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ALAMES ECUADOR
Límites de la participación social en el Ecuador
Juan Cuvi1
Existe una inusitada paradoja a propósito de la participación social y el régimen
político en el Ecuador. Resulta que a la etapa neoliberal le correspondió una participación
ciudadana y una movilización social mucho más intensas, comprometidas y politizadas
que durante el período del actual gobierno. En efecto, el proceso de desmovilización,
desarticulación organizativa y apaciguamiento de las luchas populares que se ha operado
en el gobierno de Correa no tiene parangón en la historia ecuatoriana. Entre la cooptación
a los dirigentes sociales, el clientelismo y la persecución a las organizaciones populares,
prácticamente se ha desmantelado a la sociedad civil. Las tres décadas de lucha contra el
neoliberalismo naufragaron en las turbias aguas de la burocracia estatal. La inoperancia
y el sometimiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS),
que en su momento fue promocionado como el paradigma de la participación ciudadana,
no puede ser la imagen más patética de su fracaso: las demandas de la sociedad, algunas
de la cuales –como la campaña para la consulta popular en favor del Yasuní– constituyen
realmente un hito en la democratización del poder político, fueron sacrificadas por este
organismo en función de los requerimientos tecnocráticos del gobierno. La instancia que
por mandato constitucional debe promover y facilitar la participación de la ciudadanía en
los asuntos públicos de interés general, optó en este caso concreto por colocarse a
contramarcha de la voluntad y de las aspiraciones del pueblo.
Dos hipótesis pueden ensayarse para explicar este curioso fenómeno, que a
primera vista refleja una ambigüedad difícil de entender. En primer lugar, que una gran
parte de las organizaciones sociales se convencieron de que sus respectivas agendas
finalmente estaban siendo canalizadas desde el gobierno, con lo cual la presión social y
la vigilancia sobre la administración pública se volvieron innecesarias. Dentro de la vieja
cultura tutelar que ha operado en nuestra sociedad, se dejó en manos del Estado la
responsabilidad de realizar las transformaciones históricas.
En segundo lugar, que el gobierno de Correa en ningún momento representó un
verdadero proyecto de cambio, sino más bien una estrategia de recomposición del
capitalismo luego de la crisis sistémica experimentada en la década anterior. Desde esta
perspectiva, lo que estaba en juego era la posibilidad de neutralizar a los sectores de
izquierda, movimientos indígenas, gremio y organizaciones populares con el propósito
de crear un escenario menos conflictivo para la realización del capital transnacional. Esta
segunda hipótesis se sustenta sobre todo en las políticas de apertura indiscriminada
puestas en práctica por el gobierno para facilitar el ingreso de las corporaciones
transnacionales dedicadas a la extracción minera y petrolera. El extractivismo sería la
modalidad colonizadora que adopta el capitalismo mundial en los países pobres.
En cualquiera de los dos casos, lo cierto es que el Ecuador ha experimentado un
grave descenso en la participación social, sobre todo a partir de 2008. Todo el entusiasmo
y la energía que se desplegaron en los años anteriores, y que derivaron en la convocatoria
a la Asamblea Constituyente de Montecristi, terminaron diluidos por la lógicas operativas
del poder. Ya en la misma Asamblea Constituyente se escamotearon algunas de las
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Máster en Desarrollo Local; Director de la Fundación Donum; Coordinador Técnico del proyecto para
la Construcción de una Plataforma por el Derecho a la Salud.
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reivindicaciones y propuestas que habían estado en el centro de las agendas sociales
durante mucho tiempo. El esquema híper presidencialista que se diseñó para la nueva
Constitución permitió tal concentración de poder en la Función Ejecutiva que poco a poco
se pudo prescindir de la intervención de la sociedad en la esfera pública. En un par de
años, toda la fuerza y la efervescencia populares que llevaron al poder a Correa habían
sido empeñadas al nuevo caudillo. La participación social empezó a ser tan incómoda
como innecesaria para el gobierno2.
Una legislación abundante pero limitada.
