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gdeladehesa 9 Aug 2017 0:23 1/3
LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO LULA ES LA ÚNICA VIABLE A LARGO PLAZO
Guillermo de la Dehesa, Presidente del CEPR, Centre For Economic Policy Research
Los gobiernos de aquellos países en desarrollo que tienen unos niveles de deuda
pública muy altos y que además sus niveles de desigualdad y pobreza son elevados parecen
verse enfrentados a un dilema político serio. Existe, por un lado, una presión social muy fuerte
por parte de los ciudadanos en peor situación para mejorar sus condiciones de vida, lo que está
reñido con la necesaria reducción de los altos niveles de deuda pública y, por otro, una fuerte
presión económica por parte de los inversores nacionales e internacionales para que se
reduzcan dichos niveles de deuda pública lo que está reñido con el hacer frente a las
demandas sociales. Este dilema parece comprensible ya que los ciudadanos y los inversores
buscan lógicamente mejorar su situación social y reducir su riesgo económico respectivamente,
sin embargo, es más aparente que real ya que se plantea exclusivamente a corto plazo, como
se demuestra en este artículo.
El proceso de mayor globalización actual no sólo permite que los países puedan colocar
los bienes y servicios que producen en otros países con menores trabas que antes, que
puedan conseguir mayores flujos de capital para complementar su ahorro nacional e invertir
más y desarrollarse, que puedan acceder más fácilmente a las nuevas tecnologías que se
desarrollan en otros países y que sus ciudadanos sin trabajo puedan emigrar a otros países y
encontrar un empleo con mayor facilidad, sino que también impone una nueva fiscalización
externa a las políticas económicas de sus gobiernos. Además de los votantes nacionales, del
parlamento, de la oposición y de los organismos financieros internacionales, ha surgido un
nuevo supervisor de sus políticas económicas que está representado por los inversores
nacionales e internacionales en dichos países. Estos imponen una estricta disciplina, a través
de la variación del coste del capital para el país en cuestión, para evitar que sus gobiernos
tomen medidas que no sean creíbles o que se perciban como negativas para el futuro de sus
economías. Cada vez que un gobierno toma una medida de política económica, no sólo tiene
que pensar en la reacción de su oposición y de la opinión pública en general, sino también en
la de sus inversores nacionales e internacionales, de sus analistas económicos y de las
agencias de clasificación que observan y escrutan cada decisión importante que se toma.
Así, los gobiernos que consiguen alcanzar una buena credibilidad internacional se
benefician de mayores y más baratos flujos de capital y de tecnología y a la larga de mayores
tasas de crecimiento que los no creíbles. Esto plantea nuevos problemas que no existían hace
unas décadas. El primero es que dichos inversores reaccionan con celeridad, y a veces como
un “rebaño electrónico” retirando su confianza y sus capitales rápidamente y provocando una
grave crisis financiera en el país. El segundo es que la relación con dichos inversores suele ser
asimétrica, es decir, que su confianza tarda muchos años en ganarse y pocos días en perderse.
Lo contrario que en la política nacional, en la que los ciudadanos tienen que esperar mucho
más tiempo para poder echar a un gobierno que está haciendo una mala gestión, bien con una
moción de censura o teniendo que esperar a la siguiente convocatoria electoral. De ahí que en
cierta medida los inversores ayuden a los ciudadanos a desembarazarse rápidamente de sus
malos gobernantes, pero eso sí, frecuentemente a cambio de una grave crisis económica. Sin
embargo, este es un hecho irreversible y se puede afirmar que hoy casi ningún gobierno, se
escapa a dicha fiscalización de los mercados internacionales, incluido EEUU, que está
desequilibrios económicos superiores a los de muchos países en desarrollo y que está
experimentando una fuerte caída de su moneda en los mercados.
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Estas disquisiciones previas vienen a colación para examinar más explícitamente el
caso actual del gobierno del Presidente Lula en Brasil, que desde su inicio despertó enormes
expectativas de mejora de sus condiciones sociales de muchos de sus electores en situación
de pobreza o precariedad y que ahora, tras un año y medio gobernando, no ven todavía clara la
solución a muchos de sus problemas. Brasil tiene todavía unos elevados niveles de pobreza,
(más de un 30% aproximadamente de su población) y de desigualdad (un coeficiente de Gini
de 0,57) que provocan unas fuertes y lógicas demandas sociales para reducirlos. Hay que
reconocer con justicia que dichos niveles se han reducido, en la última década, en mayor
porcentaje que en ningún otro país suramericano, pero también es comprensible que aquellos
ciudadanos en situaciones precarias no estén dispuestos a esperar más para ver cómo
mejoran sus niveles de vida, más aún cuando han elegido a un candidato que prometió
conseguirlo en su campaña electoral, aunque no inmediatamente sino a lo largo de su
legislatura. Pero Brasil aunque lo ha reducido recientemente, también tiene un nivel elevado de
deuda pública bruta, del 77% del PIB, una deuda neta del 59% del PIB y un déficit público de
más del 4% del PIB que tienen que seguir reduciéndose necesariamente y que limitan la acción
social del gobierno.
