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TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina Vol. 4, N° 5 (2015) ISSN: 0328-7726 POLÍTICAS DE IMPUNIDAD Y JUSTICIA: EL DOBLE FILO DE LA LEY EN ARGENTINA Y SUS CONSECUENCIAS SOCIOPOLÍTICAS Y EFECTOS EN LAS VÍCTIMAS1 ROSARIO FIGARI LAYÚS2 Resumen: Este artículo analiza las políticas de impunidad y juicios penales y sus consecuencias en las víctimas de la última dictadura militar en Argentina (1976-1983). Si bien en el primer gobierno constitucional hubo un importante cuestionamiento de los crímenes de la dictadura, con iniciativas como el Juicio a la Juntas Militares y la creación de la CONADEP, las posteriores leyes de amnistía tuvieron un fuerte impacto tanto en las víctimas como en sectores más amplios de la sociedad. La ausencia de justicia debilitó la relación de las víctimas tanto con el Estado como con otros sectores sociales, contribuyendo en mayor o menor grado a una situación de precariedad y exclusión. La impunidad promovió actitudes sociales como el silencio y la indiferencia. De manera inversa, los juicios reiniciados a partir de 2005 empezaron a generar otro tipo de comprensión social del pasado dictatorial y sus víctimas, lo cual se refleja en nuevas actitudes de mayor acompañamiento y reconocimiento de las víctimas. Sin embargo, el proceso de justicia que se corporiza en los juicios es un proceso en el que todavía se mantienen ciertas prácticas y actores que dan cuenta de la existencia de fuertes enclaves de impunidad incrustados en diversas instituciones del Estado. Palabras clave: violencia estatal, impunidad, juicios de lesa humanidad, Argentina. Abstract: This article analyzes the policies of impunity and criminal trials and their consequences on the victims of the last military dictatorship in Argentina (1976-1983). While during the first constitutional government there was a significant policy to deal with 1 Este artículo fue elaborado en el marco del proyecto de investigación NoT 240984 “Narrativas del Terror y la Desaparición” financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC) en la Universidad de Constanza, Alemania. 2 Rosario Figari Layús trabaja como investigadora del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Conflicto y Violencia (IKG) en la Universidad de Bielefeld en Alemania. Se recibió de socióloga en la universidad de Buenos Aires y luego realizó un máster en ciencias sociales en la Universidad Humboldt de Berlín. Doctorante en ciencias politicas en la universidad de Marubugo (Alemania). Ha trabajado como investigadora y docente en diversas instituciones como la Universidad Libre de Berlín, la Universidad de Heidelberg, y la Universidad de Konstanz en Alemania. Recibido: 10 de diciembre de 2014 | Aceptado: 01 de marzo de 2015. [63] TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina Vol. 4, N° 5 (2015) ISSN: 0328-7726 the crimes of the dictatorship - with initiatives such as the Junta and the creation of the CONADEP-, subsequent amnesty laws had a strong impact on both the victims and society. The absence of justice undermined the relationship of the victims both with the state and with other social sectors, contributing in varying degrees to a situation of precariousness and social exclusion. Impunity promoted social attitudes as silence and indifference. Conversely, the human rights trials restarted from 2005 began to generate other social understanding of the dictatorial past and its victims. This reflected in new attitudes of greater support and recognition of the victims. However, impunity still exists in Argentina since staff and practices, which belonged to the dictatorship, remain in different governmental institutions such as the judiciary and security forces. These contradictions evidence the coexistence between old practices and staff of the dictatorship and new forces in favor of the incorporation of human rights standards in the criminal justice system. Key words: state violence, impunity, lawsuits against humanity, Argentina Resumo: Este artigo investiga o papel da impunidade, da persecução penal e de suas consequências para as vítimas da mais recente ditadura militar argentina (1976-1983). Ainda que nos primeiros anos do governo constitucional pós-ditadura tenha havido importante movimento de investigação dos crimes da ditadura, como iniciativas significativas – os julgamentos das Juntas Militares e a criação da Comissão Nacional sobre o Desaparecimento forçado de Pessoas (CONADEP) -, o surgimento, em momento posterior, de uma política de impunidade provocou forte impacto tanto nas vítimas, como em setores mais amplos da sociedade. A ausência de justiça debilitou a relação das vítimas tanto com o Estado como com outros setores sociais, contribuindo, em maior ou menor dimensão, para uma situação de precariedade e exclusão. A impunidade favoreceu comportamntos sociais como o silêncio e a indiferença. De maneira oposta, a retomada dos julgamentos a partir de 2005 começaram a produzir um novo entendimento sobre o passado ditatorial e sobre suas vítimas, o qual aparece refletido em novas atitudes: reconhecimento das vítimas e maior atenção a elas. Ainda assim, o processo de justiça, que ganha contornos efetivos nos julgamentos, é um processo no qual ainda persistem certas práticas e atores que indicam a existência de poderosos espaços de impunidade no âmago de diversas instituições estatais. Palavras-chaves: violência estatal, impunidade, julgamentos de lesa humanidade, Argentina. CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO: Figari Layús, Rosario (2015) “Políticas de impunidad y justicia: el doble filo de la ley en Argentina y sus consecuencias sociopolíticas y efectos en las víctimas”. Taller (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina Vol. 4, N° 5, pp. 63-86. [64] TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina Vol. 4, N° 5 (2015) ISSN: 0328-7726 Introducción Este artículo analiza el rol de las políticas de justicia e impunidad y sus respectivas consecuencias sociopolíticas en las víctimas de la represión ilegal de la última dictadura en Argentina. En los primeros años de gobierno constitucional en la década del ochenta hubo un significativo intento de cuestionamiento de las políticas represivas a través del Juicio a la Juntas Militares y la creación de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP). Sin embargo, la posterior instauración de una política de impunidad tuvo un fuerte impacto socialy, especialmente en las víctimas. La impunidad tuvo gran influencia sobre la situación social de las víctimas, contribuyendo a prolongar- en algunos contextos regionales del país más que en otros3- prácticas y actitudes sociales instauradas por el terrorismo de Estado como el silencio y la indiferencia social. Esta situación degradó el estatuto de ciudadanía de las víctimas, coartándolas de sus derechos. La reapertura de juicios penales por los crímenes de lesa humanidad a partir del 2005 significó un cambio significativo en la política estatal frente a los crímenes del terrorismo de Estado, sus víctimas y victimarios. A partir de entonces, en lugar de mantener la política de impunidad, el Estado comenzó a actuar para revertirla. Sin embargo, el proceso de justicia que se corporiza en los juicios presenta también importantes desafíos, que se evidencian principalmente en la permanencia de ciertas estructuras, prácticas y actores que dan cuenta de la existencia de fuertes enclaves de persistencia y reminiscencias de la impunidad. Dichos enclaves atentan contra el avance de los juicios y la integridad de las víctimas y se encuentran incrustados en diversas instituciones del Estado (fuerzas de seguridad, servicio de inteligencia, sistema judicial y administración pública). Este trabajo tiene por objetivo principal señalar como ambas políticas – de impunidad y de justiciaproducen un impacto significativo en la manera de percibir el pasado represivo. Estas percepciones se reflejan, a su vez, en diferentes actitudes y conductas sociales que repercuten – en mayor o menor grado- en la vida de las víctimas del terrorismo de Estado y en su inclusión social. Los resultados de la presente investigación se basan en el estudio realizado durante dos estadías de investigación en 2011 y 2012 en las que se realizaron más de 70 entrevistas con diversos actores involucrados en los juicios por crímenes de lesa humanidad desde 2006. Entre los entrevistados se encuentran querellantes, sobrevivientes-testigos, abogados, jueces y expertos de seis ciudades de Argentina: Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, San Miguel de Tucumán y Santiago del Estero. Los entrevistados citados dieron su autorización para usar los contenidos de las conversaciones. Sin embargo, por razones de confidencialidad, han sido anonimizados. El análisis de los procesos de impunidad y justicia, y su impacto social, se dividirá en tres partes. En primer lugar, se describirá brevemente el contexto histórico del terrorismo de 3 Especialmente en provincias del norte del país como Tucumán y Santiago del Estero. [65] TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina Vol. 4, N° 5 (2015) ISSN: 0328-7726 Estado, su modalidad represiva y consecuencias sociales y se hará un sucinto recorrido histórico de las políticas de justicia de los gobiernos constitucionales que le siguieron. En segundo lugar, se analizará en profundidad el rol de la impunidad como mecanismo de negación, así como los procesos de invisibilización y exclusión social de las víctimas y sus efectos políticos y sociales. Por último, se expondrán las potencialidades y desafíos que presentan los juicios en tanto procesos de ruptura parcial y gradual con ciertas prácticas del período de impunidad y de reapertura social e inclusión, especialmente para las