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Revolución, independencia
y las nuevas naciones de América
Revolución, independencia
y las nuevas naciones de América
Jaime E. Rodríguez O.
Coordinador
Publicaciones del Programa
Iberoamérica: 200 años de convivencia independiente, 9
Revolución, independencia y las nuevas naciones de América
© 2005 de la presente edición:
Fundación MAPFRE TAVERA
C/ Claudio Coello, 123. 28006 Madrid
[email protected]
© 2005 de los textos:
sus autores
Coordinación editorial:
Luis Miguel García Mora (Fundación MAPFRE TAVERA)
Imagen de cubierta:
Detalle de La Junta Suprema del Gobierno de Guayaquil.
Museo-Biblioteca Aurelio Espinosa Polit en Cotocallo, Quito, Ecuador.
ISBN:
Depósito legal:
84-8479-062-2 (Fundación MAPFRE TAVERA)
M-25.619-2005
Gestión editorial: Cyan, Proyectos y Producciones Editoriales, S.A.
Reservados todos los derechos. Está prohibido reproducir o transmitir esta publicación, total o parcialmente, por
cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores, bajo las sanciones establecidad en las leyes.
A
Linda
otra vez
Índice
Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JAIME E. RODRÍGUEZ O.
15
La revolución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
El proceso de la Revolución Francesa, 1789-1794 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIMOTHY TACKETT
21
La Revolución Haitiana, 1789-1804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHANNA VON GRAFENSTEIN
41
Las «dos tradiciones». Soberanía popular e imaginarios compartidos en el mundo
hispánico en la época de las grandes revoluciones atlánticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÓNICA QUIJADA
La Ilustración hispanoamericana: una caracterización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JORGE CAÑIZARES-ESGUERRA
La Federación imposible: los territorios europeos y americanos ante la crisis
de la Monarquía Hispana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOSÉ M. PORTILLO
61
87
99
La cuestión nacional americana en las Cortes del Trienio Liberal, 1820-1821 . . . . . 123
IVANA FRASQUET
La independencia y las nuevas naciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
La Ciudad de México. De la articulación colonial a la unidad política nacional,
o los orígenes económicos de la «centralización federalista» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
MANUEL MIÑO GRIJALVA
Fernando VII. Un rey imaginado para una nación inventada . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
VÍCTOR MÍNGUEZ
El proceso de la independencia y las juntas de gobierno
en la Nueva España (1808-1821) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
VIRGINIA GUEDEA
Peanes e himnos de victoria de la guerra de independencia mexicana. La gloria,
la crueldad y la «demonización» de los gachupines, 1810-1821 . . . . . . . . . . . . . . . . 229
CHRISTON I. ARCHER
¿Recordar para qué? El discurso cívico-eclesiástico y la formación de
la conciencia nacional. Zacatecas, 1821-1828 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
MARIANA TERÁN FUENTES
La nación en armas. La Milicia Cívica en México, 1821-1835 . . . . . . . . . . . . . . . . 279
MANUEL CHUST
La soberanía de los pueblos: ciudad e independencia en Centroamérica, 1808-1823 . . 309
JORDANA DYM
Formas de guerra y mutación del Ejército durante la guerra de
la independencia en Colombia y Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
CLÉMENT THIBAUD
«La confianza que han puesto en mí.» La participación local en el establecimiento
de los ayuntamientos constitucionales en Venezuela, 1820-1821 . . . . . . . . . . . . . . . 365
CARL T. ALMER
Nación portuguesa, Reino de Brasil y autonomía provincial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
MÁRCIA REGINA BERBEL
La independencia de Brasil, la ciudadanía y el problema de la esclavitud:
A Assembléia Constituinte de 1823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
KIRSTEN SCHULTZ
De cómo el vecino hizo al ciudadano en Charcas y de cómo el ciudadano
conservó al vecino en Bolivia, 1809-1830 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
MARTA IRUROZQUI
De absolutistas a constitucionales. Política y cultura en el gobierno
del virrey Pezuela, (Perú 1816-1820) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
VÍCTOR PERALTA RUIZ
La antigua provincia de Guayaquil durante la época de la independencia,
1809-1820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
JAIME E. RODRÍGUEZ O.
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
Autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
Prólogo
P
uesto que se acerca el bicentenario de los acontecimientos que condujeron a la caída de
las monarquías española y portuguesa y a la creación de nuevos Estados-nación en
Europa y América, parecía útil invitar a los colegas ocupados en el estudio del período
a reflexionar sobre nuestros trabajos. Por ello, organicé un simposio titulado «Revolución, independencia y las nuevas naciones de América», llevado a cabo en la Universidad de California, en Irvine, el 23 y 24 de marzo de 2003. Tuve la fortuna de contar
con la participación de distinguidos historiadores de Canadá, Estados Unidos, México,
Brasil, España y Francia. La reunión fue extraordinariamente exitosa. Los participantes
presentaron excelentes trabajos que sentaron las bases para debates amplios y estimulantes. Ese intercambio resolvió algunas cuestiones y abrió nuevos caminos para la investigación. Quienes participaron han revisado sus trabajos para la publicación a la luz de
dichos debates.
El simposio y este volumen le deben mucho a varias personas e instituciones. Agradezco a mis colegas en el Programa de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de
California, Irvine, por su respaldo y aliento. El simposio fue posible, en parte, gracias a los
fondos de una subvención del Título VI del Departamento de Educación de Estados Unidos para el Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California, Irvine. Kenneth Pomeranz, Director del Departamento de Historia, y William Parker, Vicecanciller para la Investigación en la Universidad de California, Irvine, contribuyeron
generosamente con respaldo financiero al proyecto y la publicación de este volumen. El
Programa de Estudios Latinoamericanos y el Centro de Humanidades de la Facultad de
Humanidades proporcionaron apoyo económico adicional. También agradezco a Eric
Van Young, Peter Reich y Edgar Hurtado Hernández por sus excelentes comentarios.
Una vez más, Linda Alexander Rodríguez me asistió en la edición de los trabajos. Sus
valiosas sugerencias fueron sumamente útiles y contribuyeron de manera sustancial a la
conformación del volumen. Marianela Santoveña Rodríguez tradujo al español los trabajos escritos en inglés por Timothy Tackett, Jorge Cañizares-Esguerra, Christon I. Archer,
Jordana Dym, Carl Almer, Kirsten Schultz y yo. Graciela Salazar J. tradujo al español
13
JAIME E. RODRÍGUEZ O.
el trabajo de Márcia Regina Berbel escrito en portugués. Carla Duke se mostró invaluable al contribuir con el proyecto y en la preparación de los trabajos para la publicación.
Finalmente, quiero agradecer a Daniel Restrepo Manrique, director de la Fundación Mapfre-Tavera, por incluir este volumen en la destacada serie que la Fundación dedica a Iberoamérica, así como a su colega, Luis Miguel García Mora, por su entusiasmo, dedicación
y cuidado en el proceso editorial
Jaime E. Rodríguez O.
Los Ángeles
21 de julio de 2004
14
Introducción
JAIME E. RODRÍGUEZ O.
E
n 1807, las tropas francesas, con el permiso del rey de España, cruzaron la península
Ibérica para invadir Portugal. El rey de Portugal huyó a Brasil con toda su corte.
(Durante la siguiente década y media Río de Janeiro fue la capital de la monarquía portuguesa). Al año siguiente, Napoleón Bonaparte obligó a los borbones de España a abdicar y nombró a su hermano José rey de la monarquía española. Aunque las principales
autoridades aceptaron el cambio, el pueblo –un nuevo actor político– no lo hizo. En el
célebre 2 de mayo de 1808, los pobladores de Madrid expulsaron a las tropas francesas de
la capital. Su triunfo momentáneo encendió la gran revolución que transformaría todo el
mundo hispánico.
La desintegración de la Corona desencadenó una serie de acontecimientos que culminaron en el establecimiento de un gobierno representativo en el mundo ibérico. El primer paso del proceso fue la formación de juntas de gobierno locales en España y América,
juntas que invocaban el principio legal hispánico según el cual, en ausencia del rey, la soberanía recae en el pueblo. Aunque las provincias peninsulares llevaron a cabo la transición
con facilidad, los reinos americanos se enfrentaron a la oposición de los funcionarios reales,
los residentes europeos y sus aliados del Nuevo Mundo. Al parecer, la creación de la Junta
Suprema Central y Gubernativa del Reino proporcionó una solución a la crisis de la monarquía. Dicho organismo no sólo reconocía los derechos de las provincias españolas, sino que
también daba cuenta de que los reinos americanos constituían partes integrales e iguales de
la monarquía y tenían derecho a ser representados en el gobierno de la nación española,
como se le llamaba ahora.
Sin embargo, las decisivas victorias francesas de 1809 destruyeron el frágil equilibrio
logrado por la Junta Central. Cuando este organismo se disolvió en enero de 1810, nombrando en su lugar un Consejo de Regencia, algunas provincias de España y varios reinos
de América se negaron a reconocer la legitimidad del nuevo Gobierno. La convocatoria a
Cortes Generales y Extraordinarias resolvió las preocupaciones de la mayoría de las provincias de España y muchas partes del Nuevo Mundo. El Parlamento español proporcionó a
los autonomistas americanos un medio pacífico para hacerse del gobierno local. Más aún,
15
JAIME E. RODRÍGUEZ O.
los extensos debates que tuvieron lugar en ese congreso y que fueron difundidos por la prensa durante el período de 1810 a 1812, influyeron significativamente tanto a los españoles
americanos que apoyaban al nuevo Gobierno en España como a aquellos que se le oponían.
Los diputados de España y América, quienes proclamaron la Constitución de la
Monarquía Española en 1812, transformaron el mundo hispánico. La Constitución de
Cádiz no era simplemente un documento español. Puesto que los diputados americanos en
las Cortes jugaron un papel central en la redacción de la Constitución, ésta era tan americana como española. Los argumentos y propuestas de los diputados americanos convencieron a algunos españoles de emprender cambios sustanciales en América así como en la
península. Muchas de las reformas liberales importantes que caracterizaron a la Constitución de 1812, tales como los ayuntamientos constitucionales y las diputaciones provinciales, son directamente atribuibles a los representantes del Nuevo Mundo.
La Constitución de Cádiz fue un documento radical que creó un Estado unitario con
leyes iguales para todas las partes de la monarquía española, que restringió sustancialmente
la autoridad del rey y que otorgó a las Cortes un poder decisivo. Al otorgar derecho a voto
a todos los hombres, excepto aquellos de ascendencia africana, sin requerir estudios ni propiedades, la Constitución de 1812 superó a todos los gobiernos representativos existentes,
como los de Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, en el otorgamiento de derechos políticos a la vasta mayoría de la población masculina. La carta magna también abolía instituciones señoriales, la Inquisición, el tributo indígena y el trabajo forzado –como la mita en
América del Sur y el servicio personal en la Península– y afirmaba el control del Estado
sobre la Iglesia.
La Constitución Política de la Monarquía Española acrecentó el electorado e incrementó de manera drástica el espectro de la actividad política; establecía el gobierno representativo en tres niveles: el municipio, la provincia y la monarquía. Al permitir a las ciudades y pueblos con 1.000 o más habitantes formar ayuntamientos, transfería el poder
político del centro a las localidades, al tiempo que un gran número de personas eran incorporadas al proceso político. Aunque la élite dominaba claramente la política, como sucedía
en otras partes del mundo, millones de hombres de clase media y baja, incluidos indígenas,
mestizos y castas, se involucraron en la política de manera importante e hicieron notar su
presencia.
A pesar de la democratización sin igual del sistema político, la guerra civil estalló en
América debido a que algunos grupos que cuestionaban la legitimidad del Consejo de
Regencia y de las Cortes y su derecho a hablar en nombre de la nación española, insistieron en formar juntas locales, mientras que otros, que reconocían a la Regencia y a las Cortes, se oponían a ellos. Pese a estas divisiones, todos sostenían que estaban actuando en
nombre de Fernando VII. Las divisiones políticas entre las élites, unidas a la antipatía regional y las tensiones sociales exacerbaron el conflicto en el Nuevo Mundo.
Los movimientos americanos de 1809 y 1810, como los movimientos de España, surgieron del deseo de permanecer independientes del dominio francés. (Es de notarse que la
lucha contra los franceses en la península, así como los conflictos en América, más tarde fue
16
INTRODUCCIÓN
conocida como la Guerra de Independencia). La gran diferencia entre la península y América fue que las regiones de España peleaban contra un enemigo externo, mientras que las
provincias del Nuevo Mundo lidiaban con disputas internas. El conflicto en América sufrió
altibajos durante el primer período constitucional, de 1810 a 1814. Por momentos, cuando las autoridades reales actuaban con reserva, la conciliación parecía posible. La situación
cambió con el regreso de Fernando VII en 1814. Al principio, parecía que éste aceptaría
reformas moderadas, pero en última instancia el rey optó por recurrir a la fuerza para restaurar el orden real en el Nuevo Mundo. Abolió las Cortes y la Constitución, restaurando
el absolutismo. Sin limitaciones constitucionales, las autoridades reales del Nuevo Mundo
aniquilaron gran parte de los movimientos por la autonomía. Sólo el Río de la Plata, en su
aislamiento, permaneció más allá del alcance de una debilitada monarquía española.
La represión por parte de la Corona impulsó a la minoría políticamente más activa de
América, la que favorecía la creación de repúblicas independientes, a actuar con decisión.
Esta minoría renovó la lucha en Venezuela en 1817 y, para 1819, la suerte se había vuelto
contra la monarquía cuando una fuerza conjunta de neogranadinos y venezolanos derrotó
a los realistas en Boyacá, forzando al virrey y a otros funcionarios a huir. En el sur, José de
San Martín ganó una victoria decisiva en Chile en abril de 1818.
Para 1819, estaba claro que Fernando VII tendría que enviar más tropas si deseaba
mantener el control de América. Pero la conformación de otra fuerza expedicionaria más
para reconquistar el Nuevo Mundo sólo acrecentó el descontento en la península. Los liberales en España aprovecharon el descontento del Ejército ante la guerra en América y forzaron al rey a restaurar la Constitución en marzo de 1820. El regreso al orden constitucional transformó el sistema político hispánico por tercera vez en una década.
La restauración del gobierno constitucional produjo respuestas disímiles de los reinos
americanos. Aquellas regiones bajo el control republicano rechazaron el sistema político
gaditano. Las áreas dominadas por la autoridad realista, empero, reestablecieron con entusiasmo el sistema constitucional. Durante los siguientes meses se realizaron elecciones
municipales, provinciales y para representantes en Cortes. Como en el primer período constitucional, Nueva España y Guatemala participaron en el sistema político gaditano más de
lleno que cualquier otra área de la América española. Aunque la restauración de la Constitución de Cádiz representaba la última oportunidad de mantener la unidad política del
mundo español, la oposición de Fernando VII y la inestabilidad política en la Península terminaron con dicha posibilidad1.
Este volumen pone su atención en la política y los procesos políticos. En él, se busca
comprender la independencia de la América ibérica y la creación de nuevas naciones dentro del contexto de la más amplia revolución política que buscaba un gobierno representativo dentro del mundo atlántico. El libro comienza con dos ensayos sobre revoluciones
anteriores en el mundo católico, la francesa y la haitiana, para establecer el contexto en que
1. Jaime E. RODRÍGUEZ O. La independencia de la América española. México: Fondo de Cultura Económica, 1996.
17
JAIME E. RODRÍGUEZ O.
ocurrió el levantamiento del mundo ibérico. Aunque ninguna de esas dos transformaciones
políticas ocasionó la revolución en el mundo ibérico, ambas lo afectaron de manera importante. La Revolución Francesa desencadenó guerras que, finalmente, llevaron a Napoleón
al poder. Su invasión de la península Ibérica disparó la revuelta en Iberoamérica. La Revolución Haitiana afectó a la región en varias formas. Diseminó el miedo racial y la intranquilidad de clase entre la mayoría de las regiones de América, no sólo en aquellas con grandes poblaciones de esclavos. Además, con el tiempo la nación independiente de Haití
contribuyó sustancialmente a los movimientos insurgentes en Venezuela. El resto de los
ensayos en el volumen se concentran en las transformaciones políticas de la península Ibérica y la América hispana.
Los ensayos contenidos en este volumen iluminan la complejidad del proceso revolucionario en el mundo ibérico. Los autores de estos trabajos demuestran no sólo la naturaleza tentativa y difícil de la innovación política, sino que también subrayan la importancia
de la continuidad. A pesar de las numerosas rebeliones, la transformación de la región fue
evolucionista. Las tradiciones, instituciones y prácticas políticas de las nuevas naciones evolucionaron de manera natural desde el Antiguo Régimen. Como grupo, los autores de estos
ensayos son revisionistas; esto es, desafían las interpretaciones tradicionales del proceso de
independencia. Pocos próceres o héroes de bronce aparecen en estas páginas. Más aún, ninguno de los autores sugiere que la soberanía popular, el gobierno representativo y el régimen de derecho fueran conceptos ajenos introducidos desde el extranjero. Más bien, consideran al mundo ibérico como parte integral de la cultura occidental, la cual poseía una
tradición política compartida que se originó en el antiguo mundo clásico. Al tiempo que se
iluminan aspectos importantes de la transformación política de la región en aquellos años,
los ensayos también indican lo mucho que queda por aprender sobre la historia política del
mundo ibérico.
18
La revolución
El proceso de la Revolución Francesa,
1789-1794
TIMOTHY TACKETT
L
a revolución que tuvo lugar en Francia en la última década del siglo XVIII fue, por
muchos motivos, uno de los movimientos fundamentales en la historia reciente del
mundo occidental. La Revolución Francesa influyó y propagó, si no es que inventó, los
conceptos modernos de liberalismo, nacionalismo, republicanismo, feminismo, abolicionismo y laicización. Más aún, las transformaciones revolucionarias no tuvieron lugar en un
país extraño, apartado de la cultura occidental, o en una nación decadente, sino en una de
las grandes potencias mundiales, económicamente fuerte, con poderío militar e influencia
cultural sin parangón. De hecho, una vez que el nuevo régimen puso los ojos en el exterior
y se volvió expansionista, el Estado revolucionario y el imperio napoleónico que le siguió
perturbaron profundamente y a veces transformaron regímenes a lo largo y ancho de Europa y el mundo atlántico –una secuencia de acontecimientos que conforma un tema importante del presente volumen.
Las discusiones históricas en torno a los orígenes y la naturaleza del proceso revolucionario francés pueden rastrearse hasta el inicio de los acontecimientos mismos. Las primeras «historias» de la revolución ya estaban en la imprenta incluso antes de que terminara
el año de 17891. A principios del siglo XIX, ya se habían elaborado casi todos los esquemas
interpretativos básicos que dividirían a los historiadores durante los siguientes doscientos
años entre aquellos que ensalzaban y aquellos que condenaban los logros de la revolución;
entre aquellos que la explicaban a través de la injusticia material y aquellos que atendían
más bien a las aspiraciones políticas y la fuerza de las ideas, o a las habilidades del carisma
de personalidades específicas. Muchos de los argumentos se conservaron hasta bien entrado el siglo XX en la confrontación entre marxistas y «revisionistas» –una confrontación muy
evidente durante las celebraciones del Bicentenario en 19892.
1. Véase, por ejemplo, Antoine-François DELANDINE. Mémorial historique des Etats généraux. 1789, 5 v.; y Jacques
DINOCHAU. Histoire philosophique et politique de l'Assemblée constituante. Paris: 1789, 2 v.
2. Véase, sobre todo, Steven KAPLAN. Farewell, revolution: disputed legacies: France, 1789-1989. Ithaca: Cornell University Press, 1995.
21
TIMOTHY TACKETT
Una de las cuestiones más difíciles que los historiadores han tratado de resolver a lo
largo de los años se refiere a la dinámica interna de la Revolución Francesa. ¿Cómo fue que
el proceso revolucionario avanzó tan lejos y tan rápido? ¿Cómo explicamos su radicalización acelerada? Muchos de los adelantos políticos, sociales e intelectuales que se desarrollarían en Europa durante los siguientes dos siglos se encuentran comprimidos, reducidos
a un microcosmos, dentro del lapso relativamente corto de seis años. Los historiadores, que
han intentado aproximarse a este problema analíticamente y que han ido más allá de la simple narración de los grandes personajes y la secuencia de los acontecimientos, han propuesto una amplia variedad de explicaciones, la mayoría de las cuales se concentra en un único
factor o un único conjunto de factores que habría impulsado la dinámica revolucionaria
a lo largo de todo el período. Para muchos conservadores de la época y para un cierto número de historiadores más recientes, el proceso de la revolución podría ser atribuido fundamentalmente a las actividades subversivas de una pequeña minoría de conspiradores –en
especial protestantes, masones y filósofos– (la thèse de complot)3. Para los estudiosos marxistas o de tendencia marxista, la Revolución Francesa debía explicarse como el producto
inevitable del desarrollo de la lucha de clases, intensificada sin duda por las presiones de la
intervención internacional (la thése de circonstances)4. Para François Furet y para algunos
historiadores «revisionistas» actuales, no fue la lucha de clases lo que impulsó la revolución,
sino las luchas por el poder, luchas en las que el discurso y la ideología, encarnados en las
ideas de Jean-Jacques Rousseau, jugaron un papel central5. Más recientemente, Arno Mayer
ha establecido una poderosa dialéctica de venganza y «revancha» en el núcleo de los procesos revolucionarios francés y ruso, dialéctica que se manifiesta en el enfrentamiento entre
revolución y contrarrevolución6.
En el siguiente ensayo, basado por una parte en mi investigación personal y por otra
en los nuevos estudios publicados a partir del bicentenario, me gustaría ofrecer mis propias
reflexiones sobre un aspecto importante del proceso revolucionario: la dinámica de la «radicalización» política. Por radicalización entiendo la progresiva expansión de la democracia
y la igualdad tanto en Francia como en otras áreas de Europa, gracias a la internacionalización de la revolución. Claro que la expansión de la democracia y la igualdad no fue la única dinámica operativa durante este período. Sería deseable explicar también, por ejemplo,
el avance hacia un régimen más represivo, violento y autoritario, especialmente durante los
3. Véase, por ejemplo, Augustin BARRUEL. Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. Londres: 1797-1798, 4 v.;
Augustin COCHIN. Les sociétés de pensée et la démocratie. Etudes d'histoire révolutionnaire. Paris: 1921.
4. Georges LEFEBVRE. The coming of the French Revolution. Paris: Vintage Books, 1947; Albert SOBOUL, Histoire de
la Révolution française. Paris: Gallimard, 1962, 2 v.
5. Véase especialmente François FURET. Interpreting the French Revolution. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1981. No todos los revisionistas acentúan de tal manera el impacto del discurso y las ideas. Ver: Patrice GUENIFFEY. La politique de la Terreur. Paris: Fayard, 2000. Sobre el paradigma revisionista en general, véase
Alan KNIGHT. «Revisionism and revolution: Mexico compared to England and France». Past and Present (Oxford).
134 (1992), p. 159-199.
6. Arno J. MAYER. The furies: violence and terror in the French and Russian Revolutions. Princeton: Princeton University Press, 2000.
22
EL PROCESO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA, 1789-1794
años que van de 1792 a 1794. Pero será preciso afirmar que, en general, el proceso revolucionario no fue lineal ni homogéneo. No hubo un factor único –ya fuera la lucha de clases
o la dialéctica de ideas o algún otro elemento–, ni tampoco un único conjunto de factores
que impulsara los acontecimientos durante cada momento del período. La revolución avanzó más bien en forma caprichosa, pasando por una serie de «cambios de fase» sucesivos,
cada uno de los cuales implicaba un realineamiento de fuerzas, una reconfiguración distinta de causas y consecuencias. Aunque, en un caso ideal, el análisis de tales fases consideraría la década revolucionaria entera, limitaré mis observaciones básicamente al período entre
1789 y 1792. Dentro del mismo precisaré la existencia de tres fases separadas en el proceso de radicalización: el invierno y la primavera de 1789, del verano de 1789 hasta la primavera de 1791 y del verano de 1791 hasta el otoño de 1792.
El invierno y la primavera de 1789
Uno de los logros más importantes de los estudios revisionistas en los últimos treinta años
ha sido, a mi entender, subrayar la importancia de la crisis política del Antiguo Régimen
francés como un sine qua non en los orígenes de la revolución. El problema de Francia, reza
el argumento, radicaba en la intensa competencia europea por la dominación y el colonialismo imperial durante el siglo XVIII, así como en los requerimientos financieros cada vez
más grandes para mantener una presencia mundial pertinaz. Todas las grandes potencias
europeas se sentían presionadas, pero por diversas razones de índole institucional, política
y estructural, la competencia era particularmente más difícil para Francia. John Bosher ha
descrito el problema con lujo de detalle en su ya clásico estudio7. La extraordinaria descentralización y heterogeneidad del sistema fiscal francés, la ausencia completa de un presupuesto central, la explotación privada de gran parte de las finanzas públicas, además de la
colocación de las mayores cargas impositivas sobre aquellos grupos sociales menos capaces
de mantenerlas: todo ello contribuyó a empujar al gobierno de Versalles a una posición cada
vez más precaria, sobre todo en contraste con los regímenes contemporáneos de Inglaterra
y Prusia. El examen que John Brewer hace de los recursos del poder» fiscales en la Gran
Bretaña del siglo XVIII en verdad revela, por comparación, las debilidades de Francia8.
Los ministros de finanzas franceses del siglo XVIII se dieron cuenta del problema y
emprendieron varios esfuerzos para reformar el sistema. Pero la situación se tornaba más
grave y complicada por dos factores adicionales. En primer lugar, los magistrados de los
parlements franceses, en su mayoría nobles, hicieron todo lo que estuvo en sus manos para
7. J. F. BOSHER. French finances 1770-1795; from business to bureaucracy. Cambridge: University Press, 1970.
8. John BREWER. The sinews of power: war, money, and the English state, 1688-1788. London: U. Hyman, 1989. Véase también C. B. A. BEHRENS. Society, government, and the Enlightenment: the experiences of eighteenth-century France and Prusia. New York: Thames and Hudson, 1985.
23
TIMOTHY TACKETT
bloquear las reformas fiscales que hubieran incrementado en forma considerable sus propias cargas impositivas. En segundo lugar, la falta de liderazgo de los dos últimos monarcas
«absolutos» franceses socavó todos los esfuerzos por mantener una política congruente.
Tanto Luis XV como Luis XVI fueron hombres inteligentes –el mito de un Luis XVI torpe
no puede sostenerse por más tiempo. Pero ambos cargaron con la pesada influencia de un
séquito mudable de cortesanos y consejeros, y ambos fueron incapaces, en última instancia,
de dar seguimiento a reformas consistentes. A mediados de la década de 1780, la monarquía francesa, enfrentada a los gastos colosales de la guerra mundial de la Revolución Americana y, después de 1778, a una recesión prolongada que erosionó en forma grave la base
impositiva, se encontró al borde de la bancarrota9.
El último monarca del Antiguo Régimen hizo que una situación difícil empeorara,
debido a la notable inconsistencia de sus políticas. La curiosa oscilación entre medidas complacientes y agresivas, entre las promesas de reforma y el atrincheramiento intransigente sirvieron, por una parte, para instruir a las élites francesas sobre la posibilidad del cambio y,
por otra, para tornarlas muy frustradas y decepcionadas. Después de 1786, durante intervalos
de «modo reformista», la monarquía creó una serie de cuerpos representativos o quasi representativos: en 1787, las asambleas provinciales; en 1787-1788, la Asamblea de Notables;
y finalmente, en 1789, lo más drástico: los Estados Generales. Cualquiera que leyera selectivamente los decretos expedidos en el nombre del rey durante estos períodos de reforma podría
reunir un «programa» real que parecería promulgar una transformación gubernamental generalizada –se podría decir incluso una «revolución»–. El abogado Guy-Jean-Baptiste Target llevó a cabo justamente una selección tal y concluyó que «todos los principios de una constitución nacional están declarados, reconocidos y consagrados ahí por el rey mismo»
–incluyendo el derecho a consentir sobre todos los impuestos y el derecho a «asociarse» con
toda «legalidad»10.
Sin embargo, en sus panfletos y folletos escritos durante los meses anteriores a los
Estados Generales, los futuros líderes revolucionarios señalaron cuán absolutamente sorprendidos estaban por los eventos de 1789 a medida que se desarrollaron. Los revolucionarios ponían énfasis sobre la inesperada buena fortuna de la nación, sobre los trabajos de
la Providencia, y también sobre las acciones extraordinariamente generosas del mismo Luis
XVI –convertido ahora en objeto de intensa admiración, e incluso de veneración–. «El pueblo francés», escribía el futuro radical jacobino Jérôme Pétion, «está muy impresionado por
la situación presente; la gente ha llegado a este punto sin haberlo anticipado». El doctor
Jean-François Campmas, un delegado de Albi, escribió a su hermano en un tono similar:
«No ha sido la nación la que ha hecho la revolución. Si hubiera sido posible mantener
la máquina andando, nunca hubiéramos sido llamados a Versalles». «El gran evento que
acaba de ocurrir en Francia», convenía el periodista Pierre-Philippe Gudin en 1790, «ha
9. Véanse, especialmente, los trabajos de Jean EGRET. Louis XV et l'opposition parlementaire. Paris: A. Colin, 1970;
y La Pré-Révolution française, 1787-1788. Paris: Presses Universitaires de France, 1962.
10. Guy-Jean-Baptiste TARGET. Les Etats généraux convoqués par Louis XVI. Paris, c. diciembre de 1788, p. 4-6.
24
EL PROCESO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA, 1789-1794
producido cambios que alguna vez habrían parecido tan imposibles que incluso un novelista hubiera tenido dificultad para imaginarlos. Esos cambios hubieran parecido los sueños
de un loco»11.
Pero la crisis financiera y la falta de liderazgo de la monarquía, así como el manejo
azaroso de las reformas por parte del Gobierno no pueden explicar por sí mismos el comportamiento de los representantes en los Estados Generales una vez que llegaron a Versalles. Es en este punto, según me parece, que debemos examinar otros tres posibles elementos de la dinámica revolucionaria durante la fase inicial de los acontecimientos: primero, el
impacto de la ideología; segundo, los efectos del antagonismo social; y tercero, el funcionamiento de la psicología de grupo.
Somos conscientes del gran debate en torno al impacto que la Ilustración tuvo sobre
la Revolución Francesa. Como hemos visto, muchos historiadores revisionistas destacarían
particularmente los efectos de los escritos más radicales de Jean-Jacques Rousseau en la
determinación del discurso y la cultura política de los futuros revolucionarios, y en la posibilidad de hacer «concebible» una revolución en el contexto de los eventos de 178912. Pero
desde mi punto de vista, una lectura cuidadosa de los folletos que los futuros revolucionarios publicaron antes de mayo de 1789 y de las cartas que escribieron en las primeras semanas de los Estados Generales no logra revelar un discurso consistente o una ideología de ese
tipo13. Es cierto que tales escritos indican conjuntos de actitudes que sin duda distinguen
a esta generación de hombres de su contraparte del siglo anterior. Casi todos estaban imbuidos de un importante sentido del optimismo y la confianza en sí mismos. Casi todos, aunque no todos, mostraban un marcado sesgo anticlerical y, frecuentemente, una tendencia
hacia el deísmo. La mayoría transmitía una suerte de impaciencia hacia la arbitrariedad de
las autoridades y el anhelo por un sistema de valores que diera mayor importancia a la habilidad y al talento, por encima del origen natal. No cabe duda que tales conjuntos de actitudes son importantes para comprender el comportamiento de los patriotas una vez que los
Estados Generales comenzaron a sesionar. Pero los orígenes de esas formas de actuar no son
de ninguna manera obvios y ciertamente son muy complejos. Después de todo, el anticlericalismo existía desde la Edad Media; y una visión optimista del mundo podría ser atribuida a la revolución científica y hasta a la revolución comercial tanto como a la Ilustración
per se. Tampoco debemos desestimar el impacto de una cultura jurídica sobre los futuros
delegados revolucionarios –gran parte de los cuales estaban instruidos en materia de leyes
y practicaban varias profesiones del ramo. Muchos de esos hombres participaron de una tra-
11. Jérôme PÉTION DE VILLENEUVE. Avis aux Français sur le salut de la patrie. 1789, p. 226; BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE ALBI, ms. 177: «Carta de Jean-François Campmas a su hermano, vicario de Carmaux. 1 de noviembre de
1789»; Pierre-Philippe GUDIN. Supplément au contrat social applicable particulièrement aux grandes nations. Paris:
1990, citado en Roger BARNY. Le droit naturel à l'èpreuve de l'histoire. Jean-Jacques Rousseau dans la Révolution
(débats politiques et sociaux): suivie de Montesquieu dans la Révolution. Paris: Les Belles lettres, 1995, p. 15.
12. Roger CHARTIER. Les origines culturelles de la Révolution française. Paris: Seuil 1990, p. 10.
13. Véase Timothy TACKETT. Becoming a revolutionary: the deputies of the French National Assembly and the emergence of a revolutionary culture (1789-1790). Princeton: Princeton University Press, 1996, cap. 2 y 3.
25
TIMOTHY TACKETT
dición versada en los valores legales de la justicia, la equidad, la coherencia y la eficiencia,
una tradición que, empero, sólo tenía vínculos marginales con la Ilustración14.
En cualquier caso, yo sostendría que la Ilustración por sí misma representaba cualquier cosa salvo una ideología con unidad y coherencia. Las diferencias obvias y considerables que separaban las ideas de Voltaire y de Rousseau se han comentado con frecuencia.
Entre la Ilustración de los enciclopedistas; la Ilustración tecnocrática de los fisiócratas; la
Ilustración científica; el movimiento casi místico de los masones –más interesado en los preciosismos del vocabulario ilustrado que en la esencia de la libertad y la igualdad–; o la así
llamada «Ilustración católica»; entre estos grupos o subgrupos diversos existían a menudo
grandes distancias en cuanto a presupuestos epistemológicos y valores sociales15. Cuando se
examinan los folletos redactados por quienes formarían parte de los Estados Generales es
virtualmente imposible, en términos empíricos, identificar una posición ideológica o un
compromiso coherentes. Aunque algunos parecían creer que era posible reconstruir la
nación desde cero sobre la base de la razón y la «filosofía», casi todos aceptaban que cualquier reforma debía vincularse de alguna manera con la historia y las costumbres de Francia,
y algunos advertían específicamente sobre los peligros de sistemas abstractos de pensamiento, que podrían separar a Francia de su pasado y sus tradiciones. Había una escasez
general de formas argumentativas uniformes, de un «discurso» predecible, como si los futuros
delegados aún estuvieran luchando por hallar el sentido de su mundo en transformación,
como si aún estuvieran improvisando nuevos marcos de pensamiento apropiados para la
extraordinaria serie de eventos que habían sido forzados a presenciar16.
Por otra parte, desde mi punto de vista, muchos de los estudios revisionistas han
desestimado sustancialmente la importancia del antagonismo social durante esta fase inicial
de la revolución. Una generación de historiadores ha logrado convencernos de que las élites de la nobleza y la burguesía pertenecían a una misma «clase», en el sentido marxista del
término, y de que ambos grupos estaban ampliamente relacionados con la tenencia de la
tierra y una minoría dentro de los dos invertía en el capitalismo comercial. Sin embargo,
una comparación entre los delegados nobles y los del tercer estado que llegaron a Versalles
demuestra que las divisiones socioculturales entre ambos grupos eran de hecho mucho más
significativas que las divisiones de clase. En promedio –ya sea que examinemos los ingresos
netos o el valor de los contratos matrimoniales– los delegados nobles eran inmensamente
más acaudalados que sus contrapartes del estado llano. De hecho, la dote promedio de un
14. Véase especialmente David A. BELL. Lawyers and citizens: the making of a political elite in Old Regime France.
Oxford: Oxford University Press, 1994, p. 38 y 168.
15. Véanse los trabajos de Keith Michael BAKER. Condorcet. From natural philosophy to social mathematics. Chicago:
University of Chicago Press, 1975, p. 18, e Inventing the French Revolution: essays on French political culture in the
eighteenth century. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1990, especialmente el cap. 1; Margaret
JACOB. Living the Enlightenment. Freemasonry and poltics in eighteenth-century Europe. New York: Oxford University Press, 1991; Bernard PLONGERON. «Recherches sur l'Aufklärung catholique en Europe occidentale (17701830)». Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine (Paris). 16 (1969), p. 555-605; Daniel MORNET. Les origines
intellectuelles de la Révolution française (1715-1787). Paris: A. Colin, 1933.
16. Timothy TACKETT. Becoming a revolutionary… [13], cap. 3.
26
EL PROCESO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA, 1789-1794
noble era unas quince veces más alta que la de un burgués. Además, ambos grupos habían
pasado por experiencias educativas muy distintas. Mientras que en el tercer estado predominaban hombres de leyes que habían completado su educación secundaria y habían pasado varios años en la universidad; los nobles eran en su mayoría militares que
habían abandonado la escuela en la adolescencia y que habían pasado largos períodos
de aprendizaje como jóvenes oficiales –una experiencia que ayudó a inculcar los valores de
jerarquía, honor e incluso de catolicismo ortodoxo. Finalmente, una diferencia tajante que
separaba a ambos grupos era el estatus que los valores sociales dominantes al final del Antiguo Régimen les conferían. Por ley, la sociedad francesa continuó siendo eminentemente
un sistema de castas. No puede dudarse que la vasta mayoría de los nobles estaban totalmente convencidos de su superioridad «racial». Todos los miembros del tercer estado que
deseaban sobresalir habían aprendido a actuar conforme a las reglas del juego y a consentir
en las premisas hegemónicas de la jerarquía y el prestigio.
Incluso en los primeros días de los Estados Generales, algunos delegados del estado
llano continuaron reafirmando su deferencia hacia «ciertos individuos a quienes les debemos respeto»17. Pero también se hacía evidente el resentimiento profundo y de larga data
por parte de algunos individuos burgueses de la élite. A Paul-Louis Target le era difícil ocultar su ira a principios de 1789, cuando el conde d’Artois se dirigió a él en la forma familiar
de «tu» y sin la palabra «Monsieur» –como si fuera un mero sirviente. Y la frustración de
Barnave por el cierre de profesiones a los miembros del estado llano ha sido narrada muchas
veces: «Todos los caminos hacia el progreso están cerrados», escribió en la víspera de la revolución: «Sólo las carreras insignificantes y limitadas permanecen abiertas»18. Es verdad que,
antes de mayo de 1789, no hubo un solo tema más característico de los folletos del tercer
estado que la hostilidad hacia la nobleza. En el momento crítico de junio de ese año, el enojo y la indignación por las pretensiones de la nobleza parecían ser a menudo un factor de
peso en las decisiones de individuos que preferían romper con lo establecido y crear una
Asamblea Nacional. En su correspondencia, los miembros del estado llano reiteraban una y
otra vez la arrogancia, el desdén, la insolencia con la que habían sido tratados por los delegados del segundo estado. La lucha por el estatus, el deseo –en palabras del Abad Sieyès–
de ser reconocidos como «algo» en el orden social, se convirtió en una pasión vehemente
que empujó a los miembros del tercer estado hacia la ruptura19.
Aun así, en el proceso revolucionario de mayo y junio de 1789, no debemos perder
de vista la importancia de eso que sólo puede ser llamado «psicología de grupo». Resulta
esencial observar de cerca las reuniones del tercer estado dentro de los Estados Generales.
La conjunción de tantos hombres entusiastas y talentosos, algunos de los cuales eran
17. ARCHIVOS COMUNALES DE ARLES, AA 23: «Pierre-Siffren Boulouvard a la municipalidad de Arles, carta del 25 de
junio». Véase François-René-Pierre MÉNARD DE LA GROYE. Correspondance (1789-1791). Le Mans: Conseil General de la Sarthe, 1989, p. 40. (Edición y notas de Florence Mirouse).
18. Paul-Louis TARGET. Un avocat du XVIIIe siècle. Paris: 1893, p. 53; Jean-Jacques CHEVALLIER. Barnave ou les deux
faces de la Révolution. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 1979, p. 33.
19. Timothy TACKETT. Becoming a revolutionary… [13], caps. 3 y 4.
27
TIMOTHY TACKETT
oradores excepcionales, generó una dinámica de exhortos y emulaciones mutuas, un intercambio de ideas y estrategias, una «educación» colectiva que pronto adquirió vida propia y que
muchos delegados describieron como el período más instructivo de sus vidas. Esto constituyó una intensa experiencia didáctica, una experiencia que comenzó con los primeros
debates y continuó a lo largo del verano de 1789 y aún después. «Para mí, nuestras sesiones son como una escuela,» escribió Ménard de la Groye, «una escuela tan agradable como
instructiva»20. El respaldo visible de las multitudes que seguían y aplaudían los esfuerzos del
tercer estado desde las calles y las galerías reforzaba la «terapia grupal» de las reuniones. Las
muchedumbres y los espectadores, con su presencia continua y sus muestras de apoyo,
infundieron en los delegados un nuevo significado del término «opinión pública», un significado muy distinto de la concepción abstracta y literaria del Antiguo Régimen. Fue en
el contexto de este ambiente peculiar –con el encumbramiento de la retórica, el apoyo de
las masas, la creciente impaciencia debida a la intransigencia de los nobles y el respaldo perceptible del rey– que los delegados burgueses dieron su primer y decisivo paso revolucionario, un paso que pocos entre ellos hubieran imaginado un par de meses antes: la creación
de una Asamblea Nacional que proclamaba su poder soberano para recaudar impuestos y
redactar una constitución.
Del verano de 1789 hasta la primavera de 1791
El mes de junio de 1789 deparó un cambio de fase esencial en la naturaleza del proceso
revolucionario. Como observó alguna vez el historiador Daniel Mornet, «los orígenes de la
revolución son una historia, el desarrollo de la revolución es otra muy distinta»21. Durante
esta segunda fase, tras la creación de la Asamblea Nacional, un conjunto de fuerzas nuevo
y mucho más complejo entraría en escena, permitiendo que el alcance de los eventos se
extendiera en forma notable y empujando ciertos elementos del liderazgo político hacia una
dirección más radical que nunca. Tanto el antagonismo social como la debilidad y la indecisión de la monarquía continuaron siendo factores importantes en el crecimiento del radicalismo político a lo largo de este período. Pero yo mantendría que a esto debe agregarse la
aparición de tres desarrollos nuevos y a menudo interrelacionados: 1. el surgimiento del sectarismo político; 2. la emergencia de la ideología; y 3. un cuestionamiento cada vez mayor
de toda autoridad.
No cabe duda que la rivalidad y el rencor entre la burguesía y la nobleza siguieron
acumulándose e incluso se intensificaron durante el verano de 1789. Pero puede sostenerse que el actor más importante del escenario social durante este período fue el campesinado.
20. François-René-Pierre MÉNARD DE LA GROYE. Correspondance…[17], p. 161. Véase la descripción de Jean-Paul
RABAUT SAINT-ETIENNE. Précis historique de la Révolution française. Paris: 1807, p. 116-17.
21. Daniel MORNET. Les origines intellectuelles…[15], p. 471.
28
EL PROCESO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA, 1789-1794
Una serie de desastres climáticos que produjeron situaciones cercanas a la hambruna provocó revueltas campesinas que proliferaron en casi todas las regiones del reino a lo largo del
invierno y la primavera de 1789. Para John Markoff, estas revueltas «constituyeron probablemente la ola de disturbios agrarios más larga hasta el momento en la historia francesa»22.
En su mayoría, estos disturbios prerrevolucionarios, aunque intensos y excepcionalmente
amplios, eran casi idénticos en su índole y objetivos a manifestaciones similares del siglo
XVIII. Casi todos se dirigían contra una serie entera de «enemigos» acusados de acaparar
cereales y sustraer parte de las ganancias y las cosechas de la gente del campo: los clérigos,
la burguesía urbana, los cobradores reales de impuestos, así como la nobleza23. Pero a finales de junio y en julio una significativa minoría de estos movimientos colectivos adquirió
un genuino carácter revolucionario, al dirigirse en forma exclusiva contra los nobles y apuntar hacia la destrucción de todo el sistema señorial. Importantes levantamientos antiseñoriales se propagaron en partes de la Baja Normandía, Hainault, Franche-Comté, Alsacia,
Burgundia, Dauphiné y Languedoc24. Los orígenes de estas revueltas son indudablemente
complejos. Es seguro que, de alguna u otra forma, algunas noticias sobre la lucha entre el
tercer estado y la nobleza en los Estados Generales habían llegado hasta el campesinado, y
en varias de las regiones afectadas –aunque no en todas– el sistema señorial resultaba particularmente oneroso.
En términos generales, las zonas de insurrección antiseñorial representaban solamente una pequeña porción del territorio nacional. Sin embargo, como lo harían muchos historiadores desde entonces, los delegados en Versalles confundieron las rebeliones campesinas con el pánico rural del Gran Miedo, casi contemporáneo –en sí mismo, sólo
marginalmente asociado al sentimiento contra la nobleza. La impresión de una conflagración generalizada que tenía lugar de manera simultánea a lo largo y ancho del reino fue de
enorme importancia en el impulso a los famosos decretos de la noche del 4 de agosto. Lo
irónico fue que, con seguridad, la drástica «supresión del feudalismo» que llevó a cabo
la Asamblea –en principio, ya que mantenía las deudas feudales hasta que la «propiedad» en
cuestión hubiera sido recuperada por los campesinos– ayudó a extender y dirigir el rencor
hacia la aristocracia, incluso en áreas donde éste no se había manifestado anteriormente.
Así, en el invierno de 1789-1790, se suscitaron insurrecciones masivas contra la nobleza en
extensas áreas del suroeste, mientras que rebeliones similares continuaban explotando
periódicamente ya bien entrado el año de 1792. John Markoff demuestra que se dio una
continua interacción dialéctica entre los campesinos y la legislatura, dialéctica que llevó a
ambos a posiciones progresivamente radicales en torno a la reforma agraria25.
22. John MARKOFF. The abolition of feudalism. Peasants, lords, and legislators in the French Revolution. University Park:
Pennsylvania State University Press, 1996, p. 242-249.
23. Véase especialmente Jean NICOLAS. La rébellion française: mouvements populaire et conscience sociale, 1661-1789.
Paris: Seuil, 2002.
24. Ver Timothy TACKETT. «Collective panics in the early French Revolution, 1789-1791: a comparative perspective». French History (Oxford). 17 (2003), p. 149-171.
25. John MARKOFF. The abolition of feudalism… [22], cap. 8.
29
TIMOTHY TACKETT
Pero si con frecuencia se ha hecho énfasis sobre el papel del campesinado como fuerza transformadora después de junio de 1789, es probable que los historiadores no hayan
subrayado suficientemente el colapso de la autoridad real como un factor en el proceso de
radicalización. Es importante recordar que durante los primeros meses de la revolución, la
gran mayoría de los delegados de la Asamblea Nacional mantenían un enorme respeto por
la institución de la monarquía. En un principio, estaban ansiosos por trabajar en forma cercana con el rey y evitaban inmiscuirse en la «autoridad ejecutiva». Pero, a partir del verano
de 1789, se hizo cada vez más evidente que el gobierno central y la administración provincial estaban dejando de funcionar. Esto se debía, en parte, a las continuas vacilaciones
e indecisiones de Luis XVI. Asestado por las dudas y por consejos contradictorios de ministros y cortesanos, su vacilación entre la intransigencia y la aquiescencia continuó bien entrado el otoño. Además, el fracaso de un liderazgo sólido se vio enormemente agravado por el
virtual derrumbe de la burocracia real. La toma de la Bastilla y los linchamientos grotescos
de algunos funcionarios reales en París tuvieron un profundo efecto sobre la administración
y la judicatura en extensas áreas del país. Muchos intendentes reales, subdelegados, recaudadores y magistrados se apresuraron a esconderse o simplemente abandonaron sus puestos, dejando un gran vacío de poder en toda la nación26.
Los delegados de la Asamblea Nacional, en especial al comenzar el Gran Miedo y los
levantamientos campesinos del verano de 1789, no tuvieron más remedio que hacerse cargo de la situación. Pronto, la Asamblea sobrepasó su objetivo original de redactar una constitución y asumió efectivamente los poderes legislativo, ejecutivo e incluso judicial. Con el
país al borde de la anarquía, la Asamblea se dedicó a improvisar soluciones para toda clase
de problemas que nunca antes había considerado, incluyendo la reestructuración completa
de la administración regional y municipal, la judicatura, el sistema tributario y el ejército.
Pero la Asamblea también se vio obligada a lidiar con otro legado del colapso del Antiguo
Régimen: la grave crisis fiscal. Aunque al inicio unos cuantos delegados habían propuesto
la venta de algunos bienes de la Iglesia para ayudar a resolver el dilema económico del
Estado, la mayoría de la Asamblea se resistía a aceptar esas sugerencias. Sin embargo, los
problemas financieros que ayudaron a derrocar al gobierno anterior pronto comenzaron
a poner en peligro la supervivencia del nuevo régimen. No fue sino hasta que enfrentaron
estas exigencias insoslayables que la mayoría de los delegados dio su voto aprobatorio, primero, a poner las tierras de la Iglesia «a disposición de la nación» (noviembre de 1789) y,
después, a la nacionalización completa de dichas tierras (abril de 1790). En el curso de los
años siguientes, la venta de propiedades eclesiales en beneficio del Estado llevaría a una vasta redistribución de la tierra en un diez por ciento del territorio nacional. Una vez que la
Iglesia perdió toda fuente de recursos independiente –tierras, diezmos y derechos señoriales–,
26. Véase, Pierre VIDAL. Histoire de la Révolution française dans le département des Pyrénées-Orientales. Persignan:
Imprimerie de l'Indépendant, 1885-1889, I. p. 60.; Félix MOURLOT. La fin de l'ancien régime et les débuts de la
Révolution dans la généralité de Caen. Paris: 1913, p. 326-329; Georges LEFEBVRE. «Documents sur la grande
peur». Annales historiques de la Révolution française (Paris). 10 (1933), p. 174-175.
30
EL PROCESO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA, 1789-1794
y una vez que la Asamblea se comprometió a apoyar al clero con salarios del Estado, un
pequeño grupo de delegados jansenistas y galicistas pudo impulsar las reformas avasalladoras de la Constitución Civil del Clero.
Pero mientras tanto, la amenaza de la anarquía y el colapso de la burocracia del Antiguo Régimen también tenían repercusiones graves en las provincias. Prácticamente en todas
las aldeas y en poblaciones más grandes, los líderes locales crearon comités de emergencia y
grupos paramilitares encargados de velar por la seguridad. Tras la instauración, a mediados
de julio, de un gobierno insurreccional en París –y al comienzo del Gran Miedo a «bandidos» imaginarios listos para atacar– muchos pueblos organizaron verdaderas revoluciones municipales, derrocando a las oligarquías del Antiguo Régimen. Los grupos militares
o «guardias nacionales», recientemente creados o fortalecidos, se equiparon con uniformes,
banderas y conjuntos musicales, aunque muchas veces vieron frustrados sus intentos por
obtener suficientes mosquetes. Es difícil exagerar el entusiasmo con el que los jóvenes asumían los deberes «militares» de su localidad; muchos de ellos asumían cargos superiores
como oficiales electos, lo que hubiera sido imposible de imaginar en los ejércitos del Antiguo Régimen, que se guiaban por un sistema de castas. Los agrupamientos militares adquirieron en poco tiempo funciones múltiples, desde órganos de defensa de los pueblos y las
aldeas, hasta grupos de choque para la implementación de medidas revolucionarias en la
localidad.
El fenómeno institucional que constituía el colapso de la autoridad real estaba estrechamente relacionado con un fenómeno psicológico paralelo: el cuestionamiento progresivo que la sociedad entera hacía sobre la legitimidad de dicha autoridad. Ya durante las elecciones a los Estados Generales y al reunir los cahiers de dolénces en todos los rincones del
país, el pueblo francés había sido alentado a examinar críticamente todo el espectro de instituciones bajo las cuales vivía. Desde el verano de 1789 en adelante, los actos revolucionarios iniciales de la Asamblea Nacional parecían inspirar numerosos actos revolucionarios en
miniatura, una deslegitimación generalizada de la autoridad, una reevaluación de todos los
valores que reverberaba en casi todos los niveles de la sociedad. La lógica de la soberanía
popular y de la autodeterminación, inaugurada por los delegados en Versalles, no tardó en
llevar a algunos grupos a abogar por una democracia mucho más inclusiva. Durante los
siguientes meses y años, muchos oficiales y aprendices comenzaron a cuestionar la autoridad de los maestros y los comerciantes siguiendo líneas de razonamiento similares; los soldados y los marinos negaron obediencia a sus superiores; los habitantes del campo rechazaron
tanto las deudas señoriales pagaderas como los impuestos estatales; y grupos pequeños, pero
valientes, de mujeres desafiaron los fundamentos mismos del patriarcado. Particularmente
en la capital, en todos los niveles de la sociedad, algunos individuos comenzaron a reconsiderar su lealtad a cualquier tipo de régimen, viejo o nuevo, cada vez que sus opiniones no
se voceaban directamente. Para el invierno y la primavera de 1791, habían surgido algunas
docenas de «sociedades fraternales»–el Club de Cordeliers era la más influyente–. Todas
estas sociedades rechazaban el voto censitario establecido por la Asamblea Nacional, y algunas de ellas incluso dieron la bienvenida a la participación femenina. Este período vio el
31
TIMOTHY TACKETT
nacimiento de una verdadera cultura radical en París, cultura que proyectaba una visión
quasi utópica del mundo, en la que habría genuina igualdad entre los poderosos y los
débiles, los ricos y los pobres. Para junio de ese año fueron incontables las manifestaciones
de hombres y mujeres –conocidos cada vez más como sans-culottes– que, enarbolando todo
tipo de demandas, tomaban las calles al tiempo que gritaban a los cuatro vientos sus opiniones o sus peticiones27.
El período que siguió a junio de 1789 también fue testigo de la creciente importancia de las facciones políticas o del sectarismo en el desarrollo de la dinámica revolucionaria.
Algunas facciones que surgieron dentro de la Asamblea Nacional pronto se extendieron
a la población en general, tanto en París como en las provincias. En los primeros días de los
Estados Generales y la Asamblea Nacional, los delegados del tercer estado coincidían en que
el principal objetivo –redactar una Constitución– podría conseguirse relativamente rápido
y sin muchas discusiones. Tal vez el elemento clave en la ruptura de este sentimiento general de unidad fue la confrontación de los delegados con los alzamientos urbanos y rurales
de julio y agosto de 1789. El deseo de reprimir la violencia y reforzar la autoridad del
monarca como bastión contra la anarquía» impulsó la creación del primer «partido» organizado y coherente dentro de la Asamblea, un grupo conocido por lo general como los
monarchiens. Unos cuantos meses más tarde, como reacción a las políticas de esta línea conservadora, los delegados de orientación progresista formaron su propia asociación, los Amigos de la Constitución –conocida por sus contemporáneos como el «Club Jacobino». Al
imitar y perfeccionar las estrategias de facción de los monarchiens, los jacobinos desarrollaron rápidamente un bloque de votación bien disciplinado con una posición colectiva elaborada previamente durante sus habituales reuniones nocturnas28. Sin embargo, dichas asociaciones eran mucho más vagas e inestables que cualquier partido político del siglo XX, y
las alineaciones a la derecha o a la izquierda pasaron por numerosos cismas. Los jacobinos
en particular produjeron toda una serie de brotes sectarios: en la primavera de 1790 (la
Sociedad de 1789), en el verano de 1791 (los fuldenses), y en la primavera de 1792 (los girondinos).
Es claro que la confrontación y la competencia entre las numerosas facciones incidieron en la radicalización de la revolución tras el verano de 1789, ya que varios grupos interesados en hacer maniobras para obtener influencia se posicionaron cada vez más hacia la
izquierda. La alineación más progresista de los jacobinos, que se identificaba con las demandas y aspiraciones de los radicales parisinos y las sociedades fraternales, evolucionó hacia
posiciones mucho más democráticas en toda una serie de cuestiones. Más aún, todas las
27. Véase Steven L. KAPLAN. La fin des corporations. Paris: Fayard, 2001; Jean-Paul BERTAUD. The army of the French
Revolution: from citizen-soldiers to instrument of power. Princeton: Princeton University Press 1988; Dominique
GODINEAU. The women of Paris and their French Revolution. Berkeley: University of California Press, 1998;
Isabelle BOURDIN. Les sociétés populaires à Paris pendant la Révolution. Paris: Universite de Paris, Faculte des Lettres, Institut d’Histoire de la Revolution Francaise, 1937; y el Timothy TACKETT. When the king took flight. Cambridge: Harvard University Press 2003.
28. Timothy TACKETT. Becoming a revolutionary… [13], cap. 6.
32
EL PROCESO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA, 1789-1794
facciones intentaron afiliarse a asociaciones fuera de la Asamblea Nacional. Los jacobinos,
como sabemos, fueron particularmente exitosos al establecer una correspondencia regular
con una centena de sociedades populares en las provincias29. Los historiadores han exagerado con frecuencia sobre la naturaleza de estas relaciones, e imaginan una especie de bloque monolítico de clubes, enteramente subordinado a la sociedad matriz. Aunque una
situación así pudo haber existido en la cumbre del Terror, durante la segunda fase de la
revolución las sociedades provinciales eran cualquier cosa salvo subordinadas de las opiniones de París. De hecho, probablemente se registraba una comunicación mucho mayor entre
los clubes provinciales –dentro de la vasta red interregional jacobina– que entre las provincias y la capital30. En cualquier caso, un gran número de esos clubes estableció lazos con
periódicos locales y lanzó campañas importantes de proselitismo a favor de los valores revolucionarios entre los habitantes de las provincias. En tales actividades, los clubes jugaban un
papel cercano al de las guardias nacionales locales, con las que, de hecho, estaban frecuentemente aliados.
Finalmente, yo sostendría que fue fundamentalmente durante la segunda fase del proceso revolucionario que las ideas de la Ilustración adquirieron un rol más importante en el
desarrollo de los acontecimientos. En la mayoría de los casos, fue sólo después de que la
revolución iniciara que los delegados comenzaron a desarrollar una ideología coherente –o,
más bien, varias ideologías distintas–, que explicara y justificara sus acciones. Fue sólo después de la creación de la Asamblea Nacional que diversas vertientes del pensamiento a menudo contradictorio del siglo XVIII fueron encauzadas y sintetizadas, tanto para suscribir
lo que los patriotas ya habían llevado a cabo, como para prescribir futuras acciones. En este
sentido, los escritos contemporáneos de los protagonistas revolucionarios parecen confirmar lo que Roger Chartier indica: que un concepto cohesivo y unitario de la «Ilustración»
fue un producto de la Revolución Francesa, tanto como la ésta fue un producto de la Ilustración31.
Mientras que, antes de junio, las alusiones a los textos de pensadores ilustrados habían
sido extremadamente escasas en los discursos y las cartas, se hicieron mucho más comunes
a medida que el verano avanzaba. Los debates sobre la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, en agosto, y sobre el veto real, en septiembre, contenían numerosas referencias directas a una serie de escritores del siglo XVIII, incluyendo a Locke,
Hume, Voltaire y Montesquieu. Pero conforme pasó el tiempo, los escritos de Rousseau
fueron los más citados y, para muchos revolucionarios, se convirtieron en un punto de referencia central, en un texto de autoridad que legitimaba sus posiciones. Parece factible que
las reflexiones más radicalmente democráticas de Rousseau, en especial como se enuncian en
29. Jean BOUTIER; Philippe BOUTRY. Atlas de la Révolution française. Tome 6. Les sociétés politiques. Paris: Éditions de
l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1992; Michael L. KENNEDY. The Jacobin clubs in the French Revolution. The first years. Princeton: Princeton University Press, 1982.
30. Timothy TACKETT. When the king…[27], cap. 7.
31. Roger CHARTIER. Les origines culturelles…[12], p. 5 y 87-89; Timothy TACKETT. Becoming a revolutionary… [13],
«Conclusion».
33
TIMOTHY TACKETT
algunos capítulos de El contrato social, hayan sido mucho más leídas e incorporadas al discurso tras el inicio de la revolución de lo que habían sido en el Antiguo Régimen.
De cualquier forma es necesario subrayar dos puntos. Primero, como ha demostrado
Roger Barny, los oradores y periodistas introdujeron a Rousseau como sustento de un notable espectro de posiciones que iban desde la democracia radical hasta el conservadurismo
monárquico, pasando por el liberalismo moderado. Tanto el jacobino Robespierre como el
contrarrevolucionario conde d’Antraigues estaban listos para proclamarse fervientes seguidores de Jean-Jacques, y ambos utilizaban sus escritos –generalmente selecciones muy diferentes– para desarrollar sus respectivas posiciones32. En segundo lugar, los argumentos de
muchos delegados, a lo largo de la segunda fase de la revolución, estuvieron marcados aún
por un fuerte sesgo de pragmatismo. Incluso al debatir sobre los «derechos del hombre» en
agosto de 1789, muchos persistieron en su impaciencia para con los «tratados filosóficos»
o la «metafísica». «Nada es más peligroso en política –escribía el delegado Jean-Pierre Boullé–, que una teoría abstracta». Verosímilmente, es la experiencia sola la que nos puede enseñar si una solución específica es funcional o no»33.
Del verano de 1791 hasta el otoño de 1792
Durante el período que va de 1789 a 1791 un conjunto de factores había empujado a los
franceses a una transformación mucho más radical de lo que cualquiera de ellos se hubiera
imaginado en la primavera de 1789. Pero en la primavera de 1791, una gran mayoría de
los líderes políticos, y probablemente de la población francesa en general, confiaba en que
la revolución hubiera culminado y en que el régimen se estabilizara bajo la nueva monarquía constitucional. El hecho de que la dinámica revolucionaria no pudiera ser detenida, el hecho de que durante el siguiente año la radicalización política se acelerara incluso, puede ser atribuido en parte a la persistencia del rencor social, del sectarismo político
y del compromiso ideológico. Sin embargo, en esta tercera fase del proceso revolucionario, dos desarrollos nuevos y estrechamente relacionados modificaron en forma significativa la mezcla revolucionaria: el surgimiento de un temor obsesivo a la conspiración;
y el estallido de la guerra. Estos dos desarrollos podrían estar vinculados a un solo suceso
dramático: el intento de Luis XVI por escapar de París en el primer día del verano de 1791,
y su captura por parte de los patriotas en el pequeño pueblo de Varennes veinticuatro horas
más tarde34.
32. Roger BARNY. Le droit natural… [11], esp. caps. I y II.
33. Jean-Pierre BOULLÉ. «Ouverture des Etats-généraux de 1789». En: Albert Macé (ed.). Revue de la Révolution.
Documents inédits. 15 (1889), p. 117; y 16 (1889), p. 25. Sobre las sospechas en torno a la filosofía y la «metafísica» en política, véase también Roger BARNY. Le droit natural… [11], p. 22.
34. Sobre este párrafo y el siguiente, véase esp. Timothy TACKETT. When the king…[27].
34
EL PROCESO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA, 1789-1794
Es difícil sobrestimar el impacto de la decisión del rey que, independientemente de
las razones que la motivaron, fue la acción más audaz y decisiva de todo su reinado. Aunque algunos individuos en París comenzaban a mostrarse escépticos sobre el compromiso
de Luis XVI con la revolución, la abrumadora mayoría de los franceses aún estaban muy
apegados, e incluso mostraban devoción hacia el monarca. Después de todo, fue él quien
convocó los Estados Generales, dando inicio de esa manera a la transformación nacional.
Y casi toda la población se aferraba con tenacidad al mito del buen rey, que a veces era mal
aconsejado por quienes le rodeaban, pero que a fin de cuentas era noble y de buena voluntad. Incluso en marzo de 1791 la noticia del resfrío de Luis XVI provocó una efusión espectacular de preocupación y emoción que se expresó en cientos de ceremonias religiosas y cartas de alivio de casi todos los pueblos en el reino.
Pero la huida hacia Varennes causó gran desilusión. A pesar de que el rey declaró, tras
haber sido aprehendido, que su intención nunca fue dejar el territorio francés, casi todo
mundo supuso que el rey se dirigía a la frontera con Austria y que, si hubiera logrado su propósito, la consecuencia inmediata habría sido una invasión extranjera. El intento de «deserción» de Luis XVI fue aún más perturbador puesto que dejó tras de sí un mensaje, escrito de
su puño y letra, en el que repudiaba formalmente muchos de los decretos revolucionarios que
había firmado recientemente como leyes, declarando que los había aceptado bajo coacción.
Tan sólo un año antes, el monarca había hecho un voto religioso solemne para defender la
Constitución. Para el ethos revolucionario, imbuido de los ideales de transparencia y autenticidad, tal vez no había peor pecado que jurar en vano, y eso es precisamente lo que el
monarca admitía haber hecho. Ahora, en pocos días, la Asamblea Nacional estaba inundada de cartas venidas de todo el país en las que se acusaba al rey de traición y perjurio.
Aunque la Asamblea –temerosa de la agitación y la anarquía que una regencia o la creación de una república podrían engendrar– decidió, en última instancia, restituir al rey en
su cargo, el incidente de la huida precipitó el primer cuestionamiento generalizado de la
monarquía en toda la nación, un cuestionamiento mucho más extendido de lo que los historiadores suelen reconocer35. Muy particularmente en la capital, los radicales demócratas
del Club de los Cordeliers y las sociedades fraternales estaban ahora convertidos al republicanismo, y enviaban a los delegados petición tras petición, instando a «una nueva organización de la rama ejecutiva». Al final, la confrontación entre la Asamblea y los radicales derivó en los sangrientos sucesos del Champs de Mars (el 17 de julio de 1791), en los que las
autoridades revolucionarias cruzaron por vez primera el umbral de la represión y la violencia
de monopolio estatal. Pero las propuestas radicales para la creación de una república servirían
como un programa detallado de acción para las medidas que se instauraron, en efecto, tan
solo un año después.
El clima de sospecha y miedo que prevaleció después de Varennes estuvo estrechamente relacionado a un verdadero «estilo paranoide de la política» –para usar la frase
35. Timothy TACKETT. When the king… [27], cap. 7.
35
TIMOTHY TACKETT
propuesta originalmente por Richard Hofstadter–, estilo que apareció sin tardanza durante la tercera fase del proceso revolucionario36. Sobra decir que una obsesión respecto de las
conspiraciones fue un rasgo duradero en la mentalidad de los habitantes en todo el mundo
atlántico. De acuerdo con Gordon Wood, «las interpretaciones conspiracionales […] se
convirtieron en un medio importante a través del cual los hombres cultivados del principio
de la era moderna ordenaban y daban sentido a su mundo político»37. No cabe duda de que
las clases populares de Francia adoptaron por lo general este modo de explicación para
muchos de los problemas y las crisis que los acorralaban. Pero existe evidencia de que el
«estilo paranoide» estaba mucho menos exacerbado entre las clases cultas en la Francia del
Antiguo Régimen que en la Inglaterra contemporánea o en la América inglesa. Aun cuando hubo algunos momentos en los dos primeros años de la Revolución en los que se levantaron cargos por conspiración contra algún grupo, y aun cuando ciertas alineaciones sectaristas se mostraron particularmente susceptibles al temor por la posibilidad de una
conspiración, casi todos los dirigentes políticos evitaron la mayor parte del tiempo una mentalidad o una referencia conspiratoria. Fue sólo tras la huida del rey y después de la elección
de una nueva Asamblea «Legislativa», a finales del verano de 1791, que el temor a las
conspiraciones se convirtió en una obsesión agobiante entre las élites políticas nacionales.
