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ARGUMENTARIO
Comisión I+D+i
Elecciones Generales 2015
CEOE
Borrador 16 de junio de 2015
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CONTEXTO
1.
Representatividad sobre el PIB (%) UE - 28
España, según datos
referidos al año 2013,
por homogenización
de la información
presentada
en
términos
de
disponibilidad
de
datos, ocupa el 5º
puesto, en términos
de representatividad
en el conjunto de la
economía de la UE 28, posición que ha
mantenido durante la
última década, con
una contribución del
7,8% al conjunto del PIB de la Unión de los 28, solamente por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido e
Italia.
2.
Gasto I+D total. Comparación UE – 28. Año 2013. Diferencia respecto de la media UE – 28 Gasto I+D
(%PIB)
Tomando como punto de partida el posicionamiento de la economía española en el marco de la UE-28, se
presentan a continuación, en modo comparativo con el resto de Estados Miembro, algunas cifras que
caracterizan el sistema español de I+D+i.
En primer lugar, se muestra el nivel de inversión total respecto del PIB nacional, donde España, con un
1,24%, ocupa el puesto
16 en el ranking de
Estados Miembro que
más invierten en estas
actividades.
Este
ranking
lo
encabezan, por este
orden, Finlandia, Suecia
y
Dinamarca.
Situándose la media de
la UE-28, en el 2,01%.
Solamente 8 países del
Total
de
28
se
encuentran por encima
de la media de inversión
sobre el PIB de la UE-28
(Finlandia,
Suecia,
Dinamarca, Alemania,
Austria,
Eslovenia,
Bélgica y Francia).
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3.
Gasto en I+D. Según sector de Ejecución y Origen de fondos
EJECUCIÓN
(Por sectores)
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FINANCIACIÓN
(Por sectores – Origen de los fondos)
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4.
Comparativa Empleo vs Innovación
5.
Correlación entre “Gasto en I+D” y el índice asignado en el Innovation Union Scoreboard.
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PROPUESTAS
DE CARÁCTER GENERAL.
Los países más desarrollados de nuestro entorno son una muestra palpable de que solo hay crecimiento
económico sostenible y generación de empleo de calidad y estable cuando hay una inversión elevada y
constante en I+D+i. La economía española no puede competir en costes con las economías emergentes,
necesita competir en base a productos y procesos que incorporen mayor conocimiento y valor añadido, y
ello pasa necesariamente por estimular y financiar desde los poderes públicos la I+D+i empresarial. Es
cierto que toda actividad de I+D+i es de resultado incierto y conlleva un riesgo, pero el mayor riesgo de
todos es no apoyar la I+D+i
Por este motivo, se debe promover un sistema de apoyo a la I+D+i empresarial eficiente, entendiendo
como tal aquel sistema cuyo beneficio supera a la inversión realizada. Concebimos la eficacia del sistema
como el efecto incremental que las ayudas públicas tienen tanto en calidad como en cantidad con respecto
a la I+D+i empresarial
Los beneficios deben cuantificarse tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista
del mantenimiento y/o creación de empleo de calidad. Además, debería incluirse una proyección a futuro
de las actividades de I+D+i que se están desarrollando en la actualidad, puesto que el impacto y la
repercusión se percibirán a largo plazo.
Las empresas son el centro del sistema de innovación y han de ser apoyadas desde la parte pública en su
proceso de competitividad en tanto que son ellas precisamente las últimas responsables de generar valor
añadido, empleo y riqueza en el país.
Algunas de las propuestas que desde CEOE se entienden necesarias para cumplir los objetivos en esta
materia son las siguientes:
o
Establecer las políticas adecuadas para incrementar la inversión en I+D+i, especialmente la
correspondiente al sector privado, con el objetivo de alcanzar los parámetros establecidos en el Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de innovación. Para ello, es imprescindible que las
restricciones presupuestarias no afecten a la I+D+i y al desarrollo de la sociedad del conocimiento
Economía Digital.
Aumentar la dotación presupuestaria asignada a la I+D+i dentro de un plan plurianual a medio plazo,
que permita dar continuidad y estabilidad al conjunto de actuaciones, iniciativas y proyectos llevados
a cabo y/o liderados principalmente por empresas, con especial atención a las PYMEs y las
microPYMEs.
o
Impulsar la colaboración Público-Privada. Adecuación de los planes de estudios y de la investigación
que se realiza en la Universidad y Centros Públicos de Investigación a las necesidades del tejido
empresarial; incrementar la participación de los investigadores en proyectos empresariales mediante
la eliminación de obstáculos y el incremento de incentivos, como puede ser la valoración más
positiva en el currículum de los investigadores de su participación en proyectos de cooperación con
el tejido empresarial; Incidir en la educación y formación en materia de I+D+i a lo largo de toda la
etapa formativa (desde la educación básica hasta la Universidad) y potenciar los programas
estratégicos de investigación realizados en cooperación entre agentes y en especial entre
Universidades, Parques Científicos y Tecnológicos (PC y T) , plataformas tecnológicas y Empresas,
fomentando la consolidación de las estructuras ya existentes.
