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Nota informativa
La Fundación CERMI Mujeres reclama un
mayor impulso a la promoción de la autonomía
personal
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Así lo manifestó la Coordinadora de la FCM durante unas jornadas que
el CERMI celebra hasta mañana viernes en el Complejo Deportivo y
Cultural de la ONCE en Madrid (paseo de La Habana, 208)
(Madrid, 15 de diciembre de 2016). La coordinadora de la Fundación CERMI
Mujeres (FCM), Isabel Caballero, reclamó este jueves que la promoción
de la autonomía personal “sea una realidad, lo que beneficiaría a
determinadas mujeres con discapacidad que con algunos apoyos tendrían un
mayor grado de empoderamiento y capacidad de toma de decisiones”.
Así se manifestó Isabel Caballero durante las jornadas ’2006-2016: 10
años de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a Personas en Situación de Dependencia: ¿Más y mejor
protección social una década después?’, organizadas por el Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en
el Complejo Deportivo y Cultural de la ONCE en Madrid, cuando se cumplen
diez años de la aprobación de la denominada “cuarta pata del estado de
bienestar”.
La coordinadora de la FCM defendió su tesis explicando que un mayor
empoderamiento da herramientas para luchar contra la violencia machista.
Además, recordó que hay más mujeres en situación de dependencia al tener
por ejemplo una mayor esperanza de vida, y sobre todo, que buena parte
de las personas cuidadoras son mujeres, por lo que pidió que se mejoren
sus condiciones, ya que muchas no trabajan para cuidar a alguien de su
familia.
Por otro lado, se celebró una mesa formada por entidades sociales, durante
la que Cristina Rodríguez, representante de la Unión Democrática de
pensionistas (UDP), “reclamó mayor apoyo a las personas en situación de
dependencia con una red pública de servicios de calidad que favorezca la vida
familiar, que cree empleo y genere beneficios. Es difícil, pero otros lo han
conseguido. Ha llegado el momento de brindar más apoyos a personas con
discapacidad y mayores”.
En este sentido, Demetrio Casado, consejero asesor de la
Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), pidió
un incremento de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno
familiar y que se garanticen los apoyos a los cuidadores no profesionales para
el desempeño de su labor.
Amparo Fabra, representante del Consorcio Autismo, advirtió de que
“este sistema recoge derechos que podemos necesitar todos en algún
momento”. Asimismo, se mostró a favor de que se garantice que las personas
mayores puedan permanecer en su hogar, “porque muchas es lo que quieren,
pero para personas que tienen discapacidad mucho antes, lo que se debe
hacer es que salgan de casa y lleven una vida independiente y empoderada”.
Noelia Cuenca, representante de la Plataforma Representativa
Estatal de Personas con Discapacidad Física (Predif), criticó que “la ley
deja fuera a muchas personas, y está más pensada para atender a la
dependencia que a la promoción de la autonomía personal”.
Esta idea también fue defendida por Agustín Huete, profesor de Sociología la
Universidad de Salamanca, quien abogó por innovar en inclusión, “e inclusión
es que las personas puedan decidir cómo vivir, y poder hacerlo cuando lo
deseen en comunidad”.
MAYOR FINANCIACIÓN
Por otra parte, la responsable del departamento confederal de
Servicios Sociales de UGT, Gemma Ramón, y el secretario de
Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, ensalzaron
el diálogo civil con el que se aprobó hace una década la normativa, aunque
reclamaron una mayor transparencia en las partidas destinadas a
dependencia en las diferentes administraciones y una mayor financiación que
llegue al 1,5% del PIB nacional.
En este sentido, el exdirector del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales (IMSERSO), Ángel Rodríguez, en una conferencia anterior a la
mesa de agentes sociales, pidió también transparencia en los Presupuestos,”
ya que una partida presupuestaria clara permitiría saber cómo se está
financiando la autonomía personal y la dependencia”. Además, rememoró la
puesta en marcha por parte del Imserso de la ley y consideró que “sin el
IMSERSO no habría Ley de Dependencia”, ya que gracias a su experiencia y
gestiones de coordinación con el movimiento asociativo, sindicatos y
comunidades autónomas fue posible su aplicación en apenas seis meses,
desde enero hasta junio de 2007.
Las jornadas acogieron también una mesa formada por responsables de
diferentes gobiernos y parlamentos regionales en la que coincidieron en la
necesidad de que la administración central aporte un mayor porcentaje de
fondos para financiar las prestaciones.
Emilio Sáez Cruz, presidente de la Comisión de Bienestar Social de las
Cortes de Castilla-La Mancha, aseguró que “La Ley de Dependencia fue
fundamental, y permitió que España se pusiera a la cabeza en este tipo de
derechos”. Eso sí, criticó que “el Gobierno haya ido reduciendo las
aportaciones” para sufragar estas políticas, “quedándose muy lejos del 50%
que debería aportar”.
Carlos Raúl de Pablos, gerente de Servicios Sociales de Castilla y
León, afirmó que “en 94.000 kilómetros cuadrados de Comunidad Autónoma
vimos que era una oportunidad y a la vez un reto, y siempre hemos querido
trabajar desde el consenso en el marco del diálogo social, así como con los
diferentes ayuntamientos”. En todo caso, subrayó que la administración
regional aporta la mayor parte de los fondos para sufragar estas políticas,
aunque puntualizó que se seguirá trabajando para mejorar cada día la red de
apoyos.
Mientras, Manuel Martínez, viceconsejero
Sociales de la Junta de Andalucía, ensalzó
“impulsamos en paralelo con Castilla y León”
Ejecutivo regional hace en materia de atención
reclamó una mayor financiación.
de Igualdad y políticas
el modelo de atención que
y resaltó el trabajo que el
temprana, aunque también
Belén Prado, viceconsejera de Políticas Sociales de la Comunidad de
Madrid, dijo que desde esta Región “se apuesta por servicios de calidad” y
por la “profesionalización”, y recordó que los ajustes que se han tenido que
hacer en el Sistema de Dependencia se produjeron en un momento
económico muy delicado, “para salvar el sistema”. Eso sí, “nosotros queremos
trabajar para buscar un nuevo sistema de financiación”.
En otro orden de cosas, María del Carmen Barranco, profesora de
Filosofía del Derecho, señaló las diferencias que existen entre el modelo
que defiende la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y la Ley de Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia, haciendo especial hincapié en la necesidad de no abordar todo
desde un prisma médico, sino desde la filosofía del derecho.
CONTACTO:
David Martínez Menayo, responsable de Prensa del CERMI
Servimedia Comunicación
Tlf. 655433552, Tlf 915450192
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