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Objeción de conciencia, ley, deontología y ética
Koldo Martínez Urionabarrenetxea
La aprobación del nuevo Código Deontológico Médico ha generado una gran polémica. Mientras que el Colegio
de Médicos de Toledo ya ha recurrido el texto ante el Tribunal Supremo de Justicia de Castilla-La Mancha,
otros profesionales lo consideran un esfuerzo de autoexigencia ante el paciente y la sociedad. Este artículo
recoge dos artículos recientemente publicados sobre la objeción de conciencia en Estados Unidos y Reino Unido
y analiza posibles soluciones a los problemas derivados de esta cuestión, entre las que destaca la creación de un
registro de objetores.
Reacciones al nuevo Código Deontológico Médico
La aprobación del nuevo Código Deontológico Médico el 9 de julio pasado ha generado una gran polémica no
sólo entre los 225.000 profesionales —obligados por ley a colegiarse en los respectivos Colegios médicos para
poder ejercer la medicina— sino en la propia sociedad española. Este nuevo código deontológico sustituye al
aprobado en 1999 y ha sido fruto, afirman desde la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica
Colegial (OMC), de un estructurado trabajo realizado durante 2 años y medio “con absoluta independencia y
libertad de criterio, sin ningún tipo de influencia ni presión de personas o grupos”. A lo largo de este tiempo el
borrador inicial ha recibido múltiples enmiendas, algunas de las cuales han sido, al parecer, incorporadas al texto
definitivo.
El Colegio de Médicos de Toledo, en concreto, ha recurrido ya el texto, en vigor desde su aprobación, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha alegando que el nuevo Código no se ha aprobado con
transparencia y por su desacuerdo con los artículos dedicados al aborto, los cuidados al final de la vida y la
objeción de conciencia. También organizaciones autodenominadas “pro-vida” han criticado el articulado del
nuevo código por ser —según ellas— decididamente abortista. Entre estas voces destaca la de Juan María Piñero
—si no me equivoco, antiguo novicio de la Legión de Cristo, recientemente casado con una hija de Marcial
Maciel, fundador de dicha organización— quien en la página web hispanidad.com afirma que con este código
parece que se quiera “obligar” a los miembros del colectivo “curiosamente provida, a poner en práctica acciones
contrarias a su conciencia”. Califica Piñero esta situación como “el mundo al revés” y acaba diciendo que “ahora
lo ético sería colaborar directa o indirectamente en un aborto, mientras que la práctica contraria a la ética sería la
defensa de la vida en todos sus estadios”. En la misma línea se inscribe la declaración de unos autoproclamados
“Ginecólogos por el Derecho a Vivir” que a través de la página web del movimiento Hazteoir. org afirman que
este código deontológico sucumbe a las ideologías y expresan fuertes críticas tanto al proceso de su elaboración
como a su contenido.
Hay también quienes han aplaudido el texto. Entre ellos, José R. Repullo y José M. Freire, quienes en un artículo
publicado en el diario El Paí el 30 de julio, titulado “Regenerando la medicina”, lo califican no solo de excelente
sinó también de sorprendente y “como un meritorio afán de elevar el listón ético de la ciencia y el arte de la
medicina”. Afirman además que se trata de “un anticorporativo esfuerzo de autoexigencia ante los pacientes y la
sociedad, y un histórico salto en la propia definición de los compromisos con la medicina… que también manda
señales de capacidad de diálogo y de construcción de un discurso común desde la diversidad”.
En relación con la controversia, la Comisión Central de Deontología de la OMC publicó el pasado mes de julio
un comunicado en el que, entre otras cosas, informaba de que era la primera vez que un Código de Deontología
Médica español dedicaba un capítulo en el que se consagraba el derecho del médico a la objeción de conciencia
(capítulo VI, artículos 32 al 35) y recordaba al mismo tiempo que la información es un deber legal y deontológico
ante el que no cabe la objeción de conciencia.
Por otra parte, y de alguna forma más o menos directamente ligada a esta problemática, conviene recordar ahora
que algunas universidades privadas españolas ligadas a la Iglesia católica, declararon públicamente, a raíz de la
aprobación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción
Voluntaria del Embarazo (IVE), su negativa a incorporar las técnicas abortivas a los contenidos de la educación.
En la misma línea, algunos estudiantes en Gran Bretaña mostraron no hace mucho su oposición a asistir a las
clases en las que se enseñaran cuestiones a las cuales ellos objetaban.