De hecho, a partir del otoño de ese año, los revolucionarios se preocuparon cada vez más
por una «gran conspiración» monolítica, en la que todas las amenazas eran vistas como parte de un plan maestro, dirigido desde una sola fuente –que, dependiendo de la versión,
podían ser los príncipes emigrantes, un gobierno extranjero en particular, o la misma «autoridad ejecutiva» francesa. De aquí en adelante, la sospecha obsesiva adquirió vida propia
tanto entre los dirigentes políticos como entre la población en general. En primera instancia, el temor a la conspiración se concentró especialmente sobre la nobleza y el clero refractario, provocando una intensificación de las demandas para que ambos grupos fueran
encarcelados o expulsados del país. Pero también existía un terror creciente a enemigos
secretos ocultos tras la máscara del patriotismo, que buscaban adormecer a los buenos
patriotas en un sueño de falsa seguridad. El sectarismo político y la paranoia política crearon una mezcla particularmente explosiva, una mezcla que perseguiría a la revolución
durante 1794 y aún después38.
Un segundo desarrollo de esta fase de la revolución fue el estallido de la guerra y la
internacionalización de la revolución. Durante casi un año después de la convocatoria a los
Estados Generales, casi todos los franceses, consumidos por el desafío de la reconstrucción
de su propio país, habían ignorado dichosamente el mundo exterior. Pero, en mayo de
1791, habían sido sacudidos en forma violenta de sus preocupaciones internas cuando una
36. Richard HOFSTADTER. The paranoid style in American politics. Chicago: Knopf, 1965.
37. Gordon WOOD. «Conspiracy and the paranoid style: causality and deceit in the eighteenth century». The William
and Marry Quarterly (Williamsburg). 39 (1982), p. 411. Ver también Bernard BAILYN. The ideological origins of
the American Revolution. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1967, caps. 3 y 4.
38. Timothy TACKETT. «Conspiracy obsession in a time of Revolution: French elites and the origins of the Terror:
1789-1792». American Historical Review (Washington). 105 (2000), p. 691-713.
36
EL PROCESO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA, 1789-1794
confrontación diplomática entre España e Inglaterra empujó a Francia –que debía brindar
apoyo a sus aliados españoles– al borde de la guerra. La crisis impulsó un largo debate en
la Asamblea sobre la división de la autoridad del rey y la legislatura en los temas de la guerra y la paz. La crisis también apresuró la toma de conciencia de que la soberanía popular
podía extenderse a cuestiones de relaciones internacionales. «Por primera vez», según el
delegado Constantin-François Chassebeuf Volney, la Asamblea «ha lanzado su mirada vigilante más allá de las fronteras del Estado francés», para concebir «la universalidad del género humano, como si formara una única sociedad»39. Sin embargo, durante el año siguiente, casi toda la dirigencia francesa permaneció alerta frente a los peligros de la guerra y de
la intervención extranjera, y frente a los efectos impredecibles que un conflicto internacional podría tener sobre la permanencia de la revolución.
Por qué y cómo fue que los revolucionarios cambiaron su posición y optaron por una
declaración de guerra aún es un tema sujeto a intenso debate. Pero es indudable que la crisis de Varennes fue un hito importante. El triunfo aparente del ejército francés y la guardia
nacional, movilizados en aquel momento para enfrentar una invasión prevista, engrandeció
la confianza de la nación en sí misma y en su destino. El giro hacia la guerra también fue
impulsado por la obsesión conspiratoria y la convicción creciente –y en gran parte incorrecta– de que los grandes poderes confabulaban tanto con los ejércitos extranjeros como
con los contrarrevolucionarios en el interior del país. Muchos miembros de la Asamblea
Legislativa estaban atrapados por una compleja mezcla de emociones que probablemente
incluían el miedo al ataque del enemigo, el deseo de venganza y un temor por el deseo de
venganza de sus propios enemigos, todo lo cual los empujaba hacia la dirección del ataque
preventivo. Pero por parte de algunos dirigentes también existía un compromiso ideológico cada vez más grande con la internacionalización de la revolución, un deseo proclamado
de ver los logros franceses de la democracia y la igualdad compartidos con todos los pueblos. El sentido de la independencia francesa, ya presente antes de la revolución, se había
extendido considerablemente desde 1789, y desde el principio este nacionalismo contenía
elementos de chauvinismo40. Francia dirigía el «universo» entero –como les encantaba decir
a los oradores, pasando por alto la experiencia norteamericana– a la consolidación de las
bendiciones de la libertad y la igualdad. Éste era un mensaje desarrollado en la Asamblea
Legislativa por un grupo de oradores excepcionalmente talentosos de quienes Jacques Brissot es tal vez el más conocido41.
En cualquier caso, la decisión de Francia de declarar la guerra a Austria el 21 de abril
de 1792 tendría inmensas repercusiones. De hecho, «la guerra», como lo dijo Marcel Reinhard,
39. Jérôme MAVIDAL [y otros] (eds.). Archives parlementaires de 1787 à 1860. Première série (1787-1799). Paris: 18671913. 82 v., vol. 15, p. 576.
40. David A. BELL. The cult of the nation in France. Inventing nationalism, 1680-1800. Cambridge: Harvard University Press, 2001.
41. Véase, sobre todo, H. A. GOETZ-BERNSTEIN. La diplomatie de la Gironde: Jacques-Pierre Brissot. Paris: Hachette, 1912; y T. C. W. BLANNING. The origins of the French Revolutionary wars. London, New York: Longman,
1986.
37
TIMOTHY TACKETT
«revolucionó la revolución»42. La historia de esta «segunda revolución francesa» a lo largo
del verano de 1792 es bien conocida. Al principio, la guerra fue desfavorable para los franceses. La pretendida invasión al sur de Austria fue rápidamente detenida y rechazada. Para
el verano, los prusianos, que habían entrado en el conflicto, estaban listos para invadir el
país desde el este. Con toda probabilidad, estos fracasos iniciales pueden atribuirse tanto
a un liderazgo militar pobre y a un derrumbe de la disciplina, como a la traición o a la conspiración. Los patriotas, en su esfuerzo por explicar los desastres, se concentraron cada vez
más en la obvia perfidia del rey y su corte43. En agosto, justo cuando los guardias patriotas
afluían a la capital en defensa de la revolución, los parisinos y los guardias lanzaron un ataque cuidadosamente coordinado sobre el palacio real, un ataque que llevó directamente al
arresto de la familia reinante y al consecuente enjuiciamiento del monarca. En las siguientes semanas de agosto y septiembre se aplicaron una serie de medidas represivas dirigidas
contra todos los enemigos reales e imaginarios que se suponía estaban conspirando contra
la revolución: la creación de comités de vigilancia locales y de los primeros tribunales revolucionarios, el arresto de numerosos nobles y clérigos, y la expulsión de todos los sacerdotes refractarios. Este período del «Primer Terror», como le ha llamado Georges Lefebvre,
también vio el estallido de las terribles Masacres de Septiembre, donde varios grupos vigilantes se hicieron cargo de castigar a los «traidores» –muchos de ellos sólo criminales sin
importancia, suficientemente desafortunados como para encontrarse en ese momento en la
cárcel. Sin embargo, el gobierno revolucionario provisional y la nueva Convención Nacional, bajo la influencia radical e «ideológica» de la facción jacobina, también impulsaría un
conjunto de medidas que promovía la mayor expansión de la democracia y la igualdad. La
institución del sufragio universal masculino, la abrogación total de las deudas señoriales y
la creación de una primera república francesa: todo ello emergió en cuestión de semanas
después del ataque popular al castillo de las Tullerías que derrocó al rey44.
Conclusión: el otoño de 1792 y después
El campo de batalla de la historiografía está infestado con los cuerpos de paradigmas que
pretendían explicar la Revolución Francesa, o la revolución en general. No es sorprendente que, enfrentados con la realidad móvil y extraordinariamente compleja del fenómeno
revolucionario, muchos historiadores se hayan visto tentados a recaer en las narrativas
secuenciales de «una cosa tras otra». En el presente ensayo, aunque sólo bajo el disfraz de
42. Marcel REINHARD. La chute de la royauté. Paris: Gallimard, 1969.
43. De hecho, ahora sabemos que Luis XVI tenía comunicación secreta con algunos gobiernos extranjeros, a los que
conminaba a invadir su reino, y que la reina enviaba los planes de guerra de Francia a Austria: véase H. A. GOETZBERNSTEIN. La diplomatie…[41], p. 177-178.
44. Véase, sobre todo, Georges LEFEBVRE. La Révolution française. La première terreur. Paris: Centre de la Documentation Universitaire, 1952.
38
EL PROCESO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA, 1789-1794
una propuesta heurística, he sugerido un enfoque ligeramente diferente. Concentrándome
sobre todo en el proceso de radicalización entre 1789 y 1792, he intentado identificar tres
fases distintas del desarrollo revolucionario, cada una con un conjunto diferente de fuerzas
dinámicas que impulsaran el cambio. Tal y como el argumento ha sido presentado, cada
uno de los «cambios de fase» fue iniciado e interrumpido por un acontecimiento coyuntural: primero, la convocatoria del gobierno real a los Estados Generales en el invierno de
1789; segundo, la creación de la Asamblea Nacional en junio de 1789; y tercero, la huida
frustrada del rey a Varennes en junio de 1791. Desde esta perspectiva, el proceso revolucionario puede ser concebido –para adaptar la frase popularizada por Stephen Jay Gould–
como una clase de desequilibrio interrumpido.
En este corto ensayo no queda tiempo para observar el proceso revolucionario durante los años que siguieron a 1792. Puede sostenerse que, al menos a lo largo del verano de
1794, la dinámica de la revolución estuvo marcada por una intensificación de las fuerzas
identificadas previamente. El antagonismo social, las rivalidades entre facciones, las convicciones ideológicas, la deslegitimación de la autoridad, y las sospechas paranoides sobre
los enemigos externos e internos: todo ello siguió siendo un factor importante en la dinámica. Por supuesto que el proceso de radicalización, de la forma en que lo hemos definido
aquí, no cesó en 1792. Durante los siguientes años, hubo un impulso por parte de algunos
elementos de la población –más notablemente en París– hacia una especie de democracia
directa final, en la que todos los ciudadanos masculinos, votando en asociaciones de barrio
o sección, afirmaban el derecho de aprobar cada medida votada por la Legislatura Nacional
o la Asamblea municipal. También hubo un breve esfuerzo por igualar los ingresos a través
de la redistribución de la tierra a los indigentes –tal y como se concretó en los famosos, aunque por mucho tiempo inefectivos, decretos de ventoso de 1794.
Sin embargo, el rasgo más sobresaliente del desarrollo revolucionario después de 1792
no fue la expansión de la democracia y la igualdad, sino el aumento del autoritarismo y la
represión estatal. De hecho, con la intensificación de la guerra en el extranjero y el estallido de la contrarrevolución armada dentro del país, los dirigentes radicales se sintieron obligados, en el nombre de la preservación de la república, a recortar o suprimir muchos de los
derechos políticos y las libertades civiles que apenas habían conseguido. Las estrategias de
represión estatal, desarrolladas por vez primera después de Varennes y de nuevo tras la caída de la monarquía, fueron implementadas sistemáticamente entre 1793 y 1794 para amedrentar a los enemigos de la república –reales o imaginarios– y detener el desmoronamiento de la autoridad, tan característico de la revolución desde el verano de 1789. El Gobierno,
que había otorgado poderes de emergencia a una oligarquía de radicales, aplicó medidas
severas sobre todos los movimientos igualitarios de la extrema izquierda, incluidas aquellas
asociaciones que pugnaban por la igualdad de derechos para las mujeres. El período después de 1792 también vio una creciente internacionalización de la revolución al tiempo que
los ejércitos revolucionarios avanzaban en olas sucesivas más allá de las fronteras francesas.
Pero en los estados vecinos, así como dentro de Francia, la revolución podía llevar tanto a
la represión terrorista como a la liberalización democrática. Arno Mayer ha argumentado
39
TIMOTHY TACKETT
incluso que las guerras revolucionarias y napoleónicas representaron una externalización del
terror por otros medios. Mayer cita los comentarios de Marx y Engels que afirman que la
estrategia de Napoleón fue «aplicar el reino del terror, que había hecho su trabajo en Francia, a otros países bajo la forma de la guerra»45.
¿Hasta qué punto puede ser aplicado el análisis presentado aquí a la dinámica de otras
revoluciones? En verdad no existe una respuesta sencilla a esta pregunta. Algunas de las vertientes argumentativas aisladas aquí, en especial aquellas de naturaleza psicológica, podrían
parecer comunes a muchos momentos revolucionarios. La propensión a una actitud obsesiva en torno a la conspiración y la oleada de cuestionamientos a la autoridad son fenómenos visibles en casi toda revolución importante. Otros elementos de la experiencia francesa
parecerían mucho más relacionados a la especificidad de la situación en 1789, a la personalidad de Luis XVI y a las estructuras políticas y sociales particulares, así como al orden
internacional a finales del siglo XVIII. Pero también parecería claro que la Revolución
Francesa fue significativamente distinta de todas las otras revoluciones que ocurrieron en el
mundo en los siglos XIX y XX precisamente porque, en 1789, no había un programa aceptado o un guión para entender lo que sucedía o para predecir lo que vendría. De ahí en
adelante, la gran revolución proveería ella misma un paradigma inevitable que afectaría las
anticipaciones, el «imaginario», y las ideologías de casi todos los revolucionarios que le
siguieron.
45. Arno J. MAYER. The furies… [6], p. 541. La frase es citada del texto de Marx y Engels «El Estado Alemán».
40
La Revolución Haitiana,
1789-1804
JOHANNA VON GRAFENSTEIN*
D
esde fines del siglo XVII, la porción occidental de la isla de Santo Domingo, reconocida en el Tratado de Ryswick de 1697 como posesión francesa, inició su desarrollo
como colonia de plantación tropical hasta convertirse, hacia los años ochenta del siglo
XVIII, en la colonia de plantación más importante de su tiempo. Enormes intereses económicos se concentraban en el pequeño territorio1, sobre todo en sus 793 plantaciones de
azúcar, pero también en las 3.117 fincas de café, 3.150 plantaciones de añil, 789 plantaciones de algodón y 50 plantaciones de cacao2. En 1788, 465 barcos zarparon de los puertos del Atlántico francés hacia la isla y otros tantos regresaban cargados con los productos
mencionados3. La población esclava, motor de la expansión económica de la colonia, creció de 47.528 en 17204 a 450.000 en 1789, según estimaciones conservadoras5. Las reexportaciones en toda Europa de los productos coloniales aseguraban a Francia una balanza
de pagos positiva6. Sobre todo el desarrollo de los puertos del Atlántico, El Havre, Burdeos,
La Rochelle, Rouen y Nantes, estaba íntimamente ligado al comercio con Saint-Domingue
* Una versión anterior de este trabajo se publicó en Argentina en la revista: Taller (Buenos Aires). 7/20 (abril 2003),
p. 182-208.
1. El Santo Domingo francés o Saint-Domingue, nombre bajo el cual se conocía la colonia, ocupaba una tercera parte de la isla con 27.000 Km2, mientras que la llamada parte este seguía perteneciendo a la Corona española.
2. Estas cifras, que da Moreau de St Méry, han sido reproducidas en gran parte de la bibliografía especializada.
Moreau de SAINT-MÉRY. Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie francaise de
l île Saint-Domingue. Paris: Société de l Histoire des Colonies Francaises, 1958, I, p. 35 (1ª ed. en 1797).
3. Patrick VILLIERS. «The slave and colonial trade in France just before the Revolution». En: Barbara Solow. Slavery
and the rise of the Atlantic system. Cambridge: Cambridge University Press, Dubois Institute for Afro-American
Research, Harvard University Press, 1991, p. 224.
4. Durante las cuarenta décadas anteriores, que corresponden al surgimiento de la economía de plantación basada en el añil y el azúcar, la población esclava había aumentado veinte veces. Cifras citadas en Johanna von G RAFENSTEIN. Haití, una historia breve. México: Alianza Editorial, Instituto Mora, Universidad de Guadalajara,
1989, p. 23.
5. Moreau de SAINT-MÉRY. Description…[2], I, p. 28-29.
6. Fernand BRAUDEL; Ernest LABROUSSE. Histoire économique et sociale de la France. Paris: Presses Universitaire de
France, 1970, II, p. 507.
41
JOHANNA VON GRAFENSTEIN
y a la trata7, oscuro corolario del esquema económico imperante8. Pero no sólo la metrópoli se beneficiaba de su enorme potencial productivo, también otras potencias y sus colonias participaban en el comercio con la llamada perla de las Antillas, sobre todo vía comercio de contrabando. Comparado con el sistema comercial español, el francés era menos
rígido, pero no tan abierto como lo hubieran deseado los colonos-plantadores de las posesiones de Francia en el Caribe9. Descripciones de viajeros de la época no dejan duda sobre
la dependencia de aquellos del gran capital comercial de los puertos franceses, las exacciones del fisco y en general la subordinación de sus intereses a los de la metrópoli, representada por una burocracia arrogante e ineficiente.
No todos los propietarios en Saint-Domingue eran blancos, había entre ellos un buen
número de gentes de color, es decir, hijos de las no infrecuentes uniones entre amos y mujeres esclavas. La terminología racista de la época establecía diferencias entre las personas con
diferente grado de sangre africana. Se hablaba de los mamelucos, mestizos, tercerones, cuarterones, mulatos, marabúes, griffes, sacatras…10. Los integrantes de este grupo, denominados genéricamente como gente de color, alcanzaban con relativa facilidad la libertad y
a menudo se convertían en administradores o aun propietarios de importantes plantaciones11. Sobre todo en el montañoso sur de la isla, donde predominaba el cultivo del café, la
mayoría de los finqueros era gente de color. Según una estimación aceptado por la mayoría de los especialistas, los mulatos o también libertos12 poseían la cuarta parte de las tierras
cultivables de la colonia y una tercera parte de los esclavos.
7. En los años sesenta del siglo XVIII, Saint-Domingue necesitaba al año 15.000 esclavos de nueva importación para
mantener un nivel adecuado de mano de obra. Dos décadas después, las importaciones anuales subieron a alrededor
de 20.000, Hugh THOMAS. The slave trade. The history of the Atlantic slave trade, 1440-1870. London: Papermac,
1998, p. 277, y Patrick VILLIERS. «The slave and colonial trade…» [3], p. 229; ver también el estudio clásico de
Gaston MARTIN. Histoire de l esclavage dans les colonies francaises. Paris: Presses Universitaires de France, 1948
(Études coloniales; 1).
8. En mucho menor medida participaban las demás posesiones francesas del Caribe en el comercio colonial, que eran
las islas Guadalupe, Martinica, Santa Lucía, Tobago y la Guyana francesa en el continente suramericano.
9. El comercio colonial francés fue regido por el principio del llamado exclusif (monopolio), es decir, sólo estaba permitida la salida de barcos de puertos franceses rumbo a las colonias, las mercancías tenían que transportarse en
embarcaciones nacionales y éstas debían tripularse con súbditos franceses. En los años sesenta del siglo XVIII se
introdujo lo que se llamó el exclusif mitigé, al abrirse varios puertos de las islas al comercio con extranjeros, sobre
todo con el objetivo de fomentar desde allí la exportación de manufacturas francesas a las posesiones españolas.
En cuanto a los productos coloniales, sólo se autorizaba la exportación de los llamados productos secundarios,
como las melazas y el aguardiente de caña (tafia), a cambio de maderas y víveres. Véase Jean MEYER (y otros). Histoire de la France coloniale, des origines à 1914. Paris: Armand Colin, 1991, I, p. 248-301.
10. El primero de esta absurda escala tenía una parte de «sangre negra» por 31 partes de «sangre blanca», aumentando y disminuyendo las dos partes hasta invertirse la relación para el último de la escala que era el sacatra.
11. Hasta los años setenta del siglo XVIII, la legislación concerniente a estos grupos era relativamente benigna y se
debía en gran parte al miedo que sentían los blancos frente a la inmensa mayoría de los esclavos negros. Si tomamos las cifras de Moreau de Saint-Méry como base, había 11 esclavos negros por habitante blanco en los años
ochenta. Este autor calculaba la población blanca en 40.000 y la de los libertos en 28.000.
12. Utilizamos en este trabajo como sinónimos los nombres de gente de color, mulatos y libertos, aunque, como apuntamos, los segundos eran sólo una parte, bien que mayoritaria, del primer conjunto. A diferencia de las dos primeras denominaciones, la tercera hace alusión a la situación jurídica de las personas; es decir, se trataba de individuos que por su color deberían estar en la categoría de esclavos pero que, por manumisión o compra, habían
obtenido la libertad.
42
LA REVOLUCIÓN HAITIANA, 1789-1804
En vísperas de la revolución, la pirámide social de la colonia Saint-Domingue mostraba la siguiente estructura: en la cúspide se encontraban los representantes del gran
comercio metropolitano, la alta burocracia, el alto clero y los grandes propietarios –algunos de estos últimos vivían en Francia de las rentas que les daban sus plantaciones, administradas por los llamados ecónomos y gerentes; en una posición algo inferior, por su
dependencia financiera y subordinación administrativa, se ubicaban los propietarios residentes en la colonia, blancos y gente de color. En una escala intermedia tenemos los
múltiples artesanos, algunos profesionistas como médicos y juristas; los comerciantes
medios, así como los empleados de los grandes comerciantes y comisionistas; los administradores y escribanos de las plantaciones y fincas, todos ellos blancos y gente de color.
Muy abajo en este grupo había un número grande de blancos empobrecidos, a menudo
sin empleo fijo, comerciantes ambulantes o pequeños empleados. Se trataba en parte de
los descendientes de inmigrantes europeos que habían llegado a la isla en la segunda
mitad del siglo XVII como contratados, o «treintayseismeses» ya que se comprometían
a trabajar para los plantadores locales, durante tres años sin percibir sueldo y a cambio
obtenían en propiedad, al finalizar el contrato, una parcela de tierra. Un número importante de esos llamados «pequeños blancos»13 era de inmigración reciente. Girod de
Chantrans, agudo observador coetáneo de la sociedad colonial de Saint-Domingue, estimaba que anualmente llegaban cerca de 500 personas de la metrópoli que buscaban
hacer fortuna en la colonia, pero que sólo había empleo para la mitad de ellos 14. Finalmente encontramos a la gran mayoría de la población en el sector esclavo, de origen africano, con un porcentaje alto de reciente importación, los llamados bozales, y un porcentaje más pequeño de esclavos criollos.
Antes de describir muy sucintamente las diferentes etapas del proceso de independencia, objetivo del segundo inciso de este ensayo, quisiera dejar claro que las inmensas
contradicciones –que existían entre y dentro de los diferentes grupos sociales que acabamos de enumerar– habían llevado a muestras de descontento, resistencia y rebelión,
mucho antes de la inexorable movilización social que se desencadenó a partir de 1789.
Con respecto a los colonos-plantadores, se conocen dos coyunturas en las que éstos se
enfrentaron, con las armas en la mano, al aparato burocrático-militar y a las imposiciones en materia administrativa y comercial de la metrópoli. Los abusos de la compañía
comercial de John Law fueron la causa de la primera de las rebeliones en 1722-1723. El
segundo intento de sustraerse al dominio metropolitano se dio en 1768. También en esa
ocasión, la Corona francesa sólo logró sofocar las protestas e intento de autogobierno
después de una serie de enfrentamientos militares 15.
13. La expresión era común en la época y provenía del lenguaje de los esclavos que distinguían así a los blancos pobres
de los grandes propietarios, comerciantes y funcionarios, llamados «grandes blancos».
14. Justin GIROD DE CHANTRANS. Voyage d'un suisse dans différentes colonies d'Amérique. Paris: Tallandier, Bibliothèque Géographia, 1980, p. 180.
15. Ver Charles FROSTIN. Les révoltes blanches à Saint-Domingue au XVVe et XVIIIe siècles. Paris: Ecole, 1975.
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JOHANNA VON GRAFENSTEIN
En cuanto a los esclavos, se conocen diferentes formas de resistencia que éstos
desarrollaron desde su captura en África. Se tienen noticias de estallidos de revueltas,
pero también de frecuentes suicidios en las factorías, instaladas en las costas occidentales de ese continente para la reunión y venta de las llamadas «piezas de Indias», o aun
durante la travesía hacía América. Una vez incorporados a las escuadrillas de trabajo en
las plantaciones americanas, encontraban formas nuevas de adaptarse y de resistir a su
entorno hostil, explotador y a menudo cruel. A pesar de las condiciones muchas veces
en extremo adversas lograron desarrollar prácticas que les dieron cierta identidad
común y les permitían conservar algunas manifestaciones de su cultura original, como
ritos religiosos, bailes, formas de vestir, técnicas de cultivo (en las parcelas que tenían
a su disposición para la producción de hortalizas) y pesca. No tan exitosos parecían ser
sus intentos de trabajar con un ritmo más lento que el exigido por el capataz, una forma de resistencia que los plantadores calificaban de pereza y desinterés, inherentes al
africano. A pesar de las innumerables quejas de los propietarios sobre la falta de presteza y dedicación de sus esclavos en sus labores, las altas tasas de mortandad y la corta
esperanza de vida de éstos indican que fueron sometidos a ritmos de trabajo excesivos16, si bien puede haber ejemplos individuales de un mejor trato y menores cargas
laborales. Como es sabido, los esclavos más explotados eran los del campo, mientras que
los sirvientes domésticos y aquéllos que lograron aprender algún oficio o desempeñaban
trabajos de confianza, estaban menos expuestos a jornadas extenuantes y malos tratos17.
Un aspecto importante de la cultura de resistencia desarrollada por los esclavos es
el fenómeno del cimarronaje que constituye –junto con las rebeliones– el más alto
rechazo a la opresión sufrida. Escondidos en lugares poco accesibles, los esclavos fugitivos,
los cimarrones, lograron en ocasiones crear pequeñas comunidades estables; se dedicaban a la agricultura de subsistencia y a la caza, al mismo tiempo que emprendieron asaltos
a las plantaciones cercanas para robar alimentos, animales e instrumentos de trabajo,
aunque preferían no exponerse al peligro de caer en manos de la maréchaussée, el cuerpo
policial encargado de su persecución18.
16. Muchos plantadores sostenían que era más conveniente sobreexplotar al esclavo durante unos pocos años y sustituirlo, en lugar de darle mejor trato y aumentar su «vida útil» que en promedio era menor a los 10 años.
17. La literatura sobre las diferentes formas de resistencia de los esclavos para el Caribe en general es muy amplia, aquí
únicamente quisiera llamar la atención sobre algunos trabajos que contienen estudios específicos. Muy útil es el
student reader de Verene SHEPHERD; Hilary MCD. BECKLES (eds.). Caribbean slavery in the Atlantic world. Kingston,
Oxford, Princeton: Ian Randle Publishers, James Currey Publishers, Marcus Wiener Publishers, 2000; Franklin
KNIGHT (ed.). The slave societies of the Caribbean. London: UNESCO, 1997 (General History of the Caribbean;
3); un trabajo reciente, traducido al español es Steeve O. BUCKRIDGE. «La vestimenta como elemento de resistencia social en el Caribe». En: Johanna von Grafenstein; Laura Muñoz (eds.). El Caribe: región, frontera y relaciones
internacionales. México: Instituto Mora, 2000, II, p. 141-159.
18. Estudios clásicos sobre el cimarronaje en Saint-Domingue y las islas francesas son: Gabriel DEBIEN. «Le Marronage aux Antilles Francaises au XVIIIe siècle». Caribbean Studies (Río Piedras). 6/ 6-3 (1966), p. 3-43; Jean FOUCHARD. Les marrons du syllabaire. Port-au-Prince: Imp. Deschamps, 1953. Jean FOUCHARD. Les marrons de la liberté.
Paris: École, 1972.
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LA REVOLUCIÓN HAITIANA, 1789-1804
Etapas y actores de la revolución
A partir de 178819, con la convocatoria de los Estados Generales para agosto del año
siguiente, la gente de color libre, los grandes y pequeños blancos de Saint-Domingue no
sólo siguieron los acontecimientos de la metrópoli con gran interés, sino pronto tomaron
partido y se involucraron en el proceso, con el fin de alcanzar el cumplimiento de antiguas
aspiraciones u obtener soluciones a problemas concretos que los aquejaban en la colonia.
En París se formó en el año citado la Sociedad de Amigos de los Negros, a la que se
adherirán importantes figuras de los libertos, residentes en la metrópoli, pero también revolucionarios franceses como Brissot, Mirabeau, Condorcet y La Fayette, entre otros. Un primer objetivo de esta asociación era la abolición de la trata, pero en la medida en que avanzaba la discusión sobre los derechos políticos y civiles de los mulatos, y se hacía patente que
los grandes blancos de las colonias no estaban dispuestos a compartir sus privilegios, las actividades de la Sociedad se centraron en la lucha por obtener la igualdad jurídica de la gente
de color libre.
Los propietarios blancos, por otra parte, buscaron la colocación de representantes
suyos en los Estados Generales cuya apertura tuvo lugar en mayo de 1789. Para ello se
constituyeron tres asambleas en Saint-Domingue, correspondientes a las tres provincias
Norte, Oeste y Sur. Estos nuevos cuerpos de representación eligieron 37 diputados que
deberían defender los intereses de los colonos-plantadores en París. Sin embargo, al convertirse en junio los Estados Generales en Asamblea Nacional, y un mes después en Asamblea Nacional Constituyente, el número de representantes quedó reducido a seis. Ambos
grupos de presión, colonos blancos y propietarios de color, elaboraron «cuadernos de quejas» en los que exponían sus reivindicaciones. Los primeros crearon, además, la Sociedad
19. Nos basamos para la siguiente síntesis en una serie de investigaciones consideradas básicas para el estudio de la
revolución, además de algunos trabajo propios: Aimé CÉSAIRE. Tossaint Louverture. La Révolution francaise et le
problème colonial. Paris: Présence Afrciaine, 1961; Étienne CHARLES. Apercu sur la formation historique de la nation
haïtienne. Port-au-Prince: Les Presses libres, 1954; Michel Emilio CORDERO. La Revolución Haitiana y Santo
Domingo. Santo Domingo: Editora Nacional, 1968; Carolyn E. FICK. The making of Haiti: the Saint Domingue
revolution from below. Knoxville: The University of Tennessee Press, 1990; José Luciano FRANCO. La batalla por
el dominio del Caribe y el Golfo de México. Vol. 2. Revoluciones y conflictos internacionales en el Caribe, 1789-1854.
La Habana: Academia de las Ciencias, 1964; Torcuato S. di TELLA La rebelión de esclavos de Haití. Buenos Aires:
Ediciones del Ides, 1984; Michel HECTOR (ed.). La Revolution francaise et Haït: filiations, ruptures, nouvelles
dimensions. Puerto Príncipe: Henri Deschamps y Société Haïtienne d Histoire et de Géographie, 1995, 2 v.; C. L.
R. JAMES. The Black Jacobins. Nueva York: Vintage Books, 1963; Thomas OTT. The Haitian Revolution 17891804. Knoxville: The University of Tennessee Press, 1970; Rayford LOGAN. The diplomatic relations of the United
States with Haiti, 1776-1891. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1941; Pierre PLUCHON. Toussaint Louverture. Un révolutionnaire noir d`Ancien Régime. Paris: Fayard, 1989; Gérard Pierre CHARLES. «Visión
contemporánea de Toussaint Louverture». Cuadernos Americanos (México). 35/5 (1992), p. 43-68; Franklin W.
KNIGHT. «The Haitian Revolution». American Historical Review (Washigton). 105/1 (2000), p. 103-115; Johanna von GRAFENSTEIN GAREIS. «Dessalines, fundador de la nación haitiana». Secuencia (México). 5 (1986), p. 112122; Johanna von GRAFENSTEIN GAREIS. «Las asambleas revolucionarias de Francia frente a la Revolución Haitiana (1789-1794)». Revista A (México). IX/27 (1989), p. 59-66; Johanna von GRAFENSTEIN GAREIS. «La Revolución
Francesa y Haití: el «jacobinismo negro» de Toussaint Louverture». Anuario Latinoamérica (México). 26 (1993),
p. 95-109.
45
JOHANNA VON GRAFENSTEIN
Correspondiente de los Colonos Franceses, comúnmente conocido como Club Massiac,
según el nombre del palacio donde se reunían, y los segundos conformaron la Sociedad de
Colonos Americanos. Mientras tanto, en Saint-Domingue los pequeños blancos, que se
autodenominan patriotas, constituyeron en abril de 1790 la Asamblea General en SaintMarc, puerto el oeste de la isla. Sin autorización de la metrópoli, la Asamblea tomó una
serie de medidas encaminadas a darle autonomía a la colonia en muchos aspectos: abrió
los puertos de la colonia a barcos extranjeros, licenció las tropas francesas y las reemplazó
por guardias nacionales a sueldo de la Asamblea. El radicalismo de los patriotas alarmó
tanto a los grandes blancos, como a la Asamblea Nacional Constituyente que mandó dispersar el grupo de Saint-Marc en octubre. En su lugar se eligió una nueva asamblea colonial, dominada por los colonos-plantadores.
Mientras que los grandes blancos buscaban mayor injerencia en la política colonial,
en defensa de sus intereses, y los blancos patriotas de la colonia trataban de debilitar la burocracia civil y militar, la gente de color libre prosiguió en la metrópoli en su lucha por la
igualdad política. Varios decretos e instrucciones emitidos por la Asamblea Nacional Constituyente son importantes: los del 8 y 28 de marzo de 1790 establecieron que todos los propietarios mayores de 25 años podrían participar en la elección de las asambleas coloniales,
pero no especificaron si los mulatos libres estaban comprendidos. Dos destacados miembros de este sector, Vincent Ogé y Jean Baptiste Chavannes –el primero de ellos regresó
clandestinamente de Francia a la colonia– exigieron al gobernador Peynier la aplicación del
decreto y de la instrucción de marzo incluyendo a los libertos. Al encontrar una negativa
rotunda a sus peticiones, iniciaron una revuelta armada en la provincia del Norte, pero una
represión feroz por las tropas de gobernador los hizo huir a la parte este de la isla de donde fueron extraditados y ejecutados cruelmente en febrero de 1791. Un nuevo decreto, emitido el 15 de mayo de ese año, declaraba que los hijos de los mulatos libres gozaban de todos
los derechos civiles. Sin embargo, el 24 de septiembre, bajo el impacto del estallido de la
rebelión esclava en el norte de Saint-Domingue, el decreto fue revocado y se dejó expresamente toda legislación interna en manos de las asambleas coloniales, es decir, de los grandes blancos que dominaban en ellas20.
Paralelamente a la legislación tímida y poco consistente a favor de la población mulata de las colonias, estalló en el oeste del Santo Domingo francés una sangrienta guerra civil
entre la gente de color libre, los pequeños y grandes blancos. Es necesario llamar aquí la
atención sobre el hecho de que la situación social en el oeste era muy diferente al norte,
zona en la que los esclavos en rebelión dominaron muy pronto los acontecimientos y había
muy pocos mulatos libres con intereses de grupo propios. En cambio, en la provincia del
Oeste, donde se ubicaba la capital Puerto Príncipe, gente de color y negros libres eran numérica y políticamente importantes; también era notorio el peso de los pequeños blancos, los
autonombrados patriotas con sus actitudes virulentamente racistas y aspiraciones autonomistas,
20. En esta decisión de la Asamblea Nacional francesa tuvieron mucho que ver los representantes de los grandes puertos. Argumentaron que fue la adopción del decreto de 15 de mayo lo que provocó los desórdenes en la colonia.
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LA REVOLUCIÓN HAITIANA, 1789-1804
que mencionamos más arriba. Había también un número importante de grandes plantadores
blancos, «opulentos, contrarrevolucionarios y conservadores»21. Los esclavos de esta región,
por otra parte, no habían tomado aún las armas, en defensa de sus intereses propios, sino más
bien eran utilizados por los anteriores grupos para combatir a sus respectivos enemigos.
Después de la muerte de Ogé y Chavannes los mulatos y negros libres del oeste tomaron como bandera de lucha la obtención de su igualdad jurídica. En Mirebalais organizaron una asamblea liderada por Pierre Pinchinat, educado como muchos de su casta en Francia y con talentos político-militares remarcables. En Puerto Príncipe se les unió otro grupo
bajo el liderazgo de Beauvais y en el Sur contaron con el apoyo de André Rigaud
y su
gente. Otro de los líderes importantes era el negro libre Lambert, nacido en Martinica, que
fue nombrado segundo en el comando de las fuerzas del Oeste. Estas tropas confederadas
tuvieron un apoyo importante en unos 300 esclavos armados de la región de Cul de Sac
que se conocían como los suizos. A las fuerzas militares mulatas y negras se enfrentó en septiembre de 1791 un ejército compuesto por marineros, aventureros mercenarios y otros
desclasados blancos de Puerto Príncipe, fácilmente derrotados por los primeros. A estas
alturas de los acontecimientos entró en acción un plantador conservador, Hanus de Jumécourt, opuesto a los blancos patriotas que estaban controlando la capital. Celebró con los
confederados un concordato (7 de septiembre) que debía garantizar la aplicación del decreto
del 15 de mayo pasado. En un segundo acuerdo, firmado por los confederados y la municipalidad de Puerto Príncipe el 11 de septiembre, se ampliaba el contenido de esta disposición a todos los mulatos y negros libres (sin la condición de fueran hijos de padres libres).
Las alianzas anteriores se explican por la aversión que tenían los grandes blancos a los blancos
patriotas y por el temor a un levantamiento generalizado de los esclavos que cada día empezaban a estar más inquietos e insumisos. En esta situación los propietarios blancos juzgaban
esencial el apoyo de la gente de color libre. Según los acuerdos mencionados, los mulatos y
negros libres tenían que estar representados en todas las asambleas coloniales, se anularían
todas las sentencias y prohibiciones en su contra y se les concedería libertad de prensa. Un
tercer acuerdo entre las fuerzas confederadas y los blancos de las 14 parroquias de la provincia del Oeste, fue firmado finalmente el 17 de octubre. Todos los cuerpos civiles y militares de elección tenían que ser renovados para que fueran incluidos mulatos y negros libres.
Se preparaba el envío del documento a la Asamblea Nacional para su aprobación y al rey
para su sanción. Este tercer concordato implicaba sin embargo la ominosa decisión, a pesar
de la oposición por parte algunos líderes mulatos, de deshacerse del Regimiento de los Suizos que habían sido clave en varios de los enfrentamientos entre la gente de color y los
pequeños blancos. Después de algunas hesitaciones, 280 de los 300 esclavos armados fueron asesinados cruelmente. Los mulatos que habían accedido a abandonar a sus aliados
negros en aras de lograr un pacto con los pequeños blancos, pronto tuvieron que arrepentirse, ya que éstos sólo habían firmado el acuerdo para ganar tiempo y en la primera ocasión
21. Carolyn E. FICK. The Making of Haití… [19], p. 118.
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JOHANNA VON GRAFENSTEIN
reanudaron las hostilidades. La noticia de que el decreto del 15 de mayo había sido revocado por la Asamblea Legislativa el 24 de septiembre, como mencionamos arriba, reforzó
sus planes. En noviembre lograron provocar a un enviado de los confederados y armaron
una trifulca en Puerto Príncipe que terminó con la derrota de los mulatos. A la mañana
siguiente estalló un incendio en la capital que destruyó prácticamente todas las opulentas
casas comerciales en la calle de los Capitanes y gran parte de la ciudad. Con estos sucesos,
los concordatos quedaron sin efecto, y el conflicto entre mulatos y blancos se convirtió en
una abierta guerra civil que alcanzó también otras ciudades como Léogane y Jacmel y en la
que ya estaban participando abiertamente los esclavos de las plantaciones de la región.
Como anotamos, en medio de las intensas y exacerbadas luchas entre los libertos,
grandes y pequeños blancos, irrumpió en agosto de 1791 la gran rebelión de los esclavos en
la planicie del norte de la colonia. Vimos cómo esta terrible sacudida del sistema de explotación vigente impactó en la política colonial de la Asamblea Nacional francesa, así como en las
luchas entre los sectores mencionados en la colonia. En las siguientes páginas nos concentraremos en el análisis de la actuación de las masas esclavas y de sus líderes; distinguiremos, para
mayor claridad de la exposición, diferentes etapas, que se podrían resumir como sigue: la lucha
por la libertad, que se conquista en agosto de 1793 de facto y en abril del año siguiente de jure;
el reordenamiento de las fuerzas político-militares, sociales y económicas durante los años
1794 a 1802, bajo la égida de Toussaint Louverture y, finalmente, la etapa de la guerra de
independencia, a partir del intento emprendido por Napoleón Bonaparte, de recuperar el
control de la colonia y de restaurar el statu quo ante, al enviar en enero de 1802 un ejército de 20.000 hombres, bajo el mando de su cuñado Victor Immanuel Leclerc.
La lucha por la libertad (1791-1794)
El estallido de la revolución de agosto de 1791 fue el resultado de una cuidadosa preparación e inteligente coordinación por alrededor de 200 esclavos, muchos de ellos ocupaban
posiciones de confianza y tenían influencia y autoridad sobre las masas subordinadas a sus
órdenes. Después de meses de reuniones clandestinas, dichos representantes se encontraron
el 14 de agosto en la plantación Lenormand en Morne-Rouge en la que se fijó el día del
inicio de la rebelión para el 22 de agosto. Esta reunión de carácter más bien político fue
seguida por un ritual vudú que se llevó a cabo en el cercano bosque Caimán. En medio de
una tormenta, los participantes celebraron un pacto de sangre y escucharon el apasionante
discurso de uno de los grandes líderes, Boukman Dutty, quien exhortaba a los presentes
a tomar las armas en venganza de los crímenes cometidos por los blancos y «escuchar la voz
de la libertad que está en los corazones de todos nosotros»22.
22. Carolyn Fick ha estudiado estos acontecimientos que se han vuelto leyenda, para demostrar que efectivamente el
vudú fue un elemento importante de cohesión en los momentos iniciales de la revolución, y que también había
una participación notable de cimarrones.
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LA REVOLUCIÓN HAITIANA, 1789-1804
Gracias a la disciplina y el hermetismo que se había logrado guardar –sólo hubo un
estallido prematuro en los días entre el 14 y 22 de agosto que hubiera podio representar
un peligro– se obtuvo el deseado efecto de sorpresa. La rebelión se propagó como un gigantesco fuego por las plantaciones de la planicie; al cabo de ocho días los eslavos habían destruido siete parroquias y 184 plantaciones de azúcar, en menos de un mes el número
aumentó a 200 a las que se deben añadir 1.200 de café. En septiembre todas las plantaciones en un radio de 50 millas alrededor del puerto de El Cabo estaban en ruinas. También
el número de esclavos rebeldes aumentó espectacularmente. Se estima que sumaban unos
mil o mil quinientos en los primeros días y que aumentaron a diez mil en sólo cinco días23.
Esta primera fase de la revolución fue liderada por el mencionado Boukman24, Jean-Francois, Georges Biassou y Jeannot Bullett. El futuro Toussaint Louverture estaba en contacto con los rebeldes desde el inicio, sin embargo, el primer documento que contiene su firma, data de diciembre de 1791.
¿Qué medidas fueron tomadas en la metrópoli para frenar la destrucción y guerra civil
en su colonia más rica? Un primer paso fue el envío de una comisión de pacificación, en
noviembre de 1791, cuyos intentos de intervenir en los acontecimientos fracasaron del
todo. En segundo lugar, se decidió en la Asamblea Nacional (Legislativa desde septiembre
de 1791) otorgar plenos derechos políticos a la gente de color libre para acabar con la guerra civil en las provincias del Oeste y Sur y propiciar una alianza entre propietarios blancos
y mulatos. Este decreto definitivo sobre el estatus político de estos últimos se dio el 4 de
abril de 1792. En septiembre del mismo año llegó a la colonia una segunda delegación,
integrada por los comisarios Sonthonax, Polverel y Ailhaud, encargada de aplicar la disposición legislativa. El curso que tomaron los acontecimientos en la metrópoli y las repercusiones que tuvieron en Saint-Domingue, dieron a los enviados de la Asamblea Nacional un
papel protagónico en la isla. La proclamación de la República, la detención del rey y su ejecución en enero de 1793 desataron una guerra internacional, en la que las monarquías europeas combatieron a la Francia republicana. Al igual que otros conflictos bélicos europeos
del siglo XVIII, la llamada Primera Guerra de Coalición tuvo sus escenarios en el Caribe.
Saint-Domingue fue invadido por fuerzas militares españolas e inglesas que ocuparon territorios en el noreste, oeste y sur.
Al mismo tiempo, se produjo una despiadada lucha por el control de la colonia, en la
que se enfrentaron los tradicionales detentores del poder político, militar y económico y los
comisarios republicanos que se apoyaban mayormente en la gente de color. Thomas Ott
sostiene que Sonthonax, quien asumió el liderazgo en la comisión, cometió un grave error
al combatir sin consideración a los blancos a los que, bajo el argumento de que representaban a los realistas, mandaba a asesinar o expulsaba de la colonia25. La lucha entró en una
23. Carolyn E. FICK. The Making of Haití… [19], p. 105.
24. Boukman era sacerdote de vudú, había sido commandeur y luego cochero en la plantación Clément, una de las primeras destruidas por las llamas; Carolyn E. FICK. The Making of Haití…[19], p. 92.
25. Thomas OTT. The Haitian Revolution… [19], p. 65-68.
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JOHANNA VON GRAFENSTEIN
fase decisiva al llegar en mayo de 1793 el nuevo gobernador. Después de un mes de enfrentamientos, Sonthonax logró expulsar a Galbaud, quien abandonó la noche del 23 al 24 de
junio el puerto de El Cabo rumbo a Baltimore, con lo quedaba de la flota francesa y con
miles de blancos a bordo. Esta victoria de los republicanos sólo fue posible gracias al apoyo de los insurgentes negros de los alrededores del puerto que el comisario se vio obligado
a llamar en su auxilio en un momento en que las fuerzas de Galbaud parecían imponerse.
A cambio, Sonthonax prometió la libertad a los combatientes, una concesión que se transformó en libertad general, proclamada el 29 de agosto en la provincia del Norte y en septiembre en las del Oeste y Sur. El 4 de febrero siguiente la Convención declarará la abolición de la esclavitud en todas las colonias francesas.
A pesar de la victoria obtenida sobre los blancos, el poder de Sonthonax se encontraba amenazado por los ejércitos invasores de España e Inglaterra26. Entre septiembre de
1793 y junio del año siguiente los ingleses ocuparon importantes puntos en la península del
sur y en el oeste (Jérémie y sus alrededores, Arcahaye, Saint-Marc y la capital Puerto Príncipe) en el noroeste se apoderaron del puerto de aguas profundas, Môle Saint-Nicolas. Los
españoles, en cambio, controlaban gran parte del norte y este; entre sus filas se encontraban
varios jefes militares negros con sus tropas, como Biassou, Jean Francois y Toussaint Louverture que habían atendido a las promesas de obtener importantes rangos militares, si
combatían en nombre del rey de España. Pocos meses después de la abolición de la esclavitud, Toussaint regresó a las filas republicanas, motivado sin duda por esta gran victoria,
pero también por consideraciones de su carrera político-militar personal que se veía obstruida por su subordinación a Biassou.
El orden louverturiano (1794-1802)
Los siguientes ocho años del proceso revolucionario estuvieron marcados por la presencia
de este gran líder, cuyos talentos como político y estratega militar son resaltados por igual
en las obras de observadores coetáneos como por los historiadores. Toussaint había vivido
más de treinta años en la esclavitud, aunque en condiciones relativamente benignas. Había
sido cochero o cuidador de animales, como afirman algunas fuentes, en la plantación Breda,
cerca del Cabo Francois, propiedad del conde de Noé, pero a cargo de Baillon de Libertat.
En 1776, a los 33 años, obtuvo la libertad. También se sabe que en 1779 rentó a su suegro,
también liberto y tal vez mulato, un terreno de 15 hectáreas con 12 esclavos. Toussaint sabía
leer y escribir, aunque de manera imperfecta.
26. La decisión de Gran Bretaña de intervenir en Saint-Domingue respondía a una estrategia general para el Caribe.
Como en otros conflictos del siglo XVIII, se trataba apoderarse de las posesiones franceses (efectivamente, tropas
inglesas lograron tomar Martinica, Guadalupe, Santa Lucía y Tobago) con el fin de encontrarse en una posición
ventajosa a la hora de los tratados de paz. Con la invasión de Saint-Domingue se quería además frustrar cualquier
ataque a Jamaica, al mismo tiempo que se quería evitar el «contagio» de la colonia propia por la insurrección que
estaba devastando a la posesión vecina.
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LA REVOLUCIÓN HAITIANA, 1789-1804
Con su participación en las tropas de los republicanos, bajo el comando del gobernador Laveaux, la suerte militar de éstas cambió. Toussaint logró varias victorias contundentes en contra de los españoles, mientras que el líder mulato André Rigaud combatía a los
ingleses. Paralelamente a la lucha en contra de los invasores externos –España se retiró de
la Coalición en 1795 con el tratado de Basilea por medio del cual cedió también a Francia
la parte este de la isla de Santo Domingo– Toussaint buscaba la hegemonía interna en la
colonia. Al salvar al gobernador de una intriga perpetrada en su contra por el mulato Villate, Louverture obtuvo como compensación el cargo de teniente de gobernador con grandes
facultades de mando sobre las tropas. En octubre de 1796, decidió deshacerse de la presencia de Laveaux al convencerlo de representar a la colonia en el Consejo de los Quinientos, establecido en la Constitución francesa del año III. Por otra parte, Sonthonax, quien
había regresado a Saint-Domingue en mayo de 1796, como miembro de la tercera comisión civil, no logró imponer su proyecto de un país independiente y sin blancos, sino que
tuvo que regresar un año después para justificar sus acciones ante la legislatura francesa. De
esta manera, en la colonia sólo quedaba André Rigau como rival de Toussaint27. Los años
1797 y 1798 vieron a ambos combatir conjuntamente a los ingleses quienes optaron por
retirarse en agosto de 1798, según los acuerdos de Pointe Bourgeoise, celebrados por Toussaint y el comandante de las fuerzas inglesas, Maitland. Si bien a consecuencia de esta intervención militar Gran Bretaña sufrió grandes pérdidas –la historiografía habla de más de diez
millones de libras esterlinas y eventualmente 100.000 muertos28– en el tratado mencionado, se lograron también ventajas importantes. A cambio de la promesa de no volver a invadir Saint-Domingue, quedó asegurado el comercio con la colonia para Inglaterra y los Estados Unidos, al mismo tiempo que Toussaint se comprometía a no atacar a Jamaica.
Una cruenta guerra civil (1799-1800) en la que se enfrentaron Toussaint y Rigaud
–ambos secundados por un número importante de jefes militares29– y que vio salir victorioso al primero, dejó libre el camino para que el líder negro impusiera su «nuevo orden»
del que la incorporación de la parte este a la colonia y la promulgación de una constitución fueron elementos importantes. Biógrafos e historiadores coinciden en destacar la
amplia visión y la habilidad que demostró Toussaint como estadista en esta fase de reconstrucción y reorganización de la colonia. En cambio, ha sido materia de discusión la extrema
27. Las últimas dos autoridades francesas en la colonia, el agente especial, Hédouville y su sucesor Roume, no lograron, como era su encomienda, limitar el creciente poder del líder negro. El primero, después de intentar una serie
de intrigas en contra de Toussaint, tuvo que abandonar El Cabo precipitadamente en octubre de 1798, huyendo
de las masas que habían sido alarmadas por el rumor esparcido por Toussaint que el agente quería restablecer la
esclavitud. El segundo no fue más que un instrumento de la política casi independiente de Louverture.
28. Thomas OTT. The Haitian Revolution… [19], p. 93. Geggus juzga estas cifras excesivas. Según este autor, las pérdidas humanas, por muerte y deserción, de los ingleses no habrán sobrepasados los 20.000. Véase David. P. GEGGUS. Slavery, war, and revolution. The British ocupation of Saint-Domingue 1793-1798. Oxford: Clarendon Press,
1982, p. 383.
29. Se trata de Christophe, Dessalines y Moïse del lado de Toussaint; Pétion, y eventualmente Beauvais de Rigaud,
para nombrar sólo los más conocidos. En el estudio citado, Carolyn Fick realiza un análisis, a partir de documentación novedosa, sobre el papel de las masas negras y de color y sus líderes menos conocidos, que tuvieron un papel
importante en la última fase de la guerra de independencia, pero cuya actuación ha sido escasamente analizada.
51
JOHANNA VON GRAFENSTEIN
concentración de poder en sus manos. Autores como Aimé Césaire y Thomas Ott ven en
ella un factor limitante, que fue incluso la causa última de la fracasada resistencia a las tropas francesas, dirigida por Toussaint en 1802. Sobre todo Césaire insiste en que el comandante en jefe había perdido arraigo entre las masas y que la vida cotidiana sufría una deformación militar perniciosa30.
La constitución de 1801 sancionó el poder absoluto de Toussaint Louverture. Lo
nombró gobernador vitalicio con derecho a designar a su sucesor; le confirió la facultad de
nombrar a todos los empleados civiles y militares; le dio el comando sobre las fuerzas armadas así como la iniciativa legislativa. Por otra parte, el documento constituye un paso
importante en el camino hacia la autonomía de la colonia. Si bien la declaró «parte del
imperio francés», sentó las bases para un gobierno interno independiente que sólo proveía
la sanción a posteriori de sus leyes por el gobierno metropolitano.
Al tiempo que consolidaba su poder interno, Toussaint observaba con atención el
desarrollo político internacional y metropolitano. Los cambios de la política colonial de
Francia, presentes desde la instauración del Directorio, no habían pasado inadvertidos para
él. También el hecho de que el primer cónsul nunca le autorizó la ocupación del territorio
cedido en el este de la isla, mostró a Toussaint que se tenían reservas frente a él y que su
reconocimiento como comandante en jefe no era total. Por otra parte, para 1801, no contaba ya con el apoyo que le habían brindado Gran Bretaña y Estados Unidos, ambos en vías
de reconciliación con Napoleón Bonaparte, quien se encontraba en negociaciones para la
adquisición de la Luisiana, como primer paso para la construcción de un imperio colonial
americano, cuyo centro debería ser Saint-Domingue31. El peligro del envío de tropas por el
gobierno francés era cada vez mayor.
Las circunstancias mencionadas hicieron ver a Toussaint la necesidad de dar un fundamento jurídico a las conquistas obtenidas en los años anteriores por los esclavos liberados de Saint-Domingue. De ahí que se adjudicó la facultad de promulgar su Constitución
sin tomar en cuenta al gobierno francés; para éste el paso dado por el líder negro significó
una provocación abierta.
En cuanto a su contenido social, quedaron establecidas en la constitución louverturiana la abolición de la esclavitud y la ciudadanía francesa de los habitantes de la colonia, la
igualdad ante la ley y la posibilidad de acceder a todos los empleos sin consideración del
color de la piel. Es cierto que las Constituciones francesas de los años III y VIII (1795 y
1799) no introdujeron modificaciones en cuanto al estatus jurídico de la población negra
y de color en las colonias, sin embargo, la tendencia hacia un regreso al antiguo orden en
las posesiones antillanas era evidente. Hombres vinculados a la explotación colonial obtuvieron posiciones importantes en la administración francesa, al mismo tiempo que crecía el
30. Aimé CÉSAIRE. Tossaint Louverture…[19], p. 326; C. L. R. JAMES. The Black Jacobins…[19], p. 247; Thomas
OTT. The Haitian Revolution… [19], p. 134.
31. Véase sobre este tema el importante estudio de Dolores HERNÁNDEZ. La Revolución Haitiana y el fin de un sueño
colonial, 1791-1803. México: Centro Difusor y Coordinador de Estudios Latinoamericanos, UNAM, 1997.
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LA REVOLUCIÓN HAITIANA, 1789-1804
interés por revivir el comercio con las islas. Por ello, como acabamos de apuntar, Toussaint
buscaba crear un marco legal que fuera independiente de los posibles cambios en la política colonial metropolitana.
Notables fueron también los logros administrativos que alcanzó el gobernador durante el breve tiempo que controló toda la isla32: la dividió en seis departamentos, creó tribunales con sus diferentes instancias, reorganizó las finanzas públicas, unificó el sistema de
impuestos y se esforzó por abrir escuelas públicas.
Los éxitos más grandes que obtuvo se dieron, sin duda, en el campo de la producción.
Las cifras de exportación de azúcar, café y algodón alcanzadas en 1801, son tanto más sorprendentes cuanto habían decaído durante los años anteriores a niveles insignificantes: según
cálculos de Tadeusz Lepkowski, en 1794-1796 las exportaciones de azúcar alcanzaron sólo el
2,79% de la cantidad exportada en 1789; las de café el 6,51% y las de algodón el 1,54%. Para
1801, las exportaciones de azúcar, café y algodón se elevaron al 12,95%, el 56,51%, el 35%
para los respectivos productos, tomando también como punto de referencia las exportaciones de 1789 que habían de las más altas en toda la historia de Saint Domingue33.
Entre los factores que permitieron esta franca recuperación económica de la colonia,
después de casi una década de destrucción y abandono, habría que mencionar lo siguiente.
En primer lugar, siguiendo los reglamentos agrarios aplicados por los comisarios republicanos Sonthonax y Polverel en los años 1793 y 1794, Toussaint implantó no sólo un sistema de trabajo severo, sino represivo. La misma Constitución de 1801 organizó el trabajo agrícola; fijó el horario de labores entre las 5 a.m. y 5 p.m.; prohibió a los cultivadores
(como se llamaba a los esclavos liberados) abandonar, sin permiso expreso, la plantación
a la cual estaban adscritos; castigó la «vagancia», es decir a todo hombre que no estuviera
dedicado al cultivo o incorporado al Ejército. El artículo 67 prohibió la formación de asociaciones populares y dispuso la dispersión por la fuerza de todos los agrupamientos «rebeldes». Al mismo tiempo, el texto constitucional prohibía el maltrato de los trabajadores
y estipulaba una remuneración fija que consistía en el reparto de un cuarto de la producción total generada en una plantación. En segundo lugar, Toussaint tomó medidas para
conservar la gran propiedad, considerada indispensable para obtener una producción alta,
sobre todo de azúcar. La Constitución de 1801 prohibía la parcelación de propiedades
menores de 50 carreaux (un carreau equivale a 1.3 hectáreas); el texto garantizaba también
los derechos de propiedad a los plantadores que hubiesen abandonado la colonia, así como
a sus herederos.
En un intento por reconciliar los intereses de la masa de esclavos liberados y los que
representaban los grandes propietarios –entre ellos aparecieron los altos mandos militares
32. En enero de 1801, dos columnas de un ejército de 8.000 hombres, al mando de Moïse y de Paul Louverture, entraron a territorio del este; el día 26 de este mes, Toussaint ocupó la ciudad de Santo Domingo sin encontrar una
resistencia significativa. El gobernador mostró un gran humanismo hacía la población española; de las instituciones hispanas, únicamente abolió la esclavitud. La conquista había transcurrido prácticamente sin derramamiento
de sangre. Ver Thomas OTT. The Haitian Revolution… [19], p. 118.
33. Tadeusz LEPKOWSKI. Haití. La Habana: Casa de la Américas, 1968, I, p. 75 y 83.
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JOHANNA VON GRAFENSTEIN
negros– Toussaint se refugió en una actitud paternalista y moralista, plasmada igualmente
en su constitución. Ésta proclamaba la unidad familiar y pacífica de todos los integrantes
de una plantación y erigía al comandante en jefe como árbitro en los conflictos que pudieran surgir entre cultivadores y propietarios; la religión católica fue declarada la única permitida, mientras que se prohibía el divorcio y se exhortaba a la población a conservar matrimonios «virtuosos» que deberían ser distinguidos y puestos bajo la protección del gobierno
(artículo 9).
En resumen, en la organización de la producción agrícola el gobernador no tomó
medidas que pudieran llevar las conquistas de las antiguas masas esclavas más allá de la
libertad personal, el derecho a remuneración y la prohibición de los castigos corporales.
Podemos comprobar la priorización de criterios de producción ante los ideales de libertad
e igualdad. De manera inequívoca, Toussaint buscaba evitar la parcelación de las propiedades, la huída de la mano de obra a las montañas, la proliferación de una economía de subsistencia, a la cual tendían los «nuevos libres» en un intento de liberarse de las nuevas condiciones de trabajo impuestas que, muchas veces, eran tan extenuantes como en la época de
la esclavitud.
La actitud conciliadora del gobernador negro con los antiguos propietarios franceses,
en aparente contradicción con la línea popular-radical de la revolución, tiene una explicación, aceptada por la mayoría de los analistas: la consolidación del proyecto louverturiano
requería a largo plazo de la autonomía financiera que, a su vez, se encontraba en relación
directa con la capacidad exportadora de la colonia.
La conservación de la «plantación-empresa»34 en su modalidad nueva, no esclavista,
pero basada en el trabajo semiservil, constituía en consecuencia un factor importante del
orden establecido por Toussaint. Los comentarios del militar inglés Marcus Rainsford,
quien conoció la isla en 1799, son ilustrativos al respecto. Rainsford se mostró por un lado
maravillado del verdadero «sistema de igualdad» que estaba presenciando, pero al mismo
tiempo observaba que la Constitución consagraba sólo la igualdad de derechos y no de propiedad35.
La guerra por la independencia (1802-1803)
En 1802 Francia fortaleció su posición en Europa por medio de la Paz de Amiens, que puso
fin a las hostilidades con Inglaterra. Fue entonces cuando Napoleón Bonaparte mandó un
ejército punitivo a Saint-Domingue, que estaba en peligro de ser sustraída a su autoridad
por Toussaint-Louverture. En febrero desembarcó en la colonia un ejército de más de veinte
mil hombres al mando del general Victor Emmanuel Leclerc, cuñado del propio Bonaparte.
34. Tadeusz LEPKOWSKI. Haití [33], p. 77.
35. Marcus RAINSFORD. An historical acount of the black empire of Hayti. Comprehending a view of the principal transactions in the revolution of Saint Domingue with its ancient and modern state. London: Albion Press, 1805, p. 216 y 253.
54
LA REVOLUCIÓN HAITIANA, 1789-1804
Leclerc venía en calidad de capitán general de la colonia Saint-Domingue, al que supuestamente debería obedecer el gobernador general. Pero Toussaint y sus lugartenientes se resistían a someterse y estallaron las hostilidades. Se produjo una fuerte resistencia por parte de
tropas negras entre febrero y mayo y el ejército francés luchaba en condiciones difíciles: los
soldados no estaban acostumbrados al clima, caían víctimas de la fiebre amarilla y no conocían el terreno, una circunstancia aprovechada por Toussaint y sus tropas que no se enfrentaban a los franceses en batallas abiertas, sino que practicaban una táctica de guerra de
guerrillas. En sus cartas a Napoleón, Leclerc describe las dificultades que le creaba la táctica
empleada por las fuerzas negras, que le impedían desplegar sus fuerzas y aprovechar su superioridad logística.
Sin embargo, también las fuerzas de Toussaint se debilitaban. La principal razón
para ello era la falta de adhesión de la población negra a su líder. La política agraria
represiva aplicada por Toussaint en los años anteriores le había creado, como vimos, una
fuerte oposición. Además, el gobernador no se decidía a pronunciar la palabra independencia y la población dudaba acerca de cuál era la autoridad colonial legítima, sobre todo
porque al parecer Leclerc no buscaba quitarle sus derechos adquiridos en los años anteriores. Leclerc era tan hábil de esconder los verdaderos intereses de Napoleón, que consistían en restituir la esclavitud, como ya lo estaba haciendo en las colonias de Guadalupe y Martinica.
En esas circunstancias, agravadas por el estancamiento en el terreno militar, muchos
líderes negros se rindieron. También Toussaint aceptó la tregua propuesta por Leclerc y se
retiró a su propiedad Ennery, una plantación en los límites de los departamentos Norte y
Oeste, pero mantuvo sus tropas en pie de guerra y todos sus oficiales conservaron sus grados. En junio cometió el error, o sacrificio, como arguye Aimé Césaire, de aceptar una invitación del general francés Brunet para discutir atropellos cometidos por tropas francesas en
contra de la población. Toussaint acude a la cita, es arrestado y llevado preso a Francia,
donde es encarcelado en el Fuerte Joux, cerca de Besançon en el Jura francés. No se le juzga, al contrario, es expuesto a carencias grandes que no resiste por mucho tiempo. Muere
en abril de 1803, posiblemente a consecuencia de una pulmonía.
En Saint-Domingue, mientras tanto, se reanuda la lucha. En octubre de 1802 los
principales líderes negros y mulatos pasan del lado de los insurrectos (Pétion, Clervaux,
Christophe y Dessalines). El general Leclerc, por otra parte, muere en noviembre a consecuencia de la fiebre amarilla. Le sucede el general Rochambeau, quien entró a la historia
como uno de los más sangrientos persecutores de los negros. 1803 es el año decisivo en la
lucha por la liberación de la colonia. En enero se reúnen los principales líderes de las tropas libertadoras y Jean Jacques Dessalines, antiguo esclavo negro, se asegura el mando sobre
las mismas. En mayo, en el llamado Congreso de Arcahaie, una ciudad en el oeste del país,
se confirma el liderazgo político-militar de Dessalines. En esa reunión se especifican con
precisión los objetivos de la lucha, que son la conquista de la independencia total y la creación de un Estado basado en la alianza entre negros y mulatos. A lo largo del verano de
1803 los franceses sufren constantes derrotas en el campo militar. La batalla decisiva tiene
55
JOHANNA VON GRAFENSTEIN
lugar en noviembre en Vertières, cerca de El Cabo haitiano. El general Rochambeau capitula
y abandona con el resto de sus tropas la isla y el 1 de enero de 1804 se proclama la independencia del segundo estado soberano de América, con Jean Jacques Dessalines como primer gobernante.