o
Impulsar los procesos de reindustrialización en España, en sintonía con las iniciativas que emanan de
la Comisión Europea, incidiendo en la importancia que tiene para la industria las actividades de
Investigación, Desarrollo e innovación tecnológica, así como regenerar el tejido industrial en España
que permita gestionar la cadena de valor de los productos TIC.
o
Promover la definición y ejecución de Grandes Proyectos Tractores movilizadores de la industria,
dotándoles de recursos suficientes en ámbitos en los que nuestro país ostente o pueda alcanzar la
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posición de liderazgo a nivel internacional como son: la Industria de dispositivos médicos, Electrónica
para la industria aeronáutica, Dispositivos y programas para redes eléctricas inteligentes,
Infraestructura de puertos, Infraestructuras de Transporte inteligentes, Electrónica para automoción,
Electrónica embebida en sistemas industriales, Rehabilitación de viviendas, Digitalización de las redes
privadas de radiocomunicaciones, Digitalización de las redes privadas de radiocomunicaciones,
Proyectos tractores TI, Internet de las cosas, Smart product service systems, Ciberseguridad
industrial, Centros de excelencia industrial, Nearshore, Industria de sensores, Sanidad digital
centrada en el ciudadano, etc.
o
Fomentar la relación entre Grandes Empresas y PYMEs, con el objetivo de crear sinergias y aumentar la
competitividad y productividad.
o
Impulsar el desarrollo experimental y la investigación aplicada en España. Además de un aumento de
dotación presupuestaria, es necesario especificar en qué líneas de trabajo se invertirán estos fondos.
Asimismo, resulta imprescindible cubrir, mediante la puesta en marcha de programas que
desarrollen líneas de investigación aplicada definidas o promovidas por las empresas y/o por las
Asociaciones/Federaciones empresariales y Plataformas Tecnológicas, pero que aún no estén en un
estado de implantación casi inmediata en el mercado, el gap que existe entre los programas
orientados a la investigación básica y aquellos que fomentan la implantación en el mercado de
soluciones innovadoras que ya están en un estado pre-comercial.
o
Potenciar la internacionalización de la I+D+i de las empresas españolas, en todos los sectores, en línea
con los principios establecidos en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e innovación,
apoyándose en los planes y políticas diseñados por la Comisión Europea (HORIZONTE 2020, etc.).
o
Fortalecer los mecanismos de coordinación entre los distintos agentes dedicados al impulso de la
innovación en España.
o
Reorganización de la gobernanza del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Más relevancia,
menos dependencia de un Ministerio específico, gestión asignada a una entidad autónoma
directamente dependiente de Presidencia de Gobierno, y más control directo por parte del
Parlamento (oficina de control con asesores externos).
o
Mejorar la Comunicación y difusión de la información relativa a las actividades de I+D+i y fortalecer los
mecanismos de coordinación entre los distintos agentes dedicados al impulso de la innovación en
España.
o
Desarrollo de programas de apoyo a la comercialización de tecnología. En este sentido, debe
impulsarse la Compra Pública Innovadora, como herramienta que permite llevar hasta el mercado
tecnologías de forma exitosa y que, sin embargo, necesita del apoyo público para salvar obstáculos
relacionados con barreras normativas o costes elevados de pruebas o escalado, situación que
adquiere especial relevancia en el caso de la Tecnologías Capacitadoras Esenciales (KET por sus siglas
en inglés)
o
Apoyo a la Investigación Básica y alcance del necesario equilibrio con la investigación aplicada. Con el
objetivo de convertir a España en un país de referencia en Innovación y dar respuesta a los retos
actuales y garantizar un posicionamiento líder de España en áreas concretas para los próximos años,
es imprescindible generar previamente ese conocimiento científico, que con el tiempo, dará soporte
y sustento a los desarrollos tecnológicos con mayor aplicación en el resto de actividades.
o
Creación de un programa nacional de investigación aplicada liderado por las empresa orientado a la
financiación de proyectos a 3-5 años para desarrollar líneas de investigación estratégicas para las
empresas basado en el aprovechamiento de desarrollos tecnológicos ya existentes y que aún no han
llegado aplicados en el al mercado.
o
Aprovechar la oportunidad que supone el liderazgo de España en el sector turístico mundial para
apalancar el impulso a la I+D+i y ser lo más eficientes posibles en la creación de valor, empleo y en la
exportación de know -how en uno de los sectores que España lidera a nivel global.
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o
Adecuar la formación a las demandas del nuevo escenario digital. Fomentar una oferta formativa
orientada a los nuevos perfiles profesionales demandados por las empresas.
o
Transferencia de las capacidades científico tecnológicas: Se deben establecer los mecanismos dentro
de la política de I+D que permitan estabilizar el papel de los centros tecnológicos españoles
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DE CARÁCTER PARTICULAR. Ámbitos de actuación:
1.
Ayudas públicas a la I+D+i.

