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LA ECONOMIA ESPAÑOLA POSIBLE EN EL SIGLO XXI
Guillermo de la Dehesa
Presidente del CEPR, Centre for Economic Policy Research, londres
Decía el político británico Lord Butler que “la política es el arte de lo
posible”, pero los economistas tienden a ser menos ambiciosos como J.K. Galbraith
que ha dicho: “la política no es el arte de lo posible, sino que es elegir entre lo
desastroso y lo insufrible”. La economía es más modesta ya que sólo intenta ser el arte
de lo probable. En economía, lo deseable puede no tener nada que ver con lo posible,
ni tampoco lo posible con lo probable. Sin embargo, alguna vez en la historia se da la
coincidencia de que durante un determinado período, lo deseable es posible y lo
posible es probable. España, por ejemplo, ha podido convertir en posible y en probable,
en estos pocos años de democracia, lo que eran sólo unas aspiraciones legítimas y
deseables de prosperidad de todos los españoles.
Este indudable éxito económico de la democracia se ha definido como, “el
milagro español”. Término este que define claramente la afición (muy católica por otra
parte) de los españoles en general a pensar que todo éxito es más una cuestión de
suerte y de destino que de austeridad, de trabajo y de ahorro (como pensaba Max
Weber al explicar cómo la religión protestante era más propicia que la católica para el
desarrollo económico). Sin embargo, esta circunstancia única histórica tan positiva que
ha vivido España puede que no vuelva a repetirse en lo que resta de siglo. Por ello, los
economistas sabemos que extrapolar el pasado reciente hacia el futuro suele ser un
procedimiento equivocado, lo que hace mucho más difícil hacer un pronóstico con un
mínimo de fiabilidad de lo que puede acontecer a la economía española a lo largo del
siglo XXI. Tampoco es correcto dar una visión de un futuro posible, basado en la ficción,
que se debe de dejar a los literatos. De ahí que para hablar del futuro económico sea
preferible reducir el análisis a aquello posible que pueda ser más probable y olvidarse,
por razones prácticas, de lo deseable.
Los resultados económicos de la joven democracia
El enorme avance que ha experimentado la economía desde la
consolidación de la democracia y la instauración de una nueva Constitución en 1978, a
lo largo de los últimos 27 años (1979-2005) tan decisivos en la historia de España ha
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hecho posible, no sólo culminar un proceso de normalización democrática, sino
también y gracias a este, desarrollar un proceso de integración económica en la Unión
Europea (UE) que ha resultado enormemente positivo para nuestra economía. El gran
éxito colectivo de los españoles, en estos últimos 27 años, ha sido lograr, en un
espacio de tiempo relativamente muy corto, afrontar y superar con éxito dos difíciles
retos, como son el de alcanzar una normalización política y social homologable con la
de otros países europeos de elevada y larga raigambre democrática y el de conseguir,
al mismo tiempo, una economía estable y abierta.
Tarea esta enormemente difícil, especialmente después de experimentar
previamente cuarenta años de ausencia de democracia y de libertades civiles, tras una
guerra civil cruel y sangrienta y una post-guerra de autarquía económica que dejaron el
país empobrecido y aislado del resto del mundo, al menos hasta el comienzo del auge
económico mundial al principio de los años sesenta, del que España también se
aprovechó gracias a su forzada apertura en 1960 con el Plan de Estabilización (en
contra de la voluntad de Franco, que sólo cedió ante la amenaza de que España se
declarara insolvente) que permitió un aumento del comercio exterior y una entrada
masiva de turistas del extranjero.
No se le pueden pedir más logros políticos, sociales y económicos en tan
poco tiempo a una democracia tan joven. El PIB por habitante de España (medido en
paridades de poder de compra) es ya tan sólo 14 puntos porcentuales inferior que el de
la media de la Unión Europea (UE) a 15 países cuando en 1978 la diferencia era de 33
puntos porcentuales y tan sólo 2 puntos porcentuales menor que el de la UE a 25
países. Esta llamada “convergencia real” ha sido posible en buena parte a dos hechos
fundamentales. Por un lado, por la entrada de España en la UE en 1986 y por otro, por
la entrada de España en la Unión Económica y Monetaria (UEM) en 1997. La primera
permitió que España se beneficiase de una mayor credibilidad internacional y que
recibiese flujos masivos de inversión extranjera que dieron un fuerte empujón a la
actividad económica y al empleo. La segunda, permitió que su credibilidad fuese total al
desaparecer la peseta (que había sufrido cuatro devaluaciones entre 1992 y 1994) y
desaparecer el riesgo de cambio, en beneficio de los inversores extranjeros y de los
importadores y exportadores nacionales, y al caer la tasa de inflación y los tipos de
interés de forma dramática, en beneficio de los inversores y consumidores españoles.
Si ha esto se añade que España ha recibido más de 105 mil millones de euros de
fondos estructurales y de cohesión, procedentes del presupuesto comunitario, desde
1986 hasta 2005, con los que ha podido mejorar sus infraestructuras físicas y de capital
humano, el resultado de su integración en la UE ha sido decisivo para el éxito
económico español.
Durante este período, se ha estabilizado el ciclo de crecimiento y se han
reducido la inflación, los costes laborales y los tipos de interés. La apertura de la
economía española ha sido mayor que la media de la UE y su comercio de bienes y
servicios representa en proporción a su PIB un porcentaje mayor que el de Francia y
tan elevado como el de Alemania. Las empresas españolas han invertido masivamente
en la UE y en Latinoamérica tomando posiciones fundamentales en los servicios
públicos de esta última región. El déficit crónico presupuestario se ha equilibrado y la
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deuda pública se ha reducido considerablemente. No se puede pedir más en tan corto
espacio de tiempo.
La economía española en la actualidad
La economía española se encuentra en su momento más dulce de las
dos últimas décadas. La política monetaria única del Banco Central Europeo (BCE)
para toda la Zona Euro (ZE) es demasiado expansiva para un país como España que
lleva creciendo más de diez años al 3,3 por ciento, es decir, a su potencial y quizá
demasiado restrictiva para países como Alemania, Francia e Italia que están creciendo
lentamente por debajo de su potencial, en parte porque son países más maduros y más
ricos. La razón de esta aparente paradoja es que no existe una política monetaria única
que sirva para todos los países miembros de la ZE y que el BCE fija su política
prioritariamente sobre la evolución del IPC armonizado ponderado por el peso relativo
de cada economía en la ZE, y subsidiariamente por la marcha de la economía en su
conjunto de la ZE, con lo que más está determinada por la evolución económica de los
tres grandes países citados que representan más del 60 por ciento de la economía de
la ZE que por la marcha de la economía española que sólo representa el 10 por ciento
aproximadamente.