Impacto y consecuencias
La Revolución Haitiana, con sus logros inauditos para la época –derrota del sistema esclavista y acceso a la independencia política– tuvo un impacto enorme en el mundo colonial americano36. En el terreno de la producción causó un profundo reordenamiento de
las economías de plantación del Gran o CircunCaribe, ya que la destrucción material
y humana del complejo productivo de Saint-Domingue abrió la posibilidad para que otras
zonas de la región surtieran al mercado europeo con los diversos frutos tropicales. La economía cubana fue la que más se benefició de la caída de la colonia vecina; el boom azucarero que conoció la posesión española arrancó desde los años noventa del siglo XVIII,
intensificándose a lo largo del XIX, hasta convertirse en primer productor mundial. También Puerto Rico, Jamaica, Martinica y Guadalupe y, entre los territorios continentales,
la Luisiana y algunas zonas de Venezuela y la Nueva España aumentaron su producción
de azúcar, añil, café y algodón. Existen numerosos testimonios de la época que atestiguan
el vacío dejado por la ex colonia francesa en el comercio atlántico y su sustitución por
otras zonas regionales. Ejemplos son los escritos de Alejandro de Humboldt; el segundo
conde de Revillagigedo, virrey de la Nueva España en el momento del estallido de la
Revolución Haitiana; y Francisco Arango y Parreño, importante miembro de la sacarocracia cubana37. A todos los territorios mencionados emigraron los propietarios franceses
de Saint-Domingue, introduciendo sus pocos esclavos y dinero en efectivo que hubiesen
podido salvar, pero sobre todo aportando sus conocimientos en el cultivo y procesamiento de los productos agrícolas mencionados. Las cifras de inmigrantes franceses –que
incluyen grandes y medianos plantadores con sus esclavos, artesanos, comerciantes y profesionistas– ascienden a alrededor de 20.000 para Cuba, si bien muchos de ellos tuvieron
36. Véase al respecto Eleazar CORDOVA-BELLO. La independencia de Haití y su influencia en Hispanoamérica. Caracas:
Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1967; David B. GASPAR; David P. GEGGUS (eds.). A turbulent
time: the French Revolution and the Greater Caribbean. Bloomington: Indiana University Press, 1997 y David P.
GEGGUS. The impact of the Haitian Revolution in the Atlantic World. Columbia: University of South Carolina,
2001; Johanna von GRAFENSTEIN. Nueva España en el Circuncaribe, 1779-1808: revolución, competencia imperial
y vínculos intercoloniales. México: CCYDEL, UNAM, 1997, capítulos 7 y 8.
37. Alejandro de HUMBOLDT. Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. México: Porrua, 1966; Juan Vicente
GUEMES PACHECO DE PADILLA, conde de Revillagigedo. El comercio exterior y su influjo en la economía del a Nueva España. México: Ediciones del Banco Nacional del Comercio Exterior S.A., 1960. (Colección de documentos
para la Historia del Comercio Exterior de México; IV); «Informe de la Comisión de Francisco Arango y Parreño en
Santo Domingo. La Habana, 17 de julio de 1803». En: José Luciano FRANCO. Documentos para la historia de Haití en el Archivo Nacional de Cuba. La Habana: Publicaciones del Archivo Nacional, 1961.
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LA REVOLUCIÓN HAITIANA, 1789-1804
que abandonar la isla al decretarse en 1809 la expulsión de los franceses de las posesiones
españolas38.
Mientras que las oligarquías regionales aplaudían la coyuntura que se abrió con la
desaparición de la posesión más productiva del Caribe, las cortes europeas y autoridades
civiles y militares de sus colonias tomaron medidas diversas para evitar el «contagio», medidas que incluían la prohibición de entrada a los franceses; el aumento de las fuerzas militares; la censura de las noticias que se podían filtrar vía gacetas, folletos y libros; la estricta
vigilancia de sus propias poblaciones esclavas y de color. Pero aun así, los acontecimientos
de la revolución se conocían pronto en las islas y territorios continentales vecinos, incluso
entre los mismos esclavos. Los de La Habana, por ejemplo, se estaban alistando para recibir en 1795 a uno de los grandes jefes de la revolución, Jean Francois39; igualmente estaban enterados los esclavos de Jamaica y de Venezuela. Se ha podido documentar la participación de gente de color de Saint-Domingue en revueltas y rebeliones en Puerto Rico
y Venezuela que ocurrieron en las décadas posteriores a los «trágicos sucesos» de la colonia
francesa.
Interesante es también la vinculación de los movimientos de independencia de Nueva España, Venezuela y Nueva Granada con los primeros gobiernos haitianos. En los archivos de La Habana, Caracas y la ciudad de México existe una rica documentación que atestigua estos vínculos: las esperanzas que depositaron los independentistas hispanoamericanos
en el apoyo que pudiera brindar la segunda nación soberana de América y la efectiva ayuda que obtuvieron de Jean Jacques Dessalines, en tiempos de Francisco de Miranda, y más
tarde de Aléxandre Pétion y Jean Pierre Boyer40. En cambio, los defensores del régimen
colonial veían en la Revolución Haitiana el paradigma de la destrucción y la violencia41. El editor del Diario de México, Juan López de Cancelada, por ejemplo, escribió un libro difamatorio
38. Existe una serie de excelentes estudios monográficos que tratan la emigración francesa de Saint-Domingue en los
años de la revolución: John E. BAUR. «International repercussions of the Haitian Revolution». The Americas (Washington). XXVI/4 (1970), p. 394-418. Alfred HUNT. Haiti's influence in Antebellum America, 1791-1865. Baton
Rouge, Londres: Louisiana State University Press, 1988; José MORALES. The Hispaniola diáspora, 1791-1850:
Puerto Rico, Cuba, Louisiana, and other host societies. Ann Arbor: University Microfilms International, 1986; Ricardo R. CAMUÑAS MADERA. «Los franceses en el oeste de Puerto Rico». Caravelle. Cahiers du Monde Hispanique et
Luso-Brésilien (Toulouse). 53 (1989), p. 25-36; Gabriel DEBIEN. «Les colons de Saint-Domingue réfugiés à Cuba».
Revista de Indias (Madrid). 54-55 (1953-1954), p. 559-604 y 11-36; Gabriel DEBIEN. «Réfugiés de Saint-Domingue aux États-Unis». Revue de la Société Haïtienne d’Histoire et de Géographie. 21/77-78-79 (1950), 11-25, 30-45
y 19-24; Gabriel DEBIEN. «Réfugiés de Saint-Domingue expulsés de la Havanne en 1809». Anuario de Estudios
Americanos (Sevilla). XXXV (1978), p. 555-610; Alain YACOU. «La présence française dans la partie occidentale
de l'île de Cuba au lendemain de la révolution de Saint-Domingue». Revue française d'Outre-Mer (Paris). 74/275
(1987), p. 149-188; Alain YACOU. «L'expulsion des Français de Saint-Domingue réfugiés dans la région orientale de l'île de Cuba, 1808-1810». Caravelle. Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien (Toulouse). 39 (1982), p. 4964; Paul LACHANCE. «Les réfugiés de Saint-Domingue à la Nouvelle-Orléans: leur impact à court et à long terme». En:
Michel Hector. La Révolution Francaise et Haïti. Port-au-Prince: Editions H. Deschamps, 1995, II, p. 90-108.
39. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (Santo Domingo): «Copia de los libros de Cabildo, La Habana, 4 de diciembre de 1795» vol. XIV.
40. Ver, Johanna von GRAFENSTEIN. Nueva España en el Circuncaribe…[36], p. 235-257.
41. Ver, Michael ZEUSKE; Clarence J. MUNFORD. «Die Grosse Furcht in der Karibik: Frankreich, Saint-Domingue
und Kuba 1789-1795». Iberoamerikanisches Archiv (Berlin). 17/1 (1991), p. 51-98.
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JOHANNA VON GRAFENSTEIN
sobre el emperador haitiano, Jean Jacques Dessalines, y justifica la relevancia del texto con
las siguientes palabras:
«No hay política más errada que la de mantenerse indiferente sobre el bien o el mal que
acaece en las demás naciones porque no nos toca personalmente. Se engaña mucho un Estado cuando cree que no le interesa lo que ha pasado a dos mil leguas de su continente: Es el mundo político
como el físico: el primer móvil da impulso a la masa general, extendiéndose su fuerza motriz de
uno a otro extremo. El conocimiento de estas verdades hará más apreciable la lectura de este compendio de los horrorosos sucesos de la isla de Santo Domingo»42.
Ideólogos de los insurgentes, como fray Servando Teresa de Mier, invocaban el espectro de la insurrección de los esclavos y «castas» de Haití para advertir a los peninsulares
intransigentes que ese podría ser el futuro de las colonias hispanas si no se reconocía la
representatividad política en las Cortes de Cádiz a todos los americanos, independientemente del color su piel43. Otra figura importante, como el peruano Melchor de Talamantes, veía en la gesta haitiana una empresa justa, comparable a la independencia de los Países Bajos o de las Trece Colonias44.
Finalmente, quisiera llamar la atención sobre las reflexiones que hace Jaime E. Rodríguez en un estudio comparativo de las tres independencias americanas, la norteamericana,
la haitiana y las hispanoamericanas45. La primera de ellas, observa Rodríguez, significó en
esencia una separación política de la madre patria, que fue además el resultado de una guerra
internacional en cuyo tratado de paz (Versalles 1783) se dio el reconocimiento internacional
a la independencia de las antiguas Trece Colonias. Los primeros años de vida independiente de
la joven república se desarrollaron en condiciones especialmente favorables, ya que las guerras
internacionales de los años noventa del siglo XVIII y primera década y media de la centuria
siguiente le ofrecieron importantes posibilidades de desarrollo comercial. Bajo el estatuto de
nación neutral, Estados Unidos tenía acceso a los mercados de las potencias en conflicto lo
que significó un poderoso estímulo para el desarrollo de su agricultura e industria.
Como el proceso anterior, también la separación y la reorganización administrativa de
los espacios coloniales de España en América tenía un carácter eminentemente político. Sin
embargo, a diferencia de la independencia de los Estados Unidos, la destrucción de las
estructuras organizativas de la monarquía española y de parte de la infraestructura económica; la militarización de la vida política, sobre todo en Bolivia, Perú y la Gran Colombia;
la competencia entre las provincias y las ciudades capitales se convirtieron en un legado difícil de superar por las nuevas repúblicas46.
42. Juan LÓPEZ CANCELADA (editor). Vida de Jean Jacques Dessalines. México: 1806, p. 1.
43. Fray Servando TERESA DE MIER. Escritos inéditos. México: El Colegio de México, 1944, p. 290.
44. Fray Melchor de TALAMANTES. «Congreso Nacional del Reino de Nuevo España». En: Argumentos en favor de la
independencia de México. México: 1979. (Cuadernos causa; 14).
45. Jaime E. RODRÍGUEZ O. «La emancipación de América». Secuencia (México). 49 (2001), p. 42-69.
46. Jaime E. RODRÍGUEZ O. «La emancipación…» [45], p. 64.
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LA REVOLUCIÓN HAITIANA, 1789-1804
En comparación con los dos procesos anteriores, la emancipación haitiana representó
la ruptura más radical con el pasado, en lo político, económico y social. No sólo se alcanzó la independencia política, sino se destruyó desde sus raíces el modelo económico imperante, lo que implicó la desaparición, vía emigración y eliminación física, de la antigua clase dominante blanca, pero también de la infraestructura existente, con el retiro de los
capitales, la destrucción durante la guerra de los ingenios y sembradíos, obras de riego
y caminos. En lo social nuevos sectores dominantes surgieron durante la guerra y se fortalecieron en los años posteriores. El ascenso a los máximos puestos de mando por los líderes
de la revolución –muchos de ellos salidos de las filas de ex esclavos, como J. J. Dessalines,
Henri Christophe, los presidentes de los años cuarenta del siglo XIX, Guerier, Pierrot,
Riché y el presidente y emperador Faustin Soulouque– es expresión de la ruptura radical
con el pasado. Pero también se intensificaron las divisiones internas, en parte como un legado de guerra civil de 1799-1800, librada entre Toussaint y Rigaud y sus respectivas fuerzas
militares. Las rivalidades entre mulatos y negros, antiguos y nuevos libres, en el seno de la
clase dominante será una constante en el siglo XIX y de hecho se prolongó hasta el XX.
Con respecto a las masas de «nuevos libres», la mayoría de ellos se logró establecer
como propietario, muchas veces de facto, de una parcela de tierra y realizar así el sueño de
convertirse en campesino libre. La producción para la subsistencia y el cultivo del café será
su base económica principal. Un pequeño porcentaje de las tierras expropiadas a los antiguos colonos franceses se mantuvo bajo el sistema de la plantación, sobre todo en la otrora
tan productiva planicie del norte. Los nuevos gobernantes y sus allegados eran sus propietarios. Como sistema de trabajo se mantuvo el que habían impuesto Toussaint y los comisarios republicanos en los años posteriores a la abolición. Observadores coetáneos critican
las duras condiciones a las que veían sometidos los trabajadores de las plantaciones47. Una
nueva forma de explotación de trabajador rural, por otra parte, será el control del comercio
de exportación e importación, sobre todo por el sector mulato, asentado en las ciudadespuertos. También vía impuestos, el campesino haitiano del siglo XIX contribuirá de manera sustantiva a la manutención del aparato estatal y de las nuevas clases gobernantes. Los
impuestos a la exportación al café y a las importaciones, que se cargaban respectivamente al
productor y al consumidor, constituían prácticamente los únicos ingresos del Estado postindependiente.
La situación de Haití como país independiente, gobernado por antiguos esclavos
negros y mulatos, era difícil en el ámbito internacional en el que la esclavitud tardaría todavía décadas en desaparecer y la presencia de las potencias europeas en el Caribe se mantenía
47. Ver especialmente la literatura de los visitantes anglosajones James BARSKETT. History of the island of St. Domingo,
from its first discovery by Columbus to the present period. Londres: Frank Cass, 1972 (original publicado en 1826 en
París); Williams Woodis HARVEY. Sketches of Hayti, from the expulsion of the french to the death of Christophe. Londres: F. Cass, 1971 (original publicado en Londres, 1827); Jonathan BROWN. The history and present condition of
St. Domingo. Filaldelfia: W. Marshall and Co., 1837, 2 v.; James FRANKLIN. The present state of Hayti (Santo
Domingo) with remarks on its agriculture, commerce, laws, religion, finances and population. London: J. Murray,
1828; John CANDLER. Brief notices with its conditions, resources and prospects. Londres: Thomas Ward, 1842.
59
JOHANNA VON GRAFENSTEIN
intacta48. El aislamiento diplomático al que se veía sometido el joven Estado, dificultaba su
inserción política y económica a la comunidad internacional. En 1825, Francia dio su reconocimiento oficial a cambio del pago de 150 millones de francos como indemnización a los
antiguos propietarios y Estados Unidos estableció relaciones diplomáticas no antes de 1862.
Las difamaciones, intentos de reconquista en los primeros años de vida independiente y,
más tarde, las actitudes amenazantes estaban a la orden del día. Pero, a pesar de las condiciones adversas, el proceso de emancipación política y social de la «república negra» se mostró
irreversible y entró a la historia mundial como una de las grandes epopeyas de la humanidad.
48. Las fechas de abolición para las colonias del Caribe son: 1833 para el Caribe inglés; 1848 para el francés, 1863 en
el caso de las posesiones holandesas; 1873 para Puerto Rico y 1886 para Cuba. Por otra parte, el único país que
obtuvo su independencia en el siglo XIX, a parte del mismo Haití, fue la República Dominicana en 1844.
60
Las «dos tradiciones». Soberanía popular
e imaginarios compartidos en el mundo hispánico
en la época de las grandes revoluciones atlánticas
MÓNICA QUIJADA*
C
omenzaba Martin van Gelderen su conocido The political thought of the Dutch revolt,
1555-1590 mostrando su extrañeza por la escasa atención que las obras que trataban
de la construcción política moderna en Europa habían prestado a las dimensiones intelectuales de la rebelión de los Países Bajos. Tampoco era alta la estima en que se las había tenido, ni siquiera en la propia historiografía escrita por estudiosos holandeses y belgas. En
general, las ideas que intervinieron en el proceso político de la rebelión holandesa habían
sido consideradas «incoherentes y «escasamente teóricas, además de «unmodern, if not conservative y «behind the course of history». La sólida investigación de Martin van Gelderen
ha refutado o matizado estas categorizaciones1. No obstante, incluso hoy es difícil encontrar historiadores que tomen en cuenta, por ejemplo, un dato tan significativo como que
John Locke escribió su texto más influyente, Two treatises, así como su Letter concerning
toleration, durante su exilio en Holanda entre 1679 y 1681. Es decir, en estrecho contacto
y bajo la influencia de la construcción republicana de ese país que fue, por otra parte, el primer régimen de ese carácter que triunfó y se consolidó en la Europa moderna. Régimen que
se originó además a partir de una contienda independentista frente a la Monarquía Hispánica, lo que implicó un largo diálogo tanto con las teorías como con las experiencias políticas desarrolladas en este último ámbito. Y si existen ya muchas páginas escritas sobre la
influencia que ejerció el pensamiento de Grocio en dicha construcción republicana, son
muchas menos las que reconocen o sencillamente toman en cuenta que en los múltiples
cruces de textos, herencias y debates que contribuyeron a formar las ideas que conducirían
a la modernidad –como las de Grocio, pero también las de Hobbes, Locke o Rousseau,
entre tantos otros– es fundamental la incidencia de propuestas pensadas, escritas y publicadas en lengua castellana o latina, que se originaron en el ámbito de la Monarquía Hispánica
* Este trabajo se integra en el proyecto «Ingenieros sociales. La construcción del método y el pensamiento antropológicos en Europa e Iberoamérica, siglo XIX» (BSO2001-2341), financiado por el MCyT, Madrid.
1. Martin van GELDEREN. The political thought of the Dutch revolt, 1555-1590. Cambridge: Cambridge University
Press, 1992.
61
MÓNICA QUIJADA
y en el contexto de sus procesos políticos y sociales. Y la tradición de pensamiento de la que
participan dichas ideas muchas veces ha sido ignorada o se le han aplicado calificativos no
muy distintos de los que Martin van Gelderen lamenta para el caso holandés: «unmodern,
if not conservative» y «behind the course of history»2.
Una de las tantas consecuencias de esta minusvaloración, cuando no caricaturización, ha sido la idea bastante generalizada de que los procesos de la modernidad en el
mundo hispánico responden sobre todo a la adopción (como mucho, adaptación) de
modelos exclusivamente externos. Un ejemplo bien conocido es el de las independencias
hispanoamericanas. Por mucho tiempo mayoritariamente tratadas por la historiografía
como procesos institucionales o económico-sociales, con escasa incidencia del pensamiento político (salvo por el exiguamente analizado y peor comprendido principio de
retroversión de la soberanía3), la construcción subsiguiente de repúblicas fundadas en la
soberanía popular tendió a ser vista como la apropiación de modelos ajenos –y por tanto de difícil adaptación a las realidades locales– que condujo a frustraciones, ficciones
y «ciudadanías imaginarias».
En los últimos lustros esta visión está siendo corregida. Un elemento fundamental de
la nueva tendencia ha sido la recuperación de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812
como elementos seminales del proceso de cambios que llenó de contenido a la modernidad en
el mundo hispánico4, así como su importantísimo corolario: el reconocimiento de tempranas
2. La escasez de trabajos que reconozcan y valoren esta incidencia no implica que no los haya. De hecho en los
últimos tiempos están apareciendo monografías particularmente interesantes, como la de Annabel S. BRETT.
Liberty, right and nature. Individual rights in later scholastic thought. Cambridge: University Press, 2003 (1ª ed.
1997). Debe recordarse también el carácter seminal de algunas propuestas contenidas en la conocida obra de
Quentin SKINNER. Los fundamentos del pensamiento político moderno. México: Fondo de Cultura Económica,
1986 (1ª ed. inglesa en 1978). Pero es lamentable que muchos de los admiradores de este último, que trabajan sobre distintos aspectos de «lo político» en el mundo hispánico, en lugar de inspirarse en las múltiples vías
que abre este historiador para reconsiderar su articulación en los procesos modernos en general, sigan aferrados a la ya tradicional posición de minusvalorar como anomalías, autoritarismos o tendencias medievalizantes
-en una palabra, desviaciones de una supuesta «norma»- todo lo que no se ajuste a las experiencias históricas
que constituyen, como es lógico, la principal preocupación de los esfuerzos investigadores de Skinner (en particular, los procesos ideológicos y políticos que se han desarrollado en Inglaterra o que ejercieron influencia
sobren ellos). Lo mismo puede decirse de muchos investigadores que intentan aplicar automáticamente al
mundo hispánico algunas propuestas de J. G. A. Pocock, pensadas desde y para ámbitos diferentes. Como
ejemplo pueden consultarse algunos de los artículos contenidos en José Antonio AGUILAR; Rafael ROJAS
(coords.). El republicanismo en Hispanoamérica. Ensayos de historia intelectual y política. México: Fondo de
Cultura Económica, 2002.
3. Sobre los modelos historiográficos de la independencia véase Mónica QUIJADA. «Sobre la interpretación de las
independencias hispanoamericanas: una reflexión historiográfica en la longue durée». Actual (Mérida). 57 (2004)
p. 128-137.
4. Creo que los dos libros más influyentes sobre este tema, en cuanto a su capacidad de irradiación y permeación, han sido François-Xavier GUERRA. Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas.
Madrid: Mapfre, 1992, y Jaime E. RODRÍGUEZ O. The independence of Spanish America. Cambridge, New
York: Cambridge University Press, 1998 (edición corregida y aumentada de la primera versión en español: La
independencia de la América Española. México: El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1996).
Pero es necesario también recordar importantes trabajos pioneros como los de Nettie Lee B ENSON (ed.).
Mexico and the Spanish Cortes, 1810-1822. Eight Essays. Austin, London: University of Texas Press, 1966;
Mario RODRÍGUEZ. El experimento de Cádiz en Centroamérica. México: Fondo de Cultura Económica, 1983;
Marie Laure RIEU-MILLAN. Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz. Madrid: Consejo Superior de
62
LAS «DOS TRADICIONES». SOBERANÍA POPULAR E IMAGINARIOS COMPARTIDOS...
y notablemente extendidas formas de representación política y elecciones, de especial incidencia en los territorios americanos5. Pero a pesar del camino recorrido, que es mucho
y fundamental, las construcciones ideológicas y los imaginarios son «resilient», y el tópico
de la apropiación defectuosa y frustrada de modelos políticos externos, por falta de propios,
sigue asomando en muchos textos historiográficos actuales, incluso en algunos que han terminado por aceptar la incidencia fundamental de los procesos de Cádiz6. En tal contexto,
el reconocimiento de ese evento histórico y su proyección americana vuelven una y otra vez
a quedar oscurecidos por la infinidad de lugares comunes e imágenes no contrastadas desde las que se consideran las experiencias políticas y tradiciones ideológicas del mundo hispánico y que dificultan la comprensión, aún el propio reconocimiento, de las formas
y tiempos de la modernidad en ese ámbito del contexto occidental.
Un tema como éste abarca innumerables problemáticas de conocimiento, análisis e interpretación que por supuesto serían inabarcables en el espacio de un ensayo. Pero entre
ellas hay una que es particularmente significativa: el tema de la presencia o ausencia de principios como los de soberanía popular, las bases contractuales de la legitimidad y la moderna
noción de libertad en la tradición política hispánica, que afecta no sólo a la posibilidad de
ver y valorar el sistema representativo allí donde aparece, sino a los contenidos de la propia
construcción republicana en Hispanoamérica. Estas cuestiones están empezando a ser revisadas con mucha solvencia por la historiografía7. El presente trabajo aspira a ser una modesta
Investigaciones Científicas, 1990. Aunque me estoy circunscribiendo a las investigaciones que se ocupan
sobre todo de la proyección americana del experimento de Cádiz, no puedo dejar de hacer referencia a Joaquín VARELA SUANCES-CARPEGNA. La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico: las
Cortes de Cádiz. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1983, y a las originales propuestas de José
María PORTILLO VALDÉS. Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812.
Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000. Además del tema fundamental de las Cortes de Cádiz, también es importante recordar trabajos que de forma pionera analizaron las raíces hispánicas
de la ideología independentista como, entre otros, Tulio HALPERÍN DONGHI. Tradición política española e
ideología revolucionaria de Mayo. Buenos Aires: EUDEBA, 1961, o Carlos STOETZER. El pensamiento político en América Española durante el período de emancipación, 1789-1825. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1966.
5. Además de los trabajos citados en la nota anterior, en la última década numerosas publicaciones han contribuido
a dar forma a esta auténtica revolución en las perspectivas historiográficas. Por cuestiones de espacio sólo citaré
algunas obras colectivas que han ejercido una especial influencia: Antonio ANNINO; Luis CASTRO LEIVA; FrançoisXavier GUERRA. De los imperios a las naciones: Iberoamérica. Zaragoza: Ibercaja, 1994; Antonio ANNINO (coord.).
Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1995; Carlos
MALAMUD; Marisa GONZÁLEZ DE OLEAGA; Marta IRUROZQUI. Partidos políticos y elecciones en América Latina y la
península Ibérica, 1830-1930. Madrid: Instituto Universitario Ortega y Gasset, 1995, 2 v.; Hilda SÁBATO (ed.).
Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas en América Latina. México: Fondo de Cultura Económica, 1999; Eduardo POSADA-CARBÓ (ed.). Elections before democracy. The history of elections in Europe and Latin America. Londres: Institute of Latin American Studies Series, 1996; Carlos MALAMUD (ed.). Legitimidad, representación y alternancia en España y América Latina. Reformas electorales 1880-1930. México: Colegio
de México, Fondo de Cultura Económica, 2000.
6. Es especialmente significativo en este sentido el artículo de Brian HAMNETT. «Process and pattern: a re-examination of the Ibero-American independence movements, 1808-1826». Journal of Latin American Studies (Cambridge). 29/2 (1977), p. 279-328.
7. Jaime Rodríguez ha revisado «las percepciones falsas sobre el sistema político de la monarquía española y sobre
la naturaleza de la teoría y la práctica políticas en el mundo hispánico», como ejercicio imprescindible para
entender la naturaleza del constitucionalismo y el liberalismo mexicanos del siglo XIX. Véase: Jaime E.
63
MÓNICA QUIJADA
contribución a esos análisis, en el marco de un proyecto de investigación de más largo aliento del cual ofrecemos algunos resultados apenas incipientes, en forma de propuestas abiertas al debate.
Partimos aquí del cuestionamiento de dos afirmaciones muy frecuentes en la historiografía. En primer lugar, la concepción de la «modernidad» como el momento en que
cuajan una serie de principios más o menos autónomos que se desarrollarían sólo en
algunas tradiciones de la Europa occidental; caso emblemático de esta forma de ver las
cosas es, por ejemplo, la afirmación de que la «soberanía popular» y el sistema de legitimidad política basado en ella llegan al mundo hispánico a finales del siglo XVIII
como reflejo de otras experiencias europeas que han pasado por procesos revolucionarios «modernizadores». En segundo lugar, la asociación excluyente de la tendencia
monista –es decir, centralizadora y homogeneizadora8– del llamado «Antiguo Régimen»
con la hegemonía del absolutismo monárquico, así como su corolario: la afirmación
de que para llegar a la concepción monista de «la nación» fue necesario pasar por el
proceso unificador del absolutismo. Estas dos visiones no sólo han alimentado la interpretación de los procesos decimonónicos en el mundo hispánico como frustraciones o ficciones, sino que han llevado a la afirmación de que experiencias políticas previas, como las rebeliones de los Países Bajos o de los Comuneros de Castilla, se basan en
imaginarios «antiguos», «medievalizantes» o «antimodernos». Categorías que se han utilizado también para interpretar la ideología y acciones políticas en las independencias
americanas.
Para desarrollar este cuestionamiento, comenzaré con un breve comentario sobre
algunas de las interpretaciones básicas que suelen darse a los tiempos y lugares de la
modernidad y a su articulación con el principio de la soberanía popular. Pasaré luego a
revisar dos temas que forman parte de ese debate: la experiencia española en las grandes
rebeliones de la Edad Moderna, y la relectura contextualizada de algunos aspectos de la
RODRÍGUEZ O. «Una cultura política compartida: Los orígenes del constitucionalismo y liberalismo en
México». En: Víctor Mínguez; Manuel Chust (eds.). El imperio sublevado. Monarquía y naciones en España
e Hispanoamérica. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 2004, p. 195-224 y la versión
mas extensa en inglés: «The origins of constitutionalism and liberalism in Mexico». En: Jaime E. Rodríguez O. (ed.). The divine charter: Constitutionalism and liberalism in nineteenth-century Mexico. Boulder:
Rowman & Littlefield, 2005, p. 1-34. Particularmente importante es el texto ya citado de Annabel S.
BRETT. Liberty, right…[2], especialmente caps. 4 y sobre todo 5, que bajo el expresivo título de «The language of natural liberty» analiza la tan importante como influyente obra de Fernando Vázquez de Menchaca, considerado por Grocio «el ogullo de España». Ver también el artículo de Marta Irurozqui en este
mismo volumen.
8. El término «monismo» y su adjetivo, «monista», son muy utilizados en la historiografía francesa para conceptualizar la tendencia unificadora -filosófica, política, territorial, etc.- del Antiguo Régimen, que habría así
preparado el camino para la identificación del «pueblo» con «la nación». Originalmente, el concepto «monismo» refiere a «la concepción común a todos los sistemas filosóficos que tratan de reducir los seres y fenómenos del Universo a una idea o substancia única de la cual derivan y con la cual se identifican» (Diccionario
de la Real Academia Española. Madrid: 1984). Es lo que Gérard Mairet llama «la estructura ontológica de
la política moderna». Gérard MAIRET. Histoire et fondements du pouvoir moderne. Paris: Folio-Essais, 1997,
p. 188.
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LAS «DOS TRADICIONES». SOBERANÍA POPULAR E IMAGINARIOS COMPARTIDOS...
tratadística hispana de los siglos XVI y XVII. Finalmente defenderé la existencia de
«imaginarios compartidos» que se expresan en dos tradiciones comunes a todo el ámbito occidental, y que confluyen en la configuración de los imaginarios políticos que hicieron posible la amplitud y proyección de las grandes revoluciones atlánticas en general,
y el hecho de que el mundo hispánico formara parte integrante y activa de las mismas,
en particular.
El citado concepto de «imaginario político» será central en el presente trabajo, ya que
no es intención del mismo buscar «orígenes», «herencias» o «antecedentes», sino bucear en
las capas o layers que, en el tiempo histórico, van configurando una manera de interacción
colectiva en la relación con lo político y con el poder, y que se plasma en lo que ha dado en llamarse por algunos «cultura política»9 y por otros –precisamente– «imaginario político».
Haré hincapié en esta última categoría, porque la creo útil para expresar la amplitud, la
complejidad e incluso la condición correosa de los procesos que intervienen en dicha interacción colectiva, que implican tanto legitimidad como autoridad; tanto mecanismos de
preservación comunitaria y la propia necesidad de normalización que tienen todas las sociedades humanas, como formas de resistencia y aspiraciones de cambio. En ella confluyen
una serie de posibilidades como la continuidad, la ambigüedad, la flexibilidad y la maleabilidad. En ese contexto, el «imaginario político» sería el conjunto de representaciones desde las que percibimos –consciente o inconscientemente– lo que nos rodea, y a nosotros mismos en lo que nos rodea. Desde él pensamos, entendemos, construimos y actuamos,
y también recibimos lo nuevo o lo externo; de hecho, es lo que nos proporciona los hilos
básicos con los que entretejemos eso nuevo o eso externo. El imaginario nos permite conocer y pensar, actuar y reaccionar, pero también nos permite manipular –y ser él mismo
manipulado.
Desde ese marco conceptual, este trabajo aspira a que la revisión de algunos referentes del imaginario político que estaban vigentes en el mundo hispánico a finales del siglo
XVIII y principios del siguiente contribuya a matizar y comprender cómo fue percibida,
recibida pero también inventada y realizada, en el ámbito de la Monarquía Hispánica, la
gran revolución política del mundo atlántico que consolidó un sistema cuya legitimidad se
cimentaba en la soberanía popular10.
9. La noción de «cultura política» se utiliza como marco de referencia para «entender cómo los hechos y el comportamiento políticos son condicionados en el proceso de relación entre los actores y el sistema del cual forman
parte. En consecuencia se asume que tal expresión designa al conjunto de nociones internalizadas, creencias y
orientaciones de valor que los actores comparten con respecto a cómo opera el sistema político, cuál es el papel
que ellos y otros actores políticos cumplen y deben cumplir, los beneficios que el sistema provee y debe prover y
cómo extraer tales beneficios». Marta IRUROZQUI. A bala, piedra y palo. La construcción de la ciudadanía política en
Bolivia, 1826-1852. Sevilla: Diputación de Sevilla, 2000, p. 18.
10. Entiendo que al usar el concepto de «imaginario» lo hacemos a partir de un corte en el tiempo y desde una perspectiva espacial específica. Ese segmento seleccionado es sólo una categoría de análisis, no un campo de conocimiento unitario y más o menos homogéneo, ya que los imaginarios colectivos no son compactos sino multiformes. Por eso creo que lo único que está al alcance del investigador es recomponer algunos hilos del entramado,
construidos a lo largo del tiempo, que considera tanto significativos como operativos en el momento histórico del
corte que ha hecho con voluntad analítica.
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MÓNICA QUIJADA
La reclamación de los orígenes (o ¿quién inventó qué?)
El concepto de modernidad (que, como es bien sabido, no debe confundirse con Edad
Moderna) es relativamente reciente. Hoy entendemos la modernidad como la consolidación del principio o «imagen de una sociedad contractual e igualitaria, de una nación
homogénea, formada por individuos libremente asociados, con un poder salido de ella misma y sometido en todo momento a la opinión o la voluntad de sus miembros»11. Esta imagen o principio (y recordemos que para François Furet lo importante de la Revolución
Francesa no fue que impusiera la igualdad como ejercicio cotidiano, sino precisamente
como principio12), se contrapone a la sociedad de Antiguo Régimen, «integrada por cuerpos y estamentos en lugar de individuos; jerarquía, en vez de igualdad; comunidades políticas heterogéneas producto de la historia y no de la asociación; y poderes fundados en la
tradición o en la Providencia y no en la voluntad de los ciudadanos»13.
Ahora bien, el consenso más o menos general en cuanto al concepto de modernidad
se rompe en lo que se refiere a los tiempos y lugares en que se habría generado la asociación
de sus elementos básicos –contractualismo, soberanía popular, libertad, igualdad, representación, primacía e incluso «invención» del individuo– dentro de un sistema político14 operativo o que aspirara a serlo, tema que ha recibido interpretaciones muy dispares según los
autores y, fundamentalmente, según las tradiciones en las que se inserten dichos autores.
La historiografía francesa ha primado, como es lógico, la incidencia de la gran revolución y –lo que es particularmente importante para los fines de este trabajo– ha asociado
la propia posibilidad de su eclosión y triunfo a la consolidación previa del absolutismo
monárquico. De tal forma fundamentos propios de este último habrían contribuido a configurar la cultura política de unas elites ilustradas y finalmente modernizadoras, como es el
caso de la hostilidad hacia los cuerpos y sus privilegios y, sobre todo, el concepto unitario
de la soberanía asociado al ideal de una relación binaria y sin intermediarios entre el poder
y los individuos, basada en una legitimidad no compartida. Ergo, referentes básicos del
absolutismo monárquico habrían actuado como elementos germinales de la nación moderna, fundamentada en el principio hegemónico, homogeneizador y, en definitiva, monista
del «pueblo soberano», convirtiendo a aquel sistema en un tránsito fundamental, si no ineludible, para alcanzar el segundo. Esta teoría de las vinculaciones causales positivas (es decir,
no sólo reactivas) entre el Antiguo Régimen y la Revolución Francesa, cuyo principal formulador en Francia fue Alexis de Tocqueville15, encajaban bien en el paradigma histórico
evolucionista compartido por las teorías más audaces del momento, que proclamaba la escala ascendente de los procesos europeos en el camino inexorable de la civilización. Desde esa
11.
12.
13.
14.
15.
66
Definición tomada de Francois-Xavier GUERRA. Modernidad e independencias… [4], p. 24.
François FURET. Penser la Révolution française. Paris: Gallimard, 1978.
François-Xavier GUERRA. Modernidad e Independencias… [4], p. 25.
Es decir, no los principios en sí, cuyo origen en la Edad Media e incluso en la antigüedad clásica nadie discute.
Alexis de TOCQUEVILLE. L’Ancien Régime et la Révolution. Paris: Gallimard, 1967 (1ª ed. 1856). Ver también
François FURET. Penser la Révolution…[12].
LAS «DOS TRADICIONES». SOBERANÍA POPULAR E IMAGINARIOS COMPARTIDOS...
perspectiva el absolutismo era visto como «una fórmula de progreso desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII, porque combatía con mano fuerte otra forma de ser de las sociedades, más
opresora y más bárbara, la forma feudal» –según palabras de un intelectual tan representativo y avanzado en sus ideas como el español Emilio Castelar16. En este contexto, la idea de
que la ausencia de un triunfo inequívoco del principio absolutista en España habría de condicionar más tarde la recepción de los fundamentos monistas de la modernidad –al mantener la vigencia de una cultura política basada en la coparticipación de la soberanía, los privilegios estamentales y unas relaciones de poder fundadas en el pactismo– atraviesa un largo
espectro historiográfico a ambos lados de los Pirineos, desde la segunda mitad del siglo XIX
hasta las corrientes más recientes y avanzadas17.
Por su parte, la historiografía anglosajona ha tendido a identificar el germen de la
modernidad con las dos revoluciones producidas en ese ámbito, la inglesa del siglo XVII
y la norteamericana del siguiente. Como afirma Edmund Morgan en uno de los libros más
citados de los últimos años, es «in the Anglo-American world [that] modern liberty, for
better or for worse, was born, or perhaps we should say invented, [...] and continues to be
nourished there»18. Morgan defiende también la teoría, menos frecuente en la historiografía anglo-norteamericana que en la francesa, de la existencia de un vínculo directo entre el
derecho divino de los reyes y la soberanía popular19. Pero la tendencia más generalizada es
a concebir la revolución inglesa y más tarde la norteamericana como productos de una tradición de acción y pensamiento específica que habría producido una situación de excepción. Tradición en la que, por cierto, se valoran como hitos en la senda hacia la soberanía
popular artefactos políticos de origen medieval –como la Carta Magna– que en otros ámbitos son descartados por «antiguos» y «estamentales».
Ahora bien, en tanto que Morgan remonta la soberanía popular a «its inception in the
England of the 1640’s»20, representantes de otras historiografías no comparten esa cronología y más bien tienden a identificar la consolidación de la modernidad política fundada
en la soberanía popular con la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII, simbolizada
fundamentalmente en el artículo 3 de la Declaración de los Derechos del Hombre («Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu
16. Emilio CASTELAR. La fórmula del progreso. Madrid: 1854 y Defensa de la fórmula del progreso. Madrid: A. de San
Martín, 1870 (citado por José Antonio MARAVALL. Las comunidades de Castilla. Madrid: Alianza Editorial, 1994,
p. 40).
17. Ver, por ejemplo, Emilio CASTELAR. La fórmula…[16]; François-Xavier GUERRA. «Le peuple souverain: fondements et logiques d’une fiction (pays hispaniques au XIXe siècle)». En: Quel avenir pour la démocratie en Amérique latine? Paris: Éditions du CNRS, 1989, p. 19-54; Francois-Xavier GUERRA. Modernidad e independencias… [4].
18. Edmund S. MORGAN. Inventing the people. The rise of popular sovereignty in England and America. New York, London: Norton, 1988, p. 14.
19. «The divine right of kings had never been more than a fiction, and as used by the Commons it led toward the fiction that replaced it, the sovereignty of the people. Although the two may seem to lie at opposite poles, they were
more closely linked than at first it would seem. By accepting the king’s divine right, by insisting that his authority was pure and indivisible, the Commons had come a good way toward making that authority unworkable
except on the terms they dictated». Edmund S. MORGAN. Inventing the people…[18], p. 16-17.
20. Edmund S. MORGAN. Inventing the people…[18], p. 306.
67
MÓNICA QUIJADA
ne peut excercer d’autorité qui n’en émane expressément»)21. Pero el debate está muy lejos
de acabar allí. Martin van Gelderen, por ejemplo, considera que en una fecha tan temprana como la de 1590 «the Dutch Republic was, as Schepper has put it, a confederation of
almost autonomous provinces and towns with strong federalizing elements which was
based on notions of popular sovereignty»22. Asimismo, en los últimos años una escuela historiográfica con gran capacidad de permeación está imponiendo la idea de que para comprender el advenimiento de la modernidad lo más relevante es el seguimiento del «republicanismo», partiendo de Maquiavelo y las experiencias de las repúblicas italianas convertidas
en modelos de gran influencia en el ámbito occidental23.
En mi opinión, todas las interpretaciones señaladas en este apartado tienen una indudable parte de razón que, sin embargo, tienden a perder al ser absolutizadas, es decir, propuestas no como hilos de una urdimbre, sino como explicación única y última. Por lo tanto, sin negar la operatividad de éstas y otras afirmaciones, voy a proponer una perspectiva
distinta. Defenderé que la modernidad tal cual la entendemos hoy –concretada en una forma de legitimidad política fundada en la soberanía popular y basada en los derechos individuales y el gobierno representativo– es un estadio en un proceso secular de configuración
de una forma de entender lo político, donde interactúan: primero, la dialéctica conflictiva
entre, por un lado, los principios de libertad, derechos, consenso, la potestas colectiva y su
ejercicio contractual –que hace posible la representación– y, por otro, la concentración de
dicha potestas en un único gobernante que es asimismo único depositario de la misma;
segundo, la retroalimentación permanente entre los debates políticos teóricos y la acción
práctica condicionada por el juego de intereses, la negociación y la fuerza. Finalmente,
entiendo que la apertura del camino a la modernidad no dependió sólo de esas interacciones,
que quizá podríamos rastrear en otros momentos históricos, sino también de su conjunción
con una tendencia general de carácter monista, orientada a la unificación de la legitimidad
política, la uniformización del derecho, la integración territorial y la homogeneización de
las poblaciones. Tendencia esta última que, lejos de restringirse al absolutismo monárquico, operó asimismo en ámbitos donde no se alcanzó la hegemonía de ese sistema político,
como en la propia Monarquía Hispánica, Inglaterra o incluso en la temprana construcción
republicana de los Países Bajos.
Esta perspectiva nos permite acercarnos a la diversidad existente en las formas de acceso a la modernidad, en tanto especificidades dentro de un proceso político que fue común
a todo el mundo occidental. Especificidades en las que intervinieron tanto desarrollos in
situ cuyas similares orientaciones se debieron a herencias y valores compartidos, como préstamos e influencias mutuas y, también, amplias redes de pensamiento y de poder. Es decir,
21. En mi opinión, la mejor discusión sobre los alcances de la Revolución Francesa sigue siendo François FURET. Penser la Révolution…[12].
22. Martin van GELDEREN. The political thought… [1], p. 59.
23. La obra más conocida e influyente de esta corriente es J. POCOCK. The machiavelian moment. Florentine political
thought and the Atlantic republican tradition. Princeton: Princeton University Press, 1975.
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LAS «DOS TRADICIONES». SOBERANÍA POPULAR E IMAGINARIOS COMPARTIDOS...
procesos multidireccionales que activaron o generaron conjuntos de referentes que pueden
identificarse como «imaginarios compartidos», en los que se incluyen, por un lado, fuentes
textuales vinculadas a la fe –como la Biblia24–, principios de teoría política desarrollados en
un largo debate cuyos orígenes se remontan a la Antigüedad clásica, y un imaginario común
de una «edad de oro» de derechos y libertades. Por otro, la memoria de prácticas políticas y/o
legales en la que confluyen acciones colectivas en defensa de fueros y libertades, así como formas de organización municipal o comunitaria o de participación en la toma de decisiones.
En dicho marco, voy a revisar algunos aspectos de la articulación del mundo hispánico en esos procesos que, insisto, considero comunes a todo el ámbito occidental.
La búsqueda de la «edad de oro»
En un texto hoy olvidado de 1930 que merece la pena recuperar, el jurista alemán Eugen
Wohlhaupter, de la Universidad de Múnich, se preguntaba cómo podía «ser trazada, desde
el punto de vista de la historia de las normas, una relación entre las fuentes del derecho fundamental españolas, francesas, inglesas, italianas y alemanas». Y afirmaba:
«... en la relación entre Estado e individuo no queda más solución que la obtenida por medio
de un compromiso entre ambos puntos de vista. Y podría decirse que la estructura económica y cultural, esencialmente semejante en toda la vida medieval, ha podido producir completamente por sí
misma e independientemente de modelos extranjeros, las mismas fórmulas de arreglo tanto en un
país como en otro. No hemos de discutir aquí si estas fórmulas pueden darse juntas en una serie de
casos. Pero si se compara una vez, a base de fuentes, la totalidad de las fórmulas europeas de libertades, hay que convencerse, y sobre todo sabiendo hoy algo más de las variadas relaciones entre las
culturas jurídicas de diferentes países, que todo esto ha nacido no solamente una junto a otra, sino
también en relaciones de dependencia y reciprocidad»25.
Tres temas me interesa destacar de la argumentación de Wohlhaupter. Por un lado,
la aplicación de una perspectiva múltiple que afecta al conjunto de la Europa occidental.
24. Sobre la Biblia como referente común al que recurren los teóricos políticos de la Edad Moderna para defender
planteamientos distintos e incluso opuestos, véase el importante trabajo de François-Xavier GUERRA. «’Políticas
sacadas de las Sagradas Escrituras’. La referencia a la Biblia en el debate político (siglos XVI a XIX)». En: Mónica
Quijada; Jesús Bustamante. Élites intelectuales y modelos colectivos. Mundo ibérico (siglos XVI-XIX). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2002, p. 155-198 (Colección Tierra Nueva e Cielo Nuevo; 45). Desde una perspectiva diferente –y también menos relevante para el tema que estamos tratando aquí- puede verse el
papel que se atribuye a la Biblia en Adrian HASTINGS. The construction of nationhood: ethnicity, religion and nationalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
25. Eugen WOHLHAUPTER. «La importancia de España en la historia de los derechos fundamentales». En: Conferencias dadas en el Centro de Intercambio Intelectual Germano-español (1926-1930). Madrid: Editorial Bless, 1930,
p. 1-36 (conferencia pronunciada el 26.3.1930).
69
MÓNICA QUIJADA
En efecto, aunque su investigación específica se centra en las fuentes españolas, a lo largo de todo el texto tiende líneas de comparación y relación con otros ámbitos políticos y legales26. Por otro, la asociación del estado de derecho medieval («en el que el
rey está obligado frente a sus súbditos, moral y jurídicamente a defender el derecho
bueno, es decir, el derecho antiguo») con la idea de carácter de contrato de todo derecho en general («el hecho jurídico total dentro de un territorio soberano ha sido objeto de un contrato entre todos con todos»). Finalmente la afirmación, basada en Otto
von Gierke, de que «la historia de los derechos fundamentales es el cruce de los principios de soberanía y asociación. Porque el individuo no puede luchar por la libertad
si no es unido a sus compañeros de clase y profesión y representando así una fuerza política bastante grande para poder exigir ciertas promesas de los poderes soberanos. Desde
luego, los derechos así logrados por la asociación tienen finalmente como efecto la libertad
del individuo»27.
Se trata, en fin, de una fórmula que vincula derecho con contrato, soberanía con asociación, acción colectiva con libertad individual. Lo cierto es que estos principios medievales, donde se imbrican normas legales y teorías políticas y teológicas, vuelven a aparecer una
y otra vez en los movimientos de la Edad Moderna. Pero es conveniente diferenciar dos
tipos de movimientos: lo que los franceses llaman jacqueries –que atraviesan los territorios
europeos desde la baja Edad Media–, y las que se identifican como «revoluciones» –que
incorporan elementos que van a acabar por caracterizar a la modernidad. Las dos más significativas –por conocidas y reconocidas– son la que se produce en Inglaterra en el siglo
XVII (que se asume como la reivindicación de viejas instituciones representativas, «práctica antigua que había que conservar y perfeccionar»28), y en Francia a finales del XVIII (donde los referentes de antiguos derechos se imbrican en la apuesta por una «libertad nueva
y abstracta» que debía refundarse e incluso inventarse29).
Es importante destacar que en el caso de las grandes revoluciones, e incluso en muchas
jacqueries, está presente la añoranza de una perdida edad de oro, donde confluía la memoria de libertades, leyes fundamentales y antiguas formas de representación.
26. Wohlhaupter defiende la aparición temprana de los «derechos de libertad cívicos» en España, anteriores a veces
«en cien o más años» a «la aparición de los derechos de libertad en Europa» (p. 5). Destaca además trabajos previos de historiadores del derecho donde se hacen estudios comparativos sobre derechos fundamentales en distintos lugares de Europa. Cita, como ejemplo, el del español Quintiliano SALDAÑA (Tratado de Derecho Penal.
Madrid: Hijos de Reus Editores, 1926) donde se muestra el paralelismo entre las garantías fundamentales impuestas en el Concilio VIII de Toledo y el Acta inglesa de Habeas Corpus, o el estudio del jurista inglés Webster (18831884) sobre la Influencia de los fueros pirenaicos en la Constitución inglesa, en el que se comparan las fórmulas de
derechos forales del norte de España y sur de Francia y el desarrollo de los derechos de libertad en Inglaterra en el
siglo XVIII.
27. Eugen WOHLHAUPTER. «La importancia de España…» [25], p. 7. Los énfasis son míos.
28. Sobre esta diferenciación de «la libertad a la inglesa» y «a la francesa» véase Francois-Xavier GUERRA. Modernidad
e independencias… [4], p. 30.
29. Francois-Xavier GUERRA. Modernidad e independencias… [4] y también, del mismo autor, «La nación moderna:
nueva legitimidad y viejas identidades». Tzintzun. Revista de Estudios Históricos (Morelia). 36 (2002), p. 79-114,
donde matiza interpretaciones suyas anteriores.
70
LAS «DOS TRADICIONES». SOBERANÍA POPULAR E IMAGINARIOS COMPARTIDOS...
Pero en mi opinión, la capacidad del movimiento para incorporarse en una vía que va
favoreciendo la consolidación y expansión del nuevo sistema político fundado en la soberanía popular, con la nación como su depositaria única e indivisible, depende de la articulación de esa memoria y esas reivindicaciones en una perspectiva monista que no está presente en las jacqueries y que modifica tanto el contenido como la capacidad de proyección
y las potencialidades del movimiento. Esa perspectiva monista se basa en la superación de
las reivindicaciones específicas, sea de grupos o de localidad geográfica (como ciudades o ámbitos rurales), para fundirse en una legitimidad que abarca los distintos estamentos del
espectro social, una expansión geográfico-política que se confunde con «lo nacional», y unos
mecanismos de poder y de representación considerados «modernos». Ése es el caso de las
conocidas como «grandes revoluciones atlánticas», pero no son las primeras. La confluencia de unos imaginarios políticos basados en el contractualismo, la libertad y los derechos
individuales con la tendencia monista de la Edad Moderna es rastreable al menos desde el
siglo XVI30.
En el mundo hispánico, los movimientos que se produjeron en el contexto de dichas
revoluciones atlánticas (el experimento de Cádiz y las independencias americanas), tenían
un importante imaginario acumulado al que recurrir, configurado a partir de acciones políticas de duradera memoria y propuestas teóricas entretejidas en los grandes debates que
favorecieron el advenimiento de la modernidad.
El carácter «moderno» de una rebelión temprana
Como es bien sabido, entre 1518 y 1521 se produjo en España un movimiento político
y social que se conoce por el nombre de la Rebelión de los Comuneros de Castilla31. Este
movimiento, asumido como mito de origen por los revolucionarios liberales de Cádiz y por
la escuela romántica posterior, decayó considerablemente en la consideración de la historiografía de la segunda mitad del siglo XIX. La rebelión comunera pasó a ser mayoritariamente considerada –como es el caso del más importante compilador de documentación relativa a la misma, Manuel Danvila32– como uno más de los levantamientos bajomedievales,
30. Digo «al menos», porque en temas historiográficos nunca hay una última palabra.
31. Se trata de un levantamiento armado de un número importante de ciudades contra Carlos I, nieto de los Reyes
Católicos y recién llegado de su Flandes natal con un nutrido séquito de ese mismo origen. El movimiento comenzó, como tantos otros en la baja Edad Media y la Edad Moderna, en la forma de una acción de resistencia hacia
las exigencias impositivas del nuevo monarca, unida al rechazo que produjo su negativa a jurar las Cortes de Valladolid. Pronto derivó en un movimiento de oposición política en la que los comuneros asumieron el poder y lo
delegaron en instituciones colectivas de carácter representativo. Sobre la autoasunción del movimiento como
«comunidad» véase el interesante trabajo de Juan Ignacio GUTIÉRREZ NIETO. «Semántica del término ‘comunidad’
antes de 1520: las asociaciones juramentadas de defensa». Hispania: Revista Española de Historia (Madrid). 36/136
(1977), p. 319-367.
32. Manuel DANVILA. Historia crítica y documentada de las Comunidades de Castilla. Madrid: 1897, 6 v. Las opiniones de Danvila acerca del movimiento comunero, que ejercieron una influencia profunda y duradera, se reflejan
sobre todo en el volumen I.
71
MÓNICA QUIJADA
centrados en la defensa de privilegios estamentales, sin una proyección que rebasara los intereses meramente localistas y carente, por tanto, del tipo de «régimen de opinión» que prefigura un pensamiento político y un proyecto global. Las interpretaciones con que una
nutrida corriente historiográfica ha explicado –y sigue explicando– los contenidos y alcances de dicho movimiento recuerdan bastante a los comentarios del antes citado Martin van
Gelderen referidos a los contenidos políticos de la rebelión de los Países Bajos: «unmodern,
if not conservative» y «behind the course of history».
A partir de los años sesenta del pasado siglo empezaron a surgir algunos importantes
trabajos que desmentían este tipo de visiones. En este sentido, creo interesante volver sobre
la monografía de 1963 en la que José Antonio Maravall identificó a la rebelión comunera
como un efecto de la temprana aparición de la crisis de la modernidad en España33. En este
libro, hoy injustamente marginado34, el autor hizo una extraordinaria inmersión en los
documentos del período para tratar de reconstruir el pensamiento político del movimiento
comunero, su proyección y el contexto en el que se expresó, con un tratamiento tan cercano a la nueva historia política que –en un momento intelectual que valoraba sobre todo la
dimensión socioeconómica– le valió las incomprensiones propias de toda interpretación
excesivamente pionera. Resultado de ese análisis fue la tesis de que el citado levantamiento
no debe identificarse con las típicas «jacqueries», ya que «la rebelión comunera se aproxima
mucho más a los movimientos acontecidos en las sociedades modernas, con su régimen de
opinión, que no a las revueltas gremiales de la baja Edad Media»35. No voy a repetir los
argumentos de Maravall ni su análisis de los textos –para ello remito a su sugerente libro–
sino a señalar algunos planteamientos que me parecen particularmente significativos.
Por un lado, la existencia en el movimiento comunero de un factor «protonacional»,
con una representación de tendencia monista que se proyecta a todo el reino –y a todo el pueblo– y no a las ciudades o los ámbitos particulares. Es decir, las Comunidades funcionan
en un espacio político basado en la «gobernación» del reino, que se identifica mediante
el término «España». Y, aunque se siga utilizando de forma indistinta la expresión «estos
reynos» o «este reyno», en ambos casos la voluntad está enfocada a una totalidad que tiene
al conjunto como objetivo unitario y principal, «cualquiera sea la estructura federativa
con que se le contemple». El planteamiento protonacional se manifiesta también en la
33. José Antonio MARAVALL. Las Comunidades de Castilla. Madrid: Alianza Universidad, 1994 (1ª ed. Madrid: Revista de Occidente, 1963). Dos importantes obras aparecidas con posterioridad a este libro de Maravall coinciden en
su interpretación de la rebelión comunera como un movimiento temprano de la modernidad. Véase, José Ignacio
GUTIÉRREZ NIETO. Las Comunidades de Castilla como movimiento antiseñorial. Barcelona: Planeta, 1973; Joseph
PÉREZ. La révolution des Comunidades de Castille. Bordeaux: Institut d'Etudes Ibériques et Ibero-américaines de
l'Université de Bordeaux, 1970 (edición en español: La revolución de las Comunidades de Castilla, 1520-1521.
México: Siglo XXI, 1985).
34. Las numerosas reediciones que se han hecho de Las Comunidades de Castilla de Maravall se han debido más al
renombre de su autor que a una buena acogida de las tesis que allí se plantean en el mundo académico. Por el contrario, las interpretación defendida en ese libro fue y sigue siendo recibida con desconfianza e incluso ignorada. La
razón de este rechazo tiene que mucho que ver, en mi opinión, con la asociación generalizada y acrítica de los procesos políticos españoles de los siglos XVI y XVII a calificaciones de premodernidad.
35. José Antonio MARAVALL. Las Comunidades… [33], p. 21.
72
LAS «DOS TRADICIONES». SOBERANÍA POPULAR E IMAGINARIOS COMPARTIDOS...
presencia recurrente en los textos comuneros de la noción de patria en el sentido de globalidad –y no de la localidad de nacimiento– y en una concepción territorial unitaria: «de los
reducidos límites locales, frente a los que fue completamente inoperante el pretendido universalismo de la doctrina imperial medieval, se pasa a los anchos términos de los reinos
territoriales»36.
Asimismo, la reivindicación de libertad aparece de forma generalizada, en singular
y con carácter político, en contraposición a las libertades de contenido particular o local
que apenas figuran en los textos. La libertad surge, además, como una reivindicación última, definitiva y no «concedida», sino declarada y mantenida por el mismo reino37. Junto a esta libertad aparece en los documentos, de forma recurrente, el término democracia38, vinculado a nociones como las de «villas de comuna», «república», «gobierno de
muchos», «por consentimiento» y «conforme a la voluntad de todos» o «con gran voluntad de todo el pueblo». Como era usual en la época sus modelos explícitos son las ciudades italianas, con magistrados elegidos por la comunidad, sobre las cuales hay grandes
elogios en la tratadística hispana, en textos como los de Alfonso de Palencia o Hernando
del Pulgar; y no es casual que el obispo Juan de Ossorio atribuyera a las Comunidades el
haber tomado como modelo a la «República Helvética». Tiene interés recordar que
ambos modelos –italiano y suizo– cumplieron también un papel muy importante en la
rebelión de los Países Bajos.
Pero más significativa aún es la exigencia de compromisos para un nuevo orden constitucional que supera ampliamente el marco de la conservación de «libertades amenazadas».
Maravall señala que los capítulos de peticiones (desde su inicial fase en Ávila hasta el período de Tordesillas, así como las instrucciones de las ciudades a sus representantes), no sólo
se centran en reivindicaciones globales y no estamentales o de privilegio39, sino que expresan un programa completo de directrices de gobierno, cuya instancia final es el cambio del
poder supremo. Es decir, no se trata de que este último pase de unas manos a otras o de un
bando a otro «conforme al esquema de las revueltas precedentes» (nobiliarias, urbanas o gremiales), sino de «toda una manera de entender el poder»40 que implica el ejercicio por parte de la Junta General de las Comunidades de Castilla de una potestad soberana, «que va
mucho más allá de cualquier modelo tradicional»41. Dentro del esquema organicista propio
de la época, la Junta asume que la cabeza no es el rey, sino que el reino tiene su cabeza en
36. José Antonio MARAVALL. Las Comunidades... [33], p. 60-61.
37. También lo asumen así sus contrarios: el Almirante de Castilla, por ejemplo, afirma que estas gentes comuneras
van extendiendo «con sus malas palabras unos a otros esta falsa libertad con que se han perdido», y poco después
de terminada la guerra llama a las Comunidades «esa maldita secta de libertad». José Antonio MARAVALL. Las
Comunidades... [33], p. 149-153.
38. Para el análisis terminológico y conceptual del uso de esta última noción, ver José Antonio MARAVALL. Las Comunidades... [33], p. 155-160.
39. Frente a las permanentes invocaciones al «bien del reino», son casi nulas las menciones al bien de la ciudad o de
un oficio o estamento. José Antonio MARAVALL. Las Comunidades... [33], p. 108.
40. José Antonio MARAVALL. Las Comunidades... [33], p. 31.
41. José Antonio MARAVALL. Las Comunidades... [33], p. 33.
73
MÓNICA QUIJADA
sí mismo y que, «en las circunstancias excepcionales del momento, es la misma junta la que
ejerce de cabeza»42. Dicho cuerpo desconoce a las instituciones constituidas normalmente
como órgano de gobierno –como el Consejo Real, cuyas prerrogativas asume– y proyecta
su autoridad sobre todo el ámbito territorial. La intención es que el poder de la junta quede reconocido por todos como único e incuestionable, no aceptándose «manera de gobernación mas de lo que el Reino tiene concertado y proveído»43. Así es como su actuación fue
percibida en la época; por ejemplo, el cronista Pedro de Mexia sostiene que la junta había
procedido «usurpando totalmente la jurisdicción y preeminencia real y atribuyéndola a sí
mismo con nombre de reino que decían que eran»44. Y, en el marco de esta auténtica pugna por la potestas, en algunos textos la figura de la monarquía puede quedar muy disminuida
e incluso desprovista de «preeminencia» –término usado en los documentos comuneros en
lugar de «soberanía». Tal es el caso, por ejemplo, de las Cortes de Valladolid de 1518, cuyos
procuradores recuerdan a Carlos V que «nuestro mercenario es» y que los tributos que se le
pagan deben ser considerados como un «salario» por cumplir con sus funciones45. Asimismo, tiempo después la Junta General de Comunidades de Castilla exige que los capítulos
de la Ley Perpetua sean reconocidos como válidos «por la sola voluntad del reino» y, si el rey
no accede, «han de defenderlos con mano armada»46. Hay que reconocer que el pactismo
inicial, si aún existe, ha quedado muy desnaturalizado; si no en los deberes recíprocos, por
lo menos sí en lo que concierne a los derechos47. En otras palabras, los propósitos comuneros no parecen apuntar a una soberanía compartida, sino a un cambio de su titular.
Vinculada a lo anterior, aparece una mutación en el concepto mismo de representación. La junta no sólo se orienta al cuidado o interés por el «bien común» y por el reino,
sino que asume la representación de este último, entendido como el conjunto del cuerpo
político48. En este contexto, los comuneros recogen la idea tradicional de representación
pero le dan una orientación nueva, de la que desaparece por completo el deber de «ayuda
y consejo» en que se basaron las asambleas medievales. En primer lugar, las Cortes no se llaman por convocatoria regia sino «por el pueblo y ante el pueblo», aunque se mantiene una
apariencia de legalidad tradicional utilizando el nombre de la reina Juana49. Sin embargo,
y a pesar de recurrir a esta fórmula jurídica de legalidad, la junta muestra la tendencia a constituirse en el único poder legítimo y total de todo el reino. En ese marco se aplica el principio de mayorías que tenía antecedentes inmediatos en la baja Edad Media, pero la junta
comunera lo transfiere del ámbito municipal o gremial a la esfera de todo el reino50. Por
otra parte, aunque por razones obvias todavía no se formula el principio de representación
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
74
José Antonio MARAVALL. Las Comunidades... [33], p. 60.
José Antonio MARAVALL. Las Comunidades... [33], p. 113.
Crónica, citada en José Antonio MARAVALL. Las Comunidades... [33], p. 114.
José Antonio MARAVALL. Las Comunidades... [33], p. 124.
José Antonio MARAVALL. Las Comunidades... [33], p. 134.
Nuevamente es un proceso que se parece de forma notable a la experiencia de los Países Bajos.
José Antonio MARAVALL. Las Comunidades... [33], p. 110.
José Antonio MARAVALL. Las Comunidades... [33], p. 124 y 111.
José Antonio MARAVALL. Las Comunidades... [33], p. 165.
LAS «DOS TRADICIONES». SOBERANÍA POPULAR E IMAGINARIOS COMPARTIDOS...
moderna que excluye el mandato imperativo, se afirma la plena autoridad de los miembros
de la junta para obrar, sin tener que esperar instrucciones de sus representados. Los procuradores en ella reunidos asumen representativamente la potestad total y plena que les corresponde como órgano de autoridad y, de hecho, la junta intenta convertir el mandato en un
régimen de plenos poderes. Como afirma Maravall, lo que guía esta medida es sin duda una
voluntad de eficacia –no perder tiempo en la toma de decisiones urgentes como el avituallamiento o los pertrechos de guerra– «pero –agrega– en la Historia del Derecho constitucional muchas instituciones, muchas normas se han desarrollado como consecuencia indirecta de prácticas que aparecían orientadas hacia otros objetivos»51. Finalmente, esta
legitimidad fundada en la junta como representación del todo, del pueblo en su unidad, es
formulada explícitamente en los documentos, así como una concepción de representación
no jerarquizada: como afirma el cronista Santa Cruz: «decían todos ellos que allí en aquella Santa Junta no había mayores ni menores, sino que todos eran iguales», lo que recuerda
la frase de Argüelles en las Cortes de Cádiz: «Todos hemos venido aquí con los mismos
poderes»52.
Claro está que no nos encontramos ante un sistema que haya hecho desaparecer los
privilegios estamentales: aunque los propios comuneros reconocen el papel fundamental del
«tercer estado» en la rebelión, y aunque ésta actúa con voz del «común», la capacidad
de elección sigue recayendo sobre todo en «los meliores y maiores»53. Ni mucho menos
estamos aún ante el principio de «un hombre, un voto» que no se instalará sino a partir de
la Revolución Francesa, ya que ni siquiera la Revolución Inglesa llegó a eliminar los privilegios del sistema político. Sin embargo, asoma el inicio de un camino hacia formas nuevas: la generalidad de la función que asume el órgano deliberante, la ampliación de la base
de los electores que se produce en la práctica, y la autoridad de la junta en relación al cuerpo representado y a sus partes. Los comuneros se apoyaron en las viejas teorías de resistencia a la tiranía, tan reivindicadas en la baja Edad Media; pero la articulación de sus acciones y sus textos en un escenario que empezaba a ser diferente dan un esquema distinto de
sus preocupaciones, que se vinculan al problema del poder, su unidad, su fundamentación
y su representación. De hecho, la plenitud, individualidad y universalidad que en el absolutismo va a concentrar la figura del rey aparecen aquí asumidas por la Junta General de
Comunidades de Castilla, pero articuladas en un principio de representación.
51. José Antonio MARAVALL. Las Comunidades... [33], p. 115 y 173.
52. Ambas citas en José Antonio MARAVALL. Las Comunidades... [33], p. 117. De hecho hay un debate entre una suerte de democracia directa propugnada por los gobernadores y la fórmula de representación por mayorías defendido por la junta, p. 167.
53. Es interesante destacar la configuración de las bases sociales de las Comunidades, que recorren prácticamente todo
el espectro social, así como la visión que de las mismas tienen algunos dirigentes comuneros. Uno de ellos, en escrito dirigido al Consejo Real, se refiere a «los tres estados de gentes, los grandes, los medianos “y el tercer miembro
era el resto, de cuya industria y trabajo todos se mantenían”, agregando que “este miembro postrimero ha caído
en la cuenta de cómo llevaba toda la carga de lo civil y lo criminal” y que “han comenzado [...] por desechar ese
yugo”». José Antonio MARAVALL. Las Comunidades... [33], p. 143. En la p. 180 se hace una reconstrucción de la
configuración social del movimiento.
