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28 Expansión Jueves 18 mayo 2017 ECONOMÍA / POLÍTICA El Gobierno y el País Vasco firman el acuerdo del cupo Expansión. Madrid El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el consejero vasco de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, rubricaron ayer el acuerdo por el que se ha actualizado el pago del cupo vasco para los próximos cinco años y que incluye la devolución de 1.400 millones de euros del Estado a las haciendas forales por lo cobrado de más por este concepto desde 2007. Según lo previsto, ambas partes fijaron que el cupo ascenderá a 1.300 millones de euros en 2017 y será la cifra base para calcular lo que Euskadi pagará en los próximos cinco ejercicios. Sin embargo, lo que la administración vasca abonará efectivamente este ejercicio rondará los 945 millones, puesto que a esa cifra base se descontará el gasto de 215 millones en políticas activas de empleo, que tiene transferida el País Vasco, y la parte de esos 1.400 millones que el Estado va a devolver ya en 2017, un 10% del total, 140 millones. Montoro y Azpiazu deben ahora acordar la reforma de la ley quinquenal del Cupo para los años 2017-2021, para lo que volverán a reunirse en julio. La norma recogerá la fórmula actualizada por la que se calcula esta aportación de Euskadi al Estado por las cargas que el Gobierno central asume en el País Vasco. Once puntos El acuerdo alcanzado, que se ha intentado desvincular del apoyo del PNV a los Presupuestos en el Congreso, incluye once puntos, empezando por la revisión del cupo, que se encalló y que ambas partes han consensuado ahora. Azpiazu recordó que el cupo debió renovarse tras la reforma del sistema de financiación autonómica de 2009, pero las diferencias con el Gobierno de Rodríguez Zapatero lo hicieron imposible. También se recoge que el Estado devolverá 1.400 millones al entender que los cobró de más desde 2007, además de la compensación por las políticas activas de empleo. La devolución se realizará a lo largo del quinquenio, en un porcentaje creciente. También se incluye la devolución por las políticas activas de empleo, este año valoradas en 215 millones, que se descuentan del cupo de 2017. El juez Eloy Velasco dejará los casos ‘Púnica’ y ‘Lezo’ El Parlament, el juez del ‘caso 3%’ y Fiscalía acechan a CDC por corrupción AUDIENCIA NACIONAL/ Abandonará el Juzgado Central de Instrucción número 6 y la investigación de estos casos tras ser ascendido a petición propia por el CGPJ. Mercedes Serraller. Madrid El juez Eloy Velasco abandonará el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y la investigación de los casos Púnica o Lezo, que afectan a supuestas prácticas de corrupción del PP, tras ser ascendido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) junto con Enrique López para la nueva Sala de apelaciones de la Audiencia Nacional, que se encargará de revisar en segunda instancia las sentencias dictadas por este órgano y que tiene previsto empezar a funcionar el próximo 1 de junio. Ambos habían solicitado el ascenso junto con otros treinta magistrados, la mayoría de ellos también pertenecientes a este órgano. La designación obligará a Velasco a abandonar el Juzgado al día siguiente de que este nombramiento sea publicado en el BOE, según señala la Ley. La mayoría de aspirantes a estos puestos eran magistrados de la Audiencia Nacional, pero también se habían presentado, entre otros, el exministro socialista Juan Alberto Belloch y el actual portavoz de Justicia en el Congreso Juan Carlos Campo, informaron a Europa Press fuentes del CGPJ. Eloy Velasco pidió su traslado, a pesar de estar en medio de destacadas investiga- Eloy Velasco, actual juez titular del Juzgado Central de Instrucción 6. ciones, y el CGPJ se lo ha concedido. Velasco abandonará, probablemente en el mes de mayo, la instrucción de los casos Lezo o Púnica. El criterio empleado para su ascenso acabará siendo revisado por el Tribunal Supremo, pero este tribunal no suspenderá, mientras resuelve el asunto, el traslado de Velasco, según han señalado fuentes del Supremo. Será Carmen Lamela, la juez titular del Juzgado Central número 3 de la Audiencia, la que se ocupará de los casos Lezo o Púnica hasta que elijan a un nuevo titular del juzgado. Las normas de reparto prevén que la titular del juzgado 3 sustituye al titular del 6. Sin embargo, se da la circunstancia de que Lamela también ha pedido un ascenso a la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia, otro traslado que debe resolver pronto el Poder Judicial. Velasco impuso ayer una fianza de 400.000 euros al exconsejero madrileño y exdirigente del PP de Madrid Francisco Granados para poder eludir la prisión. Velasco decidió modificar la situación de prisión incondicional en la que se