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PACTO SOCIAL
POR LA PAZ Y LA ECONOMIA SOLIDARIA EN EL DISTRITO CAPITAL
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Colombia ha vivido décadas de violencia que ha dejado inmensas pérdidas humanas,
sociales, económicas, políticas y ambientales. Hoy cuando el país busca pasar esta página trágica
de su historia, la Paz requiere reconstruir el tejido social roto por tantas décadas de violencia,
ampliar el bienestar de la población, fortalecer la democracia y sus instituciones. La Paz no es solo
responsabilidad de los actores que están negociando el fin del conflicto en la Habana, ella se
construye, al seno de la sociedad y demanda la participación de todas y todos. Por ello, la
SOLIDARIDAD, la ECONOMIA SOLIDARIA y las ORGANIZACIONES SOLIDARIAS son valiosos
instrumentos para consolidar la paz, la equidad y la democracia.
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El cambio de rumbo en la sociedad colombiana implica superar el individualismo que se
impuso en toda la vida social. Al exacerbado individualismo, anteponemos el valor y principio de
la SOLIDARIDAD. Ella, es una fuerza social que genera responsabilidad hacia los demás, implica el
reconocimiento y aceptación del “otro”, estimula el sentido de pertenencia, el pensamiento
crítico, permite resolver pequeños y grandes problemas movilizando recursos que están dispersos
en la sociedad. La solidaridad es un valor practico, pues solo se realiza ejerciéndola; es un bien
común que solo se acrecienta usándolo. Esta adquirió reconocimiento en la Constitución Nacional,
lo que permite definir políticas públicas, tanto en el cumplimiento de las funciones del Estado
como su fomento en la sociedad. La solidaridad es un hecho de paz.
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En el campo económico, se requiere una economía donde la responsabilidad social de las
empresas sea su mayor contribución a la sociedad. Se necesita un Estado más diligente en la
defensa y protección del bien común, más Estado en el mercado y menos mercado en el Estado.
Son necesario más actos económicos solidarios que estimulen un COMERCIO JUSTO, otorgando un
precio justo al productor, un precio justo al consumidor y un margen justo al distribuidor. Que
fomente unas FINANZAS ETICAS rechazando la especulación de entidades financieras y promueva
formas autogestionarias de ahorro y crédito de las personas. Que practiquen un CONSUMO
RESPONSABLE Y SOLIDARIO, entendiendo que sus compras benefician o afecta a alguien o su
entorno.
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Se requiere más ORGANIZACIONES Y EMPRESAS SOLIDARIAS. Son múltiples las formas
asociativas y de propiedad fundamentadas en principios de solidaridad y no lucro. Las
Cooperativas, Fondos de Empleados, Asociaciones Mutuales, Administradoras Públicas
Cooperativas, en el año 2013 asociaban 6.519.506 personas y generaban cerca de 148.971
empleos directos. Las Juntas de Acción Comunal se estiman en 52.000 entidades actuando en
barrios y veredas; cientos de sindicatos defienden los derechos de los trabajadores; las
organizaciones de voluntariado registran la participación de 700 mil personas que aportan tiempo,
conocimiento o recursos a una causa social; cerca de 215 mil Fundaciones, Corporaciones y
Asociaciones actúan en todo el territorio nacional. Las organizaciones agrarias asocian miles de
familias agricultoras y se dan diversas prácticas ancestrales en comunidades indígenas y afrodescendientes de cooperación y solidaridad.
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La solidaridad, la economía solidaria y las organizaciones solidarias adquirieron
reconocimiento en la Constitución de 1991, encuentran pleno respaldo constitucional en lo
dispuesto en el Preámbulo y los artículos 1, 38, 51, 57, 58, 60, 64, 103, 189-24, 333, asignándole al
Estado la función de promoverlas, fortalecerlas y protegerlas. Sin embargo, se han dado diversas
políticas que limitan la asociatividad y su desarrollo. Se requieren políticas públicas que den cabal
complimiento al mandato constitucional.
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Así como la Paz necesita un marco jurídico que le de viabilidad institucional, así como se
requiere un marco cultural que permita el perdón y la reconciliación, también se requiere un
marco económico que permita su consolidación, la Paz necesita una economía más solidaria.