Como el BCE lleva más de dos años sin mover los tipos de intervención
en el mercado monetario del 2 por ciento (aunque puede empezar a subirlos en los
próximos meses) y la economía española lleva ese período con una tasa de inflación
de más del 3 por ciento, los tipos reales de interés a corto plazo (descontada la
inflación) son negativos, es decir, que los salarios de las personas que viven
mayoritariamente de su trabajo y los dividendos y otras rentas del capital de los que
viven mayoritariamente del capital crecen más rápido que el coste del capital. Como
resultado lógico de esta situación, las familias aprovechan para endeudarse con el fin
de invertir en una vivienda, comprar un coche, mejorar su educación y formación o
consumir más y las empresas para invertir en bienes de equipo necesarios para ser
competitivas o para renegociar su deuda a tipos más bajos.
Como consecuencia de todo ello, el consumo se mantiene elevado y la
inversión se ha disparado lo que mantiene una tasa de crecimiento real muy cercana a
la potencial. Sin embargo, por otro lado, se ha producido una burbuja de la vivienda,
que se calcula en una sobre valoración real del stock de las viviendas de un 30 por
ciento. El número de viviendas iniciadas es superior al de Francia e Italia juntas, existen
más de dos millones de viviendas vacías, el 83 por ciento de las familias españolas ya
posee vivienda propia, el nivel más elevado de toda la UE y uno de los más altos del
mundo y a pesar de ello sus precios no caen. Por otro lado, la inversión total de la
economía alcanza el 28 por ciento del PIB, niveles que sólo consiguen países
emergentes con un nivel de desarrollo mucho más bajo que el español. Una parte de
esa inversión es en bienes de equipo, en las nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación, en innovación y en capital humano, pero otra parte importante (la
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mitad aproximadamente) es también en cemento y en ladrillos tanto para
infraestructuras y edificación de viviendas, con lo que la construcción se ha convertido
en un factor ya excesivamente importante del crecimiento español de estos últimos
años. La inversión directa extranjera es cada vez menor en términos de PIB, ya que
hay otros países más atractivos (como EEUU) o más rentables (como los nuevos
países miembros de la UE o Asia) y además se concentra cada vez más en la vivienda,
donde España tiene fuertes ventajas comparativas climáticas para los europeos del
norte. En 2004 casi el 40 por ciento de la misma se dirigió al sector inmobiliario,
especialmente a la compra de viviendas secundarias por parte de familias europeas
que pasan largas temporadas en España o se retiran en ella.
Finalmente, el enorme crecimiento de la demanda interna de consumo y
de inversión, que es la que permite este fuerte crecimiento, ya que la aportación del
sector exterior al crecimiento del PIB es negativa en más de dos puntos porcentuales
del PIB (las exportaciones llevan ya varios años creciendo mucho menos que las
importaciones) ha provocado, por un lado, un déficit comercial externo y de balanza por
cuenta corriente de similar tamaño al de EEUU y, por otro, una inflación que se
mantiene desde hace casi una década con tasas superiores en un 1 punto porcentual a
las de la UE a donde se dirigen cerca del 70 por ciento de nuestras exportaciones, con
lo que estamos perdiendo crecientemente competitividad dentro del mercado más
accesible para los exportadores españoles, al no existir ninguna barrera, y que además
está creciendo con la entrada de los diez nuevos países miembros. Todo este proceso
expansivo podría convertirse en una restricción importante al crecimiento futuro de la
economía española al tener que ajustarse.
En todo caso, la política económica española ha sido de nuevo inteligente
en este período de “vacas gordas”. Por un lado, la política fiscal ha intentado
compensar la laxitud monetaria manteniendo el presupuesto en equilibrio o en
superávit, como se espera que ocurra en 2005, y, por otro, el Banco de España lleva
varios años obligando a los bancos a que hagan enormes provisiones genéricas y
“preventivas” para cuando haya una subida de tipos de interés por parte del BCE (en
un futuro cada vez más cercano) y la morosidad y la insolvencia de los deudores
aumente fuertemente ya que sobre todo las familias han reducido su capacidad de
ahorro.
El futuro de la economía española
A pesar de este éxito económico de la economía española en sus años
de democracia, la distancia entre lo deseable, lo posible y lo probable ha sido grande.
Los políticos españoles predecían, al entrar en la UE, que España se iba a convertir en
“la California” de Europa, pero hoy estarían contentos si sólo se consigue que sea “la
Florida” de Europa, lo que todavía es posible. Naturalmente, conseguir ser la California
de Europa suponía que España iba a ser uno de los países miembros más ricos de la
UE, éxito que sólo ha conseguido Irlanda que es un país muy pequeño, lo que más
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bien suponía confundir los deseos con las realidades, como suele ser habitual por parte
de los políticos que, lógicamente, quieren dar grandes dosis de optimismo a sus
ciudadanos. En el futuro, las expectativas no son tan elevadas como lo eran entonces y
los políticos parecen conformarse con que España sea sólo “la Florida de Europa”, un
país al que acuden a vivir y a consumir los turistas y los pensionistas europeos de los
países del norte. Al final las expectativas van a depender de cómo se desarrolla la
política económica española, independientemente de lo que ocurra de positivo o más
bien de negativo en los mercados internacionales. Hay que volver a las realidades y
pensar que todo va a depender del esfuerzo y de la cohesión de los ciudadanos
españoles y sus instituciones para remar conjuntamente en la dirección correcta y
enfrentar los problemas con ánimo cooperativo y realista.
Retos a medio plazo
A medio plazo, la economía española tiene que superar una serie de
retos importantes:
En primer lugar, tiene que enfrentar el reto de la paulatina, pero creciente,
desaparición de los 6.000 millones de euros al año que recibe de los fondos
comunitarios, cerca del 0,8 por ciento del PIB español. Estas entradas de fondos han
sido un “colchón” financiero importantísimo para la economía española que ahora se
tiene que ir acostumbrando a que va a terminar siendo, en algún momento a partir de
2007, contribuyente neta al presupuesto comunitario en lugar de perceptora neta del
mismo. El impacto negativo de este cambio de posición podría reducir el crecimiento
español en cerca de un 1 por ciento anual, tan pronto como desaparezcan totalmente
dichas transferencias, ya que va a ser enormemente difícil poder compensarlas con
inversión extranjera directa, que por un lado, y a diferencia de las transferencias, hay
que retribuirla, ya que no hay nada gratis que provenga del sector privado y, por otro,
hay una fuerte competencia para atraerla, tanto por los nuevos países miembros de la
UE como por Asia y Latino América.