75
MÓNICA QUIJADA
Agreguemos que tampoco estamos todavía en un ámbito estrictamente maquiaveliano ni en el de una separación nítida entre Estado y gobierno, pero sí se acerca a los términos que establece Michel Senellart (en contraposición al «régime» medieval) como «définition nouvelle du gouvernement», es decir, el «art de concilier les intérêts particuliers, de
conserver la forme de la république ou de réaliser la plus grande somme possible de forces»54. Siguiendo la fórmula del mismo autor, nos encontraríamos ya en «la perspectiva del
poder» y no en «el horizonte de la escatología» o de «una multitud de individuos preocupados por sus intereses particulares». Es lo que Senellart llama el paso de la idea medieval
de «régime» (es decir, de la dirección de la comunidad a partir de la metáfora del piloto que
dirige la nave) a la concepción moderna de «gouvernement»55.
Este tipo de proyección política se confirma en algunos de los documentos fundamentales de los sublevados. Por ejemplo, según Fernández Santamaría, autor que ha estudiado exhaustivamente el pensamiento político español de los siglos XVI y XVII, en el programa que surge del importantísimo texto titulado Alianza y hermandad jurada que las
ciudades y villas del reino realizaron en Tordesillas el 25 de septiembre de 1520, «va implícita
una transformación de la estructura constitucional castellana que a su vez conlleva la alteración del equilibrio político dentro del reino» 56; y agrega que lo que se está creando es una
institución parlamentaria nueva, a pesar del uso de un término de larga tradición como
«Cortes». Se trata de una forma nueva –argumenta este autor en notable sintonía con Maravall– porque no es convocada por el rey ni puede ser disuelta por él, asume el poder legislativo y el ejecutivo en representación de toda Castilla, afirma que «su propia seguridad y el
bienestar del reino son inseparables» y, finalmente, se ve a sí misma como una instancia permanente, que perdurará y se mantendrá una vez pasados «los apuros presentes».
Sin duda se trata de un momento incipiente de construcción del espacio político, tanto más aún si pensamos en términos de teoría política moderna. Pues no es ocioso recordar
aquí que El Príncipe de Maquiavelo fue redactado en 1513, pero no se publicó hasta 1531;
en cuanto a sus Discorsi y El arte de la guerra, todos se escriben a partir de 1520 y son publicados con posterioridad a esa fecha (los Discorsi, en 1532). Y por supuesto, nos hallamos
aún mucho más lejos de los Seis libros de la república, de Bodino, que vio la luz en 1576.
Pero sí nos encontramos ante un campo semántico en proceso de mutación en el que –insistiendo en la conceptualización de Senellart– la idea misma de un gobierno político se está
separando del concepto no político de régimen. Proceso de mutación que se desarrolla
en la interacción de la teoría y la práctica. En este sentido es interesante comparar lo que
54. Ver Michel SENELLART. Les arts de gouverner. Du regimen médiéval au concept de gouvernement. Paris: Seuil, 1995,
p. 22.
55. Michel SENELLART. Les arts… [54], p. 22-32.
56. J. A. FERNÁNDEZ SANTAMARÍA. La formación de la sociedad y el origen del Estado. Ensayos sobre el pensamiento político español del Siglo de Oro. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 65. Por cierto, según Maravall este planteamiento de asunción total del poder político -que convierte a las Comunidades en un conflicto
constitucional- es lo que explica que los sublevados no aceptaran las múltiples propuestas de satisfacer sus peticiones concretas ofrecidas por los delegados reales.
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dicen Maravall y Martin van Gelderen acerca de la ideología de las rebeliones que constituyen sus respectivos objetos de estudio. Afirma Maravall:
«Claro que si hablamos del pensamiento político de los comuneros, no pretendemos que ello
implique atribuirles una doctrina sistemática, explícitamente desenvuelta en sus escritos, sobre la
organización política de una sociedad humana. Pero sí responde su obra y cuanto se dice en los escritos que ella suscita, a la visión de unos problemas centrales de la sociedad política, de su gobierno
y estructura. Desde luego esa visión no está dada desde el primer momento, sino que, a través de la
sucesión de sus episodios, se va desenvolviendo y haciendo consciente. De ese pensamiento comunero los comienzos son variados y confusos. Poco a poco, el movimiento se va clarificando y precisando, en sus ideas y aspiraciones, aunque de todos modos creemos que será justo reconocer que la
intuición de sus puntos principales se había alcanzado muy tempranamente»57.
Por su parte, concluye Martin van Gelderen:
«... the development of the ideology of the Dutch political order as based on liberty, constitutional charters, representative institutions and popular sovereignity coincided with the political
developments of the Revolt. The political thought of the Dutch Revolt was the result of a permanent confrontation with political reality. Political developments challenged political thinkers to
reassert and extend their arguments, while each ideological innovation conditioned political action
and subsequent political argumentation»58.
¿Nos encontramos aquí ante un antecedente de la doctrina de la legitimidad fundada
en la soberanía popular, tal cual se va a desarrollar a lo largo de tres siglos hasta su consolidación y universalización a finales del XVIII? Maravall así lo cree:
«Sin duda, alrededor de 1520 no es conocida en Europa ni está elaborada teóricamente la
doctrina de la soberanía una e indivisible. Para ello habrá que esperar a Bodin y, más aún, a los juristas del absolutismo, como Loyseau; pero mucho antes de que se llegue a esto, sobre la base de la doctrina romanística y bajomedieval de la “universitas”, se puede llegar y efectivamente se llega a concebir el pueblo como una unidad [...] y a considerarla, en consecuencia, capaz de ser sujeto del
poder. Al pretender la junta comunera presentarse como representante de la unidad del pueblo, no
vamos a creer que lo hace con plena conciencia de las derivaciones que ello iba a tener en la teoría
de la soberanía, ulteriormente, pero sí hemos de reconocer que con tal pretensión coincide la de asumir, en nombre de la comunidad y en representación única y unitaria suya, el derecho a ejercer el
poder político»59.
57. José Antonio MARAVALL. Las Comunidades... [33], p. 19-20.
58. Martin van GELDEREN. The political thought… [1], p. 266.
59. José Antonio MARAVALL. Las Comunidades... [33], p. 120. Y agrega, citando a Mexía: «Luego començaron a reinar como reyes, aunque en nombre de la reina» (p. 121).
77
MÓNICA QUIJADA
Ahora bien, cuando se habla de las Comunidades es inevitable su asociación con un
hecho de carácter determinante: a diferencia de las que consideramos como grandes revoluciones de la Edad Moderna, se trató de un movimiento derrotado. Por lo tanto, no sabemos cuál hubiera sido su evolución posterior. Lo que sí sabemos es: primero, que muchos
de los planteamientos comuneros son idénticos a los principios que en las revoluciones
modernas triunfantes fueron el instrumento de transformación de las libertades estamentales en la libertad democrática; segundo, que su misma derrota reforzó, por reacción, el absolutismo real; y tercero, que su permeación del imaginario colectivo fue de extraordinaria
envergadura. Muestra de ello es La relación de los pueblos de España mandada hacer por Felipe II varias décadas después de los sucesos de las comunidades (1575-78) que, recogiendo
numerosos testimonios tardíos, demuestra la extensión social y geográfica del movimiento
y «el carácter político con que quedó fijada su imagen en los años posteriores»60. Y tanto
cronistas como Antonio de Guevara –muy crítico con el movimiento comunero– o López
de Gómara, que escribió en fechas aún próximas al evento, señalaron que la rebelión tuvo
el alcance y valor de una opción política. Pero además, todo el pensamiento político español
elaborado con posterioridad a dicho movimiento lleva su impronta, positiva o negativa,
explícita o implícita, ya se trate de Alonso de Castrillo, de Fernando Vázquez de Menchaca61, de Antonio de Guevara, de Vitoria, de Suárez o Mariana.
Neoescolástica y política moderna
Un caso particularmente interesante es el de Alonso de Castrillo, cuyo Tractado de la República fue escrito bajo la impresión directa de la guerra comunera62. Publicado en un
momento de derrota –1521– es un curioso texto en el que conviven, sin cruzarse, dos posiciones contradictorias entre sí. Por un lado, su autor tuvo que mostrarse –posiblemente le
iba la vida en ello– contrario al hecho mismo de la subversión y favorable a la obediencia
ante el poder monárquico. No obstante, construyó una teoría de gobierno republicano en
base a un esquema inspirado en las fórmulas comuneras y directamente influido por esa circunstancia política. Castrillo habla de la respublica, y da una definición de la misma basada en Aristóteles, pero que traduce muy de cerca la experiencia comunera: «Respublica es
un cierto orden o manera de vivir instituida y escogida entre sí por los que viven en la misma ciudad»63. Y en cuanto a un concepto fundamental como el de ciudadano, afirma
60. José Antonio MARAVALL. Las Comunidades... [33], p. 133.
61. El análisis más completo sobre este personaje, tan importante e influyente en su época como mal conocido hoy,
es el de Annabel S. BRETT. Liberty, right… [2]. Véase también Francisco CARPINTERO BENÍTEZ. Del derecho
natural medieval al derecho natural moderno: Fernando Vázquez de Menchaca. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1977.
62. Alonso de CASTRILLO: Tractado de la Republica. Con otras Hystorias y antigüedades. Madrid: Instituto de Estudios
Políticos, 1958. Sobre esta obra ver MARAVALL. Las Comunidades... [33], p. 159 y ss.; J. A. FERNÁNDEZ SANTAMARÍA. «Alonso de Castrillo y la libertad natural del hombre». En: La formación de la sociedad… [56], p. 59-105.
63. A. de CASTRILLO. Tractado de la Republica… [62], p. 28-29.
78
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Castrillo que «por ninguna otra cosa es averiguado quien sea el ciudadano sino por la participación del poder para juzgar y determinar públicamente»64. A estos principios básicos
del constitucionalismo y de la responsabilidad política de la comunidad, se agregan una
serie de planteamientos que configuran una teoría sobre el origen contractualista de la
sociedad política.
Es importante señalar que cien años antes de que lo haga Milton, Castrillo afirma que
Dios creó al hombre libre65. La característica que define a una comunidad organizada en
república es el concierto, que implica tanto orden como consentimiento. Ese concierto es la
«ciudad» o «civitas» a la que llega un colectivo (una multitud de hombres reunida en civitas)
por obra de la buena conversación –que recuerda al principio retórico de Cicerón– y la semejanza de costumbres que engendran «semejantes corazones». El legislador –en este caso el
modelo es Moisés– dicta leyes que hacen posible el orden, que a su vez es mantenido por
magistrados y jueces «salidos del pueblo mismo», en lo que también sigue el modelo israelita. Este entramado es lo que el autor llama «constitución»66. Por ello, según Fernández Santamaría, «la naturaleza de la república de Castrillo es tanto democrática como contractual»67.
Dos cosas son significativas: primero, Castrillo invalida la suposición aristotélicotomista que entiende que la civitas y la autoridad nacen simultáneamente, y defiende que
la primera existe por un acto de la voluntad colectiva hecho realidad por medio de un pacto interno de la comunidad, que en otro capítulo modela sobre la ekklesia ateniense, la
asamblea de los ciudadanos. Por ello, para Castrillo la política asociada a la civitas (la constitución) se vincula a la libertad del hombre y al carácter no coercitivo de la ley. No obstante, la introducción de la idea de ekklesia o asamblea indica que el pueblo mantiene la
potestad de modificar el acuerdo inicial, después incluso de que la civitas esté políticamente organizada68.
En segundo lugar, las leyes de Castrillo implican un «pacto y el apoyo moral de una
población virtuosa». En este caso la obediencia que sujeta a la comunidad no es a la persona o al magistrado sino a la ley, «sobreentendida por el pacto mismo que la creó»69. El cambio de ese pacto colectivo inicial a una situación de obediencia asociada al encumbramiento de uno sobre los demás no es un acto al que el autor dé una lectura positiva: «... por ley,
o por concierto, o por condición, o por fuerte, y desde allí en adelante como comenzó
a ser de uno lo que antes por natura fuera de muchos, como creció la codicia, corrompióse el concierto de las gentes [...] El primer hombre que en el mundo se hizo obedecer de
otros hombres usurpó este nombre de rey por fuerza...»70. Y esa «corrupción del concierto
64.
65.
66.
67.
A. de CASTRILLO. Tractado de la Republica… [62], p. 25.
Ver J. A. FERNÁNDEZ SANTAMARÍA. La formación de la sociedad… [56], p. 83.
A. de CASTRILLO. Tractado de la Republica… [62], p. 130.
J. A. FERNÁNDEZ SANTAMARÍA. La formación de la sociedad… [56], p 91. Véase A. de CASTRILLO Tractado de la
Republica… [62], para la utilización del concepto de «democracia» en la tratadística de este período.
68. J. A. FERNÁNDEZ SANTAMARÍA. La formación de la sociedad… [56], p. 92.
69. J. A. FERNÁNDEZ SANTAMARÍA. La formación de la sociedad… [56], p. 93.
70. A. de CASTRILLO. Tractado de la Republica… [62], p. 45.
79
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de las gentes» genera la «servidumbre política»71. Es decir, en la visión de Castrillo la obediencia «fue introducida por fuerza y no por justicia», ya que no había sido designio de Dios
que «el hombre señorease al hombre, sino el hombre a las bestias...»72. Pero es importante
añadir que aunque la comunidad llega a esta situación como castigo de Dios a la codicia
y el pecado, se trata del resultado inmediato «de una decisión consciente, si mal aconsejada, tomada por el hombre en plena posesión y ejercicio de su libre voluntad»73.
El discurso de Castrillo –a diferencia del de Locke, posterior a él en más de un siglo–
simpatiza con una rebelión vencida y sujeta a una brutal represión, por ello muestra desesperanza: como dice Fernández Santamaría, comienza mostrando lo que «debe ser», y acaba
en lo que «es». Pero lo significativo de su propuesta –heredera y parte de una larga tradición
que va poniendo los cimientos de los derechos individuales, la libertad fundamental del
hombre y el gobierno por consentimiento74– es el hecho de que fuera publicada en un contexto de derrota y por tanto de riesgo personal. El mismo acto de su publicación y, en ese
momento de afirmación absolutista, la buena recepción de una teoría fundada en la concepción de la respublica como resultado de la voluntad consciente, unitaria y libremente ejercida por una multitud de hombres –muy parecida en esto, por lo demás, a la del también
hispano Juan Luis Vives75– indica el grado de permeación del imaginario y de aceptación de
sus principios que alcanzó la propia rebelión comunera, convertida en una suerte de espejo
que, no casualmente, acabaría por instalarse como mito de origen para el liberalismo gaditano. Permeación que venía de lejos: como afirma Maravall, a pesar del rencor que mantuvo
Carlos V contra los sublevados, los historiadores y cronistas que escribieron durante su reinado –incluso aquellos que se adscribieron a la política imperial como Jiménez de Quesada,
Santa Cruz o López de Gómara– no se atrevieron a condenar sus últimas aspiraciones y llegaron, en ciertos casos, a justificar la protesta de los rebeldes castellanos y a reconocer que,
por lo menos en sus inicios, la razón estaba de su parte76. Más aún, Antonio de Guevara,
defensor acérrimo del poder absoluto del rey y crítico de los comuneros –a quienes acusa, en
expresión significativa, de ser amigos de las novedades– no vacila en defender, como Castrillo, que «la obediencia política ha sido la novedad más fatídica para la humanidad»77.
71.
72.
73.
74.
A. de CASTRILLO. Tractado de la Republica… [62], p. 92 y ss.
A. de CASTRILLO. Tractado de la Republica… [62], p. 48-49.
J. A. FERNÁNDEZ SANTAMARÍA. La formación de la sociedad… [56], p. 163.
Hay excelentes análisis de esta tradición, como el citado libro de Annabel S. BRETT. Liberty, right… [2]. Pero ninguna obra unitaria ha dado todavía un panorama completo de este tipo de pensamiento, posiblemente porque la
multiplicidad de voces que a él concurren lo hace casi inabarcable. No es ocioso señalar, por ejemplo, que por las
mismas fechas del Tractado de la Republica de Castrillo –1520 en adelante- el valenciano Juan Luis Vives defendió posiciones sobre el origen de la sociedad política que tenían puntos en común con las de aquél. Es importante recordarlo, porque se trata quizás del tratadista hispano más conocido e influyente del siglo XVI en toda la Europa occidental. Sus obras, traducidas al inglés desde muy temprano, se encuentran en ediciones múltiples en las
bibliotecas tanto de Inglaterra como de los Países Bajos. Ver Enrique GONZÁLEZ GONZÁLEZ. «La recepción de la
obra de Vives durante el Antiguo Régimen». Rinascimento: rivista dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento
(Firenze). XXXVIII (1998), p. 455-514.
75. Ver la nota anterior.
76. José Antonio MARAVALL. Las Comunidades... [33], p. 97.
77. J. A. FERNÁNDEZ SANTAMARÍA. La formación de la sociedad… [56], p. 109.
80
LAS «DOS TRADICIONES». SOBERANÍA POPULAR E IMAGINARIOS COMPARTIDOS...
Entiendo que nos estamos moviendo en un contexto de adaptación, pero también de
resignificación, de creación y de recreación de principios en función de situaciones nuevas
o en proceso de cambio. Creo que la experiencia comunera forma parte de los hilos que
entretejen las teorías contractualistas y los planteamientos que estaban configurando la asociación estrecha entre la legitimidad del poder político y el principio de la soberanía popular, en un contexto que a su vez era cada vez más tendente a la autonomización del espacio
político y a la unificación del poder. Y propongo que el pactismo, tal cual fue elaborado por
el pensamiento neoescolástico, también integra esa urdimbre. Porque para entender a Suárez o a Mariana, pero también a Vitoria –que se mueve ambiguamente entre el pactismo
y la defensa del derecho divino de los reyes– no se les puede desgajar de la interrelación
estrecha entre la herencia comunera –con sus recuerdos y heridas aún frescos– y la reacción
absolutista, la escolástica bajomedieval y una circunstancia nueva que constituyó un auténtico terremoto geopolítico: el surgimiento del luteranismo y el impulso reformista, que
abarca no sólo al primero sino a movimientos de reforma dentro del propio ámbito católico, como la de las órdenes o de la educación78.
No voy a extenderme en las teorías de aquellos neoescolásticos, que son por demás
conocidas, pero sí creo pertinente recordar que fue precisamente para responder a los planteamientos de Lutero que Suárez recuperó el pactismo, ciertos aspectos del contractualismo y el principio del tiranicidio, cimentados tanto en el prestigio de la tratadística
bajomedieval como en los ecos temidos, pero también respetados, de la experiencia
comunera –a la que, por cierto, Suárez alude en más de una ocasión. En De Legibus
(1612)79 lo que importa a Suárez es el problema del origen y la legitimidad del poder
político, que cimenta en el axioma de que el hombre por naturaleza es libre. A su vez,
su conocido texto de 1613 Defenso fidei catholicae et apostolicae adversus anglicanae sectae errores no fue el resultado de la especulación académica sino, en el contexto de la
política internacional del momento, un encargo del nuncio papal para refutar las acciones emprendidas por el rey Jaime I de Inglaterra contra los católicos de su país. Es decir,
la recuperación de los principios de la tratadística bajomedieval no fue un ejercicio de
mera especulación teórica, sino una resignificación y readaptación de antiguos debates
filosóficos y teológicos a un contexto de preocupación exclusivamente política y secular,
en el que se cruzaba la necesidad de defender la autoridad del emperador y del Papa
y de refutar al propio tiempo los principios luteranos de que el poder de los príncipes
–que incluía su jurisdicción sobre las iglesias nacionales– derivaba directamente de Dios,
y que todo cristiano tenía la obligación ineludible de someterse incondicionalmente a la
autoridad política80.
78. Debo esta última referencia a los siempre importantes comentarios de Jesús Bustamante.
79. Francisco SUÁREZ. De Legibus. Madrid: CSIC, 1971-1981, 8 v. (Edición crítica bilingüe).
80. La fórmula literal de Lutero es: «Nosotros, mejor y más sabiamente, establecemos con todos los sabios que la
monarquía o regia potestad no sólo es legítima y justa, sino que los reyes por derecho divino y natural tienen el
poder y no lo reciben de la misma república, o séase de los hombres». Citado en J. A. FERNÁNDEZ SANTAMARÍA.
La formación de la sociedad… [56], p. 162.
81
MÓNICA QUIJADA
Parece bastante coherente que, desde la experiencia hispánica, a Lutero no se le refutase con el derecho divino de los reyes, sino con el replanteamiento y modernización del
antiguo concepto de A Deo per populum y –precisamente– el derecho de resistencia. Pero
de manera tal que, a diferencia de Castrillo, en la visión de Suárez queda legitimada la introducción de la autoridad política con poder de coerción (principatum y potestas), en aras de
la necesidad que se tiene de ambos principios para la conservatio de la comunidad humana
y civil. Y esto es posible porque el hombre, para Suárez, es creado libre, pero tiene capacidad para someterse y obedecer a la autoridad política «conforme a la recta razón» y mediante un acto de «transferencia» de la potestas de la cual es titular, a «otro que tenga poder
y justo título» para ejercerla. Por lo tanto, en la teoría de Suárez hay dos pactos: uno inicial, de la comunidad entre sí (contractual y voluntarista), y otro de aquélla con la cabeza
que haya decidido darse, receptora del poder; pero eso sí: bajo unas condiciones que esta
última está obligada a cumplir. Condiciones que en el caso de los comuneros –modelo utilizado expresamente por Suárez– eran «las leyes de estos reinos». Pero, a diferencia de lo que
en su práctica política llevaron a cabo los rebeldes, Suárez –sujeto no tanto a un pensamiento tradicional como a las coordenadas impuestas por su propia época– afirma que el
pacto no puede ser revocado unilateralmente por la comunidad. Esto último está destinado a asegurar la tranquilidad del rey inglés con pretensiones absolutistas a quien estaba dirigido el escrito.
Un último detalle es importante para nuestra argumentación: la comunidad política
en la que piensa Suárez no es local ni mucho menos universal, sino que se ajusta a una proyección que hoy llamaríamos «nacional» o «estatal». Como afirma en De Legibus: «A mí me
parece verosímil que este poder o nunca o durante muy poco tiempo existió de esta manera en todo el conjunto de los hombres, sino que poco después de la creación del mundo
comenzaron los hombres a dividirse en distintos estados (en varias respublicas), y que en
cada uno de ellos existió este poder por separado»81.
Cuando las grandes revoluciones atlánticas de finales del XVIII removieron el avispero que se había estado configurando a lo largo de siglos –el propio principio político de la
soberanía popular– fue precisamente el pactismo vinculado al derecho de resistencia lo que
se convirtió en blanco prioritario del ataque de la reacción absolutista. Y no es ocioso recordar que más de un siglo y medio antes, cuando en 1610 se produjo en Francia el asesinato
de Enrique IV, la obra del jesuita español Juan de Mariana había sido quemada públicamente en las calles de París, o más bien «descuartizada», como corresponde a un reo de «lesa
majestad». Tiene interés recordar que había sido Mariana, precisamente, quien llevara a su
mayor desarrollo la convergencia entre el pactismo y el voluntarismo contractualista. Especialmente significativo en este sentido es su tratado De rege, publicado en 1599, donde define el origen de la societas y de la civilis societas –en el marco de un esquema evolutivo– en
un acto libre de la comunidad, que es de quien emanan las leyes y quien coloca a un hombre
81. Citado en J. A. FERNÁNDEZ SANTAMARÍA. La formación de la sociedad… [56], p. 187.
82
LAS «DOS TRADICIONES». SOBERANÍA POPULAR E IMAGINARIOS COMPARTIDOS...
como su cabeza. Pero la postura de Mariana era ambigua: por un lado prefería la monarquía como el único sistema que podía lograr la «unidad de propósito» imprescindible para
el buen gobierno; por otro, también ponía de manifiesto su inclinación hacia «la prudencia
y sabiduría de muchos» –la república– porque un hombre solo es fácilmente seducible y
corrompible. Finalmente Mariana se decantaba, como mal menor, por una monarquía restringida (constrictum), que precisara del consentimiento de la comunidad. Si se agrega que
en esta obra Mariana afirmaba que «la autoridad de la comunidad en pleno es mayor
que la de un solo hombre»82 y que finalmente legitimaba e incluso encomiaba el tiranicidio83, se hace comprensible el mencionado episodio de su quema pública en un contexto
de magnicidio.
Es posible que hubiera en las teorías neoescolásticas un potencial de cambio no deseado y tanto más temido porque se fundaban, precisamente, en principios y derechos de larga tradición en toda Europa, España incluida. En este sentido es significativa la afirmación
de Otto von Gierke recogida por Wohlhaupter según la cual «la evolución constitucional
medieval se basa en el dualismo del principio de la soberanía y de la asociación». Y agrega: «Las
numerosas hermandades, gremios y cofradías a las que tan a menudo se refieren las fuentes
históricas de España, demuestran que la idea de la unión no ha desempeñado aquí, con la
obligación de fidelidad y protección jurada recíprocamente, menor papel que en los demás
países europeos, e incluso parece que tuvieron una mayor importancia política»84. Ahora
bien, el potencial revolucionario de esos principios no surgía de la mera memoria de los
mismos; residía en el hecho de que estaban siendo resignificados en el contexto del poder
unitario, monista, de los modernos Estados. Eso es lo que los convertía en peligrosos, tal
cual se venía demostrando en las prácticas políticas desde el siglo XVI. Porque un mismo
principio adquiere caracteres y acentos diferentes –y por lo tanto se inserta de manera diversa en el proceso que lo enmarca– cuando es reivindicado en contextos políticos distintos a los
que le dieron origen.
Retomando lo dicho hasta aquí, en la época de las grandes revoluciones atlánticas el
mundo hispánico se movía en las coordenadas de un imaginario múltiple. El referente más
importante de acción violenta colectiva por la reivindicación de derechos y libertades, de
una proyección inusual en un marco que comenzaba a identificarse con «lo nacional», despertaba ecos de una derrota que había acabado favoreciendo la concentración del poder
y la autoridad en la corona. Al propio tiempo, los contenidos ideológicos y políticos de la
rebelión que, como afirma Maravall, «fluyen por debajo de los acontecimientos, dando a
éstos sentido»85, constituían un utillaje con el que erosionar la construcción jerárquica de
la sociedad estamental, configurando un imaginario en el que las antiguas libertades –que
82. Ver J. A. FERNÁNDEZ SANTAMARÍA. La formación de la sociedad… [56], p. 215-260.
83. Para una historia del principio del tiranicidio véase Mario TURCHETTI. Tyrannie et tyrannicide de la Antiquité à
nos tours. Paris: PUF, 2001.
84. Otto von GIERKE. Das deutsche Genossenschaftsrecht, Berlin, 1868, tomo II, p. 467. Citado en Eugen WOHLHAUPTER. «La importancia de España…» [25], p. 7.
85. José Antonio MARAVALL. Las Comunidades... [33], p. 19.
83
MÓNICA QUIJADA
nunca dejaron de verse como «el derecho bueno»– se reasumían bajo la forma más moderna de la «libertad». Se trataba por lo tanto de una perspectiva dual: la propia memoria de
la rebelión mostraba que se podía resistir la conculcación de derechos y construirse un proyecto político basado en el contrato y el consentimiento, pero también que la derrota era
posible y que el orden y la conservación de la sociedad parecían más garantizados en el marco de un poder personalizado.
En el contexto de esa doble experiencia se entienden mejor propuestas teóricas como
las de Castrillo, en la que se aúnan la añoranza de una república democrática y un marcado pesimismo final; la de un Antonio de Guevara, que propugna el poder absoluto del rey
al tiempo que afirma que «la obediencia política ha sido la novedad más fatídica para la
humanidad»; o las de los neoescolásticos, con su defensa de una potestas populi fundada en
la libertad del hombre y legitimada por ésta, pero que en última instancia no erosionase el
orden que se suponía –y aún se supone– imprescindible para la conservación de la sociedad. Propuesta que puede leerse también a la inversa, es decir, que el orden necesario no
impida garantizar la libertad fundamental del hombre reunido en sociedad.
Colofón: las dos tradiciones
Como he anunciado al principio de este trabajo, el prolongado paseo que hemos dado por
los siglos XVI y XVII no entrañaba la pretensión de entrar en un debate específico sobre la
Monarquía Hispánica. Su objetivo ha sido, por el contrario, revisar algunos aspectos del
imaginario político que estaban activos en dicho ámbito en la época de las grandes revoluciones atlánticas, a finales del siglo XVIII y principios del siguiente. Esto me ha llevado
a replantear los contenidos y la valoración de algunos referentes históricos del mundo hispánico que, en mi opinión, se articularon en un proceso secular múltiple que se desarrolló
en todo el mundo occidental. En él intervinieron préstamos e influencias mutuas, así como
redes de pensamiento y de poder, configurando una suerte de imaginarios compartidos que
traspasaron fronteras y tiempos, y que operaron de manera no siempre secuencial, a partir
de flujos y entretejidos escasamente lineales.
El plural es intencional, porque lo anterior no implica un único imaginario idéntico a sí
mismo, con iguales ritmos y el mismo contenido en cada momento y lugar. Las formas de acceso a la modernidad fueron diversas, pero en mi opinión se trata de especificidades dentro de
un proceso político que fue común a todo el mundo occidental. Una especificidad del proceso hispánico que posiblemente tuvo un peso importante a finales del siglo XVIII, por ejemplo,
es que la defensa de derechos y libertades que convirtió a las Comunidades en un mito de origen para los liberales de Cádiz fuera también una memoria de derrota. Pero el referente en sí
no era distinto del que promovía o había promovido movimientos análogos en otros ámbitos.
Lo que a mi modo de ver se desprende de lo que se ha discutido hasta aquí es que
en el largo período que la historiografía convencionalmente ha llamado «Edad Moderna»
84
LAS «DOS TRADICIONES». SOBERANÍA POPULAR E IMAGINARIOS COMPARTIDOS...
o «Antiguo Régimen» –según la perspectiva que se aplique–, en el ámbito occidental se
entrecruzaron dos tradiciones, dos formas de entender el poder y dos formas de engarzar el
gran imperativo de autoconservación que motiva a todas las sociedades humanas. Cada una
de esas tradiciones ha tendido a fomentar un principio de legitimidad política distinto: uno
fundado en la soberanía absoluta y por designio divino de una única persona, otro cimentado en la soberanía también absoluta, pero colectiva, voluntaria y contractual de «los
muchos», «la multitud», «el pueblo». Ambas soberanías tienden a ser indivisibles y excluyentes; ambas se desarrollaron en un contexto definido por la creciente autonomización de
la política y la tendencia a la unificación de los grupos humanos en grandes conjuntos políticos, territoriales y culturales. Y las grandes crisis que prepararon el camino a la modernidad, sobre todo las llamadas «revoluciones modernas», surgieron precisamente del conflicto entre ambas tradiciones, en ese contexto de tendencia monista e interacción creciente
que se expandió por occidente, así como en la intersección de una tratadística de carácter
contractual y unas prácticas fundadas en la propia noción de derechos y libertades. Derechos y libertades que, más allá del momento histórico al que pueda remontarse su origen,
fueron resignificados en y por el contexto en que se produjo su reivindicación.
Se trata en suma de dos tradiciones que interactúan tanto a través del conflicto como
de la negociación y de la resignificación, pero que comparten una misma base cultural y un
mismo utillaje referencial. Esa base cultural, hecha de referentes comunes e imaginarios
compartidos a lo largo de siglos es lo que explica que un español del siglo XVI pudiera afirmar que la obediencia política «fue introducida por fuerza y no por justicia», ya que no
había sido designio de Dios que «el hombre señorease al hombre, sino el hombre a las bestias...»86. Y que en la misma sintonía, dos siglos y medio más tarde un patriota norteamericano defendiese que «el mejor gobierno no es más que un mal necesario [...] El gobierno,
como el vestido, es el signo de nuestra inocencia perdida: los palacios de los reyes han sido
edificados sobre las ruinas de las pérgolas del paraíso»87. De igual manera, en contextos
geográfica y temporalmente diversos, en los que se dirimían «conflictos entre las pretensiones regias a un poder absoluto y los privilegios del reino y de sus partes constitutivas»88,
intelectuales franceses, ingleses, españoles y americanos –del Norte y del Sur–, recurrieron
a una misma fuente de autoridad –la Biblia– para defender posiciones muy distintas e
incluso opuestas. El análisis de la utilización que se hizo de las fuentes bíblicas para fundamentar el debate político en Europa y América, a lo largo de dos siglos (XVII-XIX), muestra la existencia de conjunciones tan significativas como sorprendentes que traspasan con
creces las barreras de las tradiciones nacionales e incluso de las circunstancias históricas. En
esas constelaciones de individuos que actúan en distintos momentos y países, enlazándose
86. A. de CASTRILLO. Tractado de la Republica… [62].
87. «Government, even in its best state, is but a necessary evil [...] Government, like dress, is the badge of lost
innocence; the palaces of kings are built upon the ruins of the bowers of paradise». Thomas PAINE. «Common
Sense». En: Bruce Kuklick (ed.). Political Writings. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, p. 1-45
(cita en p. 3).
88. François-Xavier GUERRA. «“Políticas sacadas…» [24], p. 155-198.
85
MÓNICA QUIJADA
en paradigmas compartidos o emparentados –que a su vez se confrontan con otros paradigmas en los que coinciden otros individuos que también actúan desde una diversidad de
tiempos y lugares89– se pone de manifiesto la interacción conflictiva entre las dos tradiciones antes señaladas, así como el hecho de que ambas operan desde una misma base cultural.
La interacción de estas dos tradiciones no agota, claro está, la complejidad de los procesos que contribuyen al advenimiento de la modernidad y que incluyen temas tan importantes como el surgimiento de nuevas formas de sociabilidad que se construyen al margen
del ejercicio del poder. La época de las grandes revoluciones atlánticas es un momento complejo en el que cuajan cambios y contrastes, en cuyo contexto se afirma la reivindicación de
un nuevo «pacto social», de una «nueva fundación», de una ruptura, en suma, que explica
el propio hecho revolucionario90, precisamente porque despertaba el eco de memorias y referentes colectivos configurados a lo largo del tiempo histórico. Referentes, insisto, compartidos a lo largo y a lo ancho de la Europa occidental.
No quiero decir con lo anterior que los catalizadores que favorecen las mutaciones
surjan por igual y al mismo ritmo en todos los ámbitos que comparten total o parcialmente esos imaginarios. Una situación determinada –por ejemplo, la Revolución Norteamericana o la Francesa– puede actuar de catalizador, pero lo que lleva a esa situación y lo que
favorece e incluso permite su proyección pertenece a un ámbito cultural más amplio que el
estricto escenario en que se desarrolla. Volviendo a los imaginarios políticos que operaban
en el mundo hispánico en el momento de las grandes revoluciones atlánticas, la reformulación del análisis en el sentido de las propuestas desarrolladas en las páginas anteriores podría
abrir perspectivas nuevas. Quizás nos llevara a constatar, por ejemplo, que las novedades
revolucionarias despertaban ecos de reconocimiento y aceptación en el imaginario colectivo de las grandes mayorías, contribuyendo a su vez a configurar las formas específicas
de adopción y adaptación, de recreación y también de creación de los procesos revolucionarios de finales del siglo XVIII y principios del siguiente. Desde luego, no era aún el
imaginario de «un hombre, un voto», pero posiblemente remitía a libertades y derechos
–que no deben confundirse con el concepto mucho más restringido de «privilegios»– que
favorecían la articulación de los procesos propios en los cambios que permitieron, en el
ámbito hispánico, el paso del Antiguo Régimen al nuevo sistema político basado en la soberanía popular.
89. François-Xavier GUERRA. «“Políticas sacadas…» [24]. Guerra señala alguna de esas constelaciones que atraviesan
contextos históricos y tradiciones «nacionales», a partir de la utilización por diversos personajes de los mismos relatos bíblicos: Suárez, Locke, Paine y el venezolano Germán Roscio, por un lado y, por otro, Filmer, Bossuet y sus
herederos en el mundo hispánico (el capuchino Joaquín de Finestrad –virreinato de Nueva Granada–, Pedro González Araujo y San Román -Nueva España-, y los autores de cartas pastorales y sermones destinados a «vulgarizar
la unión indisoluble del Trono y el Altar» a finales del siglo XVIII y principios del XIX, tanto en España como en
América). François-Xavier GUERRA. «’Políticas sacadas…» [24], p. 183-189.
90. Francois-Xavier GUERRA. Modernidad e Independencias… [4], p. 25.
86
La Ilustración hispanoamericana:
una caracterización
JORGE CAÑIZARES-ESGUERRA
L
as narrativas tradicionales aducen que la Ilustración fue una revuelta contra los principios religiosos y políticos que sostenían el Ancien Régime. La Ilustración aparece en
estos recuentos como el movimiento que nos trajo la modernidad: una modernidad
secular, igualitaria, humanitaria. También se revela como el movimiento que preparó el
camino para la gran transformación política de la era de las revoluciones. Ésta es una
Ilustración compuesta de grandes figuras francesas y algunos nombres británicos: Charles de Secondat, barón de Montesquieu, Voltaire, Denis Diderot, Anne-Robert-Jacques
Turgot, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marqués de Condorcet, David Hume y Adam
Smith1.
Cuando esta narrativa se aplica al mundo hispanoamericano, los historiadores se
encuentran de inmediato con dificultades. No es que exista una escasez de grandes hombres a ser estudiados, pues José Hipólito Unanue, José Antonio de Alzate y Eugenio Espejo
siempre están disponibles. El problema es que muchas de estas figuras no eran anticlericales, no buscaban que las colonias se separaran de España y no mostraban particular vehemencia en desmantelar la estructura de los derechos corporativos y los estamentos sociales
que caracterizaban a la América española. El tono francamente conservador de la Ilustración hispanoamericana ha dejado a los historiadores sin más remedio que presentar una
caracterización más bien llana y pragmática del movimiento. El único propósito de éste, se
ha dicho, consistió en disciplinar a la plebe al tiempo que se desplegaba el conocimiento
útil para paliar los infortunios sociales de la época. Esta clase de narrativa tiende a hacer
énfasis en el mundo de los periódicos, las tertulias, los salones y las sociedades patrióticas,
1. Isaiah BERLIN. The age of Enlightenment: the eighteenth-century philosophers. Boston: Houghton Mifflin, 1956;
Ernst CASSIRER. The philosophy of the Enlightenment. Princeton: University Press, Princeton, 1951; Alfred
COBBAN. In search of humanity: the role of the Enlightenment in modern history. New York: G. Brazilier, 1960;
Peter GAY. The Enlightenment: an interpretation. New York: Knopf, 1966-1969, 2 v.; Paul HAZARD. European thought in the eighteenth century, from Montesquieu to Lessing. New Haven: Yale University Press, 1968;
Ira Owen WADE. The structure and form of the French Enlightenment. Princeton: Princeton University Press,
1977, 2 v.
87
JORGE CAÑIZARES-ESGUERRA
donde los letrados se reunían para discutir cómo educar a las masas supersticiosas y cómo
mejorar la economía2.
Curiosamente, esta narrativa está au courant con la nueva historiografía de la Ilustración europea, ya que ésta ha cesado de estudiar a los precursores de la modernidad secular
y se ha vuelto en cambio hacia la descripción del surgimiento de nuevas formas de sociabilidad. Los historiadores se interesan ahora por las formas en que la revolución del consumo
en el siglo XVIII impulsó la expansión de los mercados de libros e ideas. Dicha revolución,
aunada a la fragmentación política de Europa (que permitió que los patrones de competencia protegieran a los intelectuales perseguidos por sus opositores), promovió una cultura de críticos de clase media, quienes se reunían en torno a los periódicos y las tabernas,
salones y cafés para llevar el mundo político y natural al escrutinio público3.
En esta nueva narrativa, la Ilustración hispanoamericana tampoco sale bien librada,
pues el desarrollo de la esfera pública a través de los salones, los periódicos, las tertulias
y las sociedades patrióticas era exógeno a la América española. En la segunda mitad del siglo
XVIII, la monarquía lanzó una cruzada cuyo propósito consistía en cartografiar las colonias
para trazar claramente las fronteras con otras potencias europeas, así como para catalogar
todos los recursos botánicos y físicos del imperio. Numerosas expediciones llegaron a América encabezadas por expertos extranjeros o por españoles educados en escuelas francesas
y alemanas; sus intenciones eran múltiples: fomentar la producción de las minas introduciendo innovaciones técnicas; desafiar el monopolio comercial de los mercaderes holandeses
2. Con excepción hecha de A. Owen ALDRIGE (ed.). The Ibero-American Enlightenment. Urbana: University of Illinois Press, 1971; Robert J. SHAFER. The economic societies in the Spanish world, 1763-1821. Syracuse: Syracuse
University Press, 1958, y José Carlos CHIARAMONTE. Pensamiento de la Ilustración. Economía y sociedad iberoamericanas del siglo XVIII. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1979, no se ha realizado todavía una gran síntesis del período para el mundo hispanoamericano. Existen, sin embargo, numerosos estudios sobre figuras o países particulares. Véase, entre ellos, John Tate LANNING. The eighteenth-century Enlightenment in the University of San Carlos.
Ithaca: Cornell University Press, 1956; Ekkehard KEEDING. Das Zeitalter der Aufklärung in der Provinz Quito.
Cologne: Böhlau Verlag, 1983; José Luis PESET. Ciencia y libertad. El papel del científico ante la independencia americana. Madrid: Cosenjo Superior de Investigaciones Científicas, 1987; Juan PIMENTEL. La física de la monarquía.
Ciencia y política en el pensamiento colonial de Alejandro Malaspina (1754-1810). Madrid: Doce Calles, 1998;
y José Carlos CHIARAMONTE. La Ilustración en el Río de la Plata. Cultura eclesiástica y cultura laica durante el virreinato. Buenos Aires: Punto Sur Editores, 1989. Para una interpretación de la Ilustración española que, con pocas
excepciones, trata sobre España independientemente del resto del imperio, véase Richard HERR. The eighteenthcentury revolution in Spain. Princeton: Princeton University Press, 1958; Jean SARRAILH. La España ilustrada de la
segunda mitad del siglo XVIII. México: Fondo de Cultura Económica, 1957; Francisco SÁNCHEZ-BLANCO PARODY.
Europa y el pensamiento español del siglo XVIII. Madrid: Alianza, 1991; Concepción CASTRO. Campomanes: Estado
y reformismo ilustrado. Madrid: Alianza, 1996; Manuel SELLÉS; José Luis PESET; Antonio LAFUENTE (eds.). Carlos III
y la ciencia de la Ilustración. Madrid: Alianza, 1989; Antonio MESTRE. Mayans y la España de la Ilustración. Madrid:
Espasa Calpe, 1990; François LÓPEZ. Juan Pablo Forner et la crise de la conscience espagnole au XVIIIe siècle. Burdeos: Bibliothèque de l’Ecole des Hautes Études Hispaniques, 1976; Javier VARELA. Jovellanos. Madrid: Alianza,
1988; José Antonio MARAVALL. Estudios de la historia del pensamiento español S. XVIII. Madrid: Biblioteca Mondadori, 1991 (Introducción y compilación de María del Carmen Iglesias); Francisco SÁNCHEZ-BLANCO. El absolutismo y las luces en el reinado de Carlos III. Madrid: Marcial Pons, 2002.
3. Dena GOODMAN. The republic of letters: a cultural history of the French Enlightenment. Ithaca: Cornell University
Press, 1994; Dorinda OUTRAM. The Enlightenment. Cambridge: Cambridge University Press, 1995; Roy PORTER.
The Enlightenment. Basingstoke: MAC MILLAN Eduaction, 1990; Thomas MUNCK. The Enlightenment. A comparative social history 1721-1794. London: Arnold Publishers, 2000.
88
LA ILUSTRACIÓN HISPOANOAMERICANA: UNA CARACTERIZACIÓN
y británicos al descubrir clavo y canela en los bosques tropicales de América; recolectar
información estadística e histórica para reorganizar las colonias sobre una base más racional; crear instituciones educativas alternas a las universidades para capacitar a los servidores
públicos; y contribuir a la reforma de la salud pública para mejorar, dentro de un paradigma mercantilista, la economía. Tan sólo en Nueva España, los Borbones fundaron un jardín botánico (1788); una academia para formar a los pintores y maestros de obra en el nuevo gusto neoclásico (Academia de las Nobles Artes de San Carlos, 1781); un hospital para
preparar cirujanos expertos (Real Escuela de Cirugía, 1768); y un colegio para educar a los
mineros en mineralogía y geometría subterránea (Colegio de Minería, 1792)4. Sin duda
era un régimen borbónico ambicioso, y no una revolución del consumo, el que imponía
muchas de las nuevas instituciones culturales a los gobiernos locales, que a menudo se mostraban renuentes.
En este ensayo me propongo ofrecer un modelo propositivo de la Ilustración hispanoamericana, un modelo que subraye las contribuciones más claras de este movimiento en
la región, y no sus aspectos derivados. Para lograrlo, empero, debemos abandonar la ficción
de una modernidad ilustrada y ver el movimiento tal como fue, esto es, como un esfuerzo
del Ancien Régime por otorgar a los gobiernos hispanoamericanos el estatuto de reinos, y no
de colonias.
Reinos hispanoamericanos
Patricia Seed ha puesto nuestra atención sobre la cualidad islámica del orden colonial
maduro de España en el Nuevo Mundo. La monarquía española respetaba ampliamente las
formas de propiedad y las leyes comunales de las poblaciones colonizadas. Aunque, de
acuerdo con Seed, la monarquía humillaba ritualmente a esas poblaciones a través de la
carga impositiva, le bastaba con exigir de ellas un reconocimiento formal a la superioridad del cristianismo. El resultado de estas políticas, como lo ha demostrado en fecha
reciente Henry Kamen, fue un imperio organizado a la manera de una monarquía compuesta libremente donde tenía cabida una notable variedad multicultural y multinacional5. Jaime E. Rodríguez ha demostrado elegantemente la importancia de mantener esta
caracterización en mente para comprender las guerras de independencia en la América española6.
4. Véase mi artículo «Latin America: from Baroque to modern colonial science». En: Roy PORTER. The Eighteenth
Century. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2003, p. 718-738. (David Lindberg; Ron Numbers
(eds.).The Cambridge History of Science; 4).
5. Patricia SEED. American pentimento. The invention of Indians and the pursuit of riches. Minneapolis: University of
Minnesota Press, 2001; Henry KAMEN. Empire. How Spain became a world power 1492-1763. New York: Harper
Collins, 2003.
6. Jaime E. RODRÍGUEZ O. The independence of Spanish America. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
89
JORGE CAÑIZARES-ESGUERRA
Los Borbones de España, tras haber sido totalmente derrotados por los británicos en
la Guerra de los Siete Años, trataron de introducir en cada rincón de sus extensos territorios reformas económicas, administrativas y culturales de tinte agresivo que buscaban transformar la periferia de las colonias en puestos fronterizos modernos. Los colonos españoles
de América habían disfrutado por largo tiempo de un grado sin paralelo de autonomía y
gobierno propio, y veían sus sociedades como reinos, como gobiernos autónomos que formaban parte de una monarquía compuesta que era la Monarquía Hispánica, y no como
colonias. Estos «reinos» (gobiernos jerárquicamente organizados sobre los principios de los
estamentos sociales y raciales y de los privilegios corporativos) disfrutaban de numerosas
formas de representación política (desde los consejos ciudadanos hasta los cabildos catedralicios) contra las cuales acometieron las reformas borbónicas.
La Ilustración hispanoamericana fue un movimiento que buscó explicitar en todos los
niveles la naturaleza de reinos de los gobiernos locales. El nuevo conocimiento y las nuevas
instituciones que la monarquía borbónica introdujo en la América española fueron adaptados rápidamente para resistir la intromisión imperial y para refinar un sentido largamente
desarrollado de identidad local y autonomía. Estos esfuerzos condujeron a discursos particulares, algunos de los cuales quiero explorar en el resto de esta exposición, particularmente los discursos de la historiografía, la epistemología y la botánica.
Historiografía y Epistemología del Ancien Régime
La Ilustración en la América española se convirtió en un ejercicio de provisión: cada gobierno debía contar con los archivos y las memorias requeridos para reafirmar su estatus de reino en la Monarquía Hispánica. Que esto sea algo bien conocido lo debemos en gran parte
a los estudios de David Brading. En Orígenes del nacionalismo mexicano y, más recientemente, en First America, Brading estudió las obras de aquellos patriotas criollos del siglo
XVIII que se afanaron en legitimar narrativas históricas. De acuerdo con Brading, el patriotismo criollo se originó a finales del siglo XVI y principios del XVII, cuando los descendientes de los conquistadores españoles, nacidos ya en América, reclamaron a la Corona el
haber depuesto su compromiso original de patrocinar una clase noble en el Nuevo Mundo. Al tiempo que la monarquía eliminaba paulatinamente las concesiones del tributo y del
trabajo de los indígenas (las encomiendas) otorgadas a los conquistadores en las áreas económicamente más dinámicas de México y Perú, los criollos perdían el derecho a convertirse en una nobleza con privilegios territoriales rodeada por comunidades de sirvientes amerindios. Así que los criollos se acercaron a la Iglesia, cuya rama secular llegarían a dominar
con el tiempo. Resguardados en las universidades, en los cabildos catedralicios, en conventos y parroquias, los criollos produjeron un sinnúmero de sermones y tratados patrióticos
que alababan la riqueza de sus instituciones eclesiásticas, así como su propia erudición y su
piedad, incluida la de los muchos santos del Nuevo Mundo que la Iglesia canonizó o debería
90
LA ILUSTRACIÓN HISPOANOAMERICANA: UNA CARACTERIZACIÓN
haber canonizado. Para la segunda mitad del siglo XVIII los intelectuales locales abrazaron
la disciplina de la historia para dar continuidad a estos mismos objetivos patrióticos. La historiografía que produjeron buscaba transformar sus sociedades en «reinos», cada uno dotado de un pasado glorioso y constituido como parte de la federación libremente compuesta
de la Monarquía Hispánica. Estos intelectuales escribieron historias que hacían énfasis en
la grandeza y las raíces indígenas de sus gobiernos7.
Para lograr su cometido, la Ilustración hispanoamericana creó un discurso del mestizaje selectivo que pretendía ensombrecer con la duda la veracidad del testimonio del pueblo8. Los escritores ilustrados no querían que sus reinos se separaran de España. Aún así,
responsabilizaban a la metrópoli por haber empobrecido a las élites indígenas y por haber
destruido las jerarquías aristocráticas necesarias para construir gobiernos autónomos en
ultramar. De acuerdo con estos autores, las comunidades amerindias habían sido reducidas
a colectividades homogéneas de plebeyos miserables. Pero, pese a todos los esfuerzos españoles por desmantelar las jerarquías locales –sostenían los autores de la Ilustración–, las élites indígenas en realidad sobrevivieron a través de los contratos matrimoniales con las familias criollas más importantes. De hecho, muchos intelectuales hispanoamericanos se creían
descendientes de nobles amerindios. Al plantear estas continuidades genealógicas, los autores de la Ilustración buscaban presentarse a sí mismos y a las élites criollas como herederos
legítimos de las obras de los antiguos reinos indígenas. La continuidad racial, real o proclamada, hacía posible la apropiación de las memorias históricas amerindias por parte de los
criollos.
Sin embargo, pese a todo este énfasis en el mestizaje, los mestizos reales, las castas, el
producto de la mezcla racial entre amerindios, españoles pobres y negros, eran vistos por los
autores ilustrados con desdén. Una mezcla tal podía considerarse apropiada sólo cuando
involucraba a las clases altas. Mientras que los matrimonios entre mujeres amerindias de
clase alta y nobles españoles habían sido bienvenidos en los tiempos de la conquista, el
entrecruzamiento de razas que más tarde uniría a los plebeyos era otra cuestión. El mestizaje vulgar era visto como una amenaza para la existencia de esos cuerpos de gobierno jerárquicos que los ilustrados habían idealizado. Los mestizos eran retratados sistemáticamente
como individuos malvados e imposibles de controlar, responsables de introducir estilos de
vida caracterizados por el vicio, incluyendo una cultura de mentiras y engaños, a las comunidades amerindias que los intelectuales criollos buscaban mantener inmaculadas9. El proyecto de la Ilustración era un proyecto de restauración: el regreso a tiempos más simples en
7. David BRADING. Orígenes del nacionalismo mexicano. México: Secretaría de Educación Pública, 1973. He seguido
la edición modificada en inglés, The origins of Mexican nationalism. Cambridge: Centro de Estudios Latinoamericanos, 1985. Véase también su The first America: the Spanish monarchy, creole patriots, and the liberal state, 14921867. New York: Cambridge University Press, 1991.
8. Los siguientes párrafos se basan en mi texto How to write the history of the New World. Histories, epistemologies, and
identities in the eighteenthe-century Atlantic world. Stanford: Stanford University Press, 2001.
9. Sobre la amenaza y caracterización de los mestizos, véase R. Douglas COPE. The limits of racial domination. Plebeian society in colonial Mexico City, 1660-1720. Madison: University of Wisconsin Press, 1994, capítulo 1.
91
JORGE CAÑIZARES-ESGUERRA
los que virtuosos nobles amerindios habían abrazado las enseñanzas de la Iglesia. La historiografía de la Ilustración hispanoamericana era un reflejo de los anhelos aristocráticos
y racistas albergados por miembros de gobiernos del Ancien Régime, no de Estados-nación
modernos.
A pesar de mantenerse al tanto de casi todo el conocimiento nuevo generado en Europa, los autores de la Ilustración en la América española (así como en España) veían a los
forasteros europeos con desconfianza, y los preferían como blanco de sus críticas. Los intelectuales hispanoamericanos comprendían acertadamente que para crear nuevas narrativas
históricas necesitaban socavar el estatus epistemológico de los extranjeros. En ese entonces,
autores de Europa noroccidental ponían en cuestión la credibilidad de todas las fuentes
documentales que habían sido usadas tradicionalmente para escribir la historia del Nuevo
Mundo, incluidas las crónicas europeas del siglo XVI y los registros gráficos de los indígenas. Las narrativas alternas presentadas por estos escritores extranjeros abrevaban en fuentes que podían burlar la pericia de los intelectuales americanos. Los europeos no españoles
reconstruían el pasado del continente americano leyendo conjeturalmente evidencia material no escrita, incluidos los fósiles, el comportamiento animal y las gramáticas.
Los intelectuales hispanoamericanos buscaban minar la credibilidad de las nuevas
epistemologías noroccidentales haciendo ellos mismos de críticos escépticos. A tal efecto,
lanzaron un formidable ataque sobre la confiabilidad del testimonio de los viajeros. Los viajeros extranjeros, incluidos los peninsulares, eran descritos como víctimas indefensas del
tiempo y de la astucia amerindia; en cualquier caso, se trataba de viajeros que realizaban
tan sólo visitas breves a las tierras que estudiaban y, por lo tanto, estaban impedidos de
descubrir mucho acerca de ellas. También carecían del tiempo y de la inclinación necesarios para establecer lazos duraderos con las comunidades y eran incapaces de ir más allá
de la superficie de los fenómenos sociales del lugar. Los viajeros estaban a merced de
comunidades que estafaban a los extranjeros y que se reían a su costa. Más aún: puesto
que los expedicionarios no conocían los lenguajes amerindios, estaban forzados a confiar
en traductores y en interpretaciones de segunda mano. Dentro de este mundo epistemológico, ni siquiera figuras como Alejandro von Humboldt mantenían cierta autoridad. Como dijo Francisco José de Caldas en una carta a un amigo fechada en 1801: «podemos
esperar algo útil y sabio de un hombre que va a atravesar el Reino con la mayor velocidad?
[…] Quién sabe si va a llenar de preocupaciones y de falsas noticias a la Europa, como lo
han hecho casi todos los viajeros»10. Viajeros como Humboldt llegan a ser apreciados conforme iba quedando claro que su obra contribuiría a valorar los reinos, no a su promulgar
su desprestigio.
10. Citado de una carta de Caldas a Santiago Arroyo fechada el 20 de julio de 1801 en Jeanne Chenu (ed.). Francisco de Caldas. Un peregrino de las ciencias. Madrid: Historia 16, 1992, p. 107. Tanto como la Ilustración hispanoamericana, la española trataba de negar a los viajeros y estudiosos de otros países la autoridad para juzgar sobre el
estado de la nación. Sobre este tema, véase mi artículo «Eighteenth-Century Spanish political economy: epistemology and decline». Eighteenth-Century Thought (St. Louis). 1 (2003), p. 295-314.
92
LA ILUSTRACIÓN HISPOANOAMERICANA: UNA CARACTERIZACIÓN
Reinos y botánica
En la América española, la botánica se transformó en la herramienta que permitiría a las
intelligentsias hispanoamericanas repensar el significado de sus espacios y recrear una imagen de sus gobiernos como reinos medios. Estos intelectuales, a la manera de sus contrapartes en China, los contemporáneos Qing, llegaron a ver cada unidad de gobierno como
el centro del mundo.
La botánica fue la ciencia que supo capturar mejor que ninguna otra el espíritu de
la Ilustración europea. Su impulso universalizador y clasificatorio estaba ligado, a su vez, a la
planeación imperial y mercantilista. Desde mediados del siglo XVII, casi todas las potencias europeas establecidas en el Nuevo Mundo abandonaron la búsqueda del oro y la plata
que llenarían sus arcas para perseguir, en cambio, la riqueza «verde». La siembra, el cultivo
y la distribución de azúcar, tabaco, café, índigo, arroz y quinina, para nombrar sólo algunos de los productos alimenticios y farmacéuticos principales, se convirtieron en fuentes de
fabulosas ganancias tanto para los gobiernos como para los mercaderes. La emergencia
de una nueva sociedad de consumo masivo en el norte de Europa dio inicio a la multiplicación de plantaciones en las costas atlánticas de América, erigidas sobre la base de una
explotación indiscriminada de mano de obra esclava (y contratada). Para modernizar este
nuevo motor de la riqueza, los europeos apoyaron expediciones de historia natural y construyeron jardines botánicos11.
Pero hacia mediados del siglo XVIII España se había rezagado. Con el fin de acortar
la brecha que la separaba de otras potencias, la monarquía borbónica creó numerosas instituciones botánicas y mandó a un sinnúmero de expedicionarios a identificar nuevos tintes,
especias, maderas, gomas y fármacos, y a encontrar la forma de romper el monopolio que
los holandeses y los británicos mantenían en el sureste de Asia sobre el clavo, la canela y la
pimienta12. La lógica de estos esfuerzos fue agudamente plasmada en 1777 por el arquitecto de las expediciones botánicas, el doctor Casimiro Gómez Ortega: «… doce naturalistas
11. Richard DRAYTON. Nature’s government. Science, Imperial Britain, and the «improvement’» of the world. New
Haven: Yale University Press, 2000; Emma C. SPARY. Utopia’s garden, French natural history from old regime to the
French Revolution. Chicago: Chicago University Press, 2000; Lisbet KOERNER. Linnaeus: nature and nation. Cambridge: Harvard University Press, 1999; David Philip MILLER; Peter Hanns REILL (eds.).Visions of empire: voyages,
botany, and representation of nature. Cambridge: Cambridge University Press, 1996; Londa SCHIEBINGER; Claudia
SWAN (eds.). Colonial botany: science, commerce, politics. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004.
12. Antonio LAFUENTE; Antonio MAZUECOS. Los caballeros del punto fijo: ciencia, política y aventura en la expedición
geodésica hispanofrancesa al virreinato del Perú en el siglo XVIII. Barcelona, Madrid: Ediciones del Serbal, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, 1987; Arthur R. STEELE. Flowers for the king. The expeditions of Ruiz and
Pavón and the flora of Peru. Dirham: Duke University Press, 1964; Antonio GONZÁLEZ BUENO (ed.). Expedición
botánica al virreinato del Peru (1777-1788). Barcelona: Lunwerg Editores, 1988; Francisco Javier PUERTO SARMIENTO. La ilusión quebrada: botánica, sanidad y política. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1988; Xavier LOZOYA.
Plantas y luces en México. La Real Expedición Científica a Nueva España (1787-1803). Barcelona: Ediciones del Serbal, 1984; Iris H. W. ENGSTRAND. Spanish scientists in the New World: the eighteenth-century expeditions. Seattle:
University of Washington Press, 1981; Marcelo FRÍAS NUÑEZ. Tras el Dorado vegetal. José Celestino Mutis y la Real
Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (1783-1808). Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1994;
y Juan PIMENTEL. La física de la monarquía… [2].
93
JORGE CAÑIZARES-ESGUERRA
con otros tantos químicos o mineralogistas esparcidos por sus estados, producirán por
medios de sus peregrinaciones una utilidad incomparablemente mayor, que cien mil hombres combatiendo por añadir al imperio español algunas provincias»13.
El impacto económico generado por las expediciones botánicas de los Borbones para
renovar el imperio resultó, a la larga, insignificante. Mas el impacto cultural fue profundo.
Desde Nueva Granada hasta México y desde La Plata hasta Perú, los intelectuales comenzaron a concebir sus tierras como microcosmos capaces de producir todos y cada uno de
los productos que el mundo necesitaba, como si fuesen espacios geográficos únicos, apostados providencialmente para satisfacer todas las demandas del planeta. Los intelectuales
hispanoamericanos imaginaron cada unidad de gobierno como el centro del mundo, literalmente.
En el Reino de Nueva Granada, por ejemplo, José Celestino Mutis sostenía que los
Andes colombianos estaban dotados providencialmente de microclimas capaces de abastecer al mundo con cualquier producto. El impactante potencial orgánico de Nueva Granada,
afirmaba Mutis, se debía al hecho de que este reino «era como un centro de las Américas
en el que artículos similares o equivalentes a aquellos que pueden encontrarse en el inmenso
espacio del Viejo y el Nuevo mundo se han reunido»14.
En 1790, el abogado criollo Pedro Fermín de Vargas, miembro de la primera fase de
la expedición de Mutis, presentó a Nueva Granada como una tierra capaz de un dinamismo comercial sin parangón. De acuerdo con Vargas, este reino gozaba de una ubicación
geográfica privilegiada en la que era posible «encontrar casi todos los temperamentos del
globo»15. El Reino de Nueva Granada, sostenía Vargas, contaba con el balance necesario
para proveer al mundo con canela, clavo, té, hojas de betel (un narcótico utilizado en el
sureste de Asia y que podría haber sido sustituido con hojas de coca), e índigo, todo ello
con una mayor calidad que los productos procedentes de Asia. Las planicies costeras de Cartagena y Santa Marta proporcionarían, por sí solas, el algodón requerido por todas las fábricas del mundo16.
Como Mutis y Vargas, Francisco José de Caldas también estaba comprometido con
las analogías microcósmicas. Caldas recalcaba: «… mejor situada que Tiro y que Alejandría, [Nueva Granada] puede acumular en su seno los perfumes del Asuam, el marfil africano, la industria europea, las pieles del norte, la ballena del mediodía y cuanto produce la
13. Citado en F. J. PUERTO SARMIENTO. Ciencia de cámara: Casimiro Gómez Ortega (1741-1818) el científico cortesano. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1992, p. 155-156.
14. José Celestino MUTIS. «Té de Bogotá». En: Guillermo Hernández de Alba (ed.). Escritos científicos de Don José
Celestino Mutis. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1983, I, p. 177.
15. «… las diversas alturas de este reino sobre la superficie del mar, y sus diversas distancias a la linea, hacen que en
su distrito se hallen casi todos los temperamentos del globo…», citado en Pedro Fermín de VARGAS. «Pensamientos políticos sobre la agricultura, comercio y minas de este reino», (ca. 1790). En: Pensamientos políticos y memoria sobre la población del Nuevo Reino de Granada. Bogotá: Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1944, p. 6.
16. Pedro Fermín de VARGAS. «Pensamientos políticos sobre la agricultura, comercio y minas de este reino». En: Pensamientos políticos… [15], p. 43-44 (sobre el índigo y el té), p. 42 (sobre el algodón); y «Memoria sobre la población del reino de Nueva Granada». En: Pensamientos políticos… [15], p. 85-86 (sobre la ubicación geográfica privilegiada).
94
LA ILUSTRACIÓN HISPOANOAMERICANA: UNA CARACTERIZACIÓN
superficie de nuestro globo»17. Los atributos de microcosmos sitos en los Andes invitaron
a Caldas a presentar Nueva Granada como un laboratorio natural para estudiar las correlaciones entre la conducta, la raza y el clima18. Además de ser un microcosmos, Nueva Granada contaba con una disposición geográfica que la convertiría en un emporio comercial,
una nueva Tiro o Alejandría. Situado en el centro del mundo, el reino disponía de ríos
navegables para transportar las mercancías desde el interior hacia la costa, y de puertos que
daban hacia el Atlántico y hacia el Pacífico. «La posición geográfica de la Nueva Granada
–afirmaba Caldas– parece que la destina al comercio del universo»19. Esta clase de lógica llevó a otro miembro de la expedición de Mutis, el naturalista y compilador del aún no publicado «Fauna de Cundinamarca», Jorge Tadeo Lozano a predecir en 1806 que su patria estaba
lista para convertirse «en unos cuantos siglos en un vasto imperio que […] igualará al más
poderoso de Europa»20.
Estas ideas también afloraron en Perú, otro lugar que presenció los estudios botánicos patrocinados por la Corona. Como Caldas, José Hipólito Unanue, el editor de un
periódico de Lima, El Mercurio Peruano (1791-1795), pensaba que Perú estaba destinado
a convertirse en un emporio comercial. Además de la estructura de microcosmos de los
Andes, Unanue centró su atención sobre las características físicas del territorio señalando
que aún no había sido alcanzado el potencial de Perú como centro mercantil. «Parece
–decía Unanue– que después de haberse ejercitado [Dios] en los abrasados arenales del Africa, en los frondosos y fragantes bosques del Asia, en los climas templados y fríos de la Europa, se esfuerza a reunir en el Perú cuantas producciones había esparcido en aquellas tres partes, para formarse un templo digno de su inmensidad, y reposar en el majestuosamente
cercada de todas ellas; tantas son las riquezas que encierra este admirable reino»21. Perú era
«la obra de más magnificencia que ha criado la naturaleza sobre la tierra»22. Dios había revelado su predilección por Perú a través de la sutil planeación de su estructura física. En primer
lugar, Perú había sido elegido por Dios para mantener el equilibrio del planeta. El enorme
17. Francisco José de CALDAS. «Estado de la geografía en el Virreino de Santa Fe de Bogotá con relación a la economía y al comercio (1808)». En Jeanne Chenu (ed.). Francisco José de Caldas... [10], p. 276.
18. Francisco José de CALDAS. «Influjo del clima sobre los seres organizados (1808)». En: Obras completas de Francisco José de Caldas. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1966, p. 112; y «Ensayo sobre el estado de la geografía». En: Jeanne Chenu (ed.). Francisco José de Caldas… [10], p. 275.
19. Citado en Francisco José de CALDAS. «Estado de la geografía en el virreinato». En: Jeanne Chenu (ed.). Francisco
José de Caldas… [10], p. 276-277.
20. Tadeo Lozano citado en Gonzalo HERNÁNDEZ DE ALBA. Quinas amargas. El sabio Mutis y la discusión naturalista
del siglo XVIII. Bogotá: Academia de Historia de Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1991, p. 148.
21. Citado en José Hipólito UNANUE. «Geografía física del Peru». Mercurio Peruano (Lima). 4 (1792), p. 11; véase
también Gonzalo HERNÁNDEZ DE ALBA. Quinas amargas… [20], p. 16. («Perú como un templo de Dios tiene su
fachada hacia el norte: su techo es el arco celestial del Ecuador; sus columnas son las montañas; y su perpetua luz
está en los volcanes».)