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Conscientes de la necesidad de aportar a la construcción de una sociedad más justa,
democrática, sostenible y en Paz, los abajo firmantes, proponemos y acogemos un PACTO SOCIAL
POR LA PAZ Y LA ECONOMIA SOLIDARIA. El “Pacto Social”, es un acuerdo entre personas,
organizaciones sociales y solidarias, instituciones públicas (nacional, regional o local) y privadas
para cumplir voluntariamente lo acordado. EL “Pacto Social”, es una propuesta a la sociedad
colombiana, al Estado colombiano tendiente a fomentar la solidaridad, la economía solidaria y las
organizaciones solidarias. En cumplimiento del “PACTO SOCIAL POR LA PAZ Y LA ECONOMIA
SOLIDARIA ” nos comprometemos a:
1. MAYOR INCLUSIÓN DE LA SOLIDARIDAD, LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y LAS ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS EN LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL DISTRITO CAPITAL
Las organizaciones cooperativas y solidarias perciben que en distintas políticas económicas y sociales, su
participación es limitada, se toman decisiones que las dejan por fuera, o en desventaja con respecto al
sector privado lucrativo. Se requiere mayor inclusión de la economía solidaria y sus organizaciones en las
políticas económicas y sociales, por tanto;
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Las organizaciones solidarias serán un importante vehículo para la ejecución de las políticas que
se tracen tendientes al desarrollo económico y el bienestar social. Para tal efecto, se facilitara su
participación en el diseño de las políticas, en la ejecución de sus planes, programas y proyectos y
en la veeduría ciudadana de su ejecución.
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Todos somos consumidores; se promoverá una cultura de consumo consciente, responsable y
solidario. Que cada consumidor sea consciente de que consume, a quién beneficia su compra y
tome decisiones responsablemente.
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El gobierno distrital incrementará las “compras institucionales” directamente a pequeños
productores urbanos y familias agricultoras, especialmente asociados. Promoverá el Comercio
Justo y facilitar el acceso de esas organizaciones a la contratación pública.
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Se fomentaran las prácticas de ahorro y crédito en las comunidades y se establecerán líneas de
crédito público para sus iniciativas de emprendimiento asociativo.
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El distrito capital promoverá la realización de “Presupuestos Participativos”, y se trabajará por
una norma municipal, para que se constituya en una política permanente en el distrito capital.
2. FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS Y DE
ECONOMIA SOLIDARIA.
El fomento y fortalecimiento de la asociatividad solidaría es fundamental para la paz, la
implementación de estímulos a la asociatividad es el mejor aporte que el Estado puede hacer. Son las
personas las que deciden asociarse, pero deben encontrar el conocimiento, los estímulos y el entorno
normativo e institucional favorable para el desarrollo de sus iniciativas. Por tanto:
Plan de emprendimiento e innovación solidaria
 En alianza con las organizaciones solidarias se establecerá un Plan de Emprendimiento e
innovación solidaria, que respetando la autonomía de las organizaciones puede contener: 1.
Asistencia técnica a comunidades y personas que quieran asociarse constituyendo nuevas
organizaciones. 2. Proyectos para el fortalecimiento de las empresas solidarias existentes. 3.
Apoyo a proyectos de innovación con impacto social.
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El Gobierno estimulará el emprendimiento económico de las Juntas de Acción Comunal, a través
de la contratación directa, comisiones empresariales y la Empresa Comunal Rentable establecida
en la Ley 743 de 2002.
Generar reconocimientos y estímulos al VOLUNTARIADO, para ello se harán extensivos los
estímulos de la Ley 1505 de 2012 del voluntariado de emergencia a otras expresiones del
voluntariado. En especial se promoverá el voluntariado juvenil y universitario.
Se orientará que en las distintas instituciones del Estado se establezcan estímulos para las
organizaciones solidarias, facilitando su acceso al crédito, a la contratación pública,
acompañamiento técnico.
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La asociatividad solidaria será el instrumento principal para el desarrollo de la Reforma Rural
Integral en nuestras zonas rurales, apoyando especialmente la agricultura familiar.
