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El liberalismo económico a debate México, chile y argentina en la
segunda mitad del siglo XIX
Iliana Marcela Quintanar Zárate1
El liberalismo económico fue el modelo a seguir en casi todos los países latinoamericanos
durante la segunda mitad del siglo XIX. Bajo la creencia que aquella doctrina era la más
adecuada para modificar el viejo sistema económico colonial sobre bases más modernas y
equitativas, las élites políticas latinoamericanas hicieron lo posible para adoptar algunos
principios de la misma en la reorganización de sus países una vez eliminado el lazo con
España.
Los principios de economía política enunciados por Adam Smith en La riqueza de las
naciones y revisados por Jean Baptiste Say en sus Tratados de Economía política fueron
divulgados en Latinoamérica principalmente por el economista español Álvaro Flores Estrada,
cuyo Curso de economía política fue usado como libro de texto en instituciones educativas
como el Colegio de San Ildefonso en México y el Instituto Nacional en Chile2. Desde la primera
mitad del siglo XIX los preceptos del liberalismo traspasaron los muros de las aulas
convirtiéndose en el ideal a alcanzar no sólo en términos políticos sino económicos, en buena
medida por los aparentes buenos resultados que su aplicación había tenido en algunos países
europeos.
Si bien el ideal liberal predominó en las discusiones congresuales y las aulas, lo cierto es
que algunos lineamientos fueron muy debatidos, en buena medida por que se consideraba que
los países latinoamericanos no habían alcanzado el nivel de desarrollo y civilización requerido
para su adopción. El elemento que sembró mayor discordia entre las élites fue la adaptación
del librecambismo comercial, pues dadas las particulares circunstancias de cada país se dudó
de su efectividad y conveniencia.
Aun cuando las críticas al librecambio al parecer se hicieron en varias latitudes
latinoamericanas, México, Chile y Argentina fueron los países en donde el debate tomó
mayores proporciones, de ahí que el objetivo de esta ponencia es hacer un análisis entre las
1
2
El Colegio de México.
Rodríguez y Gutiérrez, “Mercados”, 2005, p. 240.
1
distintas opiniones que generó la adopción del librecambio esos tres países. Además porque
en no pocas ocasiones las voces de librecambistas y proteccionistas tuvieron un fuerte impacto
en la creación de la política comercial de sus respectivos países. La elección del periodo
corresponde a su vez al momento más álgido de la discusión, el que como era de esperarse
coincidió con la elaboración de los aranceles.
Principios del liberalismo latinoamericano
Los preceptos de la teoría económica liberal eran conocidos en Latinoamérica desde las
primeras décadas del siglo XIX. Sin embargo, no fue sino hasta la elaboración de los proyectos
constitucionales en la década de los cincuenta cuando los principios de liberalismo fueron
incluidos por primera vez en el corpus legal que organizaría a las naciones.
La pretensión de los Congresos en Chile, Argentina3 y México era establecer el principio
de libertad en todos los ámbitos del actuar humano así como a la definición de las funciones
estatales que garantizaran su observancia, esto bajo el supuesto que la libertad era letra
muerta sin medios para ejercerla. A partir de una lectura detallada de los textos
constitucionales es posible notar la influencia de los principios enunciados por Adam Smith
sobre las motivaciones de la conducta humana y su incidencia en el desarrollo material de los
países. En este momento resulta conveniente recordar que según Smith, el hombre actuaba
conforme al egoísmo, el deseo de ser libre, el sentido de la propiedad, el hábito de trabajo y la
tendencia a intercambiar unas cosas por otras. La confluencia de aquellos factores se regía por
un orden natural que no debía ser alterado por la intervención de instancia alguna, ya que al
permitir que cada individuo buscase el provecho para sí mismo contribuiría a la armonía y al
bien común.4
Partiendo de las ideas de orden natural e individualismo, al inquirir sobre las causas de
la riqueza de las naciones Adam Smith estableció que ésta dependía de la complejidad en la
división del trabajo en las sociedades, lo que significaba que una persona podía especializarse
en la elaboración de una sola mercancía y con ello aumentar su productividad.5 Las naciones,
como los hombres, también acudían al intercambio, en este punto Smith señaló que era
3
Alberdi, Sistema, 1921, p. 19.
Roll, Historia, 1975, p. 148.