22. De José Hipólito UNANUE, «Geografía física…» [21], p. 21. Como Caldas, Unanue pensaba que los Andes era un
laboratorio privilegiado para estudiar la influencia del clima sobre los hombres. Véase, José Hipólito UNANUE.
«Observaviones sobre el clima de Lima y sus influencias en los seres organizados, en especial el hombre». En: Jorge Arias-Schreiber Pezet, (ed.). Los ideólogos: Hipolito Unanue. Lima: Comisión Nacional del Sesquicentenario de
la Independencia del Perú, 1974, 47 y 171 (Colección documental de la independencia del Peru; 7-8).
95
JORGE CAÑIZARES-ESGUERRA
peso de la cadena montañosa andina era responsable de la inclinación del eje de la Tierra y,
por lo tanto, de la existencia misma de Europa, que de otra manera habría permanecido
sumergida bajo el agua23. Al gozar de tan incomparables propiedades geográficas, Perú estaba hecho para proveer al mundo con todo lo necesario.
Curiosamente, estas ideas del microcosmos hallaron eco en todo el territorio de la
América española. Incluso los criollos de Buenos Aires, que habían considerado las pampas
durante mucho tiempo como «desiertos» que sólo podían servir al ganado silvestre para pastar, imaginaron el Reino de La Plata como un microcosmos. En su imaginación, La Plata
se convirtió en una tierra de múltiples nichos ecológicos dispuesta, como la antigua Tiro,
para ser «el centro de toda la circulación comercial del mundo», y para ser, como la antigua
Alejandría, «un puerto que comunica al Oriente y al Occidente». En 1799, Pedro Antonio
Cerviño, en su discurso inaugural de la Academia Náutica, financiada por el Consulado de
Buenos Aires para preparar a los navegantes de una futura marina mercante, pidió se pusiera atención sobre la posición privilegiada de la capital en el mundo. «Nuestra ubicación [en
el globo terráqueo] es una muy feliz», argumentaba Cerviño, «[porque] América del Norte,
Europa, Asia y el Océano Pacífico están equidistantes de nosotros. Esta ubicación maravillosa nos asegura un gran tráfico comercial. [Nosotros] nos convertiremos en el almacén del
mundo»24. En 1801, Francisco Antonio Caballe, editor del periódico bonaerense de corta
vida, Telégrafo Mercantil, presentó al Virreinato del Río de La Plata como una tierra capaz
de suministrar al mundo cuero, sebo, trigo, cacao, quinina, índigo, cobre, henequén, «toda
suerte de resinas y fármacos, sin mencionar oro y plata preciosos y en abundancia [… así
como los igualmente preciosos] salitre, perlas y conchas marinas que pueden ser encontrados en abundancia en el inmenso Chaco». Caballe concluía, «sin recurso a la hipérbole»,
que «alrededor del mundo no hay otra tierra tan rica, que posea tal variedad de productos
[…] y [por lo tanto] tan apta para establecer instituciones comerciales fuertes y poderosas»
como el Virreinato del Río de La Plata25. Para 1802, era verídico entre los criollos que su
reino era «como un mar, [en el que] nos perdemos en el horizonte […] una tierra de montañas fabulosas con la mejor madera del universo»26, una tierra «localizada [justo] en el centro del mundo comercial y deliciosamente situada a las orillas de un poderoso río», en breve, una tierra «con el poder productivo más grande del globo»27.
23. José Hipólito UNANUE, «Geografía física…» [21], p. 22-26. Para un análisis detallado de las opiniones de Unanue, véase Jorge CAÑIZARES-ESGUERRA. «La utopía de Hipólito Unanue: comercio, naturaleza, y religión en el
Perú». En: Marcos Cueto (ed.). Saberes andinos: ciencia y tecnología en Bolivia, Ecuador y Perú. Lima: Instituto de
Estudios Peruanos, 1995, p. 91-108.
24. Pedro Antonio Cerviño. «El tridente de Neptuno es el cetro del mundo: Discurso inaugural de la Academia Naútica, del 25 noviembre de 1799», reproducido en J. C. CHIARAMONTE. La Ilustración… [2], p. 295.
25. Francisco Antonio Caballe. «Continúa la idea general del comercio de las provincias del Río de la Plata». Telégrafo Mercantil, Rural, Politico-economico, e Historiógrafo del Río de la Plata (Buenos Aires). 4, 11 de abril de 1801.
En: J. C. CHIARAMONTE. La Ilustración… [2], p. 227 y 229.
26. «Comercio». Seminario de Agricultura (Buenos Aires). 4, 13 de octubre de 1802. En: J. C. CHIARAMONTE. La Ilustración… [2], p. 266-67.
27. «Agricultura». Seminario de Agricultura (Buenos Aires). 1, 1 de septiembre de 1802. En: J. C. CHIARAMONTE. La
Ilustración… [2], p. 254.
96
LA ILUSTRACIÓN HISPOANOAMERICANA: UNA CARACTERIZACIÓN
A los sueños mercantilistas de convertir España en un imperio moderno, la intelligentsia criolla respondió con descripciones de sus tierras como espacios microcósmicos. Las
figuras intelectuales claramente ligadas a la Ilustración elaboraron una opinión de su propio territorio similar a la de los reinos medios de China.
Conclusiones
Mi caracterización de la Ilustración hispanoamericana refuerza muchos de los puntos
presentados por Jaime E. Rodríguez en su notable estudio sobre el proceso de independencia. Descartando la interpretación comparativa de Lester Langley sobre las revoluciones
atlánticas, según la cual la América británica experimentó una «revolución» política radical,
misma que no pasó por la América española, Rodríguez ha sostenido que las guerras de
independencia en Hispanoamérica fueron en verdad revolucionarias28. Mientras que los
patriotas angloamericanos pelearon para restaurar sus «libertades inglesas», conseguidas con
dificultad (incluyendo el derecho a apropiarse impunemente de las tierras indias al oeste del
valle de Ohio), en la víspera de la Guerra de los Siete Años los patriotas hispanoamericanos
pelearon para que sus reinos no fuesen tratados como colonias. Pero con la intensa movilización social generada por las guerras de independencia, Hispanoamérica tomó un rumbo
más radical. La Constitución de 1812 promulgada por las Cortes de Cádiz, un parlamento
de la Monarquía Hispánica, concedía el derecho de sufragio a todos los hombres blancos,
mestizos o indígenas, sin importar si tenían o no propiedades (una medida mucho más radical que la introducida por la Constitución de Estados Unidos de 1787), inaugurando un
nuevo período de política de masas29. La guerra y la política de masas condujeron a una
reconceptualización radical de los gobiernos locales como «naciones». En este sentido, Hispanoamérica experimentó una «revolución», mientras que la América británica no lo hizo30.
28. Lester D. LANGLEY. The Americas in the age of revolution 1750-1850. New Haven: Yale University Press, 1996.
Jaime E. RODRÍGUEZ O. «The emancipation of America». American Historical Review (Washington). 105 (2000),
p. 131-152. Jeremy Adelman también ha propuesto que las guerras de independencia llevaron a una transformación importante en el régimen de propiedad y en las leyes. Aunque los líderes de la independencia en el Río de la
Plata fueron más bien moderados, sus acciones dispararon en realidad cambios culturales de relevancia que acercaron a Argentina a los circuitos económicos y culturales del mundo Atlántico decimonónico. Véase Jeremy ADELMAN. Republic of capital. Buenos Aires and the legal transformation of the Atlantic world. Stanford: Stanford University Press, 1999.
29. Para un estudio polémico sobre los orígenes del concepto hispanoamericano de ciudadanía, que no surgió de los
constructos franceses o británicos, sino del discurso legal tradicional del «vecino» y el «natural», véase Tamar HERZOG. Defining nations. Immigrants and citizens in early modern Spain and Spanish America. New Haven: Yale University Press, 2003.
30. Para una caracterización de las guerras de Independencia de Estados Unidos como una restauración, antes que una
revolución, véase Jack GREENE. «The American Revolution». American Historical Review (Washington). 105
(2000), p. 91-103. Para una interpretación representativa de estas guerras como la puerta hacia una revolución
política en la América británica, véase Gordon WOOD. The radicalism of the American revolution. Nueva York:
Knopf, 1992.
97
JORGE CAÑIZARES-ESGUERRA
He mostrado en este ensayo que la Ilustración hispanoamericana ayudó a consolidar
el discurso del Ancien Régime sobre la cualidad de «reinos» de las colonias. Si lo que Jaime
Rodríguez ha sostenido es verdad, entonces las guerras de independencia sí representaron
un cambio más radical de lo que la mayoría de los estudiosos están dispuestos a conceder
el día de hoy.
98
La Federación imposible.
Los territorios europeos y americanos ante la
crisis de la Monarquía Hispana
JOSÉ M. PORTILLO
A
unque útil para describir el proceso iniciado con la invasión de Napoleón Bonaparte en la península Ibérica, el concepto historiográfico de crisis general de la
monarquía esconde en realidad una serie de crisis sucesivas. Fue el propósito del emperador no sólo tener acceso a un corredor hacia Portugal –la manzana de la discordia en
su enfrentamiento con Gran Bretaña– sino también provocar una crisis dinástica en la
monarquía española. No se trataba de una simple anexión a su creciente imperio europeo, sino de una más sutil operación de intervención de la vasta Monarquía Hispana
presentándose como árbitro en un conflicto familiar que, cual regalo caído del cielo,
había estallado en los primeros meses de 1808 entre Carlos IV y el príncipe de Asturias,
Fernando.
El resultado fue, como es sabido, que Giuseppe I, rey de Nápoles, se transformó
en José I, rey de España y de las Indias –por cierto, la primera vez que se hizo uso de
este título. Napoleón había conseguido mediatizar la monarquía española sin necesidad de incorporarla formalmente a una estructura imperial. No era la primera vez que
ocurría una crisis dinástica en la monarquía, pues hacia poco más de cien años que la
muerte de Carlos II sin sucesor natural había encendido una disputa entre las casas de
Habsburgo y Borbón saldada en 1713 con el tratado de Utrecht que reconoció internacionalmente a la segunda como dinastía española. Pero desde luego sí era la primera vez que un ejército extranjero entraba hasta la corte de Madrid, disponía la facturación de la familia real al completo fuera del territorio español y decidía la sustitución
de la dinastía reinante por otra, al fin y al cabo una familia plebeya hasta unos años
antes.
Fue sin duda más el modo que el hecho en sí de la crisis dinástica, así como la
cruenta represión a que el ejército francés sometió a las gentes de Madrid que intentaban impedir la salida del último miembro de la familia real española, lo que provocó un
cambio en la naturaleza de aquella crisis. Como en su día demostró Miguel Artola, una
parte significativa de la aristocracia –sobre todo la que se tenía por ilustrada– y de oficiales
del gobierno quisieron ver en el nuevo rey José I la encarnación del monarca ilustrado
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JOSÉ M. PORTILLO
que acometiera las reformas que urgían en la monarquía1. El conde de Cabarrús, inspirador del primer banco nacional español –el Banco de San Carlos– es sin duda el prototipo de afrancesado. Sin embargo, buena parte de las autoridades locales se negaron
a reconocer el cambio dinástico, proponiendo una salida nacional a la crisis en forma de
regencia encabezada por algún miembro de la real casa de Borbón, o por un colegio
de regentes.
Para mayo de 1808 la crisis había cambiado radicalmente de naturaleza, presentándose como una crisis de independencia. Sin las connotaciones nacionalistas que la historiografía española del siglo XIX –y parcialmente del XX– le dio, la crisis se presentó entonces
como una pugna por la continuidad de la existencia de la monarquía sin vinculaciones
dinásticas ni constitucionales a poderes de radio superior2. Al rechazar a la nueva dinastía
las elites locales se opusieron también a que la crisis quedara resuelta como una mera cuestión dinástica, introduciendo para ello relevantes novedades tanto en el gobierno como en
su discurso político. Si la crisis dinástica había sido protagonizada por los hermanos Napoleón y por Carlos IV y Fernando VII, la de independencia será protagonizada por las juntas que se van formando –con diversa fortuna– desde la primavera de 1808 a ambas orillas
del Atlántico.
Las juntas nacieron bajo el signo de la provisionalidad, la emergencia y el casus neccesitatis creado ante el hecho cierto de que el Consejo de Castilla, las audiencias y chancillerías y otras altas instituciones de la monarquía se habían plegado a las exigencias de la
nueva dinastía. Para quienes se resistían a reconocerla no quedaba otra posible institucionalización del poder legítimo más allá del ámbito local o territorial. Este hecho implicaba una rigurosa novedad en el gobierno puesto que únicamente en las provincias vascas,
y en cierto modo en el Principado de Asturias, había existido algo similar a un gobierno
territorial una vez que los decretos llamados de Nueva Planta habían liquidado al finalizar la Guerra de Sucesión las antiguas constituciones de los territorios de la Corona de
Aragón (Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca). La poda territorial europea sufrida por
la monarquía como compensación por el reconocimiento internacional de la dinastía borbónica –en Bélgica e Italia– contribuyeron también a la liquidación de una Constitución
basada en la agregación territorial y la acumulación de dignidades en la persona del
monarca.
Por ello, la formación en serie de juntas supremas de gobierno en diferentes capitales
españolas con vocación de representar un ámbito provincial, alteró no sólo la forma externa de la monarquía sino también su forma de gobierno. Este proceso fue gráficamente descrito por los enviados del gobierno británico como la «revolución de las provincias de España»
y no meramente como una «revolución española». La diferencia entre ambas expresiones es
determinante: desde 1808 y hasta que las Cortes se reunieron en septiembre de 1810 las
1. Miguel ARTOLA. Los afrancesados. Madrid: Alianza, 1989.
2. La invención de la Guerra de Independencia como catarsis nacional de España ha sido recientemente estudiada por
José ÁLVAREZ JUNCO. Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX. Madrid: Taurus, 2001, cap. III.
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LA FEDERACIÓN IMPOSIBLE: LOS TERRITORIOS EUROPEOS Y AMERICANOS...
provincias de España y no exactamente España dirigieron la resistencia frente a Napoleón
y condujeron la crisis de independencia.
El 24 de septiembre de 1810 en el teatro de la Real Isla de León, cerca de Cádiz, se
reunió una asamblea que proclamó ser representación de la nación española. Aquella noche,
los diputados allí congregados –nunca se ha sabido a ciencia cierta su número– declararon
que reconocían de nuevo por su rey a Fernando VII, nulas las cesiones hechas por él y Carlos IV –»por faltarles el consentimiento de la nación»– y se reservaban «el poder legislativo
en toda su extensión». Aquella noche, la crisis de independencia había definitivamente sido
transformada en una crisis constitucional3.
Para cualquier observador, aquel número de señores reunidos en aquel improvisado
hemiciclo no conformaban una auténtica representación de los españoles que habitaban los
territorios de la monarquía desde Manila hasta Barcelona. La mayoría eran «sustitutos», es
decir, diputados improvisados de entre los naturales de diversos lugares residentes entonces
en Cádiz por las razones más variopintas. Sólo los lugares libres del dominio francés pudieron llegar realmente a elegir sus representantes, la mayoría gallegos y catalanes.
Lo relevante es que desde que las Cortes se reunieron, la crisis de la monarquía no
era ya sólo una crisis derivada de una intervención militar extranjera y un cambio de dinastía,
sino que ante todo era una cuestión de orden constitucional. Si los sujetos protagonistas
de la primera crisis eran las testas coronadas y de la segunda las provincias y pueblos, ahora la crisis constitucional requirió de un nuevo sujeto llamado nación española. Por ello
ésta, a través de su representación de las Cortes, tuvo que privar de su posición precedente no sólo al monarca –ahora Rey de España y no soberano– sino también a las juntas. Esta
misma transición se produjo simultáneamente en otras partes de mundo hispano entre
1811 y 1826.
Sólo esta tercera forma de la crisis, la constitucional, alimentó un proceso de diferenciación nacional. Sin embargo, con antelación a ese tránsito de las juntas a los congresos,
en la geografía hispana se habían producido tensiones y decisiones que determinaron los
resultados de aquella «revolución de las provincias de España». En ella, la mayoría de las
provincias de aquella monarquía, las situadas en territorio americano, habían sido literalmente expulsadas de la especie de «confederación» que conformaron las provincias
peninsulares con su senado de la Junta Central. Aunque ese mismo gobierno, el de la
Junta Central, así como el de la Regencia –y luego las Cortes– proclamaron que América constituía una parte esencial –esto es, no accesoria o accidental– de la monarquía,
sus actuaciones y decisiones contradijeron permanentemente esa idea de igualdad. Antes
por tanto de que en la asamblea de Cádiz se empezaran siquiera a discutir las posibilidades
de la autonomía, los territorios americanos habían acumulado una ineludible experiencia
3. Para un análisis de sus planteamientos véase mi Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000. Un resumen de mis posiciones
sobre la crisis, con una visión más atlántica en Bartolomé CLAVERO; José María PORTILLO; Marta LORENTE. Pueblos, nación, constitución. Vitoria: Ikusager, 2004.
101
JOSÉ M. PORTILLO
de la diferencia y la desigualdad. En cierto modo, antes de que lo llegaran a hacer por sí,
aquellos territorios habían sido declarados «independientes» y «diferentes» por las autoridades metropolitanas.
Territorios y monarquía en vísperas de la crisis
Cuando la Ilustración europea criticaba tan despiadadamente la colonización española de
América, no lo hacía por promover la autonomía individual y colectiva de los americanos
–menos aún de los originarios– sino la perspectiva colonial de la sociedad comercial. Por
ello William Robertson y otros ilustrados ponderaron las reformas emprendidas por el
ministro José de Gálvez encaminadas a lograr una presencia más efectiva de funcionarios
del gobierno –y así también un control más estrecho sobre cosas y personas– aunque no
necesariamente implicara esto una mayor centralización4. Simultáneamente, otros intelectuales europeos valoraban la constitución provincial de los territorios vascos como un resto
de antiguas libertades célticas o como una especie de «constitucionalismo de montaña»
–sólo restante entre la liga de los grisones suizos o en San Marino– y se dolían de que la
inevitable expansión del control ministerial terminara con ella.
Para la comprensión del impacto de la crisis abierta en la monarquía en 1808, creo
necesario tomar en serio las dimensiones de la misma y analizar de manera integrada los
proyectos y discursos sobre su orden territorial. Gracias a recientes aportaciones historiográficas de especial mérito es factible proceder a un contraste entre América –especialmente Nueva España– y los territorios vascos –como se ha dicho únicos restos de autonomía
territorial efectiva en la península– en orden a calibrar tanto su posición constitucional en
la Monarquía Hispana como los discursos políticos y culturales con que se argumentó sobre
la misma. Como veremos, para el flujo de palabras y conceptos, el Atlántico no era un océano tan insalvable.
Jorge Cañizares-Esguerra ha analizado en profundidad recientemente las controversias intelectuales entre intelectuales europeos y criollos en las décadas finales del setecientos. En este libro se muestra cómo aquellos debates no sólo alimentaron el llamado patriotismo criollo, pues también estuvieron detrás de las encontradas posiciones que defendían
distintas versiones de un patriotismo español. Entre quienes entendieron que la promoción
del patriotismo debía basarse en una revivificación de la grandeza intelectual del humanismo español, y quienes apostaban por prestar oídos a las voces que llegaban del norte –aún
4. Al contrario, como expuso la profesora Jordana Dym en el congreso del que nace este libro, aquellas reformas en
los gobiernos locales y provinciales americanos implicaron un incremento del sentido de territorialidad y no un
vaciamiento de poderes locales en beneficio de los centrales. Véase, en tanto se publica su monografía sobre Centroamérica, Jordana DYM. A sovereign state of every village: city, state and nation in independence-era Central America, ca. 1760-1850. New York: New York University, 2000 (Tesis de doctorado).
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LA FEDERACIÓN IMPOSIBLE: LOS TERRITORIOS EUROPEOS Y AMERICANOS...
mayoritariamente protestante– para asimilarse a la modernidad europea, el discurso sobre
América y su colonización supuso una baza de primer orden5.
Ahí reside uno de los méritos mayores de la obra de Cañizares-Esguerra: haber
logrado recoser los discursos sobre patriotismo a ambos lados del Atlántico, que por tanto tiempo la historiografía –más que la historia– había mostrado como fenómenos independientes. De su lectura de fuentes americanas y peninsulares se deriva una común conclusión: la historia del Nuevo Mundo se entendió subsidiaria de una historia de la vieja
cultura europea. Incluso la respuesta más contundente proporcionada por la ilustración
criolla, la del jesuita veracruzano Francisco Javier Clavijero, fue escrita con la vista puesta en la españolidad de los «españoles americanos» y en la adaptación del pasado precolombino a los cánones de la Antigüedad clásica europea. Más aún, la Storia Antica del
Messico (1780-1781) abría con un ensayo de antropología física que quería demostrar la
«normalidad» de los americanos en cuanto a su aspecto externo y costumbres «humanas».
Sólo entonces tenía sentido narrar las historias que vinculaban América a la repoblación
de la Tierra tras el Diluvio.
Siguiendo la pauta de la historiografía europea, Clavijero estaba particularmente interesado en mostrar a sus colegas del viejo continente –para quienes escribía desde su exilio
italiano tras ser expulsado con los de su orden de los dominios del rey de España– un Mediterráneo mexicano. Junto a pueblos bárbaros se podían hallar auténticas civilizaciones,
como la de los toltecas «que siempre vivieron en sociedad» bajo sus soberanos y leyes, constituciones aristocráticas y senatoriales como de Tlaxcala, o monarquías electivas, como la
mexicana que luego evolucionaría hacia una constitución mixta como la de la propia
monarquía española: «Estos y otros golpes de política que se irán produciendo en esta historia, harán ver que los hombres de América eran en el fondo de sus almas lo mismo que
los de Europa; y que si alguna vez han padecido de diferente especie ha sido porque una
triste educación o una dura servidumbre no les ha permitido adquirir las luces necesarias
para la conducta nacional de su vida»6.
Clavijero, como Juan de Velasco –el otro gran historiador jesuita criollo– quiso escribir una historia europea de América. El jesuita de Riobamba estaba así interesado en promover una imagen del «reino de Quito» como comunidad territorial diferenciada de Santafé y de Lima. En consecuencia, organizó su relato historiográfico sobre ese reino en tres
estadios que mostraban la conciencia de una especificidad constitucional dentro del imperio incaico, así como una transición autónoma al período posterior a la conquista española7. Por su parte, la descripción que realiza Clavijero del Alteptel no podía ser menos
5. Jorge CAÑIZARES-ESGUERRA. How to write the history of the New World. Histories, epistemologies, and identities in
the eighteenth-century Atlantic world. Stanford: Stanford University Press, 2001, cap. 3.
6. Francisco Xavier CLAVIJERO. Historia antigua de México. México: Porrúa, 1964, libro II, p. 78.(1ª ed. 1780)
7. Juan de VELASCO. Historia del Reino de Quito en la América meridional. Caracas: Ayacucho, 1981. (1ª ed. 1789).
Para una interpretación exacta del libro de Velasco véase Federica MORELLI. Territorio o Nazione. Riforma dello
spazio imperiale in Ecuador, 1765-1830. Soveria Manelli: Rubbettino, 2001, cap. 1.
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JOSÉ M. PORTILLO
mexicana y tlascalteca y más europea con sus señores feudales conformando una especie de
hidalguía estamental vinculada a la monarquía, cual si de la descripción ideal de la antigua
constitución castellana realizada poco antes por el también jesuita Andrés Marcos Burriel
se tratara8.
Como mostró el proyecto historiográfico de Juan Ignacio de Molina sobre el reino de
Chile, también el símil de los pueblos bárbaros europeos podía dar su juego a efectos comparativos. En la segunda parte de ese proyecto, Saggio sulla Storia Civile del Chile (1787,
1795 edición en español) afirmaba que la confederación araucana podía describirse como
una unión de barones y señores feudales, gobernados por un derecho consuetudinario y un
sistema de justicia privada similar a las faidas germánicas9.
¿Por qué, si en realidad no estaban tan interesados en ellas como tales, escribieron
estos autores tan extensamente sobre las antiguas constituciones amerindias? En ningún
modo intentaron ofrecer un discurso historiográfico de la continuidad entre antigua
y moderna constitución de los territorios americanos. Incluso si, como en el caso de Clavijero, se insistía en la continuidad entre la nobleza amerindia y la euroamericana, la línea que
separaba e incomunicaba su antiguo Mediterráneo mexicano y la Nueva España era, para
la historia constitucional, insalvable. Así, los primeros encuentros entre los españoles y las
naciones amerindias se presentan en términos de conferencias, confederaciones y convenios. Clavijero relata ahí el encuentro de dos naciones, dos «comunidades perfectas» que,
consecuentemente, podían alcanzar acuerdos militares y políticos. De manera similar,
narrando la intervención de Francisco Pizarro en los conflictos domésticos del imperio
incaico, Velasco trató de presentar algo similar a una «voluntaria entrega» a la Corona española10.
Hasta ahí la versión criolla de la «antigua constitución» americana podía haber terminado en una versión (permítaseme el símil que no encierra vanagloria alguna por mi parte)
muy vizcaína: resultado de un acuerdo y una entrega voluntaria, la incorporación al complejo hispano no debería tener efectos constitucionales disolventes. En lenguaje perfectamente familiar a aquellos jesuitas criollos, la incorporación de las naciones amerindias a la
monarquía española podría haberse tenido por principaliter et non accesoria, esto es, una
incorporación a la Corona y no al reino de Castilla.
El patriotismo criollo ni siquiera insinuó tal continuidad, sino que, al contrario, deliberadamente subrayaron la inutilidad de la historia constitucional prehispánica para los
territorios americanos de la monarquía española. En las disertaciones que incluyó Clavijero
8. Sobre la idealización de la Bellatrix Castellae de Burriel me permito remitir a las observaciones que realicé en
Monarquía y gobierno provincial. Poder y Constitución en las provincias vascas, 1760-1808. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991, cap. 1.
9. Juan Ignacio de MOLINA. Compendio de la Historia Civil del reyno de Chile. Madrid: Sancha, 1795 p. 62 y 66.
10. Véase, por ejemplo, Francisco Xavier CLAVIJERO. Historia antigua... [6], libro VIII p. 231: «... Aquel ilustre senado, no satisfecho con ratificar su alianza, dio espontáneamente la obediencia al rey católico; homenaje tanto más
apreciable para los españoles, cuanto era más preciosa para los tlaxcaltecas la libertad que habían gozado en tiempo inmemorial».
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LA FEDERACIÓN IMPOSIBLE: LOS TERRITORIOS EUROPEOS Y AMERICANOS...
al final de su voluminosa Storia, se cuenta con un abrégé de lo que podía decirse «antigua
constitución mexicana», pero él mismo concluye que la conquista definitiva de MéxicoTechnotitlan tras la rebelión de la nobleza azteca conllevó la definitiva desaparición de todo
rastro de tal constitución y de los mexicanos mismos como nación, convirtiéndose en la más
miserable y oprimida raza del continente –más aún que los mismos esclavos traídos de África. Consecuentemente, así lo argumentará también Servando Teresa de Mier, la «antigua
constitución» de la Nueva España sólo podía ser moderna.
Otros territorios de la monarquía pudieron argumentar a favor de su condición de
«comunidades perfectas» apelando a la continuidad de tales universitas desde los tiempos
babélicos hasta el presente. En el caso de los americanos, sin embargo, la Antigüedad hubo
de reinventarse como una especie de «antigua moderna constitución». No es casual que el
propio concepto de Antigüedad en el caso del discurso criollo abarcara todo el tiempo hasta la llegada de los españoles. Si los patriotas criollos que entraron en el debate historiográfico, sociológico y político sobre América querían mostrar a los literati europeos que no sólo
en Europa era posible hallar una Antigüedad clásica, la reconstrucción de la «Antigua constitución» americana por parte de los líderes criollos se referirá expresamente a la parte
moderna y no a la antigua de su división de la historia americana. El mencionado Mier asumirá sin problemas que la antigua constitución a que se refería constantemente se basaba
no en lo que Clavijero había descrito como antiguas leyes fundamentales mexicanas, sino a
los acuerdos entre los caballeros conquistadores y los reyes, esto es, una interpretación constitucional de las Leyes de Indias.
Uno de los esfuerzos más notables por recuperar una tradición cultural propia, dentro del contexto hispano, fue realizado por Juan José Eguiara y Eguren como recuerda el
libro ya citado de Cañizares-Esguerra. Al tiempo que Eguiara recopilaba toda noticia interesante para confeccionar su Bibliotheca Mexicana (1755) –respuesta contundente a la
Biblioteca Hispana de Nicolás Antonio, totalmente ignorante, pese al nombre, de la producción americana– en otra esquina de la monarquía a la que Eguiara estaba estrechamente vinculado, un jurisconsulto y un jesuita fraguaban los instrumentos discursivos para la
defensa del republicanismo provincial vasco en el contexto de la monarquía borbónica española. Como se ha mencionado antes, la liquidación de la constitución catalano-aragonesa
tras la Guerra de Sucesión, que implicó el desmantelamiento de las instituciones políticas
de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, dejó a las provincias vascas junto al reino de
Navarra, fieles a Felipe de Anjou durante la guerra, como únicos territorios con identidad
constitucional diferenciada en la monarquía. De hecho, puede decirse que el Mediterráneo
constitucional, tan celebrado por la literatura política europea, se había trasladado al Cantábrico.
Pedro de Fontecha –síndico o procurador legal del señorío de Vizcaya– y Manuel de
Larramendi –controvertido jesuita, profesor de teología en Salamanca y confesor de la reina viuda Ana– establecieron a mediados del XVIII los fundamentos para una reinterpretación del republicanismo provincial que se probó operativo hasta el cambio constitucional
de comienzos del siglo XIX. Al igual que los patriotas criollos –en realidad como cualquier
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JOSÉ M. PORTILLO
erudito europeo interesado en una interpretación patriótica de la historia local– argumentaron que sus respectivas provincias constituían comunidades perfectas adheridas a la
monarquía española. Su lenguaje republicano no era nuevo en absoluto, pero sí su discurso en el nuevo escenario creado tras la intervención constitucional en los territorios de la
Corona aragonesa y la redefinición territorial de la monarquía en su vertiente europea.
En su Escudo de la más constante fe y lealtad –una defensa de la «antigua constitución»
del señorío de Vizcaya– Fontecha presentó a éste como una república libre cuyas leyes
y estatutos derivaban directamete del derecho natural. Los «fueros, usos, costumbres, inmunidades y libertades» de Vizcaya no podían tenerse por privilegios concedidos por el monarca, sino por una auténtica constitución consuetudinaria del señorío. En realidad, argumentaba, este jurisperito, el señorío era una dignidad diferenciada añadida a los títulos de la
Corona, como demostraba su constante uso por parte de los monarcas hispanos en los encabezamientos de cualquier provisión regia. La enunciación, junto a Castilla, Aragón u otros
reinos, del señorío de Vizcaya no hacía sino rememorar permanentemente la particularidad
constitucional de Vizcaya11. Simultáneamente Manuel de Larramendi utilizaba expresamente la imagen del «mayorazgo de institución divina» para referirse a la provincia de
Guipúzcoa y establecer el vínculo entre la comunidad y su patrimonio de leyes y estatutos. Como tal patrimonio, el derecho de Guipúzcoa pertenecía a los naturales y no al rey,
creando así una relación de indisponibilidad entre derecho del territorio y voluntad del
monarca12.
Tales esfuerzos, junto a los de otros autores y representantes de los territorios forales
vascos, dieron indudablemente su fruto. Un repaso a los informes prestados por viajeros
extranjeros en España durante la segunda mitad del setecientos demuestran la fortaleza que
esa imagen republicana de las provincias vascas había adquirido. Un par de ejemplos pueden ilustrar este punto. En su popular Introducción a la Historia Natural, y la Geografía físisca de España13 el erudito irlandés William Bowles fijó su atención en el paisaje de Vizcaya.
Conformado por caserías rodeadas de medianas propiedades, inmediatamente lo interpretó como el reflejo de una estructura antropológica nada común en el contexto castellano.
La solidez de esa medianía mediante la vinculación entre casa y familia, producía una clase
numerosa de propietarios y arrendatarios a largo término que eran base indudable de la
«democracia» rural que fascinó a los observadores europeos.
Una década más tarde el que sería segundo presidente de los Estados Unidos, John
Adams, señaló a esa misma estructura antropológica –similar, afirmaba, a la que podía
encontrarse entre los granjeros de Connecticut– como característica esencial de la democratical republick de Vizcaya. Comisionado por el gobierno de los Estados Unidos ante el rey
11. Del texto de Pedro de Fontecha existe una edición facsímil en CD ROM: Textos clásicos para la historia del País
Vasco (III). Madrid: Fundación Histórica Tavera, 1999.
12. Manuel de LARRAMENDI. Conferencias sobre los fueros de Guipúzcoa. San Sebastián: Diputación Foral de Guipúzcoa, 1983. (Edición de José Ignacio Tellechea).
13. Guillermo BOWLES. Introducción a la Historia Natural, y la Geografía física de España. Madrid: Sancha, 1775.
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LA FEDERACIÓN IMPOSIBLE: LOS TERRITORIOS EUROPEOS Y AMERICANOS...
de Gran Bretaña, Adams se interesó en el constitucionalismo europeo como material para
el debate entonces vivo en su joven república sobre la forma de gobierno. Como podía esperarse de alguien formado en los principios del derecho inglés, el diplomático norteamericano no sólo se sintió atraído por el constitucionalismo moderno, sino por una más genérica
idea del mismo que incluía también las «antiguas» constituciones, especialmente las aún
vivas. Estudió por ello tanto las repúblicas monárquicas, como las aristocráticas o las democráticas, incluyendo la vizcaína entre estas últimas junto a San Marino, Holanda y el cantón de los grisones en Suiza14.
Pero sin duda el más interesante de los análisis de la constitución vizcaína realizada
por autores extranjeros es la de John Geddes, católico liberal escocés que fue llamado
a España por el conde Campomanes para hacerse cargo del colegio de escoceses en Valladolid tras la expulsión de los jesuitas. Seguramente aconsejado por el propio conde de Campomanes –presidente del Consejo de Castilla y figura política clave en la corte de Carlos III–
Geddes se interesó por lo que le pareció un raro volumen titulado Fueros, privilegios, franquezas y libertades del muy noble y muy leal señorío de Vizcaya. Aunque datado en 1527
y publicado en Burgos en 1528, no era en absoluto una antigualla sino un conjunto perfectamente vivo de leyes y provisiones usado diariamente en la sala del juez mayor de Vizcaya sita en la misma ciudad donde residía Geddes.
No dudó el escocés en enviar una copia a la Society of Antiquarians of Scotland acompañada de un comentario en el que identificó aquel libro como un rastro de la antigua constitución céltica15. Cuando leía en el primer título de aquel cuerpo legal acerca de las libertades y privilegios de los vizcaínos, los límites de la autoridad del señor y las garantías
judiciales, concluía Geddes que los fueros o Constitución de Vizcaya bien deberían merecer su lugar en el mismo ámbito constitucional que las antiguas libertades célticas que cantaban los poemas que McPherson había atribuido al legendario bardo Ossian –que no por
casualidad se traducen en esos años también en la ciudad de Valladolid16. Bien podría
haberse maravillado el erudito escocés con la leyenda –que reproducía en su informe– de
Jaun Zuria, el caballero blanco tenido por primer señor de Vizcaya –según la genealogía
fijada por Lope García de Salazar a finales del siglo XV– elegido tras conducir a los vizcaínos a la victoria sobre los leoneses de Ordoño III en el siglo IX. Dado que la leyenda atribuía a Jaun Zuria un origen escocés, ahí tenía Geddes –aún con todo su aroma a leyenda–
el vínculo necesario con la tierra originaria de la constitución céltica.
En todos estos autores es común la identificación de la constitución de Vizcaya –o de
Guipúzcoa o Álava en su caso– con una antigua constitución que había logrado permanecer
14. John ADAMS. A defence of the constitution of government of the United States of America. London: C. Dilly, 1787,
carta IV.
15. Un estudio y traducción del texto de Geddes en José María PORTILLO. «Locura cantábrica o la república en la
monarquía. Percepción ilustrada de la constitución vizcaína». Anuario de Historia del Derecho Español (Madrid).
LXVII/1 (1988), p. 749-776.
16. Obras del poeta Ossian del siglo tercero en las montañas de Escocia. Traducidas del idioma y verso gálico-céltico al inglés
por el célebre Jaime Macpherson. Valladolid: 1788.
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y transmitirse en las más variadas circunstancias políticas. La antigüedad provincial se interpretaba como una historia de resistencia frente a imperios y grandes monarquías –Roma, la
monarquía goda o el califato y demás poderes árabes– y como una continuidad en la preservación de la verdadera religión, practicada desde los tiempos babélicos sin interrupción,
como afirmaba por primer punto de su defensa de la constitución vizcaína Fontecha. Al
igual que los patriotas criollos, estos tratadistas centraron su discurso en la «antigüedad»
para probar la cualidad provincial como «comunidad perfecta». La antigüedad vasca, sin
embargo, se localizaba en los tiempos antiguos y sus efectos constitucionales se transmitían
hacia la modernidad: tanto en los autores citados como en otros, la república era de fundación antigua –anterior a su incorporación a cualquier estructura monárquica o imperial–
y autógena respecto de cualquier otro poder que no fuera el propio de la comunidad.
No era difícil a partir de ahí argumentar que la incorporación a la monarquía hispánica no alteró en absoluto sus propias constituciones territoriales. Tal y como lo expresó el
propio Fontecha, la incorporación del señorío de Vizcaya había sido como parte principal
y no accesoria, por lo que el rey mismo respecto de Vizcaya no era sino su señor. La razón
era muy similar a la que los tratadistas criollos quisieron también imponer respecto de la
interpretación de la moderna «antigua constitución» de los reinos americanos: la dignidad –señor o rey– indicaba una incorporación a la Corona y no una asimilación al reino de
Castilla.
La Ilustración europea –y la española como parte de ella– pudo perfectamente entender el argumento del republicanismo provincial vasco. Bowles, Geddes, Adams o Jean
Jaques Rousseau escribieron entusiastas líneas sobre las libertades vizcaínas y su Junta General como ejemplo vivo de una antigua democracia rural. Por otra parte, esa misma Ilustración –Corneille De Pauw, Guillaume de Raynal o William Robertson por citar los más preclaros ejemplares– nunca admitieron que los americanos pudieran tener algo semejante
a una antigua constitución. Podían culpar a España de todo tipo de actos de barbarie en
una cruel conquista de gentes e imperios, pero nunca reconocieron en los pueblos amerindios una condición de nations o republics. Como el tratado de derecho internacional
más influyente del momento estableció, a los territorios americanos podía cuadrarles el
concepto de pays o colonia, esto es, territorios cuyos habitantes no conformaban por sí un
cuerpo político. En su Droit de Gens (1758) Emmerich de Vattel había afirmado que, si
bien a la llegada de los españoles a México y Perú existían Estados policés –lo que hacía de
la conquista española un acto injusto a diferencia de la británica en el norte del continente– la conquista misma los había reducido a la condición de pays dependientes de la monarquía española17.
17. «Ainsi, tandis que la Conquête des Empires policés du Perou & du Mexique a été une usurpation criante; l’etablissement de plusieres Colonies dans le Continent de l’Amerique Septentrionale, pouvoit, en se contenant dans
des justes bornes, n’avoir rien que de très-légitime. Les peuples de ces vastes contrées, les parcourroient plûtôt
qu’ils ne les habitoient.» M. de VATTEL (Emmerich de Vattel). Le Droit des gens ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains. Washington DC: Carnegie Institution of Washington, 1916, libro I, cap. VII, párrafo 81. (1ª ed. 1758).
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Tan disímil concepción del soporte constitucional de los territorios situados a ambas
orillas de la Monarquía Hispana tuvo implicaciones prácticas muy directas. Nunca, por
ejemplo, un ministro de la Corona propuso seriamente la entrega de partes de las provincias vascas, Aragón, Navarra o Cataluña a Francia con el fin de conseguir más seguros límites. En realidad, una intervención directa del Estado en la delimitación de los territorios
provinciales españoles no se produjo hasta la división provincial de 1833 –prácticamente
aún en vigor– e incluso ésta se hizo sobre la base del respeto a identidades territoriales previas. Por su parte, las reformas en los gobiernos locales emprendidas en los años sesenta
y setenta del XVIII nunca constituyeron una alteración real de los mismos.
Nada comparable al esfuerzo reformador que con mayor o menor éxito se emprendió
entonces en América. La intervención drástica en la territorialidad de los «reinos» americanos, demostró implícitamente que «reino», «provincia» o «territorio» no tenían el mismo
significado en ambos lados del Atlántico hispano. Por mucho que la intelligentsia criolla
identificara los reinos americanos con una especie de «comunidades perfectas» al gusto de
la literatura política europea, del «reino» de Nueva Castilla o virreinato del Perú se desgajaron Nueva Granada y Río de la Plata atendiendo sólo a los intereses militares y fiscales de
la monarquía. A diferencia del caso de Aragón y Cataluña, no hizo falta un conflicto radical entre la monarquía y los territorios para alterar su integridad territorial y su constitución. A diferencia de los territorios no estrictamente castellanos de la Península, los americanos siguieron siendo considerados creaciones de la monarquía que podían administrarse
de modo más similar al patrimonio de la Corona18.
Como trataron de mostrar diversos intelectuales criollos, era perfectamente posible
leer de otro modo la conquista y la formación del derecho indiano como pactos o convenciones entre la monarquía y los conquistadores, lo que llevaba a afirmaciones totalmente
distintas sobre la identidad territorial de los reinos de América. Los ministros y funcionarios metropolitanos, sin embargo, actuaron como si aquellos reinos fueran patrimoniales y
no constitucionales. Puede ilustrar el punto la actitud del conde de Aranda, el influyente cortesano que comandaba la facción aragonesa de la corte, promotora de una concepción más
constitucional y menos ministerialista del gobierno monárquico19. Jamás se le habría pasado por la imaginación proponer al rey un despedazamiento de su Aragón natal para satisfacer las aspiraciones políticas de la Corona. En un bien conocido «informe secreto», sin
embargo, no dudó en sugerir la conveniencia de adquirir Portugal a cambio de Perú, concediendo hasta Guayaquil si fuera necesario y creando un reino satélite en Buenos Aires
para solucionar el problema de la falta de continuidad territorial en las posesiones españolas en América. En otro informe, tan secreto como conocido también y del que se dijo que
18. En los discursos del marqués de Bajamar se señala que los territories americanos habían sido incorporados al real
patrimonio de la Corona de Castilla siguiendo la voluntad de la reina católica. Marqués de Bajamar [Antonio Porlier]. Discursos al Consejo de Indias. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003, p. 7-8 (Edición de María Soledad Campos Díez).
19. El libro que mejor analiza el pensamiento del conde Aranda es, sin duda, el de Mario ONAINDÍA. La Ilustración
y la nación española. Madrid: Taurus, 2001.
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el propio conde podría ser autor, se afirmaba la conveniencia de crear tres reinos americanos dependientes de España con el fin de incrementar los ingresos fiscales de la Corona20.
Valentín de Foronda, un vasco que criticó las características oligárquicas de las instituciones vascas, aconsejó también a la Corona una reforma de sus posesiones americanas en un
sentido declaradamente colonial que trataba de obtener de ellas todo el fruto posible21.
Tales memorandos han sido tradicionalmente interpretados como previsiones de la
independencia de los territorios americanos, o como promotores de formas de autonomía.
Sin embargo, no podían estar cortados por un patrón más colonialista y patrimonialista.
Otros textos contemporáneos pueden ofrecer el contrapunto para apreciar el tono que
seguían estas propuestas de oficiales y ministros de la Corona. En 1797 el fiscal de la
audiencia de Charcas, Victorián de Villava, miembro de una familia de magistrados aragoneses y traductor al español de Antonio Genovesi, sugirió una reforma de la monarquía que
incluía la transformación de las reales audiencias americanas en auténticos cuerpos representativos autónomos encargados del gobierno de sus respectivos territorios22. Los consejos
de Villava, uno de los maestros del líder independentista Mariano Moreno, fueron totalmente ignorados por las autoridades metropolitanas y los liberales españoles nunca retomaron sus propuestas cuando unos años después la crisis de la monarquía reavivó el debate
sobre la autonomía provincial. Por el contrario, la actitud de la Ilustración y el liberalismo
españoles preanunciaron que la igualdad entre ambas Españas, europea y americana, tan
proclamada por los gobiernos de la crisis, era culturalmente impracticable en el contexto del
Atlántico hispano.
¿«Colonias y factorías» o «partes integrantes de la Nación»?
Habían transcurrido cinco días desde la formación en Buenos Aires de la Junta Suprema
Gubernativa de los Derechos de Fernando VII (25 de Mayo 1810) cuando, llegadas las noticias a la ciudad de Córdoba, su gobernador se apresuró a convocar reunión de notables para
recabar consejo acerca de cómo resistir tal desmán de los capitalinos. No consiguió respuesta
20. Jesús VARELA MARCOS. «Aranda y su sueño de la independencia suramericana». Anuario de Estudios Americanos
(Sevilla). XXXVII (1980), p. 351-368, y Carlos E. MUÑOZ ORAA. «Pronóstico de la independencia de América y
un proyecto de monarquías en 1781». Revista de Historia de América (México). 50 (1960), p. 439-473. (También
publicado en Dos temas de historia americana. Mérida: Universidad de los Andes, 1967). Una aproximación reciente que fija perfectamente el sentido de estas y otras intervenciones en Premoniciones de la independencia de Iberoamérica: las reflexiones de José de Ábalos y el conde de Aranda sobre la situación de la América española a finales del siglo
XVIII. Madrid: Fundación Mapfre Tavera, SECIB, Ediciones Doce Calles, 2003 (Estudio preliminar de Manuel
Lucena Giraldo. Prisma Histórico; 1).
21. Valentín de FORONDA. Carta sobre lo que debe hacer un príncipe que tenga colonias a gran distancia. Filadelfia: 1803
(fechada el 1 de marzo de 1800).
22. Victorián de VILLAVA. Apuntes para una reforma de España, sin trastorno del gobierno monárquico ni la religión. Buenos Aires: 1820, p. 53. Sobre Villava véase Ricardo LEVENE. Vida y escritos de Victorián de Villaba. Buenos Aires:
Peuser, 1946.
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LA FEDERACIÓN IMPOSIBLE: LOS TERRITORIOS EUROPEOS Y AMERICANOS...
a tal demanda de boca del deán Dr. Gregorio Funes, más tarde uno de los líderes intelectuales de la revolución rioplatense. Para Funes la cuestión estaba mal planteada: no se trataba
de saber quién debería sino quién podía gobernar en aquellas apuradas circunstancias.
Según su diagnóstico se había producido una crisis que afectaba sobre todo al eslabón fundamental y «principal asiento de la monarquía», esto es, la metrópoli. La debilidad del
gobierno de la Junta Central había conducido a una disolución de hecho de la cadena hispánica y había dado luz a una serie de «soberanías parciales», así como a un gobierno ilegítimo en manos de la Regencia. Por lo que se refería a América tal situación equivalía a una
disolución del vínculo con España y su monarquía, una desaparición de toda «atadura política» que había mantenido hasta entonces formalmente unido al cuerpo hispano bajo una
común monarquía23.
El deán de la catedral de Córdoba argumentaba que, dado que la crisis se había producido en la cabeza de aquel complejo cuerpo –al irresponsablemente ceder la Corona
a Napoleón– las «provincias» resultaban ser los únicos posibles recipientes para la reencarnación de la soberanía monárquica. Un catecismo político publicado entonces en Santiago
de Chile afirmaba de manera muy similar que únicamente las provincias estaban legitimadas para hacerse cargo de la soberanía. A la cuestión sobre la legitimidad que cabía a la Junta Central y su gobierno para disponer del depósito de soberanía, este prontuario respondía
que era perfectamente aceptable que dispusiera del gobierno de los territorios peninsulares,
puesto que ellos la habían constituido, pero no que decidiera sobre el gobierno de América24.
Como ha demostrado convincentemente Jaime E. Rodríguez, estos y otros textos similares
producidos en estos primeros compases de la crisis en América, no estaban en absoluto rechazando la vinculación de aquellas provincias a la monarquía. Al contrario, reclamaban de forma bastante generalizada –también hubo voces que reclamaron sin más la independencia– la
reconstrucción de los vínculos políticos de la cadena hispana25.
La documentación producida por o a las orillas de las juntas americanas demuestra
que la elite criolla estaba particularmente interesada en tomar parte en aquella «revolución
de las provincias de España». Los decretos emanados de los diferentes gobiernos de la crisis
–Junta Central, Regencia, Cortes– formalmente se mostraron de acuerdo con tal aspiración
declarando que las provincias americanas debían ser consideradas parte integrante de la
monarquía (luego de la nación) y no ya como «colonias o factorías». Sin embargo, las autoridades metropolitanas nunca aceptaron de hecho que aquellos territorios situados al otro
lado del Atlántico hispano se contaran desde un punto de vista político entre las provincias
23. «En este cuadro trazado por las manos de los mismos españoles, y retocado por su adversa fortuna, en vano era
que la América buscase ese centro de unidad que hasta aquí había estrechado sus relaciones.» En «Parecer del Deán
de la Iglesia de Córdoba Dr. D. Gregorio Funes, referente al nuevo Gobierno establecido en la Capital del virreinato, y dado en la Junta celebrada con este motivo en casa del Sr. Gobernador de esta Provincia». Gaceta Extraordinaria de Buenos Aires (Buenos Aires). 7 de agosto de 1810, p. 9.
24. Catecismo político cristiano, dispuesto para la instrucción de la juventud de los pueblos de la América meridional. Su
autor José Amor de la Patria (1810). Cito la edición contenida en el volumen XVIII de la Colección de historiadores y de documentos relativos a la independencia de Chile. Santiago de Chile: Imprenta Cervantes, 1902, p. 124.
25. Jaime E. RODRÍGUEZ O. The Independence of Spanish America. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
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de España. A diferencia de las peninsulares, las provincias americanas debieron construir un
discurso de afirmación de su propia capacidad política para constituir provincias o comunidades perfectas capaces de contribuir por sí mismas a solucionar la crisis constitucional de la
Monarquía Hispana.
Era para ello necesario probar que la crisis afectaba a América en igual medida que
a la parte europea, aunque no hubiera habido formalmente invasión de aquel territorio por
parte de un ejército extranjero. La inaudita ausencia del príncipe debía interpretarse, en
América, como una pérdida de autoridad por parte también de las autoridades que debían
su legitimidad a un encargo del soberano. En segundo lugar, debía resaltarse la relevancia
política y constitucional de las provincias americanas afirmando que –al igual que otros
territorios no castellanos de la monarquía– estaban unidas directamente a la Corona y no
al reino de Castilla. De ambos argumentos colegían las elites criollas que un gobierno colectivo de la monarquía, como quería serlo la Junta Central, sólo podía componerse desde la
igualdad de la representación, lo que implicaba un previo reconocimiento de la legitimidad
de las juntas creadas en América. En otras palabras, se tomaron bien en serio la afirmación
de la Junta Central de que formaban «partes esenciales de la monarquía».
La pugna por este reconocimiento, que nunca llegaría, resultó esencial para la evolución posterior de la crisis hispana y su característico proceso de disgregación territorial que,
en el caso de España, se prolongaría casi hasta la fijación del actual modelo de Estado basado en la autonomía política de los territorios. Hasta la reunión de los primeros congresos
en el Atlántico hispano –en Cádiz y Caracas– las provincias fueron el sujeto político esencial. En nombre de una nación o pueblo singular, los congresos se opondrán a los «pueblos»
o «provincias» en pugna por el espacio político de la soberanía. Incluso entonces, el vaciamiento político de los territorios, provincias o pueblos no fue tarea fácil ni estaba, por
supuesto, entonces garantizado que la historia de la nación se impondría sobre la de los pueblos. De hecho, hasta la actualidad la evolución del Estado en el mundo hispano ha consistido en una permanente negociación de espacios políticos entre la nación y distintas formas políticas herederas de los pueblos –estados, regiones, capitales, pueblos de indios,
comunidades autónomas, etc.
Como se afirmó antes, la llamada «crisis de la monarquía» escondió en realidad una
serie de crisis. En ese proceso, la resistencia primera contra la intervención imperial en la
monarquía no fue liderada, como también se dijo ya, por un poder centralizado sino por
múltiples poderes provinciales que a duras penas se unieron en un senado colectivo. Las
juntas fueron la forma institucional de aquellos poderes provinciales que, contra lo que ha
sostenido habitualmente la historiografía, no surgen de una transferencia revolucionaria de
soberanía del rey a los pueblos. Es cierto que, utilizando un lenguaje político clásico, fue
entonces una afirmación habitual que faltando el príncipe, el pueblo recuperaba la soberanía y podía instituirla de la manera que entendiera más oportuna. No obstante, tras esa afirmación más que un postulado revolucionario se encuentra un principio perfectamente conservador: lo que recibía el pueblo no era en puridad la soberanía sino un depósito de la
misma. Los nombres mismos adoptados por las juntas (Junta Conservadora de los Derechos
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LA FEDERACIÓN IMPOSIBLE: LOS TERRITORIOS EUROPEOS Y AMERICANOS...
de Fernando VII, Junta Suprema, Junta Superior, Junta Gubernativa, Junta Tuitiva, etc.)
aludían más a su carácter de administradoras, tutoras y curadoras de un legado que a una
condición de asambleas prestas a ejercer un poder revolucionario26.
De hecho, los argumentos de apoyo a la formación de las juntas se basaron en una
reformulación del pensamiento político del humanismo español que insistió en un origen
comunitario de la soberanía instituida por Dios en su «pueblo». La intelligentsia criolla deliberadamente adoptó ese concepto comunitario de pueblo, rechazando otras asociaciones conceptuales a tan elástico término: pueblo era la más natural de las comunidades políticas, el
lugar donde adquiría forma política una reunión de padres de familia. Pueblo no era así cualquier sociedad de hombres, sino sólo aquella que mediante ordenación religiosa y civil adquiría forma e institución de pueblo. De este modo, por ejemplo, pueblo no eran quienes habían
tenido tal nombre impuesto, los llamados indios pueblo de la frontera septentrional de los
dominios españoles en América, sino sólo en la medida en que habían adecuado la planta
y espíritu de sus ciudades al modelo traído de Europa y se habían sometido a su tutela27.
Quienes en el Atlántico hispano promovieron la reunión de congresos eran especialmente conscientes de que ante esa idea de pueblo debía imponerse otra de nación o pueblo
singular. No es por casualidad si aquellos congresos que marcaron el tránsito de una crisis
de independencia a otra constitucional declararon como primera providencia roto el depósito de soberanía y afirmaron que ésta era derecho y atributo esencial de la «nación» o el
«pueblo». Al hacerlo, los congresos no sólo se enfrentaron al rey, sino también a los tutores
del depósito de soberanía, esto es, a las provincias y sus juntas. Los casos de ese tránsito de
juntas a congresos en Venezuela y Nueva Granada son sendos paradigmas de los problemas
derivados de la asimilación de la soberanía a un sujeto singular (el «pueblo de Venezuela»
o el «pueblo de las Provincias Unidas»).
El objeto de este trabajo es, no obstante, el período inmediatamente anterior a ese
tránsito, el que podemos denominar momento provincial de la crisis hispánica. Entonces
los territorios americanos no reclamaban un derecho a existir políticamente al margen de la
monarquía, sino el derecho a la autonomía y a administrar autónomamente el depósito de
soberanía creado tras la defección de la familia real. Como Funes y otros ideólogos arguyeron, incluso si un ejército extranjero no estaba ocupando el territorio americano y José I no
había sido reconocido por ninguno de los virreyes o de las audiencias, era incuestionable
que la sombra de la crisis abarcaba también a América. Las juntas americanas eran así una
expresión de voluntad de sumarse a la crisis y protagonizar la revolución de las provincias.
26. Muchos textos pueden aducirse en apoyo de esta interpretación, pero valga la significativa afirmación del Cabildo
de México que propuso la formación de una junta para proteger «la soberanía representada en todo el reino y las
clases que lo forman», teniéndola como un «depósito sagrado». Juan Francisco de Azcárate. Representación realizada por orden del la nobilísima ciudad de México, documento publicado en Juan E. HERNÁNDEZ Y DÁVALOS (ed.).
Coleccion de documentos para la historia de la guerra de la independencia de México de 1808 a 1821. México: José
María Sandoval, 1877-1882, I, p. 481-482.
27. Bartolomé CLAVERO. «Overlapped constitutionalism: indigenous people and non-indigenous law between Mexico and the United States, Latin and Anglo America». [Seminario impartido en la Universidad de Arizona en el
semestre de primavera de 2003, cuyo texto amablemente me ha permitido consultar el autor.]
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JOSÉ M. PORTILLO
Siguiendo el razonamiento de las propias juntas peninsulares, los líderes de la Junta
de Caracas afirmaron en diciembre de 1810 que no disputaban el derecho de la Junta Central –o luego de la Regencia– a gobernar algunas provincias de España, pero sí toda la
monarquía. La Junta de Caracas, concluyeron, «representa la soberanía de Fernando VII en
Venezuela». Para la «provincia» de Venezuela la única regencia legítima era la Junta de
Caracas misma. Si Venezuela era efectivamente una «parte esencial» de la monarquía
–siguiendo la afirmación realizada por los distintos gobiernos surgidos de la crisis– no lo era
entonces «accesoria». No eran términos inocentes, sino que tenían un preciso sentido en el
lenguaje político común en el momento: sólo las «comunidades perfectas» podían considerarse partes esenciales de un cuerpo político. Las «partes accesorias» eran los territorios incapaces de gobernarse a sí mismos, los que Vattel dejó bajo el rubro de pays o dependencias.
Por tanto, la más razonable actitud política derivada de aquella afirmación realizada por la
Junta Central que declaraba que los territorios americanos eran «partes esenciales» de la monarquía era ignorar la Regencia formada en Cádiz en enero de 1810 sin el consentimiento
de aquellas partes esenciales.
No era sólo una legislación de urgencia creada por la crisis y la necesidad de preservar
las provincias americanas y sus recursos para la causa de la resistencia al imperio lo que legitimó la formación de cuerpos políticos autónomos en América. Sobre todo se argumentó
en su favor con un lenguaje y discursos basados en principios legales y constitucionales derivados de la tradición jurídico-política hispana. Aunque la historiografía hispanoamericana
ha interpretado tradicionalmente la formación de juntas como una heroica demostración
que condujo poco después a la formación de las nuevas repúblicas, la documentación producida por esos cuerpos transpira más bien una acomodación legal a los fundamentos constitucionales de la monarquía tradicional.
En el verano de 1810, dos meses después de la constitución de la Junta de Caracas,
uno de sus más sobresalientes líderes intelectuales, Juan Germán Roscio, debatía sobre el
derecho de la Regencia a gobernar en América. Lejos de echar mano de un lenguaje revolucionario, más bien la acusó de ser una institución revolucionaria formada contraviniendo las
disposiciones de las leyes fundamentales de la monarquía. Por el contrario, la creación de la
Junta de Caracas como reunión de patricios y notables locales era tan perfectamente legal que
estaba así prevista en el código de las Siete Partidas. Roscio presentaba a la junta caraqueña
como la auténtica guardiana de las leyes fundamentales de la monarquía: «Estas son las leyes
fundamentales de la monarquía cuya observancia reclama Venezuela como parte esencial de
ella»28. Similares fundamentos legales alegó José Miguel Infante para favorecer la sustitución del capitán general de Chile Francisco Antonio Carrasco por una junta de notables29.
28. Juan Germán ROSCIO. «Comentario sobre la Ley 3ª partida 2, tit. 19». En: Obras. Caracas: Secretaría General de
la Décima Conferencia Interamericana, 1953, vol. II, p. 157.
29. José Miguel INFANTE. «Discurso pronunciado ante el congreso del 18 de septiembre de 1810». En: Colección de
historiadores… [24], XVIII, p. 222. Añadía también como argumento poderoso que Carrasco convivía con una
mujer negra cual si fuera su esposa y, lo que era mucho peor, obligando a la elite local a aceptarla como tal.
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LA FEDERACIÓN IMPOSIBLE: LOS TERRITORIOS EUROPEOS Y AMERICANOS...
La experiencia de la frustrada junta proyectada por el Cabildo de México en el verano
de 1808 representó al mismo tiempo la argumentación legal y constitucional más decidida
a favor de la participación americana en la revolución de las provincias, y el más evidente
límite del posible cambio en la concepción metropolitana de América. Básicamente el ayuntamiento propuso al virrey José de Iturrigaray actuar como si el reino de la Nueva España
constituyera efectivamente una «comunidad perfecta», esto es, una de las partes constituyentes y esenciales de la monarquía autorizada por sí misma a hacerse cargo del depósito de
soberanía. El plan ideado por Juan Francisco Azcárate, Francisco Primo de Verdad, Jacobo
de Villaurrutia, junto a algunos aristócratas y contando con la asistencia del malogrado fray
Melchor de Talamantes, en modo alguno puede decirse que estuviera orientado a la independencia de aquel reino. Tal interpretación, luego calurosamente acogida por la historiografía nacionalista, fue en realidad propagada primero por quienes con más decisión se opusieron a cualquier experimento de autonomía y apoyaron el golpe con el que se puso fin
a este primer intento de institucionalizar un poder propio en México. Fue también una
interpretación que tuvo gran acogida en ambientes metropolitanos, como muestra la correspondencia entre Benito Ramón de Hermida, magistrado y diputado en las Cortes de Cádiz,
y el arzobispo de México, Javier Lizana, y su criatura y futuro inquilino de la silla episcopal
Pedro de Fonte30.
Lejos de tal interpretación «colonialista», el proyecto de junta novohispana constituyó realmente una incuestionable adecuación a las leyes españolas. Como ha demostrado
Antonio Annino desde una atenta lectura de la tradición cultural y jurídica española, la formación de una junta o colegio a partir de la melior et sanior pars de la comunidad se adaptaba como un guante a la tradición legal española que consideraba a aquellas representaciones de los pueblos tutoras de la soberanía en caso de emergencia. Cuando el ayuntamiento
recordó a la audiencia que, a pesar de su poder, era éste un cuerpo meramente consultivo
a efectos de gobierno, accesorio e instrumental por tanto, mientras el ayuntamiento era un
auténtico cuerpo constitucional como representación del pueblo, estaba siguiendo estrictamente la tradición política y jurídica de la monarquía31.
El discurso pronunciado por Juan Francisco Azcárate ante el cabildo en apoyo de la
propuesta de formar una junta de representantes de ciudades y las corporaciones civiles
y eclesiásticas, analizó la crisis partiendo de una muy concreta, y nada casual, imagen de la
30. El informe enviado por Pedro de Fonte a Hermida, demostrando que no había leído o no quería recoger una sóla
línea de los documentos producidos por el ayuntamiento mexicano, sostenía que la meta oculta de los promotores de la junta era la independencia de Nueva España. Esto explica el ignorante y maleducado discurso pronunciado por Hermida ante las Cortes sobre los americanos y su actitud política. El informe de Pedro de Fonte
(«Informe muy reservado de don Pedro de Fonte, canónigo doctoral de la Metropolitana de México») en David
A. BRADING (comp.). El ocaso novohispano: testimonios documentales. México: Instituto Nacional de Antropología
e Historia, 1996, p. 292. El desafortunado discurso de Hermida se cita en José Antonio MIRALLA. «Carta remitida en contestación al discurso del Mercurio Español, nº 75 y siguientes». Suplemento al Diario de Madrid (Madrid).
241, 29 de agosto de 1814.
31. Antonio ANNINO. «Prácticas criollas y liberalismo en la crisis del espacio urbano colonial: el 29 de noviembre de
1812 en la ciudad de México». Secuencia (México). 24 (1992), p. 121-158.
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monarquía. Afirmó que ésta constituía un mayorazgo instituido por la nación para los legítimos monarcas españoles. De acuerdo con la tradición legal castellana, mayorazgo no era
sólo una serie de bienes raíces vinculados a una familia o corporación, ni un sistema de primogenitura, sino que estaba también estrechamente vinculado a una específica antropología política basada en sujetos corporativos y no individuales. De ahí que no fuera la disposición individual de la cosa, sino la tutela del titular del linaje o corporación –universidades,
corporaciones eclesiásticas, gremios, ciudades, etc.– lo que regulaba tal institución32.
Lo que resulta destacable no es el uso del tropo con finalidad política, pues su uso era
ciertamente común en la literatura política y ya hemos visto que fue, por ejemplo, también
preferido por el jesuita Manuel de Larramendi para definir el estatuto de la provincia de
Guipúzcoa en la Monarquía Hispana. Creo que lo relevante es que Azcárate y quienes junto a él elaboraron este discurso entendiera que Nueva España formaba parte de la nación que
había instituido el mayorazgo de la monarquía. Ser parte constituyente de la nación española significaba que Nueva España –como el resto de las provincias constituyentes de España– tenía incluso más el deber que el derecho de preservar tal mayorazgo tutelado por la
nación en ausencia de su titular. Colectivamente el reino de Nueva España y específicamente el ayuntamiento capitalino, como uno de los cuerpos políticos que lo formaban
y como cabeza del mismo, debían curar y guardar la soberanía en «sagrado depósito» hasta
que retornara a su legítimo titular.
Fray Melchor de Talamantes –tenido por el primer mártir de la independencia de
México– esbozó la idea de un congreso nacional de Nueva España siguiendo idéntico razonamiento. Nada tenía que ver, a pesar de su denominación, con un congreso de la nación
mexicana. Por el contrario, el soporte de legalidad exhibido por Talamantes es la Recopilación de las Leyes de Indias, el principal cuerpo legal de la monarquía para América y Asia.
Demostrado que la crisis se había originado en la cabeza de la monarquía, la nación debía
actuar para proteger la propia monarquía. Nación, para Talamantes y quienes reflexionaban como él, no tenía el significado de un cuerpo de ciudadanos sino de pueblos organizados en provincias y reinos. La Leyes de Indias (2, VIII, IV) al prever la primacía de la Ciudad de México en unas eventuales Cortes de Nueva España, o de Cuzco para el reino de
Nueva Castilla –al igual que Burgos lo era para las Cortes de Castilla– proveían de suficiente instrumento legal para activar una tutela colectiva de la monarquía por parte de los
pueblos de Nueva España reunidos en Cortes del reino.
La idea medular de los animadores de la «Junta o Congreso de la Nueva España» no
era, por tanto, sino una consecuencia directamente extraída de la tradición jurídico política española. Leyendo en los textos más comunes de tal tradición producidos en España desde el siglo XVI podían hallarse ideas muy similares sobre la relevancia constitucional de
los pueblos. Por mencionar un par de ellos, de seguro no ajenas al conocimiento de los
32. El mejor análisis de la institución sigue siendo, sin duda, el de Bartolomé CLAVERO. Mayorazgo. Propiedad feudal
en Castilla 1369-1836. Madrid: Siglo XXI, 1974.