En segundo lugar, uno de los puntales del éxito de crecimiento de la
economía española, su capacidad de atracción turística, tiene también que
concentrarse en hacer frente a una nueva realidad. Su infraestructura turística se había
construido para atender a una masa de turistas de nivel de renta bajo o medio, atraídos
por los bajos niveles de precios de hoteles, apartamentos y viviendas, el precio módico
de los restaurantes y discotecas, los bajos impuestos sobre el consumo de tabaco y
alcohol, un clima templado y unas playas razonables. Este tipo de turista, con la
aparición de los vuelos de bajo coste, está ahora más interesado por otras zonas más
distantes, más tropicales, menos aglomeradas y más salvajes y con precios mucho
más bajos o por otros nuevos países miembros de la UE que disponen de las mismas
características de los anteriores pero que están además en la Europa segura y estable.
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La infraestructura turística española, salvo en contadas zonas de reciente
construcción, necesita un cambio radical para atender a turistas mucho más
sofisticados, con mayor nivel de renta, que necesitan también más cultura, mejor medio
ambiente, mejores servicios públicos y menor aglomeración urbanística. Es decir, por
un lado hay que atraerles hacia las zonas igualmente cálidas del interior, donde no se
han perpetrado todavía tropelías urbanísticas como las realizadas en las costas
españolas. Para ello, hay que desarrollar sus infraestructuras turísticas, sus servicios
públicos y mantener e impulsar su acervo histórico y cultural. Por otro lado, hace falta
utilizar la infraestructura existente para atraer a los turistas de las nuevas áreas
emergentes de Asia, Latinoamérica y Europa que todavía están dispuestos a venir a
pasar unas vacaciones a un país tranquilo, seguro y estable, en claro contraste con la
situación en la que viven en sus ciudades de origen.
En tercer lugar, en estos últimos años, la economía española no sólo ha
crecido más rápido que los países de la OCDE y ha experimentado un proceso de
apertura enorme (las exportaciones de bienes y servicios superan el 25 por ciento del
PIB y las importaciones el 29 por ciento del PIB), sino también ha crecido
exclusivamente sobre la base de su demanda interna de inversión y consumo, ya que
la aportación a su crecimiento por parte del sector exterior ha sido primero nula y luego
crecientemente negativa (alcanzando casi el 3 por ciento del PIB en 2005), lo que le ha
producido un grave desequilibrio externo tanto en su balanza comercial como en su
balanza por cuenta corriente. Este último déficit puede llegar a ser en 2005 de cerca del
7 por ciento del PIB y pudiera alcanzar el 9 por ciento en 2006 si sigue a su ritmo actual,
lo que le haría el más elevado de todos los países de la OCDE después del de Islandia
y mayor que el de EEUU.
Sin embargo, un país como EEUU puede lograr sostener un déficit más
elevado y durante más tiempo porque es la primera potencia mundial y su moneda es
la divisa dominante en el mundo y por tanto, todos los inversores mundiales, privados o
públicos (bancos centrales) van a seguir manteniendo siempre una parte de sus
inversiones en instrumentos financieros en dólares emitidos por las empresas y el
gobierno americano. Por otro lado, puede ajustarlo con mayor facilidad ya que puede
utilizar su tipo de cambio para hacer menos dura la reducción de su demanda interna
necesaria para reducirlo. Este no es el caso de España, que es una potencia mediana y
que tiene una moneda fuerte, pero todavía no dominante, que además está compartida
con otros países más fuertes, más competitivos y más atractivos para la inversión
extranjera y además no dispone del tipo de cambio para ayudar a su ajuste con toda la
Zona Euro que representa una parte importante de dicho desequilibrio. Es razonable
pensar que este déficit puede mantenerse financiado sin problemas por el ahorro
extranjero todavía durante algunos pocos años, ya que no cabe esperar una fuerte
subida de tipos por parte del BCE y porque la clasificación española por parte de las
agencias de “rating” no es probable que se deteriore a medio plazo, pero no es
sostenible a medio plazo y tendrá que ajustarse paulatinamente para que este no sea
traumático.
Existen otras causas, además del auge relativo de la demanda interna,
para haber llegado a dicho déficit. Por un lado, este también obedece a la baja relación
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entre ahorro e inversión nacionales. El ahorro privado nacional no ha sido capaz de
financiar la inversión privada nacional (ya que el sector público ha mantenido el
equilibrio entre ambas magnitudes). La inversión privada nacional ha crecido a un ritmo
muy superior al de la UE a 15, especialmente por la fuerte inversión en la construcción.
Por otro, responde a la excesiva concentración de las exportaciones de bienes y
servicios en el mercado de la UE y especialmente en la ZE, que son los que menos han
crecido en el total mundial y su escaso peso en los mercados asiáticos y de América
del Norte que han crecido mucho más rápido. Los mercados a los que van dirigidas las
exportaciones españolas han crecido, en los últimos tres años, al 4,5 por ciento
mientras que los mercados mundiales lo han hecho al 7 por ciento. Los mercados que
más han crecido, como los de América del Norte (un 21 por ciento) y los de Asia (un 23
por ciento) apenas representan cada uno un 5 por ciento de la exportación total.
Por otro, se debe a que los costes laborales unitarios españoles, dados
los bajos crecimientos de la productividad española, han crecido a mayor ritmo que los
de sus competidores, pasando de un índice 98 en 2000 a otro 110 en 2004 frente a los
países de la OCDE, (12 puntos porcentuales más) y de un índice 100 a otro 109 frente
a la UE a 15 miembros (9 puntos más). Y, finalmente, obedece a que las exportaciones
españolas tienen un menor grado de sofisticación tecnológica que las sus principales
socios comerciales. Por ejemplo, las exportaciones españolas de alta tecnología sólo
representan el 8 por ciento del total (frente al 18 por ciento en la UE a 15) y las de
media baja y baja tecnología representan casi el 50 por ciento (frente al 42 por ciento
en la UE a 15).
Para que un déficit de ese tamaño pueda sostenerse indefinidamente, las
entradas netas de inversión extranjera tendrían que compensarlo cada año, es decir,
necesita que todo el déficit sea invertido en España, cosa que no ocurre en la
actualidad ya que la inversión directa neta extranjera en 2004 (entradas netas de
inversión extranjera directa menos salidas netas de inversión española al extranjero)
era negativa en 26.345 millones de euros, ni es esperable que sea posible en el futuro.
