Download Políticas públicas en un entorno digital

Planilla de Inscripción Docente
GICS 2016-2017
Directora: Dra. Bernadette Califano
Materia/Cátedra/Cargo/Dedicación:
 Políticas de medios en un contexto de convergencia digital (Seminario) / Cátedra
Califano / Profesora adjunta / dedicación parcial
 Políticas y planificación de la comunicación / Cátedra Mastrini / Ayudante de 1° /
dedicación parcial
 Taller de Introducción a la Informática, Telemática y Procesamiento de Datos /
Cátedra Becerra / Ayudante de 1° / dedicación parcial
e-mail: [email protected]
Asistentes:
Lic. Fernando Amdan
Taller de Introducción a la Informática, Telemática y Procesamiento de Datos / Cátedra
Becerra / Ayudante de 1° / dedicación parcial
e-mail: [email protected]
Lic. Carolina Martínez Elebi
Taller de Introducción a la Informática, Telemática y Procesamiento de Datos / Cátedra
Becerra / asistente pedagógica (ayudante en comisión)
e-mail: [email protected]
Título del GIC: Políticas públicas en un entorno digital
Palabras Clave: Políticas públicas, Convergencia, Tecnologías de Información y
Comunicación
Día y horario tentativo de encuentros: Viernes 19:00 a 21:00
Descripción breve de la dinámica de trabajo prevista a fin de responder a las
expectativas de los estudiantes:
El presente Grupo de Investigación en Comunicación (GIC) procura reunir a estudiantes
avanzados de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires, que posean vocación por la investigación académica y que
propongan un proyecto de investigación conducente a la elaboración de sus tesinas de
licenciatura.
Para tal fin, se realizarán encuentros mensuales de carácter presencial, en los cuales los
estudiantes puedan exponer, de manera rotativa, los avances de sus respectivos trabajos.
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En cada encuentro se debatirán, entre todos los participantes, los adelantos de la
investigación de los compañeros –los que deberán enviarse por escrito con dos semanas
de antelación– y se resolverán las dudas relativas a la escritura de sus tesinas de
licenciatura. Se espera que los estudiantes puedan presentar los avances parciales de sus
investigaciones en jornadas, seminarios o congresos científicos. Los coordinadores del GIC
guiarán las dinámicas del equipo de investigación, proponiendo bibliografía específica,
textos de análisis, recortes de los objetos de estudio y pautas metodológicas para la
realización de los trabajos.
Descripción de la línea de trabajo
La línea de trabajo del GIC se encuentra orientada a problematizar las políticas públicas de
comunicación en un escenario de convergencia, teniendo en cuenta las distintas aristas y
controversias que se presentan para la regulación a partir del desarrollo de las tecnologías
de información y comunicación (TIC).
El enfoque conceptual se enmarca en los estudios sobre el proceso de elaboración de
políticas públicas (policy analysis) y en los trabajos de la Economía Política de la
Comunicación (EPC). Las investigaciones de la EPC han estudiado los sistemas de
comunicación como integrales a los procesos económicos, políticos, sociales y culturales
de la sociedad, desde una perspectiva realista, abierta, inclusiva y no reduccionista
(Mosco, 2006). Entendemos que estas herramientas conceptuales resultan valiosas para
analizar los cambios que atraviesan los medios de comunicación y las políticas en el área,
considerando los desarrollos en materia de TIC.
El diseño actual de las políticas de comunicación presenta una serie de desafíos,
vinculados con los procesos de digitalización y la convergencia. La digitalización refiere a la
conversión de todo tipo de información en datos binarios (ceros y unos) que permiten su
rápido almacenamiento, procesamiento, transmisión y reproducción con costes
marginales cercanos a cero. La convergencia es un proceso que –posibilitado
tecnológicamente a partir de la digitalización– permite la reunión de los mundos de las
telecomunicaciones, la informática (tecnologías de información) y el audiovisual (medios y
radiodifusión).