5
Vaggi y Groenewegen, A concise, 2003, p. 108.
4
2
deseable que cada nación participara en el mercado mundial con su producto principal y lo
intercambiara con el que le hacía falta, pues no tenía sentido que adquiriese a mayor precio
mercancías que ya producía, además de ese modo se equilibraría tanto la abundancia como la
escasez. Smith era partidario de la autorregulación del mercado sin una fuerza interventora que
lo dirigiese paso a paso. De esa manera Smith, Say y otros autores promovieron la libre
competencia y la libre concurrencia en el mercado, bajo el supuesto que así se establecería un
balance económico congruente con el orden natural.
Consecuente con el individualismo y el orden natural, Adam Smith delimitó la acción del
gobierno mediante la atribución de tres deberes principales, a saber: defender a la nación
contra la agresión extranjera, establecer un sistema eficaz de administración de justicia y la
obligación de realizar y conservar instituciones y obras públicas, esto último por la imposibilidad
de los individuos para financiar por sí solos proyectos de semejante magnitud. Para asegurar la
armonía y estabilidad económica, el Estado debía evitar la creación de obstáculos legales
(como impuestos de importación excesivos o tratados comerciales restrictivos), así como la
imposición de monopolios y privilegios.6 En ese sentido, la función principal del aparato estatal
era garantizar los medios legales y productivos que facilitaren el ejercicio pleno de la libertad
humana.
La propagación de la doctrina en la América Latina decimonónica dependió, según el
estudioso de la economía peruana Nils Jacobsen, de la convergencia de distintas variables
como las estructuras de poder doméstico, la educación, los intereses, las ideologías del público
potencial, de las instituciones del gobierno y de la sociedad civil, con lo que en cada país el
liberalismo tomó un cariz particular según sus características y necesidades. Aun frente a las
evidentes diferencias, el mismo autor señala que durante la segunda mitad del siglo XIX, en
casi todos los países latinoamericanos se llevaron a cabo una serie de reformas similares que
tendieron a eliminar los resabios de las instituciones coloniales, tales como los monopolios
estatales, los fueros militares y religiosos, impuestos y algunos derechos de propiedad de tipo
comunal; proceso al que le siguieron la privatización de tierras públicas, la elaboración de
nuevos códigos civiles y comerciales, y los esfuerzos para atraer capital extranjero para el
desarrollo de los ferrocarriles y obras públicas.7
6
7
Eric Roll, Historia, 1975, pp. 148-150.
Jacobsen, “‘Liberalismo”, 2007, pp.120, 141.
3
Igualmente Jacobsen señala que, si bien el liberalismo económico dominó como doctrina
a seguir durante 1840 y 1890 en varios países latinoamericanos era común que durante los
regímenes liberales se aprobaran leyes y continuaran prácticas que contradecían los
principales preceptos de la ideología. El mismo autor señala que ante las dificultades para
aplicar el liberalismo en los países Latinoamericanos, el periodo comprendido entre 1890 y
1920 resulta ser una época de transición, “una expansión lenta y gradual de nociones de
intervención estatal, en lugar de una prolongación total de la época liberal”. 8
Librecambio y proteccionismo
El principio liberal que tuvo mayores dificultades para realizarse plenamente en Latinoamérica
fue la apertura total del comercio internacional, el librecambismo, principalmente por que se
consideraba que las naciones latinoamericanas no tenían el nivel de desarrollo industrial
requerido para que la venta de sus productos sobreviviese los embates de la libre concurrencia
de mercancías extranjeras.
Las críticas al libre cambio y su relación con la industria se embebieron de la obra del
alemán Federico List quien en su estudio Sistema nacional de economía política (1841)
desarrolló la teoría económica proteccionista. Bajo la premisa que la industria era el factor de
arrastre de las demás actividades económicas gracias a su demanda de materias primas y
alimentos, List consideraba que en las naciones atrasadas cuyos particulares no tuviesen los
elementos necesarios para promover el desarrollo industrial, el principal requisito para la
creación y fortalecimiento de la industria nacional era la protección del Estado a través de la
imposición de altas tarifas a los productos extranjeros que pudiesen competir con los
nacionales. Aunque el autor mencionó que el arancel se constituía entonces como una
estrategia de crecimiento local, esta función era sólo temporal, ya que su duración estaría
determinada según el grado de avance y competitividad que la industria nacional alcanzara
frente a la extranjera.9
Si bien los nuevos Estados se erigieron como librecambistas, lo cierto es que como
8
9
Ibid, p. 143.