Es verdad que una parte importante de dicho déficit resulta de unas menores
exportaciones que las importaciones anuales a y desde la ZE, lo que no conlleva un
riesgo de cambio ya que es euro es también la moneda nacional, pero ya que no puede
depreciarse la moneda única frente a ellos, por ser la misma, para ajustar dicho déficit
tendría que haber finalmente una devaluación real de los precios y salarios españoles
frente a los de la ZE, lo que podría ser traumático.
El hecho es que, a pesar de que las empresas exportadoras o
competidoras con las importaciones han reducido sus márgenes para poder seguir
compitiendo, desde 2001 la cuota de las exportaciones reales españolas en el total
mundial ha ido cayendo desde el 2,0 por ciento en dicho año al 1,8 por ciento en 2004
y la cuota de las importaciones en la demanda final española han aumentado desde el
20 por ciento en 2000 al 22,5 por ciento en 2004, lo que muestra la pérdida de
competitividad de la economía española, que obedece fundamentalmente al bajo
crecimiento relativo de la productividad española en este período.
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En cuarto lugar, la economía española muestra una burbuja de los
precios reales de la vivienda, (que se estima en un 30 o 40 por ciento superior a su
precio real de equilibrio). Esta burbuja está justificada por una serie de factores:
Primero, deriva de la fuerte caída estructural de los tipos de interés y de sus bajos o
negativos niveles reales actuales que han provocado una demanda masiva de compra
de vivienda con endeudamiento hipotecario. Segundo, la mayor competencia financiera
que ha mejorado las condiciones de financiación. Tercero, por el crecimiento de la
renta por habitante y su convergencia con la media de la UE, que hace que la inversión
en vivienda sea mayor. Cuarto, el impacto de los turistas y de los jubilados extranjeros,
que hace que la demanda de vivienda sea mucho mayor. Existe una estrecha
correlación entre el número de viviendas secundarias y el número de turistas, siendo
Grecia, España y Portugal los países con mayor número de viviendas secundarias en
la UE. Quinto, por el enorme auge de la inmigración, que ha pasado en cinco años del
2 por ciento al 7 por ciento de la población total española, lo que ha añadido más
demanda de vivienda. Finalmente, el elevado precio del suelo es un factor fundamental,
ya que ha aumentado un 50 por ciento más que el de la vivienda, debido a que se
mantiene artificialmente escaso cuando España es un país con una baja tasa de
intensidad demográfica.
Como resultado de estos factores, el parque total de viviendas es de 23
millones para 15 millones de hogares y se están iniciando más de 700.000 viviendas al
año y, a pesar de ello, los precios han aumentado fuertemente pasando, de un índice
100 en 1998, a 170 en 2004. El hecho es que el 23,5 por ciento de los españoles está
pagando una hipoteca a la que dedica una cuarta parte de su renta disponible. El
crédito hipotecario alcanza el 70 por ciento del PIB, con un importe medio por vivienda
de 138 mil euros, además, el 97 por ciento de dichas hipotecas están contratadas a tipo
de interés variable. Por lo tanto, una subida de tipos de interés por parte del BCE hará
que no sólo la demanda de viviendas ceda, lo que ya está empezando a ocurrir, sólo
con la expectativa de aumentarlos, sino también que para que las familias puedan
hacer frente al pago de sus hipotecas, tengan que ahorrar más y reducir su demanda
de consumo, lo que resultará en una menor tasa de crecimiento de la economía,
aunque también un menor déficit por cuenta corriente.
Como consecuencia de esta fuerte demanda de vivienda y de la gran
inversión en infraestructuras, financiadas en parte con fondos estructurales
comunitarios que irán desapareciendo, el sector de la construcción, que ha sido uno de
los puntales del crecimiento español en los últimos años, llegando a alcanzar casi el 10
por ciento del PIB, el 58 por ciento de la inversión fija total y el 13 por ciento del empleo,
cuando tradicionalmente sólo representaba el 7 por ciento del PIB, el 35 por ciento de
la inversión fija total y el 10 por ciento del empleo, tenderá a ceder en su empuje, lo que
también va a reducir la tasa de crecimiento española por el lado de la oferta. En todo
caso, existe la posibilidad de que la demanda de vivienda por parte del enorme flujo de
inmigrantes que han entrado en España en los últimos cinco años, pueda hacer que
una parte importante de dicha burbuja se pueda absorber sin demasiados
traumatismos, a menos que hay una subida de tipos de interés, por parte del BCE muy
elevada en los próximos tres años.
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En quinto lugar, está el reto de superar la dependencia energética de la
economía española. España ha reducido ligeramente su dependencia energética, entre
1975 y 2002, en términos del índice Toe/PIB (medido este en millones de dólares
reales en paridad de poder de compra) pasando de 50,9 a 44,3 (siendo EEUU 100,0)
Este comportamiento contrasta con el de la media de la UE (15) que ha pasado de un
índice Toe/PIB de 63,6 en 1975 a otro de 36,0 en 2002 e incluso con el de EEUU que
ha pasado de 100,0 en 1975 a 52,8 en 2002. Además, España la ha aumentado
ligeramente su dependencia en términos de Toe/PIB por habitante. En 1975, España
tenía una intensidad energética (medida en Toe/PIB per cápita real en paridades de
poder de compra en miles de dólares) de 19,07 en 1975 y ha pasado a 22,09 en 2002,
mientras que la media de la UE ha pasado de 38,66 a 23,80 en el mismo período y
EEUU de 37,5 a 26,31. Este comportamiento tan dispar se explica en parte por el
mayor crecimiento relativo de la economía española.
Es decir, España ha hecho un menor esfuerzo para reducir su
dependencia que el que han hecho la UE y EEUU, con lo que ahora se encuentra en
un nivel de vulnerabilidad más elevado que los anteriores ante este cuarto choque
sucesivo de los precios del petróleo. En 2003, el peso de la factura petrolera en el PIB
nominal, era en España del doble que en la UE (1,6 por ciento frente al 0,8 por ciento)
e incluso mayor que en EEUU que era del 1 por ciento, lo que es muy preocupante, a
pesar de que hay que reconocer que el peso de dicha factura era todavía mayor en
España en 1980, donde llegó a alcanzar el 5,7 por ciento. Cuando se calcula la
participación sectorial en la matriz energética del petróleo, destaca en elevado peso del
transporte que en España ponderaba el 51,8 por ciento, frente al 48,1 por ciento en la
UE o el 46,5 por ciento en Alemania. España sólo es superada por EEUU en el que el
transporte pondera un 70,2 por ciento, pero con unos precios de las gasolinas y de los
gasóleos que son casi la mitad que los de España, pero también es comprensible el
mayor peso del transporte en España por los más de 30 millones de turistas que
acuden con sus coches o los alquilan y que compran sus combustibles aquí. La única
forma de conseguir que se reduzca la dependencia petrolera española es dejando que
los aumentos de los precios del petróleo se repercutan íntegramente en el consumo y
no se reduzcan los impuestos o se aumenten las subvenciones, ya que sólo ante los
mayores precios reaccionarán los sectores económicos introduciendo nuevas
tecnologías y procesos para reducir su consumo.
