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LCDO. ALEJANDRO L. SORIANO MIRANDA
Abogado-Notario
11 de febrero de 2017
PONENCIA ANTE EL PANEL ESPECIAL DE PARTICIPACION CIUDADANA
DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE PUERTO RICO
"Mi ideal más querido es el de una sociedad libre y democrática
en la que todos podamos vivir en armonía y con iguales posibilidades. " Nelson Mandela
“El hombre nace libre, pero dondequiera está en cadenas…” Jean Jacob Rousseau
Estimados miembros del Panel Especial:
Para fines de record, yo soy el Lcdo. Alejandro Luis Soriano Miranda, planificador profesional
licenciado (desde 1996), abogado-notario admitido a ejercer la práctica en el año 2010 y
orgulloso Colegiado 19,057. El suscribiente ha servido como Asesor en Asuntos de Economía
y Planificación, así como Director de la Oficina de Asesores del Presidente de la Cámara de
Representantes para el periodo 2001-2004; como Asesor Externo para asuntos legales y de
Planificación del Rep. Luis Vega Ramos y para el Senado de Puerto Rico y recientemente
labore como director de la Oficina de Asesoramiento Legal en la entonces Compañía de
Parques Nacionales y en el Departamento de Recreación y Deportes, a cargo de asuntos
legislativos. Actualmente ejerzo la práctica privada del derecho y soy pertenezco a la
Comisión de Asuntos Legislativos del Colegio de Abogados y Abogadas, por nombramiento
del compañero Presidente Alejandro Torres Rivera.
Acudo ante este distinguido panel, con la esperanza de contribuir a establecer las bases hacia
un cambio en el lamentable derrotero que lleva la economía y la sociedad puertorriqueña en
este Siglo XXI.
Son muchos los asuntos que quisiera detallar ante ustedes; diversas las ideas que pudiera
elaborar, producto de mi experiencia como asesor legislativo, abogado y recientemente como
funcionario de gobierno. Pero sé que el tiempo apremia y tenemos que concentrarnos en lo
esencial.
Ahora, más que nunca, el Puerto Rico de hoy necesita de la participación directa y
responsable de la ciudadanía para atacar aquellas áreas de nuestra sociedad que por
visiones arcaicas, obsoletas, coloniales o paternalistas impiden desarrollarnos como pueblo.
Dirección Postal y Residencial
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Dorado , P.R. 00646-9401
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Por ejemplo, fue mediante las luchas obreras, en las cuales los trabajadores organizados
lograron estremecer los cimientos de los gobiernos influenciados por los artificios de los
latifundistas y explotadores capitalistas de antaño, que se lograron avances significativos para
la protección de la clase obrera; avances que están reconocidos desde nuestra Constitución
hasta en un sinnúmero de leyes y reglamentos y que ahora, con la cofradía de la Legislatura y
la Junta Colonial de Control Fiscal, están usurpándolos.
Por otro lado, ante las insensibles actuaciones contra el ambiente y los recursos naturales de
nuestra Isla por parte de un grupo de inversionistas insensatos y la retardada acción del
gobierno en proteger el patrimonio, cada vez más comunidades se dan a la tarea de reclamar
acción directa a los foros correspondientes, convirtiéndose estas en los verdaderos custodios
del patrimonio natural boricua. El resultado de ello es que a pesar del record negativo de la
Asamblea Legislativa en este aspecto, desde hace más de veinte (20) años se está
adelantando legislación protectora del ambiente, en muchas instancias proveniente de las
comunidades, ayudada y asesorada por la comunidad científica del País. La más reciente lo
fue la aprobación, con sus defectos y virtudes, del Plan de Uso de Terrenos, la Ley del
Bosque Modelo y las enmiendas a la Ley del Corredor Ecológico del Noreste.
Más reciente, un pueblo indignado por el abuso sin par cometido contra la población y la
naturaleza de la Isla-Municipio de Vieques realizó una de las gestas más gloriosas,
comparable con las realizadas por Mahatma Gandhi en India y Martin Luther King en Estados
Unidos. La diferencia fue la diversidad de liderato proveniente de todos los sectores: políticos,
sindicales, religiosos, ambientalistas, artistas, educadores, científicos, entre otros. Todos
ellos, cumpliendo la máxima albizuísta: “No podemos vencer su Armada, pero tenemos la
fuerza moral para echar a pique su prestigio en el mundo.” Actualmente con defectos y
virtudes, Vieques goza de una paz inquebrantable gracias a la acción del pueblo, en lo que se
denominó la “sociedad civil”. De igual manera y con resonante éxito, lo fue la unión de
voluntades para clamar ante la comunidad internacional la liberación de Oscar López Rivera,
a quien le envío mi fraternal abrazo en su regreso a su Patria, hasta su libertad total.
