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UNIDAD 6
LA ECONOMÍA EN EL SECTOR PÚBLICO
1. El Estado de bienestar
1.1 Las claves del futuro del Estado de bienestar
1.2 Las dudas sobre el Estado de bienestar
2. Los ingresos y gastos públicos
2.1 Los ingresos públicos
a. Cotizaciones sociales
b. Tributos
c. Otros ingresos
2.2 El gasto público
3. Los principales impuestos
3.1 ¿Quién paga los impuestos en España?
4. El sector público y el equilibrio presupuestario
4.1 Los presupuestos públicos
5. Déficit y deuda pública
5.1 La polémica sobre la deuda pública
6. Desigualdad y redistribución de la renta
6.1 El Estado y la redistribución de la renta
6.2 La presión fiscal
6.3 Las contrapartidas de la presión fiscal
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1. El Estado de bienestar
Después de la dos Guerras Mundiales y la Gran Depresión producida tras el
“Crack de 1929" (caída de la Bolsa estadounidense), los Gobiernos europeos tomaron
conciencia de la necesidad de garantizar a todos los ciudadanos unas condiciones
mínimas que les asegurasen una vida digna, sobre todo a los más necesitados: personas
mayores, desempleados, enfermos, etc.
En plena Gran Depresión, John Maynard Keynes, criticaba la postura de muchos
de sus colegas, quienes, creían que la mano invisible del mercado se bastaría por sí sola
para salir de la crisis. Keynes pensaba que en una situación de crisis profunda de la
economía, el Estado debía intervenir con inversión pública para empujar con su
actuación a los empresarios y consumidores. Desde entonces se considera
responsabilidad de los Gobiernos evitar las fluctuaciones económicas y aplicar que
persigan un crecimiento económico más estable.
Con estas premisas, William Beverigne, en 1942, sentó las bases del Estado de
bienestar; proponiendo que los servicios públicos básicos fueran gratuitos y de
cobertura universal, estableciendo así un sistema de seguridad social que cubra a toda la
población proporcionando servicios básicos de educación y sanidad y garantizando un
nivel de vida digna, incluso para los más desfavorecidos.
Este estado de bienestar ofrece tres tipos de prestaciones: las contributivas, las
universales y las compensatorias.
1.1 Las claves del futuro del Estado de bienestar
El crecimiento económico y la creación del empleo son claves para garantizar el
Estado de bienestar.
Cada nuevo contrato supone más ingresos para el Estado en forma de impuesto
y cotizaciones a la Seguridad Social. En el caso de un desempleo, ya no se cotiza,
además de tener que pagar subsidios.
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1.2 Las dudas sobre el Estado de bienestar
El Estado de bienestar se financia con las cotizaciones a la Seguridad Social y
los impuestos. Algunos economistas dudan sobre su financiación futura, debido al
envejecimiento de la población y a la baja tasa de natalidad en los países desarrollados,
que plantean un doble problema:
- El aumento de la población dependiente (mayores de 64 y menores de 16) y la
disminución de la población en edad de trabajar de la que aquella depende.
- El aumento de las necesidades básicas, por cuanto más tiempo se vive, más servicios
sanitarios y de apoyo a la dependencia se necesitarán.
2. Los ingresos y gastos públicos
2.1 Los ingresos públicos. El sector público necesita recursos para financiar los
gastos públicos. Estos recursos constituyen los ingresos públicos y se obtienen
mediante las cotizaciones sociales, los tributos y otras fuentes de ingresos
a. Cotizaciones sociales
Son los pagos que se hacen a la Seguridad Social y por los que se adquiere un
derecho a percibir determinadas prestaciones (por enfermedad o accidente, por
desempleo, pensiones, etc.). En España, las cotizaciones se calculan tomando como base
el salario de los trabajadores y las pagan tanto las empresas como los trabajadores.
b. Tributos
*Ya vistos en la Unidad 4
c. Otros ingresos
Por último, hay otras fuentes de ingresos, como las transferencias corrientes
(que obtienen las Administraciones públicas mediante, por ejemplo, las loterías y
apuestas); los ingresos patrimoniales (por los beneficios de las empresas públicas); o
las operaciones de capital (como los ingresos por la venta de empresas públicas o por
los fondos de la Unión Europea para financiar proyectos de inversión).
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2.2 El gasto público
A los diversos gastos realizados por las Administraciones Públicas, se los
denomina gasto público.
En la siguiente imagen se refleja el gasto público según el destino al que se
dedica (sin incluir los intereses de la deuda). Un ejemplo: de cada 100€ gastados, el
porcentaje dirigido a cada partida será:
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3. Los principales impuestos
* Los principales impuestos los vimos en la Unidad 4; aunque la unidad 4 se
centrara en la empresa, prácticamente todos los tributos también los pagan las personas
físicas (ciudadanos/as individualmente), además de las personas jurídicas (las
empresas).
3.1 ¿Quién paga los impuestos en España?