Eric Roll, Historia, 1975, p. 227-229.
4
Jacobsen señala pocas veces se llevó a cabo. De hecho el proteccionismo enunciado por List
fue utilizado en reiteradas ocasiones como estrategia para el desarrollo de la economía y en
específico de la industria. En México desde los años treinta del siglo XIX, Lucas Alamán,
Esteban de Antuñano y Mariano Gálvez entre otros, impulsaron varios proyectos para fomentar
y proteger la industria minera y textil10. Mientras que como señalan Sergio Villalobos y Rafael
Sagredo, en la primera mitad del siglo los gobiernos chilenos tomaron algunas medidas que
tendían a limitar la entrada de mercancías extranjeras al país que pudiesen competir con las
nacionales, así como a otorgar privilegios exclusivos o préstamos a tal o cual industria11. Dado
que en la práctica el librecambismo había significado un reto cuasi imposible de sortear se
alzaron varias voces a favor de establecimiento del proteccionismo como opción viable para el
crecimiento económico.
Aunque las primeras críticas al librecambio surgieron desde mediados de siglo, cabe
resaltar que el debate tuvo su momento más álgido en la década de los setenta. Lo anterior
porque la crisis financiera desatada en 1873 en varios países europeos obligó a los gobiernos
latinoamericanos a replantearse su política económica puesto que la caída de los mercados
financieros provocó la contracción comercial de Latinoamérica y la quiebra de algunas
empresas a causa de la baja mundial de los precios de la plata, el trigo y el cobre, así como por
la escasez de capitales para el fomento agrícola e industrial 12. Al parecer los países
latinoamericanos advirtieron su propia vulnerabilidad ante un colapso financiero de tal
envergadura que no sorprende entonces que se alzaran voces en defensa del proteccionismo,
puesto que todo indicaba que aseguraba el autoabastecimiento y la independencia económica
frente a otras naciones.
Chile y el proteccionismo industrial
Las primeras críticas en torno a la adaptación del librecambio en otras latitudes provinieron de
Chile durante la segunda mitad del siglo XIX. Vicente Sanfuentes se erigió como el pionero en
la tendencia proteccionista del país al proponer la aplicación de lo que denominó “sistema
Hale, “Alamán”, 1961.
Villalobos y Sagredo, El proteccionismo, 1987, p. 35.
12
Marichal, Nueva, 2010, pp. 47-48.
10
11
5
protector moderado” como estrategia para el desarrollo de la industria nacional. El autor estaba
a favor de la imposición de altas tasas arancelarias sobre las mercancías extranjeras puesto
que la escasez de ciertos productos fungiría como catalizador para su producción interna, lo
que a su vez tendría un efecto dominó beneficioso sobre la economía en su conjunto ya que la
instalación de fábricas e industrias nuevas (protegidas por el Estado) no sólo aseguraba que
los pocos capitales se aprovechasen al interior del país, sino que de cierto modo se estarían
creando nuevas fuentes de empleo a mayores sectores de la población. Desde este momento
es de advertir que la gran aspiración de los proteccionistas era compaginar la independencia
política recientemente lograda con la independencia económica mediante la creación de un
mercado interno basado en el éxito del sector industrial.
La crítica de Sanfuentes dio pie a que algunos estudiosos, como Cristóbal Valdéz y
Mauricio Mena pusieran en tela de juicio que la aplicación de teorías nacidas en Europa
propiciaran un cambio en otras realidades, por lo que durante la década de los cincuenta y los
sesenta se propuso la elaboración previa de un estudio detallado de la situación económica del
país para posteriormente trazar políticas adecuadas al mismo.13 Al respecto Valdés señalaba
vehementemente que “Las república americanas, por su posición geográfica, por su industria,
por el rol que están llamadas a desempeñar en el inmenso drama de la humanidad, deben
tener un sistema nuevo de economía, porque muy poco tienen de común con la Europa. Lo que
allá es un absurdo, puede ser una institución favorable entre nosotros”. Resultaba necesario
entonces atender a las particularidades socioeconómicas para determinar el posible éxito o
fracaso de la adopción indiscriminada de doctrinas ajenas. Al respecto era común que entre los
proteccionistas chilenos se acudiese al ejemplo de los Estados Unidos, cuyo proteccionismo le
había asegurado el –como se decía en la época- “bastarse a sí mismos” y mantenerse de cierta
manera blindados ante los vaivenes del mercado internacional.