Coordinar las líneas estratégicas a apoyar (de acuerdo con las líneas definidas por la UE) con el
conjunto de agentes públicos implicados en el fomento de la I+D+i.

Adecuar la normativa legal vigente, que sirve de base para realizar las convocatorias públicas
de ayudas a la I+D+i, buscando simplificar los requisitos aplicables y bajar los importes mínimos
de inversión para que las microempresas puedan presentar proyectos.

Promover un gran acuerdo general entre los partidos políticos en materia I+D+i en el que se
incorpore los incentivos fiscales a estas actividades como uno de los elementos esenciales del
mismo, de manera que dote al sistema de:
-
Estabilidad: Evitando así la inseguridad derivada de la variabilidad normativa sufrida en los
últimos años, ya que se trata de sistemas seguros y a su vez rápidos y baratos.
Se considera importante resaltar que es más relevante que las actuales medidas puedan
funcionar, que implantar otras nuevas, por lo que se debe prestar especial atención a la
adecuada implementación y mantenimiento de las novedades introducidas a través de la
nueva Ley del Impuesto de Sociedades en relación con el TaxCredit y el Innovation Box, así
como profundizar en la compatibilidad de las bonificaciones en la cuota de la Seguridad
Social del personal investigador con las deducciones fiscales.
El objetivo de este marco de estabilidad debe ser doble:
o
Por un lado, proveer al sistema con un nivel de seguridad jurídica que permita una
adecuada planificación de la estrategia a medio/largo plazo de las empresas de
cara al desarrollo de este tipo de actividades en nuestro país (inversión a realizar o
mantener, contratación de personal, etc.).
o
Por otro, servir como elemento de atracción para el establecimiento de centros de
investigación (o mantenimiento de los ya existentes) en territorio nacional. En este
sentido, sería necesario equiparar las deducciones de los gastos para el desarrollo
de los procesos de producción a los del desarrollo del propio producto, pasando el
tipo de deducción del 12% actual al 25%, lo que se traduciría en una mejora
competitiva directa e inmediata.
o
Sostenibilidad, asignando al sistema los recursos necesarios, tanto económicos
como técnicos y humanos, en particular, en lo que se refiere a la emisión de los
Informes Motivados Vinculantes (el RD 1432/2003 proponía un plazo de 3 meses
para la emisión de los Informes Motivados. Actualmente, dicho plazo se encuentra
entre 2 y 3 años). También sería recomendable aceptar los costes de certificación
de proyectos como gasto deducible, por ser inherentes a la aplicación de las
deducciones fiscales.

Promoción internacional del sistema español de incentivos fiscales a la I+D+i, como elemento de
atracción de Centros de Investigación y/o producción e inversiones. La estabilidad del sistema
fiscal comentada anteriormente, así como la ampliación del presupuesto de ayudas como las del
programa ICEX de inversiones de empresas extranjeras en actividades de I+D, ayudaría en este
sentido.

