más inseparables. Todas las críticas a la
lentitud, a los costos, a la falta de valor añadido, al ‘cortoplacismo’, a la erosión de las instituciones
representativas, etc., que hemos ido desgranando, pierden peso si se comprende que es
precisamente la falta de participación –o de implicación sobre aquello que hay que hacer- la que
acaba provocando precisamente estos efectos ahora señalados” (Subirats, 2001).
16
13

una fuerte fragmentación social producto tanto del disciplinamiento impuesto por la
dictadura 1976-83 como por el neoliberalismo, pero a la vez con movimientos sociales
con novedosas formas de resistencia y protesta social;

condiciones estructurales que hacen altamente improbable el regreso a un modelo de
Estado de Bienestar como el que conoció la Argentina varias décadas atrás;

una coyuntura económica y social, caracterizable en el momento en que esto se
escribe como de "post-crisis 2001/2002" con crecimiento económico, disminución de
los niveles dramáticos de desempleo y desocupación de esos años pero que todavía
siguen siendo críticos y sin mejoría generalizada en la distribución del ingreso ni
avance claros en relación con un modelo que asuma y enfrente como cuestión social –
no la pobreza- sino la desigualdad;

políticas sociales que se definen –en el gobierno nacional- desde la diferencia con las
asistencialistas focalizadas del modelo neoliberal. Y que -vistas en términos de sus
rupturas y continuidades-, no muestran distancias polares sino transiciones tenues, tal
como lo indican las acciones, pero sustantivamente los recursos destinados a
intervenciones asistenciales por el Ministerio de Desarrollo Social;

la simultánea incorporación a la agenda pública de dicho gobierno de acciones de
promoción del desarrollo local y de la economía social (temática que comenzó a ser
discutida en el país con mayor intensidad al calor de la crisis y la ampliación de las
actividades autogestivas y asociativas propiciadas por el incremento de la
desocupación y la pobreza);

el hecho de que, a pesar de las orientaciones definidas y de los esfuerzos por
promover proyectos más amplios (encadenamientos productivos, servicios a la
producción), dichas políticas nacionales se encuentran todavía fuertemente orientadas
a atender situaciones de vulnerabilidad a través de la promoción de emprendimientos
productivos;