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LA FEDERACIÓN IMPOSIBLE: LOS TERRITORIOS EUROPEOS Y AMERICANOS...
promotores de la junta mexicana, los de Jerónimo Castillo de Bobadilla (1597) y Lorenzo
de Santayana y Bustillo (1742), ambos adjudicaban a los pueblos el carácter de auténticas
partes constituyentes de la monarquía como cuerpo político33. En 1808 Francisco Primo
Verdad y Ramos, síndico del Ayuntamiento de México prácticamente citaba textualmente
esta literatura al solicitar a la corporación municipal que reconociera únicamente dos autoridades: primero la de los «Soberanos» y en segundo lugar la de los ayuntamientos conformados por los reyes. La segunda fuente de autoridad, la de los ayuntamientos como representaciones de los pueblos, tenía la ventaja añadida de que, así como los reyes podían
desparecer –como se acababa de demostrar– no podía extinguirse «por ser el pueblo inmortal». Tal era la razón por la que los pueblos, quines a diferencia de otras instituciones artificiales, cual la audiencia misma, non moritur, estaban plenamente capacitados para encarnar el depósito de soberanía34.
Para el síndico mexicano era evidente «que el Ayuntamiento de México es una parte
de la nación y la más principal, por ser de la metrópoli de este reino...» y que, consecuentemente, estaba plenamente facultado para promover la reunión de un congreso o Cortes
del reino. Razonando por extenso sobre la relevancia de los pueblos en la crisis hispana, al
igual que otros líderes criollos, reprodujo argumentos idénticos a los utilizados por los
defensores del republicanismo provincial vasco a finales de la anterior centuria o por quienes promovieron las juntas peninsulares en 180835. En otras palabras, los promotores de la
junta novohispana estaban argumentando no con un leguaje revolucionario e independentista, sino exquisitamente legal y constitucional.
Melchor Gaspar de Jovellanos, Antonio de Capmany, Álvaro Flórez Estrada o Francisco Martínez Marina, por mencionar sólo algunos de los más sobresalientes líderes intelectuales de la crisis hispana en la península, habrían sin duda suscrito palabra por palabra
la idea de el rey de España era «jefe y soberano de una nación libre», que su voluntad no
formaba por sí «la regla de la conducta política en el orden y gobierno de la monarquía» y
que habían sido «los abusos de la administración ministerial y favorita» los que históricamente habían pervertido la constitución provocando la deriva hacia el despotismo. Estas
frases, sin embargo, fueron escritas por Manuel Rodríguez de Quiroga, abogado de los promotores de la Junta de Quito. Para sostener la defensa de sus clientes, Rodríguez de Quiroga
33. Jerónimo CASTILLO DE BOBADILLA. Política para corregidores y señores de vasallos, en tiempo de paz, y de guerra y
para jueces eclesiásticos y seglares. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1976. (1ª ed. 1597. Edición fácsimil del original, Amberes: Iuan Bautista Verdussen, 1704, por Benjamín González Alonzo); Lorenzo
SANTAYANA Y BUSTILLO. Gobierno político de los pueblos de España y el corregidor, alcalde y juez en ellos. Madrid:
Instituto de Estudios de Administración Local, 1979. (1ª ed. 1742. Edición y estudio preliminar de Francisco
Tomás y Valiente).
34. «Memoria póstuma del Síndico del Ayuntamiento de México, Licenciado D. Francisco Primo Verdad y Ramos».
En: Genaro García (ed.). Documentos históricos mejicanos México: 1985, II, p. 147. (1ª ed. 1910-1911).
35. Un uso de las categorías empleadas por Castillo Bobadilla para la defensa del orden provincial guipuzcoano, que
son a su vez muy similares a las empleadas por Primo Verdad, puede verse en Bernabé Antonio de EGAÑA. Instituciones y colecciones histórico-legales pertenecientes al gobierno municipal, fueros, privilegios y exenciones de la M. N.
y M. L. provincia de Guipúzcoa, s. l.: c. 1783 (publicado recientemente como Instituciones políticas de Gipuzkoa,
San Sebastián, Diputación de Gipuzkoa, 1992).
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hubo de añadir un argumento sobre el convenio político existente entre la Corona española y su «colonia» según el cual no podía ésta ser enajenada y que legitimaba la creación de
la junta para impedirlo justamente. Entendía Quiroga que la «colonia» era en realidad una
comunidad perfecta, es decir, un pueblo perfectamente capaz de autogestionarse y tomar
parte activa en la defensa del depósito de soberanía36.
Ninguno de los autores y políticos citados arriba habría gastado una pizca de esfuerzo dialéctico en demostrar la capacidad de los pueblos peninsulares para hacerse cargo del
depósito de soberanía37. Su opinión, sin embargo, cambiaba drásticamente cuando se trataba de pueblos americanos38. La condición de comunidades perfectas que se suponía per se
a las provincias peninsulares, debía ser probada cuando tal condición se refería a los territorios americanos.
Dos de los líderes peninsulares recién nombrados –Jovellanos y Flórez Estrada– tuvieron ocasión de mostrar cómo podía defenderse apasionadamente una «constitución provincial» cuando se trataba de la propia. En mayo de 1809 Pedro Caro y Suredo, marqués
de la Romana, disolvió arbitrariamente la Junta de Asturias. Esta junta que se formó junto
a las demás surgidas en la primavera de 1808, se presentó como una revivificación de la tradicional Junta General del Principado de Asturias –asamblea territorial de representantes de
las repúblicas locales. Jovellanos, sin duda la figura más prominente de la Ilustración peninsular y líder indiscutible de la Junta Central mientras ésta tuvo un soplo de vida, y su paisano Flórez –destacada figura del primer liberalismo español y secretario de la junta asturiana– protestaron airadamente contra lo que consideraron un acto ilegal. Su argumento
principal contra De la Romana fue que Asturias constituía una comunidad perfecta dotada
de una «constitución particular» que facultaba a los asturianos para organizar su gobierno
y tutelar el depósito de soberanía39.
Poco después Flórez escribiría un ensayo en el que trataba las causas del descontento
de los americanos. Argumentaría allí que únicamente razones de tipo comercial podían ser
aducidas para tal malestar, puesto que las políticas habían sido plenamente satisfechas en el
curso de la crisis hispana40. Para entonces ya el golpe maquinado por el vizcaíno Gabriel del
Yermo había dado al traste con la junta proyectada por el cabildo mexicano sin que reparación alguna hubiera llegado desde la metrópoli sino, antes bien, una sanción explícita de
lo actuado ilegalmente reconociendo las nuevas autoridades impuestas por los golpistas.
En un texto bien conocido como Memorial de agravios, aunque en realidad una representación producida por el Cabildo de Santafé, Camilo José Torres mostró muy agudamente
36. Citado por Federica Morelli. Territorio o nazione... [7], p. 97.
37. Véase José María PORTILLO. Revolución de Nación… [3].
38. Álvaro FLÓREZ ESTRADA. Examen imparcial de las disensiones de la América con la España, de los medios de su reconciliación, y de la prosperidad de todas las naciones. Cádiz: Ximenez Carreño, 1812, p. 22.
39. Santos M. CORONAS. «El pensamiento constitucional de Jovellanos». En: Historia Constitucional. Revista Electrónica de Historia Constitucional, 1, 2000: http://constitucion.rediris.es/revista/hc/uno/jovellanos.html. [Consultado el 9-2-2005.]
40. Álvaro FLÓREZ ESTRADA. Examen imparcial… [38], p. 22.
118
LA FEDERACIÓN IMPOSIBLE: LOS TERRITORIOS EUROPEOS Y AMERICANOS...
los límites del primer liberalismo europeo para considerar a América parte de la nación española a efectos políticos. En su texto postuló una comprensión atlántica de la nación española como cuerpo formado por muy distintos pueblos y provincias. Que parte de ellos estuvieran a una orilla y parte a otra del Atlántico era sólo un accidente geográfico, pero no una
condición esencial para ninguna de ellas. De hecho, Torres propuso considerar a toda la
monarquía como una inmensa península, una comunidad de provincias euroamericanas.
Para reforzar el carácter español de los territorios americanos, presentó Torres a sus
habitantes como «descendientes de don Pelayo», el legendario general restaurador de la
«monarquía española» frente al califato. Pero eran también descendientes de quienes habían
conquistado un nuevo continente para la monarquía. Por tanto, tanto por razones historiográficas como por la cualidad de los propios americanos Nueva España o Nueva Granada, como Galicia o Cataluña, eran «partes constituyentes de un cuerpo político, que recibe
de ellas el vigor, la vida»41.
Torres llevó a sus últimas consecuencias el principio de igualdad proclamado desde la
propia Junta Central. El único modo que veía de reconstruir el cuerpo político hispano era
tomarse en serio tal afirmación lo que implicaba que las provincias americanas no tenían
siquiera que ser «invitadas» a la especie de senado confederal que era la Central pues por sí
mismas tenían el derecho a ser representadas en el mismo en pie de igualdad, esto es, con
dos diputados de cada junta –y no por un arbitrario total de nueve por todas como habían
«concedido» los líderes metropolitanos. Por tanto, los americanos no estaban solicitando
por vía de gracia sino procurando sus derechos.
Que una reconstrucción tal del cuerpo político hispano era, al menos, imaginable se
demostró también por aquellos años. Para ver sus posibilidades no debe desde luego asistirse a los debates del congreso de las Cortes de Cádiz, las que quisieron legislar para todo
aquel conglomerado territorial que cubría desde Barcelona a Manila, sino a los de otros
congresos que se intentaron en América.
La primera Constitución de Cundinamarca aprobada en 1811 –antes por tanto que
la de Cádiz– no puede desde luego decirse que fuera afortunada, pues Antonio Nariño pondría casi a renglón seguido fin a la experiencia federal neogranadina. A pesar de su cortísima vida, sin embargo, este texto es interesante para la comprensión de una posible evolución del principio enunciado por la Junta Central y tantas veces recordado aquí, pues
combinaba una capacidad constituyente cundinamarquesa con una monarquía aún española. Dicho de otro modo preveía la simultánea constitución de un cuerpo político neogranadino y de otro español. Introducía la idea de una monarquía federal al reconocer
a Fernando VII como «rey de los cundinamarqueses» y, a la vez, de otros territorios y reinos
41. «Representación del Cabildo de Santafé, capital del Nuevo Reino de Granada, a la Suprema Junta Central de
España». En: Colombia. Itinerario y espíritu de la independencia. Según los documentos principales de la revolución.
Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1972, p. 86. (1ª ed. 1809. Recopilación, introducción y notas de Germán Arciniegas). Nótese que aquí «americanos» son sólo quienes podían combinar ambas raigambres, la peninsular del linaje de Pelayo y la conquistadora, y no los americanos originarios cuyo pasado constitucional ni se menciona.
119
JOSÉ M. PORTILLO
españoles bajo la expresa condición de que adoptaran una forma representativa de gobierno para limitar los poderes del monarca. Sólo en ese caso podría Cundinamarca asociarse
a otros territorios españoles y tomar parte en unas «Cortes del imperio español» en términos de representación equitativa42.
El caso cundinamarqués en absoluto fue aislado en el contexto del afloramiento constitucional que conllevó la crisis hispana. Un mes antes de que la las Cortes españolas de
Cádiz aprobaran su famosa Constitución, las «provincias libres» del «Estado de Quito» sancionaron una Constitución llamada Pacto solemne de sociedad y unión entre las provincias que
forman el Estado de Quito de manera muy parecida a la Constitución de Cundinamarca este
acuerdo declaró a Fernando VII rey «sin perjuicio de esta Constitución». Para las provincias
que formaban el estado de Quito su auténtica Constitución era la que estaban decidiendo
autónomamente, mientras que podían también entenderla compatible con su pertenencia
a la monarquía española aunque no sometida a las condiciones de la expansiva nación que
se definía en Cádiz43.
Amparado por similares razones el primer republicanismo chileno fue también
monárquico. No había contradicción alguna en ello: lo que procuraba el partido autonomista en Santiago no era una «soberanía aislada», sino un sistema de autogobierno en que
el «gobierno interior» quedaba en manos de la república mientras la monarquía, o eventualmente la nación, podía compartirse con otras repúblicas nacientes constitucionalmente
similares. La Declaración de los derechos del pueblo chileno consideró que el pueblo de Chile
constituía ya de hecho una comunidad perfecta que sólo podía asociarse con otras en una
nación común bajo determinadas condiciones constitucionales de igualdad y libertad44. Los
chilenos consideraban a la suya una república capacitada per se para supervisar el resultado
constitucional de Cádiz. Paradójicamente, compartir la monarquía era un modo de subrayar la condición republicana de Chile, como afirmó el Reglamento constitucional provisorio
de 1812: «Su Rey –decía en el artículo III– es Fernando VII, que aceptará nuestra Constitución en el modo mismo que la de la península»45.
Si, por tanto, planteamientos hubo que tomaron en serio la posibilidad de recomponer el cuerpo hispano desde una perspectiva federal de la monarquía y la nación española,
42. Idénticas condiciones se establecían para su participación en un eventual «congreso americano». Manuel Antonio
POMBO; José Joaquín GUERRA (eds.). Constituciones de Colombia. Bogotá: Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1951, II.
43. «Artículos del pacto solemne de sociedad y unión entre las provincias que forman el estado de Quito». En: El pensamiento constitucional hispanoamericano hasta 1830. Compilación de Constituciones sancionadas y proyectos constitucionales. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1961, vol. 5.
44. «Proyecto de una declaración de los derechos del pueblo de Chile, consultado en 1810 por el Supremo Gobierno
y modificado según el dictamen que, por orden del mismo y del Alto Congreso se pidió a su autor, arts. III y IV».
En: El pensamiento constitucional… [43], vol. 2. Véase al respecto Alfredo JOCELYN-HOLT LETELIER. «La república de la virtud: repensar la cultura chilena de la época de la independencia». En: Anthony McFarlane; Eduardo
Posada Carbó. Independence and revolution in Spanish America: perspectives and problems. Londres: ILAS, 1999,
p. 154-176.
45. «Reglamento constitucional provisorio, sancionado y jurado en 27 de octubre de 1812, art. III». En: El pensamiento constitucional… [43], vol. 2.
120
LA FEDERACIÓN IMPOSIBLE: LOS TERRITORIOS EUROPEOS Y AMERICANOS...
con repúblicas que se articulaban entre sí desde unas bases constitucionales compartidas, el
fallo no estuvo en una magra capacidad ideológica. Estuvo más bien, creo, en una incapacidad metropolitana de aceptación de las consecuencias políticas y constitucionales de la
afirmación de igualdad y de la categorización de los territorios americanos como comunidades perfectas, repúblicas capaces por sí de formar cuerpo político y que constituyen uno
más complejo dicho España.
121
La cuestión nacional americana
en las Cortes del Trienio Liberal, 1820-1821
IVANA FRASQUET
E
s conocido. El 1 de enero de 1820, Rafael de Riego, comandante de las fuerzas militares que iban a ser embarcadas hacia Río de la Plata para combatir la insurgencia, se
subleva en Cabezas de San Juan al «grito» de la Constitución de 18121. El levantamiento
de Riego ha sido interpretado, en general, como el causante de la oleada revolucionaria que
devolvió a la península el constitucionalismo. En realidad, él no fue el verdadero iniciador
del movimiento y, además, el pronunciamiento en sí fracasó2, aunque la «chispa» había
prendido ya en las ciudades más importantes –Valencia, Sevilla, La Coruña...–, convirtiendo así la segunda tentativa revolucionaria burguesa antifeudal en imparable.
Esta nueva situación revolucionaria burguesa hará que la realidad institucional vuelva
al estado en que se encontraba en 1814 antes del golpe de Fernando VII. La Constitución
y todos los decretos de las Cortes generales y extraordinarias serán restablecidos, completados y desarrollados. Además, se incorporarán elementos nuevos como la reforma religiosa
o las desvinculaciones.
En apenas dos meses, el 9 de marzo, Fernando VII es obligado a jurar la Constitución de 1812 y comienzan los preparativos para instalar las Cortes. La primera
junta preparatoria fue el 26 de junio de 1820, en ella comparecieron 148 diputados,
de los cuales 21 eran americanos3. La cuestión nacional americana se presenta, al igual
1. Alberto GIL NOVALES. El Trienio Liberal. Madrid: Siglo XXI, 1989 y del mismo autor, Las sociedades patrióticas (18201823): las libertades de expresión y de reunión en el origen de los partidos políticos. Madrid: Tecnos, 1975 y Rafael del
RIEGO. La Revolución de 1820, día a día. Cartas, escritos y discursos. Madrid: Tecnos, 1976. (Prólogo, biografía sucinta, notas y recopilación de documentos por Alberto Gil Novales). Véase también Antonio MOLINER. Revolución burguesa y movimiento juntero en España. Lleida: Milenio, 1997. Alberto GIL NOVALES (ed.). La revolución liberal. Madrid:
Ediciones del Orto, 2001. Miguel ARTOLA. La España de Fernando VII. Madrid, 1968. Roberto L. BLANCO VALDÉS.
Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823. Madrid: Siglo XXI, 1988.
2. Las conspiraciones contra el régimen absolutista comenzaron antes y, en realidad, fueron los políticos liberales los
que coadyuvaron e impulsaron la rebelión. Para esta interpretación véase Jaime E. RODRÍGUEZ O. «Los caudillos
y los historiadores: Riego, Iturbide y Santa Anna». En: Manuel Chust y Victor Mínguez (eds.). La construcción del
héroe en España y México (1789-1847). Valencia: Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2003, p. 309-335.
3. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 26 de junio de 1820. Hay dos diputados cuyos nombres se repiten en dos provincias distintas, esto se debía a que aparecían por la provincia de origen y por la de vecindad, eran Gregorio
123
IVANA FRASQUET
que en Cádiz, desde los primeros días. La delegación ultramarina reclamará constantemente más atención hacia los asuntos que le preocupan, sin embargo, los liberales
peninsulares antepondrán otros problemas al de la igualdad de representación americana. Con todo, ya en la tercera junta preparatoria –el 5 de julio– antes de que se instalen las Cortes, el problema de la representación nacional estuvo presente. Ese día, a
propósito de la cuestión planteada en la Cámara por parte del diputado José Rovira,
el cual había sido elegido por Valencia, su provincia de origen aunque residía en
Cádiz, se planteó el problema de por cuál de las dos provincias sería nombrado diputado. José María Calatrava, diputado por Extremadura, argumentó que era preferible
la vecindad a la naturaleza según lo prescribía el artículo 94 de la Constitución4. Las
alusiones a la representación de los diputados van a ser constantes durante todo el
período, sobre todo porque se va a insistir en la representación nacional como la única posible. Leamos el Diario el día anterior a la apertura de las sesiones: «... habiendo observado el señor Giraldo que siendo los individuos de que se compone el Congreso todos Diputados de la Nación española indistintamente, y no de las respectivas
provincias, poco importaba que el Sr. Rovira asistiese ya como diputado de Valencia,
ya como diputado de Cádiz, pues el hacer semejantes distinciones inducía en cierto
modo al federalismo»5.
Un momento. ¡Aún no comenzaban las sesiones de las Cortes y el temor a un posible
federalismo ya existía entre los diputados! La idea de que un diputado reconociese solamente las instrucciones de su provincia y provocara con ello una separación de facto con el
resto de los territorios, producía un gran temor. El tema del federalismo no era nuevo, ya
había aparecido en las Cortes de Cádiz durante el período anterior6, aunque los liberales
peninsulares habían sabido solventarlo concediendo cierta autonomía a las provincias ultramarinas. Durante el Trienio, las sucesivas negativas a reconocer la igualdad de representación a las provincias americanas serán uno de los elementos que terminarán por favorecer
la independencia de los territorios ultramarinos.
El 6 de julio de 1820 abrían sus puertas las Cortes en la ciudad de Madrid. Inmediatamente se procedió al juramento prescrito en el artículo 117 de la Constitución y a la elección de los cargos de presidente, vicepresidente y secretarios7. Lo primero que hicieron las
4.
5.
6.
7.
124
González de Azaola (por Burgos y por Sevilla) y Miguel de Victorica (por las islas Baleares y Burgos). Desconocemos por qué provincia fueron diputados finalmente y hemos incluido sus nombres sólo una vez para el
recuento.
Artículo 94: Si sucediere que una misma persona sea elegida por la provincia de su naturaleza y por la que está
avecindada, subsistirá la elección por razón de la vecindad, y por la provincia de su naturaleza vendrá a las Cortes
el suplente a quien corresponda. Julio MONTERO (ed.). Constituciones y códigos políticos españoles, 1808-1978. Barcelona: Ariel, 1998.
DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 5 de julio de 1820, p. 9.
Manuel CHUST. La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz. Valencia: Fundación Instituto Historia
Social-UNAM, 1999.
Para éstos resultaron elegidos José de Espiga –presidente–, Antonio Quiroga –vicepresidente– y Diego Clemencín, Manuel López Cepero, Juan Manuel Subrié y Marcial López –secretarios–. DIARIO DE SESIONES DE CORTES,
6 de julio de 1820.
LA CUESTIÓN NACIONAL AMERICANA EN LAS CORTES DEL TRIENIO LIBERAL, 1820-1821
Cortes fue comunicar a todos los territorios de la Monarquía los acontecimientos que
habían ocurrido en la península, ordenando que se reconociese y jurase la Constitución de
1812 en ultramar, así como que se reinstalasen las autoridades y corporaciones que prevenía la misma: los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Tres días después, el 9, se
presentaba el rey, Fernando VII, en el salón de las Cortes para realizar el juramento solemne a la Constitución.
Sigamos. Apenas una semana después de instaladas las Cortes, los diputados americanos retomaban el tema de la representación nacional que había quedado pendiente en la
legislatura anterior. La primera propuesta al respecto fue de dos diputados cubanos, José
Benítez y José Zayas quienes recordaban a la Cámara la situación de América: «Las Cortes
generales ordinarias de la nación no pueden decirse legalmente constituidas faltando la
representación de la América, que es parte integrante y la mayor de la misma nación»8.
El problema era que las nuevas Cortes habían aplicado el sistema de representación
tal y como sancionaba la Constitución. Sistema que no preveía la suplencia ni la existencia
de una coyuntura excepcional como la de 1810. El decreto de convocatoria de Cortes de
22 de marzo de 1820, concedía a los americanos un total de 30 diputados, sin atenerse al
sistema representativo que dictaba la Constitución.
La exposición de los americanos iba acompañada de tres propuestas en las que se
pedía, primero, que se admitiera inmediatamente a los diputados americanos que estuvieran en la península y que habían sido suplentes en las Cortes anteriores, a excepción de los
que habían firmado el «Manifiesto» en 1814. La segunda proposición solicitaba que no se
sancionara de modo irrevocable ningún asunto perjudicial concerniente a América hasta
que las dos terceras partes y «algo más» de los diputados propietarios estuvieran presentes.
Finalmente, reclamaban una ley expresa para la representación americana en caso de necesidad de suplentes9.
El 15 de agosto, justo un mes después, se leyó por segunda vez la propuesta americana sobre representación. El primer enfrentamiento entre peninsulares y americanos había
comenzado. Y no sería el último. José Benítez se mostraba sorprendido ante la segunda lectura dada a la proposición, ya que reconocía haber pedido al secretario de las Cortes que
retirara sus propuestas «por consideraciones de política y de prudencia» ante «la injusta alarma que excitó en el Congreso». Sin embargo, ya que la proposición había sido leída, retiró
la segunda y defendió las otras dos. Para ello se basó en el artículo 109 de la Constitución
que permitía a los diputados que lo habían sido en la legislatura anterior, ocupar los puestos de suplencia en caso de que los propietarios no pudieran asistir por guerra u ocupación
del territorio. La explicación no estaba de más. Recordemos que la Constitución no permitía la reelección de diputados de forma consecutiva, sino que debía mediar una legislatura entre una elección y otra.
8. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 15 de julio de 1820.
9. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 15 de julio de 1820.
125
IVANA FRASQUET
El diputado aragonés Miguel Cortés y el granadino Francisco Martínez de la Rosa se
encargaron de rebatir las propuestas. La facción peninsular se sentía indignada ante las insinuaciones de falta de legitimidad en la instalación de las Cortes.
«Dice la proposición que las provincias de América no tienen la suficiente representación en
el Congreso con el número de 30 suplentes; y digo yo: pues qué, ¿las Américas están representadas
solamente por los 30 suplentes de ultramar? ¿No están representadas también por todos los demás
Diputados que estamos en el Congreso? ¿No somos todos representantes de la nación española?
Y la nación española, ¿no es «la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios»? [...]
Concluyo pues diciendo que semejante lenguaje es falso y anticonstitucional, y propio solamente para que se forme la perniciosa idea de que la América es una nación y la península otra»10.
El peligro de la independencia americana estaba más que presente en esta intervención de Cortés. Con la idea de que la representación es general para toda la nación rebatirán una y otra vez las propuestas americanas, no admitiéndolas incluso ni siquiera a discusión. ¡Otro Cortés!, después de trescientos años y en otra coyuntura muy distinta –podían
pensar los novohispanos– se cruzaba por medio de su historia.
La respuesta de Benítez no se hizo esperar. Acusó a los peninsulares de atacar a los firmantes de la proposición y no a la propuesta en sí. Insistió en fundar los principios de la
petición en la Constitución y se defendió de la acusación de querer destruir la representación nacional. Sin embargo, la batalla dialéctica estaba perdida. La propuesta no fue admitida a discusión y además, no se permitió intervenir a varios diputados americanos que tenían
solicitado el turno de palabra. La ruptura entre peninsulares y americanos estaba cerca, las
constantes negativas a permitir la igualdad de representación y a desarrollar una mayor
autonomía en otros temas acabarán por separar definitivamente a unos y a otros.
Había más. Los americanos no estaban dispuestos a renunciar a la igualdad de representación prometida ya en las Cortes anteriores. Juan de Dios Cañedo, diputado por Jalisco en Nueva España, también había insistido en el mismo tema. La propuesta de Cañedo
–presentada a las Cortes el 17 de julio de 1820– solicitaba que se admitiesen en el Congreso los diputados que ya habían sido nombrados para los años de 1813 y 1814 y no
pudieron asistir por la disolución del mismo. Alegaba que las elecciones realizadas entonces
eran totalmente conformes a la Constitución, por lo tanto, no podían considerarse ilegítimas y los Diputados elegidos habían sido nombrados constitucionalmente. El 15 de agosto, día de la discusión, el diputado jalisciense deslizaba en su discurso una advertencia que
más bien parecía una amenaza:
«... estoy íntimamente persuadido que en Nueva España el estandarte constitucional reunirá
todas las opiniones y todos los partidos; porque publicando y observando nuestro sistema liberal en
10. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 15 de agosto de 1820, p. 526.
126
LA CUESTIÓN NACIONAL AMERICANA EN LAS CORTES DEL TRIENIO LIBERAL, 1820-1821
ambos hemisferios, ¿en qué podrán fundarse las quejas de los disidentes? Pero temo mucho que se
frustre esta paz tan deseada si no se admiten en el Congreso los Diputados a que se contrae mi proposición. La absoluta negativa del Gobierno a la ampliación de la representación nacional de ultramar,
causó grandes agitaciones en los americanos que se hallan en la península y en los que residen actualmente en otros puntos de Europa. Las últimas cartas que he recibido de Londres y París confirman mis
temores. En ellas se quejan mis compatriotas de nuestra diminutísima representación en Cortes. La
igualdad proclamada, dicen, es solo para España, y no pasa de las columnas de Hércules»11.
La América española estaba en guerra, algunas zonas ya se habían declarado independientes12 y la frustración de sentirse desplazados por las Cortes podía provocar la separación
final. La advertencia no estaba de más. Sin embargo, tampoco esta propuesta fue admitida
a discusión, cerrando así, de momento, el capítulo de la igualdad de representación.
Ningún peninsular salió en defensa de los americanos. ¿Dónde estaban los liberales de
1812? Es más, ¿seguían siéndolo ahora? ¿Se habían moderado tanto los «doceañistas» como
para no reconocer la igualdad prometida en Cádiz? ¿Por qué esa negativa a conceder una
reclamación que parecía justa? Existían otros diputados –tanto peninsulares como americanos– que ya habían estado en las anteriores legislaturas13, ¿por qué impedían que los que se
encontraban en la península ejercieran la suplencia hasta la llegada de los propietarios?
¿Cuál era la razón, ahora, por la que no aplicaban un artículo de la Constitución que resolvía el problema?
Primer asalto. La descentralización económica
Y de la representación nacional, a la provincial. Los americanos van a desplegar toda su táctica en estas primeras semanas. La ofensiva estaba clara, impulsar las potencialidades autonomistas que el sistema constitucional doceañista contenía. Y la diputación provincial y sus
posibilidades de desarrollo eran de las importantes.
La diputación era la institución de poder provincial que en Nueva España había estado funcionando casi como un poder legislativo debido a la lejanía de las Cortes. No en vano
11. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 15 de agosto de 1820 p. 529.
12. Jaime E. RODRÍGUEZ O. La independencia de la América española. México: Fondo de Cultura Económica, 1996,
p. 132-232.
13. Al menos entre los americanos Rafael Zufriategui (Buenos Aires), José María Couto, José Miguel Ramos Arizpe,
José María Gutiérrez Terán, Andrés Sabariego, José Domingo Sánchez Resas y Joaquín Maniau (Nueva España
todos) repetían como diputados, pues ya lo habían sido en las legislaturas anteriores. En el caso de los peninsulares repetían Pedro de Silves (Aragón), José de Espiga y Fernando Navarro (Cataluña, ambos), José María Calatrava y Diego Muñoz Torrero (Extremadura, ambos), Agustín Rodríguez Bahamonde, José Alonso López y José
Becerra (Galicia, los tres), Juan Manuel Subrié (Jaen), Antonio Valcárcel (León), Ramón Girlado (La Mancha),
Vicente de La-Llave (Toledo), Francisco Císcar, Vicente Tomás Traver y Joaquín Lorenzo Villanueva (Valencia,
los tres). Estos nombres son los que aparecen el día de apertura de las sesiones.
127
IVANA FRASQUET
serán las primeras instituciones que se reinstalen en 1820 cuando se conozcan los sucesos
ocurridos en territorio peninsular.
La primera propuesta en este sentido la hicieron José Mariano Michelena y José
Miguel Ramos Arizpe el 4 de octubre de 1820. Ese día se leía por primera vez en la cámara la petición de una diputación provincial para la ciudad de Arizpe, capital de la intendencia de Sonora y Sinaloa en las Provincias Internas de México. Al territorio de esta diputación se añadiría el de la Alta y Baja California. La argumentación se basaba en el artículo
325 de la Constitución14 y por él se pedía también una diputación provincial para la ciudad de Valladolid de Michoacán a la que se uniría el territorio de la provincia de Guanajuato. Además, al distrito de la diputación de San Luís Potosí se le unía también la intendencia de Zacatecas. Con estas propuestas se aumentaba en dos el número de ocho
diputaciones provinciales existentes en Nueva España y que habían funcionado en el anterior período constitucional15. La propuesta terminaba con la solicitud de instalación de una
casa de moneda en Guadalajara y otra en Zacatecas16. Apenas nueve días después, el 13 de
octubre, se leyó por segunda vez esta proposición. Ramos Arizpe intervino para apoyarla
aludiendo al fomento de la población en las Californias, lo que impediría el asentamiento
de «naciones extranjeras» en territorio español, puesto que el Tratado de las Floridas realizado entre Fernando VII y el gobierno norteamericano había dejado abierta la frontera norte novohispana. Las propuestas fueron admitidas a discusión por el Congreso.
El 2 de noviembre de 1820 aprovechando que el ministro de Ultramar, Antonio Porcel, se encontraba en la Cámara, Ramos Arizpe solicitó y consiguió la lectura del dictamen
de las comisiones de diputaciones provinciales y de ultramar sobre las propuestas que tenía
hechas al respecto. Las comisiones accedieron sin ningún problema a las tres últimas proposiciones pero pusieron reparos a la hora de admitir una diputación en la ciudad de Arizpe,
argumentando que no conocían bastante la situación topográfica de la misma y desconocían
si sería conveniente instalar una diputación en ella17.
La defensa de las propuestas estuvo a cargo del mismo Ramos Arizpe. El diputado
novohispano lamentó haber estado enfermo cuando los ministros de Guerra, Hacienda
y Ultramar habían asistido a las discusiones y estaba seguro de que su presencia y conocimientos sobre el territorio hubieran inclinado la opinión a su favor. Convino en suprimir el tema de
las Californias pero no en dejar de conceder la diputación que solicitaba para Sonora y Sinaloa.
14. Art. 325: «En cada provincia habrá una diputación llamada provincial, para promover su prosperidad, presidida
por el jefe superior». Julio MONTERO. Constituciones y códigos… [4], p. 67.
15. Hasta entonces las diputaciones provinciales eran Provincias Internas de Oriente, Provincias Internas de Occidente, Nueva Galicia, San Luis Potosí, Nueva España, Yucatán, Nicaragua y Guatemala. La creación y desarrollo
de las diputaciones en Nueva España podemos seguirlo en el imprescindible trabajo de Nettie Lee BENSON. La
diputación provincial y el federalismo mexicano. México: El Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma
de México, 1994. Ver también el interesante artículo de Jaime E. RODRÍGUEZ O. «La transición de colonia a
nación: Nueva España, 1820-1821». Historia Mexicana (México). XLIII/2 (1993), p. 265-322.
16. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 4 de octubre de 1820.
17. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 2 de noviembre de 1820. Descrito también en Nettie Lee BENSON. La diputación provincial… [15], p. 62-64.
128
LA CUESTIÓN NACIONAL AMERICANA EN LAS CORTES DEL TRIENIO LIBERAL, 1820-1821
Tras Ramos intervino Antonio Porcel. Después de apoyar el establecimiento de las
casas de moneda en las ciudades más convenientes para así evitar el largo viaje hasta la ciudad de México y también la conveniencia de una diputación en Valladolid, abordó el tema
de Arizpe. Al ministro le parecía que Arizpe era una buena ubicación para la diputación
puesto que podía proteger un posible ataque desde el norte, sin embargo, consideraba que
en ella no existía ningún jefe político, que éste se hallaba en Chihuahua y que ahí radicaba
la dificultad de trasladar la diputación provincial.
Ramos Arizpe tomó la palabra triunfante: «el pleito está ganado por mi parte», dijo.
Confirmó que el ministro de Ultramar había convenido en la necesidad de la diputación
para la ciudad de Arizpe y que sólo el hecho de no existir en ella un jefe político y un intendente eran las razones que impedían su instalación. Este argumento le valió para dar paso
a su explicación. Según Ramos, bajo la visita de José de Gálvez se había establecido una
comandancia general de las Provincias Internas en la ciudad de Arizpe, instalando también
entonces una intendencia para las provincias de Sonora y Sinaloa. Posteriormente, se trasladó la comandancia a Chihuahua permaneciendo el jefe político y militar y el intendente
en la ciudad de Arizpe, cargos que se reunían bajo una misma persona. El intendente, jefe
político y militar de Sonora era el brigadier Antonio Cordero, quien, aseguraba Ramos,
vivía en Arizpe.
Parecía claro y contundente el argumento. A pesar de ello, Ramos no consiguió la
diputación provincial en Arizpe. Las Cortes votaron el dictamen de la comisión al completo y éste establecía en su cuarto punto lo siguiente: «que el gobierno manifieste su opinión
acerca de las primera, segunda y tercera proposiciones de los mencionados señores diputados, relativas al establecimiento de una diputación provincial en la ciudad de Arizpe para
las provincias de Sonora y Sinaloa y la Alta y Baja California, y a que queden estas sujetas
al jefe militar y al intendente de aquellas provincias». El diputado por Coahuila intentó protestar al respecto. Vana protesta la de Ramos.
De este modo, Valladolid consiguió su diputación junto a Guanajuato y se amplió la de
San Luis con la provincia de Zacatecas, pero Sonora y Sinaloa debieron esperar para la consecución de este objetivo.
No nos detengamos. Acontecía que la actividad de los americanos, y de Ramos Arizpe en particular, era realmente extraordinaria en este momento. El 19 de octubre de 1820
las Cortes aprobaron un dictamen que tendrá notoria trascendencia en América. Se trataba
de separar el mando político y militar de las atribuciones de los intendentes. La figura del
intendente se encargaba, fundamentalmente, de la administración de la Hacienda en la provincia, y en algunos casos, recaía en la misma persona que poseía el mando político y militar. Las Cortes consideraban necesario que los asuntos de Hacienda fueran separados de las
comandancias y gobiernos militares. No hubo discusión alguna, al menos nada refleja el
Diario de Sesiones de Cortes. Inmediatamente Ramos Arizpe tomó la palabra para proponer
una mayor descentralización de los asuntos americanos en las secretarías del gobierno. El
novohispano indicaba que así como en la secretaría de Hacienda existía un departamento
exclusivamente dedicado a los negocios de las provincias de ultramar, lo mismo existiera en
129
IVANA FRASQUET
las secretarías de Guerra, Marina, y Gracia y Justicia18. La intención estaba clara, con
esta propuesta esperaba Ramos que los asuntos americanos no se dilatasen ni fuesen relegados por los peninsulares. Sin ninguna discusión se aprobaron las indicaciones de
Ramos Arizpe.
Al día siguiente de la discusión sobre diputaciones provinciales, algunos representantes novohispanos presentaron una lista de catorce proposiciones a las Cortes para la
mejor administración económica de Nueva España. Los que suscribían las propuestas
eran Miguel Ramos Arizpe, Mariano Michelena, José María Couto, Manuel Cortázar y
Francisco Fagoaga. Veamos la primera de éstas: «Primero: Habrá en Méjico un superintendente general, jefe inmediato de todos los intendentes y directores de rentas de la
América septentrional e islas adyacentes, cuyas principales atribuciones serán: hacer
cumplir las reglas establecidas o que se establezcan pertenecientes a lo administrativo y
económico de las rentas, y dar a los caudales el giro e inversion á que se destinen»19.
Interesantísimo este artículo primero. ¿Qué pretendían los novohispanos con esta proposición? Lo veremos inmediatamente.
Continuemos leyendo el articulado. En cada provincia se instalaría una tesorería con
un intendente, un contador y un tesorero. Los caudales pertenecientes a contribuciones y
rentas de la nación entrarían en cada tesorería y serían distribuidos por el superintendente
según las necesidades de cada provincia. Éstas rendirían cuentas a la Contaduría General de
México y quien, a su vez, lo haría a la Contaduría General de la Nación en los primeros seis
meses de cada año. Pero ¿qué era esto? ¿No estaban proponiendo la descentralización de los
aspectos económicos para México?
La Contaduría General de México asumiría unos gastos fijos20 que serían financiados
por ¡una contribución directa repartida proporcionalmente entre todas las provincias según
su riqueza!21. El repartimiento general sería llevado a cabo por una junta formada por un
diputado de cada una de las diputaciones provinciales de Nueva España. Por su parte, las
diputaciones harían el reparto entre los partidos de sus distritos, los pueblos cabeza de partido lo harían entre los de su juridiscción y los ayuntamientos entre los vecinos. Toda una
estructura piramidal. Junto a esto, se señalaban las rentas que pertenecerían al Estado: la
parte de las rentas decimales que determinen las Cortes, las rentas de correos, las aduanas
18. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 19 de octubre de 1820.
19. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 3 de noviembre de 1820.
20. Estos gastos eran los siguientes: «1º. La tercera parte de la dotacion de la Casa Real; 2º. La tercera parte de gastos
de la Secretaría de la Gobernacion de Ultramar y de las demás Secretarías del Despacho, y también la tercera parte del sueldo de los consejeros de Estado; 3º. Las dietas y viajes de los diputados septentrionales; 4º. Los haberes
de las tropas y gastos de plazas y presidios que hubiere en el territorio, 5º. Los haberes de los apostaderos, escuelas náuticas y gastos de arsenal, para mantener los buques destinados a ellos; 6º. Los gastos de justicia, inclusos los
gastos de los jefes políticos, sus secretarías y las de las diputaciones provinciales; 7º. Los sueldos de los empleados
en rentas y gastos de oficinas; 8º. Las asignaciones a Universidades y escuelas de primeras letras; 9º. Los gastos de
población y protección de agricultura e industria; 10º. Los montepíos de todas clases».
21. Sobre los aspectos fiscales del liberalismo que luego serán aplicados en México y las contribuciones, ver José Antonio
SERRANO. «Liberalismo y contribuciones directas en México, 1810-1835». En: Manuel Chust; Ivana Frasquet (eds.).
La trascendencia del liberalismo doceañista en España y en América. Valencia: Biblioteca Valenciana, 2004, p. 187-209.
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LA CUESTIÓN NACIONAL AMERICANA EN LAS CORTES DEL TRIENIO LIBERAL, 1820-1821
de puertos y fronteras, las casas de moneda y apartado y la contribución directa. Las peticiones concluían con un artículo que restringía a las Cortes establecer cualquier otro tipo
de contribución añadida a las anteriores.
Impresionante. Las revolucionarias propuestas de los novohispanos suponían una descentralización económica de Nueva España respecto de la península e iban encaminadas
a dotar de mayor autonomía en la administración a sus territorios. Las Cortes de Cádiz habían
creado el 5 de febrero de 1811 una Tesorería Mayor que reunía en un solo organismo todos
los ingresos públicos. Además, la Constitución creaba la Contaduría de Cuentas, organismo que fue dotado de reglamento propio el 7 de agosto de 181322. La idea de crear una
contaduría propia en México de la cual dependían los ingresos del territorio suponía un
organismo intermedio de control de la fiscalidad novohispana. ¿No era esto un planteamiento cercano a posturas federalistas?23. ¿No estaban apoyando los novohispanos contribuir a la caja nacional y administrarse autónomamente en el resto de competencias? El federalismo, al menos en temas económicos estaba planteado.
No tenemos constancia de que estas propuestas pasaran a comisión alguna ni de que
fueran discutidas en las Cortes aunque son de destacar por el interés de los novohispanos
de conformar esa autonomía a la que no habían renunciado.
5 de noviembre. Sin embargo, las constantes demoras en los temas ultramarinos hicieron que los ánimos americanos llegasen a su culminación. Ramos, a propósito de una intervención sobre las matrículas de mar, explotó y calificó a la secretaría del despacho de «covachuela de Madrid» al afirmar que quien era responsable de promover las dudas acerca de
los decretos era el propio ministerio. Esta intervención de Ramos antes de acabar la legislatura es un reflejo de los ánimos que sentía la diputación americana, al menos la novohispana, que había realizado grandes trabajos y no había conseguido los frutos que esperaba
de ellos:
«Ya estamos aburridos los representantes de América, hemos dicho varias veces que la ley ha
de comprender igualmente a los españoles de allá y de acá. [...] pido a voz pública que se imprima
en todos los periódicos mi moción de ser extensiva a todas las provincias de América cualquiera resolución favorable o adversa de este Congreso, con tal que expresamente no esté prevenida la excepción. Es preciso que se fijen estas ideas: de lo contrario no habrá Américas»24.
22. Sobre la influencia de Cádiz en materia fiscal en la Nueva España, ver Luis JÁUREGUI. «Nueva España y la propuesta administrativo-fiscal de las Cortes de Cádiz». En: Virginia Guedea (coord.). La independencia de México y
el proceso autonomista novohispano, 1808-1824. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto
Mora, 2001, p. 83-115. Las novedades del liberalismo gaditano en materia fiscal y económica que influyeron en
Nueva España han sido estudiadas en varios trabajos por José Antonio Serrano Ortega. Véase como ejemplo José
Antonio SERRANO ORTEGA; Luis JÁUREGUI (eds.). Hacienda y política. Las finanzas públicas y los grupos de poder en
la primera república federal mexicana. México: El Colegio de Michoacán, Instituto Mora, 1998.
23. Como muy bien ha indicado Manuel Chust la composición de la junta repartidora era propia de un federalismo,
además, la estrategia autonomista mexicana consistía en sustituir a las autoridades de ultramar por otras que participaran de los planteamientos autonomistas. En este sentido, era clave la figura de Juan O’Donojú. Manuel
CHUST. «Federalismo avant la lettre en las Cortes hispanas, 1810-1821». En: Josefina Zoraida Vázquez (coord.).
El establecimiento del federalismo en México (1821-1827). México: El Colegio de México, 2003, p. 77-114.
24. Manuel CHUST. «Federalismo avant la leerte...» [23].
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IVANA FRASQUET
Ya estaban cansados los americanos de tanto retraso e impedimento para aplicar las
leyes en América. Quedaban cinco días para que se cerraran las Cortes y únicamente habían
conseguido una diputación provincial para Valladolid y las dos casas de moneda solicitadas
en las propuestas del 2 de noviembre. Los planes autonomistas novohispanos deberían esperar, al menos, hasta el 1 de marzo de 1821, cuando comenzaran las sesiones de la segunda
legislatura de las Cortes. Mientras tanto, se instalaba una diputación permanente de Cortes
cuyo presidente sería el liberal doceañista Diego Muñoz Torrero. Cabe destacar que durante los tres años que duró este segundo período constitucional no hubo un solo día en que
no estuvieran reunidas las Cortes, bien en su totalidad –durante las correspondientes legislaturas– bien en forma de diputación permanente. El peligro de un golpe de Estado como
ocurriera en 1814 estaba latente. La relación entre Fernando VII y el Congreso era difícil.
El rey estaba «presente» y las Cortes no pudieron legislar con la libertad con que lo hicieran
entre 1810 y 1814. Dejar períodos de tiempo sin representación era arriesgarse a que los
partidarios del absolutismo se instalaran de nuevo en el poder.
Segundo asalto. El federalismo de las provincias
20 de febrero de 1821. Primera junta preparatoria. Tres días después comenzaría una discusión intensa sobre los americanos. Los problemas llegaron con el nuevo diputado por
La Habana, Juan Bernardo O’Gaban. La comisión, después de haber examinado sus poderes, decidió anular las elecciones realizadas en la provincia de La Habana por considerar que
se habían infringido los artículos 29 y 30 de la Constitución. Expliquemos la situación. En
primer lugar, la junta preparatoria celebrada en la isla de Cuba el 8 de junio de 1820 dividió la provincia en 11 partidos, según el censo de población de 1817 que adjudicaba
224.695 almas. Sin embargo, atendiendo a que este censo no estaba actualizado la junta
aumentó el número de habitantes a 245.000 y por lo tanto concedió cuatro diputados y dos
suplentes a La Habana25. La cuestión se centraba en el partido de Guanajay, al que tocaban
10 electores, y por el que se reunieron finalmente un total de 21.
Tras la explicación del expediente por parte de la comisión, Ramos Arizpe como miembro de la misma, emitió un voto particular diferente del de sus compañeros. Aquí comenzará
una defensa a ultranza de la legalidad de las elecciones en Cuba que llevará a Ramos a separarse sutilmente de algunos aspectos sancionados en la Constitución y con planteamientos
cercanos a la democracia. Insistía Ramos en que si en algún pueblo habían concurrido más
electores de los que debían era porque «todos los hombres libres querían ser ciudadanos».
¿Qué quería decir con esto? Sin tapujos afirmaba el de Coahuila que había habido algún roce
con el artículo 29 de la Constitución pero que eso no era causa para anular las elecciones.
25. A Cuba le correspondían tres diputados según el censo de 1817 y no cuatro.
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LA CUESTIÓN NACIONAL AMERICANA EN LAS CORTES DEL TRIENIO LIBERAL, 1820-1821
Ese pequeño «roce» como Ramos lo llamaba suponía atacar uno de los artículos más
polémicos del código, con el que los peninsulares no iban a transigir. Significaba que en
La Habana ¡se había permitido votar a las castas! El pequeño «roce» era inadmisible en unas
Cortes donde los liberales peninsulares ni siquiera permitían la total representación americana mediante suplentes. Las mismas Cortes que unos meses después, en septiembre,
¡expulsarán a los suplentes americanos de sus asientos de diputados!
Inmediatamente salieron los miembros de la comisión a defender su postura. Primero Nicolás María Gareli y después Francisco Fernández Gascó. Éste incidió en la irregularidad del voto permitido a las castas. Lo que había sucedido era claro: «… en la
Habana las elecciones se han hecho en parte por personas que no tenían la fracción respectiva de soberanía que se requiere para poder nombrar [...] que aquí fueron admitidas
a votar personas a quienes la ley no concede el derecho de trasmitir su representación, y
también que no deben ser tenidos por representantes legítimos los que recibieron su
misión de quienes no podían conferírsela»26.
Gascó apelaba al cumplimiento de la Constitución y a no dar validez a los actos
cometidos contra ella. Cuando terminó su discurso el público aplaudió en las galerías,
según el redactor del Diario por «el celo de este señor diputado por la observancia de la
Constitución». Las elecciones quedaron finalmente anuladas.
Apenas quince días después de abiertas las sesiones, se leyó por primera vez la
siguiente proposición suscrita por algunos diputados americanos: «Siendo indudable que
cada intendencia de ultramar tiene el carácter y es de hecho una verdadera provincia,
habrá desde luego, según el art. 325, en cada una de dichas intendencias en que no esté ya
establecida, una diputacion provincial para promover su prosperidad. Los electores provinciales se unirán para hacer la elección de los individuos que falten para componerla según
el art. 326»27.
Aprovechando una representación que el Ayuntamiento de Puebla de los Ángeles
había hecho pidiendo que se estableciera una diputación provincial en Puebla y en cada
una de las siete provincias que enviaban un representante a la de Nueva España (la parte
central del virreinato), los americanos, unidos, solicitaban una diputación para cada
intendencia. Deslizaban así una cuestión novohispana hacia planteamientos generales
para toda América. La segunda lectura de la propuesta tuvo lugar cuatro días después, el
21 de marzo. No olvidemos que uno de los secretarios era José María Couto –firmante
de la propuesta– y el vicepresidente Manuel de la Bodega –diputado por Perú–. Ambos
podían utilizar sus puestos dentro del Congreso para dar más rapidez y viabilidad a las
proposiciones americanas. Ramos Arizpe, intervino en defensa de la propuesta argumentando la base general de las intendencias como criterio más justo en la división del territorio
26. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 23 de febrero de 1821.
27. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 17 de marzo de 1821. El subrayado es original. Los que suscribían la proposición eran: Ramos Arizpe, López Constante, Zavala, La-Llave (Pablo), Maniau, Piérola, Freire, Fagoaga, Arnedo,
Urruela, Michelena, Cortázar, Montoya y Couto. La cursiva es original.
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IVANA FRASQUET
americano y especialmente novohispano28. Con criterios de población, extensión y distancia entre las provincias aludió a la necesidad de crear las diputaciones provinciales para
mejorar la prosperidad de las mismas y solicitó que se trasladara la proposición a la comisión de ultramar –de la que era miembro– para que resolviera lo más conveniente.
La discusión de las diputaciones comenzó el día 30 de abril. De inmediato intervino Ramos Arizpe quien descubrió la estrategia americana y el porqué de su prisa en despachar el asunto:
«El navío Asia, que conduce al fin al primer empleado de consideración para Nueva-España,
está para salir de un día a otro, y sería muy oportuno que D. Juan O’Donojú, digno sucesor del respetable Sr. Apodaca, llevase consigo la orden para establecer diputaciones provinciales en todas las
intendencias, con que se compensará alguna otra medida menos benéfica. Sobre todo, las Cortes han
menester mucho el tiempo que les señala la ley, y así pido que se vote luego esta cuestión previa y
pasemos a hacer algo de sustancia»29.
Estaba claro. O’Donojú, nombrado capitán general de Nueva España, era la autoridad competente y cercana a las ideas autonomistas que los novohispanos habían estado
esperando. Si llegaba a México con el decreto de diputaciones provinciales podría frenar los
intereses independentistas de los insurgentes y consolidar la obra que desde Cádiz habían
iniciado los diputados novohispanos. Sin duda los diputados conocían ya las noticias del
Plan de Iguala establecido por Agustín de Iturbide en 24 de febrero de 1821. A continuación, las Cortes votaron la inmediata discusión del dictamen. Leamos:
«... han quedado éstas convencidas de que cada intendencia de América tiene el carácter legal
y es en todo sentido una verdadera y grande provincia, y que queriendo expresamente la Constitución en el citado art. 325 ‘que en cada provincia hay una diputación llamada provincial, para promover su prosperidad’, es indudable, en juicio de las comisiones, que cada intendencia de ultramar
tiene un derecho claro, fundado en la misma Constitución, para tener dentro de sí una diputación
provincial que promueva su prosperidad»30.
Como vemos, se establecía que la capital de la intendencia coincidiría con la residencia de la diputación provincial y que sus miembros, por esta vez, serían los electores ya nombrados en las últimas juntas de provincia. Parte de la diputación americana salió en defensa del dictamen de las comisiones. El primero fue Luis Hermosilla –por la provincia de
Chiquimula– que comenzó su discurso excusando su «provincialismo» al defender los derechos
de su provincia. A continuación, Juan Esteban Milla –de Comayagua– cuyo discurso fue
todavía más particular, pues argumentó ser representante de Guatemala y que su provincia le
28. La intervención de Ramos Arizpe también se puede seguir en Manuel CHUST. «Federalismo avant la lettre...» [23],
p. 108-190 y Nettie Lee BENSON. La diputación provincial…[15], p. 67-69. También en Jaime E. RODRÍGUEZ O.
«La transición…» [15], p. 281.
29. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 30 de abril de 1821.
30. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 30 de abril de 1821.
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LA CUESTIÓN NACIONAL AMERICANA EN LAS CORTES DEL TRIENIO LIBERAL, 1820-1821
había encargado conseguir el establecimiento de la diputación provincial. Aludió, de nuevo, al tema que preocupaba a los americanos: la independencia. Si algo parecía tener claro
los diputados ultramarinos era que con la consecución de una mayor autonomía se calmarían los ánimos insurgentes. Y las diputaciones provinciales eran el punto de partida de
ampliación y posterior desarrollo de esa autonomía. Le siguió Pablo La-Llave, veracruzano,
en el turno de palabra. Su extensa intervención va desde el caso particular de Nueva España hasta descender a la generalidad de toda América. Recordó a la Cámara que ya en las
Cortes de Cádiz se realizó semejante petición y que entonces no encontró el apoyo que tan
justamente demandaban los americanos. Convencido La-Llave de las necesidades imperiosas de establecer muchas más diputaciones en América se atrevió a insinuar que tal vez su
número debería ser mayor allí que en la península, por ser las distancias y las extensiones
de las provincias mucho más inmensas que en Europa. Escuchemos sus argumentos:
«Las diputaciones provinciales de América, por circunstancias particulares, tienen atribuciones que no competen a las de la península; aún hay más todavía: en América la superficie de las
provincias es inmensa, cotejada con las de Europa, y a población igual corresponde allí duplicado
y aun decuplicado trabajo para desempeñar sus funciones las juntas; de manera que si en España
basta una para un millón de habitantes, en América para número igual se necesitan dos o tres, pues
según cálculo prudencial, el número de diputaciones deberá siempre determinarlo la razón compuesta del número de habitantes y extensión del terreno que ocupan»31.
Detengámonos aquí. ¿De dónde había sacado el veracruzano que la base para establecer diputaciones provinciales era la población? Ni la Constitución ni el decreto de 23 de
mayo de 1812 decían nada al respecto. ¿Cuál era la intención del novohispano? Sabía, evidentemente, que América tenía una mayor población que la península y que si se aplicaba
esta regla las diputaciones americanas podrían llegar a duplicar las peninsulares. Pero además, ¿cuáles eran esas «circunstancias particulares» que permitían a las diputaciones americanas tener atribuciones que no competían a las peninsulares? ¿Acaso estaba confirmando
la función legislativa que muchas de estas diputaciones se atribuyeron en América sin ser de
su competencia? La enorme distancia que separaba los territorios ultramarinos del gobierno en la península contribuía, sin duda, a que las diputaciones provinciales en América ejercieran de hecho funciones legislativas que sobrepasaban sus competencias iniciales.
Con una nueva intervención de Ramos Arizpe, se votó el dictamen y fue aprobado en
todas sus partes. De esta forma el número de diputaciones provinciales en Nueva España se
elevó a catorce32.
31. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 30 de abril de 1821.
32. Las Provincias Internas de Occidente se dividieron en las diputaciones de Nueva Vizcaya y Sonora y Sinaloa; mientras, de momento, se mantuvieron las Provincias Internas de Oriente. Nueva Galicia se convirtió en la diputación
de Guadalajara, Zacatecas se separó de la de San Luís Potosí y Guanajuato de la de Valladolid de Michoacán. Por
su parte, la diputación de Nueva España se desmembró en la de México, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Yucatán mantuvo la suya y la de Guatemala quedó reducida al territorio de Chiapas.
135
IVANA FRASQUET
Sin embargo, la batalla por las diputaciones provinciales no acabaría aquí. Tlaxcala
exigió su lugar. José Mariano Moreno, su representante, reclamó otra diputación para ese
territorio. Mientras, a esa espiral de reivindicaciones se unió Juan Nepomuceno San Juan,
diputado por Guatemala, recordando a la Cámara que tenía hecha una petición similar a
favor de establecer una diputación en Cartago, capital de Costa Rica. Finalmente, el decreto que sancionaba lo que las Cortes acababan de aprobar se publicó el 9 de mayo de 1821.
Entretanto, comenzaba el último mes de sesiones con la llegada de la noticia del Plan
de Iguala a las Cortes. Noticia que ya conocían los diputados novohispanos por su correspondencia particular pues fueron ellos quienes exigieron a la Cámara que se diera cuenta
de las novedades ocurridas en Nueva España33. El secretario de Ultramar leyó el parte
enviado por el virrey de Nueva España, conde del Venadito, el día 4 de junio de 1821. El
informe explicaba cómo se había nombrado a Agustín de Iturbide para que contuviera los
focos insurgentes en el sur del país y de qué forma este coronel se había rebelado y, «traicionando a la nación y al rey», había hecho causa común con los rebeldes. Insistía el virrey
en que la capital novohispana, de momento, estaba tranquila y que todas las autoridades
que habían recibido los pliegos con el proyecto iturbidista los habían remitido a la capital
en clara muestra de adhesión y fidelidad al rey y la nación34. En general, la reacción de las
autoridades novohispanas respecto al plan de Iturbide fue de rechazo, al principio. Casi
todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales se pronunciaron a favor de la fidelidad al rey y a la Constitución. Otra cosa será, al menos, cuando llegue O’Donojú y firme
los Tratados de Córdoba con Iturbide. En ese momento sí que se tomará partido claramente por la independencia.
En Madrid, la diputación novohispana tomó la palabra. Fue Michelena quien planteó la cuestión. Advirtió que los novohispanos conocían el peligro de esta revolución y que
consideraban que las medidas a tomar debían ser de carácter «ejecutivo y radical». Las ejecutivas se referían a la aplicación de leyes deseadas en América, como el comercio libre. Las
radicales, serían propuestas a la comisión especial de Ultramar que se había formado en el
Congreso35. Leamos la explicación del diputado por Valladolid de Michoacán: «Se necesita otra medida grande y digna de hombres libres, digna del Congreso español, que está ya
indicada, no solo a la comisión, sino también a mi provincia. Yo se la he comunicado con
bastante anticipacion, y últimamente le he dicho que se trataba ya de ella»36.
33. La intervención fue del novohispano Juan de Dios Cañedo quien pidió la presencia del secretario de Ultramar para dar
cuenta de las novedades que habían ocurrido en Nueva España. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 3 de junio de 1821.
34. Se estaba refiriendo concretamente a los proyectos recibidos por el comandante de Puebla, D. Ciriaco del Llano
y al de Querétaro, D. Domingo Luaces. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 4 de junio de 1821, p. 2044-2045.
También en Manuel CHUST. «Federalismo avant la lettre...» [23], p. 109-110; y en Nettie Lee BENSON. La Diputación provincial…[15], p. 73 y ss.
35. Recordemos que el 3 de mayo, a propuesta del diputado por Venezuela, Felipe Fermín Paul y con apoyo del conde
de Toreno, se había formado una comisión especial para tratar el tema de la insurgencia en las provincias ultramarinas. El proyecto al que aludía Michelena era el de instalar tres secciones de Cortes en América, que se planteó el 25 de junio de 1821 en la Cámara y del que hablaremos más adelante.
36. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 4 de junio de 1821, p. 2046.
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LA CUESTIÓN NACIONAL AMERICANA EN LAS CORTES DEL TRIENIO LIBERAL, 1820-1821
Pero, ¿cuál era esa medida de la que hablaba Michelena? Sin duda el novohispano
contaba con la complicidad del resto de diputados americanos que conocían estas propuestas y de los miembros de la comisión, pero el resto de la Cámara no sabía a qué se estaba
refiriendo. No sólo eso, sino que Michelena advertía que ya había puesto en antecedentes
a su diputación provincial acerca de este asunto y que esperaba la llegada de los demás americanos para proponerles el plan y presentarlo conjuntamente en las Cortes. Seguía el diputado: «Si conviniesen conmigo, la gestión será hecha en nombre de las Américas: si no, la
haré con algunos compañeros; y cuando no, la haré yo solo». Después, continuaba explicando que en una carta de 23 de mayo ponía en conocimiento de la diputación lo siguiente: «Tengo la satisfacción de anunciar a V. SS. que habiendo llegado a ésta los señores diputados propietarios, éstos han adoptado las bases de que hablo a V. SS. en mi oficio»37.
Pero había más en el discurso del michoacano. Aseguraba que la diputación conocía
este proyecto y lo apoyaba pero, además, advertía que en el navío Asia «van ya algunos oficiales que están enterados de lo que se trata». ¿Se estaba refiriendo a O'Donojú? ¿Sabía el
nuevo capitán general de Nueva España los planes de los americanos? Es más, ¿estaba de
acuerdo con ellos? ¿Por qué si no tenían estos diputados tanta confianza en la actuación
de este oficial? Por supuesto, O’Donojú sabía que las diputaciones provinciales habían sido
concedidas y suponía que el Plan de Michelena sería aprobado. Por esa razón, firmó los
Tratados de Córdoba, porque los creía ratificados desde las Cortes.
Michelena reconocía en los planes de Iturbide «no sólo a los serviles, sino también
a una parte de los liberales» que podían sentirse atraídos por las ventajas que el coronel les
prometía. Suponía, y no estaba equivocado, que éste podía aglutinar a una mayoría ecléctica que iba desde los independentistas hasta los autonomistas más moderados pasando por
el criollismo deseoso de obtener el poder tanto tiempo negado durante la colonia. Concluía
Michelena en que se fuera alistando el barco que debía llevar la noticia y las cartas particulares de los americanos para que no se perdiera ni un minuto en este trabajo, pues estaba
seguro de que las proposiciones americanas serían aprobadas. Impaciente el novohispano.
Inmediatamente se puso a discusión la preparación del buque propuesta por Michelena. Los liberales más moderados del lado peninsular salieron a la tribuna para rebatirla.
Vicente Sancho y José María Calatrava expresaban su estupefacción ante las proposiciones
americanas. El valenciano increpó a la Cámara instándola a admitir si el proyecto del que
se estaba hablando era la independencia de América. No le gustaban las ambigüedades,
demasiado misterio en torno a esa resolución de la comisión a la que constantemente se
37. Sin duda Michelena daba por supuesto que la diputación provincial se había instalado en Valladolid, ya que había
sido aprobado por las Cortes en 2 de noviembre de 1820. Sin embargo, y según ha estudiado Nettie Lee Benson,
la diputación de Valladolid no fue instalada hasta que no llegó el decreto de 9 de mayo de 1821 que concedía una
diputación a cada intendencia. A pesar de eso, las elecciones a diputados sí fueron llevadas a cabo en Michoacán
el día 12 de marzo, y probablemente el diputado Michelena conocía este acto y por eso suponía que ya funcionaba la diputación provincial. Benson explica que los diputados propietarios elegidos fueron Manuel de la Bárcena,
José María Cabrera, Lorenzo Orilla y José Ignacio del Río, y como suplentes, Juan José Zimbela y Antonio de la
Haya. Nettie Lee BENSON. La diputación provincial… [15], p. 70-71.
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IVANA FRASQUET
estaban refiriendo los diputados americanos. ¿Cómo podían estar tan seguros de que las
Cortes la aprobarían? ¿Por qué tanto interés en esa medida? No se fiaba Sancho de los resultados que pudiera tener y así lo expresaba desde la tribuna:
«¿Qué quiere decir preparar un buque para llevar una resolución que todavía no han tomado
las Cortes? Y si todavía no se sabe cuál será, ¿a qué mandar que se prepare un buque para llevarla?
Así, no sé que venga al caso esta medida, ni menos cuál sea el objeto ni la resolución que haya de
tomarse en ese asunto, al que unas veces se llama negocio principal y otra medida radical, sin darle
jamás su verdadero nombre. ¿Se trata de la independencia de América? ¿Sí ó no? Dígase claro. Respecto, pues, a qué los diputados no nos hallamos instruidos de lo que es este negocio, porque si alguno lo sabe serán los señores de la comisión y algún otro individuo que se haya acercado a ella»38.
Juan Esteban Milla, por Comayagua, contestó. Una vez más recordaban los americanos que la Constitución debía aplicarse por igual y en toda su extensión también en América. En este momento desplazaban el problema hacia Nueva España. Allí se estaba llevando
a cabo una revolución que podía condicionar el futuro de todo el continente. Milla, sutilmente, deslizó el discurso hacia el tan polémico artículo 29 de la Constitución. Insistente
el de Comayagua. En forma de advertencia, o casi de amenaza, planteó las medidas que
deberían llevar a cabo las Cortes para contrarrestar el proyecto iturbidista. Veamos:
«... porque las bases de Constitución que presenta Iturbide a los pueblos son bastante seductoras, dígase lo que se quiera, y halagarán demasiado su amor propio: tal es la de abrir del todo la
puerta a los originarios de África para entrar desde luego en el goce de los derechos de ciudadano,
que nuestra Constitución solo concede al mérito y a la virtud; la de una independencia absoluta,
y otras varias. Así que me parece debe aprobarse la indicacion del señor Michelena en cuanto a que
se prepare el buque que pide para que lleve a América esta importante noticia...»
A continuación fue Calatrava quien tomó la palabra. Y lo hizo para insistir en la idea
de que los americanos estaban muy convencidos de la aprobación de sus propuestas. ¿Lo
estaban o era pura estrategia parlamentaria? ¿Pensaban que si permanecían unidos podrían
decantar el voto de la comisión y de las Cortes? Michelena retiró su proposición ante la presencia del secretario de Ultramar en la Cámara. Sin embargo, no se dieron por vencidos los
americanos.
El 9 de junio, los novohispanos volvían a insistir con más propuestas39. El 27 de septiembre de 1820 se había concedido la amnistía a los disidentes de las provincias de ultramar.
38. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 4 de junio de 1821, p. 2046.
39. La proposición la suscriben José María Jiménez de Castro (Guadalajara), José Mariano Michelena (Valladolid), José
Miguel Ramos Arizpe (Coahuila), José María Couto (México), Joaquín de Medina (Guadalajara), Bernardino Amati (Guadalajara), José Mariano Moreno (Tlaxcala), Sánchez (desconocemos si se trata de Eusebio Sánchez Pareja de
México o de José Domingo Sánchez Resas de Guadalajara), José Miguel Ramírez (Guadalajara) y Pablo de La-Llave
(Veracruz). DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 9 de junio de 1821, p. 2136.