víctimas del terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado y las dinámicas judiciales en Argentina Antes y durante la última dictadura militar en la Argentina (1976-1983) miles de personas fueron torturadas y desaparecidas por los militares como método para perseguir y disciplinar a todo aquel considerado opositor o potencial opositor al modelo político y económico instaurado. El terrorismo de Estado y la llamada “guerra contra la subversión” apuntaban a la implementación de un modelo económico en beneficio del sector financiero para lo cual era necesario terminar con un Estado de tipo intervencionista basado en un modelo industrial, así como con las fuerzas sociales y políticas en las que se sustentaba este modelo4. El uso de políticas de terror tenía por finalidad paralizar la resistencia y consolidar el propio poder. La parálisis del enemigo - real o potencial- era fundamental para lograr estos objetivos5. La diseminación del terror como mecanismo de coerción social ha calado profundamente en grandes porciones de la sociedad argentina, aunque no se puede decir que haya llegado de igual forma y con la misma dimensión a todos los sectores sociales6. La política del terror apuntó a borrar las palabras, a prohibir la narrativa disidente, a silenciar cualquier intento opositor. Como explican Kordon y Edelmann, el silencio se impuso como norma represiva oficial7 lo que contribuyó aún más al quiebre de relaciones interpersonales y sociales de confianza y solidaridad8. Esta ruptura de lazos sociales fue produciendo un progresivo aislamiento no sólo de las víctimas sino también de otros actores sociales y políticos9. El aislamiento es una de las condiciones necesarias para 4 Alfredo Pucciarelli Empresarios, tecnócratas y militares: la trama corporativa de la última dictadura, Siglo veintiuno editores Argentina, Buenos Aires, 2004. 5 Sebastian Scherer Die Zukunft des Terrorismus, Klampen Verlag, Lüneburg, 2002. 6 Varios autores remarcan también el gran consenso o apoyo con el que contó el gobierno militar en varios sectores de la sociedad. Ver Gabriela Aguila “Dictatorship, society, and genocide in Argentina: repression in Rosario, 1976–1983”, Journal of Genocide Research 2006, 8(2), June, 169–180. 7 Diana Kordon y Lucila Edelmann Efectos psicológicos de la represión política Sudamericana Planeta, Buenos Aires, 1986. 8 Daniel Feierstein El genocidio como práctica social: Entre el nazismo y la experiencia argentina: Hacia un análisis del aniquilamiento como reorganizador de las relaciones sociales, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2011. 9 El aislamiento como producto del terror político ha sido muy estudiado en América Latina. Ver por ejemplo, Juan Corradi “The culture of Fear in Civil Society” en Mónica Peralta Ramos y Carlos Waismann [66] TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina Vol. 4, N° 5 (2015) ISSN: 0328-7726 ejercer el dominio sobre el ser humano, especialmente en tanto ser político, y es una de las principales armas desarticuladoras de las prácticas de oposición y resistencia. Como afirma Hannah Arendt: “El terror puede dominar de forma absoluta solo a hombres aislados […] El aislamiento puede ser el comienzo del terror; es ciertamente su más fértil terreno; y siempre su resultado” […] Su característica es la impotencia en cuanto que el poder siempre procede de hombres que actúan juntos […] por definición los hombres aislados carecen de poder” 10. La desaparición forzada operó como un mecanismo ejemplificante que diseminó el miedo dentro de la sociedad, quebrando el tejido social, desestructurando el vínculo del individuo con el grupo social y haciéndole perder el sentido de su identidad colectiva11. Con el primer gobierno constitucional post dictadura, a partir de 1983, tuvieron lugar importantes iniciativas de justicia: el Juicio a las Juntas militares y la instauración de la CONADEP con el objetivo de investigar el paradero de los desaparecidos. Sin embargo, luego de varios intentos y amenazas de levantamientos militares estas iniciativas fueron coartadas mediante el establecimiento de las llamadas leyes de impunidad, como ley de Punto Final (1986) y la ley de Obediencia Debida (1987). Estas leyes impedían el juzgamiento de todas aquellas personas que formaron parte del aparato político represivo del gobierno militar y que participaron en casos de secuestro, tortura y homicidio. A estas leyes se sumaron los posteriores decretos del presidente Carlos Menem en 1989 y 1990 en los que se indultaba a civiles y militares, incluyendo a los de altos rangos condenados en el Juicio a las Juntas. Sin embargo, la lucha de las víctimas y organismos de derechos humanos contra la impunidad continuó. A lo largo de la década del noventa el movimiento de derechos humanos puso en marcha múltiples estrategias de resistencia a la impunidad, como la presentación de recursos de amparo ante distintos tribunales para conocer lo ocurrido con los desaparecidos. Fue recién con la anulación de las leyes de impunidad entre 2003 y 2005 que se produjo un giro significativo en las políticas de justicia, ya que se posibilitó la realización sistemática de juicios orales y públicos contra los responsables de violaciones a los derechos humanos en casi todo el país12. De acuerdo a fuentes oficiales hasta julio de (Comps.) From Miltary Rule to Liberal Democracy in Argentina, Boulder, Colo, Westview Press, 1987; Patricia Weis Fagen “Repression and State Security” en Juan Corradi, Patricia Weiss Fagen y Manuel Antonio Garretón (Comps.): Fear at the Edge. State terror and Resistance in Latin America, Berkeley: University of California Press, 1992, pág. 67. 10 Hannah Arendt “Ideología y Terror de una Nueva Forma de Gobierno” en Hannah Arendt Los orígenes del Totalitarismo. Taurus Ediciones, Madrid, 1998, pág. 573. 11 Norbert Lechner “Some people die of Fear: Fear as a Political Problem” en Juan Corradi, Patricia Weiss Fagen y Manuel Antonio Garretón (Comps.): Fear at the Edge. State terror and Resistance in Latin America. Berkeley: University of California Press, 1992, págs. 26-38. 12 Si bien a partir de ese momento se anularon las leyes de impunidad en forma general, ya habia importantes antecedentes judiciales que declararon esa nulidad pero para casos específicos. El fallo conocido como “Simón / Poblete” del juez federal Gabriel Cavallo en el 2001 fue el primero en considerar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final aún cuando estas estaban vigentes. [67] TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina Vol. 4, N° 5 (2015) ISSN: 0328-7726 2014 había un total de 1.128 procesados y se llevaban realizados 114 juicios13. Los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández de Kirchner (20072011, 2011-2015) han establecido una serie de instituciones y programas especiales para fortalecer el desarrollo de los juicios. Una de ellas es la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, con base en el Ministerio Público Fiscal. Dicha unidad fiscal es la encargado de diseñar una política nacional con directrices específicas para todos los fiscales que trabajan en estas causas en todo el país. También tiene por finalidad llevar adelante las investigaciones judiciales. Además, durante estos gobiernos se han creado dos programas especiales de acompañamiento y protección para los juicios, como el Plan Nacional de Acompañamiento Psicológico y Asistencia a los Querellantes y Testigos víctimas del terrorismo de Estado y un Plan de Protección de Testigos. Sin embargo, como se expondrá en el último apartado de este artículo, estos programas han presentado serias deficiencias dificultando los procesos judiciales. Antes de analizar cuáles han sido las consecuencias sociopolíticas de los distintos tratamientos legales de las violaciones de derechos humanos en Argentina, es necesario definir a que nos referimos cuando hablamos de impunidad así como detenernos en sus diversas modalidades y funcionalidades sociales. Las formas y mensajes de la Impunidad El daño social causado por la violencia estatal – que incluyó el miedo, el aislamiento social, y la ruptura de lazos sociales entre otros efectos- si bien se va modificando gradualmente no concluye automáticamente con el fin del régimen autoritario14. Estos efectos pueden perdurar latentes, en mayor o menor intensidad, en las víctimas y en la sociedad en general por largos períodos de tiempo. Aquí es donde resulta fundamental el rol de los gobiernos y fuerzas políticas posteriores ya sea para reproducir en el tiempo esos efectos o para tratar de desmantelarlos. En este sentido, la impunidad, desde una perspectiva Este fallo se convirtió en el puntapié inicial, a través del cual se generó un efecto dominó, en el que otros jueces federales empezaron a declarar la inconstitucionalidad de las leyes en diversas causas sobre los crímenes del Terrorismo de Estado en distintos puntos del país. Estas sentencias proclamando la nulidad de las leyes pero para casos específicos fueron legitimadas para todos los casos primero por el Congreso Nacional en el 2003 y luego por la Corte Suprema en el 2005. 13 “Informe sobre el Estado de las Causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado”, República Argentina, Ministerio Público Fiscal, en 18/07/ 2014. 14 Sofia Salimovich, Elizabeth Lira y Eugenia Weinstein “Victims of Fear. The social psychology of Repression” en Juan Corradi, Patricia Weiss Fagen y Manuel Antonio Garretón (Comps.): Fear at the Edge. State terror and Resistance in Latin America. Berkeley: University of California Press, 1992, págs. 72-89. [68] TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina Vol. 4, N° 5 (2015) ISSN: 0328-7726 psicosocial, contribuye a profundizar el trauma individual y social producido por la represión estatal, promoviendo su transmisión a través de distintas generaciones15. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de impunidad? El concepto de impunidad no sólo describe una situación jurídica. En términos generales, la impunidad se puede definir como "ausencia de punibilidad" o "falta de castigo”16. Como hecho legal pero también sociopolítico la impunidad se puede imponer de diferentes formas: Puede ser de jure o de facto17. La modalidad de jure es efecto de leyes de amnistía o indultos presidenciales que son el resultados de relaciones asimétricas de poder (generalmente a favor de los perpetradores) que lograron reflejarse en el ordenamiento jurídico. Por su parte, la impunidad de facto también refleja las relaciones de poder imperantes pero sin alcanzar la formalidad y sistematicidad de la impunidad legalizada. La impunidad de hecho implica la falta de aplicación efectiva de leyes existentes que sancionen delitos. Al no estar regulada jurídicamente, este tipo de impunidad puede variar o disminuir de un caso a otro dependiendo de los actores involucrados en cada situación. En Argentina entre 1986 y 2005 convivieron los dos tipos de impunidad: de jure y de facto. La impunidad legal se reguló a través de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos. La impunidad de facto se configuró debido a la ausencia de investigaciones serias y de sanciones de aquellos crímenes no incluidos en las leyes mencionadas. Entre ellos figuraban tres tipos de delitos cometidos durante el terrorismo de Estado: el secuestro de niños, el robo de bienes y el abuso sexual18. Por lo tanto, era posible llevar a cabo procesos judiciales contra los potenciales responsables de estos delitos. Si bien hubo juicios penales en los casos de apropiación de menores19, estos fueron impulsados por las organizaciones de derechos humanos y no desde el Estado, mientras que los casos de robos y crímenes sexuales no fueron investigados. La Ley y sus mandatos sociales 15 Ver el trabajo del Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP)) “Terrorismo de Estado: Segunda Generación”, en Beatriz Brinkmann (Comp.), Daño Transgeneracional. Consecuencias de la Represión Política en el Cono Sur, Gráfica Lom, Santiago de Chile, 2009, págs. 141-246. 16 Eugenio Raúl Zaffaroni Tratado de Derecho Penal: Parte General. T.V. Buenos Aires, 1983, pág. 11; Diane Orentlicher Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 61º período de sesiones, 2005, pág. 6, en http://www.idhc.org/ESP/documents/PpiosImpunidad.pdf . Disponible en noviembre de 2014; Kai Ambos Impunidad y Derecho Penal Internacional, AD – HOC SRL, Buenos Aires, 1999, pág., 34. 17 Kai Ambos Impunidad y Derecho Penal Internacional, AD – HOC SRL, Buenos Aires, 1999, pág., 34. 18 La Ley 23.521 o de Obediencia Debida, establece en su artículo 2 que la no punibilidad de delitos “no será aplicable respecto de los delitos de violación, sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado civil y apropiación extensiva de inmuebles.” En http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/files/IX_11.pdf . Disponible en noviembre de 2014. 19 De hecho, durante el periodo 1985-2005 hubo un total de 38 acusados, 84 % de los cuales fueron condenados por apropiación de menores. Ver Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) Informe 2012 sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI Editores S.A., 2012. [69] TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina Vol. 4, N° 5 (2015) ISSN: 0328-7726 Para comprender el impacto social de las leyes de amnistía y los posteriores juicios, resulta necesario tener en cuenta la función social de la ley, especialmente en lo que hace al derecho penal. De acuerdo a Robin Duff, la ley y la sanción penal operan como un instrumento de regulación del comportamiento social en tanto que funcionan como mecanismo de comunicación20. Cumpliendo esta función, la ley transmite y difunde un mandato que desde el poder busca generar cierto tipo de comportamiento social, principalmente la obediencia o acatamiento a la norma. Este acatamiento, sobre todo en el derecho penal, gira en torno a la prohibición de ciertos actos y el permiso de otros21. De hecho, una de las principales funciones de la ley es la de influenciar comportamientos sociales que sean funcionales a quienes las promulgan. Sin embargo, como indicaremos posteriormente, la obediencia explicita a la ley no es el único mandato que las leyes transmiten, especialmente en los casos de amnistías por violaciones de derechos humanos. A su vez, la ley crea ciertas representaciones sociales sobre el pasado. En los casos de violencia estatal, crea representaciones sobre sus causas así como de sus víctimas y victimarios y puede, por lo tanto, influir fuertemente sobre los modos sociales de interacción. En este sentido, la promulgación de la ley no sólo comunica la censura explícita de ciertas acciones o la autorización de otras, sino que transmite mensajes implícitos que derivan en una multiplicidad de conductas sociales y actitudes más allá de la simple obediencia. Las leyes de amnistía, en particular, pertenecen a una categoría especial de ley. No se trata de leyes que prohíban tal o cual conducta como torturar o matar sino que, por el contrario, crean una excepción político-legal de esas prohibiciones o una suspensión del castigo para un grupo específico de personas: los perpetradores. La aplicación de la amnistía no suele estar dirigida a cualquier perpetrador sino a aquellos que detentaron poder político en el momento de los delitos (y en muchos casos aún lo detentan ya que por eso se les otorga la amnistía). El impacto de este tipo de leyes va mucho más allá de los autores materiales de los crímenes, alcanzando claramente a las víctimas pero también a otros sectores sociales. En este marco, ¿cuál es el tipo de mensaje emitido, y qué prácticas y actitudes sociales tienden a promover estas leyes de excepción tanto en las víctimas como en la sociedad en su conjunto como en y hacia las víctimas? Los mensajes qué transmiten las leyes de amnistía pueden ser entendidos como una negación de los crímenes cometidos y de sus consecuencias, especialmente en relación a las víctimas. La negación fue un elemento fundamental de la dictadura como parte de su régimen de terror22. Bajo los gobiernos constitucionales la negación de los crímenes 20 Robin Antony Duff Punishment, Communication and Community. Oxford University Press, 2001. De allí que una de las principales preocupaciones en el campo de la sociología jurídica haya sido la cuestión de las razones que subyacen al acatamiento a las leyes y que lo explican. Ver por ejemplo Tom Tyler Why people obey the law. Princeton University Press, Estados Unidos, 2006. 22 El uso de la desaparición forzada de personas fue fundamental para esta estrategia de negación por parte del Estado ya que es una práctica que hace de la incertidumbre una forma de dominación. El Estado niega [70] 21 TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina Vol. 4, N° 5 (2015) ISSN: 0328-7726 adquirió en cambio otra modalidad. La impunidad implica, especialmente cuando se legaliza, la negación oficial por parte del Estado de su responsabilidad en esas violaciones de derechos humanos ya que si bien sabe que las mismas tuvieron lugar se niega a investigarlas, reconocerlas legalmente y actuar en consecuencia a través del sistema de justicia23. Las leyes de amnistía pueden caracterizarse como el tipo de negaciones que Stanley Cohen24 califica de “públicas, colectivas y con alto nivel de organización”, es decir, “negaciones que tanto en su origen, como para su formulación y sostenimiento en el tiempo cuentan con los enormes recursos del Estado moderno”25. Esta negación oficial se expresó claramente en el caso argentino en dos modalidades: por omisión y por acción. Por un lado, aún teniendo conocimiento de los hechos, el Estado no sólo se negó a actuar iniciando procesos legales contra los responsables pese a estar habilitado para hacerlo (impunidad de facto), sino que además, por otro lado, operó activamente a través de las leyes de excepción para evitar que otros posibles querellantes lo hagan iniciando procesos legales. Este tipo de políticas negacionistas tuvo un gran impacto social en Argentina, especialmente en las víctimas del terrorismo de Estado. En la siguiente sección se realizará un análisis detallado de estos efectos en base a la bibliografía existente y, especialmente, al testimonio de los entrevistados. Consecuencias sociopolíticas de la impunidad Continuidad del riesgo y pérdida de credibilidad en el Estado En Argentina las víctimas no sólo fueron objeto de la violencia estatal cometida contra ellos y/o sus familiares durante el terrorismo de Estado, sino que fueron también revictimizadas luego por las políticas de impunidad de los gobiernos constitucionales. Estas medidas pusieron a las víctimas en una situación de precariedad legal y vulnerabilidad social. Un claro ejemplo de esa vulnerabilidad fue la libertad de los victimarios. En muchos contextos, especialmente en localidades donde no ha habido una gran presencia de organismos de derechos humanos y se han mantenido estructuras políticas conservadoras, como por ejemplo en la ciudad de Santiago del Estero, cruzarse con los perpetradores en la calle o convivir con ellos en el barrio era algo habitual (y en algunos casos, con menor frecuencia, aún lo es). A menudo esto iba acompañado de comentarios toda información sobre el paradero de las personas. En ese momento no se sabe qué sucedió con ellas, donde están, si están vivas o muertas. Interpelado por periodistas sobre el destino de los miles detenidosdesaparecidos el dictador Rafael Videla respondía: (el desaparecido) “es una incógnita, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido”. De igual forma, desde el gobierno militar se afirmaba que los desaparecidos se encontraban en el extranjero, negando su secuestro y asesinato así como cualquier tipo de responsabilidad estatal. 