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17/12/08
EL CAMBIO DEL CAPITALISMO
El sistema económico va a cambiar con esta crisis. No es probable que
haya un cambio de paradigma a un nuevo capitalismo, pero sí habrá
cambios sustanciales: más activismo del Estado; más política social y
protección
frente
al
mercado;
más
supervisión
y
regulación,
especialmente del sector financiero; un Estado más moderno y con un
repertorio más amplio de instrumentos; cambios en el modelo productivo,
con menos endeudamiento y menos riesgo, pero quizás también menos
crecimiento; una nueva política monetaria, con un mandato más amplio;
una recomposición del mapa sectorial, con menos peso del sector
financiero y más de la economía verde; una nueva cultura corporativa,
orientada a la estabilidad y no al continuo crecimiento; menos poder de
los agentes económicos; el descrédito del capitalismo popular; un orden
económico multipolar y multi-divisa, con los emergentes ya emergidos;
más consumo interno y menos comercio internacional; y el fin del
consenso sobre los beneficios de la globalización, el comercio
internacional
y
los
actuales
mecanismos
consiguiente riesgo de proteccionismo.
multilaterales,
con
el
Un cambio, no de paradigma, pero sí de prioridades y de expectativas.
El modelo económico de las últimas décadas ha generado crecimiento
económico
pero
también
desigualdad,
desprotección,
desconfianza
e
inseguridad. El descontento por todo ello está cristalizando en esta crisis, lo
que hace probable una era de cambio que será sustancial en aquellos ámbitos
donde se ha quebrado la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento del
sistema. Sin embargo, es probable que el cambio sea menos profundo de lo
que ahora, en plena crisis, pueda parecer. El capitalismo no se va a derrumbar:
el mercado, el crecimiento económico y el consumo seguirán siendo los pilares
del sistema; se mantendrá el consenso de que la iniciativa privada y el sistema
de mercado son los mecanismos más eficientes de generación de riqueza y
asignación de recursos; y no se reclamará la vuelta del Estado como
planificador, sino como protector y como dinamizador de la economía.
Conviene pues no dejarse llevar por cantos de sirena ni perder de vista la
pelota, para centrarse allí donde hay posibilidad real de cambio y gestionarlo en
una dirección progresista. Tras consultas con varios economistas y analistas
(…), creemos que lo siguiente puede ser un escenario factible a medio plazo:
Un capitalismo con muletas: más presencia del Estado y de los
organismos internacionales en la economía y más política económica.
Cambiará la relación entre la acción política y el mercado. El Estado tendrá un
papel mayor y más legitimado en la esfera económica, con el mandato de
garantizar niveles mínimos de seguridad, estabilidad y bienestar. Habrá un
cambio importante desde la actual tendencia a dejar operar libremente a los
mercados a una política económica más activa; un capitalismo más estatal. El
Estado actuará así con una doble función: 1) como seguro de última instancia,
tanto como provisor de redes sociales como de garante para el sistema
financiero y 2) como dinamizador de la economía. Habrá, por lo menos a medio
plazo permisividad de terapias dramáticas y abandono de dogmas económicos.
Demanda de más seguridad y protección ante las fuerzas del mercado.
Los ciudadanos tardarán en recuperar la confianza en el funcionamiento de los
mercados y los agentes económicos. Habrá una menor disposición a aceptar el
nivel de riesgo inherente al sistema de mercado tal y como ha funcionado hasta
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ahora. Se reforzará la consciencia sobre la necesidad del Estado como
protector y como garante de un mínimo de cohesión social. Si hay algo que ha
definido a esta crisis ha sido que los ciudadanos se han sentido vulnerables.
De la realización de esta vulnerabilidad ante las fuerzas del mercado puede
que surja un sentido más acusado de dependencia mutua, de necesidad de un
proyecto cívico compartido y de demanda de cohesión social. La falta de
respuesta de los gobiernos a esta incertidumbre ciudadana sobre su seguridad
social y económica podría generar un serio riesgo de desafección política y de
conflicto social.
Más política social y más activismo fiscal, aunque no grandes cambios en
el modelo socioeconómico. Se acentuará el descontento ante la desigual
distribución de la riqueza de las últimas dos décadas y se exigirá una mejor
distribución de los frutos del crecimiento económico colectivo. Sin embargo, es
difícil ver cómo puede esto canalizarse hacia un verdadero cambio
socioeconómico. No habrá nueva lucha de clases sino que es más probable
que la presión social se traduzca en un giro más social del paradigma actual, a
través, por ejemplo, de políticas fiscales y redistributivas más ambiciosas.