Retos a largo plazo
A largo plazo, el éxito de la economía española va a depender de cómo
se resuelven sus problemas estructurales, entre los que destacan su todavía bajo nivel
de empleo, su bajo nivel relativo de productividad, su creciente tasa de envejecimiento
de la población, y su escasez de agua. Y creciente desertización derivada del
calentamiento global.
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El empleo
En primer lugar, a pesar del éxito que ha tenido España en los últimos diez años
en la creación de empleo, que ha crecido a una tasa anual del 3,2 por ciento, frente al
1,2 por ciento del conjunto de la UE, tasa sólo superada por Irlanda, con el 4,2 por
ciento y de haber creado el 40 por ciento de todo el empleo de la UE, los niveles de
empleo españoles siguen siendo todavía más bajos que el promedio de la UE (15). La
tasa de empleo (calculada por el número de personas empleadas por cada 100 en
edad de trabajar, es decir, entre 15 y 64 años) ha aumentado del 46,0 por ciento en
1995 al 61,1 por ciento en 2004, con un aumento de 17,7 puntos porcentuales en sólo
10 años. Sin embargo, está todavía a 3,6 puntos porcentuales de la media de la UE (15)
y es 12,6 puntos porcentuales inferior a la de EEUU.
El mayor problema de la tasa de empleo sigue estando, por un lado en el
empleo femenino, que ha pasado del 31,7 por ciento al 48,3 por ciento en estos últimos
diez años, pero que todavía es 6 puntos porcentuales inferior a la de la UE (15) y 19,7
puntos porcentuales inferior a la de EEUU. Por otro lado, la tasa de empleo juvenil es
todavía 15 puntos porcentuales inferior a la media de la UE (15). Estas dos tasas
necesitan aumentar de forma importante para poder acercarse más al nivel de PIB por
habitante de la UE. Para ello, hay que llevar a cabo reformas importantes del mercado
laboral español que tiene unos niveles de temporalidad muy elevados (un 30,6 por
ciento, compuesto por un 31,1 por ciento en las mujeres y un 29 por ciento en los
hombres) que tienen un efecto muy negativo tanto sobre la productividad como sobre la
equidad.
Para conseguirlo hay, primero, que continuar reduciendo las indemnizaciones
por despido en los contratos indefinidos y aumentar el empleo indefinido mediante
reducciones en las cotizaciones sociales, lo que ya se está haciendo desde hace
algunos años. Segundo, hay que hacer más efectivo el principio de causalidad en los
contratos temporales, aumentando y mejorando los recursos de la inspección laboral y
la intervención judicial en caso de fraude. Tercero, hay que ampliar el período de
prueba sin indemnización de despido, que ahora está limitado a dos meses y que en
otros países de la UE llega a alcanzar los 12 meses. Cuarto, hay que aumentar las
indemnizaciones de despido de los contratos temporales para reducir su precariedad y
finalmente, hay que estimular los contratos indefinidos a tiempo parcial que son los más
utilizados para aumentar en empleo femenino y juvenil y que en España son un
porcentaje inferior al 9 por ciento frente al 18 por ciento de promedio en la UE.
Los costes de despido en los contratos indefinidos son de 45 días por año de
servicio con un máximo de 42 mensualidades, correspondiente al despido
improcedente que es el habitual, mientras que la mayoría de los contratos temporales
tiene un despido de 8 días con un máximo de 12 mensualidades. Por ello habría que
ampliar el coste de despido de 33 días con un máximo de 24 mensualidades ahora
reservado a sólo ciertos colectivos de trabajadores, y aumentar los costes de despido
de los contratos temporales según aumente el número de meses o años del contrato
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temporal e ir transformando la contratación temporal en indefinida con ciertos
incentivos como son las bonificaciones en las contribuciones sociales empresariales.
Finalmente, hay que intentar aumentar la tasa de empleo femenino que
todavía es muy baja, reduciendo la enorme discriminación que sufre tanto por los
sindicatos como por los empresarios, incrementando los permisos y períodos por
maternidad, aumentando las ayudas a las mujeres trabajadoras con niños pequeños,
incentivando la construcción de guarderías cercanas a sus puestos de trabajo, no
discriminando fiscalmente a las mujeres casadas y aumentando los incentivos a los
contratos a tiempo parcial. Todas estas medidas par aumentar las tasas de empleo de
las mujeres y los jóvenes hay que tomarlas cuanto antes, ya que la generación del
“baby boom” empezará a jubilarse dentro de unos años y la población en edad de
trabajar empezará a reducirse dramáticamente, dada la baja tasa de fecundidad que ha
seguido al auge anterior de nacimientos, con lo que, como veremos más adelante
puede hacer infructuoso cualquier aumento de la tasa de empleo en menos de diez
años. El gobierno se encuentra en estos momentos intentando un acuerdo de reforma
laboral con los sindicatos y la patronal que pudiera mejorar la tasa de empleo.
La productividad
En segundo lugar, una economía sólo es capaz de crecer aumentando su
competitividad y sin aumentar su tasa de inflación si es capaz de aumentar su
productividad a mayor ritmo que sus competidores en un mercado internacional y
nacional crecientemente globalizado. En la actualidad los niveles de productividad de la
economía española son los siguientes: Según EUROSTAT, la productividad por
persona empleada (calculada por el PIB en paridades de poder de compra (PPC)
dividido por el número de personas empleadas) ha caído desde el 94,1 por ciento del
promedio de la UE (15) en 1995 al 93,8 por ciento en 2004. Según la OCDE, el nivel de
dicha productividad (calculada dividiendo el PIB en dólares corrientes por el número de
personas empleadas) en 2004 era del 93,4 por ciento frente a la UE y del 73,4 por
ciento frente a EEUU.
Según EUROSTAT, la productividad del trabajo por hora trabajada
(calculada por el PIB en PPC dividido por el número de horas trabajadas) respecto al
promedio de la UE (15) ha caído del 89,0 por ciento en 1995 al 87,3 por ciento en 2004.