Financiación pública: Es necesario apoyar las estrategias de I+D+i de las empresas españolas
plasmadas en las Agendas Estratégicas desarrolladas por las asociaciones
sectoriales/plataformas tecnológicas. Solo la coordinación entre las distintas AA.PP.,
aprovechando los recursos disponibles a todos los niveles y de forma inteligente y especializada
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ayudará a mantener la diferenciación tecnológica de los sectores y seguir haciendo marca
España:
o
o
Subvenciones. Debe producirse una reorientación en los objetivos de las
mismas:
-
Debería promoverse un sistema de apoyos apoyo a nuevos proyectos
tractores de gran tamaño, impulsados y liderados por el sector industrial e
implicando a empresas a lo largo de la cadena de valor. Prestando especial
atención a la captación de centros privados de I+D+i. Competencia
internacional en la captación de I+D+i. (FEIQUE)
-
Debería promoverse subvenciones a fondo perdido, o en condiciones
ventajosas, para proyectos de investigación aplicada, desarrollo
experimental o innovación, sobre todo si implican la participación y
liderazgo de las PYMEs y microPYMEs
-
Un sistema de subvenciones para la protección de la propiedad industrial
a través de patentes.
Préstamos: Bajo condiciones competitivas (tipos de interés, garantías, etc.) en
relación con los productos convencionales disponibles en el mercado.
-
Se deberían revisar, y reducir, las garantías exigidas para la obtención de
las ayudas.
o
PREVISIÓN: Fechas de publicación de convocatorias, mediante una
programación de las mimas de forma regular o periódica, de cumplimiento
obligatorio riguroso, y divulgada con antelación suficiente (principio de cada
año, por ejemplo, y nunca con una antelación menor a 3 meses), para que las
empresas puedan planificar adecuadamente sus actividades de I+D+i.
o
JUSTIFICACIÓN: Asimismo, debería ampliarse la información puesta a
disposición de las empresas para facilitar el proceso de solitud, dada la
complejidad detectada entre las empresas a la hora de presentarse a las
convocatorias debido a la insuficiente información.
De la misma manera, debería existir un límite temporal para la comprobación
de expedientes, especialmente si estos implican devolución de fondos no
ejecutados, teniendo en cuenta la existencia de intereses de demora.

Fondos Europeos: Intensificar el apoyo a las empresas, organismos públicos, centros
tecnológicos y universidades para su participación en proyectos europeos (H2020, COSME,
LIFE+, etc.) con el objetivo de incrementar la captación de fondos europeos para entidades
españolas.

Capital Riesgo. Promover, mediante estímulos fiscales y financieros, la inversión en actividades
de I+D+i empresarial a través de los fondos de capital riesgo y capital semilla, tanto públicos
como privados, aprovechando las exitosas experiencias desarrolladas en otros países como UK,
EE.UU. o Israel, con una amplia tradición en esta materia.

Centros/ institutos tecnológicos: Optimización del nivel de coordinación de la red de centros ya
existentes (eliminación de duplicidades, impulso de la especialización, capacitación, etc.). Para
ello, sería necesario, siempre teniendo en cuenta la transferencia de competencias en esta
materia, fijar un acuerdo a nivel autonómico o nacional que permita el desarrollo una red
eficiente de centros que cumpla con el objetivo de favorecer la colaboración Público-Privada,
estableciendo un vínculo entre la Innovación y la Industria.
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
Habilitar mecanismos que faciliten o incentiven la transformación digital de las empresas

Mejora del tratamiento fiscal y mejora de la financiación de las empresas
Aumentar el porcentaje de deducción por proyectos de innovación tecnológica,
actualmente en el 12%, hasta el 18 %.
Por lo que respecta a financiación para I+D+i empresarial se propone utilizar las fórmulas
de financiación similares a las que utiliza el Programa Marco de la UE.

El apoyo público es fundamental para promover la innovación en un país, especialmente el
apoyo en los estados más iniciales de la investigación, y tiene un indudable efecto tractor sobre
la inversión privada. Una derivada de los incentivos fiscales y financieros del Estado para
potenciar la innovación está focalizada en la necesidad de atraer personas de otros países que
tengan un nivel de educación elevado y conocimiento tecnológico o no tecnológico que pueda
ser convertido en riqueza.
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2.
Propiedad Industrial e Intelectual.

Promover la protección de las innovaciones a través de la propiedad industrial con la máxima
seguridad jurídica a costes razonables, con el objetivo final de incrementar el número de
patentes de origen español. Para ello, una de las acciones cuestiones prioritarias es desarrollar
las acciones necesarias la de para conseguir que el marco jurídico de la protección, tanto
nacional como europeo e internacional, sea el más favorable para la industria española.

La promoción y las actividades en la PI no debe hacerlas la Administración, sino que deben
realizarse a través de la Universidad y las asociaciones empresariales, que son las más adecuadas
para transmitir de forma apropiada las ventajas de dicha protección.

Desarrollar las acciones necesarias para conseguir que el marco jurídico de protección, tanto
nacional como europeo e internacional, sea el más favorable para la industria española.

Se debería aprovechar el proyecto de Ley de patentes para adaptar la legislación en materia de
protección de innovación a los compromisos internacionales y a la vez configurar un sistema
pensado para la industria española, formada en su mayoría por PYMES, frenando cualquier
iniciativa que pueda afectar a la competitividad de las empresas innovadoras.