23 Judith Zur “The psychological Effects of Impunity: The Language of Denial.” en Rachel Sieder (Comp.) Impunity in Latin America, Institute of Latin America Studies, Londrés, 1995, págs., 57-72. 24 Stanley Cohen States of Denial. Knowing about Atrocities and Suffering, Polity Press, Cambridge, UK, 2001. 25 Traducción hecha por la autora. Cohen, Ibídem, pág. 10. [71] TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina Vol. 4, N° 5 (2015) ISSN: 0328-7726 amenazantes o denigrantes hacia las víctimas. De esta manera, la impunidad se convierte en uno de los principales mecanismos de reproducción del miedo en las víctimas (lo que no excluye sus efectos en otros actores sociales) a lo largo del tiempo. Con respecto a esta situación, un querellante de la ciudad de La Plata, hijo de desaparecidos, afirma: El miedo te lo va a dar el grado de impunidad que haya. […]…sin duda, cuanto más impunidad, más miedo te puede generar porque más libertad tienen los represores de hacer lo que se les canta, de llamarte por teléfono para amenazarte, pararte en una esquina y apretarte, lo que sea. Si todos estos estuvieran en cana26, como debería ser, no habría tanta impunidad y no habría tanto miedo a las amenazas. […] Los que antes eran del grupo de tareas de los milicos27, después se convirtieron en, no me sale la 28 palabra, el coso de seguridad [fuerzas de seguridad]”. Así, la impunidad implica la negación del riesgo potencial y la sensación de inseguridad constante con la que debían vivir gran parte de las víctimas. La impunidad otorga a los perpetradores la libertad de “hacer lo que se les canta”, pueden ejercer gran poder de acción y coerción mientras que deja a las víctimas indefensas, situación que se ve reforzada cuando los victimarios pertenecen a instituciones del Estado .Como menciona el entrevistado, otra de estas formas de libertad impune se expresaba en la continuidad del personal de la dictadura en cargos de instituciones públicas del Estado constitucional, como en las fuerzas de seguridad y en el ámbito judicial. De allí que, en tiempos de impunidad, el Estado formalmente democrático no es percibido por las víctimas como una instancia a la que se pueda recurrir. La confianza de las víctimas en el Estado ya había sido minada por la represión. No obstante, el primer gobierno constitucional post dictadura, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, generó gran esperanza en muchos ciudadanos. Tanto en su campaña electoral como sus primeras medidas de gobierno (como la creación de la CONADEP y los Juicios a las Juntas) sugerían una posición comprometida con las políticas de justicia. Sin embargo, la neutralización de esas promesas de justicia por la promulgación de las leyes de amnistía y la resultante impunidad de los victimarios contribuyó, por un lado, a tirar por tierra esas esperanzas tempranas y a fomentar la desconfianza en las instituciones del Estado de derecho y, por otro, a sostener un clima de miedo, intimidación latente e impotencia. Hacia una ciudadanía de segunda clase 26 Expresión coloquial argentina para decir “si estuvieran presos”. Expresión coloquial argentina para referirse a los militares. 28 Entrevistado 1, hijo de desaparecidos y querellante en los juicios por la causa del circuito represivo de los centros clandestinos de detención Atlético-Banco-Olimpo, también conocido como ABO. Entrevista realizada el 20 de septiembre del 2012 en la ciudad de La Plata, Argentina. Entrevistadora: Rosario Figari Layús. [72] 27 TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina Vol. 4, N° 5 (2015) ISSN: 0328-7726 La impunidad legal implicó el establecimiento de distintos tipos de ciudadanía en tanto que las víctimas de la violencia estatal ya no tuvieron ni el mismo estatuto ni los mismos derechos que los demás ciudadanos -incluidos los perpetradores. La vigencia de las leyes de amnistía contribuyó a profundizar la desconfianza en las instituciones del Estado y en su legitimidad. La ausencia de sanción penal permite que desaparezca la diferenciación entre lo permitido y lo prohibido, lo lícito y lo ilícito,29 especialmente para un grupo determinado de personas: aquellas que tuvieron el poder y lo ejercieron para torturar y desaparecer. Así, la impunidad siempre opera en forma selectiva en una sociedad determinada, nunca es total, ya que para otros grupos marginados de la sociedad que puedan cometer incluso delitos menores esas excepciones no suelen aplicarse y suelen ser sometidos a penas de cárceles desproporcionadas. La falta de políticas de justicia puede derivar en la pérdida de credibilidad del sistema constitucional y en sentimientos personales de impotencia y frustración. Una entrevistada querellante en los juicios de la ciudad de Buenos Aires, también hija de desaparecidos, cuenta sobre su falta de credibilidad en el sistema constitucional: […] en los años noventa trabajaba en un café y vi en el 98 cómo Astiz 30 vino a tomar un café […], ahí me bloqueé, me resultó tan indignante, era incomprensible en mi cabeza cómo podía pasar esto, cómo podía un asesino estar tomando un café, pancho por su casa 31. Un asesino de tantas personas, […] Ese momento me alteró bastante, me puso muy mal, […] estaba muy nerviosa. Vos le querés pegar y tampoco podés, porque decís ‘qué, le voy a pegar un sartenazo?’, y ya sabés cómo se desencadena. Después viene la policía, me lleva en cana a mí, porque yo le quise pegar […]. Me daba una impotencia total la impunidad.32 La impunidad refuerza las diferencias y privilegios legales entre la víctima y el victimario a favor del último. El mundo parece invertirse y son los victimarios quienes gozan de todos los derechos de los que sus víctimas están privadas. ¿Cómo confiar en las instituciones del Estado en este contexto? A su vez, al no poder recurrir a las instituciones o al no tener respuesta de ellas se fortalecen los sentimientos de temor, impotencia, desconfianza e indefensión. La misma entrevistada cuenta la experiencia de su tía durante esos años: Mi tía fue muy activa en ese sentido, ya después con la nulidad de las leyes, los indultos, no tener información. Toda la impunidad que rodeaba todo, como que se fue rindiendo, 29 Robin Duff, Op. Cit., págs. 28-29. El ex marino Alfredo Astíz, también conocido como el “ángel de la muerte”, operó como capitán de fragata y perteneció al Grupo de Tareas 3.3.2. Fue responsable de innumerables secuestros de personas que permanecieron cautivas en la ESMA. Como parte de su trabajo de inteligencia, se infiltró entre familiares de desaparecidos para "marcarlos" y hacerlos desparecer como en los casos de las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce, entre otros. 31 Expresión coloquial argentina para decir “como si nada” o con “total tranquilidad”. 32 Entrevistada 2, hija de desaparecidos y querellante en los juicios por la causa ESMA. Entrevista realizada el 26 de septiembre del 2012 en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Entrevistadora: Rosario Figari Layús. [73] 30 TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina Vol. 4, N° 5 (2015) ISSN: 0328-7726 [...] dejó ya de buscar. […] Descreyó mucho del sistema democrático, estaba bastante escéptica....33 Si bien durante los `90 las organizaciones de derechos humanos lucharon fuertemente contra la impunidad, hubo también muchas otras personas que se sintieron desalentadas por su persistencia. Como cuenta la entrevistada, su tía “como que se fue rindiendo”. Se va alimentado así una cierta desmovilización que en muchos genera la falta de esperanza. El escepticismo hacia las instituciones fue producto de la frustración y la decepción que experimentaron varias víctimas. Así lo relata un sobreviviente de Tucumán ante la pregunta de cómo vivió esos años de impunidad: Primero que se frustraba esa gran expectativa que uno había tenido con Alfonsín, luego el malestar, la violencia que para uno significaba ese impedimento para que se supiera la verdad y actuara la justicia. Fue desalentador pero seguimos, con toda esperanza, por ese reclamo. Después vino el indulto de Menem, que fue lo que terminó de consagrar esa etapa de impunidad y pasaron 20 años... Un derecho que no era reconocido, que era vulnerado, esa especie de injusticia que, pese al tiempo transcurrido, nos seguía afectando… 34. Desde una perspectiva político-legal, las leyes de amnistía y los indultos significaron una degradación jurídica-civil de la calidad de la ciudadanía de las víctimas. La categoría de ciudadanía supone una cierta igualdad formal de los derechos y obligaciones entre los miembros de una comunidad. Un ciudadano “es un miembro de una sociedad en la que existe, nominalmente al menos, un mismo derecho para todos los hombres”35. Según T.A. Marshall, la ciudadanía se refiere a una igualdad formal de derecho y al reconocimiento legal que tiene una persona como miembro de pleno derecho de una comunidad política organizada36. Sin embargo, mientras que el concepto de ciudadanía afirma la igualdad formal de los individuos ante el Estado, las coyunturas sociales, políticas y económicas han demostrado que esta igualdad no se aplica para todos los “ciudadanos” de la misma manera. Varios autores hablan de “ciudadanía de segunda clase” o “ciudadanía de baja intensidad” para referirse al ejercicio desigual de estos derechos (civiles, políticos y sociales) lo cual puede minar el grado y tipo de integración y participación sociopolítica dentro de la comunidad así como de la llamada ciudadanía sustantiva37. En este marco, resulta fundamental la consideración del derecho a la justicia como un derecho civil indispensable para la ciudadanía sustantiva. La aplicación de leyes de amnistía conduce a un acceso diferenciado a la justicia y el ejercicio desigual de derechos por parte de las 33 Entrevistada 2, Ibídem. Entrevistado 3, sobreviviente, querellante y testigo en los juicios de Tucumán. Entrevista realizada el 29 de septiembre del 2012 en la ciudad de Simona en la provincia Tucumán, Argentina. Entrevistadora: Rosario Figari Layús. 