Hoy, el País enfrenta grandes retos. El deterioro de nuestro ambiente y nuestros
recursos naturales es más que evidente1. Por otro lado, la capacidad y potencial de nuestra
economía va en franco deterioro2. Ni hablar de la deuda pública nacional: La deuda pública
de Puerto Rico, utilizada para financiar obra permanente y repagar obras existentes, ha
aumentado meteóricamente en un periodo de casi treinta años, de $11,645.7 millones en
1
Dos datos: (1) Se ha dedicado apenas un 4% del territorio de Puerto Rico para conservación, mientras en
Estados Unidos se ha reservado el 10%, Costa Rica el 25%, en toda América del Sur el 7.4%, en toda América
Central el 18% y el promedio mundial se encuentra en 8.34%. (2) entre el 1935 y el 1998 se perdieron 1,047,569
cuerdas de terrenos agrícolas, con una presión creciente sobre las existentes. Fuentes aseguran que el país
perdió más de la mitad de sus terrenos agrícolas, situación que nos pone en indefensión ante una posible
escasez mundial de alimentos (Fuente: Departamento de Agricultura, Departamento de Recursos Naturales,
Facultad de Ciencias Agrícolas del Recinto de Mayagüez y Departamento de Geografía, Recinto de Río Piedras,
Universidad de Puerto Rico).
2
Según datos de la Junta de Planificación, la tasa de crecimiento real de la Economía de Puerto Rico, medido
por el Producto Nacional Bruto Real, ha caído drásticamente, de un crecimiento promedio anual de 7.3% para el
periodo 1960-65 al 1.0% entre 2001-2007. En los pasados 10 años, la economía registra decrecimientos
sostenidos e inclusive, crecimientos negativos, lo cual nos pone en una situación de profunda depresión
económica, según definida por la comunidad económica internacional.
2
1989 a $72 mil millones para el 20153. No se tiene que abundar en el lamentable aumento de
la actividad criminal, la cual se estima ha cobrado más de veinte mil vidas en los últimos
treinta años.
Toda esta situación es producto, en gran medida, de nuestro evidente déficit de
soberanía política, del deterioro de la fibra social y su efecto en la ética del servicio público,
amén de los serios conflictos político-partidistas internos, los cuales empeoraron en los
últimos 12 años donde la intransigencia y la ausencia total de diplomacia, mediación y visión
del liderato legislativo provocaron legislación fragmentada, desconexa entre sí y falta de una
visión de política de planificación integrada a mediano y largo plazo.
Vemos con decepción el evidente anquilosamiento y miopía de la Rama Legislativa, por
los pasados 25 años (salvo algunas excepciones), en impulsar, junto a la Rama Ejecutiva,
cambios profundos acordes con los tiempos que vivimos.
Eso va desde legislar
reestructuraciones fundamentales en cuanto a la gobernanza de nuestras corporaciones
públicas (AAA, AEE, UPR, AEP, BGF, BDE, PRIDCO, etc.), la revisión y evaluación seria de
todos los planes existentes y en progreso (económicos, ambientales y de planificación), la
minuciosa evaluación del efecto en la economía que han tenido las decenas de “reformas” y
leyes que la componen (Municipal, Rama Ejecutiva, Contributiva, etc.), así como mantener
observación permanente de las relaciones obrero-patronales en los sectores privado y
público.
Por último, y no menos importante, vemos con desparpajo el total desdén del
Legislativo en evaluar la legislación federal aplicable a Puerto Rico, bajo la excusa de que eso
es “campo ocupado” por Washington. Tan reciente como estos meses, observamos el total
servilismo de la Cámara y el Senado a la Junta de Control Fiscal para adelantar medidas que,
de seguro, profundizaran la seria crisis socioeconómica de la Isla y acelerara la emigración
masiva de ciudadanos hábiles para trabajar, así como de fuentes de ingreso necesarias para
la formación de capital local que reactive la economía.
Por otro lado, vemos con esperanza un creciente interés de amplios sectores de la
ciudadanía en participar activamente en la toma de decisiones de política pública, fuera de las
ataduras político-partidistas. Los ejemplos sobran y la señal es clara: existe la capacidad, el
conocimiento y la iniciativa del ciudadano de llenar aquellos espacios vacíos, aquellas áreas
desatendidas por el legislador, aquel que la Escuela de Administración Pública de la
Universidad de Puerto Rico en los años cincuenta (descartando la enmienda a la constitución
para presentar legislación por petición) proclamó una vez como “el que tiene pleno
conocimiento de la materia”.