Esta realidad, no obstante, podría ser disimulada por la abundancia de normas,
postulados, procedimientos, principios y objetivos que existen tanto en la legislación
ecuatoriana como en los documentos oficiales. En efecto, la actual Constitución3 no solo
insiste de manera reiterada y sistemática en el tema de la participación social, sino que
tiene un capítulo entero donde se desglosan sus objetivos más generales. A su vez, el Plan
Nacional del Buen Vivir 2013-2017 4 (PNBV), que define amplia y extensamente el
programa de Alianza País, insiste en que la participación social y el fortalecimiento del
poder popular constituyen un eje fundamental del proceso de transformación social del
país. Adicionalmente contamos con una Ley de Participación Social5 que especifica los
instrumentos, procedimientos, mecanismos y alcances de la participación social. En
teoría, existe un marco jurídico y conceptual que estimula y garantiza la intervención e
incidencia de la sociedad civil en las decisiones públicas. Pero en la práctica, todos los
espacios de participación ciudadana, tanto de hecho como de derecho, han sido
restringidos a través de dos mecanismos: el sometimiento a las necesidades coyunturales
del gobierno, o su descalificación y rechazo desde el poder.
Respecto del primer mecanismo, durante siete años se ha aplicado una efectiva
estrategia de cooptación de dirigentes sindicales, gremiales y sociales de organizaciones
populares, grupos de izquierda y partidos políticos locales mediante el reparto de cuotas
burocráticas –no de cuotas de poder real– gracias al férreo control que ejerce el Ejecutivo
sobre los demás organismos del Estado. Todas las instancias estatales donde se ha dado
cabida a estos nuevos funcionarios terminan respondiendo a la agenda del gobierno
central, no solo en contra de su propia normativa, sino, con frecuencia, en contra del
interés general. Las funciones judicial, legislativa, electoral y de transparencia –
solamente para mencionar a las instancias estatales más representativas– han perdido
completamente su autonomía.
Respecto del segundo mecanismo, las iniciativas de intervención o participación
ciudadanas independientes han sido metódicamente torpedeadas por el gobierno, llegando
inclusive a la persecución y enjuiciamiento penal de varios veedores o fiscalizadores
sociales. Inclusive en aquellas iniciativas contempladas expresamente en la ley, como son
las veedurías y observatorios ciudadanos. En la realidad, la acción ciudadana de control
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Inclusive un estudio sobre protección social bastante favorables al gobierno del Ecuador considera que
los distintos actores sociales, desde las cámaras de la producción hasta los movimientos sociales y
gremiales, han estado prácticamente ausentes del debate de las decisiones sobre políticas públicas. Ver
Carranza Barona, César y Cisneros, María Victoria, Hacia un sistema de protección social más inclusivo
en el Ecuador. Seguimiento y desenlace de un proceso de construcción de consensos en la búsqueda del
Buen Vivir, CEPAL – Serie Políticas Sociales No. 205, Santiago de Chile, julio 2014.
Constitución de la República del Ecuador. Publicación de la Asamblea Constituyente, 2008.
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES, Plan Nacional del Buen Vivir 20132017, Quito 2013, versión electrónica.
Ley de Participación Social.
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sobre el Estado, que es en última instancia el propósito fundamental de la participación
social, se ha convertido en un riesgo antes que en una virtud democrática. La inutilidad
del control social ha fomentada la indiferencia y la desidia de la gente. Si a esto se añade
la posibilidad de ser descalificado y perseguido, también se fomenta el miedo.
La salud como espacio en disputa.
El ámbito de la salud no está exento de estas limitaciones. Considerando que se
trata de uno de los servicios con mayor incidencia y repercusión sobre la población, se
supone que debería estar abierto a una mayor injerencia ciudadana. Inclusive desde una
perspectiva epistemológica, la medicina contempla cada vez más la opinión del paciente,
así como las políticas de salud dependen del rol activo de los usuarios para su efectividad
(al menos si nos atenemos a las nuevas orientaciones sobre la relevancia de la promoción
y prevención en salud). Si además tomamos en cuenta variables como la interculturalidad,
las particularidades de género y etarias o el perfil epidemiológico, entonces la
horizontalidad en la formulación y aplicación de las políticas de salud constituye un factor
fundamental e insustituible del proceso. No es posible la transformación de la salud sin
la construcción de consensos sociales, o sin un diálogo amplio, permanente y sistemático
entre todos los actores que intervienen en el sector.
Dos estrategias han conspirado contra el potencial de la participación social
durante el régimen correísta. Por un lado la recentralización y la reconcentración del
poder político. Las demandas de una descentralización que permitiera acercar la
administración pública local a la sociedad civil organizada, y que constituyó una respuesta
alternativa a la descentralización neoliberal basada en el mercado, han quedado
neutralizadas por la verticalidad el modelo. Las instancias locales para la construcción
colectiva de políticas de salud han sido desmanteladas. Más allá de sus limitaciones
operativas, técnicas y políticas, pudieron haber sido potenciadas como espacios para una
mayor intervención de las organizaciones sociales en las definiciones estratégicas. Hoy,
los consejos de salud (provinciales, cantonales y parroquiales) están siendo eliminados
inclusive en la legislación.