encuentra Granados desde octubre de 2014 a la vista de los últimos registros en relación con Arpegio-Prisma, que disminuyen el riesgo de destrucción de pruebas. Por otra parte, el PSOE ha reclamado en el Congreso la comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y del director de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, para defender la labor de la Unidad Central Operativa (UCO), cuestionada, a su juicio, tras el informe en el que se pedía investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por la Púnica, lo que Velasco rechazó. Cifuentes afirmó ayer que respeta el trabajo de la UCO y defendió que el que esté en desacuerdo con un informe “no significa que vaya a cuestionar la labor de la Guardia Civil”. La deuda pública sube en 11.200 millones en marzo y vuelve a escalar al 100% del PIB P. Cerezal. Madrid El volumen de deuda de las Administraciones españolas volvió a incrementarse en marzo, sumando 11.160 millones de euros a las obligaciones públicas. Con ello, los pasivos nacionales ascienden a 1,13 billones de euros o, lo que es lo mismo, el 100,3% del PIB de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Economía. Esta ratio vuelve a repuntar con fuerza en el primer trimestre, después de que la deuda pública cerrara el pasado ejercicio en el 99,4% del PIB. Un avance que se explica porque las Administraciones han acumulado 22.426 millo- nes de euros en deuda en los últimos tres meses, un aumento del 2,3% respecto al cierre del año, cuando el PIB apenas ha crecido un 0,8%. Con todo, el Ejecutivo señala que este avance se moderará hacia el cierre del año, lo que permitiría que la ratio de endeudamiento quedara en el 98,8% del PIB en diciembre, tal como figura en el plan remitido a Bruselas. El Gobierno cuenta con dos bazas para lograr este frenazo. En primer lugar, el avance del PIB nominal (esto es, incluyendo los efectos de la subida de precios), que no se tiene en cuenta en el dato trimestral, y que podría hacer que el volumen de deuda se diluyera en el cierre del año. En segundo lugar, el volumen de deuda suele crecer fuertemente en el arranque del año, pero se tiende a moderar en el último trimestre. De hecho, el fuerte incremento registrado en estos primeros meses del ejercicio es menor al que tuvo lugar en el mismo periodo del año anterior, en términos relativos. Así, si en los tres primeros meses de 2016, la deuda crecía a un ritmo del 4,2%, en tasa interanual, ahora esta velocidad se ha frenado hasta el 3% en este primer trimestre de 2017. DEUDA PÚBLICA En % del PIB. * Marzo. 100,4 100,3 99,8 99,4 95,4 2013 2014 2015 2016 2017* Fuente: Banco de España Expansión David Casals. Barcelona Más presión política y judicial contra la antigua CDC por dos de las principales causas de presunta corrupción que están abiertas: la del Palau de la Música y el caso 3%, sobre el presunto pago de comisiones al partido a cambio de adjudicaciones de obra pública. El primer frente que tuvo que afrontar ayer la formación de Artur Mas se dio en el Parlament. Sus socios de ERC se alinearon con el resto de partidos de la oposición y la cámara instó a la Generalitat a pedir responsabilidades a CDC por el saqueo del Palau. En la Audiencia de Barcelona, el fiscal de esta causa presentó ayer su petición de penas, una vez han declarado todos los acusados y testigos. Rebaja la prisión para la anterior cúpula del Palau, que a lo largo del juicio confesó su saqueo, y en cambio pide más pena de cárcel el extesorero de CDC, Daniel Osàcar, por quien el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha puesto “la mano en el fuego” en múltiples ocasiones. Según el fiscal, en el juicio se ha evidenciado que Ferrovial pagó comisiones “de hasta el 4%” a CDC a cambio de adjudicaciones de obra pública en la última legislatura de Jordi Pujol en la Generalitat (1999-2003), que se camuflaron mediante donaciones al Palau. Una parte de estos fondos se los apropiaron los directivos del Palau. El ministerio público también pide el comiso de 6,6 millones de euros CDC, como responsable civil a título lucrativo del expolio del Palau. Por esta razón, la formación tiene embargadas quince de sus sedes por orden judicial. El Palau de la Música no es el único flanco que ayer tuvieron que afrontar los convergentes, que el pasado verano intentaron marcar distancias con su pasado y se refundaron en unas nuevas siglas, el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDECat). El juez que instruye el caso 3% solicitó ayer al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña poder investigar al exconsejero de Justicia, Germà Gordó. Requiere de su aval ya que Gordó es diputado en el Parlament, por lo que es aforado. La Fiscalía sitúa a este hombre de confianza de Mas como “facilitador” o “conseguidor” de comisiones.