Los impuestos en nuestro país los pagan fundamentalmente las clases medias,
mientras que las altas buscan todos los resquicios posibles para eludir el fisco. De todo
lo que se recauda en España, el 90% procede de las rentas del trabajo medias y bajas
(IRPF, cotizaciones sociales, IVA e impuestos especiales), y el 10% restante lo aportan
las rentas del capital y las grandes empresas.
Este 10% más rico tiene dos formas diferentes para pagar menos impuestos: una
legal, a través de la ingeniería fiscal que utilizan las grandes multinacionales o las
grandes fortunas; y otra ilegal, mediante fraude fiscal. Por ello, para aumentar la
recaudación en España, es necesario un sistema fiscal más eficaz y justo.
4. El sector público y el equilibrio presupuestario
El sector público nacional lo componen:
- Las empresas públicas, que controlan los sectores productivos estratégicos (energía,
transporte, defensa, etc.)
- Las Administraciones públicas, entre las que se distinguen la Administración
central (el Estado), y las Administraciones territoriales (formadas por las
Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y las Diputaciones provinciales)
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- La Seguridad Social
Las Administraciones públicas se financian principalmente a través de los
impuestos. El Estado es el recaudador principal y transfiere el dinero a las restantes
Administraciones para que puedan financiar sus servicios. Por su parte, la Seguridad
Social se financia, sobre todo, con las cotizaciones sociales.
El reparto de la gestión del gasto público es de la siguiente forma: las
Comunidades Autónomas (CCAA) gestionan un 30% y las entidades locales un 10%;
por su parte el Estado controla alrededor de un 20% y el gasto restante corresponde a la
Seguridad Social (SS).
¿Qué áreas de gestión o competencias tienen cada una? Las CCAA y las locales
gestionan la vivienda, la educación, la sanidad, etc. El Estado se encarga de la defensa y
las relaciones exteriores. Y la SS administra las prestaciones sociales (desempleo y
pensiones). Además existen áreas compartidas, como las obras públicas locales o
regionales, la protección policial, el medioambiente, la inversión en I+D o la cultura.
4.1 Los presupuestos públicos
Cada año, las diferentes Administraciones públicas determinan cuánto van a
gastar durante el año siguiente y en qué partidas. También deben prever los ingresos
necesarios parar financiar esos gastos; todo esto constituye los presupuestos públicos,
los cuales se realizan anualmente.
Los presupuestos están en equilibrio cuando los ingresos son iguales a los
gastos. Cuando los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos, se produce déficit
público, pero si es al contrario se produce superávit público. En el caso del déficit
puede ser cíclico o temporal y estructural. En el primer caso se produce cuando una
economía atraviesa una situación de crisis; se produce menos actividad económica y por
consiguiente más despidos, así el estado recauda menos y a la vez debe pagar más
subsidios. En el segundo caso el déficit se mantiene durante años, aunque la economía
vaya bien.
5. Déficit y deuda pública
Cuando existe déficit, el Estado tiene que endeudarse y pedir a los particulares u
otros Estados que inviertan sus ahorros en préstamos al sector público. Así se genera la
deuda pública; que no solo es lo que el Estado debe como consecuencia del déficit de
años anteriores, también se usa para referirse a una forma de obtener financiación por
parte de los poderes públicos, mediante la emisión de bonos, letras del tesoro, etc.
El problema de la deuda es que el Estado deberá pagarla en el futuro y el
compromiso de pago se traslada a las generaciones siguientes. Así, el gasto público
actual que no podemos financiar con nuestros impuestos lo tendrán que pagar nuestros
hijos.
5.1 La polémica sobre la deuda pública
Dados los problemas que acarrea el déficit, muchos economistas entienden que
la política del Gobierno debe regirse por el principio de equilibrio presupuestario, que se
llegaría a través de recortar gastos o aumentar impuestos. Pero, según otros
economistas, si una economía está en recesión y aumenta el paro, el Gobierno debe
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aumentar el gasto para reactivar la economía y aumentar el empleo, aunque se incurra
en déficit, en este caso estamos ante políticas keynesianas. Eso sí, ese déficit debe
equilibrarse en los años siguientes con el superávit derivado de la mejora de la
economía.
6. Desigualdad y redistribución de la renta
La desigualdad es el mayor desafío de nuestros tiempos. Y no solamente la
referida a las diferencias entre países ricos y pobres. Los niveles de desigualdad se han
ampliado significativamente en los últimos treinta años en casi todos los países
desarrollados, lo han hecho aún más con la crisis económica, alcanzado niveles
desconocidos desde la década de 1930. Así pues, se conoce como cuarto mundo a toda
esa población que vive en países desarrollados y que presenta altos niveles de pobreza.
En España, la desigualdad se agravó entre 2008 y 2014 por la crisis económica y
los recortes en gastos sociales. Según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), antes
de la crisis, el 20% de los españoles con mayores ingresos ganaba 5,3 veces más que el
20% con menos ingresos. Años más tarde, esta cifra había aumentado a 7,2 veces (un
30%, aproximadamente, de aumento)
Por otra parte, en los países nórdicos como Dinamarca, Suecia y Finlandia, la
separación es muchos menor y los más ricos apenas ganan cinco veces la cantidad que
ganan los más pobres.