Por otro lado, y en concordancia con el punto anterior, se ha producido una
ofensiva en contra de las potestades de los gobiernos autónomos descentralizados6. En el
campo de la salud, prácticamente se les han eliminado todas las competencias. Con esta
medida se restringen las posibilidades de participación ciudadana, puesto que el sector
salud es demasiado complejo y voluminoso como para viabilizar procesos participativos
a nivel nacional. Ahí radica la inoperancia del Consejo Sectorial Ciudadano de Salud
(CSCS), instancia que fue definida, desde la nueva normativa, como el espacio
predominante de la participación social en la salud. Resulta imposible dinamizar la
participación activa de las organizaciones sociales, gremios, asociaciones, colectivos, etc.
en un modelo centralizado, que implica, entre otras dificultades, la necesidad de
trasladarse frecuentemente a la capital de la República.
Otro elemento que debilita en forma estructural al CSCS es su dependencia
financiera y operacional del Ministerio de Salud Pública (MSP). La autonomía
indispensable para presionar por una agenda que responda a las preocupaciones, intereses
y expectativas de la sociedad no tiene cabida en este esquema. Siempre primará la agenda
política del régimen, con no poco frecuencia acomodada a los requerimientos
coyunturales. Las urgencias desplazan a los temas de fondo, como ha ocurrido, por citar
6
Para este punto hay que analizar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD).
3
un ejemplo, con el debate público de leyes importantísimas como el Código Orgánico de
la Salud, la Ley de Seguridad Social y el Código Integral Penal y sus contenidos punitivos
en contra de los profesionales médicos. El apuro y sigilo con que estos cuerpos legales
han sido afrontados por el oficialismo –ya sea al interior del movimiento Alianza País, en
la Asamblea Nacional mayoritariamente controlada por el partido de gobierno, o en el
reducido círculo de la Presidencia de la República– no solo contradicen los principios de
transparencia y participación consagrados en la Constitución, sino que provocan graves
cortocircuitos sociales, económicos o jurídicos. Algunas normas han tenido que ser
revisadas inmediatamente después de ser aprobadas; muchos trámites legislativos han
sido postergados en forma indefinida ante la falta de diálogo y acuerdos. El tratamiento
de cualquier ley sin agotar el debate con la sociedad genera tensiones de difícil solución.
La lógica política amigo-enemigo impuesta por el correísmo termina por excluir
a actores y propuestas que podrían ser un aporte trascendental para la salud. De este modo
se elimina al debate como proceso de construcción democrática de las políticas públicas,
y se reduce la participación ciudadana a una mera formalidad burocrática con aquellos
actores previamente alineados y subordinados al gobierno. El régimen ha desarrollado
una exagerada suspicacia respecto de los sectores críticos, los cuales, en ciertos casos, no
encuentran otra vía de participación que la protesta callejera. Solo así pueden hacer
escuchar sus demandas y propuestas. El caso del gremio médico y su movilización en
contra de la penalización de la mala práctica médica fue la expresión más significativa de
esta ausencia de espacio para la negociación.
Entre la retórica jurídica y la práctica política.
Una de las mayores dificultades que hemos enfrentado en los últimos años ha sido
la escasa transparencia de los procesos de formulación y aprobación de leyes. Nada nuevo
en la historia política ecuatoriana, es cierto, salvo que la arrolladora hegemonía del poder
Ejecutivo conseguida a partir de la Asamblea Constituyente de 2008, prácticamente ha
eliminado toda posibilidad de incidencia no solo de las organizaciones sociales, sino
inclusive de la propia institucionalidad política (partidos de oposición, bloques
parlamentarios no oficialistas, otras instituciones del Estado). Llevamos siete años en que
las leyes han sido elaboradas y propuestas exclusivamente por el Presidente de la
República y aprobadas sin ningún debate público. El bloque parlamentarios oficialista,
que cuenta con mayoría absoluta, simplemente ha actuado como caja de resonancia de las
iniciativas del gobierno en materia legislativa.