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LA CUESTIÓN NACIONAL AMERICANA EN LAS CORTES DEL TRIENIO LIBERAL, 1820-1821
Pero ¿y los bienes confiscados? En efecto, el perdón estaba concedido, no así los bienes que
se habían incautado so pretexto de rebelión. Las peticiones se limitaban a exigir que los bienes confiscados a los disidentes desde el comienzo de la insurgencia fueran restituidos a sus
dueños o herederos legítimos, en caso de no estar en posesión particular. Si esto último
había ocurrido, solicitaban que el Estado asumiera la deuda por haber ingresado los valores
correspondientes. Es más, los novohispanos pedían que si los bienes habían producido
algún beneficio durante su depósito, éste fuera también reintegrado a sus dueños. ¿Cuál era
el interés de esta medida? ¿Estaban acaso protegiendo los caudales de los criollos acomodados que tomaron partido por la insurgencia? ¿Algún conocido tal vez? ¿Sus propias familias
acaso? Como sabemos, muchos americanos participaron de las propuestas insurgentes en
los inicios de la revuelta de Hidalgo. Algunos formaron parte de la sociedad secreta de Los
Guadalupes que financiaba y tenía contactos con los insurgentes40. Es más, como recoge
Virginia Guedea en su estudio, de esta sociedad formaron parte diputados a las Cortes
como Manuel Cortázar y José Antonio del Cristo y Conde. Y los que no, tenían amigos
o familiares que pertenecían a ella como Francisco Fagoaga. Por otro lado, si Nueva España conseguía su sección de Cortes y su autonomía amplia, tal y como la venían gestando
los diputados, iba a necesitar de una clase media acomodada que tomara partido por las
ideas liberales y constitucionalistas del grupo novohispano. La propuesta fue admitida a discusión aunque desconocemos si se volvió a tratar de ella en las Cortes.
Tres días pasaron hasta que, de nuevo los novohispanos 41, plantearan otra cuestión
a la Cámara. Esta vez exigían el cumplimiento de la orden que las Cortes había dado de
separar el mando político y militar. Tomó la palabra Ramos Arizpe en un tono que evidenciaba su enfado por el incumplimiento de los decretos y órdenes en América, aludiendo a que estos casos no ocurrían en la península. Explicaba Ramos: «... si cree necesario [el
Gobierno] para la conservación del orden público mantener reunidos los mandos político
y militar, hágalo, enhorabuena, pero dé cuenta a las Cortes, como dice la ley, de las razones que para ello tenga, no sea que las medidas que se tomen con el mejor celo por la conservación del orden público, vengan a producir la opresión de la libertad civil»42.
Los americanos estaban convencidos de que gran parte de la obstrucción a la Constitución era culpa de las autoridades que todavía mantenían sus cargos en América. Autoridades, por otro lado no lo olvidemos, designadas por el rey absoluto que había sido Fernando VII entre 1814 y 1820. Por ello, completaron la indicación con la petición al
secretario de Guerra de una «lista de los capitanes generales, cabos, comandantes generales,
comandantes de provincia y gobernadores que por su ministerio hayan sido nombrados
40. Virginia GUEDEA. En busca de un gobierno alterno: Los Guadalupes de México. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1992.
41. En este caso fueron José María Quirós y Villar (Sonora y Sinaloa), José Miguel Ramos Arizpe (Cohauila) Marqués
del Apartado (México), Ignacio Mora (Puebla) Francisco Fagoaga (México) y Joaquín de Medina (Guadalajara).
DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 12 de junio de 1821, p. 2188.
42. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 12 de junio de 1821, p. 2189.
139
IVANA FRASQUET
para las provincias de ultramar desde 9 de Marzo de 1820 hasta el día». Ramos Arizpe justificaba la petición con la idea de que en la península se habían renovado numerosos cargos, cosa que no ocurría en América. Además, acusaba al Gobierno de proceder con cierta
«oscuridad» sobre este asunto. Ya lo hemos dicho. Lo repetimos. Los diputados sabían de
la importancia de unas autoridades liberales para llevar a cabo la obra autonomista que pretendían. Sin embargo, las Cortes no accederán a semejante atrevimiento aprobando la primera parte de la indicación pero no revelando las carencias gubernativas que en materia
americana acontecían. Se negaron, por tanto, a entregar ninguna lista sobre los mandos
militares y políticos de ultramar. Tal vez porque desde marzo de 1820 no se había apenas
nombrado nuevas autoridades para América.
Junio 1821. Seguimos en las Cortes hispanas. Día 25. Ese día tuvo lugar la lectura de
la que, probablemente, fue la más importante proposición de los americanos en las Cortes
del Trienio. La propuesta no por conocida43 deja de ser de imprescindible atención en este
trabajo. Fue un inédito José Miguel Ramírez, diputado por Guadalajara, quien leyó la
extensa exposición que precedió al proyecto autonomista más ambicioso por parte de los
americanos. ¡Por fin! Los diputados ultramarinos iban a desvelar al resto de la Cámara esas
«medidas radicales» que desde hacía casi un mes se comentaban insistentemente y que la
comisión encargada de la situación en América no se había atrevido a dictaminar. El plan
había sido esbozado por Michelena, como sabemos. Tal y como documenta Jaime E. Rodríguez44, las reuniones en Madrid entre los diputados tuvieron lugar en casa de Fagoaga y en
ellas se estudió y analizó el plan del michoacano para presentarlo posteriormente a las Cortes.
Analicemos, previamente, el largo preámbulo en el que se exponían las causas y los
motivos por los que era necesario el proyecto americano. Comenzó Ramírez extrañándose
de que la comisión especial encargada de proponer las medidas para pacificar las provincias
americanas no hubiera emitido algún dictamen definitivo al respecto. Advertía que sus propuestas eran «las únicas medidas capaces de restablecer la tranquilidad y asegurar la conservación y bienestar de aquella grande e interesante parte de la monarquía, manteniendo la
integridad de ésta». La apostilla no estaba de más, puesto que lo que iban a proponer los
americanos extralimitaba las bases constitucionales y ellos lo sabían. Mejor dejar claro que
a pesar de estar planteando un sistema federal en toda regla no existía pretensión alguna de
separarse de la monarquía.
Siguió el diputado explicando la delicada situación del continente americano: los problemas y las dificultades de extender y aplicar los artículos constitucionales en un territorio
tan vasto y tan alejado de Madrid. Preparaba así a sus oyentes sobre lo que se iba a proponer
y lo anunciaba de forma sutil en su exposición:
43. Nettie Lee BENSON. La diputación provincial… [15]; Manuel CHUST. «Federalismo avant la lettre...» [23]; Jaime
E. RODRÍGUEZ O. «La transición…» [15], p. 265-322.
44. Jaime E. RODRÍGUEZ O. «La transición…» [15], p. 285. Estas discusiones se conocen por la carta enviada por
Miguel Ramos Arizpe a su sobrino y publicada como Carta escrita a un americano sobre la forma de gobierno que
para hacer practicable la Constitución y las leyes, conviene establecer en Nueva España atendida su actual situación.
Madrid: Ibarra, Impresor de la Cámara de S. M., 1821.
140
LA CUESTIÓN NACIONAL AMERICANA EN LAS CORTES DEL TRIENIO LIBERAL, 1820-1821
«El art. 308 de la Constitución previene que cuando la seguridad del Estado lo exija, podrán
las Córtes suspender las formalidades prescritas para el arresto de los delincuentes, formalidades que
son la salvaguardia de la seguridad personal. Supongamos que llega este caso en América [...] ¿se ocurrirá a las Cortes para que usen de esta facultad delicadísima, o se dejarán correr las cosas como
vayan, o se usará de este recurso por alguna autoridad de América, a quien se le autorice para que
haga las veces de las Cortes en un asunto de tanta consecuencia?»45.
El trasfondo de esta explicación estaba, una vez más, en el tema de la representación
nacional. Sin decirlo, los americanos estaban insistiendo en una representación provincial
que concediera más profundidad a las leyes que se daban en las Cortes. Planteaban así un
federalismo, eso sí, manteniendo la monarquía como forma de gobierno y aclarando que los
peligros de república nunca llegarían. No estaba de más la explicación, puesto que los atrevidos americanos habían osado compararse con países como Canadá o los Estados Unidos. Tal
y como apunta Manuel Chust46, estos ejemplos habían servido a los liberales peninsulares
para acusar continuamente a los americanos de federalistas. Al decir de Ramírez:
«¿Cómo pueden los diputados de Nueva España, por ejemplo, dar leyes a provincias que no
conocen, ni han visto, ni saben sus costumbres, sus virtudes, sus vicios, sus usos, sus preocupaciones, su situación, las relaciones que tienen o pueden tener, ni el carácter de sus habitantes? [...]
Parece que no se puede perfeccionar más una monarquía moderada [...] no queda expuesta a
las convulsiones de una república, [...] pues debe creerse que los americanos tendrán un interés por
conservar esta clase de gobierno»47.
Este extenso preámbulo terminaba anunciando que Nueva España era la principal
destinataria de las medidas y, aunque de momento se hacían extensivas al resto de territorios americanos, las Cortes podían decretar sobre este particular lo que creyeran conveniente.
Quince fueron las proposiciones americanas. Cuarenta y nueve los diputados que las
firmaron, la mayoría novohispanos. En el Diario de Sesiones aparecen fechadas el 24 de
junio, día en que Toreno anunció la incapacidad de la comisión de presentar un dictamen
al respecto. La primera planteaba la cuestión principal48. Consistía en dividir las Cortes en
tres secciones americanas que tendrían sede en México –para la parte septentrional y Guatemala–, en Santafé –para el Nuevo Reino de Granada y las provincias de Tierra Firme–
y en Lima –para el Perú, Buenos Aires y Chile– respectivamente. Estas Cortes tendrían las
mismas facultades que las de la península y se reunirían según los plazos establecidos en
45.
46.
47.
48.
DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 25 de junio de 1821, p. 2473. La cursiva es nuestra.
Manuel CHUST. «Federalismo avant la lettre...» [23], p. 112.
DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 25 de junio de 1821, p. 2475.
El resumen de estas propuestas se puede seguir también en Nettie Lee BENSON. La iputación provincial… [15],
p. 81; Jaime E. RODRÍGUEZ O. «La transición…» [15], p. 1993, p. 287 y Manuel CHUST. «Federalismo avant la
lettre...» [23], p. 111.
141
IVANA FRASQUET
la Constitución. Tan sólo las Cortes generales de Madrid se reservarían los temas relacionados con la política exterior y todo aquello que afectara de manera general a la monarquía.
El poder ejecutivo sería ejercido por una delegación nombrada por el rey y que podría ser
ocupada por cualquier persona de la familia real. Además, los ministerios se reducirían
a cuatro: Gobernación, Hacienda, Gracia y Justicia y Guerra y Marina. El Consejo de Estado también se dividiría en tres, compuesto por siete personas en cada una de las partes. Por
su lado, el poder judicial también quedaría dividido en tres secciones del Tribunal Supremo que se compondrían de un presidente, ocho ministros y un fiscal. ¿Qué pretendían los
americanos? ¿No era esto un federalismo en toda regla? ¿No se trataba, como ha dicho
Manuel Chust, de una especie Commonwealth americana?
Pero había más. El comercio sería libre entre la península y las provincias ultramarinas, considerándose como interior y disfrutando de las mismas ventajas en ambos hemisferios. Las propuestas incluían un proyecto económico mediante el cuál la Nueva España se
comprometía a contribuir a la extinción de la deuda peninsular y a los gastos de la marina.
El plan, pensado y elaborado por mexicanos, iba destinado, exclusivamente a Nueva España, con la posibilidad de ser extensivo al resto de los territorios. Ni siquiera los americanos
que estaban en las Cortes sabían si las provincias independientes iban a querer aceptar el
plan. Tampoco los diputados de aquellas provincias eran capaces de dar una respuesta, ya
que los insurgentes no los reconocían como representantes y por lo tanto, no podían saber
qué pensaban éstos al respecto. ¿Hubiera aceptado Buenos Aires este proyecto tras más de
diez años de autonomía? Es probable que no, pues ni sus diputados suplentes en las Cortes, ni los chilenos, ni tampoco los representantes por Santafé, firmaron el documento. No
se sentían con competencias para afirmar que ése era el deseo de sus provincias. Tal vez desconocían cuál era exactamente la situación de las mismas o tal vez estaban seguros de que
el proyecto no sería aceptado por ellas. Por otro lado, tampoco aparecían las firmas de los
diputados por Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Santo Domingo. ¿Se negaron éstos a suscribir el proyecto o no se contaba con ellos desde el principio? ¿Excluyó la diputación novohispana a las provincias que no estaban en guerra por no considerar necesario el plan para ellas?
¿O fueron los propios diputados isleños los que por «fidelidad a la Corona» se negaron
a firmarlo?
Cuando se terminó de leer el proyecto, el diputado que lo había presentado, Ramírez, notó que se hallaba arrancada una firma del último pliego. Era la de Ramos Arizpe,
quien se reservaba la misma para hacer alguna modificación al artículo 5 del proyecto. Estas
propuestas se declararon leídas por primera vez en la Cámara y se pasó a otra cuestión.
Al día siguiente, Ramos Arizpe desveló el misterio. Presentó un proyecto de decreto
con dieciséis artículos que eran exclusivos para Nueva España y muy similares a los que se
habían leído el día anterior en el Congreso. La sección de Cortes comprendía solamente
al territorio novohispano con las provincias de Guatemala y las Californias incluidas. Fuera de esto la diferencia sustancial residía en el artículo cinco, ya aludido por Ramos. Consistía en la designación del poder ejecutivo en México, el diputado excluía, «por ahora»,
a las personas de la familia real, «para asegurar la integridad de la monarquía y derechos
142
LA CUESTIÓN NACIONAL AMERICANA EN LAS CORTES DEL TRIENIO LIBERAL, 1820-1821
constitucionales del Sr. D. Fernando VII»49. El proyecto incluía también la asunción de la
deuda pública y del resto de peticiones que se habían realizado respecto al poder judicial
y al comercio. Dejaba Ramos abierta la posibilidad de mantener el contacto con las Cortes peninsulares enviando cinco diputados mexicanos a las mismas.
Toda una provocación hacia la monarquía y hacia el rey. Ramos ya sabía que Fernando
VII se había negado a enviar un infante a América50. Por lo tanto, era más que posible que el
plan de Michelena fuera rechazado y también el suyo, puesto que intencionadamente excluía
a la familia real del ejecutivo en México. ¿Estaba preparando, provocando, conscientemente la separación política de Nueva España de la Monarquía Hispánica? Parece una idea más
que probable si tenemos en cuenta que justo al día siguiente de presentar su proyecto, José
Miguel Ramos Arizpe recibía la concesión de la licencia que había pedido para pasar a México51. Tan sólo restaban tres días para concluir la legislatura y los proyectos autonomistas
novohispanos, americanos si se quiere, se quedarán con la primera lectura dada en las Cortes en estos últimos días de junio.
Y como colofón: la intervención del monarca. El día 30 se presentó Fernando VII en
el Congreso para dar lectura al discurso de clausura de las Cortes. En él hizo hincapié en la
obra constitucional, el arreglo del Ejército, la reducción de los diezmos, el sistema de
Hacienda y de instrucción pública. Aludía también a las relaciones internacionales con
Estados Unidos tras el tratado de cesión de la Florida y a los contactos con la monarquía
portuguesa acerca de la ocupación de la Banda Oriental en el Río de la Plata. En cuanto a
América resaltaba:
«Haré todo género de esfuerzos para conseguir el restablecimiento del orden en las provincias
de ultramar; y mi gobierno, excitado últimamente por las Cortes para que tomando en consideración el estado de aquellos países, proponga las medidas que considere oportunas para su bien, lo
verificará cuanto antes y con toda la generosidad posible. Porque deben estar ciertos los españoles
de ambos mundos de que nada anhelo tanto como su felicidad, fundada en la integridad de la
monarquía, y en la observancia de la Constitución»52.
Estaba claro que las propuestas de los autonomistas novohispanos no eran las medidas
que iban a tomar en consideración el rey y su Gobierno y que éstas pasaban para Fernando
VII, ante todo, por no perder ni un solo palmo de terreno de su antiguo patrimonio real.
La siguiente sería una legislatura extraordinaria, y por lo tanto, sólo era posible tratar
en ella los temas para los que había sido convocada. La situación en América era uno de
ellos, pero como veremos, la frustración de la diputación americana irá en aumento hasta
49. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 26 de junio de 1821, p. 2497.
50. Jaime E. RODRÍGUEZ O. «La transición…» [15], p. 287.
51. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 27 de junio de 1821, p. 2562. No será el único, también Félix Quio y Tehuanhuey, diputado por Puebla, recibe permiso para marcharse el día 28 de junio.
52. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 30 de junio de 1821, p. 2626.
143
IVANA FRASQUET
el punto de ir abandonando poco a poco las sesiones y marchando hacia sus países de origen donde una revolución se estaba llevando a cabo.
El problema de la representación: la expulsión de los suplentes
La primera junta preparatoria de la legislatura extraordinaria tuvo lugar el 22 de septiembre
de 1821. Entre el cierre de las sesiones el 30 de junio y esta fecha, una diputación permanente de Cortes se había encargado de los trabajos preparativos para la legislatura. Estas sesiones
se abrían con la sombra de las protestas urbanas que habían acontecido en toda la península
a favor de Riego53. Una de estas manifestaciones, la del 18 de septiembre de 1821 en Madrid,
terminó en la llamada «batalla de las Platerías». Estas protestas fueron importantes también en
otras ciudades como Cádiz, Sevilla, La Coruña, Zaragoza, Valencia, Cartagena, Barcelona,
Murcia, Córdoba, Málaga, etc. Su interés reside en que inauguraron la irrupción del pueblo
en la política. El movimiento popular, urbano, que protagonizaría la revolución de los años
treinta, comenzaba a formar parte aquí de la agitación política, con la ayuda claro está, de los
exaltados, que veían la oportunidad de dar un paso adelante en la revolución54.
La primera junta fue el foro para presentar una propuesta que afectó a los diputados
americanos. Vicente Sancho, José María Moscoso y José Ezpeleta fueron sus autores. Sancho encendió el fuego en defensa de la proposición. Sus argumentos instaban a la junta
a determinar qué diputados podían conformar las Cortes y a declarar cuántos propietarios
habían llegado. Las hirientes palabras del valenciano fueron éstas:
«Que no deben existir suplentes de donde hay propietarios, es muy sencillo. Aquí no puede haber más que dos clases de diputados: unos, los que previene la Constitución, y otros, los
que previene el real decreto de convocatoria a Cortes, en el que se pasó, digámoslo así, por encima de algunos artículos de la Constitución, para poder enlazar el sistema constitucional del año
14 con el del año 20. Por manera que los diputados suplentes de las provincias de ultramar no tienen un título legítimo para representar a sus provincias, o más bien a la nación española, sino el
que les dio el decreto del rey de 22 de marzo. El decreto dice que la representación supletoria
no durará más que hasta que puedan llegar los diputados propietarios»55.
53. Riego había sido desterrado a Asturias en septiembre de 1820 cuando, tras la disolución del ejército de la isla
por el marqués de las Amarillas, se había trasladado a Madrid a representar ante el rey su disconformidad,
y hallándose en el teatro fue acusado de cantar el Trágala. Tras este incidente, Riego es restituido como capitán general de Aragón, pero el general servil Francisco de Moreda lo acusa constantemente de conspiración.
Finalmente será destituido de nuevo el 4 de septiembre de 1821, lo que llevará a los exaltados a agitar a las
clases populares, que entrarán en la revolución en defensa de Riego. Alberto GIL NOVALES. El Trienio Liberal… [1], p. 18-20 y 41-42.
54. Estos acontecimientos en Ángel BAHAMONDE; Jesús A. MARTÍNEZ. Historia de España. Madrid: Cátedra,, 1994,
p. 140 y Alberto GIL NOVALES. El Trienio liberal…[1], p. 41-42.
55. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 22 de septiembre de 1821, p. 5. La cursiva es nuestra.
144
LA CUESTIÓN NACIONAL AMERICANA EN LAS CORTES DEL TRIENIO LIBERAL, 1820-1821
Al día siguiente, durante la segunda junta preparatoria, tuvo lugar la que podríamos calificar como de discusión más feroz entre americanos y peninsulares. La comisión
de poderes había realizado el trabajo rápidamente y presentó su dictamen. Concluyente,
éstas fueron sus palabras: «atendido el tiempo que ha transcurrido desde la fecha referida,
han podido presentarse en esta los diputados de todas, a excepción de los de Filipinas».
La extensa y acalorada discusión la abrió Juan Gómez Navarrete, diputado por Valladolid de Michoacán. Planteó, una vez más, el tema de la escasa representación americana
como causa de la disidencia en las provincias ultramarinas. A continuación, Pablo de LaLlave, Fermín Paul y José María Puchet se encargaron de la defensa de sus compatriotas. El
primero fue el veracruzano. La-Llave atacó directamente la autoridad real de Fernando VII
para fundamentar sus argumentos. Explicaba que en un gobierno representativo, el rey no
tenía más prerrogativas que las que le concedía la Constitución y entre ellas no se hallaba
la de determinar la existencia o no de diputados suplentes en las Cortes. Sus palabras fueron más que sugerentes:
«... ¿de dónde le ha venido a la autoridad real esta prerrogativa? Yo, a lo menos, he repasado
con particular estudio las que nuestra Constitución le atribuye, y en ninguna de ellas encuentro
semejante facultad ni cosa que se le parezca [...] creer por esto que la autoridad del rey puede dar
una existencia condicional a estos diputados suplentes; suponer que un real decreto tiene eficacia
y virtud, no solo para incoar el movimiento, sino también para dar y quitar el ser a esta variedad,
por decirlo así de representantes, es, a mi ver, la suposición más repugnante a los principios de un
gobierno representativo»56.
Pero La-Llave fue más lejos, sugirió sin decirlo, que si los suplentes debían salir cuando llegasen los propietarios, en el caso de Nueva España, no se había verificado de este
modo. Esta reflexión la dejó en el aire expresándose así: «Dejo a la consideración de la junta las consecuencias que legítimamente pueden deducirse de este antecedente». ¿Qué insinuaba el novohispano? ¿Qué todo lo legislado desde la llegada de los diputados propietarios novohispanos carecía de valor? Eran los mismos argumentos que una y otra vez habían
utilizado los americanos cuando veían peligrar su representación. A ello se refirió también
el diputado cuando recordó que en las Cortes de Cádiz ya se había tratado esta cuestión,
y que entonces, un diputado peninsular defendió la legitimidad de los suplentes en la
Cámara57. En aquella ocasión, las amenazas de abandonar la Cámara por parte de los americanos dieron resultado.
56. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 23 de septiembre de 1821, p. 10.
57. Pablo La-Llave se refería, sin duda, al discurso de Agustín Argüelles, el Divino, que defendió la suplencia americana en la Cámara cuando algunos querían que las provincias disidentes no tuvieran representación en el Congreso. Esta discusión tuvo lugar el 11 de septiembre de 1813. Al respecto de este episodio véase también el estudio de Manuel CHUST. La cuestión nacional…[6], p. 53-78.
145
IVANA FRASQUET
La discusión amenazaba con tornarse eterna. Tomó la palabra Francisco Fernández
Gasco, diputado por Madrid y miembro de la comisión, para impugnar los argumentos
americanos. Su crítica fue hacia la interpretación que los americanos hacían de la Constitución y del decreto y, una vez más, a su espíritu provincialista que negaba, en cierto sentido, la representación nacional. Y no sólo eso, sino que insinuaba que las causas de la insurrección americana no eran la pretendida falta de representación que repetían los diputados
ultramarinos sino otras muy distintas. ¿Cuáles eran, según él, las verdaderas causas de la
insurgencia? Acusaba a los americanos de provincialistas, léase federalistas, ¿basaba en ello
su argumentación? Veámoslo:
«Se ha dicho también que la representación de la América está disminuida; pero ¿quién de
nosotros es representante de ninguna provincia en particular? Todos lo somos de la nación española; por consiguiente, tan representante soy yo de las provincias de América como de la de Madrid,
que me ha honrado con nombrarme. Por consiguiente, haya o no diputados suplentes por América; esté o no esté completo el número de propietarios, la representación nacional siempre subsistirá
íntegra. Establézcase este principio, y destiérrese para siempre ese espíritu de provincialismo que
existe todavía por nuestra desgracia»58.
Contundente el diputado. Pero, ¿dónde estaban los dos americanos miembros de la
comisión, Tomás Murphy y José Antonio del Cristo y Conde? ¿Por qué no salieron ellos
a defender la postura de sus compatriotas? ¿Acaso apoyaban el argumento peninsular? Una
cosa más, ¿dónde estaba la facción liberal exaltada? Sus planteamientos de corte popular,
cuasi democráticos, ¿no valían aquí para apoyar la representación americana? ¿Y Ramos
Arizpe, Fagoaga, Alamán, Couto, Michelena, Cañedo, etc.? Tengamos en cuenta un parámetro: el tiempo. Esta discusión acontecía el 23 de septiembre de 1821, para entonces ya
había llegado O’Donojú a Nueva España y firmado los Tratados de Córdoba con Agustín
de Iturbide. La capital ya se había rendido a la revolución y a la independencia. La resistencia del realista Novella había sido vencida por el capitán general que esperaba en la ciudad de México la entrada triunfante del Ejército Trigarante, la cual se verificaría el 27 de
septiembre. ¿Conocían ya los novohispanos cuál era la situación en su país? ¿Sabían de estas
novedades? Si era así, no es de extrañar que ya estuvieran pensando en viajar a México para
coadyuvar al triunfo del parlamentarismo mexicano.
La discusión terminó con la intervención del autor de la proposición. Vicente Sancho
tomaba la palabra para elaborar, probablemente, el discurso más hiriente e insultante que
los americanos habían oído en contra suya. No sin motivo fue interrumpido varias veces
durante su intervención y llamado al orden por el presidente. Sancho cuestionaba la legitimidad de los diputados americanos suplentes y no los consideraba, siquiera, dignos de llamarse diputados puesto que su elección era anticonstitucional.
58. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 23 de septiembre de 1821, p. 14.
146
LA CUESTIÓN NACIONAL AMERICANA EN LAS CORTES DEL TRIENIO LIBERAL, 1820-1821
Sancho había sido el encargado de redactar el decreto de 22 de marzo de 1820 por el
cual se concedía la representación supletoria a los americanos. Sabía muy bien de qué estaba hablando, y por lo tanto, podía argumentar acerca del sentido del decreto y de las intenciones que se tuvieron para elaborarlo cuando se aprobó. Este sentido era, según el valenciano, que los suplentes habían sido consentidos para enlazar el sistema del año 1814 con
el de 1820 en un momento especial para la nación y mediante un medio que era el menos
malo que se presentaba para el caso. El diputado planteaba que la suplencia no se contemplaba en la Constitución y por lo tanto, todos aquellos diputados que no habían sido elegidos conforme al sistema constitucional carecían de legitimidad en las Cortes. Reproducimos sus palabras, interrumpidas por los murmullos que despertó entre los asistentes, por
ser clarificadoras de la «dureza» con que se trataba este tema:
«Por lo que hace a mi proposición, esta es sencilla y franca: está reducida a que los diputados
suplentes de América no permanezcan en las Cortes porque no les corresponde, por no tener derecho para estar... (Murmullos entre los señores diputados) No señor; yo llamo las cosas por sus nombres: no pueden permanecer, no, señor; porque no tienen derecho, porque es indecoroso a la nación
española que haya en el Congreso diputados que no tengan poderes, y a estos señores les faltan por
haberse cumplido la condicion con que los tenían»59.
Insistía en que los suplentes no podían mantenerse eternamente en el Congreso con el
pretexto de las circunstancias de sus provincias. Esta postura revelaba el miedo a la división
en dos cámaras del Congreso. En palabras de Sancho: «Y he aquí el verdadero origen de las
dos cámaras, porque los diputados suplentes de las provincias disidentes serian diputados
eternamente». ¿Qué países con un parlamento representativo mantenían la separación de las
dos cámaras? El recién establecido estado-nación de los Estados Unidos de Norteamérica era
uno de ellos60, pero ¿cuál era la forma de gobierno que tenía este estado-nación? Federal...
y republicana. ¿Era éste el miedo de Sancho? ¿Llegaron sus ideas y pensamientos tan lejos
como para ver en los suplentes una amenaza de federación, y en su caso, de republicanismo?
Con esto se declaró el punto suficientemente discutido y se procedió a la votación del
dictamen que se aprobó en su primera parte, es decir con el siguiente texto: «atendido el
tiempo que ha transcurrido desde la fecha referida, han podido presentarse en esta los diputados de todas, a excepción de los de Filipinas». Pero, ¿resolvía este dictamen alguna cuestión? Evidentemente no. Se limitaba a declarar que los diputados habían podido llegar,
exceptuando a los de las islas Filipinas. Así lo reclamaba Cristo y Conde, el novohispano
que formaba parte de la comisión. ¿Por qué, entonces, se discutía sobre la expulsión de los
suplentes, si nada decía al respecto la resolución? La estrategia de Sancho se desveló por
59. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 23 de septiembre de 1821, p. 14.
60. Sobre el modelo constitucional norteamericano pueden consultarse varios trabajos, entre ellos el de Roberto L.
BLANCO VALDÉS. El valor de la Constitución. Madrid: Alianza, 1994. En especial el capítulo 3.
147
IVANA FRASQUET
completo. Indicó que faltaba por votar una segunda parte que él mismo proponía en ese
preciso momento. La junta debería declarar, en función de lo que se acababa de aprobar,
qué provincias se comprendían en la resolución y en consecuencia, qué diputados debían
abandonar las Cortes. Sancho puso por escrito su propuesta en estos términos: «Que en virtud de lo aprobado por la junta preparatoria, se resuelva que no deben continuar ejerciendo
las funciones de diputados otros suplentes que los de Filipinas, el Perú y la isla de Cuba»61.
Pero, ¿cuál era la intención de Sancho? ¿Por qué ese empeño en que los americanos
suplentes salieran del Congreso? ¿Se debía, acaso, a que en la legislatura extraordinaria se iban
a tratar asuntos concernientes a la pacificación de América? ¿Estaba intentando evitar que los
americanos volvieran a plantear sus propuestas autonomistas y que tuvieran apoyos para
sacarlas adelante? ¿Por qué dejar a los filipinos, peruanos y cubanos y no al resto? Con esta
nueva proposición Sancho desveló su verdadera intencionalidad al pedir a la junta que dictaminara sobre la posibilidad de llegada de los diputados. Su estrategia era ésa. Había llevado la discusión a donde le interesaba, de discutir si habían podido llegar los diputados, ahora se discutía, mediada una proposición formal, qué suplentes debían salir del Congreso.
La propuesta de Sancho fue admitida a discusión. Intervino Romero Alpuente. ¡Por fin,
un diputado liberal, del denominado «grupo exaltado», intervenía en este asunto! Sin embargo, nos sorprende su falta de contundencia al expresar sus opiniones. Pasó casi de puntillas por
el tema. Insinuó que la propuesta de la comisión no debió haberse aprobado y que no se debería dar por supuesta la salida de suplentes. Nada más.
Se votó esta propuesta y fueron aprobadas las excepciones que comprendían a las Filipinas y a Perú, no así las relativas a Cuba. La votación no fue nominal, así que desconocemos la identidad de los votos a favor y en contra de la misma. Lo que sí es cierto es que
Sancho había conseguido su propósito, partiendo de una simple declaración de la comisión
obligó a las Cortes a decretar la expulsión de todos los suplentes americanos a excepción de
los de Filipinas y Perú.
Al final del acta de la junta se agregaron los votos en contra de los americanos acerca de lo
resuelto sobre la expulsión de los suplentes. Eran los votos de Fermín Paul, Ramírez62, Juan López
Constante y Tomás Murphy63. A estos se añadieron los de los peninsulares Guillermo Oliver, por
la provincia de Cataluña y Pedro Antonio Cosío, diputado por Granada. Estos diputados que tal
vez votaron a favor de los americanos y en contra de su expulsión, no fueron suficientes para mantener a una parte de la representación. Tampoco salieron a defenderlos en los discursos.
Así se cerraba el capítulo de la representación supletoria americana en las Cortes que
venía desde el año 1810 y que terminaba con la declaración de expulsión de los suplentes en
61. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 23 de septiembre de 1821, p. 18.
62. No sabemos si se trata de José Miguel Ramírez, diputado por Guadalajara en México, o de Francisco María Ramírez, diputado por Oaxaca. A pesar de ello, nos inclinamos a pensar que se trata de José Miguel Ramírez por su
activa participación en otros debates.
63. A estos votos se añadieron, al día siguiente hasta otros 30 más de americanos en contra de las resoluciones de la
junta. Lo que significa que seguramente no habían estado presentes en la discusión del día anterior. DIARIO DE
SESIONES DE CORTES, 24 de septiembre de 1821, p. 23.
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LA CUESTIÓN NACIONAL AMERICANA EN LAS CORTES DEL TRIENIO LIBERAL, 1820-1821
septiembre de 1821. A partir de entonces, muchos diputados americanos ya no tendrán lugar
en el Congreso y marcharán a sus países de origen para formar parte de la construcción de los
estados independientes. La historia común entre España y México toma caminos diferentes a
partir de este momento. De hecho, el 3 de octubre avisaba Ramos Arizpe a la Cámara de que
hacía uso de su licencia y por lo tanto, marchaba a México. Una semana después se concedía
la licencia a Francisco Molinos del Campo, diputado por México «para restablecer su salud»
y el 17 de octubre a Lorenzo Zavala, también por los mismos motivos. Lo más granado del
novohispanismo se iba de las Cortes. Los suplentes expulsados fueron enviando oficios en los
que declaraban darse por enterados de la resolución de la segunda junta preparatoria del día
23 de septiembre64. En general, los novohispanos aguantaron hasta el final de la legislatura
extraordinaria y en febrero de 1822 comenzaron a salir hacia su país donde el primer Congreso
Constituyente abriría sus puertas el 24 de febrero de ese año65.
Tercer asalto. Del federalismo a la independencia
La legislatura extraordinaria comenzó con el tema de la división del territorio español, en
cuya comisión no se encontraba ningún americano y por lo tanto, se restringía al territorio
peninsular, al menos de momento. Se trató del proyecto de beneficencia, de la milicia y parecía que nunca iba a llegar el día en que se tratara el tema de las medidas necesarias para
acabar con la guerra en América. Finalmente fue Fermín Paul quien el 26 de octubre planteó la cuestión. Ante la tardanza del Gobierno en emitir un dictamen sobre el tema Paul
proponía que se presentara el ministro para dar cuenta de las medidas oportunas.
Lucas Alamán tomó la palabra para rebatir la propuesta de Paul. Alamán insistía en
que las Cortes ya habían hecho todo lo posible para que este tema se tratara con rapidez
y que era responsabilidad del Gobierno el retraso que sufría. Reconocía, sin duda, la importancia del asunto pero dudaba de la necesidad de volver a reclamar al ministro de Ultramar
su presencia. ¿Cuál era la intención del novohispano? ¿Acaso daba por perdido el tema americano en las Cortes? Seguramente conocía ya las noticias de los tratados firmados en Córdoba entre Iturbide y O’Donojú y ya preparaba su viaje a México para incorporarse como
diputado por Guanajuato al Congreso Constituyente. La situación en Nueva España era
diferente a la de 1810 cuando estalló la insurgencia de Hidalgo, la experiencia parlamentaria
anterior y las bases constitucionales habían dado a los nvohispanos la libertad respecto a la
administración colonial. Sin embargo, algo había cambiado. La frustración autonómica había
desembocado en un deseo de independencia sentado sobre las bases del constitucionalismo
64. Así lo hicieron Magariños y Couto el 3 de octubre y Juan N. San Juan el 4 del mismo mes. DIARIO DE SESIONES
DE CORTES, 3 de octubre de 1821, p. 90 y 4 de octubre de 1821, p. 100.
65. El 11 de febrero obtenían licencia para irse el Marqués del Apartado, Fagoaga, Cabarcas, Murphy y Mora, al día
siguiente Cortázar, conde de Alcaraz, Sánchez Pareja y Guerra, y el día 13 La-Llave y Vargas. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 11, 12 y 13 de febrero de 1822.
149
IVANA FRASQUET
hispano desarrollado en Cádiz. Ése era el «seductor» plan iturbidista al decir de Juan Esteban Milla:
«... la insurrección de Nueva España es como he dicho de distinto carácter que las anteriores.
Iturbide, por más que se diga, es preciso confesar que tiene allí mucha opinión: en la actualidad no
hay allí escenas de sangre ni de horror, no hay contrariedad, no hay más que deseos de independencia. Iturbide ofrece conveniencias, presenta bases muy liberales, ofrece que todos entrarán en el
goce de sus derechos, y promete a los eclesiásticos dejarlos en pacífica posesion de sus bienes; y en
fin, presenta las bases más interesantes»66.
Contra los americanos, un antiguo doceañista, evolucionado hacia posturas algo
más conservadoras, tomó la palabra. Era el conde de Toreno 67. Insistía en que el plan
iturbidista era una vuelta a los privilegios del Antiguo Régimen y que ese tipo de independencia no debería ser abrazado por los americanos. El voto americano estuvo dividido, mientras algunos consideraban que era necesario seguir insistiendo al Gobierno acerca
del asunto, casi la mitad de la diputación votó en contra. Finalmente, la propuesta de
Paul fue admitida por 78 votos contra 77 en una votación discutidísima tal y como
muestra el resultado final.
La legislatura extraordinaria pasó a otros temas hasta que la comisión de ultramar
presentó sus trabajos acerca de las medidas para pacificar las provincias americanas. El
dictamen se comenzó a discutir el día 27 de enero y planteaba el nombramiento de comisionados para que se presentaran a los gobiernos americanos a escuchar sus propuestas y
transmitirlas a las Cortes.
Fue Francisco Golfin, diputado por Extremadura y un histórico liberal de las Cortes
de Cádiz68, quien presentó una propuesta acerca de la pacificación de las Américas redactada por Miguel Cabrera de Nevares. A éste le había sido encargada por el ministro de
Ultramar la elaboración de una memoria sobre el estado de la insurgencia en América y las
medidas que debían adoptarse para su solución. Cabrera era un famoso liberal que había
sido perseguido durante los seis años de gobierno absolutista que siguieron a la disolución de
las Cortes en 181469. En una carta explicó detalladamente las razones por las cuales creía que
el dictamen de la comisión era ineficaz y perjudicial, para pasar a presentar un proyecto de
tratado. En él se establecían claramente las bases para la organización de una ¡confederación
hispanoamericana! En su exposición, Cabrera, daba por supuesto el deseo de independencia
66. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 26 de octubre de 1821, p. 393.
67. Sobre la figura de este diputado, véase Joaquín VARELA SUANZES-CARPEGNA. «Estudio preliminar». En: José María
Queipo de Llano, conde de Toreno. Discursos parlamentarios. Oviedo: Junta General del Principado de Asturias,
2003. (Estudio preliminar y selección de Joaquín Varela Suanzes-Carpegna).
68. Fue Golfin quien en las discusiones sobre el artículo 3º de la Constitución se atrevió a llamarse a sí mismo jacobino en la Cámara de diputados. Sobre esta intervención véase Manuel CHUST; Ivana FRASQUET. «Soberanía,
nación y pueblo en la Constitución de 1812». Secuencia (México). 57 (2003), p. 39-60.
69. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 14 de noviembre de 1821, p. 759.
150
LA CUESTIÓN NACIONAL AMERICANA EN LAS CORTES DEL TRIENIO LIBERAL, 1820-1821
de los territorios americanos y no contemplaba otra medida que no fuera el reconocimiento por parte peninsular de esa emancipación de hecho que ya poseían algunas zonas. Consideraba que enviar comisionados era tarea inútil, por el largo tiempo que tardarían en llegar y emitir su juicio y porque los gobiernos americanos habían «jurado no entrar en
ningún género de transacción con España ni recibir a ningún enviado que no vaya autorizado expresamente para reconocer su independencia». Cabrera desvelaba las noticias que ya
todos sabían. Los Tratados de Córdoba firmados entre Iturbide y O'Donojú habían sido
enviados al gobierno español y se tenía claro conocimiento de lo que en ellos se demandaba. Veamos el razonamiento de Cabrera:
«Es una inconsecuencia, a mi entender, que después de no haber nosotros querido escuchar
en Madrid a los comisionados de Bolívar, y haberlos expulsado de nuestro territorio cuando venían
a decirnos sus pretensiones, se manden ahora comisionados a escucharlos en América. Es todavía
más de notar que habiendo venido en estos últimos dias, y hallándose en la presencia de las Cortes
los tratados remitidos por el capitán general O'Donojú, en los cuales se ponen de manifiesto las
pretensiones de Nueva España, se manden comisionados a aquel país para preguntar qué es lo que
desean»70.
La pérdida del control marítimo, el reconocimiento de otras potencias extranjeras y las
consecuentes relaciones comerciales que esto podría tener, el peligro de los caudales peninsulares en tierras americanas devastadas por la guerra, etc. Estos inconvenientes se resolverían
con la aprobación del proyecto que era necesario llevasen consigo los comisionados.
Artículo primero. En él se reconocía la independencia en aquellas provincias americanas donde ya se hallaba establecida de hecho. ¡Qué atrevido el liberal! De este punto se
excluían las islas, tanto las antillanas como las filipinas. Una a una iba desgranando las condiciones para entablar las relaciones entre la península y las provincias independientes: la paz,
la igualdad de derechos, los tratados comerciales, etc. El proyecto contemplaba el establecimiento de congresos representativos que debían elaborar las peticiones que estos países tuvieran. Retirar la fuerza armada y devolver las propiedades confiscadas a los españoles eran otras
de las exigencias que se incluían. Finalmente, el artículo 14 establecía una «confederación
compuesta de los diversos estados americanos y la España, y se titulará Confederación Hispano-Americana; debiendo ponerse a su cabeza el Sr. D. Fernando VII con el título de Protector de la Gran Confederacion Hispano-Americana y siguiéndole sus sucesores por el orden
prescrito en la Constitución de la monarquía». El tratado concluía con la previsión de reunirse un Congreso federal en Madrid en el que se tratarían los intereses generales de la confederación y permitía el establecimiento de constituciones particulares en cada uno de los
estados miembros. Impresionante. Del autonomismo novohispano que planteaba sutilmente un sistema federal se pasaba a la propuesta abierta de ¡una confederación hispana!
70. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 27 de enero de 1822, p. 2022.
151
IVANA FRASQUET
Comenzó la discusión con la opinión moderada de la mano del conde de Toreno.
Planteó el problema central: el reconocimiento de la independencia de ciertos territorios
americanos. Es decir, ¿cuáles eran los países que había que reconocer como independientes
y cuáles no? ¿Incluía esto a aquéllos que ya planteaban la república como forma de gobierno? ¿Estaría dispuesto un rey absoluto, como lo era en el fondo Fernando VII, a reconocer
esta pérdida? Sabemos que no.
Toreno explicaba las razones para apoyar el dictamen de la comisión, puesto que en
caso contrario se trataría de tomar medidas de fuerza para frenar la guerra en América. Sus
palabras más duras fueron para O'Donojú a quien consideraba poco menos que un traidor
por haber traicionado a su nación y a su Gobierno frente a los insurgentes. Y sentenciaba:
«… esta acción indigna de un español, que yo nunca podré disculpar, sintiendo por el contrario mucho que las grandes acciones de un Cortés pudieran ser borradas por un O’Donojú»71.
Esta contundente y dura frase le costaría más de un reproche por parte de los americanos.
El 28 de febrero, Fernando VII nombraba el tercer Gobierno de esta etapa, encabezado, no casualmente, por Martínez de la Rosa en la cartera de Estado72.
Pero volvamos al escenario de las Cortes. El 12 de febrero emitió un nuevo dictamen
la comisión de ultramar acerca de la propuesta de adición hecha por el Gobierno. Básicamente se reducía a reproducir el anterior, estableciendo la nulidad de todos los tratados que
hasta entonces se habían celebrado –esto incluía los Tratados de Córdoba, por supuesto–
reconociendo la independencia. La comisión puntualizaba:
«Los comisionados podrán oír todas las proposiciones que se les hicieren para trasmitirlas a la
metrópoli, exceptuando aquellas que quitasen o limitasen de cualquier modo a los españoles europeos y americanos que residen en cualquiera parte de las provincias de ultramar la libertad absoluta
de trasladar y disponer de sus personas, familias y propiedades como mejor les convenga, sin oponérseles para ello ningun obstáculo ni medida que resulte en menoscabo de sus fortunas»73.
A este dictamen, Moscoso y Toreno, miembros de la comisión, presentarán un voto
particular de gran importancia para los americanos. Veamos. Los diputados peninsulares no
sólo acusarán de traidor a O'Donojú y considerarán nulos todos los actos relativos al reconocimiento de la independencia que éste había realizado en Nueva España, sino que se atreverán a ¡cuestionar la legitimidad de los diputados americanos que se encuentran en las
Cortes representando a las provincias disidentes! Leamos el Diario de Sesiones:
71. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, p. 2027.
72. Según el biógrafo del conde de Toreno (Leopoldo Augusto de CUETO. «Don José María Queipo de Llano, Conde
de Toreno». En: Conde de Toreno. Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, Madrid: BAE, t. LXIV,
Atlas, 1953, p. V-LIV.), fue en él en quien pensó Fernando VII para presidir este gobierno, pero el conde se negó
a semejante nombramiento. La descripción de estos sucesos en Joaquín VARELA SUANZES-CARPEGNA. «Estudio
preliminar» [67], p. CXXIV. El nuevo gobierno era de carácter moderado y sus miembros eran conocidos con el
nombre de «anilleros», por formar parte de una sociedad secreta profundamente reaccionaria –llamada «El anillo
de oro»– que acabará dominando todo el país. Alberto GIL NOVALES. Las sociedades patrióticas… [1].
73. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 12 de febrero de 1822, p. 2273.
152
LA CUESTIÓN NACIONAL AMERICANA EN LAS CORTES DEL TRIENIO LIBERAL, 1820-1821
«Las provincias de América, que declarando su independencia se han sustraído a la obediencia de la madre patria, han manifestado por este mismo hecho la resolución de gobernarse por sí
mismas, y han renunciado al derecho de intervenir en la formacion de las leyes que deben regir a la
metrópoli. La legitimidad de los representantes de ésta, como la de todas las naciones, no tiene otra
base que la voluntad de sus comitentes, expresada del modo que determine su Constitución; y estando manifestada en contrario la de los habitantes de varias provincias de ultramar, no pueden los
diputados de las que se hallan en este caso ser admitidos en las Cortes, a lo menos mientras los pueblos a quien representen no vuelvan a reconocer la supremacía del Gobierno de la nación...»74.
Pero, ¿qué era lo que se atrevían a declarar? Ni más ni menos que ¡la expulsión de los
diputados americanos por aquellas provincias que se habían declarado independientes,
cuestionando la legitimidad de estos representantes en las Cortes! Podemos imaginar el
impacto de esta propuesta en la Cámara. El ataque directo a los americanos tendrá su respuesta en la discusión subsiguiente a la lectura de los votos particulares y, aunque posteriormente será retirada por los autores de la misma, se verá cumplida por la propia voluntad
de los diputados americanos que irán abandonando las Cortes a partir del mes de febrero
de 1822 y la siguiente legislatura. Los únicos que iban a quedar al inicio de la legislatura
ordinaria serían los cubanos, filipinos y puertorriqueños.
A continuación tomó la palabra Juan Romero Alpuente para poner un poco de orden
al cruce de acusaciones que se estaba dando en la Cámara. El aragonés, conocido por su pertenencia al grupo «exaltado» de los liberales75, defendió el dictamen de la comisión como el
único medio posible de hallar una solución al problema. Desmentía que se estuviera
hablando de independencia y, en cierto sentido, aceptaba que tal vez era inevitable. Al decir
de Romero Alpuente:
«Si quieren seguir formando una misma familia, fácilmente nos podremos avenir; si quieren exigir ciertas condiciones, se podrán examinar para asegurar nuestro bien y el suyo; si quieren, por fin, la
independencia, consultaremos nuestra situación y la suya [...] Se dice que la Constitución se opone a
cosas de esta naturaleza; pero, qué, ¿la Constitución pudo prever y fijar lo que no se puede remediar?»76.
El siguiente diputado en intervenir fue el novohispano Lucas Alamán. El de Guanajuato rebatió todos los argumentos de sus predecesores en el turno de palabra y admitió que
los comisionados debían ser enviados con las facultades necesarias para escuchar todo tipo
de proposiciones. En su discurso atacó el voto particular que habían presentado Moscoso
y Toreno pues, para el guanajuatense, el Tratado de Córdoba protegía y aseguraba «la fortuna
y las personas de los españoles establecidos en aquellas provincias», ¿por qué pues había que
74. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 12 de febrero de 1822, p. 2275.
75. Romero Alpuente fue uno de los dirigentes del nuevo movimiento conocido como la Comunería de tendencia
democrática y liberal que se separó de la masonería pero que, según Gil Novales, no contenía un elemento jacobino en sus filas. Alberto GIL NOVALES. El Trienio liberal… [1], p. 25-26.
76. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 12 de febrero de 1822, p. 2279.
153
IVANA FRASQUET
declararlo ilegal? Reconocía el diputado que en Nueva España no existía ningún tipo de anarquía, sino que había un gobierno, considerado ilegítimo, tal vez, pero gobierno al fin y al cabo.
Alamán expresaba el componente criollo de la revolución de independencia en Nueva España, resaltando la necesidad de que los enviados fueran dispuestos a escuchar todas
las propuestas que se les presentaran. Sería, cómo no, el conde de Toreno quien respondiera
al discurso del novohispano. Toreno atacó directamente la intervención que Alamán había
realizado acerca del reconocimiento de los Tratados de Córdoba e incluso se atrevió a insinuar que los diputados americanos que defendían la independencia debían salir de las Cortes cumpliéndose así la cuarta proposición del voto particular que había presentado. ¿Qué
pretendía con esto el diputado? ¿Realmente pensaba que se podía mantener unido el continente americano si se decretaba la expulsión de los diputados por las provincias disidentes? ¿O acaso sólo era una amenaza para que los americanos rectificasen en sus opiniones?
Nos inclinamos a pensar que esta última era la estrategia del grupo moderado que intentaba
mantener a toda costa América unida a la península. Reproducimos las duras palabras que
Toreno dedicó a Alamán en su discurso por parecernos que muestran el clima de tensión
y crispación que esta discusión estaba creando en las Cortes:
«Esto me hace creer que es tanto mas necesario que se apruebe la cuarta medida que propone el voto particular; porque es absolutamente imposible que personas que están tan completamente persuadidas de la independencia de la América, que no sólo la den por verificada, sino que crean
que no haya poder humano que lo pueda evitar, deliberen con frialdad y con la debida imparcialidad sobre materias que exigen algunas medidas que están en contradicción con sus intereses»77.
No podía decirlo más claro el asturiano. Los diputados americanos defendían abiertamente la independencia de las provincias ultramarinas y con ello sus intereses particulares. No debemos olvidar que muchos de ellos eran representantes del criollismo novohispano y que formarán parte de los congresos mexicanos a partir de 1822.
La discusión continuó. Guillermo Oliver, diputado por Cataluña, declaraba las «ventajas» de los Tratados de Córdoba frente a otros tratados. En efecto, el estado que nacía independiente en Nueva España lo hacía bajo la condición de conservar una monarquía en manos
de Fernando VII, lo cual significaba reconocer todavía lazos de unión entre el nuevo estado
mexicano y la península. Al menos, México no era una república, venía a insinuar el diputado.
Además, las propuestas americanas del año 1821 acerca de una mayor autonomía y división de
las Cortes en tres secciones ultramarinas, salieron de nuevo a relucir. Oliver recordó que si se
hubiesen adoptado estas medidas no hubiera sido con el ánimo de reconocer la independencia
de aquellas provincias, sino, en sus propias palabras, «de lo único que se ha tratado y se trata,
es como he dicho, de dar a aquellas provincias una nueva forma de gobierno con arreglo al
art. 13 de la Constitución». ¿Se estaba refiriendo, sin nombrarlo, al federalismo? ¿Se trataba de
77. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 12 de febrero de 1822, p. 2282.
154
LA CUESTIÓN NACIONAL AMERICANA EN LAS CORTES DEL TRIENIO LIBERAL, 1820-1821
una «nueva forma de gobierno», o en realidad estaba confundiendo gobierno con estado? ¿No
estaban hablando de una nueva forma de estado, el federal, manteniendo la misma forma de
gobierno, la monarquía? La confusión no nos parece gratuita, es más, creemos que es una
manera de evitar la discusión acerca del tema federal que tantos enfrentamientos había costado en las Cortes desde 1810.
Lucas Alamán, de nuevo en la tribuna. En un discurso largo y brillante hizo referencia
a la controvertida decisión de aquella comisión especial de ultramar que no emitió ningún
dictamen acerca de las proposiciones americanas sobre las secciones de Cortes. Y que, además,
reconoció que los ministros habían vertido opiniones favorables al proyecto novohispano. El
mexicano inquirió directamente a las Cortes acerca de este asunto. Veamos lo que dijo:
«Yo hubiera querido saber entonces, y lo deseo todavía, cuáles fueron los fundamentos que
tuvo el ministerio para afirmar que la opinión no estaba aún preparada en ultramar para una medida definitiva. Si hemos de atender a los hechos, estaba tan preparada, como que al mismo tiempo que
se dudaba de esta preparacion en Europa, se estaba verificando allí una revolución prodigiosa...»78.
La pregunta estaba clara. Si no estaba preparada la opinión para recibir las medidas que
proponían los novohispanos, ¿cómo se había podido hacer la revolución? Pero no sólo eso,
Alamán confirmaba lo que algunos historiadores79, superando la visión de la historia oficial
en México, han afirmado en sus investigaciones: la insurgencia no era la que había llevado
a la independencia de México, sino los líderes criollos que, tanto en el ejército como en la
política, habían defendido en algún momento la autonomía y la unión con la península. Evidentemente, 1821 no era lo mismo que 1810, ni en Nueva España ni en la península.
Intervino Pablo La-Llave. Era el último día de sesiones. Los americanos habían sido acusados, desde las Cortes de Cádiz, de haber mantenido la cohesión y las ideas del grupo, de
haber votado en conjunto algunas propuestas para conseguir así la autonomía que deseaban.
Defendió esta postura La-Llave demostrando que el grupo americano siempre había abrigado
ideas de libertad y mostró a la Cámara un libro en el que se probaba que desde el 28 de junio
del año 1810 «sesenta y tantos americanos, entre ellos los malogrados Megía y Terán, firmaron una solicitud, en que pedían: primero, Cortes; segundo, libertad de imprenta; tercero,
declaración de la soberanía nacional»80. Concluía su discurso pidiendo que no se votaran las
proposiciones de Moscoso y Toreno.
78. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 13 de febrero de 1822, p. 2296.
79. Jaime E. RODRÍGUEZ O. «La transición…» [15], del mismo autor, «Las primeras elecciones constitucionales en el
Reino de Quito, 1809-1814 y 1821-1822». Procesos (Quito). 14 (1999), p. 3-52. Más recientemente, «Rey, religión, yndependencia y unión»: el proceso político de la independencia de Guadalajara. México: Cuadernos de Secuencia, 2003 y «Las elecciones a las Cortes Constituyentes mexicanas». En: L. Caradaillac; A. Peregrina (coords.).
Ensayos en homenaje a José María Muriá. Guadalajara: El Colegio de Jalisco, 2003, p. 79-110. Véase también algunos de los trabajos contenidos en Virginia GUEDEA (coord.). La independencia de México… [22].
80. DIARIO DE SESIONES DE CORTES, 13 de febrero de 1822, p. 2306. En el Diario de Sesiones de Cortes no aparece
el título del documento que enseñó el diputado La-Llave, sólo dice que «mostró un libro», probablemente sería un
tomo del propio Diario donde estaban publicadas las reivindicaciones de los americanos.
155
IVANA FRASQUET
Ante la directa alusión que La-Llave había hecho hacia su persona, Moscoso tomó la
palabra para declarar la independencia como anticonstitucional puesto que afirmó que los
territorios de América eran tratados como colonias antes de que se sancionara la Constitución. Por lo tanto, el intento de separación de una parte, ya integrante de la monarquía,
debía ser considerado como anticonstitucional. Pero Moscoso todavía se atrevió a más.
Haciendo gala de su conservadurismo insistió en que la propuesta que a él le hubiera gustado
hacer era la siguiente: «que las provincias de ultramar que se han declarado independientes,
o desobedecen al gobierno de la metrópoli, vuelvan a ser regidas por el mismo sistema por
el cual se gobernaban antes de publicarse la Constitución». Sin duda, toda una provocación
hacia la diputación americana que escucharía atónita semejante declaración. Todavía tuvo
tiempo el diputado para mostrar, en un alarde de filantropía y delicadeza, según sus propias palabras, que se retiraba el artículo referente a la exclusión de los diputados americanos. No dio más de sí la discusión. Tan sólo Alamán se atrevió a apuntar que las provincias
de ultramar nunca habían sido consideradas colonias, sino que tenían sus propias leyes de
Indias y formaban parte de la Corona de Castilla.
A continuación, se votaron las proposiciones. Tampoco ésta fue una votación nominal, así que desconocemos las inclinaciones de cada diputado. Se aprobaron las tres primeras, y como habían manifestado los miembros de la comisión, se retiró la cuarta. De este
modo, un día antes de terminar la legislatura extraordinaria, lo único que se había resuelto
en la cuestión americana era la declaración de nulidad del Tratado de Córdoba y el envío
de comisionados a América. La frustración americana será más que evidente y su permanencia en las Cortes españolas ya no tendrá ningún sentido para ellos.
Conclusión
El proceso de independencia mexicana no comienza, como la mayor parte de la historiografía ha planteado, en 1821 sino que sus orígenes se pueden encontrar en los planteamientos autonomistas que los diputados novohispanos hicieron a las Cortes hispanas,
tanto las de 1810-1814 como las de 1820-1823. Los americanos, especialmente los
novohispanos, plantearon sus aspiraciones autonomistas en 1820, un momento en el que
todavía era posible el triunfo de la construcción del Estado-nación hispano. Para ello intentaron una y otra vez que las Cortes aprobaran sus propuestas autonomistas, las cuales les llevarían a la consecución de su independencia a través del federalismo.
En este trabajo hemos intentado demostrar cómo ese posibilismo todavía era real en
1820 y cómo irá transformándose en una carrera sin vuelta atrás hacia la independencia.
Con todo, las propuestas americanas en las Cortes del Trienio Liberal formaron parte del
bagaje parlamentario que más tarde aplicarían los mexicanos en su propia Constitución de 1824.
Una parte de esta tradición parlamentaría partía de Cádiz y del intento de crear un Estadonación de parámetros transoceánicos desde 1810.
156
LA CUESTIÓN NACIONAL AMERICANA EN LAS CORTES DEL TRIENIO LIBERAL, 1820-1821
El liberalismo mexicano que aflora en la primera república federal es la consecuencia
de este pasado hispano, liberal y revolucionario. La frustración americana ante la negativa
de las Cortes de entender su autonomía llevará a éstos a aplicar su liberalismo en sus propios estados, pero ya independientes.
157
La independencia
y las nuevas naciones
La Ciudad de México. De la articulación
colonial a la unidad política nacional,
o los orígenes económicos de
la «centralización federalista»
MANUEL MIÑO GRIJALVA
L
a posición más aceptada sobre los momentos previos a la conformación del Estado en
México da por supuesto el hecho de que en las últimas décadas del siglo XVIII el feudalismo habría producido una desarticulación general, consecuencia de la cual se produjeron «autonomías» regionales, casi autárquicas, las cuales, de manera mecánica desembocarían en la formación de entidades federales y consecuentemente de un nuevo país. También
se ha postulado que, en los debates para definir el proyecto federal o central de organización del sistema político, triunfó el federalismo porque representó la mejor opción para las
ciudades y centros urbanos pequeños que lucharon contra la hegemonía de las grandes ciudades y capitales virreinales que esperaban continuar con el dominio y subordinación de las
menores1.
Sin embargo, pueblos o ciudades, mayores o menores, tuvieron un proceso de crecimiento, por lo que el objetivo es saber cómo es que estos llegaron a ser determinantes de
esta situación y la explicación más idónea es que la multiplicación y crecimiento urbano
estuvo acompañado de una economía en crecimiento, por lo menos en el siglo XVIII y muy
lejos de la desarticulación y aislamiento económico. Así, cuando analizamos la compleja
situación por la que atravesó el primer federalismo y las condiciones de inestabilidad con
las provincias, la conclusión es que no fue por milagro o por causas fortuitas la recuperación de la autoridad del gobierno general, ésta se explica por la fuerza histórica de la Ciudad de México. Sin duda a Guadalajara le faltó tiempo para constituirse como cabeza de un
país, mientras que la Ciudad de México desde el siglo XVI había dado coherencia y cohesión a Nueva España, dotó al nuevo país de identidad como cabeza del reino, y de fortaleza a una elite que de manera permanente articulaba sus redes al interior del virreinato. Esto
1. José Carlos CHIARAMONTE. «Constitución y naturaleza de los poderes regionales». En: Josefina Z. VÁZQUEZ;
Manuel MIÑO GRIJALVA (coords.). La construcción de las naciones latinoamericanas 1820-1870. Madrid: Ediciones
UNESCO, Editorial Trotta, 2003, p. 150. (Historia General de América Latina; VI). Sobre las tensiones urbanas
véase José Antonio SERRANO. Jerarquía territorial y transición política. Guanajuato 1790-1836. Zamora: El Colegio de Michoacán, Instituto Mora, 2001.
161
MANUEL MIÑO GRIJALVA
fue posible por el consecuente crecimiento de las ciudades y pueblos –en su debida proporción y límites–, hecho que significó también el fortalecimiento de su funcionalidad
a través de éstos que se constituyeron no solo como unidades de articulación económica
sino que, además, fueron la base de un nuevo tipo de educación y pensamiento.
Las evidencias de que por lo menos en la segunda mitad del siglo XVIII, seguramente antes, se muestra clara la presencia de una mayor fortaleza regional2, con nítidos rasgos
de identidad, caracterizada por una articulación interregional económica, cultural e ideológica nos pone ya en guardia de que estos procesos deben ser analizados con mayor detenimiento, pues esta fortaleza reconoció más bien una red articulada de centros urbanos mayores y menores y no necesariamente una fragmentación. De todas formas, la historia final es
que los centros urbanos tradicionales como México, y si nos extendemos un poco más,
Lima, Santafé, Río o Caracas continuaron ejerciendo una centralidad aparentemente negada, restringida o limitada por la regionalización de los nuevos estados sean éstos centrales
o federales.
Así, la propuesta de este ensayo es que en el caso novohispano, el fortalecimiento
«regional» que pareciera formalizarse administrativa y políticamente con las reformas y las
intendencias, y concluir con las diputaciones provinciales y la creación de las entidades
federativas, lejos de implicar una segregación fue la mayor expresión de centralización
–directa o indirecta– por parte del estado español y su representación colonial acompañada, económicamente, por el crecimiento en los flujos comerciales y el intercambio.
Los últimos cuarenta años anteriores a la independencia se caracterizaron por una mayor
articulación y comunicación, hecho que tendría efectos definitivos para la vida política
nacional. La regionalización hispanoamericana sin duda se define desde el siglo XVI,
pero esto no quiere decir que sea identificable con aquella del siglo XVIII y peor aún
con la del XIX, porque los procesos y contextos en los que se producen son diferentes
y porque la conformación regional cambió históricamente. En este orden de cosas, tampoco hay que confundir la existencia de divisiones territoriales, demarcaciones de tipo
básicamente administrativas, que siempre hubo, con la expresión territorial del sistema
político que implicó el funcionamiento de elementos tanto económicos como sociales,
e incluso de identidad. Lo regional –entendido geográfica y socialmente– es una condición básica de cualquier proceso social e histórico, pero es necesario superar su determinismo y recobrar aquello que es construcción social e histórica. Se trata, pues, de explicar
aquí los orígenes económicos del centralismo mexicano ante la aparente contradicción del
federalismo.
2. Brian R. HAMNETT. «Absolutismo ilustrado y crisis multidimensionales en el período colonial tardío, 1760-1808».
En: Josefina Z. Vázquez (coord.). Interpretaciones del siglo XVIII mexicano. El impacto de las reformas borbónicas.
México: Nueva Imagen, 1992, p. 67-108; Horst PIETSCHMANN. «Protoliberalismo, reformas borbónicas y revolución: la Nueva España en el último tercio del siglo XVIII». En: Josefina Zoraida Vázquez (coord.). Interpretaciones del siglo XVIII… [2], p. 27-65. Una visión amplia y detallada puede verse en Josefina Zoraida VÁZQUEZ. El
establecimiento del federalismo en México (1821-1827). México: El Colegio de México, 2003. En el mismo libro
«A manera de introducción», p. 17.
162
LA CIUDAD DE MÉXICO. DE LA ARTICULACIÓN COLONIAL A LA UNIDAD POLÍTICA NACIONAL...
Si miramos el problema de la constitución nacional con el prisma «colonial», en el origen subyace un segmento primero y fundamental que explicará la consecuente definición
territorial de Nueva España y es el constituido por una clara estructura urbana regida por
una jerarquía no sólo espacial, sino política en el ordenamiento y funcionamiento de los
territorios con sus zonas de influencia. Sin esta primera formación de entidades y sujetos
que se plasmaron en las ciudades y los pueblos, consecuentemente en los cabildos y municipios, no se puede explicar la articulación de entidades mayores como las intendencias
o las diputaciones provinciales; es decir, no sólo hablo de la existencia de ellos sino de su
configuración final en una red urbana jerarquizada y, luego, de sus vinculación económica e integración social. No hay duda de la existencia de una jerarquía urbana dominada por ciudades mayores que ordenaron y dieron sentido a la multiplicación de pueblos
y ciudades menores, que actuaron, en conjunto para definir entidades mayores, particularmente provinciales o estatales, conjunto que no era sólo físico y arquitectónico, sino
principalmente cultural, social y económico. Así, fueron los centros urbanos y protourbanos –como los he denominado a aquello que cumplían con funciones de ciudades aunque su dimensión y estatuto fuera diferente– los que dieron vida a identidades locales
y regionales y fueron también la base en torno a la que funcionaron los nuevos actores
políticos. Se entenderá que en este punto lo regional es un nivel que interactúa con el
jurisdiccional y carece de importancia, pues sólo sirve para definir elementos antropológicos o culturales. Así, si rescatamos por una parte el elemento mercantil de la articulación y organización del sistema «colonial» tendremos que aceptar que en primera instancia
está dirigida a los centros urbanos, para luego acceder a los mercados locales o protourbanos y, finalmente, al mercado propiamente rural, dominado por la propiedad agraria, en
este caso, haciendas o ranchos. No se trata de sostener la existencia de un mercado unificado ni una economía nacional.