si bien a ellas se le suman acciones de promoción, con mayor o menor peso y
continuidad en diferentes provincias y municipios, lo realizado no ha conformado hasta
el momento un subsistema de economía social y solidaria, inclusivo de amplios
sectores de la sociedad, en los términos en que se lo ha presentado en el capítulo
anterior.
Hasta aquí, y sintéticamente “lo existente” -desarrollado con mayor amplitud en las
páginas anteriores.
Para el segundo ámbito de reflexión que se propuso al inicio de este capítulo -la
indagación sobre lo posible- es preciso puntualizar algunas cuestiones teóricometodológicas, algunas ya mencionadas y otras implícitas:
 a lo largo de estas páginas la propuesta de la Economía Social y Solidaria en la
Argentina ha sido considerada como una hipótesis valiosa que debe ser sometida a
investigación y, por lo tanto, no como un supuesto o punto de partida indiscutido que no
pone en cuestión a lo largo de ese proceso;
 la Economía Social y Solidaria es, entonces, aquí considerada como un proceso en
incipiente construcción cuya viabilidad dependerá de su asunción como proyecto
colectivo y por lo tanto socialmente significativo y con capacidad de construir consenso y
hegemonía;
14
 la idea, finalmente, de que la conformación de tal proyecto demanda, siguiendo a Sartre,
considerar la especificidad de las acciones humanas, que atravesando el medio social,
transforman al mundo sobre la base de condiciones dadas, de manera tal que todo
proyecto es, entonces, al mismo tiempo, “fuga y salto hacia delante”, a la vez negativa y
realización17 (Sartre, 1970);
En el marco de estas ideas sobre la Economía Social y Solidaria como virtualidad /
posibilidad se ha insistido aquí en algunos temas sesgados por el interés por las
características y condiciones de desarrollo de las políticas sociales en transición hacia
políticas públicas para la Economía Social y Solidaria. Entre ellos:
 El reconocimiento de la centralidad de la cuestión de las políticas públicas que
conforman las condiciones en las que se desarrolla la actividad económica en general y,
en particular, las iniciativas de Economía Social y Solidaria promovidas desde tales
políticas y el accionar de organizaciones de la sociedad civil.
 La transición hacia políticas públicas para la Economía Social y Solidaria requiere la
“des-asistencialización” de las políticas sociales y la revalorización de la universalización
de derechos como una condición a la vez estructural y de sentido para esta estrategia.
Por lo tanto la eficacia de los programas específicos para su promoción no puede ser
independiente, sino sinérgica con
de las políticas sectoriales (salud, vivienda,
educación, habitat, infraestructura, medio ambiente) y de seguridad y protección social.
 La construcción de tales políticas no puede ser ya vista sólo como un rol del Estado y su
aparato institucional, sino desde una perspectiva relacional, centrada en la interacción
entre las organizaciones del estado y de la sociedad civil, que tome en cuenta las
características de cada una de ellas y la forma en que éstas inciden en esa interacción.
 Entendiendo por sostenibilidad de un subsistema de Economía Social y Solidaria la
posibilidad de gestación y perduración en el tiempo de formas no capitalistas de
producción y reproducción, las investigaciones realizadas y en curso muestran la
necesidad de situar la cuestión de la sostenibilidad y la estabilidad de sus instituciones
en el nivel meso y macro y no sólo - como suele hacerse- en el nivel micro de las
unidades económicas. Ello significa, que la sostenibilidad – y su percepción por parte de
los actores- es indispensable para el cumplimiento de los objetivos de estas formas
socieconómicas: la atención y satisfacción continuada del sistema de necesidades
centrado en la búsqueda de la reproducción ampliada de la vida y no de la ganancia.
Respecto de la sostenibilidad / estabilidad y las formas de reproducción material,
enfoque asumido por las investigaciones mencionadas retoma, de Karl Polanyi,
inseparable relación entre economía-sociedad, así como su análisis de las formas
integración o principios de comportamiento: reciprocidad, redistribución, intercambio
mercado y economía doméstica, mencionadas más arriba (Polanyi, (1989 y 1976).
el
la
de
de
A partir de lo dicho los interrogantes sobre el porvenir –al que hace referencia el título
de este capítulo- hacen parte de un programa de investigación mucho más amplio, que
asumiendo la hipótesis de la posibilidad de construcción de una estrategia de este tipo
Para Sartre cualquiera sean las conductas se tienen que determinar a la vez en relación con “los
factores reales y presentes que las condicionan y en relación con cierto objeto que tiene que llegar y
que trata de hacer que nazca.” Esto es lo que constituye en sus términos el proyecto, que define “una
doble relación simultánea; en relación con lo dado, la praxis es negatividad: pero se trata siempre de
la negación de una negación; en relación con el objeto que se quiere alcanzar es una positividad,
