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COMITÉ DE REPRESENTANTES PROFESORALES SEDE BOGOTÁ
La situación de la Facultad de Enfermería es el reflejo de una errada política
de infraestructura en la sede Bogotá de la Universidad Nacional
Desde los sesentas, se le negó a la Facultad de Enfermería echar raíces en lo que hoy es el
edificio Manuel Ancízar, construido con una donación de la Fundación Kellogg para ese fin.
En ese entonces se prefirió destinarlo para residencias femeninas, y este hecho marcó el
inicio de una inacabable diáspora de una Facultad cuya carencia de sede ha permanecido
sin resolver por más de 40 años. Fue el rector Marco Palacios quien agravó su situación,
pues en su primera rectoría decidió instalar a Enfermería, “transitoriamente”, en la torre
construida como edificio administrativo y 20 años después, hacia el 2005, dio al traste con la
iniciativa de iniciar la construcción del edificio de Enfermería y consultorios de Odontología
que en ese momento contaban con una base de financiamiento.
Antes de esa decisión rectoral, avalada por la mayoría de los actuales directivos, la política
de construcción de infraestructura en el campus, estaba ligada a la existencia de un fondo
solidario ínter-facultades y a consensuar la prioridad de las construcciones. De esta manera,
en esos años, el edificio de Enfermería y Odontología y uno de inter-aulas para todas las
facultades, eran los que inicialmente se construirían.
Con la llegada del equipo del rector, Marco Palacios, se produjo un completo viraje.
Obsesionado con la “regularización” del campus, el arquitecto Fernando Viviescas,
Vicerrector de Sede, procedió a centralizar las decisiones de construcción y adecuaciones
físicas, vinculadas a un Plan de Regularización y Manejo, PRM, hecho que justificó el
anuncio de realizar un empréstito por un valor cercano a los $400.000 millones. Ligado a
éste y adoptando como modelo la construcción del edificio de Ciencia y Tecnología, Luis
Carlos Sarmiento Ángulo, se cambió la política de infraestructura: el empréstito serviría para
crear un Fondo, al que accederían las Facultades según proyectos, según capacidad de
aportes propios y según capacidad de obtención de donaciones entre egresados o entidades
privadas. Así se abandonó cualquier plan de prioridades que respondiera por las
necesidades más evidentes y urgentes, y la realización de nuevos proyectos quedaba a
cuenta de la capacidad financiera y de gestión de las Facultades, política qué relegó a su
propia suerte a facultades como Enfermería, Artes (edificio de Arquitectura), Medicina y
Medicina Veterinaria y de Zootecnia.
También, esto explica por qué las principales realizaciones de esa política sean la placa con
la nomenclatura urbana, de la calle 45, que nos salvó de continuar siendo un “campus pirata”
–según Viviescas- ó las construcciones de los edificios de Ingeniería, Luis Carlos Sarmiento
Ángulo y el CADE, el reforzamiento estructural y remodelación de los antiguos edificios de
esa facultad y de Ciencias Económicas y Administrativas, facultades que gracias a sus
recursos propios prosiguen con ambiciosos programas de construcción.
Esta política, que siempre contó con el irrestricto aval de los actuales directivos centrales,
aplicada por ocho años consecutivos por Nelson Lugo, al frente de la Oficina de Planeación
de la Sede, ahora muestra sus grietas por el riesgo de desaparición de edificios como el de
Calle 44 N° 45-67, Unidad Camilo Torres, Módulo 1, Of. 402-404
Conmutador 3165000 Extensión 10718 o 15171 Fax: Extensión 15155
Correo electrónico: [email protected]
Bogotá, Colombia, Sur América
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Enfermería, el de Veterinaria y de Zootecnia, el de Arquitectura y, en general, el deterioro del
deterioro del campus, hechos que hacen urgente un cambio de política y de quienes la
diseñaron y ejecutaron.
En estos mismos años, la Oficina de Planeación ha sido un obstáculo para solucionar
problemas que han derivado en situaciones conflictivas; es el caso de la cafetería de
Agronomía, la biblioteca de Veterinaria y Zootecnia y el hato de esta misma facultad. Se ha
empecinado en hacer valer el exclusivismo de sus criterios, decide qué se puede demoler o
reforzar, sin atender observaciones de académicos y técnicos con niveles similares de
experticia; un ejemplo, es lo ocurrido con los edificios de Arquitectura y Enfermería. En este
último caso, en un primer momento se anunció que la torre debía ser demolida y
recientemente a través de un comunicado de la Vicerrectoría, se informó a la comunidad de
Enfermería que debía ocupar nuevamente el edificio.
Existen razones suficientes para que la comunidad de la sede Bogotá declare su completa
insatisfacción con la política de infraestructura, tal cual se ha venido implementando en los
últimos años y exija que esta política se revise con urgencia, debatiendo nuevamente la
decisión de acudir a un empréstito comercial, demandado que la recuperación de la
infraestructura de la sede sea adelantada con financiamiento público y definiendo un plan de
prioridades en que las construcciones que se adelanten respondan por las necesidades más
sentidas y urgentes.
Así mismo, no existirá comunidad universitaria, si el espíritu de la insolidaridad sigue rigiendo
en la Universidad y si efectos de esta política como la pérdida de semestres en Medicina y
Medicina Veterinaria, no merecen pronunciamientos de toda la comunidad y apenas dan
lugar a las sonrisas del Vicerrector y al silencio de buena parte de los Decanos, tal como
ocurrió en la sesión del Consejo de Sede cuando se presentó la situación de Enfermería.
El Comité de Representantes Profesorales de la Sede, convoca a tomar decisiones con
celeridad y a encontrar, solidariamente, soluciones para las facultades que están en
dificultad. Convoca a que este asunto sea debatido en todos los Consejos de Facultad y que
la comunidad se apersone de un problema que debe ser de todos.
Ciudad Universitaria, 16 de marzo de 2012
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