Mejorar el funcionamiento de la Administración en relación a la Propiedad Industrial, en
particular, en la calidad de sus resoluciones y en los tiempos en los que realiza su trabajo. En
particular, la Oficina Española de Patentes y Marcas debería focalizar su actividad en la
tramitación de expedientes de PI de forma eficiente asegurando la calidad de sus resoluciones.
Deberá a su vez abstenerse (lo mismo aplicaría para la Administración General) de prestar
asesoramiento, actividad a la que no se pueden destinar recursos públicos y en la que la OEPM
tiene un conflicto de intereses.

Incorporar las indemnizaciones por quebranto de patente como base exonerada en el
Innovation Box, siguiendo la tendencia europea.

Establecer incentivos fiscales en los gastos de protección de la Propiedad Industrial con
minoraciones de la cuota en el impuesto de sociedades. La disminución inicial en la recaudación
fiscal se vería compensada por un aumento de la aportación al Impuesto de Sociedades debido
al incremento en las ventas y los beneficios. A todo ello se podrán añadir ingresos adicionales
derivados de eventuales contratos de licencia.

Crear una regulación en materia de Propiedad Intelectual que impulse nuevos modelos de
negocio basados en la tecnología sin poner trabas al desarrollo de Internet, buscando un
adecuado marco de protección los derechos de los autores y otorgándoles plena capacidad para
desarrollar sus propios modelos de explotación alternativos de sus obras. El marco regulatorio
actual de la responsabilidad de los intermediarios establecido en la Directiva de Comercio
Electrónico ha sido fundamental para el desarrollo de Internet y el crecimiento e inversión en la
economía digital. Ahora, este marco equilibrado ofrece estabilidad y seguridad jurídica a
empresas que crecen gracias a los servicios digitales. Por eso, es importante preservarlo y al
mismo tiempo fomentar las iniciativas del sector privado para mejorar cooperación voluntaria en
la lucha contra actividades ilegales online.

Mejorar el funcionamiento de la Administración en relación a la Propiedad Industrial, en
particular equiparando la Oficina Española de Patentes y Marcas en calidad y excelencia a la
Oficina Europea de Patentes y convertirla en una oficina de referencia internacional.

Explotación de las patentes con fondos públicos: Se debe establecer una estrategia que permita
en los Organismos Públicos de Investigación cubrir y cerrar el círculo de las invenciones, de
manera que no sólo se invente, sino que posteriormente se registre la patente y finalmente se
introduzca el invento en la industria, bien por la vía creación de empresas o bien por la vía de la
transferencia/licencia de propiedad intelectual.
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
Reducir los gastos asociados a la traducción de patentes y promover la reducción de las tasas de
la Administración en materia de propiedad industrial, tanto a nivel español como europeo, y
especialmente en el caso de las PYMEs, tal y como ya ocurre en otras oficinas internacionales
como la americana.

Promocionar el valor del software y el uso del software original para el desarrollo de la empresa

Defender la libertad de elección del software en las Administraciones Públicas, evitando la
imposición de un determinado tipo de software sobre otro que limite la capacidad de los
responsables de Tecnologías de la Información en las AAPP españolas para adaptar los sistemas
a las necesidades cambiantes del entorno.

Adoptar códigos de conducta de uso de la Propiedad Intelectual e Industrial en el sector público.

Mantener la Financiación de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado, consolidándose así como una herramienta eficaz,
equilibrada y justa, que no distorsiona el mercado, al tiempo que permite, de forma fácil, la
efectiva recepción de compensación por parte de los titulares de derechos de propiedad
intelectual.
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3.
Smart Cities
El concepto de Smart City aglutina de forma integrada las iniciativas orientadas a mejorar la calidad de
vida, la sostenibilidad y la gestión eficiente de los servicios, innovando en materiales, recursos y modelos
haciendo uso de la tecnología de forma intensiva, para lo cual es necesario un desarrollo económico
sostenible y una participación activa de la gobernanza y los ciudadanos.
Entre los elementos considerados como esenciales para el completo desarrollo de las Smart Cities en
nuestro país, en el cual intervienen múltiples sectores de actividad, se encuentran los siguientes:

El impulso de la Colaboración público-privada como elemento canalizador de la transformación que
suponen los proyectos hacia un nuevo modelo de ciudad inteligente.

Desarrollo de la planificación urbanística como un proceso transversal en el que participan distintos
gestores urbanos y aspectos ambientales, tecnológicos, económicos y sociales. Se debe impulsar no
sólo la reconversión de las actuales ciudades, sino también hacia los nuevos proyectos de
crecimiento urbano, punto donde juega un papel importante el concepto de Smart Communities y el
fomento de la asociación de municipios para compartir los recursos que dispone una Smart City
mediante agregación por afinidad geográfica.