pero esa positividad desemboca en lo `no-existente´, en lo que nunca ha sido aún” (Sartre, 1970).
17
15
detecte oportunamente tanto las condiciones favorecedoras como los múltiples obstáculos
que, sin duda, enfrenta.
Son numerosas (más apropiadamente: interminables) las cuestiones a indagar. Entre
algunas muy básicas -para poder avanzar en la transición hacia políticas públicas para la
Economía Social y Solidaria- cabe señalar:
 Dentro de las condiciones de desarrollo (obstaculizadoras y propiciatorias) resulta
ineludible analizar el contexto político / económico / social / cultural, pero también
técnico-productivo que incide sobre las políticas públicas de promoción de esta
estrategia. En esa línea interesa así mismo explorar la cultura organizacional pública y
de las organizaciones sociales; la capacitación y formación profesional de gestores
públicos y agentes sociales presente y la necesaria para el cambio cultural del cual se
habló en el capítulo anterior; las representaciones sobre el trabajo en relación de
dependencia y el autogestivo, las experiencias asociativas previas que influyen – de
manera positiva o negativa- en el desarrollo de una estrategia de Economía Social y
Solidaria en un país signado por los procesos a cuya descripción se dedicó la primer
parte de este trabajo.
 Reconociendo la necesidad de análisis macro sociales de amplio alcance, lo anterior
debería considerarse en el marco del estudio comparativo de los organismos públicos,
sus políticas y programas destinados a la promoción de la Economía Social y Solidaria,
presentes no solo en la administración pública nacional, sino en las provinciales y de
algunos municipios relevantes. Y conjuntamente analizar las relaciones que estos
organismos públicos establecen con organizaciones de la sociedad civil (OSC) en
términos de asociación (parcería) y las formas conjuntas de gestión (coordinación,
cooperación, simetría, niveles de participación en el diseño, operación, evaluación de los
programas).
Sobre este punto en las páginas anteriores se ha hecho reiteradas referencias a la
sociedad civil y sus organizaciones, entre ellas a las más significativas nacidas y
desarrolladas en la Argentina en los últimos años, así como a los valores que sostienen.
Junto a su potencialidad a la vez se ha mencionado estudios que muestran los riesgos de su
accionar (Gonzalez Bombal, 2003). Como partícipes de una estrategia de Economía Social
y Solidaria:
 Interesa considerar a las OSC en lo que respecta a su creciente constitución como
agentes de políticas públicas y a la vez de iniciativas de acción colectiva. En el marco de
esas cuestiones generales, se hace necesario indagar respecto de algunas preguntas
específicas y directamente empíricas, entre ellas: ¿cuáles y cómo son las OSC con
capacidad de interpelar al Estado y proponer “otras” políticas? ¿Cuáles y cómo son las
experiencias “exitosas” de políticas para la Economía Social y Solidaria? ¿De qué modo
han incidido sobre ellas las representaciones y prácticas sobre el trabajo de los actores
sociales y funcionarios públicos? ¿Cuáles estilos de gestión (Oszlak, 1980 y 1994) se han
desarrollado a lo largo de esas experiencias?
Estas son algunas de las preguntas que están orientando el propio trabajo de
investigación sobre lo que se ha denominado conjeturas sobre lo posible. Frente a los
interrogantes, en los que toda duda vale, se mantiene sin embargo la utopía de un
porvenir transformable en la línea de un mundo al cual los valores de solidaridad y
cooperación lo vuelvan a la vez tan igualitario como libre.
En el caso de lo propuesto no es esperable un camino sencillo si se acepta, como
hicimos un tiempo atrás, que “en la actualidad la economía social se manifiesta en posición
16
activa, pero no cómoda, en un orden socio-político donde lo viejo no acaba de morir y lo
nuevo por nacer enfrenta múltiples dificultades” (Federico Sabaté y Hintze, 2004).
Es en ese sentido que se considera necesario –de cara a indagaciones futurasconjurar ya sea el “imposibilismo” (Pucciarelli, 2002) lo que presupone, por lo tanto, aceptar
la posibilidad de una construcción compartida del porvenir, como reclamar una seria
vigilancia epistemológica sobre los conceptos y procedimientos con los cuales trabajar sobre
nuestras conjeturas.
Con lo cual estas líneas finales retornan al comienzo, pero ahora redefinido: esa
utopía que hace que el presente vibre, si -como se dijo- ha de convencer y vencer sólo
puede hacerlo asumiendo nuestra responsabilidad como intelectuales en el plano de la
producción de conocimiento (sin que esto implique negar, de ningún modo, la participación
en la acción política y/o social). Responsabilidad que nos obliga, entonces, a aportar a la
elucidación de las vías posibles de transformación de lo social, en tanto nos corresponde
asumir con la mayor rigurosidad científica y con todo el esfuerzo y compromiso que ello
implica “que el conocimiento es un momento de la praxis, aún de la más rudimentaria”
(Sartre, 1970).
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