Partiendo de aquel conocimiento previo, en Chile se determinó que la industria se
encontraba en un estado tan deplorable que para su desarrollo pleno eran necesarios tanto la
adquisición de nuevos hábitos de trabajo y consumo en la sociedad como la cooperación del
gobierno, para alcanzar cierto grado de avance que le permitiese competir en términos
igualitarios con naciones librecambistas y evitar el riesgo de caer en la ruina. La industria, a
decir de los chilenos, requería de cuidados especiales tal como una planta o un niño los
13
Godoy, “Surgimiento”, 1986. p. 49. Villalobos “Proteccionismo”, 1986, p. 54.
6
requerían al nacer. Cabe señalar que según Domingo Morel (1870) a diferencia de los
librecambistas, quienes a su juicio sólo fijaban la mirada en los productores, la protección
gubernamental propuesta beneficiaba tanto a productores como a consumidores, los unos por
el impulso a la industria naciente y los otros por que a fuerza de movilizar todas las fuerzas
productivas del país la población se haría más activa (ya que tanto niños, mujeres, hombres y
ancianos encontrarían ocupación) más industriosa y más inteligente.
Entre las décadas de los setenta y noventa, los argumentos más recurrentes en Chile
contra del liberalismo sostenían que el desarrollo del interés individual no necesariamente
propiciaba el bienestar general y que la libre competencia al mercado era causa de miseria y
desigualdad económica. De esa manera comienza a desarrollarse la idea que el Estado debía
convertirse en un agente de progreso para el país, ya que solo así podría velarse por los
intereses de la sociedad en su conjunto. Estaba visto que sujetar el desarrollo económico a las
leyes naturales del mercado no había resultado del todo funcional, por lo que no sorprende
entonces que durante el mandato del José Manuel Balmaceda (1886-1891) el Estado tomase
medidas de corte intervencionista para la creación de nuevas industrias, tendencia
gubernamental que tuvo a su mayor aliado en la Sociedad de Fomento Fabril.
Como se verá en los siguientes dos casos a fines del siglo XIX parece haber acontecido
un desencanto por el liberalismo, ya que no se habían obtenido los resultados esperados.
Argentina en el debate
Argentina también tomó parte en la tendencia crítica hacia el liberalismo. Los desencuentros
entre librecambistas y proteccionistas tuvieron lugar cuando comenzaron a sentirse en el país
los estragos de la crisis económica europea. Como medida emergente el recién electo
presidente Nicolás de Avellaneda propuso a la Cámara de Diputados un aumento del 5% en
general sobre las mercancías importadas y una disminución del 3% sobre las exportadas. La
modificación a la ley de aduanas causó airadas discusiones en el Congreso cuyo tema principal
fue la adopción del proteccionismo industrial ante los evidentes fracasos del librecambismo
como estrategia para el desarrollo económico.