Sin embargo, hay que reconocer que la política económica que está siguiendo el
gobierno del Presidente Lula es, sin duda, la única viable y la mejor para el futuro del país, eso
sí, dentro de las dificultades añadidas que plantea gobernar un país como Brasil. No hay que
olvidar que su Constitución y su Ley Electoral hacen que sea prácticamente imposible que
ningún partido alcance una mayoría y que para aprobar cualquier reforma legislativa haya que
pactar con varios partidos más, a menudo con sensibilidades políticas distintas. Esta
característica hace que un mal Presidente populista y despilfarrador no pueda conseguir hacer
mucho daño al país, pero también que un buen Presidente, como es el caso del actual y del
anterior, tengan dificultades para conseguir que se aprueben muchas de las reformas
legislativas que necesita el país por falta de suficiente apoyo político. Es este un mal menor de
las democracias con sistema de elección proporcional, incluso aunque sean presidenciales en
lugar de parlamentarias, como es el caso de Brasil.
¿Es que el gobierno de Lula no quiere hacer frente a dichas lógicas y justificadas
demandas sociales? Todo lo contrario. El gobierno sabe que la mejor manera de conseguir
atenderlas requiere una determinada secuencia de políticas que toma cierto tiempo y pide un
poco de paciencia. Es absolutamente consciente de que se siente limitado a corto plazo para
hacer una fuerte política de desarrollo social, como desearía, mientras tenga un nivel de
endeudamiento público tan elevado que hace que el país sea altamente vulnerable a cualquier
choque externo, derivado de los elevados precios del petróleo o de una subida fuerte de los
tipos de interés del dólar. De ahí que intente reducir primero dicho nivel aplicando una política
presupuestaria restrictiva y una política monetaria prudente para reducir dicha vulnerabilidad,
porque sabe, por experiencia, que una nueva crisis financiera produciría efectos devastadores
en la situación social del país, como ha ocurrido desgraciadamente en su vecina Argentina que
ha visto aumentar fuertemente sus niveles de pobreza y desigualdad cuando era uno de los
países con un menor nivel de la Región. Sólo reduciendo su deuda será capaz de reducir su
tasa de inflación y sólo reduciendo esta podrá reducir sus elevados tipos de interés, abaratando
el coste del capital, estabilizando el real y atrayendo un mayor flujo de inversión extranjera que
permita, por fin, aumentar el crecimiento, el empleo y la renta real de los brasileños.
En este sentido, el nuevo gobierno ha conseguido ya resultados importantes, desde que
asumió el poder, que reducen la vulnerabilidad externa de su economía y aumentan su
credibilidad económica nacional e internacional. El presupuesto alcanza ya un superávit
primario más que suficiente para reducir su volumen de deuda pública, la composición de esta
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ha mejorado notablemente, reduciendo al 8%, la deuda indexada al dólar, la más baja de los
grandes países emergentes, excepto China e India y alargando notablemente sus plazos para
reducir el peso de su deuda doméstica a corto (12 meses) del 35% al 30%; reduciendo el pago
de sus intereses por deuda externa en porcentaje de las exportaciones en un 16%;
aumentando sus reservas de divisas hasta 50.000 millones de dólares; el superávit comercial
ha aumentado hasta 28.000 millones de dólares y el superávit corriente hasta 6.500 millones; la
inflación se ha reducido en 7 puntos porcentuales y los tipos de interés a corto plazo en la
misma proporción; la tasa de crecimiento se ha duplicado y se estima que alcance el 4% en
2004. Mientras tanto, el gobierno sabe que tiene que proseguir aprobando las reformas
estructurales aun pendientes que permitan aumentar su credibilidad, atraer mayores y más
baratos flujos de capital y conseguir una tasa de crecimiento y de empleo que mejore en mayor
medida las condiciones sociales del país.
De alcanzarse dicha tasa de crecimiento en 2004 y de mantenerla o aumentarla en
2005 las posibilidades de mejorar las condiciones sociales del país aumentarían notablemente,
ya que el desempleo se reduciría rápidamente (ya se ha reducido del 13% al 11% en un año)
En resumen el gobierno de Lula está consiguiendo dar el paso previo absolutamente necesario
para reducir la vulnerabilidad externa de su economía que es la que representa un mayor
riesgo económico y social para el país. Por ejemplo, en estos momentos el mayor riesgo que
corren los países emergentes es un aumento de los tipos de interés en EEUU. Hemos podido
comprobar que la subida en Abril de tipos a largo plazo norteamericanos en más de 80 puntos
básicos ha producido un aumento de los tipos en los países emergentes de más del doble
haciendo caer el precio de sus activos de renta fija y variable y depreciando sus monedas.
Cuando los tipos de interés a largo plazo en las economías desarrolladas aumentan se
produce una mayor demanda de sus activos y una menor demanda de los activos de los
emergentes produciendo varios efectos sucesivos en estos últimos: un aumento del coste de su
capital, lo que reduce su inversión; una caída del valor de las acciones de sus empresas,
aumentando el peso de su deuda respecto a sus fondos propios y reduciendo su inversión, y, al
mismo tiempo, reduciendo la riqueza financiera de sus familias lo que reduce su consumo.
También se produce un aumento de los tipos internos de interés que reduce el valor de los
activos públicos minorando el valor presente de sus ingresos fiscales y una depreciación de sus
monedas que aumenta el coste del servicio de su deuda externa y dificulta su financiación
aunque también aumenta sus exportaciones al depreciarse en términos reales su moneda.
Pues bien, Brasil ha conseguido ya que su vulnerabilidad a lo previsibles y crecientes
aumentos de los tipos de interés de los países desarrollados se reduzca proporcionalmente
más que en otros países emergentes, aunque todavía faltan reformas por hacer, pero que
permite poder concentrarse más en sus problemas económicos internos. Su gobierno ha
seguido la secuencia de medidas de política económica más adecuada para hacer frente a los
problemas económicos de Brasil y la que va a permitir afrontar con mejores resultados sus
problemas sociales en los próximos años.