Este empeoramiento se ha debido en parte a que en España, el número de horas
trabajadas por persona empleada ha aumentado de 1732 horas en 1995 a 1744 horas
en 2004, mientras que en la UE (15) ha caído desde 1650 horas en 1995 a 1600 en
2004. Según la OCDE, en España cada persona empleada trabaja 190 horas más al
año que en la ZE y 144 horas más al año que en la UE. Parte de esta menor
productividad del trabajo tiene que ver con la menor intensidad del capital físico
utilizado por hora trabajada, que, en 2004 era en España, según la OCDE del 83,2 por
ciento de la UE (15) y del 76 por ciento de EEUU.
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Finalmente, la productividad total de los factores (PTF) que es aquella
que se calcula de forma residual y que no es explicada por la utilización del factor
trabajo y la intensidad del capital físico por hora trabajada, sino por la mejor
organización de los factores productivos, por el mayor grado de utilización de las
nuevas tecnologías, por localidad del capital humano etc. era en 2003, según la OCDE
del 85 por ciento del promedio de la UE y del 76 por ciento del promedio de EEUU.
¿Cuales son los factores determinantes de la menor productividad
española?
Primero, la utilización e intensidad del capital físico. En 2004, según el
Banco de España, el stock de capital físico es el 91,2 por ciento del promedio de la UE
(15) y el 90,9 por ciento del de EEUU. Ahora bien, mientras que el stock de capital
productivo privado es casi igual que el promedio de la UE (99,9 por ciento), el stock de
capital público es de sólo el 88,6 por ciento del de la UE, la dotación de infraestructuras
de transporte viario es sólo del 78,1 por ciento de dicho promedio y los canales de
comunicaciones (banda ancha) es sólo del 79 por ciento del promedio de la UE.
Segundo, el capital tecnológico, cuyo stock sólo representa el 5,3 del PIB
español, es solamente un 45 por ciento del promedio de la UE. El gasto en I+D en
porcentaje del PIB sólo representa el 1,1 por ciento, un 55 por ciento de la media de la
UE y un 40 por ciento de la media de EEUU. El número de patentes solicitadas sólo
alcanza 25,5 por millón de habitantes, solamente el 16,1 del promedio de la UE. El
valor añadido bruto de las tecnologías de información y comunicación (TIC) sólo
representa el 4 por ciento del VAB total, el 71,1 por ciento del promedio de la UE.
Finalmente, el gasto por habitante en TIC (en euros) sólo representa el 70,2 por ciento
del promedio de la UE.
Finalmente, el stock de capital humano, que en proporción de la población
en edad de trabajar (16 a 64) sólo representa el 55,7 por ciento, el 87,5 por ciento del
promedio de la UE. El gasto en educación en porcentaje del PIB es del 4,4 por ciento,
un 82 por ciento del promedio de la UE. El porcentaje de la población laboral (entre 25
y 64 años) que tiene al menos educación secundaria sólo alcanza el 42 por ciento, lo
que sólo llega al 71,8 por ciento de la media de la UE. La población de 18 a 24 años
con educación básica como máximo es demasiado elevada (29,8 por ciento) un 164
por ciento del promedio de la UE. Los años de escolarización media de la población en
edad de trabajar son de 16 años, alcanzando el 95 por ciento del promedio de la UE.
Finalmente, la formación (medida por el número de las personas entre 25 y 64 años
que realizan algún curso de formación) alcanza sólo al 5,2 por ciento del total,
representando sólo el 51,5 por ciento de la media de la UE.
Estos niveles relativamente bajos de los factores que mejoran la
productividad necesitan un fuerte impulso para que la economía española pueda
mantener en el futuro unas tasas de crecimiento sostenibles, como las que ha tenido en
estos últimos años. Hay por tanto que aumentar, en los próximos años y de forma
contundente, el esfuerzo inversor en educación superior, en formación en la empresa,
en gasto en I+D y en la producción de patentes y en las nuevas tecnologías (TIC) que
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son en las que la economía española está más retrasada. Dado que los recursos
financieros son siempre escasos, “menos ladrillo, menos cemento (salvo en algunas
infraestructuras de agua y transporte) menos subvenciones a un sector primario no
competitivo y más y mejor educación, formación e investigación y desarrollo” podría ser
el slogan de la economía española de cara al futuro para aumentar su productividad y
competitividad y alcanzar un crecimiento potencial sostenible y sin inflación. El gobierno
parece ser muy sensible ante este problema y está empezando a desarrollar una serie
de programas de I+D+i y ha intentar aumentar la productividad.
El envejecimiento de la población
En tercer lugar, el problema más grave que enfrenta la economía
española largo plazo es el del fuerte crecimiento del envejecimiento de su población, el
mayor de toda la UE (15) junto con Italia y Grecia. De acuerdo con el último informe de
las Naciones Unidas sobre las perspectivas de la población hasta 2050, la población
española disminuirá en unas 500.000 personas entre 2004 y 2050. El porcentaje de la
población mayor de 60 años, pasará del 21,4 por ciento en 2004 al 39,7 por ciento en
2050, y el de la población mayor de 80 años pasará del 4,1 por ciento actual al 12,3 por
ciento, mientras que la población en edad de trabajar (entre 15 y 59 años) caerá del
64,3 por ciento actual al 46,1 por ciento y la población entre 0 y 14 años permanecerá
constante en 14,3 por ciento. La edad mediana de la población pasará de 38,6 años
hoy a 49,9 años en 2050 y ello a pesar de que la tasa de fecundidad va a aumentar
desde 1,2 hijos por mujer en 2004 a 1,85 hijos por mujer en 2050. La esperanza de
vida al nacimiento aumentará, pasando de 79,4 años en la actualidad a 84,8 años en
2050 y la mortalidad infantil caerá del 4,6 por mil al 3,3 por mil en 2050.
Como consecuencia de estas tendencias demográficas, la tasa de
dependencia, es decir, el número de personas jubiladas (de más de 65 años) respecto
al número de personas en edad de trabajar (15 a 64 años) pasará de 1,0 a 2,0. Si esta
tasa de dependencia se calcula como hace la OCDE calculando la población de más
de 60 años como jubilada en proporción de una población en edad de trabajar de 20 a
59, el resultado será que dicha tasa aumentaría del 38 por ciento actual al 70 por ciento
en 2030. Si finalmente, se calcula, sobre la base de las tasas de empleo actuales, el
porcentaje de jubilados respecto al de empleados, dicha tasa de dependencia pasaría
del 49,6 por ciento actual al 82,3 por ciento en 2030. Estas dos últimas formas de medir
las tasas de dependencia son mucho más cercanas a la realidad, dado que los jóvenes
se incorporan cada vez más tarde al trabajo (no antes de los 20 años) y los
trabajadores se jubilan a los 60 aunque sólo tengan derecho a pensión a partir de los
64 o 65, aunque en algunos países como Bélgica, Francia y Japón ha caído a los 60
años. Prueba de ello es que la tasa de actividad (personas que todavía buscan
activamente un empleo) de los mayores, es decir entre 60 a 64 años, ha caído en
España del 88,1 por ciento en 1960 al 40 por ciento hoy.