Opiniones de médicos sobre la objeción de conciencia
Coincide el debate actual con la publicación de un artículo en los que Combs et al 1 analizan la cuestión del
rechazo a informar sobre prácticas a las que se objeta en Estados Unidos, y otro texto en el que
Strickland2 estudia la opinión de los estudiantes de Medicina en Gran Bretaña respecto de la objeción de
conciencia. Y es que el tema de la objeción de conciencia ha suscitado controversia en todas las partes del mundo
civilizado. Más aún, pocas cuestiones médicas han despertado tanto interés profesional y público como ésta. La
libertad de los médicos para rechazar determinadas intervenciones clínicas por motivos de conciencia ha sido
defendida con base en que la medicina, en cuanto práctica moral, depende de que los médicos hagan lo que en
buena fe creen que es bueno para sus pacientes y también en que los profesionales de la medicina tienen derecho
a proteger su integridad actuando de acuerdo a sus propios valores. Pero también hay quien opina que tales
rechazos violan la autonomía de los pacientes y convierten el acceso de los pacientes a determinados servicios en
algo injustamente dependiente de los valores personales de los médicos concretos.
Combs et al. realizaron en 2009 una encuesta a 2.000 médicos norteamericanos de distintas especialidades con la
que pretendían conocer su opinión respecto de la obligación de transferir a los pacientes que tienen derecho legal
a una prestación pero a la cual objetan. El 57% de los médicos estaba de acuerdo con el deber profesional de
transferir estos pacientes aun cuando el médico considerara que esta transferencia era inmoral. Los médicos que
presentaban mayor grado de pluralismo teológico, se autoidentificaban como “liberales” y valoraban la
autonomía de los pacientes como el principio ético más importante resultaban ser los más partidarios de aceptar
el deber de transferir estos pacientes. En dos estudios previos se encontró también que el 71 3y el 82%4 de los
médicos consideraba obligatorio transferir al paciente cuando el profesional estimaba que lo que éste solicitaba
iba en contra de su conciencia. En el último de estos trabajos, el porcentaje de profesionales que creía que el
médico no está nunca obligado a violar su conciencia (43%) se asemeja mucho al que en éste no está de acuerdo
con la obligación de transferir al paciente. En otro estudio 5 realizado a ginecólogos americanos entre 2008 y
2009, el 70% daba por válida la práctica de transferir una paciente que solicitaba un aborto si el médico en
cuestión objetaba a dicha práctica y sólo el 33% lo aprobaba si el profesional en cuestión decía al paciente las
razones por las que objetaba al aborto, lo que complica el seguimiento de las normas de la Sociedad Americana
de Ginecología que defiende hacerlo.
Las opiniones obtenidas hasta el momento reflejan claramente los desacuerdos encontrados entre pensadores de
la bioética como Brock por un lado o Pellegrino y Gerrard por otro. De estos artículos parece deducirse
claramente que los médicos están profundamente divididos respecto de la obligación profesional de transferir a
un paciente cuando el médico considera esta transferencia inmoral. Y no parece haber una forma no controvertida
de solucionar el problema.
Strickland envió un cuestionario a 1.437 estudiantes de medicina británicos de los cuales respondieron 733. El
45% aceptaba que los médicos deben poder objetar a cualquier práctica respecto de la cual tengan desacuerdos
morales, culturales o religiosos. Destacaba en el estudio el 76% de estudiantes islámicos que pensaba de esta
manera, aunque globalmente las objeciones se basaban más en cuestiones no religiosas que en las religiosas
propiamente (también entre estos últimos). El aborto es uno de los temas más conflictivos y resulta llamativo
saber que el 29% expresa que no realizarían una IVE después de la semana 24 para un feto con malformaciones
congénitas, el 23% dice que no lo haría antes de la semana 24 en el caso de embarazo por fallo en las medidas
anticonceptivas, y el 20% afirma que tampoco lo haría después de la semana 24 en el caso de una menor violada.
De todos modos, aunque parece aceptable que los médicos se abstengan de realizar determinadas prácticas a las
que objetan con base en creencias morales o religiosas, no lo es que los estudiantes puedan hacer lo mismo con
sus clases y materias de estudio porque la libertad no puede comprometer el objetivo fundamental de la
educación médica: la formación de los médicos que deben adquirir unos conocimientos, habilidades y actitudes
básicas necesarias para ser aceptados como profesionales de la medicina.