Esta situación ha provocado un fenómeno inédito en la política nacional: nadie
conoce el contenido definitivo de las leyes hasta que no cuenten con el visto bueno del
equipo jurídico de la Presidencia de la República. En muchos casos, los anteproyectos de
ley que han sido difundidos o filtrados al público han generado un debate inútil, puesto
que terminan siendo modificados por el Ejecutivo, que cuenta con los mecanismos legales
y políticos para hacerlo.
El caso del anteproyecto de Código Orgánico de la Salud (COS) ha corrido con la
misma suerte, incluso pese a que fue presentado de manera oficial por el Ministerio de
Salud Pública (MSP), una instancia que depende directamente del Ejecutivo. Aunque
existe incertidumbre y ambigüedad a propósito de su pertinencia y validez como futura
ley, para efectos del presente análisis no tenemos más opción que basarnos en ese
documento transitorio.
Las referencias a la participación ciudadana están presenten en un considerable
número de artículos y secciones del COS. Inclusive hay un capítulo entero cuyo título es,
4
justamente, Participación Ciudadana y Control Social. El componente central y más
importante de este postulado alude a los derechos de la ciudadanía a –en forma individual
o colectiva– participar en la formulación de las políticas de salud, planificación,
priorización del gasto público y control social. Dicho de otro modo, contempla la
posibilidad real de que las organizaciones sociales y los ciudadanos no solo incidan sobre
las políticas públicas, sino que tengan el poder de decisión sobre las mismas. En síntesis,
se trata de un despliegue de principios jurídicos orientados a fortalecer el rol de la
sociedad en el ámbito público.
A este principio de participación social hay que añadir otros que complementan la
idea de una mayor transferencia de poder a la sociedad. En al artículo 3, correspondiente
a las normas generales y principios, se señala, entre otros puntos, a las transparencia y a
la interculturalidad como elementos fundamentales de la nueva normativa. En el artículo
9, y en esa misma línea conceptual, se plantea la autonomía del paciente como un derecho
inalienable, aunque todavía entendida como libertad de elección más que como capacidad
de decisión. En el artículo 30 se señala que el Sistema Nacional de Salud mantendrá
permanentemente canales fluidos de información y comunicación con la población. Y en
el capítulo mencionado en el párrafo anterior se resalta el criterio de la corresponsabilidad
del poder ciudadano en el logro del Buen Vivir, en la promoción, prevención y
autocuidado de la salud.
En resumen, la normativa propuesta –no necesariamente aprobada– establece un
horizonte envidiable para el fortalecimiento de la sociedad como actor prioritario y
relevante en el campo de la salud. En gran medida, la aplicación efectiva de este COS
implicaría una sujeción del Estado a los intereses, aspiraciones y dinámicas de las
organizaciones sociales y de la ciudadanía en general.
Es posible que el potencial democratizador que contiene esta legislación sea de
difícil aplicación. El problema de fondo es que ya ha sido sometida a frenos y cortapisas
desde el propio gobierno ecuatoriano. Por ejemplo, aspectos como la prohibición
terminante de apropiación de los conocimientos y prácticas medicinales ancestrales de
los pueblos y nacionalidades indígenas, que son uno de los pilares de la soberanía popular
dentro del principio de la plurinacionalidad, se contraponen con los términos del capítulo
de propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio (TLC) que el gobierno
ecuatoriano acaba de suscribir con la Unión Europea (UE). El respeto a esas prácticas y
conocimientos también está relacionado con el control territorial por parte de las
comunidades, que requieren de una disponibilidad permanente de recursos biológicos
para ejercer la medicina ancestral. La irrupción de las compañías mineras y petroleras en
territorios indígenas, irrupción permitida y alentada por el propio gobierno, constituyen
una afectación directa al derecho a ejercer su propia medicina (además de violentar
derechos culturales y ambientales). La noción de integralidad que rige el mundo indígena,
que conforma la base para el ejercicio de su propia medicina, queda fracturada por la
arremetida de la modernidad asociada a la industria extractivista. Los principios de
autonomía e interculturalidad entran entonces en flagrante contradicción con la agenda
del gobierno de Correa.
