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Sobre emigrantes, responsabilidad civil y el problema de tener leyes
Como bien sabemos la migración es un fenómeno a nivel mundial. Más o menos un 20% de los uruguayos
no vive en Uruguay. La mayoría de ellos busca una mejora de sus condiciones económicas en el exterior. En
general se van con muy pocos recursos, y por eso el flujo de capitales uruguayos hacia el exterior por tal
causa, es relativamente baja.
Por el contrario, a los aspirantes extranjeros que desean a vivir por un tiempo más extendido en Uruguay, se
les exige una certificación (por ejemplo de un banco, tarjeta de crédito, etc.) de ingresos regulares del país
de origen. En otras palabras: se van “pobres” y se vienen “ricos”. Eso es una política legítima e inteligente.
El flujo de capitales extranjeros hacia el Uruguay generado por los emigrantes es significativo.
También es cierto que la gran mayoría de los emigrantes no viene a Uruguay deseando bañarse en los
cráteres de la minería, o disfrutar el paisaje de 1.25 millones de hectáreas de soja transgénica, o mirar la
llegada de destructores de la “U.S. Navy” a un nuevo puerto de aguas profundas, 13 veces más grande que el
puerto de Montevideo, o a gozar la sopa de venenos con gusto a cloro que sirve la empresa estatal de agua
corriente.
No pretendemos que se diga: ¡no vengan a Uruguay! Eso es cierto, pero sería necesario brindar información
objetiva y honesta. ¿Y qué pasa con los emigrantes ya atrapados hace años con la promesa del “Uruguay
natural”? Si lo único “natural” que quedó acá es la corrupción. Seguramente la suma de todas las inversiones
privadas, hechas bajo el engaño del “Uruguay natural”, es varias veces mayor que cualquier inversión
industrial.
Pero estas inversiones no tienen voz. ¿Acaso habrá que acudir al soborno, para que se apruebe una ley de
“seguridad ambiental de gran porte”? ¿Se deberá pagar “derecho de piso” por esa confianza ingenua en la
palabra “ley”?
Uruguay tiene una de las mejores leyes para la protección de recursos hídricos en el mundo. Ratificada en
octubre 2009, existe la ley 18.610, que en el Capítulo II, Principios, Artículo 8° C dice:
"Que la falta de certeza técnica o científica no podrá alegarse como eximente -ante el riesgo de
daño grave que afecte los recursos hídricos- para la no adopción de medidas de prevención,
mitigación y recomposición."
¿Acaso esta ley permite la aplicación de 100 millones de litros de agrotóxicos por año? Venenos que
demoran años en degradarse y que se mezclan fácilmente con las lluvias, entrando en los recursos hídricos y
causando graves problemas. Resultados: un suelo sin vida, arroyos sin peces, y alto valores de residuos
tóxicos en el agua potable. El glifosato, mata arañas, ¿y a nosotros, nos hace bien? La prevalencia de cáncer
en Uruguay habla claro al respecto.
Lo sorprendente es la indiferencia con que la gran mayoría de la gente acepta esta relatividad de las leyes.
Se dice: “Si un ley te exige algo, hay que cumplir o serás sancionado. Pero si una ley te da un derecho,
entonces depende de los intereses “partidarios” si se cumple. Así, si no se cumple, no pasa nada.” Las leyes
no son todas iguales, entonces. Esa filosofía parece muy común en Sudamérica, pero a quien llega desde
Europa central le resulta algo nuevo.
Hoy las leyes se “cocinan” en un palacio, Palacio Legislativo. No en un edificio común, menos aún en una
choza o “ranchito” como supo hacerlo Artigas. La citada ley 18.610 demoró 5 años en ratificarse, después de
haber sido aprobada por el 66 % de los Uruguayos en el “plebiscito del agua” de 2004. Aun, nueve años
después, tenemos la peor agua en la historia del país. ¡Hecha la ley, hecha la trampa!
Los ideales están encerrados entre cuatro muros de un palacio construido sobre suelo conquistado con la
excusa del amor cristiano y el derrame de sangre indígena. Si bien los tiempos han cambiado la actitud es la
misma, nuestra sociedad no actúa en función de la solidaridad universal sino en la de los intereses del
individuo, lo cual nos permite actuar sin sentirnos responsable por los demás. Un desastre justifica a otro.
“El cáncer tiene inicio cuando una pequeñísima célula sana sufre un proceso de mutación. La mutación es tal
que pierde sus características y potencialidades y deja de ser productiva en el órgano que se encuentra,
comienza a multiplicarse a un ritmo vertiginoso, y las consecuencias son graves, las células enfermas
invaden y destruyen todo lo que encuentra a su paso, se agrupan en otras zonas sanas. Eso se llama
metástasis. La actitud degradante de un ser humano y las malas actitudes gananciosas, las actitudes de
desprecio corrompen el padrón de conducta celular provocando la enfermedad.” (Dr. Helio Holperin – A
vida dentro de nós). Se parece al modelo productivo del gobierno actual.
Perfecto, la política tiene cáncer, y en el palacio empezó todo y terminará todo. Al igual como se trata de
curar la gente enferma de cáncer con todos los medicamentos que existen (a su vez muy útil para el bolsillo
de la “industria de la salud”), se trata de curar el cáncer político con todos los remedios más o menos
democráticos. El resultado es el mismo: quien tiene cáncer muere, antes o más tarde. Nuestros ocupantes
actuales del palacio tratan de vencer el cáncer con muchas palabras, logrando que se extienda todavía más
rápido. Quieren apagar el fuego tirándolo leña gruesa.
Un tratamiento, sin tomar en cuenta la causa de la enfermedad, a largo plazo no puede ser exitoso. Y la causa
de la enfermedad política es simplemente que las palabras, dichas o escritas, no tienen valor. Según
confirmaciones oficiales y la cantidad de leyes aprobadas, Uruguay es un paraíso. Según la realidad actual
Uruguay se empobrece año por año por la mitad del PBI. Predicar amor en el exterior, y tirar venenos en el
interior, matar para controlar, un presidente marioneta ideal porque ejecute sin escrúpulos, tanto incapaz
como inconsecuente y deshonesto. Con engaño y mentira quieren curar el cáncer político, y están
convencidos de haber aplicado el mejor tratamiento posible aun cuando muera el enfermo.
El Palacio es nada más y nada menos que un hospital, estatal y no privado, lleno de enfermos, tratados por
muy pocos médicos de verdad. ¡Si no hubiera esta maravillosa ley 18.610! Nos podrían hacer creer que los
venenos en el agua nos ayudan a acelerar nuestra adaptación genética al futuro gobierno mundial de
MONSANTONIA, y lograr una ventaja importante en el mercado internacional frente a los países atrasados,
los cuales se permiten todavía tener agua verdaderamente pura. No sería una mentira o un engaño, sería la
pura verdad.
Peter Johann Abmayr Kranzfelder de UNIDOS