7
Los diputados Vicente F. López, Carlos Pellegrini y Dardo Rocha, apoyados por el
recientemente creado Club Industrial aseguraron que la libertad de comercio había resultado
muy perniciosa para la nación. López así como sus contemporáneos chilenos consideraba que
era necesario el fomento de la industria para movilizar todas las fuerzas productivas disponibles
y salvar al país de la ruina. Pellegrini igualmente coincidió con los chilenos al considerar que no
era posible adoptar a ciegas otras doctrinas, pues todo país que buscara el desarrollo de su
industria tenía que hacerse de estrategias propias para lograrlo. La estrategia más conveniente
para Argentina según Pellegrini y Rocha era una acción más decisiva del Estado para el
fomento de su sector industrial porque si bien algunas industrias ya establecidas podrían verse
beneficiadas de la libre concurrencia no sucedía lo mismo con las industrias nuevas, al
respecto Pellegrini mencionaba que el librecambio
[…] es la última aspiración de la industria que sólo puede hallar en ella su pleno
desarrollo, como la planta busca al aire libre para adquirir elevada talla y
frondosa copa. Pero de que la planta necesite el aire libre para alcanzar su
mayor crecimiento, no se deduce que no debemos abrigarla al nacer, porque lo
que es elemento de vida para el árbol crecido puede ser elemento de muerte
para la planta que nace. Si el librecambio desarrolla la industria que ha adquirido
cierto vigor y le permite alcanzar todo el esplendor posible, el librecambio mata la
industria naciente.14
Rocha al considerar que el proteccionismo era necesario en la etapa de formación en la que se
hallaba la industria argentina propuso el establecimiento de altos gravámenes a los artículos de
importación con el triple objetivo de reducir la introducción de mercancías que pudiesen
competir con las nacionales, desarrollar la producción nacional y estabilizar la balanza
comercial. El Club Industrial Argentino que también formó parte importante en la discusión
generada en la Cámara de Diputados, apoyó las opiniones y propuestas de los diputados
mencionados al establecer una postura aparentemente ambivalente pero que tendía más al
proteccionismo por obvias razones, de lo que se mencionó “deseamos el librecambio entre la
república Argentina y todas las demás naciones, pero exigimos que se equilibre nuestro
librecambio y para eso no nos es posible recibir más que los importes de los productos que
mandamos. Librecambistas en principio, llegamos a ser imperiosamente proteccionistas.
14
Panettieri, “Proteccionismo”, 1960, p. 175.
8
Deseamos sí que algunos industriales se enriquezcan, pero queremos que al lado de estos
pocos privilegiados de la fortuna, se levante la fortuna pública”.15
Los argumentos en contra del librecambismo junto con la crítica situación vivida en
Argentina obligaron al gobierno a adoptar desde los años setenta una política comercial mucho
más proteccionista. Francisco Rodríguez del Busto en su texto El proteccionismo en la
república Argentina, publicado en 1904, consideró que las leyes proteccionistas de los años
setenta habían partido de un mal cálculo de la balanza comercial nacido en la falsa estimación
de los aforos, la reunión en un solo aforo de las diferentes clases y guarismos falsos que no
representaban la riqueza nacional. Al mismo tiempo, la intervención estatal (definida por el
autor como la tendencia innata de todo gobierno a invadir la esfera de la actividad privada) se
había justificado por el deseo de equilibrar la balanza comercial, aumentar las rentas, la
producción, y el afán protector de los poderes públicos para numerosas empresas particulares.
Rodríguez consideraba que el intervencionismo estatal había resultado benéfico en
algunos ámbitos como la construcción de obras públicas (ferrocarriles, drenaje), el
establecimiento de bancos, colonias agrícolas, fábricas etc. Así como los chilenos, decía que si
la libertad individual por sí sola no podría cumplir su principal cometido, el de la “conveniencia
pública”, la acción del gobierno era de cierto modo indispensable. Sin embargo resalta el hecho
que Rodríguez buscaba conciliar esta necesidad práctica con la libertad consignada en la
Constitución Argentina, para lo cual propuso que la intervención sólo debía darse a través de
medios indirectos de protección, ya el Estado no debía olvidar que sus principales deberes
eran legislar juzgar y gobernar, por lo que debía abstenerse de ser empresario. Es decir,
Rodríguez propuso –a diferencia de los chilenos y sus propios compatriotas– una intervención
indirecta y moderada que fuese más allá de la protección sectorial (industria). Hasta el
momento de la investigación desconozco la reacción a la propuesta de Rodríguez, sin embargo
es importante resaltar que el caso argentino resulta útil para replantear el predomino del
liberalismo como ideología rectora del devenir económico latinoamericano.
15
Ibid, p. 163.
9
México liberal
Los protagonistas de la discusión entre proteccionismo y librecambio en México fueron Carlos
Olaguíbel, editor de El Monitor Republicano, Ignacio Ramírez y Guillermo Prieto, quienes
debatieron en torno a los efectos de cada sistema en el ámbito laboral e industrial. A diferencia
de los casos anteriores, cabe señalar que el embate liberal ante las quejas y propuestas
proteccionistas pareció ser más fuerte en México.