La posibilidad de consolidación de espacios y procesos sociales autónomos
también entra en contradicción con las lógicas de control social aplicadas por el gobierno,
y que han hecho del clientelismo político y de la publicidad sus mejores herramientas. En
efecto, la única participación ciudadana aceptada y estimulada es la que se somete a las
disposiciones y orientaciones oficiales. En estos años la cooptación ha sido tan
devastadora que ha llegado a dividir a movimientos históricamente sólidos como el
indígena, el de los trabadores y el estudiantil. En tales condiciones, la participación social
ha tenido que volver a las calles, como históricamente ha ocurrido siempre. Y el caso de
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la salud ha sido particularmente relevante por las movilizaciones de miles de
profesionales de la salud en contra de un COIP punitivo y regresivo que se aprobó desde
el oficialismo. Pese a la intensa presión social, el gobierno hizo de oídos sordos ante la
demanda de los gremios médicos. La consecuencia de esa posición autoritaria e
intransigente fue que los profesionales de la salud apoyaron mayoritariamente la
multitudinaria marcha de los trabajadores del pasado 17 de septiembre cuestionando las
políticas del régimen.
La vieja contradicción entre Estado y sociedad civil, y entre proyecto de gobierno
e imaginario social, vuelve a ponerse a la orden del día. La participación ciudadana
siempre tiene ese potencial que puede desbordar la agenda y la dinámica de la burocracia
estatal, sobre todo cuando se trata de un gobierno poco dispuesto al diálogo y contrario a
la diversidad política. La imposición de un modelo político univoco, vertical y monolítico
se desquicia frente a la diversidad y la diacronía. La urgencia por aplicar una agenda de
gobierno resulta incompatible –por no decir opuesta– con la lenta y compleja
construcción de un proyecto de largo plazo que se sostenga en un real poder popular. Los
procesos políticos de largo aliento jamás producen los mismos réditos electorales que los
efectos coyunturales inmediatistas.
Indecisiones e indefiniciones sobre el modelo de salud.
Desde esta misma paradoja entre teoría jurídica y práctica política toca analizar la
incompatibilidad entre el modelo de salud propuesto en el anteproyecto de COS y las
políticas del gobierno. En este punto también se pone en evidencia la típica contradicción
entre las propuestas estratégicas y las coyunturales, entre el lento pero sólido proceso de
la educación en salud y el efectismo de la obra física y de las acciones curativas, entre
una política que no genera resultados tangibles y otra que basa su éxito en el fetichismo
de lo visible e inmediato.
El Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) que se contempla en el
anteproyecto de COS –y que efectivamente rige las políticas actuales del MSP– tiene un
enfoque claramente basado en la atención primaria de salud (APS). Define las estrategias,
normas, procedimientos, recursos y herramientas que organizan el Sistema Nacional de
Salud (SNS). Dicho de otro modo, establece los parámetros básicos dentro de los cuales
deberían desenvolverse las políticas de salud en el Ecuador. Al menos las políticas
públicas.
No obstante, lo que hemos tenido hasta ahora es una repotenciación de las
estrategias curativas, tanto desde el MSP como desde la seguridad social. La inversión en
infraestructura, insumos, equipos y medicamentos es enorme, y contrasta con la reducida
inversión en promoción y prevención. La transferencia de recursos públicos a prestadores
privados de servicios de salud durante el actual gobierno no tiene antecedentes en la
historia nacional. Ambas medidas responden a la necesidad coyuntural de dar respuesta
al imaginario construido por la población alrededor del tema de la salud. Es decir, se trata
de una respuesta clientelar para asegurar una base social electoral. Basta revisar la
intensiva y atosigante publicidad estatal de los últimos años para confirmar la orientación
curativa de la política pública: todo se resume a la provisión de servicios, en los cuales el
paradigma tecnológico de punta es la piedra angular. Esta concepción modernizante de la
medicina está a tono con la disposición de regular, vigilar y controlar la práctica de la
medicina ancestral (artículo 40, literal g, del anteproyecto de COS), que se contrapone
con los postulados constitucionales respecto de la autonomía de las jurisdicciones
indígenas. Aplicar este artículo implica vulnerar uno de los derechos indígenas más
6
importantes. ¿Cómo pretende el Estado ejercer autoridad sobre una lógica cultural tan
compleja, indescifrable y particular?
Conclusiones
Aunque existen varios puntos importantes sobre los cuales reflexionar a propósito
de la relación entre régimen político y participación social en la salud, nos interesa
empezar por aquel que consideramos el más relevante en función de definiciones
estructurales: el modelo de salud y las estrategias para ponerlo en práctica. En cierta
forma, esta reflexión nos retrotrae a un debate que no por viejo deja de tener actualidad,
sobre todo porque sigue sin saldarse a favor de una racionalidad médica que
desmercantilice la salud y asegure su derecho a todos los seres humanos por igual.