Más supervisión y regulación del mercado. Se volverá a una regulación
basada en reglas y mecanismos de control y no, como en los últimos tiempos,
en principios, autorregulación y permisividad ante la asunción descontrolada de
riesgos por parte de las empresas. Los objetivos de la nueva “ola regulatoria”
serán reducir los fallos de mercado (y de Estado), asegurando que se reducen
las asimetrías de información y funcionan las señales de mercado, se eliminan
incentivos perversos para la asunción de riesgos excesivos y se crean
mecanismos para garantizar la proporcionalidad entre riesgo y beneficio y entre
beneficio individual y colectivo, limitando quizás los blindajes y las
remuneraciones (aunque es probable que los bonus y salarios desmedidos
vuelvan a medio plazo una vez que el foco de la presión política y social
desaparezca). Se exigirá transparencia para el acceso a procedimientos e
información financiera y quizás se empiecen a poner los primeros pilares de un
derecho de ciudadanía financiera (a la formación financiera básica y al acceso
a la información). Pero, como siempre, se correrá el riesgo de que la regulación
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resulte inadecuada; se tiende a regular para evitar los problemas que ya han
sucedido más que para los que pueden suceder a futuro.
Un sector financiero mucho más regulado. La crisis y necesidad de
salvación del sistema financiero habrá conferido al Estado legitimidad (y
demanda por parte de la opinión pública) para tomar una actitud mucho más
activa en la regulación del sector. Veremos un tejido más denso de supervisión
y regulación, que será contracíclica, tendrá más en cuenta el grado de
endeudamiento, fomentará la transparencia y la disponibilidad de información,
modificará las normas contables en la valoración de los activos y regulará los
mercados mundiales de derivados. Las agencias de rating serán un objetivo
preferente de la nueva regulación, eliminando los conflictos de interés en su
funcionamiento, como probablemente lo sean también (aunque sólo hasta
cierto punto) los paraísos fiscales. Pero seguirán las tensiones derivadas del
desfase entre un mercado de capitales global y un sistema de regulación y
supervisión todavía nacional.
Un sector financiero notablemente transformado. A corto plazo, el Estado
será el garante del funcionamiento del sistema de pagos a través de los
Bancos Centrales. El sistema ha quedado irreparablemente dañado al haber
acumulado las entidades financieras enormes niveles de deuda y no ser
capaces, sin la ayuda del Estado, de hacer frente a los pagos.
Lo más probable es que la participación directa del sector público en la banca
sea una etapa transitoria. A medio plazo veremos un sistema financiero más
saneado, con mayores provisiones de capital, pero con menor capacidad de
apalancamiento, con el mercado de derivados regulado y con menos
innovación. Habrá desaparecido mayormente la banca de inversión, lo que
disminuirá el nivel de riesgo sistémico pero limitará las inversiones más
apalancadas y la innovación financiera (no tienen las limitaciones sobre
provisiones de capital y las restricciones regulatorias de los bancos
comerciales), y por lo tanto el dinamismo del sector. Veremos también un
proceso
de
consolidación
bancaria
y
probablemente
también
de
“desglobalización” financiera, por lo menos a corto plazo (como hemos visto en
la UE en respuesta a la crisis).
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Hay otro escenario, sin embargo, menos probable pero muy preocupante: el de
un sistema de bancos zombies que no den crédito ante la necesidad de reducir
sus activos para pagar compensar el incremento de sus deudas. Los excesivos
niveles de deuda y bajos niveles de capitalización han hecho el sector muy
vulnerable y el riesgo acumulado ha generado un trombo en el sistema que,
hasta que no desaparezca, tendrá el crédito congelado. En este escenario, la
intervención del sector público en el sector financiero podría ser mucho más
duradera.
Modernización del Estado Para responder a las expectativas de una
regulación más efectiva, los Estados desarrollarán procesos y metodologías de
trabajo más eficientes para crear regulación, políticas públicas y mecanismos
institucionales capaces de supervisar un sector privado dinámico y complejo.