Entre los motivos de este aumento de la desigualdad en España están el alto
nivel de desempleo y los recortes en gastos sociales. También se debe a la devaluación
salarial, afectando más a colectivos con salarios más bajos, o al tipo de empleo que se
está creando, temporal, a tiempo parcial y con bajos salarios.
España es uno de los países de la UE más desiguales afectando especialmente a
las mujeres. Sus condiciones laborales son peores y sus sueldos son más bajos que los
de los hombres, lo que ha derivado en la denominada feminización de la pobreza.
Por ejemplo: Entre 2009 y 2015, la tasa de desempleo ha afectado a toda la
población, pero no por igual. La cifra de las mujeres ha crecido 5,42 puntos, mientras
que la de hombres sólo ha aumentado 3,13 puntos.
Si los datos se miden por salario-hora, la brecha entre hombres y mujeres ha
aumentado en 3,2 puntos, pasando del 16,1% al 19,3% desde 2008 a 2013. Cuando
hablamos de salarios brutos anuales, los datos crecen menos, pero hablamos de una
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brecha mayor. En el mismo lapso de tiempo, la diferencia ha pasado del 21,87% al 24%
en 2013.
6.1 El Estado y la redistribución de la renta
El Estado puede reducir las desigualdades redistribuyendo la renta a favor de los
que menos tienen, o proporcionando bienes y servicios a los que no pueden acceder a
ellos. Para ello dispone de dos vías:
- A través de los impuestos. El Estado puede favorecer la igualdad entre los
ciudadanos si los impuestos que recaudan están penados de tal forma que los individuos
y las empresas que más rentas perciben pagan proporcionalmente más que los que
reciben rentas menores. Esto significa tratar de manera distinta las situaciones que son
diferentes, de tal forma que los impuestos cumplan una función redistributiva.
- Mediante el gasto público. El Estado también puede contribuir a la equidad mediante
transferencias y ayudas a los ciudadanos (prestaciones por desempleo, ayudas de
carácter social, pensiones, etc) o proporcionando servicios como la educación o la
sanidad, con las que garantiza la igualdad de oportunidades educativas y una asistencia
sanitaria para todos. También subvenciona (paga en parte) el coste de ciertos bienes y
servicios, como el transporte público, la enseñanza universitaria (con la concesión de
becas) o las viviendas sociales. Es la parte de gasto público conocido como gasto
social.
Con ambas medidas se produce una transferencia de recursos de los que más
tienen a los que menos (redistribución de la renta). Desde este punto de vista, el pago
de los impuestos tiene un sentido ético y solidario.
6.2 La presión fiscal
Aunque la creencia de que en España se pagan muchos impuestos, los datos no
confirman esa impresión de los ciudadanos. El indicador que mide la incidencia de los
impuestos en un país es la presión fiscal, que expresa la proporción del PIB que los
contribuyentes dedican al pago de impuestos:
Presión fiscal= ingresos por impuestos y cotizaciones sociales/PIB
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Si comparamos la presión fiscal en los países de nuestro entorno, como muestra
el gráfico, vemos que Dinamarca está a la cabeza de la carga fiscal, con los impuestos
más altos (50,9% del PIB); mientras España tiene un 33,2%, estando por la media de la
OCDE (34,3%).
Esto hace que las arcas públicas de España sean las más débiles de la Europa
desarrollada. Todo esto se debe a los años de la crisis, pues han deprimido los ingresos
fiscales; además hay que añadir el fraude fiscal y la economía sumergida (la que no se
declara) están por encima de la media europea.
6.3 Las contrapartidas de la presión fiscal
Todos queremos más y mejores servicios públicos, pero a nadie le gusta pagar
más impuestos. Unos buenos servicios públicos hay que pagarlos, es decir los impuestos
son el “precio” que pagamos por los bienes y servicios públicos.
Como hemos visto anteriormente un ciudadano danés paga más de 50€ en
impuestos y cotizaciones por cada 100€ de renta, ello le permite mayor nivel de
infraestructuras públicas, que las que tenemos en España.
A pesar de esto España hizo unos enormes esfuerzos tras La Transición para
alcanzar un cierto nivel en presión fiscal y por ende en bienestar público; sobre todo en
la década de los 80. Así en 1965, la recaudación fiscal media de los Estados de la
OCDE se situaba en el 24,5% del PIB. La más alta se daba en Francia, con un 33.5%
del PIB, mientras que en la España franquista era de 14,3%. Con esos ingresos, los
países más avanzados financiaban una sanidad muy básica, una educación universal
hasta los 14 años y pensiones para una población con una esperanza de vida de 70 años.
Logros todos ellos ausente en España.
Un ejemplo del aumento del gasto social en España lo podemos ver en el
incremento de la partida presupuestaria destinada en educación, así como el aumento
del número de universitarios, y sobre todo universitarias.
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