35 Thomas Humprey Marshall Citizenship and Social Class Cambridge University Press, 1950. 36 Ibídem, págs. 28,29. 37 Ver por ejemplo la categoría de “Ciudadanía de baja intensidad” en: Guillermo O´ Donnell Polyarchies and the (Un) Rule of Law in Latin America. Ponencia en la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), Chicago, Septiembre 1998. [74] 34 TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina Vol. 4, N° 5 (2015) ISSN: 0328-7726 víctimas de los crímenes amnistiados. La ciudadanía de segunda clase no sólo afecta a las personas que pertenecen a ciertos grupos socioeconómicos o étnicos y culturales desfavorecidos, sino también a las víctimas de violaciones de derechos humanos. La negación del derecho a la justicia suele ir acompañada de la negación de otros derechos fundamentales, como derechos sociales y económicos tales como el acceso a políticas específicas de salud, fundamental en estos casos. La negación de derechos fundamentales se ve reflejada en el relato de una entrevistada de Tucumán, sobreviviente y ex presa política, sobre la realización de un censo a nivel nacional destinado a conocer la situación de sobrevivientes y ex presos políticos: [Muchos están] en muy malas condiciones. Esto es a lo largo y ancho del país. […] Acá tenemos compañeros en situación de calle, como mendigos, que nunca se hizo cargo el Estado provincial. […] Por ello, pedimos a nivel nacional un resarcimiento en la parte económica para que esta situación que hemos pasado, de pérdida de nuestra identidad en muchos casos, de nuestros bienes, de nuestra libertad, de nuestra proyección, porque fuimos detenidos muy jóvenes, perdimos la posibilidad de estudiar, de realizarnos, muchos compañeros que eran trabajadores perdieron su trabajo, que nunca más pudieron recuperarlo. La pérdida fue mucha. El hecho de haber pasado por la tortura, por la desaparición, por la violación […]nos dejó una lesión psicológica que no nos vamos a recuperar, que cargamos con todo eso. Eso significa que el Estado se tiene que hacer 38 cargo. De este modo, la negación que conlleva la impunidad no solo se traduce en falta de justicia sino también en la negación de las consecuencias sociales y de salud del terrorismo de Estado. Durante los años de impunidad los represores llevaban una vida relativamente normal. Muchos de ellos siguieron trabajando en las fuerzas de seguridad, recibiendo un salario y gozando de anonimidad. Pero para las víctimas la impunidad significó una invisibilidad social. Si bien cabe mencionar que una excepción a esta situación fueron una serie de leyes de reparación económica para distintos tipos de víctimas, estas han sido objeto de crítica y no implicaron en ningún caso una política integral ni sostenida de apoyo39. En décadas de impunidad legal el Estado argentino no proporcionó ningún tipo de asistencia sanitaria o de apoyo psicológico a los sobrevivientes y familiares de desaparecidos. De acuerdo a los entrevistados, muchos de ellos sufrieron graves enfermedades físicas y psicológicas, y en numerosos casos no contaban con los recursos económicos para afrontar estas situaciones. Muchos sobrevivientes vieron interrumpidos sus proyectos de vida. El hecho de haber estado secuestrado en un centro 38 Entrevistada 4, sobreviviente y ex presa política, testigo y querellante en las causas en Tucumán. Entrevista realizada el 3 de octubre del 2012 en la ciudad de Tucumán, Argentina. Entrevistadora: Rosario Figari Layús. 39 Para profundiyar en el tema de las reparaciones económicas en Argentina, ver María José Guembe “Economic Reparations for Grave Human Rights Violations: The Argentinean Experience”, en: Pablo de Greiff (ed.) The Handbook of Reparations, Oxford University Press, 2008, págs.21-54. [75] TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina Vol. 4, N° 5 (2015) ISSN: 0328-7726 clandestino en donde la tortura y el hostigamiento eran constantes tuvo graves secuelas en sus vidas como por ejemplo, por el abandono sus estudios, la pérdida de familiares cercanos o la dificultad de insertarse laboralmente. El fomento de la distancia social La impunidad no sólo cercenó los derechos de las víctimas en tanto ciudadanos poniéndolos en una situación de precariedad y debilitando aún más su ya muy dañada confianza en las instituciones del Estado, sino que también afectó seriamente sus vínculos sociales, reforzando su exclusión e invisibilización social. Como se mencionó en el apartado 3.1., el derecho regula e influencia percepciones y comportamientos sociales generados a través de la internalización de las normas. Según Guillermo O'Donnell el sistema jurídico es una parte constitutiva del Estado que penetra en la sociedad, proveyéndola de un marco básico de previsibilidad y estabilidad de sus relaciones sociales"40. En palabras de Rawls: “La ley define el marco básico en el cual el resto de las actividades sociales tiene lugar”41. La ley, en su contenido y en su aplicación, es en gran parte una condensación dinámica de las relaciones de poder. De allí que los cambios en las normas de la justicia penal pueden expresar cambios en las relaciones de poder dentro del Estado, lo que, a su vez, tiene impacto en las interacciones sociales tendiendo a promover distintos tipos de valores, percepciones y conductas. La instauración de las leyes de impunidad implicó un mandato social que derivó en una serie de prácticas y actitudes de distancia social e indiferencia hacia las víctimas. A través de las afirmaciones de los entrevistados se puede observar cómo el mensaje implícito en las leyes de impunidad no sólo tuvo un impacto sobre los victimarios y las víctimas sino también un fuerte alcance social, promoviendo ciertos niveles de negación e indiferencia hacia los crímenes cometidos y sus destinatarios. Como se analiza a continuación, la negación oficial que implicó la impunidad se tradujo en diversos tipos de reacciones y comportamientos sociales como el silencio, la indiferencia y la pasividad, que se convirtieron en prácticas comunes en diversos sectores de la sociedad argentina. Resilenciando La impunidad legal tuvo un importante impacto social, especialmente en aquellas localidades del norte del país donde se habían mantenido grandes continuidades en lo que hace a las prácticas represivas de la dictadura y donde por esa misma razón se dificultaba la construcción de fuertes movimientos sociales de apoyo. En estos contextos, la impunidad contribuyó a reproducir en el tiempo algunos de los efectos del terrorismo de Estado. Esta supervivencia se observa especialmente en la prevalencia de fenómenos 40 41 O ' Donnell, Op. Cit., pág. 15. John Rawls A Theory of Justice. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, 1971. [76] TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina Vol. 4, N° 5 (2015) ISSN: 0328-7726 sociales como el del silencio que luego, con el devenir de la reapertura de los juicios, se ha ido quebrando. Ante la pregunta de qué reacción percibía en su entorno social durante la vigencia de la impunidad legal una entrevistada, ex presa política de Santiago del Estero, comenta: “Las dos leyes que pusieron entre Menem y Alfonsín silenciaron, silenciaron” (abril del 2011, Santiago del Estero). La ley puede habilitar o silenciar la palabra reproduciendo el temor a hablar. Luego, ante la pregunta de si hay un antes y un después en los juicios en Santiago del Estero, ella responde: Absolutamente…[…] ¿En qué lo veo concretamente? Sacó mordazas, la gente puede nombrar algo que lo decía en silencio o no lo decía. Nombrar a gente. Nombrar el hecho […], esta ciudad ha sido dominada por el silencio […]. No fue solamente el golpe militar y la junta en sus años de dictadura, acá tenemos una dictadura de hace cincuenta años de mordaza. Había cosas que no se nombraban… […] “Nombrarlo a Juárez42 era terrible, no se lo podía nombrar porque creías que algo, es fantasmático, una cosa opresora. […] no tenés idea de lo fuerte que es. Vos te das cuenta del miedo”43 El miedo apañado por la ley pero también por otras políticas represivas que perduraron en contextos constitucionales, especialmente por parte de las policías provinciales, caló muy hondo en el período previo a los procesos judiciales. Poder nombrar es poder empezar a enfrentar el miedo pero eso no era posible en tiempos de impunidad. La ley se presentaba como el mecanismo habilitador o silenciador de la palabra. Si bien tal vez no con la misma intensidad que en pequeñas y medianas localidades del país, el silencio sobre la propia identidad también se daba en los grandes centros urbanos. Una querellante en los juicios de la ciudad de Buenos Aires, hija de desaparecidos, relata: “Sentía que no podía hablar tanto del tema, sobre todo cuando era más chica, […] pero ahora es completamente diferente. […] pero ahí sentía la impunidad, que no podía decirlo”.44 Esta fuerza de la ley no es una característica intrínseca de la misma sino que refleja las relaciones de fuerza imperantes en cada momento histórico así como el clima político y social que estas leyes generaron. El mismo se caracterizaba por el temor y, como se ve a continuación, por una elevada apatía o indiferencia. La construcción de la impunidad social 42 Carlos Juárez fue gobernador de la provincia de Santiago del Estero durante cinco mandatos, caracterizados por altos niveles de represión y corrupción política. El quinto de sus mandatos fue entre 1999 hasta su renuncia en 2001. Carlos Juárez terminó sus días bajo arresto domiciliario y con una causa abierta por la desaparición de varias personas. 