Strickland concluye que la objeción de conciencia es un problema hoy entre los estudiantes de Medicina en el
Reino Unido, especialmente entre los estudiantes islámicos aunque no sólo entre ellos, y que los datos obtenidos
nos deberían ayudar a anticiparnos a los problemas que pueden surgir cuando estos estudiantes acaben la carrera
y comiencen a ejercer en la comunidad. Recalca también la necesidad de poner límites a la objeción de
conciencia y se pregunta dónde deben estar dichos límites, cuáles deberían ser y quién debe decidirlo.
Soluciones a los problemas derivados de la objeción de conciencia
A pesar de que la problemática de la objeción de conciencia es muy reciente —Diego Gracia6 afirma que no ha
sido posible más que en el interior de las sociedades liberales y democráticas— a lo largo de su breve historia se
han propuesto varios modelos para su manejo por parte de los profesionales. Algunos han defendido el modelo de
contrato por el que al inicio de la relación clínica el médico debe hacer pública su condición de objetor por lo que
las personas necesitadas de ese servicio podrían acudir a otro profesional. Este modelo no funciona en el caso de
las urgencias ni cuando no hay nadie más que pueda ofrecer el servicio demandado. Otros han abogado por
imponer al profesional objetor el deber de referir al paciente a otro médico dispuesto a realizar la acción
solicitada. Este segundo modelo comparte alguno de los problemas del modelo anterior y podría ser además
inaceptable para quien juzgue este acto de referir el paciente a otro médico no objetor de complicidad con el mal.
Un tercer modelo defiende la inaceptabilidad de la objeción de conciencia en los profesionales. Frente a él se
puede afirmar que los deberes de las profesiones pueden no ser muy explícitos y que constituyen por tanto una
base débil para esta defensa. Otro modelo sugiere la necesidad de que el objetor explicite y defienda su oposición
a realizar determinados actos médicos. Finalmente, otro modelo emparentado con éste, urge a los profesionales a
buscar un compromiso entre sus creencias profesionales y los intereses de los pacientes.
Cuando un médico afirma que no puede hacer algo por razones morales no sólo está diciendo que, para él, el acto
es falto de ética; está sobre todo afirmando que su integridad moral está en juego. Esto implica:a) que el
profesional tiene unos valores médula;b)que esos valores médula son parte de su comprensión de quién es, esto
es, que son parte integral de su autoconcepción o identidad personal, y;c) que participar en ciertos actos sería
incompatible con esos valores médula. Todo esto es muy importante en medicina porque la medicina es una
“empresa moral”, lo que obliga a que la toma de decisiones en medicina esté guiada por la consideración de las
obligaciones para con los pacientes más que por el propio interés del médico; y esté también informada por la
ley, los valores éticos del profesional y del ciudadano y los estándares profesionales. Es decir, que los médicos no
deben actuar como meros técnicos que realizan servicios a la carta sino también como sujetos morales. Se debe
pues determinar caso por caso si las apelaciones a la conciencia pueden ser respetadas porque parece inmoral dar,
sin más, vía ética libre a los médicos sin tener en cuenta los valores de los pacientes que también merecen
respeto. Por ello, soy partidario7 de que la legalidad y la legitimidad de la objeción de conciencia sean analizadas
por algún comité creado ad hoc en las instituciones sanitarias. Estos comités —que nunca deberían ser los
comités de ética asistencial, que tienen otras funciones— deberían ser multidisciplinares, esto es, contar con la
participación de profesionales de la medicina, enfermería, salud mental, servicios sociales, asistencia religiosa y
representantes de la comunidad, entre ellos, abogados y bioeticistas. Dicho comité o parte de él debería, a
petición del objetor y/o de la institución, deliberar sobre las bases y razones para la petición de excepción de las
labores concretas. Varios autores han recomendado criterios concretos a tener en cuenta para la valoración de una
objeción. Si el comité no llegara a acuerdos, o si el peticionario quedara descontento con su decisión, la cuestión
debería ser llevada al nivel más alto o completo del comité. Finalmente, en casos de disconformidad seria, las
decisiones del comité deberían poder ser revisadas por un tribunal de la jurisdicción competente.
La objeción de conciencia del personal sanitario debe ser respetada pero tiene que cumplir un requisito
fundamental: el ejercicio de este derecho por un profesional sanitario nunca podrá suponer un perjuicio directo
para el paciente. Además, los centros sanitarios están obligados a prescribir y a proporcionar los servicios y
prestaciones que reconozca el sistema de salud a los ciudadanos porque el primer deber de las instituciones
sanitarias es el de dar respuesta a las necesidades de sus pacientes y a las necesidades previstas de los miembros
de la comunidad a la que sirven, asegurando la accesibilidad a un cuidado dedicado y competente.