Considerar la eficiencia energética, la gestión de residuos, el ciclo integral del agua, la rehabilitación
energética de edificios existentes, las redes de climatización, la gestión de zona verdes urbanas y la
gestión eficiente de la movilidad de personas y el transporte de mercancías como ámbitos clave en la
sostenibilidad y eficiencia que debe envolver a las Smart Cities.

La seguridad y privacidad. Los servicios ofrecidos deben ser fiables, estar siempre disponibles y
trabajar con datos de calidad (mayor control sobre los ciber-riesgos de los activos de la Smart-City y
anticipación ante posibles actos sobre las redes (Sabotaje, espionaje, Ciber-terrorismo y ciberseguridad)

La estandarización normalización como elemento que permitirá el efectivo desarrollo de las Smart
Cities. La variedad de sistemas y la integración entre los mismos, junto con el creciente volumen de
datos compartidos, dibujan un escenario que supone, en sí mismo, un importante desafío en materia
de interoperabilidad. La creación de un marco adecuado de estandarización normalización permitirá
que el efectivo desarrollo de las Smart Cities se lleve a cabo de una forma transparente y abierta.

Disponibilidad de talento profesional en nuevos perfiles profesionales y la formación permanente.
Resulta estratégico el papel que juegan las habilidades, conocimientos y práctica en nuevos perfiles
profesionales cualificados, tanto en el ámbito público como privado, capaces de servir y captar los
beneficios de la Economía Digital.

Eliminación de los obstáculos o barreras que pueden condicionar el desarrollo de las Smart Cities:
definición de un modelo de negocio que facilite y asegure la necesaria financiación de los proyectos;
adaptación de la actual estructura administrativa a los procesos propios de las Smart Cities para
facilitar la cooperación inter e intra-departamental; necesidad de un marco en el que se garantice la
competencia en igualdad de condiciones por parte de los actores implicados; desarrollo de un
sistema eficiente de información a los usuarios de las ventajas de la implantación de los procesos
propios de las Smart Cities.

Escasez de indicadores para la recogida de medidas adecuadas.
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4.
Economía Digital
Es fundamental una visión estratégica que permita generar las condiciones que sirvan para
consolidar en el largo plazo, tanto a nivel nacional como europeo, un ecosistema emprendedor,
robusto y dinámico que contribuya a la generación de empleo y al cambio de modelo productivo.
Para ello, es imprescindible apostar decididamente por:

Avanzar hacia la realidad de un Mercado Digital Único donde todos los agentes sociales resultan
beneficiados.

Una Un modelo de Internet abierta y sostenible que sirva como elemento fundamental sobre el
que apoyar el desarrollo de la Economía Digital, garantizando el acceso y la libre elección de los
consumidores, la gestión eficiente del tráfico, así como un entorno pro-competitivo que
incentive las inversiones por parte de los agentes que forma parte del ecosistema digital.

Se debe impulsar el uso transformador de las tecnologías digitales e incentivar el despliegue
eficiente de infraestructuras de telecomunicaciones (Despliegues de banda ancha ultrarrápida).

Fomentar nuevos perfiles profesionales digitales que permitan hacer frente a las nuevas
demandas empresariales. La capacitación y acercamiento al mundo digital debe llevarse,
asimismo, al ámbito de las Administraciones Públicas.

Demanda y Confianza. Desarrollo de políticas transversales de inclusión digital. Promoción de las
buenas prácticas y sistemas de autorregulación en materia de confianza y garantía de
consumidor / usuario.

Fomentar la confianza de los ciudadanos y empresas, especialmente PYME y micro-PYME, en el
mundo digital mediante campañas de concienciación dirigidas a informar sobre la utilidad y
seguridad de las comunicaciones y servicios de electrónicos.

Impulsar la Transformación Digital de todos los sectores productivos. Concienciar de forma
generalizada sobre el poder transformador de las tecnologías de la información y desarrollar un
plan de Transformación Digital específico para cada uno de los sectores productivos de nuestra
economía.

Digitalización de los sectores productivos. Desarrollo de una política industrial integrada (grandes
proyectos tractores con un efecto de arrastre transversal de otras industrias como, por ejemplo,
automoción, turismo, construcción, máquina-herramienta y equipamiento industrial; Mejorar el
marco fiscal para el mundo digital; Impulsar la renovación y ampliación de la base de
equipamiento tecnológico como parte fundamental del proceso de digitalización, etc.).

Economía Colaborativa y modelos P2P: Es necesaria una regulación que acomode estos modelos,
fuertemente innovadores, en la sociedad y en los sectores donde opera. Pero esta regulación
debe ser proporcionada y tener como objeto el interés general y promover la competencia
efectiva.