Olaguíbel como defensor de la teoría proteccionista de List, mencionaba que el
librecambio propiciaba la eliminación de fuentes de trabajo. La entrada indiscriminada de
productos extranjeros a bajo costo generaba una relación de dependencia económica de los
consumidores mexicanos hacia los mismos, lo que causaba un efecto negativo en la economía
nacional, ya que al verse afectada la producción local, los dueños de fábricas y comercios se
veían en la necesidad de despedir a sus trabajadores por la falta de un mercado consumidor.
Para resarcir aquella consecuencia de la libre concurrencia en el mercado, Olaguíbel propuso
que de alguna forma el Estado mexicano garantizara el empleo.
Ignacio Ramírez, librecambista por convicción, mencionaba que la libertad de trabajo era
un derecho del hombre y no una obligación del gobierno, además constitucionalmente el
Legislativo y el Ejecutivo tenían prohibida la participación en los negocios individuales. A decir
de Ramírez, la petición de Olaguíbel sobre la prohibición de la entrada de efectos extranjeros
con miras a defender las fuentes de trabajo nacional era un sinsentido, porque la mayor parte
de los ciudadanos necesitaban de los productos extranjeros para trabajar, con lo que según
Ramírez los proteccionistas sin darse cuenta limitaban el ejercicio pleno del trabajo y la
creación de utilidad en el mismo. Esto último porque los extranjeros traían consigo no sólo
mercancías sino nuevos conocimientos, enseñanzas para el buen desempeño del trabajo, así
como los hábitos del lucro, el ahorro y el trabajo duro, considerados en la época benéficos en la
realización del interés personal y por ende el de la sociedad entera.16 Guillermo Prieto por su
parte, mencionaba que la escasez de trabajo no se debía al librecambio sino a la falta de
buenas vías de comunicación, ya que las existentes resultaban insuficientes para la
exportación de los productos locales. Con lo que quedaba de manifiesto la necesidad de crear
16
Ramírez, Obras, 1989, pp. 90, 96-98.
10
un mercado interno –apoyado con la apertura comercial hacia el extranjero– como principal
factor para la generación de empleo.17
El argumento más recurrente entre los proteccionistas contra el librecambio era que la
introducción de efectos extranjeros vulneraba a la industria nacional e impedía su crecimiento.
Ignacio Ramírez rebatió este argumento al decir que la entrada de maquinaria extranjeras
había hecho posible la elevación de los niveles de productividad en industrias locales como la
minería. La libertad de comercio tenía la bondad de poner en movimiento la industria nacional
gracias a la entrada de maquinaria y materia prima, por lo que lejos de representar una
amenaza, el extranjero, su industria, sus capitales y sus productos representaban la
oportunidad para conseguir a bajo costo los insumos necesarios para una adecuada
explotación y aprovechamiento de los recursos naturales nacionales.
Los librecambistas sostenían que el proteccionismo creaba industrias de manera
artificial, ya que su existencia no concordaba con la demanda del consumo sino con lo que se
creía era de utilidad para el país. En ese sentido, el proteccionismo era visto como una
imposición que constreñía el libre desenvolvimiento de la oferta y la demanda. Sin contar que la
dotación de subvenciones y privilegios era casi siempre de manera discrecional.18 Además de
evitar la producción buena y barata en beneficio del consumidor, la protección solo a cierto tipo
de industrias no permitía el desarrollo natural de nuevas industrias que explotasen los recursos
del país.
La protección discrecional resultaba igualmente perjudicial tanto para el erario público
como para el consumidor según los librecambistas. A decir de Ramírez las industrias
protegidas gozaban de triple beneficio, tenían subvenciones, creaban un monopolio disfrazado
de tal o cual producto y propugnaban por la imposición de leyes restrictivas contra sus rivales.
Beneficios que iban en contra de los intereses del consumidor, pues en aras del desarrollo
industrial netamente nacional se les obligaba a pagar caro y malo, ya que la falta de maquinaria
y materia prima extranjera barata incidían tanto en la elevación de los costos de producción
como en la calidad de las mercancías.
El sistema protector resultaba para los librecambistas mexicanos anticonstitucional y
antieconómico porque el otorgamiento de concesiones a los gobiernos estatales les permitía la
17
18
Prieto, Lecciones, 1989, pp. 415-416.
Ramírez, Obras, 1989, pp. 111.