43 Entrevistada 5, ex presa política, testigo en las causas en Santiago del Estero. Entrevista realizada el 8 de abril del 2011 en la ciudad de Santiago del Estero, Argentina. Entrevistadora: Rosario Figari Layús. 44 Entrevistada 2, Op. Cit. [77] TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina Vol. 4, N° 5 (2015) ISSN: 0328-7726 Las leyes e indultos funcionaron como el marco legal que promovió la reproducción de un clima social de temor y silencio- en algunos lugares más que en otros. Esto fue generando un proceso paulatino de internalización y normalización de la impunidad que traduce la impunidad legal en impunidad social. Si bien esto no cambió completamente con los juicios, durante la vigencia de las leyes de amnistía era mucho más usual ver represores caminar por la calle, asistir a actos públicos, ser saludados normalmente y ser invitados a comer como cualquiera. Este fenómeno se dio con más frecuencia en aquellas zonas donde las organizaciones de derechos humanos o prácticas como los escraches45 no tuvieron tanto lugar. Una entrevistada de Santiago del Estero mencionó: …Ramiro López, que está condenado, que es el que supuestamente le pegó el tiro a Kamenetzky46, estaba con un conocido, amigo, de un pueblo mío vecino, como si fueran gente normal, honorable, (como si) no fueran asesinos. Estaba sentado, conversando, (…) cuando lo vi con él, pasé y no lo saludé. Después vino a decirme ‘mirá que yo…’ ‘Pero vos sabes con quién estás’, le dije’ (…) Eso te da el punto del grado de impunidad social en el que la sociedad se hace cómplice, nadie le dice nada, nadie lo mira mal, todo el mundo lo saluda, lo invita a que se siente.47 Si bien no es una relación automática, en numerosos casos la impunidad legal se refleja en impunidad social y se manifiesta en las relaciones sociales cotidianas. Se va construyendo así una naturalización de la impunidad. Otro entrevistado de la ciudad de La Plata, también querellante en los juicios actuales, describe así esta impunidad social: “[…] los milicos estaban viviendo en sus casas como yo en la mía […]. Siempre me molestó, […] y sentí que no puedo apoyarme en la sociedad porque la mayoría de la sociedad es individualista, no le interesa lo que le pasa al de al lado, podés tener un represor viviendo al lado de tu casa que te da lo mismo…”48. La impunidad se impone como un modelo de interacción social naturalizando la indiferencia hacia los crímenes del Estado, hacia sus víctimas y sus victimarios que no parecen generar ningún tipo de rechazo o indignación. Todo parece dar lo mismo. Se 45 Frente a la impunidad, la organización H.I.J.O.S., que nuclea a hijos de desaparecidos, comenzó a realizar los llamados “escraches” como mecanismo de denuncia social. Los escraches consisten en la identificación del domicilio de un perpetrador y la subsiguiente demarcación del domicilio a través de inscripciones, leyendas, volantes, fotos y pancartas haciendo público el pasado de esa persona. El escrache implicaba señalar socialmente a quienes permanecían impunes debido a las condiciones jurídico-políticas a pesar de los crímenes cometidos. 46 El primer juicio en Santiago del Estero fue por el secuestro, torturas y fusilamiento en noviembre de 1976 de Cecilio Kamenetzky. un estudiante de Derecho y militante de la Juventud Guevarista. Por dicho caso en 2010 se condenó por primera vez a prisión perpetua a varios ex miembros de la policía provincial, entre ellos el mencionado por la entrevistada, Ramiro López. 47 Entrevistada 5, Op. cit. 48 Entrevistado 1, Op. Cit. [78] TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina Vol. 4, N° 5 (2015) ISSN: 0328-7726 alteran los valores sociales y se considera que lo “normal” es la impunidad de crímenes de lesa humanidad legitimando así el modelo sociopolítico de relaciones de poder. Las potencialidades de los juicios penales por crímenes de lesa humanidad La anulación de las leyes de impunidad entre 2003 y 2005 por el presidente Néstor Kirchner, en respuesta a las luchas del movimiento de derechos humanos, evidenció un giro en las relaciones de fuerza. Los juicios comenzaron a mostrar la posibilidad de que el derecho no sea sólo un instrumento de dominación, del statu quo, sino también un potencial recurso para enfrentar los efectos de las políticas de represión e impunidad. Claro que esa apropiación del derecho nunca es total y siempre está en pugna, no es solo entre el Estado, como representante del sistema judicial y la sociedad civil, sino incluso al interior mismo del Estado. Al mismo tiempo, la repercusión social de los juicios tiene el potencial de promover cambios en las percepciones y actitudes sociales hacia los crímenes cometidos por el Estado y hacia sus víctimas. Si las leyes de obediencia debida “silenciaron”, como dijo una de las entrevistadas, reproduciendo el miedo y la indiferencia social, los juicios actuales empezaron a generar lentamente un espacio social para la escucha y la palabra de aquellos que en tiempos de impunidad eran desoídos. Los juicios invitan a hablar, a “sacar la mordaza”, adentro y afuera de la corte judicial. A la pregunta de si ve un cambio en este sentido, un abogado querellante en los juicios de Santiago del Estero comenta: “Absolutamente. Durante el juicio hemos tenido mucha gente que se ha arrimado, han aparecido nuevos casos de desaparecidos santiagueños que nunca habían sido denunciados. […] Aparecieron 16 casos nuevos que antes nunca fueron denunciados. […Apareció] mucha gente del exterior y del interior provincial, que aparecen ahora y dicen ¨yo estuve detenido¨”.49 Este es un proceso dinámico en el que el empezar a hablar tiene que ver con la emergencia de condiciones sociales que lo hacen posible. La corte como espacio público y estatal proporciona a los relatos de las víctimas un gran alcance social y legitimidad que la impunidad les había sustraído. Se va abriendo así lugar a una escucha social que es condición necesaria para posibilitar el habla y el quiebre del silencio. Es importante considerar que los testigos fundamentales en estos casos son los sobrevivientes, es decir, quienes tienen la particularidad de haber sido víctimas del terrorismo de Estado, hecho que en un juicio penal ordinario no es necesariamente así. De allí que en estos procesos se los considere como “testigos-victimas”50. Ahora bien, la valorización de la voz de los 49 Entrevistado 6. Abogado querellante de una organización de derechos humanos en los juicios de Santiago del Estero. Entrevista realizada el 9 de abril del 2011en la ciudad de Santiago del Estero, Argentina. El entrevistado autorizó el uso de los contenidos de la entrevista; pero para preservar su privacidad se decidió omitir su nombre. Entrevistadora: Rosario Figari Layús. 50 Carina Tumini, Silvia Plaza y otros Informe: Experiencia del Acompañamiento Psicológico realizado a Testigos y Querellantes del Primer Juicio por Crímenes de Leza Humanidad en Córdoba, Cordoba, 2008. [79] TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina Vol. 4, N° 5 (2015) ISSN: 0328-7726 sobrevivientes como testigos claves pero también como actores sociales políticos parece ser una consecuencia significativa de los juicios. Como relata Ana Longoni, si bien los sobrevivientes han declarado en diversas instancias como la CONADEP o los Juicios a las Juntas e instancias internacionales, “la audibilidad social del sobreviviente ha sido significativamente baja en las últimas tres décadas51. Tanto la experiencia de militancia previa como la de supervivencia del terrorismo de Estado han sido en muchos casos motivo de desconfianza cuando no de estigmatización y aislamiento. Una entrevistada, sobreviviente, testigo y querellante en los juicios actuales de la ciudad de Buenos Aires cuenta sobre su experiencia en los ´80: “… había un peso sobre el sobreviviente, el ‘por algo lo liberaron’”52. Muchos veían en el acto de sobrevivir una prueba de traición53. Sin embargo, la decisión de liberación o asesinato de los secuestrados no puede explicarse en base al comportamiento de la víctima puesto que conductas tales como la delación no conducían necesariamente a la libertad. Como remarca Pilar Calveiro, “hubo colaboradores que murieron, hubo sobrevivientes cuya conducta fue de resistencia tenaz e inamovible”54. Como señala la autora, el campo de concentración y las razones para entrar o salir de él pertenecen a la lógica de los perpetradores. El sobreviviente es ajeno a esa decisión.55 En testimonios brindados durante la década del ochenta, numerosos sobrevivientes se sentían limitados a proveer un relato del horror, a la descripción de las torturas en los campos excluyendo aspectos fundamentales como su militancia política y social. Los motivos de estas omisiones se debían principalmente dos razones. Por un lado, a la necesidad de probar el terrorismo de Estado y sus crímenes, pero también a la falta de un contexto socio-político propicio a “escuchar” sus relatos de militancia política. Una entrevistada sobreviviente, testigo y querellante en los juicios actuales de la ciudad de Buenos Aires, que también testimonió en el Juicio a las Juntas, recuerda que en aquella ocasión: “[…] era como una catarata de cosas que los testigos decían y se mostraba mucho el horror, la tortura física, cómo habían sido robados los niños, los tormentos que los sobrevivientes y los desaparecidos habían pasado y ahora no es así.”56 51 Ana Longoni Traiciones. La figura del Traidor en los Relatos acerca de los Sobrevivientes de la Represión, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 2007, pág. 23. 