Más diversidad en las soluciones regulatorias y económicas. Minada la
ascendencia del modelo desregulador anglosajón y desaparecida la idea de un
solo modelo que inspiró el Consenso de Washington, veremos un más amplio
repertorio de soluciones institucionales y políticas públicas “permisibles” para
los gobiernos, especialmente en las economías emergentes.
Descrédito del capitalismo popular y consiguiente retraimiento de la
inversión popular. Está por ver si la actual aversión hacia la inversión en renta
variable se convierte en una tendencia característica del nuevo orden. Pero de
ser así tendría un importante impacto en las estructuras de propiedad de las
empresas y en su capacidad para financiarse.
Menos poder de los agentes económicos. Necesitados como estarán de la
garantía o ayudas del Estado para sobrevivir, o a veces incluso con parte de su
capital en manos públicas, le será mucho más difícil a las empresas presionar a
los Estados con amenazas de deslocalización o fuga de capitales
Cambio sustancial (aunque no revolucionarios), en el modelo productivo
Es posible que la crisis catalice el cambio de modelo productivo y que la
economía del conocimiento que se viene gestando en las últimas décadas
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cristalice, aunque esto llevará su tiempo. Esto podría implicar una disminución
en la importancia del capital en la toma de decisiones, en favor de los recursos
naturales y el trabajo, lo que a su vez podría provocar la descentralización de
las relaciones laborales, al convertirse la aptitud y no el lugar de trabajo el eje
vector de organización de la fuerza laboral.
Modelos de negocio de menos endeudamiento, menos riesgo, menos
innovación y menos crecimiento. Se impondrá una nueva cultura
corporativa, caracterizada por: el activismo de los medianos accionistas; una
más conservadora gestión del riesgo y la innovación; menores niveles de
endeudamiento de las empresas; un tejido financiero y empresarial más
saneado pero de menor crecimiento (en teoría, un mayor apalancamiento
permite mayor crecimiento, al poder disponer de más capital para invertir); y
estrategias orientadas a corto plazo a la supervivencia y a medio plazo a la
estabilidad, generación orgánica de recursos y saneamiento financiero, en
lugar de la continua expansión y crecimiento que ha caracterizado las
estrategias empresariales en los últimos años. Más que el sistema
socioeconómico lo que va a cambiar pues es la forma de hacer negocios.
Más presión para que las empresas actúen de una manera responsable,
tanto por vía del Estado (supervisión, legislación) como por vía de la presión
social, que se canalizará a través de la presión de inversores, accionistas y
consumidores y también a través de legislación. Las diferencias salariales entre
los salarios de los altos ejecutivos y los salarios medios de una compañía serán
vistos negativamente y penalizados por accionistas, consumidores y gobiernos.
Quizás se empiece a hablar de su responsabilidad no sólo social sino política.
Reducción del endeudamiento de familias y empresas pero aumento del
endeudamiento público. El pinchazo de la burbuja de crédito va a llevar a una
sustancial reducción de la deuda de familias y empresa. Al mismo tiempo, las
medidas de reactivación económica incrementará el endeudamiento público. A
corto plazo este activismo del Estado será positivo al generar demanda de
productos y servicios que ayuden a dar salida a la excesiva capacidad de
producción que tiene el sector privado. Es decir, se generará un proceso de
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crowding in del capital disponible en la economía (transvase de ahorro público
a privado). Sin embargo, a medio plazo los Estados atraerán gran parte del
ahorro privado, generando un crowding out de la inversión privada, que llevará
a una menor efectividad en el uso del capital y por lo tanto menor crecimiento.
Cambio de paradigma en la política monetaria, que sustituirá el estrecho
mandato de estabilidad de precios por otro más amplio de estabilidad
económica. Volverá a abrirse el debate sobre la idoneidad del control de la
inflación como mandato único de los bancos centrales y probablemente se vire
hacia un nuevo mandato de estabilidad económica, que haga referencia no
sólo a la estabilidad de los precios (incluidos los activos, hasta ahora no
computados en la inflación) sino también a la estabilidad macroeconómica en
su conjunto, incorporando los déficits de balanza de pagos.
Tensiones al respecto en la UE. Este nuevo paradigma de política monetaria
hará surgir con más urgencia aún la necesidad de una coordinación fiscal más
estrecha en la UE para reducir las actuales diferencias macroeconómicas y de
balance comercial, lo que augura tensiones políticas en el seno de la Unión.