11
imposición de barreras fiscales (prohibido por la ley) y la creación de pequeños monopolios.19
La lucha por la dotación de beneficios estatales podía fungir como causa directa de
desigualdades económicas, así como el acrecentamiento del contrabando, pues era bien
sabido que mientras más altas las barreras arancelarias las formas de evasión y fraude se
tornaban todavía más sofisticadas. De implantarse, Ramírez mencionaba que la protección
entonces debía ser generalizada, lo cual obviamente constituía una imposibilidad dada la
incapacidad financiera del Estado para el otorgamiento de subvenciones.
El desequilibrio económico al interior del país abría la brecha entre los distintos estratos
socioeconómicos pues en aras de la promoción de tal o cual industria existía el riesgo latente
de crear aristocracias financieras, en cuya rivalidad se verían afectados los trabajadores, por la
baja constante de salarios, y los bolsillos de los consumidores.20 Aunque librecambistas y
proteccionistas compartían aquella idea que el país debía salir a flote por sus propios medios,
los primeros consideraban el proteccionismo que no hacía más que agravar las desigualdades
económicas y sociales e ir en contra de los tan defendidos principios constitucionales.
Pese a las airadas discusiones entre librecambistas y proteccionistas, así como a los
reiterados intentos de ministros de Hacienda como Matías Romero para imponer el librecambio,
la penuria del erario público causada en buena medida por el endeudamiento, el pago de
subvenciones ferroviarias y la dependencia de las rentas federales a los ingresos aduanales
obligaron al gobierno mexicano al establecimiento de altas tasas impositivas que en ciertos
casos resultaron prohibitivas. Aunque cabe señalar que esto fue más por necesidad económica
que por una cuestión meramente doctrinaria.
Así como aconteció en los dos casos anteriores, México formó parte de la tendencia
latinoamericana hacia el intervencionismo estatal especialmente durante la gestión hacendaria
de José Yves Limantour. En torno a la política comercial, Limantour decidió llevar a cabo un
sistema ecléctico en buena medida porque también consideraba que la iniciativa individual no
estaba plenamente desarrollada en México por lo que se necesitaba del impulso estatal, de lo
que dijo:
19
20
Ibid, p. 122.
Ibid, p. 125.
12
En más de una ocasión me pareció que le mejor modo de alcanzar un resultado,
que en definitiva estuviese de acuerdo con las ideas librecambistas, era el de
usar de medios proteccionistas por un tiempo más o menos largo […] Un país
que tiene como el nuestro tan grandes y variadas riquezas naturales, no puede
entregarse exclusivamente a la iniciativa individual, que es el gran resorte de las
naciones librecambistas, sino que debe estimular esa iniciativa por conducto de
su gobierno, con el aliciente de una protección provisional que, no obstante que
hace recaer sobre la comunidad el gravamen de esa protección, siempre resulta
beneficiosa a la larga si las providencias que se tomen se hacen con la debida
mesura y buen juicio.21
El intervencionismo limantouriano se evidenció en la participación del estado como empresario
en la administración y construcción de ferrocarriles así como en la regulación de las
instituciones de crédito, aunque ese es tema de otra tesis.
Conclusiones
El liberalismo económico resultó impracticable en algunos países del continente americano por
lo que desde temprana época se desarrolló una fuerte crítica en Latinoamérica sobre algunos
de sus principios generales.
Frente a las situaciones de crisis económica la discusión sobre la adopción del
librecambio se replanteó como estrategia para el desarrollo económico interno y se propuso la
creación de un sistema económico propio, basado en el proteccionismo arancelario, que
atendiese a las particularidades de cada localidad.
La protección gubernamental a la industria mediante la imposición de barreras
arancelarias a las mercancías extranjeras fungiría como catalizador para la creación de un
mercado interno, puesto que se aprovecharían las materias primas locales, al mismo tiempo
que se movilizarían todas las fuerzas productivas.
El crítico estado económico de Chile, Argentina y México, aunado al escaso ejercicio de
la libertad individual y la necesidad de aminorar la dependencia hacia el exterior para lograr
21
Limantour, Apuntes, 1965, pp. 54-55.
13
autosuficiencia económica funcionaron como argumentos a favor de la intervención estatal en
la economía nacional.
A fines del siglo XIX el liberalismo, a fuerza de las necesidades prácticas de los Estados
latinoamericanos hubo de transformarse en aras de las aspiraciones de progreso entre las
élites que detentaban el poder político y económico.
14
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15