Reconozco la enorme dificultad de la tarea pero no veo otra solución mejor que ésta para analizar las peticiones
de exención de tareas por motivos de conciencia. Se trata de una vía deliberativa por medio de la cual el objetor
expone y reivindica sus principios morales públicamente, los defiende con claridad y al hacerlo así, acepta e
incluso promueve el valor del pluralismo moral de la sociedad. Al exponerse y al exponer sus principios los
somete —y se somete— al veredicto de un comité plural representativo, tanto en lo profesional como en lo
ideológico, dispuesto a aceptar y entender el valor de sus razonamientos al tiempo que acepta y entiende el valor
de los razonamientos y las necesidades del paciente que a él ha acudido en busca de ayuda. Se produce así una
protección bi-direccional8 del binomio paciente-profesional y de todos los implicados en la decisión con la
comunidad y viceversa. Se evitarían así los problemas derivados de la banalización de la conciencia y de la
objeción: la seudoobjeción y la criptoobjeció9 . La primera se da al objetar como resultado de un acto clínico
incorrecto, y la segunda cuando se objeta por motivos distintos a los propiamente morales.
Sobre los registros de objetores
No parece, sin embargo, que la sociedad vaya a aceptar esta vía deliberativa de solución del conflicto porque lo
que se está impulsando desde las instituciones, tanto políticas como profesionales, es el registro de objetores de
conciencia. Así, el 21 de junio de 2010, la Consejería de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha emitió
una orden por la que se establecía el procedimiento de objeción de conciencia a realizar la interrupción voluntaria
del embarazo. Meses más tarde, el día 8 de noviembre se aprobaba en Navarra la Ley Foral 16/2010 por la que se
crea el registro de profesionales en relación con la IVE. Todo un hito en la historia de la atención a la salud en
España. Dicha ley tiene como objeto, por un lado, establecer el procedimiento de declaración de objeción de
conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados en realizar la interrupción voluntaria del
embarazo y, por otro, la creación y regulación del Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a
realizar la interrupción voluntaria del embarazo en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
La ley aprobada en Navarra afirma que los profesionales sanitarios del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
directamente implicados en una intervención sanitaria de IVE que, por razones de conciencia, no puedan realizar
dicha intervención deberán presentar una declaración de objeción de conciencia, así como especificar para cuáles
de los supuestos recogidos en la Ley de salud sexual y reproductiva, objetan. Enumera posteriormente ciertas
estipulaciones de carácter meramente procedimental para dar paso posteriormente a un anexo en el que consta el
modelo a seguir para realizar la declaración de objeción de conciencia. En el que el declarante muestra su
objeción de conciencia a realizar interrupciones voluntarias de embarazos en diversos supuestos: 1) interrupción
del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación; 2) interrupción por causas médicas: que no se
superen las 22 semanas de gestación y siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada;
3) interrupción por causas médicas: que no se superen las 22 semanas de gestación y siempre que exista riesgo de
graves anomalías en el feto, y 4) interrupción por causas médicas: cuando se detecten anomalías fetales
incompatibles con la vida.
En ambos documentos mencionados se da por hecho que la objeción de conciencia es un derecho en este ámbito
y se pasa, sin más reflexión ni ponderación alguna, a regularlo. Como cuestión positiva del documento navarro
cabe decir que, al enumerar los distintos supuestos, diferencia la IVE a lo largo del tiempo y, de alguna forma, la
valora también moralmente de manera distinta según el tiempo de embarazo transcurrido y/o las causas en las que
se apoya quien la solicita. Excluye así el rigorismo moral de quienes juzgan todos y cada uno de los casos y tipos
de IVE como intrínsecamente perversos, sin tener en cuenta ninguno de los condicionantes que la rodean.
Afirma Gracia en el artículo citado que, aunque es frecuente buscar la solución de todo esto en el derecho, la
única labor que puede y debe hacer la ley es definir quiénes pueden objetar y quiénes no y a qué normas puede
objetarse y a cuáles no. Y no parece que esto se haya conseguido tampoco porque existen ya sentencias
contradictorias de juzgados de Málaga y de Castilla-La Mancha, por ejemplo, sobre quiénes tienen derecho a
objetar. Y concluye diciendo que en este tema, como en tantos otros, la solución no está en la búsqueda de
normas estrictas de aplicación mecánica sino en la promoción de la prudencia y la responsabilidad moral en las
personas implicadas.
Prudencia y responsabilidad moral que sólo pueden nacer del recto ejercicio de los mandatos de una buena
conciencia.
BIBLIOGRAFÍ
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