52 Entrevistada 7, sobreviviente y querellante en los juicios por la causa del circuito represivo de los Centros Clandestinos de Detención Atlético-Banco-Olimpo, también conocido como ABO. Entrevista realizada el 3 de marzo del 2011 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Entrevistadora: Rosario Figari Layús. 53 Ana Longoni, Op. Cit., Emilio Crenzel La Historia Política del Nunca Más. La Memoria de los Desaparecidos en Argentina. Siglo XXI, Buenos Aires, 2008. 54 Pilar Calveiro Poder y Desaparición. Los campos de concentración en Argentina. Colihue Eds, Buenos Aires, 1998. 55 Íbidem. 56 Entrevistada 8, Ibídem. [80] TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina Vol. 4, N° 5 (2015) ISSN: 0328-7726 Discursos sociales dominantes en los ochenta, como el de la llamada “teoría de los dos demonios”57, presentes también en el Juicio a las Juntas, impedían otro tipo de relato que fuera más allá de ese horror. Esta estigmatización de la militancia previa pero también de la supervivencia dificultaba el testimonio en esa etapa. El sobreviviente no podía presentarse como un sujeto político de los `70 sin ser estigmatizado e incluso criminalizado. Sin embargo, esto comienza a cambiar en los juicios actuales en los que- de acuerdo al contexto social y regional58- los relatos de militancia tienen cada vez más peso. Así continúa relatando la misma entrevistada: Y eso me parece importante a partir de estos juicios. Queremos reivindicar la militancia. Los que fuimos militantes y somos sobrevivientes queremos reivindicar la militancia sobre todo de los compañeros desaparecidos. […]. Esa es una gran diferencia también (con el Juicio a las Juntas). Porque […] queremos reivindicar a los compañeros desaparecidos (que) no eran tontitos […]. Acá se persiguió a un grupo político, y [se] tiene un objetivo […]: es desmantelar a las organizaciones políticas y sociales para implementar el modelo neoliberal. Entonces si no reivindicamos la militancia, no entendemos que quiso hacer la dictadura. ¿Por qué pasó?59 La ausencia de justicia y, por ende, de atribución de responsabilidades contribuye a generar un contexto propicio para procesos de estigmatización ya que la impunidad juega con la vaguedad y lo difuso del silencio legal. Se crea así un clima social de indeterminación en el que no queda claro en el discurso oficial qué rol jugó cada actor durante el período de violencia política. En este contexto de vaguedad y de representaciones difusas del pasado debido a la falta de justicia se hace más difícil generar procesos de construcción de lazos sociales de confianza y prácticas de solidaridad con las víctimas60. Por el contrario, los juicios orales y públicos que dan lugar a los testimonios de sobrevivientes, quienes no sólo relatan las torturas y el accionar de los acusados sino también su militancia política previa y el contexto histórico político en la que ésta tuvo lugar, dificultan la negación de la violencia estatal, reconociendo a las víctimas y debilitando las prácticas de indiferencia social típicas de la impunidad. El abogado querellante de Santiago del Estero relata que a partir de los juicios en su ciudad empezó a notar: 57 La “teoría de los dos demonios” iguala la violencia perpetrada por las Fuerzas Armadas con las acciones de los grupos políticos armados opositores. Según esta concepción existieron dos “bandos” que se enfrentaban mientras que la población mayoritaria permanecía al margen. Este discurso implica un intento de igualar a víctimas y victimarios a través de un "tratamiento simétrico" de la represión estatal y la guerrilla (como si existiera una simetría de fuerzas, que no la hubo, y ésta justificara el accionar represivo estatal). 58 Cabe mencionar que el nivel de apertura a escuchar y por ende incluir en los testimonios la militancia de los desaparecidos y los sobrevivientes no es la misma en todas las ciudades y/o provincias del país. Mientras en grandes centros urbanos como La Plata o Buenos Aires se ha convertido en algo habitual en los testimonios, esto todavía no es así en regiones del norte del país como Tucumán o Santiago del Estero donde predominan estructuras de poder muy conservadoras con fuertes reminiscencias de la dictadura. Sin embargo, de forma gradual estos testimonios también comienzan a tener lugar. 59 Entrevistada 7. Op. Cit. 60 Stanley Cohen, Op. Cit. págs. 14 y 15. [81] TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina Vol. 4, N° 5 (2015) ISSN: 0328-7726 …el respeto y la solidaridad de gente que antes apenas nos saludaba. Se ha modificado el tratamiento hacia nosotros. Notamos un acompañamiento social mayor. […] [Hay] un mayor respeto a partir de que era cierto lo que decíamos, que no éramos mentirosos ni exagerados. Por ejemplo, en las universidades de Santiago del Estero [nos] han abierto sus puertas y antes nos miraban con recelo […] Estas sociedades se han visto conmovidas y nadie se atrevería hoy a justificar lo que le ha pasado a Cecilio Kamenetzky 61. […]La gente ha modificado su sentir, su comprensión y se da cuenta que el ‘nunca más’ es necesario después de haber vivido el juicio en la ciudad.”62 Además de remarcar la importancia de los juicios a nivel local y no solo en los grandes centros urbanos del país, este comentario da cuenta de incipientes cambios sociales en las percepciones del terrorismo de Estado y sus actores, en términos de un acercamiento, “respeto y solidaridad” hacia las víctimas y los organismos de derechos humanos que antes de estos juicios no existían. Como señala Michael Humphrey, los procesos penales pueden contribuir a generar una nueva versión oficial sobre la violencia del pasado, y por lo tanto cambiar el estatuto social tanto de las victimas como de los perpetradores en un determinado contexto63. Los juicios por violaciones de derechos humanos no se refieren sólo a actos criminales individuales sino a delitos colectivos a gran escala. Por lo tanto, estos procesos judiciales abren la posibilidad de generar un relato histórico en el que situar y contextualizar los crímenes y sus distintos protagonistas dando lugar así a contranarrativas que cuestionen fenómenos (como la estigmatización de las víctimas) instalados por las políticas de impunidad. De hecho, al igual que el entrevistado previamente citado, muchos otros entrevistados afirmaron que desde su participación en los juicios empezaron a ser invitados a participar de en eventos públicos, a ser entrevistados por la prensa, a dar charlas en escuelas y a ser tomados en cuenta en espacios sociales e institucionales de los que antes eran excluidos. De esta forma, comenzaron a ser visibles para sectores de la sociedad que antes los ignoraba o incluso los responsabilizaban por su situación. Desafíos pendientes: el Estado contra el Estado Si bien el rol del Estado ha sido de gran importancia en el desarrollo de los juicios contribuyendo a un proceso paulatino de reconfiguración de relaciones sociales y prácticas de mayor inclusión de las víctimas, es necesario señalar falencias fundamentales que dificultan y ponen en riesgo estos procesos de justicia. Uno de los riesgos principales que afrontan los juicios, y que evidencia la persistencia de prácticas de impunidad, es la 61 Ver nota al pié 45. Entrevistado 6, Op. Cit. 63 Michael Humphrey “The Individualising and Universalising Discourse of Law. Victims in Truth Commissions and Trials” en Thomas Bonacker y Christoph Safferling (Comps.), Victims of International Crimes: An Interdisciplinary Discourse, Editorial Springer, La Haya, 2013, pág. 69. [82] 62 TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina Vol. 4, N° 5 (2015) ISSN: 0328-7726 falta de seguridad de los testigos y querellantes. Si bien, como se mencionó anteriormente, el gobierno creó una serie de programas e instituciones que acompañan los juicios, éstos han presentado serias deficiencias. En el caso del Plan de Protección de Testigos ha habido graves negligencias y falencias, como se evidencia en los ataques, amenazas e intimidaciones constantes que han recibido numerosos testigos en el marco de su participación en los juicios. La desaparición de Julio López, sobreviviente testigo fundamental en la causa contra el ex comisario Miguel Etchecolatz64, en La Plata en septiembre del 2006 es el máximo exponente de la situación de riesgo y vulnerabilidad de las víctimas, así como de la continuidad de prácticas de impunidad y la existencia de residuos dictatoriales en estructuras e instituciones del Estado. También es preocupante el hecho de que a casi nueve años de su desaparición no haya habido ninguna respuesta por parte del sistema judicial. No se ha sabido nada sobre su paradero ni sobre los responsables de su desaparición. Si bien el caso de julio López ha sido el único de desaparición, ha habido numerosas intimidaciones, ataques y amenazas en diversas provincias del país65. Estos engranajes de la dictadura en las instituciones actuales han sido continuamente denunciados por las organizaciones de derechos humanos involucradas en los juicios. Una abogada querellante de la ciudad de La Plata entrevistada expresa su preocupación sobre esta situación y reclama la necesidad de “una política que les debilite el poder que aún tienen”: “[hay que tener] control sobre las agencias de seguridad, sacar a los que provienen de la dictadura de las fuerzas, por ejemplo, quien estaba a cargo de la investigación por la desaparición de López era un policía de la dictadura”66. Estos enclaves dictatoriales también se encuentran en otras instituciones del Estado actual como los servicios de inteligencia y el sistema judicial. En el último caso, si bien varios jueces han sido desplazados de las causas judiciales por su accionar funcional al 64 Miguel Etchecolatz fue responsable de 21 centros clandestinos de detención en la provincia de Buenos Aires. En los ochenta la justicia Federal lo condenó a 23 años de prisión por encontrarlo responsable de 91 tormentos cometidos durante su actuación como director general de Investigaciones de la policía bonaerense. Posteriormente fue liberado cuando la Corte Suprema de Justicia le aplicó la ley de Obediencia Debida. Luego de la anulación de las leyes, Etchecolatz fue juzgado y recibió su primera sentencia en este juicio. 