Si bien existen distintos niveles de convergencia (tecnológica, económica, regulatoria),
aquí haremos hincapié en las controversias que aparecen al intentar regular un entorno
digital. Una de ellas es la necesidad de armonizar los intereses de múltiples actores
interesados. Entre estos actores se encuentran grandes empresas que operan a escala
global (proveedores de servicios, proveedores de contenidos, plataformas, buscadores,
aplicaciones, operadores de telecomunicaciones, etc.), compañías e intermediarios
locales; y usuarios y consumidores, que a su vez son creadores, emisores y redistribuidores de contenidos.
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Una multiplicidad de jugadores y distintos ámbitos de toma de decisiones han pasado a
incidir en la definición de las políticas de comunicación de cada país, con una creciente
injerencia por parte de los organismos internacionales y de los acuerdos supranacionales y
bilaterales. Incluso en el seno mismo del Estado diferentes agencias gubernamentales
intervienen en su elaboración y muchas veces estas dependencias tienen intereses
contrapuestos y en conflicto (Braman, 2004).
La superación de las fronteras nacionales, propia del funcionamiento de internet, conlleva
problemas de jurisdicción para la elaboración e implementación de regulaciones, pues las
transacciones comerciales y disputas legales trascienden los límites territoriales, y las
leyes de cada país difieren acerca de lo que es considerado delito en cada uno de ellos.
Del mismo modo, la naturaleza descentralizada de la red dificulta determinar dónde se ha
infringido determinada conducta, quién es el actor responsable y dónde se producen sus
efectos.
Otros debates han surgido con relación al rol de los distintos intermediarios en internet.
Entre ellos se hallan los proveedores de servicios de conexión, los que alojan contenidos
generados por terceros, y los buscadores o indexadores de contenidos. Con respecto al
rol de quienes proveen servicios de conectividad, algunos países han intentado regular la
neutralidad de la red, con la idea básica de que las redes de telecomunicaciones deberían
ser vehículos neutrales en la transmisión de datos, sin que se produzca ningún tipo de
discriminación o filtrado con respecto a los contenidos, usos o aplicaciones a los que los
usuarios deseen acceder. Lo cierto es que detrás de estas discusiones se encuentran
grandes empresas con posiciones dominantes e intereses mercantiles en contraposición.
La seguridad de las redes es otro tema que tiene incidencia sobre las regulaciones,
mencionada varias veces como necesaria para la realización de transacciones comerciales
y bancarias de forma segura, o como una forma protección contra “ciber-ataques” o
“ciber-delitos”. Como contraparte, surgen conflictos relacionados con la vigilancia masiva
y con la protección de los datos personales, puesto que ciertas legislaciones otorgan un
amplio poder a las autoridades locales para revisar dispositivos personales o vigilar las
comunicaciones entre usuarios, colisionando con algunos derechos fundamentales como
la privacidad y la libertad de expresión (Califano & Baladrón, 2013; Kurbalija & Gelbstein,
2005).
Existen, asimismo, numerosos debates en torno de la economía digital y los derechos de
autor. En este sentido, varios países contienen legislaciones restrictivas y anacrónicas
sobre propiedad intelectual, que entran en tensión con los derechos de acceso a la cultura
y a la libertad de expresión en un entorno digital. Estas normativas en general no tienen
en cuenta los usos sociales del ciberespacio (en términos de Lessig, 1998), ni contemplan
excepciones para fines académicos o educativos.
Internet ha demostrado su potencial como un poderoso motor para los derechos
humanos, la participación ciudadana y el desarrollo económico, pero estas características
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no están determinadas por la tecnología misma, por lo que deben estar apoyadas en un
marco de políticas públicas que protejan la privacidad, alienten la libre circulación de la
información, regulen sobre el rol de los intermediarios, y promuevan la innovación y la
competencia (Wong, Dempsey & Biddle, 2012).
Los marcos regulatorios existentes en la mayoría de los casos no son suficientes para
resolver disputas en torno de la protección de los derechos humanos fundamentales en
un entorno digital, por lo que es preciso analizar los desafíos que se presentan para la
regulación de medios en el marco de los acelerados cambios tecnológicos, desde una
perspectiva amplia que supere la mirada normativa y tenga en cuenta asimismo
cuestiones de estructura de mercado, de infraestructura, socioculturales y de derechos de
los usuarios.
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