Eficacia en las Administraciones Públicas. eGovernment y contratación electrónica (de acuerdo
con el nuevo marco normativo) y desarrollo de la colaboración público-privada en su
implantación. Asimismo, no sólo es importante considerar el aspecto de la contratación en lo
que respecta a la eficacia de las administraciones públicas, sino que también es esencial
considerar otros ámbitos en los que la Administración puede aumentar su adopción de la
tecnología. Por ejemplo, el uso de tecnologías digitales en los trámites aduaneros facilitaría el
comercio electrónico transfronterizo, que ahora representa un potencial enorme para el
crecimiento de las pymes españolas.

Acelerar la implantación de una completa Administración electrónica, y el papel de las AA.PP.
como ejemplo e impulsor del uso de las TIC.
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
Asegurar una “Administración Sin Papeles” en todo el territorio nacional y en todas las
Administraciones Públicas, desarrollando soluciones que permitan la puesta en marcha
inmediata de los servicios básicos de Administración electrónica en todos los organismos
públicos.

Adoptar las buenas prácticas en la contratación pública de servicios TIC que se utilizan en las
licitaciones europeas, evitando la excesiva presión en precio existente hoy día en las licitaciones
públicas de este tipo de proyectos en España que está degradando y poniendo en cuestión la
sostenibilidad del sector.

Comercio Electrónico: Adecuar el marco regulatorio al comercio online transfronterizo; Lograr un
marco fiscal adecuado para productos online; Resolver la interoperabilidad de los medios de
pago y transparencia en costes; Analizar en detalle la problemática de la portabilidad de la vida
digital.

Cloud Computing: El desarrollo de la Economía Digital debe pasar por la adopción y el respaldo
de tecnologías clave, como el Cloud Computing. El sector público debe involucrarse en la
consolidación del modelo Cloud, tanto desde la perspectiva de fomento de la modernización del
tejido industrial, como desde la perspectiva de la propia Administración como consumidora, en
aras de una mayor eficacia, lo que requerirá la necesaria actualización de los mecanismos de
contratación pública, y la armonización de la normativa existente.

Contar con Infraestructuras y “Clouds” adecuadas de primer nivel en España preparadas para
alojar servicios de las dimensiones requeridas por este tipo de sistemas de información

Lograr la puesta en marcha de proyectos basados en paradigma Big Data relevantes,
transformadores, en el ámbito de la economía de digital, donde este sector desarrolle toda su
capacidad de innovación y creación de valor y sirva de impulso para
Reconocimiento y prestigio a nivel nacional e internacional de la capacidad tecnológica de
nuestras empresas, apoyando las oportunidades de crecimiento y expansión de las mismas.
Aumentar significativamente la incorporación de nuevos recursos provenientes tanto del
ámbito universitario (contribuyendo significativamente al aumento de empleo de alta
cualificación) como de reciclaje del capital intelectual actual
Fomentar la innovación

Promover la utilización del Big Data en sectores clave para el PIB y referentes a nivel mundial
(Turismo, Sanidad, Transporte, Energía, Finanzas, Telecomunicaciones, Automoción, Moda, etc.)

Propiciar la reutilización de la información del sector público para permitir el desarrollo de
servicios de alto valor que contribuyan al impulso de la actividad económica y la generación de
servicios de valor para ciudadanos y empresas.

Renovar y ampliar la base tecnológica instalada, focalizando su extensión en el uso de las TIC en
las pymes

Potenciar la creación de centros de desarrollo en localidades nearshore, así como
fomentar/promover la localización Centro de Datos (cloud, Big Data, supercomputación como
base de I+D+i) en nuestro país.

Lograr que la regulación se oriente decididamente al fomento de la inversión TIC, así como
revitalizar al alza los presupuestos TIC de las empresas y las AAPP.

Promover el equipamiento y uso de las tecnologías en el modelo digital desde los primeros
niveles educativos y favorecer su inclusión social (Formación profesional, universitario,
desempleo).
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5.
Protección de datos y privacidad
Resulta necesaria la armonización en materia de protección de datos y privacidad, así como avanzar hacia
un marco único que elimine las desventajas competitivas de las empresas europeas, especialmente las
españolas, en el mercado global.

Asegurar la confianza en el uso de internet.

Portabilidad de la vida digital (la tecnología debería proporcionar los medios adecuadas para
salvaguardar la utilización de Internet por parte de los usuarios, quienes deberían tener la posibilidad
de controlar sus datos personales así como de transferir sus aplicaciones y contenidos entre
cualquier dispositivo).