También habrá presiones sobre el BCE por parte de algunos países para no
subir los tipos de interés cuando, tras un período de deflación, lleguemos a otro
más profundo de inflación (generada por el actual incremento de la masa
monetaria), pero en el que las economías que tarden en salir de la recesión
(quizás España) aún no hayan recuperado el crecimiento.
Habrá una recomposición del mapa sectorial de la economía, con algunos
sectores experimentando un declive estructural (el automovilístico tradicional,
por ejemplo) y otros surgiendo. Los más importantes serán la economía verde y
las energías renovables. Lo que hace veinte años fueron las tecnologías de la
información lo será ahora el binomio medio ambiente/energía. La sostenibilidad
en general será uno de los nuevos mantras. A más largo plazo, puede que
disminuya el poder de las compañías energéticas si realmente se pasa a una
de red de distribución energética de segunda generación, donde cada edificio y
vehículo son no sólo consumidores sino también generadores y almacenadores
de energía.
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Economías emergentes debilitadas por la crisis pero parte ya del
escenario económico mundial, conformando una economía multipolar
aunque muy conectada (de momento). Veremos una economía con varias
regiones económicas y de divisas. Buena parte del crecimiento, del consumo y
del ahorro seguirá vendrá cada vez más de las economías emergentes. Los
fondos soberanos de estos países jugarán un papel aún más importante que
hasta ahora, no sólo porque están aprovechando la crisis para entrar en
muchos bancos occidentales (por ejemplo Morgan Stanley) sino también
porque comprarán mucha de la deuda que se va a emitir. La interconexión de
la economía (lo que ha hecho diferente a esta crisis de todas las anteriores)
hará que los movimientos, tanto alcistas como bajistas, se continúen
reproduciendo con gran velocidad e intensidad.
Incremento del consumo interno y reducción de los déficits comerciales.
Incremento del consumo interno, especialmente en Asia, que es donde está el
ahorro. Esto implicará menor comercio internacional. Si a esto se le añade las
emergentes dudas sobre la globalización, esto puede indicar un declive del
proceso de globalización económico que hemos vivido en las últimas décadas.
Fin del consenso mayoritario entorno a los beneficios del libre comercio
internacional y la globalización. Riesgo de proteccionismo. El gran debate
ideológico no será Estado vs. Mercado, sino Globalización vs. Proteccionismo.
La integración económica global ha coincidido con la desintegración social
global desigualdad, incertidumbre, desconfianza). Cada vez serán más los
ciudadanos, incluidas las clases medias, que se verán perdedores de la
globalización, lo que minará el hasta ahora mayoritario apoyo político al
comercio internacional y la globalización entre la mayoría del electorado de los
países desarrollados. Sin apoyo político de las clases medias, la globalización
será insostenible y puede que buena parte de los ciudadanos respalde
propuestas de nacionalismo económico (una repetición del proceso que se
vivió en el período de entreguerras). Es posible que se resquebraje también el
consenso intelectual sobre los méritos de la globalización, el multilateralismo y
los actuales mecanismos de gobernanza global.
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Probablemente se imponga un cambio de enfoque orientado a afianzar la
apertura conseguida hasta ahora más que seguir profundizándola. El
objetivo será que la regulación, acuerdos, instituciones que regulan el comercio
y las relaciones económicas y políticas internacionales se hagan mas efectivas,
se integren y consoliden. En el caso del comercio internacional, por ejemplo
este nuevo enfoque verá a la OMC no como impulsora de mayor apertura aún
sino como coordinadora y garante de los acuerdos ya existentes.
La conversión de los emergentes en emergidos pude generar un declive
del atractivo del modelo de democracia capitalista. China, Singapur, los
países del Golfo,… todos ellos son países que han logrado altos niveles de
crecimiento sin regímenes democráticos e ignorando buena parte de la
ortodoxia
económica.
Pueden
resultar
atractivos
a
otras
economías
emergentes, sobre todo dado que la crisis va a afectar sobre todo a los países
en desarrollo más débiles. El descenso del precio de las materias primas está
reduciendo su principal fuente de ingresos y exportaciones, que se ven
reducidas aún más dada la restricción de crédito a la exportación. Además, el
flight to safety hará que baje el valor de sus divisas y por tanto el valor de su
deuda denominada en dólares.
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