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Se promoverá un Pacto solidario entre el movimiento sindical y el movimiento cooperativo que
establezca compromiso de luchar contra toda forma de intermediación laboral y la defensa de
los derechos de los trabajadores e igualmente la defensa del verdadero modelo cooperativo
como forma de organización de los trabajadores.
3. FOMENTO A UNA CULTURA DE LA SOLIDARIDAD Y LA ASOCIATIVIDAD
Una educación desde y para la solidaridad.
El cambio de rumbo en la sociedad colombiana implica superar el individualismo que se impuso en toda la
vida social. Para construir una cultural solidaria tenemos que vivenciar la solidaridad y el modelo de la
economía solidaria. Resaltamos la importancia de los procesos educativos y de formación en los principios y
valores de la cooperación y la solidaridad. Asumimos el reto de promover una educación “para la justicia, la
paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación de los
valores humanos“ (Ley 155 de 1994). Una educación que promueva una epistemología múltiple, diferencial y
emancipadora, que interpele y cuestione los saberes dominantes y abra horizontes de un pensamiento
complejo e innovador, Una Educación desde y para la solidaridad, por tanto:
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Promover la educación solidaria en todos los niveles de la educación formal (básica, media y
superior), para ello se trazará un Plan de acción concertado con el Ministerio de Educación,
Secretaria de Educación, que dé cumplimiento a las directrices del PNDE.
Promover los emprendimientos solidarios (cooperativas, mutuales y asociaciones
estudiantiles) en los establecimientos de educación.
Apoyo a la investigación y divulgación para la innovación social y solidaria que realizan las
universidades y entidades especializadas del sector.
Realizar una intensa campaña de formación de los asociados, que fortalezca la comprensión y
discusión de los valores y principios cooperativos y solidarios
Divulgación sistemática y permanente de la solidaridad y las experiencias de las organizaciones
solidarias.
A pesar de la importancia del cooperativismo y las organizaciones solidarias, en el imaginario colectivo de la
sociedad se desconoce sus buenas prácticas y desarrollos positivos.
 Se implementara una campaña de medios sostenida y de impacto que reivindique lo bueno del
sector y cree un entorno positivo para el plan de emprendimiento. Una campaña “Colombia
Cooperativa y solidaria” podría mostrar las experiencias positivas del sector.
 Se facilitará el acceso de las organizaciones solidarias a los medios de comunicación, a espacios
radiales o televisivos.
4. POLITICA PUBLICA, MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL PARA LA SOLIDARIDAD Y LA
ECONOMIA SOLIDARIA
La asociatividad solidaria está siendo asfixiada y desestimulada. Diversas normas la excluyen de políticas y
mercados, entraban y encarece los procesos asociativos, graban tributariamente las iniciativas
impidiéndoles nacer y consolidarse, al tiempo que se imponen criterios y normativas propias del sector
empresarial lucrativo desvirtuando su naturaleza solidaria.
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El presente Pacto Social estructura elementos para la política pública, por tanto se incluirá en el
Plan de Desarrollo 2016-2020, al tiempo, se presentará iniciativas legislativas (Acuerdos u
Ordenanzas) que de estabilidad y permanencia a la política pública para la solidaria y la economía
solidaria.
Para el desarrollo de esta política se hace necesario contar con la institucionalidad adecuada para
su coordinación e implementación, para ello, se revisará las funciones del Instituto Para la
Economía Social - IPES-, a través del cual se coordinará la política de asociatividad y solidaridad del
distrito capital.
El Gobierno distrital, revisará el actual modelo de supervisión y control de las organizaciones
solidarias, tendiente a facilitar su desarrollo y respetar su autonomía.
El desarrollo de estas políticas, requiere una activa participación de las organizaciones solidarias,
se constituirá un mecanismo de concertación de la política pública, un Consejo Consultivo del
sector solidario, integrado por las instituciones públicas y las diversas organizaciones solidarias
del Distrito.
Derogar o modificar las normas distritales que impiden la participación de las organizaciones
solidarias en distintas actividades económicas o dificultan su participación en la contratación
pública.
La creación del marco normativo que facilite y estimule la asociatividad solidaria, se avanzará en
la creación de la cámara del sector solidario