No obstante, se debe clarificar que el derecho a la portabilidad no debe afectar el derecho del
responsable a conservar datos personales por motivos de cumplimiento y otros fines legítimos.

Asimismo, se debe distinguir entre los datos generados por los usuarios (creados y provistos por el
interesado) y datos que son el resultado de las interacciones del usuario con el prestador de servicios
o con otro usuario del servicio: el alcance del derecho a la portabilidad, por lo tanto debe aplicarse
solamente sobre datos de la primera categoría.

Por último, se considera que debe ser el mercado quien determine los formatos adecuados y detalles
técnicos para la transmisión de datos.

Flexibilización de la figura del consentimiento como norma general, en función del grado de
sensibilidad de los datos, tratando de evitar que el consentimiento suponga un obstáculo a la
investigación aun cuando se trate de datos sensibles.

Definición de dato personal menos ambigua, permitiendo excepciones.

Definición de datos anónimos

Modulación del Derecho al Olvido, limitación de la responsabilidad de los agentes intermediarios

Las obligaciones en materia de seguridad, en lo relativo a notificaciones y comunicaciones es
excesiva y desproporcionada en función del riesgo real. Ante un incidente de seguridad, lo primordial
es la resolución del mismo a la mayor brevedad posible, evitando crear alarmas sociales. La excesiva
burocratización ralentizará la rápida gestión de ciertos incidentes.

Debe garantizarse el cumplimiento de la normativa europea con independencia de los prestadores
del servicio, asegurando que los agentes que ofrezcan un mismo servicio tengan las mismas
obligaciones, como el secreto de las comunicaciones, la interceptación legal o la integridad del
servicio.

Modulación del régimen sancionador por desproporcionado.

Otorgar a los agentes y operadores de una habilitación legal general que les permita una activa
participación en materias de ciberseguridad y cibervigilancia siempre que exista una autorización
judicial.

Adaptación de las obligaciones de conservación de datos para investigación en delitos graves a las
realidades sociales planteadas por las nuevas tecnologías.

Las administraciones públicas tienen un papel relevante en este tema y han de velar por la
disponibilidad de los datos y por la existencia de una alternativa basada en tecnologías abiertas en
formatos y detalles técnicos
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6.
Facturación electrónica

La implantación de la factura electrónica en nuestro país constituye un gran paso adelante para
garantizar la transparencia en los procesos de contabilidad y gestión de las Administraciones
Públicas (AAPP) y proporcionar seguridad jurídica a los proveedores en sus relaciones
comerciales con éstas. Sin embargo, para que el proyecto consiga los fines perseguidos es
esencial garantizar que el sistema de facturación es uniforme en todo el territorio español y
aplicado por todas las AAPP sin excepción. Así, por ejemplo, es necesario un único punto de
entrada, un único visor, unas únicas especificaciones técnicas que permitan además incorporar
toda la información necesaria para que puedan ser tramitadas, unificación de códigos, mensajes,
validaciones, etc.

Por ejemplo, en el caso del portal FACe en particular, es necesario un único punto de entrada,
un único visor, unas únicas especificaciones técnicas que permitan además incorporar toda la
información necesaria para que puedan ser tramitadas, unificación de códigos, mensajes,
validaciones, etc.

Como norma general, se deben habilitar de forma indistinta dos canales de envío: uno
telemático para empresas que puedan desarrollarlo y otro manual para autónomos o pequeñas
empresas que no puedan desarrollar el envío telemático.

Deben establecerse unos indicadores de seguimiento que permitan evaluar que la factura
electrónica y las inversiones realizadas en ella por proveedores y Administración, han redundado
en una mejora efectiva, en términos de agilidad y porcentaje de facturas tramitadas, sobre el
método tradicional de facturación.

Se debe implementar un verdadero Plan de difusión –no sólo de comunicación- tanto al sector
privado como al público, que haga más fácil y eficiente el tránsito a la gestión de las facturas en
papel hacia el formato electrónico.

Este proceso debe incorporar un proceso de formación adecuado a los distintos niveles de las
AA.PP, que permita realizar correctamente la transición, señalado anteriormente.

Asociación de ventajas tributarias, fundamentalmente, reducción de cargas administrativas, o de
otra índole, que aprobadas a nivel nacional, induzcan a la utilización de facturación electrónica.

Creación de grupos de trabajo con todos los sectores afectados para analizar la casuística y
necesidades actuales que permitan acometer las mejoras necesarias.

Ampliación del intercambio electrónico con la Administración a otros documentos (es decir, que
no sólo sea la factura)

Ampliación de la obligatoriedad del uso de la factura electrónica a todos los ámbitos, para
mejorar la productividad y competitividad de las empresas y por tanto de la economía.
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