Sugiero entonces a este Panel, el siguiente curso de acción para los próximos años:
1. Mediante Acuerdo de Colaboración entre las entidades que componen el
Consejo Interdisciplinario de Colegios y Asociaciones Profesionales de
Puerto Rico (CICAP), del cual el Colegio de Abogados es parte, y con la
3
Fuente: Junta de Planificación
3
participación de la Academia, trabajar un proyecto de Planificación para la
reactivación social, económica, ambiental y política del País.
a. Dicho documento deberá contener, como mínimo, las áreas medulares de
atención, así como las estrategias u programas que permitan viabilizar la
salida del estancamiento existente que vivimos.
b. Que dicho documento sea presentado, discutido y refrendado al pueblo de
Puerto Rico mediante mecanismos de amplia participación ciudadana;
c. Promover entre aquellos candidatos o movimientos políticos la adopción de
los principios y objetivos de este proyecto de planificación, con el fin de
impulsar las acciones de política pública necesarias para concretar esas
metas y objetivos.
No requiere hacer más estudios ni análisis. Requiere pasar de la contemplación a
la acción.
2. Reavivar la discusión sobre la urgente necesidad de reestructurar la
Asamblea Legislativa, basado en el mandato del electorado puertorriqueño en el
2005. Definitivamente, y como bien afirmara el siempre recordado planificador
Hermenegildo Ortiz Quiñones:
“[l]a Asamblea Legislativa de Puerto Rico actualmente carece de instrumentos
propios para la planificación de la Isla de forma integrada y con visión a largo plazo
más allá de un cuatrienio. La legislatura no parece tener (yo digo que no tiene) una
política pública de educación (…), de desarrollo económico en un mundo cada día
más globalizado y de mercados regionales, (políticas con objetivo) de limitar el
crecimiento urbano desparramado y de promoción de ciudades habitables, de
protección a los recursos naturales y ecológicos valiosos, de turismo, de seguridad,
salud y otros servicios públicos esenciales, de igualdad económica y crecimiento
regional, de reorganización gubernamental, de desarrollo sustentable (o sostenible)
así como de otras áreas de importancia para mejorar la calidad de vida de los
puertorriqueños.” (La Rama Legislativa, Claridad, 30 de mayo-5 de junio de 2003)
Como siempre lo ha hecho a lo largo de su centenaria vida, este Ilustre Colegio de
Abogados en el año 2005 presentó un informe muy amplio sobre el serio problema
como institución de la Asamblea Legislativa y recomendaciones a favor de un
sistema parlamentario unicameral; informe al cual la entonces Comisión de Asuntos
Legislativos del Colegio me honró en participar de su redacción. Es menester
retomar ese trabajo y ponerlo a relieve de la discusión pública nuevamente, como
desagravio al pueblo de Puerto Rico.
3. Recomiendo urgir a la Organización de las Naciones Unidas, a la Comisión
Económica para América Latina y a la Organización Panamericana de la Salud
a visitar a Puerto Rico en las próximas semanas y recoger de primera mano la
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gravedad de la situación local y como ella tiene efecto en la salud física y
mental del pueblo, así como el deterioro acelerado de la infraestructura,
finanza pública y desarrollo socioeconómico. Si la respuesta del gobierno de
Estados Unidos es darnos la espalda y poner a un grupo de personas a exprimir al
país para pagar la deuda sin ningún tipo de contemplación, no nos queda de otra
que reclamar el llamado a los organismos internacionalmente reconocidos para
canalizar estos reclamos.
En este momento tan crítico de nuestra historia como pueblo, requiere que nos detengamos a
pensar y hacer un sincero examen de conciencia sobre el País al cual aspiramos a ser, las
causas del deterioro y como se puede lograr. Decía el fallecido economista Eliecer Curet
Cuevas, que “para que un proceso de formulación de política pública sea efectivo, se requiere
la participación de un grupo diverso que aporte su juicio y conocimientos sobre los aspectos
político, legal, legislativo, económico, técnico y de comunicación pública. Si se gestan las
políticas en un vacío, sin beneficiarse de los insumos de las fuentes indicadas, y sin planificar
su implantación adecuadamente, las medidas que se adopten pueden resultar irrealistas, o
truncas y lo más probable, es que fracasen en la práctica4.” Esto unido a establecer un orden
de prioridades a corto, mediano y largo plazo, así como la identificación de los recursos para
su implementación.
Ante el bochornoso papel que ha jugado y sigue jugando los poderes ejecutivo y legislativo a
lo largo de los pasados años y ante la creciente debilidad de la rama judicial frente al poder
ejercido por los primeros dos, requiere de la ciudadanía y los organismos profesionales del
país levantar la bandera del suelo y enarbolarla en el frente de batalla, al rescate de nuestro
pueblo.
Respetuosamente sometido,
Lcdo. Alejandro L. Soriano Miranda
4
Curet Cuevas, Eliezer, Economía Política de Puerto Rico: 1950 a 2004, Ediciones M.A.C., diciembre 2003 (pág. 247).
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