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El envejecimiento de la población tiene unos efectos negativos tanto
sobre la tasa de crecimiento como sobre el gasto público en pensiones y en salud muy
importantes. Por un lado, el crecimiento económico tiende a ser más bajo ya que son
los jóvenes los que consumen, los que innovan y los que emprenden, mientras que los
mayores ya han dejado de consumir (ya poseen una vivienda, un coche, una televisión
y consumen menos alimentos) y sólo se dedican a gastar su pensión y otros ahorros
que han acumulado en su período laboral. Por otro lado, si el número de contribuyentes
a las pensiones y a la seguridad social es menor que el número de jubilados, el sistema
de seguridad social tal como esta concebido hoy, deja de ser viable a corto plazo, a
menos que se reduzcan las prestaciones o se financien con más deuda pública o más
impuestos o contribuciones.
El sistema de pensiones actual en España es básicamente (salvo los
sistemas de pensiones de capitalización individuales y de empresa) público y de
reparto ya que esta basado en la solidaridad intergeneracional, es decir, los padres
pagan la educación y manutención de sus hijos, hasta que encuentran un medio de
vida y estos pagan la jubilación de sus padres. Este sistema funciona siempre que las
cohortes de la generación de hijos sean mayores que las de los padres, de no ser así,
devienen inviables. Además, independientemente del número relativo de empleados y
jubilados, por un lado, como la esperanza de vida ha aumentado notablemente, ya que
en España era de 73 años hace tres décadas y ahora es de79,4 años, los años que
necesitan prestaciones de jubilación son más numerosos. Hace dos décadas, los
españoles se jubilaban en promedio a los 67 años y se morían a los 73, es decir
recibían pensiones durante 5 años en promedio, hoy se jubilan a los 65 o menos y se
mueren en promedio a los 79,4 años luego reciben prestaciones durante 14,4 años,
casi tres veces más años que hace tres décadas. Por otro lado, los jóvenes entran en
el mercado de trabajo y consiguen un empleo mucho más tarde que hace dos décadas,
entre 5 y 7 años más tarde con lo que el número de contribuyentes se reduce mientras
que las prestaciones aumentan.
Hay varias formas de hacer frente a este problema. Por un lado, se puede
intentar estimular la tasa de fecundidad, pero es muy caro y dura mucho tiempo antes
de producir frutos, como ha sido el caso de Francia con sus “allocations familiales”
durante más de 60 años y que ahora reciben solamente las familias inmigrantes, pero
en todo caso hay que empezar a hacerlo ya. Por otro se puede intentar aumentar la
población en edad de trabajar y el empleo aumentando el número de inmigrantes. Esto
es lo que ha hecho España en estos últimos años, aunque de forma desordenada, sin
ningún control y sin aceptar sólo aquellos inmigrantes que puedan ocupar las ofertas
insatisfechas de empleo por parte de las empresas.
Los problemas de esta solución son varios: por un lado, sólo es una
solución temporal ya que aunque los inmigrantes tienden a tener un mayor número de
hijos (por eso EEUU tiene menos problemas de envejecimiento que la UE), con el
tiempo, empiezan a adoptar las costumbres del país de destino (es decir, a tener
menos hijos) y además también se jubilan al cabo de cierto tiempo de acuerdo con sus
contribuciones. Por otro lado, conforme los inmigrantes alcanzan un nivel de la
población total importante y más en países como España que todavía tiene una tasa de
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desempleo relativamente elevada y que hasta hace menos de tres décadas su
población estaba acostumbrada a emigrar, empiezan a desarrollarse actitudes
xenófobas contra ellos. En España, en la actualidad los inmigrantes representan ya el 7
por ciento de la población total y la tendencia es a aumentar con cierta rapidez. Se ha
calculado que para que España mantenga su fuerza laboral actual constante
necesitaría más de 300.000 inmigrantes al año hasta 2050, con lo que la población
inmigrante llegaría a representar el 37 por ciento de la población total en dicho año, es
decir más de cinco veces el nivel actual. ¿Sería política y socialmente aceptable en
España llegar a tal nivel de inmigración, que es el que hoy tiene Luxemburgo, en donde
además la mayor parte son de procedencia europea? Es muy dudoso por no decir
imposible.
Otra medida complementaria de las anteriores sería retrasar la edad de
jubilación lo que parece una medida imprescindible ya que es lógico que la edad de
jubilación tenga una clara relación con la esperanza de vida, que ha aumentado
notablemente en las últimas décadas (desde 73,3 años en 1975 a 79,4 años en 2004).
Se estima que habría que retrasar la edad de jubilación en 10 años, es decir de los
actuales 65 años a los 75 para mantener la población en edad de trabajar constante en
los próximos 45 años y además, aumentar la tasa actual de actividad de la población
en edad de trabajar en 21 puntos porcentuales. Es decir, el problema del
envejecimiento español es muy grave y puede ser muy costoso.
Finalmente, se ha calculado por distintas instituciones, Comisión Europea,
OCDE, FMI etc. El aumento en el gasto público en pensiones y en salud que resultaría
de este proceso creciente de envejecimiento, sino se toman medidas drásticas para
reducirlo o se introducen reformas importantes en los sistemas de salud y de pensiones.