65 Otros casos de secuestros e intimidaciones de testigos han sido por ejemplo los de Oscar Gerez (2006), Juan Puthod, (2008), Orlando Gonzales (2009), Victor Martinez (2011), Felisa Flora Marilaff (2011), entre otros. Ver “Apareció Juan Puthod”, Página 12, 30/04/2008, en http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-103363-2008-04-30.html . Disponible en abril de 2015, “Me empujaron y metieron en una combi”, Página 12, 22/04/2011, en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-166780-2011-04-22.html . Disponible en abril de 2015. Cabe destacar que no solo los testigos han sido amenazados y atacados sino también varios de los abogados querellantes. Ver “Denuncian intimidaciones contra abogados querellantes”, Equipo Nizkor, 19/09/2013, en http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/tucuman25.html . Disponible en abril de 2015. 66 Entrevistada 8, Abogada querellante en los juicios de la ciudad de La Plata. Entrevista realizada el 11 de marzo del 2011en la ciudad de La Plata, Argentina. La entrevistada autorizó el uso de los contenidos de la entrevista; pero para preservar su privacidad se decidió omitir su nombre. Entrevistadora: Rosario Figari Layús. [83] TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina Vol. 4, N° 5 (2015) ISSN: 0328-7726 régimen bajo la dictadura67, son varios los casos que falta aún resolver y que son retrasados mediante artilugios legales68. Como afirma Inés Izaguirre “gran parte del aparato judicial sigue siendo mayoritariamente afín al campo del régimen [militar] en tanto hay una porción menor de nuevos jueces y personal judicial, y una porción importante de abogados formados en derechos humanos, decididos a penalizar a los genocidas y torturadores.”69. Por lo tanto, si bien estos juicios penales evidencian un cambio fundamental en las políticas de justicia del Estado, es preocupante la persistencia de personal y prácticas provenientes de la dictadura en sus instituciones. Terminar con estas reminiscencias dictatoriales en un Estado democrático requiere de un compromiso político mucho más fuerte por parte del gobierno, para así garantizar la integridad de querellantes, abogados y testigos. De lo contrario, la impunidad seguirá siendo una asignatura pendiente. Otro de los problemas fundamentales y desafíos a resolver en los juicios es la falta de recursos necesarios en el Estado para llevar a cabo sus tareas en forma efectiva. Esta falencia no sólo se refiere a la escasez de personal como fiscales y jueces sino incluso de recursos materiales como salas de audiencias, lo cual genera una extrema lentitud en el desarrollo de los juicios70. Esta situación se ve agravada en provincias del interior del país donde los recursos tanto de personal como materiales escasean aún más. Así, en algunas provincias del norte del país como Santiago del Estero, había un solo fiscal del fuero federal a cargo tanto de estas causas de lesa humanidad como de otras causas judiciales previas, relativas a casos de crimen organizado y narcotráfico71. Esta situación genera una saturación de trabajo que interfiere en el nivel de las investigaciones judiciales necesarias dificultando el acceso a nuevas informaciones sobre víctimas y victimarios. Esta insuficiencia material y también política deriva en lo que algunos consideran una lentitud extrema en el desarrollo de estos procesos. A través de la acumulación de casos en las así llamadas “megacausas”72, los procesos se han ido en parte acelerando. Sin embargo, siguen requiriendo demasiado tiempo. La principal consecuencia de esta lentitud es la prolongación de la impunidad, ya que con el paso del tiempo tanto los testigos, como los victimarios van muriendo sin que sus casos se hayan tratado en la justicia. Al mismo tiempo, esto pone en peligro la misma sostenibilidad de los juicios, ya que sin los acusados y sin los testimonios de los sobrevivientes no pueden realizarse. En este sentido, como 67 Esta complicidad implica acciones desde avalar detenciones ilegales hasta el rechazo sistemático de pedidos de hábeas corpus por parte los familiares de desaparecidos. 68 “Los magistrados que fueron cómplices de los represores”, Página 12, 18/04/2011, en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-166494-2011-04-18.html . Disponible en abril de 2015. 69 Inés Izaguirre Procesos de socialización relacionados con la violencia política, incluyendo Seguridad, Conflictos armados, Defensa, Militarismo. Ponencia en ALAS XXVII, 2010, pág. 5. 70 “Cuando la falta de lugar demora la justicia”, Página 12, 22/08/2011, en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-178620-2011-10-11.html. Disponible en abril del 2015. 71 Entrevista 7. Op. Cit. 72 Se denomina como “egacausa” a los procesos judiciales en los que se acumulan muchos casos incluyendo víctimas y un mayor número de victimarios. Es una estrategia judicial para poder ampliar y acelerar los juicios. [84] TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina Vol. 4, N° 5 (2015) ISSN: 0328-7726 enfatiza Inés Izaguirre, se hace fundamental un cambio de las “condiciones materiales y sociales” en la realización de los juicios como, por ejemplo, “la multiplicación de los tribunales orales federales”: “si fueran 4 en lugar de 2, el plazo se reduciría a 50 años; si fueran 8, a 25, y así sucesivamente”.73 En este sentido, el Estado y sus instituciones se presentan como un espacio de lucha política y simbólica. Los juicios por crímenes de lesa humanidad ponen de relieve una confrontación que va más allá del enfrentamiento explícito entre los acusados y los querellantes, y que alcanza al Estado y sus instituciones. La “lucha del Estado contra el Estado” no solo implica una confrontación del Estado actual contra el Estado de la dictadura del ayer sino también como contra las estructuras de ese ayer todavía vigentes en las instituciones del Estado de hoy, especialmente en lo que hace las fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia, administración pública y sistema judicial. Sin embargo, el hecho de que los juicios se lleven a cabo implica de por sí un proceso de quiebre y de apertura que anteriormente, con las leyes de impunidad estaba vedado. Los juicios han comenzado a tocar a muchos actores funcionales a la dictadura imbricados en las instituciones del Estado, especialmente en el poder judicial, que antes se sentían intocables y a salvo. Consideraciones finales En este artículo se analizaron las diversas dinámicas, potencialidades y desafíos que las políticas jurídicas de impunidad y justicia han tenido y siguen teniendo para las víctimas del terrorismo de Estado. La ausencia de justicia contribuyó a profundizar, en un mayor o menor grado, la distancia entre amplios sectores de la sociedad y las víctimas. Se construyeron así condiciones legales y sociales adversas que dificultaron un comportamiento social de acompañamiento y escucha social. A su vez, la impunidad refuerza las asimetrías legales y sociales de las víctimas al interior de la sociedad. La ausencia de condena legal de los delitos del Estado contrasta con las altas tasas de penalidad de otros tipos de delitos. Aún en tiempos de impunidad, el derecho penal se seguía aplicando con toda dureza contra ciudadanos de sectores marginalizados, mientras que los crímenes de Estado pasaban desapercibidos. La sociedad se acostumbra a vivir con la impunidad, pero no con todo tipo de impunidad sino con la de los crímenes del poder. Por eso, la impunidad es siempre una impunidad selectiva. Se generan así dos sistemas legales paralelos de crímenes, castigos y derechos al interior de una misma sociedad. Hay delitos y victimarios que reciben un castigo y otros que no. Lo mismo ocurre con el acceso a la justicia, que deviene un privilegio de unos pocos en lugar de un derecho de todos los ciudadanos. En este escenario, aún con obstáculos y dificultades, los juicios por crímenes de lesa humanidad representan la posibilidad que tienen el Estado y la sociedad de modificar las prácticas de impunidad legal y social. Estos procesos tienen el potencial de incluir a las víctimas en ámbitos de los que previamente estaban segregados, como el 73 Inés Izaguirre, Op. Cit., pág. 5. [85] TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina Vol. 4, N° 5 (2015) ISSN: 0328-7726 mismo sistema de justicia y otros ámbitos sociales e institucionales que les eran negados. El gradual quiebre del silencio y la reconstrucción de relatos sobre el pasado, que fueron dominados en gran medida por discursos de estigmatización, puede contribuir a procesos de elaboración de una memoria colectiva más integradora de las víctimas y recomponedora de lazos sociales. Si bien el derecho es el efecto de distintas coyunturas sociales y políticas, puede también tener un efecto sobre éstas tanto a nivel material como simbólico. Como las luchas que se dan en el ámbito de lo social se ven representadas en el ámbito del derecho tanto en su formulación (que determina qué es delito y qué no) como en su aplicación (es decir, contra quienes efectivamente se aplica y a favor de quienes no), éste se puede volcar en el campo de lo social también, modificándolo y dotándolo de nuevos significados. Por lo tanto, la aplicación del derecho en juicios por crímenes de lesa humanidad puede ser un instrumento fundamental, aunque como se ha visto no el único, para afrontar las consecuencias del terrorismo de Estado, del silenciamiento social y la impunidad. Bielefeld, diciembre de 2014. [86]