En el fondo, el principal problema que afrontan nuestras sociedades es que el
capitalismo reinante es un sistema que no puede reproducirse sin provocar daños a la
salud, y que además crea patologías como una estrategia de acumulación. Las sociedades
modernas no han sido concebidas para evitar la enfermedad sino para curarla. Es por eso
que las iniciativas desarrolladas durante las últimas décadas a nivel global, con el
propósito de fomentar la educación y la promoción de la salud, siguen siendo marginales
en relación con el gasto, la inversión y el desarrollo de la biomedicina y de la medicina
curativa.
En el Ecuador, aunque los diferentes cuerpos jurídicos que norman el campo de la
salud resaltan la primacía del enfoque preventivo, el ejercicio de la política pública se
inclina en sentido contrario. Por lo general, los gobiernos tienden a responder a las
demandas y expectativas de una población que, como consecuencia de sus carencias
históricas y estructurales, ha desarrollado un imaginario de la salud asociado a la
prestación de servicios. En la práctica, aplicar una adecuada política de salud pública
implica asegurar la atención a los usuarios.
El gobierno de Correa no ha escapado a esta lógica. Es más, el clientelismo que
subyace a su estrategia política le obliga a sintonizarse aún más con este imaginario
colectivo. Basta ver la publicidad oficial en salud para percatarse de ello: todo se centra
en la oferta de servicios de lujo dotados de tecnología de punta. La consecuencia de esta
ofensiva publicitaria ha sido que algunos indicadores que denotarían una mejora
sustancial de las condiciones de salud de la gente (por ejemplo los embarazos de
adolescentes o la desnutrición infantil) no se han modificado luego de ocho años de
gobierno.
En estas circunstancias, la agenda del gobierno se impone sobre los requisitos
estratégicos de la sociedad en cuanto a su derecho a la salud. El régimen tuvo la
oportunidad única de forzar un acuerdo social por la salud que estableciera políticas de
Estado sostenibles y de largo aliento; ha contado con los recursos fiscales suficientes y
con el capital político necesario como para sentar en la mesa de negociaciones a los
principales actores de la salud. No obstante, optó por el inmediatismo de las decisiones,
bajo el supuesto de conseguir transformaciones profundas (“revolucionarias”, en el léxico
oficial) en el sector. La principal falencia dentro de esta estrategia es que los resultados
palpables, medibles, inmediatos y efectistas únicamente pueden alcanzarse mediante una
alianza tácita con el sector privado, como en efecto ha ocurrido con la construcción de
infraestructura, la ampliación de los servicios y la provisión de equipos, insumos y
medicamentos. En la práctica, la inversión pública ha terminado consolidando un modelo
mercantilista de la salud. La agilidad empresarial se impone sobre la solidez de las
políticas públicas.
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En este mismo sentido, la priorización de una agenda gubernamental se
contrapone con los tiempos y la diversidad de los actores sociales, sobre todo de las
organizaciones locales y de base que requieren de procesos pausados y complejos para
involucrarse en las dinámicas públicas. La participación auténtica de la sociedad implica
la construcción permanente y acuciosa de un proyecto en común, donde la sostenibilidad
radica en la autonomía de las organizaciones. Al promover acuerdos únicamente con
sectores subordinados o cooptados desde el poder, el gobierno ha sacrificado la
posibilidad de conferirle a la agenda de la sociedad civil un carácter vinculante. La
participación ciudadana termina convertida en mera formalidad para legitimar las
decisiones del gobierno central.
Estos límites a la participación social repercuten directamente sobre los derechos
y potencialidades de los pueblos y nacionalidades. El respeto a la autonomía resulta
fundamental en un campo tan simbólico como es la salud, sobre todo para las
comunidades indígenas. No se trata únicamente de garantizar las prácticas médicas
ancestrales, sino de asegurar un entorno ambiental y cultural acorde con la integralidad
de su cosmovisión. En el mundo andino el proceso de salud-enfermedad constituye una
totalidad socio-espiritual que incluye instituciones, valores culturales y referentes
históricos. La enfermedad tiene origen individual, familiar y comunitario. Estas
condiciones son impensables sin una autonomía que permita un manejo integral del
territorio7.
Noviembre 2014
7
Cuvi, Juan, Curar y someter. Modelo biomédico y cultura política en el Ecuador, Abya-Yala, Quito,
2013, pp. 56-57.
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