La mayoría de dichos estudios estiman que el gasto público en pensiones español
aumentará en 8 puntos de PIB, pasando del 9,4 por ciento del PIB en 2000 al 17,4 por
ciento del PIB en 2050 y que el gasto público en sanidad aumentaría en cerca de 2,0
puntos porcentuales de PIB, pasando del 5,0 por ciento del PIB en 2000 al 7,0 por
ciento del PIB en 2050. En total el gasto público aumentaría en 10 puntos porcentuales
de PIB lo que supondría casi 20 puntos porcentuales más de gasto público
presupuestario y de gasto de la seguridad social que habría que financiar bien
aumentando los impuestos, reduciendo otros gastos o aumentando la deuda, lo que
parece políticamente imposible. De ahí que haya que tomar importantes medidas para
incentivar la fecundidad, de reforma del sistema de pensiones de pensiones actual y de
incentivo a la ampliación de los existentes sistemas de capitalización o añadir otros
nuevos y al mismo tiempo de retraso de la edad de jubilación, de incremento de la tasa
de actividad y de empleo y de aumento de los flujos de inmigración. Lo más importante
es que dichas reformas y medidas deberán tomarse cuanto antes ya que en España, a
partir del 2025 los votantes mayores de 50 años representarán mas del 50,1 por ciento
del total y harán imposible la toma de cualquier medida que pueda afectarles
negativamente en sus servicios de salud o en sus pensiones.
La desertización
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El proceso de calentamiento creciente de la atmósfera es un hecho
contrastado e irrefutable. Las últimas tres décadas han sido las más calientes no sólo
de los últimos 150 años en los que se tiene mediciones fiables desde que se han
utilizado los termómetros, con un aumento de 0,7 grados, sino de acuerdo con los
paleo-climatólogos, los más cálidos de los últimos 2.000 años. En el caso de España el
aumento de la temperatura en las últimas tres décadas ha sido más del doble del
mundial, 1,53 grados. Está asimismo consistentemente demostrado que estas
alteraciones climáticas se deben básicamente al aumento de la concentración de en la
atmósfera de dióxido de carbono (CO2) proveniente del uso excesivo de combustibles
fósiles así como de la utilización de productos químicos, conocidos como cloro-fluorocarburos (CFC) que dañan la capa de ozono responsable de absorber la radiación
ultravioleta del sol y que provocan un incremento del llamado “efecto invernadero” que
es el fenómeno natural que mantiene la temperatura en el planeta.
Dado que no se está atajando este problema, ya que algunos países no
están dispuestos a reducir sus emisiones de CO2 y de CFC, el calentamiento futuro
puede ser superior, lo que puede traer consigo dos efectos opuestos, por un lado una
mayor desertización de ciertas áreas del mundo (las templadas y subtropicales) y una
mayor congelación de otras (las frías) así como una subida del nivel del mar (hasta un
máximo de 90 centímetros en 100 años) provocada por el deshielo de las zonas árticas,
antárticas (los polos están perdiendo 37.000 Km2 cada año) y las nieves perpetuas en
las montañas. Además, al aumentar la temperatura de la atmósfera se multiplican los
incendios forestales (que provocan una mayor emisión de CO2) y también aumenta la
temperatura de la superficie de mar, lo que incrementa la intensidad de tormentas,
huracanes y ciclones tropicales.
Las implicaciones que este proceso puede tener para el futuro de la
economía española son graves ya que se espera que la temperatura media en España
subirá, a mediados de siglo, entre 2,55 y 3,50 grados. Este calentamiento adicional
aumentará el proceso de desertificación de las zonas mediterráneas y del centro sur
español y reducirá todavía más las precipitaciones lluviosas y los recursos hídricos de
los ríos de los embalses y de las aguas subterráneas, ya bastante mermados en las
últimas décadas. Estos efectos supondrán, por un lado, una fuerte reducción de los
cultivos de vegetales y frutas en todo el sur y el mediterráneo que tendrán que
trasladarse a zonas más septentrionales, por otro lado, reducirá el número de especies
que actualmente viven en dichas zonas que también emigrarán hacia zonas más
templadas y finalmente, la industria turística en el sur se verá fuertemente mermada ya
que los turistas provenientes del norte de Europa, cada vez más frío por la probable
desviación de la Corriente del Golfo, acudirán a dichas zonas solamente en los meses
de invierno y se desplazarán en verano a zonas más templadas españolas o
extranjeras. Finalmente, la subida del nivel del mar podrá inundar muchas playas y
zonas bajas adyacentes, como el delta del Ebro, la Manga o Doñana. Por lo tanto,
dicho calentamiento va a afectar a dos industrias importantes como es la del turismo y
la de la producción de frutas y verduras en las zonas sur y mediterránea y también en
Canarias y Baleares.
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Es decir, el proceso de desertificación de la mitad sur y mediterránea
española va a ser importante ya que se estima que en dichas zonas semiáridas, las
aportaciones de agua van a reducirse, a final de siglo, en casi un 50 por ciento. Habrá
que tomar medidas urgentes para reducirlo. En primer lugar, tendrán que multiplicarse
las plantas desalinizadoras (con las nuevas tecnologías que se están desarrollando,
para mantener el consumo de las poblaciones de dichas zonas. En segundo lugar
tendrá que hacerse un esfuerzo masivo de reforestación de todo el sur y el
mediterráneo para aumentar la pluviosidad y mantener la humedad en dichas áreas,
para compensar el abandono de los cultivos.
Conclusión
La “España Posible” del futuro tiene más retos difíciles que afrontar que
expectativas favorables que esperar. Para llegar a ser la “Florida de Europa” hay que
superar todavía importantes retos, alguno de ellos, como el climático, que no dependen
sólo de España. El lector de este artículo puede pensar que soy pesimista y puede que
así sea, pero sólo puedo intentar explicar las tendencias a largo plazo que son
cuantificables y que considero muy probables y no dar una visión voluntarista del futuro
basada en los deseos más que en las realidades, lo que sería un falso diagnóstico, un
engaño para las futuras generaciones y una excusa para no hacer nada. Es posible
que, como siempre ha ocurrido en el pasado, la tecnología aporte soluciones a algunos
de estos retos a largo plazo, como el de la falta de agua y quizá parte del calentamiento
atmosférico si hay incentivos suficientes, ya que como ha dicho Bernard Levin “Hay
cientos de capitalistas cavilando sobre cómo taponar el agujero de ozono y
empresarios con ideas y con ganas de hacer dinero, que lo harán posible”. Sin
embargo, hay algunos de ellos que no dependen de la tecnología sino de medidas
preventivas, audaces y difíciles de política micro-económica, como son los de la
todavía baja la productividad y el envejecimiento creciente de la población españoles,
que requieren un consenso amplio y una solidaridad intergeneracional. Estos retos sólo
se pueden superar con el esfuerzo conjunto de todos los españoles y no con formulas
mágicas ni atajos. En todo caso, todo puede ocurrir, incluido lo improbable, como
establece la famosa “regla de Clarke”, del genial escritor de ciencia ficción Arthur
Clarke: “Cuando un distinguido científico dice que algo es posible, casi seguro que está
en lo cierto. Cuando dice que algo es falso, casi seguro que se equivoca”.
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