El clima económico general
Si actualmente sabemos algo de cierto y definitivo es que particularmente durante la segunda mitad del siglo XVIII el mundo de la economía tuvo como eje central la fuerza articuladora de la Ciudad de México. Sabemos que:
«… en el antiguo sistema de administración –anterior a 1786– no se nota ninguna descentralización independiente en ningún ámbito en el que estas fuerzas pudiesen haber surtido efecto.
Ni en Nueva España ni en las Indias en general había poderes estamentales, y hasta las dos entidades feudales –el marquesado del Valle y el ducado de Atlixco– estaban completamente sometidas al
control de la Corona. Tampoco había ningún autogobierno representativo independiente de la central, ya que los miembros del cabildo debían [...] ser designados por el rey; además estas corporaciones estaban sujetas a las órdenes de la administración estatal».
163
MANUEL MIÑO GRIJALVA
Como lo estuvieron los otros virreinatos3. Y en la economía está perfectamente probado su alto nivel de articulación mercantil.
La historiografía política está de acuerdo, sin embargo, en que el funcionamiento del
grupo mercantil tuvo innumerables fisuras. En primer lugar, las medidas adoptadas por el gobierno metropolitano a partir de 1765 dividieron a los peninsulares y debilitaron su
posición. Para los grandes comerciantes y sus correspondientes, las reformas representaron una pérdida de confianza en el gobierno metropolitano. Las divisiones dentro de las
filas de los peninsulares ocurrían al mismo tiempo en que tampoco los criollos estaban
unidos. Políticamente, sin embargo, estas diferencias no indican nada más que procedencia. La elite española-mexicana se componía de americanos y españoles con intereses predominantemente mexicanos, pero que de manera cada vez más frecuente, a partir de 1765, su posición fue desafiada por la nueva política metropolitana. Así, el
corazón de esta elite constituida por los grandes comerciantes, cuyo papel en la economía y sociedad de Nueva España era fundamental4, fue insistentemente relegado y constituyó sin duda una oportunidad para aquel comerciante independiente pequeño o provinciano que participaba de manera indirecta de los lazos de reciprocidad y redistribución
gremial.
Viejos y nuevos actores mercantiles entraron a escena, sin que las posiciones políticas
tuvieran una manifestación concreta ni repercutieron en la ampliación del mercado. Por
ello se acepta que la historiografía económica actual proporciona más una idea de integración de Nueva España que de aislamiento. Los mercados locales y regionales se encontraban articulados a través de una compleja red territorial y comercial tanto de carácter interno como internacional. El caso del transporte del tabaco a lo largo del reino muestra
perfectamente sus ramificaciones5. Este diseño no implicó nunca la negación de los grupos
regionales que a la larga formarán parte de los actores políticos con ideas e intereses muy
definidos sobre su destino político.
Evidentemente toda la articulación sólo fue posible gracias a un ambiente de crecimiento económico a pesar de crisis agrarias y de subsistencias propias del Antiguo Régimen
que impactaron en los sectores rurales y en los más pobres de las ciudades. El que la inflación en una economía preindustrial fuera de apenas el 2 por ciento como máximo habla del
3. Horst PIETSCHMANN. «Protoliberalismo…» [2], p. 40-41.
4. Brian HAMMETT. «Absolutismo ilustrado…» [2]; David C. BRADING. Mineros y comerciantes en el México borbónico. México: Fondo de Cultura Económica, 1975; y los siguientes trabajos: Linda GREENOW. Credit and socioeconomic change in colonial Mexico: loans and mortgages in Guadalajara, 1720-1820. Colorado: Westview Press,
1983; John E. KICZA. Colonial entrepreneurs: families and business in Bourbon Mexico City. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1983. (Edición en español: Empresarios coloniales. Familias y negocios en la Ciudad de
México durante los Borbones. México: Fondo de Cultura Económica, 1986). Richard LINDSAY. Haciendas and economic development. Guadalajara, México, at Independence. Austin: University of Texas Press, 1983; G. P. C.
THOMSON. Puebla de los Angeles: industry and society in a Mexican city (1700-1850). Boulder: Westview Press,
1989, y Eric Van YOUNG. Hacienda and market in Eighteenth Century Mexico: the rural economy of the Guadalajara región, 1675-1829. Berkeley: University of California Press, 1981.
5. Clara Elena SUÁREZ. Camino real y carrera larga. La arriería en Nueva España durante el siglo XVIII. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1999.
164
LA CIUDAD DE MÉXICO. DE LA ARTICULACIÓN COLONIAL A LA UNIDAD POLÍTICA NACIONAL...
éxito de su economía. Cálculos recientes muestran, por lo demás, que las tasas de crecimiento posibles fluctúan entre el 1,25 y el 3,50 por ciento gracias al peso de la producción
minera, aunque ésta presente un ritmo descendente y conflictivo al terminar el siglo. No
pasa desapercibido el hecho de que en términos del crecimiento per cápita esta tasa fuera
sorprendente, por la sencilla razón de que eran tasas de crecimiento superiores a las observadas para los países europeos entre los siglos XVI y XVIII6. Entre 1500 y 1820 Maddison
calcula la tasa de crecimiento del PIB mundial por habitante. Marca para México una tasa
de 0,18 por ciento, superior a la España y Portugal que era de 0,13, apenas más alta que de
Austria, Dinamarca, Francia y menor que la de los Países Bajos y Reino Unido que eran
de 0,28 y 0,27 respectivamente7. Evidentemente estas cifras de Maddison –independientemente de que sean sus estimaciones correctas8– nos dicen que la tasa de crecimiento fue
mayor en Nueva España que en los países europeos anotados, pero esto no quiere decir
que el propio ritmo de crecimiento local no fuera susceptible de fluctuaciones al interior de
su propia economía, ni que el factor de este crecimiento, el producto minero, haya sido
invertido en actividades productivas al interior de la economía novohispana. De hecho no
hubo, al parecer, inversión productiva interna y más que la dinámica de crecimiento minero o no, el peso de la exacción fiscal fue el responsable del limitado crecimiento de la economía interna.
El comportamiento de la producción minera, por su parte, revela una tendencia al
alza, a pesar de que prestentó fluctuaciones y obstáculos serios al crecimiento del sector
y que ha sido anotado por varios especialistas. Ciertamente esta tendencia, como lo había
hecho notar Claude Morin, es «tímida, marcada por erupciones y depresiones»9.
Por razones de apoyos de la Corona al sector o por inversión privada, el crecimiento
es indudable. Se calcula que a partir de 1695 hasta 1809 la producción minera creció a un
promedio anual de 1,7%, crecimiento «respetable», aunque no regular y aparentemente
concentrado principalmente en el primer cuarto de siglo cuando creció en un promedio
anual de 3,2 por ciento. Entre 1740 y 1749 el salto sería hacia el 4,1 para luego bajar y recuperarse en un porcentaje mayor que el primer cuarto de siglo entre 1785 y 1794 cuando el
crecimiento alcanzó el 3,3 por ciento10 Estos son en realidad los momentos de mayor
6. Carlos A. PONCIO DE LEÓN. «Crecimiento económico en México, Siglo XVIII», p. 20 (inédito).
7. Angus MADDISON. La economía mundial. Una perspectiva milenaria. Barcelona: OCDE, Ediciones Mundi-Prensa, 2002, p. 264, cuadro B-22 y Carlos A. PONCIO DE LEÓN. «Crecimiento económico…» [6], p. 21.
8. La crítica a las cifras de Maddison tiene que ver con el hecho de que particularmente para el caso latinoamericano calcula un PIB nada más ni nada menos para el lapso 1000 y 1500 d. C. periodo en el que las sociedades más
desarrolladas del mundo aborigen latinoamericano apenas habían hecho su aparición en el escenario cultural por
lo cual los cálculos se antojan descabellados y de una total falta de criterio histórico. Véase Angus MADDISON. La
economía mundial… [7], cuadro 1-9, p. 46.
9. Claude MORIN. «Sentido y alcance del siglo XVIII en América Latina: el caso del centro-oeste mexicano». En:
Enrique Florescano (compilador). Ensayos sobre el desarrollo económico de México y América Latina, 1500-1975.
México: Fondo de Cultura Económica, 1979, p. 161.
10. John COATSWORTH. «La industria minera mexicana en el siglo XVIII». En: Los orígenes del atraso. Nueve ensayos de historia económica de México en los siglos XVIII y XIX. México: Alianza Editorial Mexicana, 1990, p. 60
y 61.
165
MANUEL MIÑO GRIJALVA
Gráfico 1. Tendencia de la acuñacion total deflactada con los precios promedio
del maíz, 1700-1819
400
Acuñación
300
200
100
0
1650
1700
1750
1800
1850
Fuente: Mónica BLANCO y María Eugenia ROMERO SOTELO. Tres siglos de economía novohispana, 1521-1821. México:
UNAM, 1990, p. 124.
crecimiento11. Claude Morin ya lo había comprobado para el caso de Guanajuato en 1979:
«Las ganancias más impresionantes en términos de ritmos de crecimiento se sitúan antes de
1750. El episodio de 1766-1777, saludado como despegue, se redujo de hecho a una recuperación»12.
Pero este crecimiento ha sido puesto en duda al correlacionarlo con el crecimiento de los precios del maíz, que ha dado como resultado la propuesta de que en realidad
este crecimiento no se produjo ya que fue el bajo nivel de los precios ocurrido a principios del siglo XVIII y el crecimiento inflacionario de finales el que produjo una expansión al principio y una verdadera depresión al final13. Sin embargo, nuevos cálculos han
venido a demostrar que «el valor total de la plata producida en términos de maíz aumentó
11. Por ejemplo la caída hacia 1749 está documentada con la visita a las minas de Zacatecas de ese año cuando se menciona la inundación de muchas de las minas importantes. Véase, ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, Guadalajara, Fol.
640 y ss.
12. Calude MORIN. «Sentido y alcance del siglo XVIII…» [9], p. 161.
13. Calude MORIN. «Sentido y alcance del siglo XVIII…» [9], p. 164.
166
LA CIUDAD DE MÉXICO. DE LA ARTICULACIÓN COLONIAL A LA UNIDAD POLÍTICA NACIONAL...
36% respecto a los 25 años anteriores»14 al último cuarto del siglo XVIII, con lo cual la
conclusión, prácticamente definitiva, es que en este mismo tiempo «la cantidad de maíz
que se podía comprar con el total de la plata producida en el último quinquenio del
siglo XVIII es 180% mayor a la que podía comprar en el primer quinquenio» del mismo siglo15.
El alza de los precios fue una bendición para el productor agrícola –pues los pobres
del campo tenían aseguras sus raciones o almacenadas sus cosechas fuera de las grandes crisis. El trigo incrementó su presencia a lo largo del siglo XVIII y presionó hacia la alza
en la primera década del siglo XIX y fue un sustituto esencial en épocas de malas cosechas de maíz, dicotomía ésta que la población de Europa desconoció. Y del maíz, del
cual se ha escrito mucho, conocemos bien su evolución y el impacto en la dieta del novohispano cuando faltaba, aunque su ausencia nunca llegó ha determinar las curvas de
mortalidad, sino en los años de crisis referidos de 1692 y 1784-1786. En conjunto, el
gráfico 2, que incluye el maíz, y que ilustra el movimiento del diezmo michoacano, revela
el sentido y fin de la especulación mercantil y el alza de los precios en beneficio de los grandes propietarios16.
Se sabe de las limitaciones para trasladar la renta del diezmo como equivalente a la
producción agraria en su conjunto, pero revela fielmente los movimientos de los precios
y posiblemente de la tendencia que siguió el producto agrario en su conjunto. De todas formas las crisis determinaron alzas coyunturales, aunque después de 1786 se volvieron persistentes. Pero este hecho, lejos de traer una situación crítica determinó la expansión de
la empresa agraria, las haciendas recobraban, sobre todo en el norte, sus tierras de cultivo ante un alza en el mercado del valor de su producción, con la consecuente expulsión,
como en Zacatecas, de los arrendatarios de sus tierras. Así, liberalizado el sector mercantil local y regional, las posibilidades de regulación por parte de los cabildos se redujeron sustancialmente y la especulación rompió prácticas regulatorias antiguas. El virrey en 1786
informaba:
«… que por conversaciones familiares tuvo conocimiento de que hacendados acomodados
pensaban que dado el fomento e impulso de siembras de regadío y temporal en tierras calientes, era
de recelar que si se lograban buenas cosechas, bajaría el precio del maíz, por lo que sembrarían
menores cantidades a las que se acostumbraba normalmente»17.
14. Carlos A. PONCIO DE LEÓN. «Interpretación económica del último periodo colonial mexicano». El Trimestre Económico (Quito). LXV/257 (1998), p. 114.
15. Carlos A. PONCIO DE LEÓN. «Interpretación económica…» [14], p. 114.
16. En el siglo XVII el proverbio español nos recuerda los versos «De los vivos mucho diezmo / De los muertos
mucha oblada / En buen año buena renta / Y en mal año doblada». Thomas CALVO. «Demografía y economía. Nueva Galicia, siglo XVII». En: Historia y población en México. México: El Colegio de México, 1994,
p. 222.
17. Decía Bernardo de Gálvez en 21 de febrero de 1786. Véase, Silvio ZAVALA. El servicio personal de los indios en la
Nueva España 1700-1821. México: El Colegio de México, El Colegio Nacional, 1995, VII, p. 331.
167
MANUEL MIÑO GRIJALVA
Gráfico 2. Movimiento de los ingresos del diezmo en la diócesis de Michoacán, 1680-1810
(miles de pesos)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
90
80
70
60
50
40
30
1700
1720
1740
1760
1780
1800
Fuente: Claude MORIN. «Sentido y alcance del siglo XVIII en América Latina: el caso del centro-oeste mexicano». En:
Enrique Florescano (compilador). Ensayos sobre el desarrollo económico de México y América Latina, 1500-1975. México: Fondo de Cultura Económica, 1979, p. 160-161.
Así, el crecimiento de los precios advertía que la liberalización del comercio desató
una feroz especulación, que bien puede significar que Nueva España había entrado en una
economía de tipo capitalista en que los precios altos significaban una revalorización de la
propiedad y fomentaba más bien un crecimiento económico. Resulta absolutamente arbitrario recorrer la carestía de mediados de la década de 1780 hasta 1810, como lo hace
Garner, para concluir que Malthus tenía razón en tanto la supuesta carestía de alimentos durante este tiempo era un indicador de que la demanda excedía a la oferta18, cuando los datos sobre buenas cosechas son reiterados y abundantes, tanto más cuanto que
existen notables diferencias regionales y una bien estudiada dinámica de la población
18. Richard L. GARNER. «Precios y salarios en México durante el siglo XVIII». En: Lyman Jonhson; Enrique Tandeter (comps.). Economías coloniales. Precios y salarios en América Latina, siglo XVIII. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1982, p.106.
168
LA CIUDAD DE MÉXICO. DE LA ARTICULACIÓN COLONIAL A LA UNIDAD POLÍTICA NACIONAL...
novohispana que apenas sobrepasaba el 1% de crecimiento anual. De hecho, después de
la gran crisis de 1737, que es la más intensa desde el siglo XVII, «se suceden una tras
otra las crisis demográficas; las tasas de crecimiento de los bautizos son cada vez menores y, en las parroquias del centro incluso negativas»19. Sólo en el norte y el Bajío no hay
crecimiento negativo.
Sin duda el alza de precios fue anotada desde 1959 por Eric Wolf quien atribuía
«a la escasez de las provisiones»20, cuando en realidad se debió a la especulación, y que
luego esta alza fuera cuantificada por Enrique Floerescano, para la Ciudad de México 21.
Movimiento alcista que en otros productos vitales en la economía del poblador novohispano como son el trigo22 y la carne23, sólo son comprobables a partir de 1798 y principios del siglo XIX. No antes. En todo caso nada indica que este movimiento ascendente se debiera al crecimiento demográfico y la consecuente expansión de la demanda como
cree Romano24, dada la fuerza de las epidemias y la mortalidad, ni que hubiera sido responsable, creo yo, del empobrecimiento general. El problema hay que ubicarlo en el juego libre de los agentes económicos en el que la especulación jugó un papel determinante. El crecimiento de los precios fue un reactivador del sector agrícola empresarial
después de 1786. El auge en el caso de las empresas trigueras y molineras es la mejor ilustración de un crecimiento sostenido por los altos precios de la harina y la carne sobre
todo en la primera década del siglo XIX25. Posiblemente tengamos que detenernos a pensar el significado de estos cambios en una economía supuestamente dominada por el
autoconsumo.
19. Cecilia RABELL. La población novohispana a la luz de los registros parroquiales. (Avances y perspectivas de investigación). México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1990, p. 71-72.
20. Eric WOLF. «El Bajío en el siglo XVIII. Un análisis de integración cultural». En: David Barkin. Los beneficiarios del desarrollo regional. México: SepSetetans, 1972, p. 71, proceso de inflación cuantificado recientemente
por Virginia GARCÍA ACOSTA. «Comparación entre el movimiento de los precios del trigo y del maíz y el alza
generalizada de precios a fines de la época colonial». En: Los precios de alimentos y manufacturas novohispanas.
México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Comité Mexicano de Ciencias Históricas, 1995, p. 173-194.
21. Enrique FLORESCANO. Precios del maíz y crisis agrícolas (1708-1810). México: El Colegio de México, 1969.
22. Virginia GARCÍA ACOSTA. «Oscilación de los precios y de la producción en el México borbónico: el trigo y el
pan». En: Arij Ouweneel; Cristina Torales Pacheco (comp.). Empresarios, indios y Estado. Perfil de la economía mexicana (siglo XVIII). Amsterdam: Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos, 1988, p.
116-137. (Latin American Studies; 45) y «Comparación entre el movimiento de los precios del trigo y del
maíz y el alza generalizada de precios a fines de la época colonial». En: Los precios de alimentos… [20], y Gloria ARTÍS. Regatones y maquileros: el mercado del trigo en la Ciudad de México (siglo XVIII). México: Colección
Miguel Othón de Mendizábal, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,
1986.
23. Enriqueta QUIROZ. La carne entre el lujo y la subsistencia. Mercado, abastecimiento y precios en Cuidad de México, 1750-1812. México: El Colegio de México, 2005.
24. Ruggiero ROMANO. Monedas, seudomonedas y circulación monetaria en las economías de México. México: Fondo
de Cultura Económica, El Colegio de México, Fideicomiso Historia de las Américas, 1998, p. 223.
25. Además de los trabajos citados de García Acosta y Quiroz, véase el libro de Rebeca L ÓPEZ MORA. El molino de
Santa Mónica. Historia de una empresa colonial. Zinacantepec: El Colegio Mexiquense, 2002.
169
MANUEL MIÑO GRIJALVA
Pensando en el sector externo, parece seguro que los decretos de comercio libre
–o libre comercio, pues estaban destinados a ello– impulsaron el intercambio transatlántico sin duda, aunque se discutan sus niveles. La perspectiva de crecimiento ofrecida por
la historiografía pertinente parece correcta en cuanto a la tendencia que siguió el intercambio26. No parece haber duda de un ritmo de crecimiento alterado por las coyunturas
bélicas27. El hecho es que en general la importación de Veracruz del total de España presenta un alza pronunciada de 1785 a 1787 y cae ente 1788 y 1789 para recuperarse significativamente en 1790 cuando alcanzó la cifra de 145.775.020 reales. Se ha calculado que
del total de las exportaciones de la década 1785 y 1795, España exportó el 55,25% de mercancía nacional y un porcentaje tan alto como el 44,75 de productos extranjeros28. Este
es, por lo menos, el ritmo del comercio legal29. El cambio importante aquí es el predominio cada vez mayor de los productos industriales sobre los agrarios. Por lo demás, las estadísticas construidas por diferentes autores muestran que es necesario medir su dinámica
por toneladas introducidas y su valor y no sólo por el tamaño de los barcos. Así, el volumen estimado es de 4.200 toneladas anuales para el conjunto hispanoamericano en el cual
sin duda fue Nueva España el mercado más importante entre 1720 y 1751, se contrajo a
2.487 toneladas reales de mercancías, promedio anual de las mercancías que ingresaron
entre 1757 y 1776 ritmo en el que destacó el incremento de productos industriales sobre
los agrícolas30. Para la última parte del período entre 1797 y 1809 se estima que de un
poco más de 7 millones de pesos registrados para 1796 hubo años en que el valor de las
mercancías pasó a 21.998.6 millones y en 1809 a 20.429, con un índice estimado de
28,03 (100=1796) para 1797 a 276 y 256 para los últimos años mencionados, respectivamente31. Evidentemente una economía en crisis y maltrecha no podía registrar cantidades
al alza de esas dimensiones. Por el contrario, con cifras «corregidas», el mismo GarcíaBaquero muestra un crecimiento de las importaciones de la Corona tanto de caudales,
como de productos objeto del libre comercio para el período 1779-1796 en relación al de
1766-1778 y concluye que en la segunda mitad del siglo XVIII «la parte proporcional
correspondiente a los géneros experimentó un significativo avance» y que éste «no se pro26. Javier ORTIZ DE LA TABLA. Comercio exterior de Veracruz, 1778-1821. Crisis de dependencia. Sevilla: Escuela de
Estudios Hispano-Americanos, 1978. (Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla; 243); Josep Maria DELGADO. «Consecuencias económicas de los decretos de Libre Comercio (17651820)». Conferencia pronunciada en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, 1986. Javier C UENCA ESTEBAN. «Statistics of Spain's colonial trade, 1792-1820: consular duties, cargo inventories and balances of trade».
The Hispanic American Historical Review (Durham). LXI/3 (1981), p. 381-428.
27. Miquel IZARD. «Comercio libre, guerras coloniales y mercado americano». En: Jordi Nadal; Gabriel Tortella. Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España contemporánea. Barcelona: Ariel Historia, 1974, p. 295-321. Antonio GARCÍA-BAQUERO. «Comercio colonial producción industrial en Cataluña a fines del siglo XVIII». En: Jordi Nadal; Gabriel Tortella. Agricultura, comercio colonial… [27], p.
268-294.
28. Javier ORTIZ DE LA TABLA. Comercio exterior de Veracruz… [26], p. 46-47.
29. Javier CUENCA ESTEBAN. «Stadistics of Spain’s…» [26], p. 410-411.
30. Antonio GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ. Cádiz y el Atlántico, 1717-1778. El comercio exterior español bajo el
monopolio gaditano. Cádiz: 1988, I, p. 308 y 331.
31. Javier ORTIZ DE LA TABLA. Comercio exterior de Veracruz…[26], p. 241.
170
LA CIUDAD DE MÉXICO. DE LA ARTICULACIÓN COLONIAL A LA UNIDAD POLÍTICA NACIONAL...
dujo ni como consecuencia de un descenso de las importaciones de metales preciosos ni
tampoco de una subida coyuntural de los precios»32. Cuantitativamente se expresó así:
Cuadro 2
Periodos
1747-1765
1766-1778
1779-1796
Caudales
%
Productos
%
Total
302.852.809
217.778.282
363.200.664
79,97
71,85
58,57
75.842.528
85.322.981
256.893.777
20,03
28,15
41,43
378.695.337
303.101.263
620.094.441
Fuente: Antonio GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ. «¿De la mina a la plantación? La nueva estructura del tráfico de importación de la carrera en la segunda mitad del siglo XVIII». En: Michael Zeuske; Ulrique Schmieder (eds.). Regiones europeas y Latinoamérica. Madrid, Frankfurt: Vervuert, Hispanoamericana, 1999, p. 186.
Es evidente el crecimiento tanto en caudales como en productos del último periodo
en relación a los anteriores, aunque disminuyera el porcentaje de caudales en relación a la
cada vez mayor participación de los productos. Así, ha dejado sentado, además y con pruebas que no admiten discusión, por el notable esfuerzo cuantitativo desplegado, que el libre
comercio sin lugar a dudas impactó de manera positiva y clara en la estructura del comercio de importación americano, aunque ciertamente no en las cantidades espectaculares establecidas sobre cifras contables y sin corrección33.
Retomando el caso de las importaciones del espacio novohispano ¿Qué implicó esta
dinámica en términos de los precios locales? Por lo menos para la ciudad, puede observarse que los precios en este lapso permanecieron estables. Por ejemplo artículos socorridos
como la angaripola, la bayeta, el paño de segunda inglés, el terciopelo o la listonería incluso rebelan una baja entre 1783 y 1809 y otros productos como el papel, acero, hierro,
cerveza su variación es mínima y sólo subieron en las coyunturas bélicas34, lo cual no es
nuevo, pero desecha la idea de una «tendencia fuertemente creciente de los precios internacionales»35. Sabemos, por otra parte, que la tendencia general de los precios en otros espacios hispanoamericanos fue hacia la baja dada la expansión europea. En el caso mexicano,
las alzas más notorias estuvieron marcadas por las coyunturas bélicas.
Por su parte, la fiscalidad muestra rasgos más definidos aunque es evidente que sólo
puede ser utilizada como referencia ante la segura evasión y subregistro de valores propios
32. Antonio GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ. «¿De la mina a la plantación? La nueva estructura del tráfico de importación de la carrera en la segunda mitad del siglo XVIII». En: Michael Zeuske; Ulrique Schmieder (eds.). Regiones europeas y Latinoamérica. Madrid, Frankfurt: Vervuert, Hispanoamericana, 1999, p. 185-186.
33. Antonio GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ. «¿De la mina a la plantación?...» [32], p. 203.
34. Yulo NAKAMURA. «Importación y mercado interno en Nueva España, 1767-1810». México: El Colegio de México,
2000, p. 400-407. (Tesis doctoral).
35. John COATSWORTH. «La industria minera mexicana…» [10], p. 70-71.
171
MANUEL MIÑO GRIJALVA
de este ramo. Existe la hipótesis de que los ingresos reales si bien se duplicaron entre 1795
y 1810, este incremento se realizó tomando como base los préstamos públicos o sobre documentos, pero de ninguna manera se mantuvieron a la par que el crecimiento de la población, sin embargo es impresionante notar que el ahorro interno haya alcanzado cifras tan
altas como las que conocemos. ¿Cuál fue la base de estos préstamos? ¿Dónde se generó este
capital además de la producción minera? Por ahora lo único que parece claro es el notable
incremento de ingresos que exhibió la caja de la ciudad de México entre 1791 y 1810, tendencia de la que también participaron las cajas regionales. La base de este crecimiento constante y hasta «espectacular» tuvo como base el incremento de la producción minera, una
más eficiente recaudación fiscal, el incremento de la población y la creación de nuevos
impuestos. De dos millones y medio que se recaudaron a principios del siglo XVIII en la
caja de México, hacia la primera década del XIX se recaudaron 14 millones o más. Para
1809, los ingresos alcanzaron la cifra de 28 millones. Sin embargo, la otra cara de la moneda, la oscura, siguió un movimiento todavía más espectacular, pues la deuda subió de 13.9
millones en 1791 a más de 34 millones en 1798. Después el ritmo es insostenible, pues
subió a 37.5 millones en 1815 y a 81 millones hacia finales de 1816.
De manera más específica, la «transferencia neta fiscal» de las colonias hispanoamericanas entre 1763 y 1783 significó el 15 por ciento de los ingresos ordinarios de la tesorería
metropolitana, aportación que aumentó de manera importante hasta alcanzar el 25 por ciento en la década de 1790, el 40 entre 1802 y 1804 y aproximadamente el 50 por ciento hacia
1808-181136. O sea que si revisamos el periodo en su conjunto, la aportación promedio de
15 y 25 por ciento nos da un promedio de 20 por ciento, que es lo que desde Humboldt se
ha estimado como promedio de la contribución americana. En todo caso, aún en los años con
aportaciones americanas más, el porcentaje total no parece haber sobrepasado de 20 y 23%
de los ingresos totales37. Este porcentaje en términos de plata significó 3,5 millones de pesos
en la primera etapa y más de 5,4 millones hasta 1805, sin contabilizar lo que importaba el
tabaco y el producto de las transacciones comerciales. Del total, Nueva España contribuyó
con más del 50 por ciento hasta 1787 y del 75 por ciento hasta 1811 del total de la contribución fiscal hispanoamericana. Lo que en términos monetarios se tradujo en 30 millones de
pesos plata de los cuales 24 millones se originaron en Nueva España38. La presión fiscal borbónica fue quizás en donde la Corona tuvo mayo éxito, particularmente en las décadas previas a 1810, las cifras anteriores así lo muestran, por lo menos nominalmente; sin embargo se
calcula que justamente en este periodo la tasa de crecimiento de los ingresos fiscales bajó dado
que los costos marginales de la recaudación se incrementaron39. Como quiera que sea, este
36. Carlos MARICHAL. «Beneficios y costes fiscales del colonialismo: las remesas americanas a España, 1760-1814».
Revista de Historia Económica (Madrid). XV/3 (1997), p. 478.
37. Renate PIEPER. «La aportación americana a la Real Hacienda española en la segunda mitad del siglo XVIII». Estudios de Historia Social y Económica de América (Alcalá de Henares). 6 (1990), p. 72.
38. Renate PIEPER. «La aportación americana…» [37], p. 495.
39. John COATSWORTH. «Los límites del absolutismo colonial. Estado y economía en el siglo XVIII». En: Los orígenes
del atraso… [10], p. 39-40.
172
LA CIUDAD DE MÉXICO. DE LA ARTICULACIÓN COLONIAL A LA UNIDAD POLÍTICA NACIONAL...
movimiento tuvo varias implicaciones: en primer lugar, un evidente fortalecimiento del aparato estatal para ordenar e imponer un nuevo ritmo a la fiscalidad, de otra manera no se habría
logrado ese crecimiento por parcial que hubiese sido, aunque siempre superior a etapas anteriores; en segundo lugar, la capacidad impositiva revela las posibilidades reales de una economía, hasta cierto punto, por ello no es de extrañar que la Corona exportara el 20 por ciento
de la plata amonedada entre 1720 y 1750 hasta duplicar esta cantidad en el período de 1780
y 181040. No cuenta la objeción de que porque el crecimiento impositivo tuvo su origen en
un reordenamiento del aparato fiscal y en una mayor presión, su producto no revelara un crecimiento de la base económica, pues en una economía sin recursos y empobrecida o en bancarrota, ninguna presión o modernización habría hecho posible un crecimiento sostenido
como el que muestra el rubro correspondiente a la alcabala. Es admisible esta objeción en el
vértice del cambio, es decir en la década de los años setenta cuando la Corona pasa a controlar la exacción, pero no posteriormente.
Por otra parte, la presión fiscal impactaba de manera relativa a los grandes sectores
sociales, como el indígena que constituía el 60 por ciento de la población total, que estuvo
exento de muchos impuestos, sino particularmente a las ganancias de los grupos de comerciantes, a la par que contribuía la especulación y la subida de precios. Pero no hay que perder de vista que la Corona retiró como 40 millones de pesos para gastos militares e impuso otros como contribución a extraordinarias de guerra en la década de los años de 1780 lo
que evidentemente influyó en una baja de los niveles de consumo41. De cualquier forma fue
enorme la cantidad de recursos transferidos a la metrópoli y es indudable no sólo la capacidad económica de la Iglesia, sino también de mineros y de comerciantes o hacendados que
mostraron fortaleza durante todo este tiempo, pero también sus límites.
Sin duda, frente a la riqueza de la elite y la millonaria presión fiscal, la gran mayoría
de la gente, palpable sobre todo en la masa del pueblo de las ciudades, estuvo en condiciones de pobreza. Esta vieja constatación de viajeros y hombres de la época ha sido ahora cuantificada y explicada: la razón fue el alza de los precios de los comestibles y un estancamiento
en los salarios, lo que se traducía en un deterioro continuo de las condiciones de vida42. Frente a una situación crítica, sin embargo, los pobres de la Ciudad de México, el caso mejor estudiado, hicieron uso de comportamientos basados en redes sociales informales a partir del hogar
que fue el que desempeñó el papel fundamental frente a una situación de desempleo –dada la
oferta creciente de fuerza de trabajo– y falta de sustento, reaccionaron reduciendo al máximo
el número de dependientes particularmente niños y sirvientes y aumentando el número de
40. Carlos MARICHAL. «La bancarrota del virreinato: finanzas, guerra y política en la Nueva España, 1770-1808». En:
Josefina Zoraida Vázquez (coord.). Interpretaciones del siglo XVIII… [2], p. 153-186.
41. Luis Alonso Álvarez. «Esta tierra no es culpable». La controversia del comercio libre en el Pacífico y estrategias del
Consulado de Manila, 1787-1790», p. 5 (inédito) y Carlos MARICHAL. La bancarrota del virreinato. México: Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, Fideicomiso Historia de las Américas, 1999.
42. Creemos que esto no tiene discusión. Véase John COATSWORTH. «Obstacles to economic growth in nineteenth
century México». American Historical Review (Washington). 83 (1978), p. 80-100 y Eric Van YOUNG. La crisis del
orden colonial. México: Alianza Editorial, 1992, p. 64.
173
MANUEL MIÑO GRIJALVA
trabajadores productivos, recurso social y económico que al parecer jugó un importante papel
en la supervivencia de trabajadores, artesanos y asalariados de la ciudad frente a un marco
de opulencia de las elites y crecimiento y modernización de su infraestructura43.
Pero en términos del subsistencia también sabemos ahora de manera clara que fuera de
lapsos excepcionales como 1692 o 1784-1786 la población novohispana estuvo lejos de la
muerte por hambre. La correlación entre nutrición y mortalidad fue siempre baja, además de
que otros indicadores son importantes para explicar el clima económico general. El consumo
de carne per cápita rebasó los 250 gramos para la Ciudad de México y los más pesimistas realizados para Guadalajara arrojan un promedio de 70 gramos diarios, cálculos que sin duda
son conservadores, cuando esta misma cantidad la alcanzó Italia al comenzar el siglo XX44.
De hecho está claramente probado que las carnes de matadero cubrían un 60% del consumo
total de la ciudad y que «los bajos precios de la carne, hacen descartar crisis de subsistencias
en este siglo»45, así como la entrada creciente de harina de trigo que llegó a sustituir al maíz
en ciertas coyunturas en la dieta del poblador urbano, sobre todo entre 1800 y 1810.
Entonces, hacia 1800, la economía mostraba más bien signos de vitalidad, a pesar de
la desigual distribución de la riqueza, mientras se acentuaba la migración a las ciudades desde los pueblos vecinos por efecto de la crisis agraria de 1786, y se extendía una capa de pobreza que era visible para todos los observadores de la época. Eran las consecuencias de un
mundo desigual y polarizado. Es revelador el hecho de que la migración hacia la Ciudad de
México se elevara a partir de 1787 y de manera más pronunciada a partir de 179846, pero
alcanzando sólo poblaciones cercanas a la gran capital y cuando mucho al Bajío y ciertas
localidades de Veracruz47. Por lo demás, la combinación entre crecimiento económico y
extensión de la pobreza ha sido prácticamente una constante histórica.
Ya en el siglo XIX, el golpe de la consolidación de vales reales, la desarticulación del
crédito a los grupos de propietarios fue el elemento determinante que desató los movimientos de independencia. Sólo para dar una idea de la presión del Estado a los grupos
privados conservemos estas cifras en la memoria, cantidades que salieron por diversos conceptos con rumbo a Madrid48. Por ejemplo, en 1795 el consulado, con garantía del ramo
43. Véase el excelente ensayo de Michael SACARDAVILLE. «Trabajadores, grupo doméstico y supervivencia durante el
período colonial tardío en la Ciudad de México o, la familia pequeña no vive mejor». En: Manuel Miño Grijalva
(coord.). La población de la Ciudad de México en 1790. Estructura social, alimentación y vivienda. México: El Colegio de México, INEGI, 2002, p. 209-258.
44. Véase una discusión amplia en Manuel MIÑO GRIJALVA. El mundo novohispano. Población, ciudades y economía.
México: El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, Fideicomiso Historia de las Américas, 2001,
p. 293-325.
45. Enriqueta QUIROZ. «Mercado urbano y demanda alimentaria,1790-1800». En: Manuel Miño Grijalva (coord.).
La población de la Ciudad de México… [43], p. 185.
46. Alejandra MORENO TOSCANO; Carlos AGUIRRE. «Migraciones hacia la Ciudad de México durante el siglo XIX:
perspectivas de investigación». En: Alejandra Moreno Toscano (coord.). Investigaciones sobre la historia de la Ciudad de México. México: Cuadernos de Trabajo del DIH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1974, I,
p. 27.
47. Alejandra MORENO TOSCANO; Carlos AGUIRRE. «Migraciones…» [46], p. 6-7.
48. Carlos MARICHAL. «Las guerras imperiales y los préstamos novohispanos». Historia Mexicana (México). XXXIX/4
(1990), p. 889.
174
LA CIUDAD DE MÉXICO. DE LA ARTICULACIÓN COLONIAL A LA UNIDAD POLÍTICA NACIONAL...
de tabaco asumió una gran cantidad de dinero que llegó de diversas instituciones y puntos.
De Guadalajara el Convento de Santa Gracia aportó 49.800 pesos el de Santa Mónica
54.000 y el Juzgado de Capellanías 453.000. En la Ciudad de México la Archicofradía del
Santísimo Sacramentó contribuyó con 250.000 pesos para el empréstito y la Tercera Orden
de San Francisco entregó, por su parte, 105.000 pesos. Para el mismo fin, los colegios de religiosas como Nuestra Señora de Guadalupe y el de Niñas Educandas de San Luis Potosí
contribuyeron con 10.000 y 69.000 pesos respectivamente49. Era un mundo de dinero
–que estudios posteriores tendrán que ponderar en términos relativos– para una economía
supuestamente empobrecida. Tres años después hacia 1798, nuevamente contra el enemigo inglés el Convento de Santa Clara contribuyó con 40.000 pesos y los obispos de Valladolid, Puebla y Guadalajara con 50.000, 20.000 y 40.000 respectivamente. El más pobre
el Obispo de Oaxaca sólo envío 6.000 pesos. A estas cantidades hay que sumar los subsidios eclesiásticos que sumaron 171.573 en 1792-1793; 1.370.349 pesos en 1798-1800 y
889.946 en 1804-1808 y por conceptos de bulas que en 1780-1784 alcanzaron un promedio anual de 240.000 pesos, y de 620.000 entre 1785 y 1789 50. Hay una estimación de lo
recaudado por la caja de México que nos da una idea de las dimensiones de la exacción fiscal: TePaske51 calcula que para finales del XVIII, entre 1796 y 1800, se llegó a recaudar 87
millones de pesos por parte de los oficiales reales por concepto de impuestos. Este es el marco que ayuda a comprender el impacto de la consolidación de vales reales en el conjunto
social y económico de la época que entre 1805 y 1809 logró extraer una cifra enorme que
fluctuó entre los 10 y 12 millones de pesos de los cuales el arzobispado de México y el obispado de Puebla aportaron con más del 70 por ciento del total, Valladolid el 9,6%; obispado de Guadalajara 8,9% y obispado de Oaxaca con el 5,4 y de otro origen 3,8%52 Actualmente disponemos de una idea completa del monto y su distribución en el reino por
un valor total de 11.085.75553. A estas sumas debemos agregar la exportación anual de casi un
millón de pesos como dinero de la Corona54. En este punto es donde el producto del diezmo
49. Carlos MARICHAL SALINAS. «La Iglesia y la crisis financiera del virreinato, 1780-1808: apuntes sobre un tema viejo y nuevo». Relaciones (Zamora). 40 (1989), p. 108-109.
50. Carlos MARICHAL SALINAS. «La Iglesia y la crisis…» [49], p. 111-112.
51. John TEPASKE. «General tendencies and secular trends in the economies of Mexico and Peru, 1750-1810: the view
from the cajas of Mexico and Lima». En: Nils Jacobsen; Hans-Jürgen Puhle (eds.). The Economies of Mexico and
Peru during the late colonial period, 1760-1810. Berlin: Colloquium Verlag, 1986, p. 324.
52. Véase los trabajos de Romeo FLORES CABALLERO. «La consolidación de vales reales en la economía, la sociedad y
la política novohispanas». Historia Mexicana (México). 71/3 (1969) p. 334-378; Brian HAMNETT. «The apropriation of Mexican church by the Spanish Bourbon goverment: the consolidación de Vales Reales, 1805-1809». Journal of Latin American Studies (Cambridge). 1/2 (1969) p. 85-113. Asunción LAVRIN. «The execution of the law
of consolidation in New Spain: economic aims and results». Hispanic American Historical Review (Durham). 53/1
(1973), p. 27-49. Para casos particulares Jorge SILVA RIQUER. «La consolidación de vales reales en el obispado de
Michoacán, 1804-1809». En: Virginia Guedea; Jaime Rodríguez (coords.). Cinco siglos de historia de México. México: Instituto Mora, University of California, Irvine, 1992, p. 79.
53. Fuente: Stanley J. STEIN. «Prelude to upheaval in Spain, 1800-1808: trust funds, Spanish finance and colonial silver». En: Richard Garner; William Taylor (comp.). Iberian colonies, new world societies: essays in memory of Charles Gibson. University Park: at the Pennsylvania State University, 1986, p. 185-202.
54. Richard GARNER. «Exportación de circulante en el siglo XVIII (1750-1810)». Historia Mexicana (México).
XXXI/4 (1982), p. 555-579.
175
MANUEL MIÑO GRIJALVA
juega su papel más importante, porque será uno de los rubros –además de las donaciones y
actividades agrícolas– sobre los cuales la Iglesia ejercerá funciones de eje articulador del sistema económico dado su papel de prestamista, por lo demás muy extendido y profundo.
Por ello es que la naturaleza de los sucesivos golpes de la Corona apuntaron –queriéndolo
o no– al corazón del sistema en su conjunto.
Así, fue la enorme descapitalización y desacumulación en donde radicó el origen del
atraso y de manera más coyuntural, dada la fuerza de préstamos y donativos y la consolidación de los «vales» los determinantes de la independencia, justamente en el momento en
que la subida de precios, la especulación y la expansión mercantil había vuelto rentable las
empresas novohispanas. ¿Cuando sucede el quiebre general? Esta se produce después de
1804 con la consolidación, o sea la expropiación de la renta generada por el crédito por parte de la Corona. En una economía en que todas las transacciones se encontraban articuladas y engarzadas por el crédito eclesiástico y usurario, el golpe apuntó al corazón del sistema en su conjunto. Un interesante ejercicio académico calcula y compara «el costo total del
colonialismo español» en 17.3 millones de pesos de sangría anual hacia 1800 frente a medio
millón de pesos del costo «de la soberanía británica». Es decir, la «carga española era 35
veces mayor que la británica»55 y que en términos económicos significaba la sustracción
total de 7,2% anual del ingreso56. Para ser más explícitos, entre 1766 y 1820 salió la descomunal cifra de 436.747.200 pesos57, devaluados o no. Entonces ¿qué habría pasado si
toda esta plata se invertía en actividades productivas al interior de Nueva España hacia
1800? Esta merma será sin duda la causante del atraso, lo que no parece discutible. Sin
embargo, como historiadores tenemos que pensar también acerca del significado de estas
cifras en términos del conjunto y el contexto al que nos referimos y la conclusión más inmediata es que esta sangría impactó no sólo en el proceso productivo interno, sino que también debió hacerlo tanto para incidir en el proceso revolucionario de independencia,
como, consecuentemente, en la debilidad fiscal de la formación del Estado nacional y evidentemente en el efecto acumulativo de las potencias europeas más allá de la española. Es
necesario dejar de pensar en la vieja idea de que «los campesinos se morían de hambre»,
causa inevitable de los movimientos independentistas.
Cualitativamente Humboldt, haciendo un balance entre Lima y México, se inclinaba
por un mayor bienestar en la primera más que en la capital novohispana, en donde la riqueza era mayor pero también el desequilibrio de su distribución, no así en Lima en donde los
pobres no eran tan pobres y los artesanos tenían de sobra para vivir, pero los ricos novohispanos eran de lejos más ricos, eran «millonarios» decía. Ha pesado demasiado la visión de
los observadores sobre la Ciudad de México de la segunda mitad de este siglo, a la que
55. John COATSWORTH. «Características generales de la economía mexicana en el siglo XIX». En: Enrique Florescano
(compilador). Ensayos sobre el desarrollo… [9], p. 174.
56. John COATSWORTH. «Características generales de la economía mexicana en el siglo XIX». En: Enrique Florescano
(compilador). Ensayos sobre el desarrollo… [9].
57. Javier ORTIZ DE LA TABLA. Comercio exterior de Veracruz… [26], p. 238.
176
LA CIUDAD DE MÉXICO. DE LA ARTICULACIÓN COLONIAL A LA UNIDAD POLÍTICA NACIONAL...
podría añadir Guadalajara, sin embargo, la capacidad de atracción de estas ciudades no se
dio por su raquitismo, ni por sus recursos limitados para acoger esta migración, sino porque el crecimiento de ambas demandó más fuerza de trabajo dada su expansión física y de
servicios, con lo cual se ampliaba sensiblemente la demanda de alimentos, a la par que
se ensanchaban los espacios de producción agroganaderos dado el creciente incremento del
consumo58, consecuentemente el impacto sobre el transporte debió ser cada vez más importante, así como la organización comercial debió ser más dinámica y eficiente. Con el crecimiento de las ciudades las zonas marginales se vieron abultadas por gentes desenraizadas de
sus lugares de origen que vivían del trabajo informal o simplemente en el desempleo. Pero
este es un fenómeno generalizado de ciudades en crecimiento.
La configuración urbana y protourbana y la formación
de redes sociales y políticas
La formación de redes políticas tiene que ver de manera directa con la anterior subsistencia
de redes económicas-mercantiles y redes sociales familiares y de grupos. Más allá de los
«simulacros metodológicos», no hay duda de que debemos partir de la base social básica,
irremplazable e irrenunciable históricamente: la familia y la ciudad, el pueblo o la villa, ejes
centrales de la explicación social y, por supuesto, política. Como quiera que funcione la
sociedad, hacia fines del siglo XVIII se ha reconocido de manera clara el papel de una red
económica, otra de características sociales y la tercera de tipo político. La primera tuvo
como base el juego de intereses en los sectores productivos y mercantiles, y podían ser transitorias y de corta duración, mientras las segundas enlazaban familias dentro de un mayor
o menor grado de endogamia, pero cuya característica era ser definitivas y si se quiere,
determinantes en el funcionamiento de la estructura social general de una localidad
(pueblo o ciudad) y en el caso hispanoamericano, incluso una región. En cambio las redes
políticas, podían tener como base redes económicas y sociales previas, aunque no necesariamente. El centro de su fuerza fue el poder, en su fase de búsqueda o de ejercicio. Es una
red, esencialmente cambiante en tanto formada por individuos, aunque como grupo podía
permanecer años y hasta siglos como familias o grupos de familias, por lo menos esta fue
una característica del Antiguo Régimen colonial.
Ahora bien, ¿cómo se expresa este entramado de relaciones y redes? Para fines del siglo
XVIII y principios del XIX ya existen numerosos casos que nos explican el origen, evolución y permanencia de los diversos tipos de redes en Nueva España dirigidas por oligarquías
y elites locales desde los ayuntamientos, pero muy cercanos a los centros de poder como las
58. Véase Manuel MIÑO GRIJALVA. «La población de la Ciudad de México en 1790. Variables económicas y demográficas de una controversia». En: La población de la Ciudad de México… [43], p. 152.
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MANUEL MIÑO GRIJALVA
intendencias. Los casos reconstruidos por la historiografía puede permitirnos la generalización de la gestación de los poderes locales urbanos y regionales a través de redes familiares
y sociales59 –Iglesia, burocracia, abogacía, negocios, etc.– y sin duda, redes que cubrían todos
los sectores étnicosociales y profesionales. Pero el problema no es saber que existen lazos de
parentesco, eso lo sabemos desde siempre, de compadrazgo, clanes o individuos, sino cómo
éstos se traducen en el proceso social y finalmente en el concreto político, en este caso cómo las elites hispánicas y las indígenas de cualquier tipo actúan desmembrándose del poder
real. Es lo que viene al caso. Para explicar este proceso, por lo menos en una vertiente, identificaré la dinámica de expansión y fortalecimiento de la economía colonial del siglo XVIII
que constituye el trasfondo de las transformaciones posteriores.
En general, el crecimiento novohispano tanto económico como demográfico, por
pequeño que fuera, se reveló en una clara expansión y multiplicación de ciudades y villas
que tenían contacto de manera directa o indirecta con pueblos de diversas dimensiones
que, a su vez daban vida y movimiento a un conjunto de regiones y territorios. Partimos
del hecho, por lo demás muy documentado, de que los pueblos sirvieron de enlace a las
ciudades más importantes, pues frecuentemente eran los asientos de los arrieros que transitaban el territorio novohispano y ciudades medias funcionaban entre las dos unidades
extremas. 26 ciudades importantes articulaban a 46 villas y ambas a 4.227 pueblos repartidos y organizados desde Mérida hasta Zacatecas, pasando por Puebla, Tlaxcala, México,
Guadalajara, etc. que era el territorio más poblado y que concentraba a 5.603.272 personas, es decir el 92 por ciento de toda la población novohispana de 1810. Cada ciudad
y territorio regional participaba con productos muy definidos de sus actividades económicas a niveles diferenciados de influencia y relación, desde la obvia interrelación zonal de
productos para el autoconsumo hasta el comercio de larga distancia con productos
de intercambio masivo que respondían a una clara división regional del trabajo, con lo cual
sólo se puede demostrar que la autarquía económica y la desarticulación son poco probables, sobre todo para el siglo XVIII, en momentos en que el desarrollo de los grupos
comerciales y el nivel de mercantilización de la economía es evidente. Y, por supuesto, el
hecho de que productos de una región se encuentren en otras distantes, como puede constatarse con otros de importación, significa, por obvio que sea, que las mercancías circularon por el espacio, aunque solo empezamos a saber sus proporciones en una economía claramente mercantilizada.
De una manera convincente sabemos del papel desempeñado por los grupos de
comerciantes que actuaban tanto hacia el mundo internacional como hacia el mercado
59. Doris LADD. La nobleza mexicana en la época de la independencia, 1780-1826. México: Fondo de Cultura Económica, 1984. David BRADING. Mineros y comerciantes… [4], p. 420, Michel BERTRAND. «Los modos relacionales de las elites hispanoamericanas coloniales: enfoques y posturas». Anuario del Instituto de Estudios
Histórico-Sociales (Tandil). 15 (2000), p. 61-80 y Fréderiqué LANGUE. Los señores de Zacatecas. Una aristocracia minera del siglo XVIII mexicano. México: Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 331-346 por citar los más
conocidos.
178
LA CIUDAD DE MÉXICO. DE LA ARTICULACIÓN COLONIAL A LA UNIDAD POLÍTICA NACIONAL...
interno. Se puede comprender ahora perfectamente el papel de la elite mercantil de México y otras ciudades para finales del siglo XVI y gran parte del XVII60; o la expresión menuda del pulpero61, género de comerciante que menudeaba en las ciudades, y por supuesto el
del grupo de los grandes comerciantes62 y los grandes empresarios63 durante la última parte del periodo borbónico y sus redes económicas y sociales que descubren la intensa y extensa red de relaciones mercantiles64, y los instrumentos65, sin tomar en consideración el
amplio número de estudios de tipo regional, que han dejado al descubierto una vasta red
de influencias y de instrumentos que dominaron la escena de la economía en sus diferentes
niveles y regiones. Estudios concretos sobre diversas manifestaciones regionales, como para
Querétaro66, Guadalajara67, Puebla68, Parral69, para los valles centrales de México y Toluca70, etc., además de los clásicos trabajos de que muestran la estrecha relación entre mercado y actividades mercantiles y producción minera, agraria o manufacturera en el marco de
especificidades regionales y locales que en su tiempo se mostraron para Guanajuato71
y Zacatecas72. Las alcabalas muestran al centro urbano como dominante en relación a centros secundarios, poseedores de un alto nivel de mercantilización de su economía.
Por otra parte, de todo el importante movimiento comercial del sector externo, es
necesario rescatar el hecho de que toda la mercancía que entró por Veracruz y otros puertos como es el caso de la gran cantidad de mercancías ligadas al comercio de Filipinas73 de
manera creciente circuló por el mercado interno, lo que indica que la capacidad adquisitiva
60. Louisa HOBERMAN. Mexico’s merchant elite, 1590-1660. Silver, state, and society. Durham, London: Duke University Press, 1991.
61. Jay KINSBRUNER. Petty capitalism in Spanish America: the pulperos of Puebla, Mexico City, Caracas, and Buenos Aires.
Boulder: Westview Press, 1987.
62. Cristhiana BORCHART DE MORENO. Los mercaderes y el capitalismo en la Ciudad de México, 1759-1778. México:
Fondo de Cultura Económica, 1984.
63. John KICZA. Empresarios colniales. Familias y negocios en la Ciudad de México durante los borbones. México: Fondo
de Cultura Económica, 1986.
64. Cristina TORALES PACHECO. La compañía de comercio de Francisco Ignacio de Iraeta (1767-1797). Cinco ensayos.
México: Banco Nacional de Comercio Exterior, 1985.
65. Pedro PÉREZ HERRERO. Plata y Libranzas. La articulación comercial del México borbónico. México: El Colegio de
México, 1988.
66. John SUPER. La vida en Querétaro durante el periodo colonial, 1521-1810. México: Fondo de Cultura Económica, 1983.
67. Richard LINDLEY. Las haciendas y el desarrollo económico. Guadalajara, México, en la época de la Independencia.
México: Fondo de Cultura Económica, 1987.
68. Reinhart LIEHR. Ayuntamiento y oligarquía en Puebla, 1787-1810. México: Secretaría de Educación Pública, SepSetentas, 1976, vol. I.
69. Phillip HADLEY. Minería y sociedad en el centro minero de Santa Eulalia, Chihuahua, 1709-1750. México: Fondo
de Cultura Económica, 1979.
70. John TUTINO. Creole Mexico, Spanish elites, haciendas, and Indian towns, 1750-1810. Austin: University of Texas at
Austin, 1975 (Tesis de doctorado), y «Provincial Spaniards, Indian towns, and haciendas: interrelated agrarian sectors
in the Valleys of Mexico and Toluca, 1750-1810». En: Ida Altman; James Lockhart (eds.). Provinces of early Mexico.
Variants of Spanish American regional evolution. Los Angeles: UCLA, Latin American Center Publications, 1976.
71. David BRADING. «La ciudad en la América borbónica: elite y masas». En: Jorge Enrique HARDOY. Las ciudades de
América Latina y sus áreas de influencia a través de la historia. Buenos Aires: Ediciones Siap, 1975.
72. Peter BAKEWELL. Minería y sociedad en el México colonial. Zacatecas (1546-1700). México: Fondo de Cultura Económica, 1976.
73. Carmen YUSTE. El comercio de Nueva España con Filipinas. México: Universidad Nacional Autónoma de México,
1977. (Tesis de licenciatura.)
179
MANUEL MIÑO GRIJALVA
de los pobladores novohispanos hacía posible esta realización. A estas alturas de las investigaciones no hay duda de que el mercado participó de la expansión protoindustrial europea
y de la industrial después, en sus límites y proporciones.
En principio, en términos del comercio interno, una contribución fundamental para
nuestra comprensión de los procesos económicos regionales y su papel en el mercado interno ha sido el estudio de una fuente documental de primera importancia: los libros y guías
de aduanas y alcabalas, que son los instrumentos idóneos para estudiar el movimiento mercantil, aunque discutamos su exactitud. No parece serio deducir de un censo básicamente
demográfico que 75 de 129 provincias novohispanas en 1740, o sea 1.514.856 personas
que representaban el 46 por ciento de la población total, no tenían ningún comercio porque nada se dice sobre ello en el documento referido74. Ejemplos concretos tienden a mostrar que a pesar de los costos del transporte la integración regional, local e interregional funcionó, ciertamente en unas regiones más que en otras. Sin embargo, partimos del hecho de
que en diversos niveles –local, regional e interregionalmente– y en unas épocas más que en
otras, Nueva España mantuvo una importante red de circulación de productos de importación y de exportación y logró armar un mercado con fuertes rasgos de integración, particularmente sobre la base de productos que fueron los ejes de este amplio movimiento y en
torno a núcleos urbanos que organizaron el funcionamiento comercial.
Por lo menos las series de alcabalas dibujan una red importante de participaciones
mercantiles y una jerarquía incuestionable a lo largo y ancho del territorio. De manera
nítida se ha puesto de manifiesto cómo México, Guadalajara y Puebla no sólo eran los
núcleos más importantes, sino que articulaban y determinaban su hinterland. Este será
también el caso de Oaxaca, Guanajuato y Durango75 y añadiría Valladolid hacia el occidente, San Luis Potosí hacia el oriente, Veracruz en el Golfo y Mérida en el sureste. ¿Qué
hacia posible el movimiento ampliado del comercio a corta y larga distancia? Sin duda dos
factores principales: el impresionante desarrollo de la arriería sobre la cual empezamos a
tener acercamientos concretos y valiosos. Ahora sabemos que sólo para el transporte del
tabaco se disponía de 25 a 30 mil mulas y que a través de este producto hacia 1800 se
movilizaban hasta alcanzar distancias extraordinariamente lejanas de gran dispersión. Claro está que los arrieros no sólo llevaban tabaco y que no venían siempre vacíos a su regreso76. Pero tanto o más importante que el desarrollo de la arriería fue el de los instrumentos mercantiles como las libranzas que posibilitaron el funcionamiento seguro y eficiente
de las transacciones. Sabemos ahora que las libranzas poseían tres funciones básicas: eran,
en primer lugar instrumentos de cambio, en segundo lugar podían ser utilizadas como
74. B. H. SLICHER VAN BATH. «Dos modelos referidos a la relación entre población y economía en Nueva España y
Perú durante la época colonial». En: Arij Ouweneel; Cristina Torales Pacheco (comps.). Empresarios, indios y Estado...[22], p. 71.
75. Juan Carlos GROSSO; Juan Carlos GARAVAGLIA. La región de Puebla y la economía novohispana: las alcabalas en Nueva España, 1776-1821. México: Instituto Mora, Universidad de Puebla, 1996, p. 103.
76. Para una visión más acabada sobre su importancia véase un libro pionero, Clara Elena SUÁREZ. Camino real y
carrera larga… [5].
180
LA CIUDAD DE MÉXICO. DE LA ARTICULACIÓN COLONIAL A LA UNIDAD POLÍTICA NACIONAL...
medios de pago y finalmente eran también elementos de crédito; es decir, una misma
libranza podía cumplir con los tres fines77, y su uso se generalizó en la segunda parte del
siglo XVIII. Como puede presumirse la plata como mercancía o como dinero y consecuentemente la circulación monetaria reconoció diversos canales, grupos sociales y sectores económicos, pero escasa o no, siempre fue la medida de valor de las cosas y medio de
pago de las grandes transacciones mercantiles internas o internacionales78.
Así, la organización mercantil tenía redes e instrumentos que permitían un nivel desarrollado –para su tiempo– de integración, tomando como base los núcleos urbanos, que
reproducían la misma articulación al interior regional sirviéndose de un fino tejido representado por los pueblos y las villas, centros menores que a su vez son los encargados de
canalizar los flujos de mercancías importadas y del reino hacia las unidades de consumo a
través de una consistente y eficiente organización del transporte básicamente mular que
dominó el transporte del reino. Varios casos ilustran esta articulación. Hacia el occidente no
hay duda del dominio de Guadalajara y su hinterland que partiendo de un agrupamiento de
localidades articula centros microregionales importantes como Aguascalientes, Lagos y Tepic,
o centros mineros como Guachinango, San Sebastián y Tomatlán hasta el lejano centro de
Rosario79. Esta constatación es importante para mostrar que esta integración provocó que
incluso los costos de transporte disminuyeran o que no fueran tan altos como se piensa, o simplemente costeables, en relación a su demanda y calidad. Calvo constata que en la Europa del
Antiguo Régimen, en Inglaterra, el transporte de cereales se volvía prohibitivo en ciertos tiempos y después de cierta distancia80. El caso de Michoacán termina por ilustrar lo que pasaba en
el occidente del reino: la tasa de crecimiento anual de los montos comercializados entre 1778
y 1809 ha sido calculada en el orden del 1,8 por ciento81, clara muestra de una expansión que
los índices cuantitativos no escatiman ni esconden, ya que muestran que «la circulación se hizo
más viva durante el último cuarto del siglo»82, hablando incluso en términos del obispado. Las
tendencias generales muestran también que por lo menos tres de las cuatro regiones que la conforma están signadas por el crecimiento de los intercambios aunque con años de caídas, sobre
todo entre 1801 y 1804. Toda esta integración regional estuvo articulada por importantes
centros urbanos entre los cuales destacó Valladolid, Zamora, Maravatío-Zitácuaro y Ario.
77. Pedro PÉREZ HERRERO. Plata y libranzas… [65].
78. Ruggiero Romano ha intentado medir el nivel de circulación del stock monetario tomando a los pobres como el
indicador más idóneo para medir la escasa circulación y la crisis del XVIII dado que no poseían dinero, pero el
problema de este método es que su hipótesis sin duda es fácilmente comprobable, porque históricamente los
pobres nunca acumularon dinero ni riqueza. Justamente por eso son pobres.Véase Ruggiero ROMANO. Monedas,
seudomonedas… [24], p. 213-226.
79. Antonio IBARRA. «Mercado urbano y mercado regional en Guadalajara, 1790-1811: tendencias cuantitativas de la
renta de alcabalas». En: Jorge Silva; Juan Carlos Grosso; Carmen Yuste. Circuitos mercantiles y mercados en Latinoamérica. Siglos XVII y XIX. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Mora, 1995, p. 109.
80. Thomas CALVO. Por los caminos de Nueva Galicia. Transportes y transportistas en el siglo XVII. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, centre Francaise d’etudes Mexicanes et Centroamericaines, 1997, p. 125.
81. Jorge SILVA RIQUER. «Regionalización del mercado comercial de Michoacán, 1777-1821». Relaciones (Zamora).
58 (1994), p. 140.
82. Claude MORIN. Michoacán en la Nueva España del siglo XVIII: crecimiento y desigualdad en una economía colonial.
México: Fondo de Cultura Económica, 1979, p. 149.
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MANUEL MIÑO GRIJALVA
Juntas movieron más de ocho millones de pesos entre 1778 y 1781 y casi duplicaron su
movimiento a 15 millones entre 1802-1806, aunque luego bajó a 11 hacia 1809.
De todas formas la tendencia fue persistente83. En Córdoba y Orizaba, Cuernavaca,
Cuautla e Izúcar, la producción de azúcar y aguardiente se habían constituido en productos dominantes del espacio y mantenían a sus pobladores. De la misma forma Atlixco con
el trigo y Puebla, Tlaxcala y Tepeaca sobrevivían del trabajo del algodón, mientras se extendía la producción de cerdos por Apam, San Juan de los Llanos y Zacatlán. Chalquicomula
producía preponderantemente maíz a la par que se observaba que el pulque dominaba por
todas partes84. Para el caso de Toluca que hacia finales de la década de 1770 tenía una gran
actividad comercial, pues registraba 34.792 pesos, superando a centros de importancia
como Querétaro, que registraba 26.984 pesos de gravamen alcabalatorio. De hecho no
parece haber discusión sobre la participación e importancia de la economía indígena excedente en el mercado85. Las transacciones al interior de la zona fueron complementadas por
el intercambio de mercancías extra o interregionales.
Por otra parte, si ponemos atención a la producción de importación ésta siguió claramente los mismos derroteros que la producción interna: los mercados del noroeste y del
sureste engarzados por Ciudad de México. Los primeros dominados por una economía en
expansión, libre y minera y la segunda por un mercado en el que primó el crédito86 y el
repartimiento forzoso. Las cifras siguientes pueden ofrecer hacia 1789 un panorama de su
estructura y composición de la importación de productos europeos en los últimos años del
siglo XVIII: textiles que fueron distribuidos en un 76% hacia el noroeste y el 34% hacia el
sureste; aguardiente 52% para el noroeste y 48% para el sureste; hierro 43% y 57% para
el noroeste y sureste, respectivament; acero 89% para el noroeste y sólo 11% para el sureste y el papel alcanzó los porcentajes de 65% y 35% para los espacios mencionados en este
orden87. No hay duda sobre el peso del mercado norteño en relación al sur, aunque no sepamos la proporción en relación con la producción interna regional.
Los porcentajes anteriores se tornan definidos y con una tendencia a la alza si recobramos su movimiento entre 1772 y 1800. Los efectos enviados por la Ciudad de México:
de un valor equivalente a 652.000 pesos que ingresaron en 1772, saltó a 932.000 para 1776
y en la época del comercio libre su introducción fue siempre en crecimiento hasta alcanzar
en la década de 1800 los 5 millones de pesos88. Este incremento acelerado del consumo en
83. Jorge SILVA RIQUER. «Regionalización del mercado…» [81], p. 144.
84. Juan Carlos GARAVAGLIA. «El mercado interno colonial a fines del Siglo XVIII: México y el Perú». En: Heraclio
BONILLA (ed.). El sistema colonial en la América Española. Barcelona: Crítica Grijalbo, 1991, p. 230.
85. Margarita MENEGUS. «La participación indígena en los mercados del valle de Toluca a fines del período colonial».
En: Jorge Silva; Juan Carlos Grosso; Carmen Yuste. Circuitos mercantiles… [79], p. 137-148.
86. Jeremy BASKES. Indians, merchants, and markets. A reintepretation of the repartimiento and Spanish-Indian economic relations in colonial Oaxaca, 1750-1821. Standford: Standford University Press, 2000.
87. Yoko NAKAMURA. Importación y comercio interno en Nueva España. México: El Colegio de México, 2000, p. 211.
(Tesis de doctorado).
88. Yoko NAKAMURA. Importación y comercio… [87], p. 221.
182
LA CIUDAD DE MÉXICO. DE LA ARTICULACIÓN COLONIAL A LA UNIDAD POLÍTICA NACIONAL...
la capital es un indicador solvente y suficientemente indicativo de las condiciones económicas favorables de sus habitantes o de parte de ellos.
Si volvemos a las cifras proporcionadas por los registros de alcabalas y observamos los
porcentajes para la composición mercantil de 1796 tendremos el resultado siguiente en las
12 receptorías: Guadalajara, en primer lugar registró un promedio de 13.901.000 pesos
(aceptando el promedio de 32% asignado a los efectos de Castilla y 1,93 a los conocidos
como China) valor de las mercancías importadas, seguida por Puebla con un consumo casi
similar de 13.550.000, Durango y el norte con 10.521.000 pesos, Guanajuato 8.521.000,
Zacatecas 6.651.000, México 6.502.000 (la proporción mayor de su consumo es de efectos de la tierra), San Luis Potosí con 6.314.000 pesos, Valladolid que registra 4.972.000
pesos, cantidad parecida a la de Oaxaca con 4.952.000 y Veracruz 3.770.00089. Qué significan estas cantidades. Si las complicamos con el número de población conocida para la
década de los años 90, nos arrojaría cómputos más bien bajos de consumo per cápita: Guadalajara y su región habrían consumido un promedio de 38 pesos per cápita, mientras que
en Puebla el consumo era menor, cercano a los 24 pesos, mientras Durango subiría a casi
86 pesos; en el otro extremo, Oaxaca quedaría con 12 pesos. En el centro, México, con 50
pesos per cápita. Más o menos las cantidades coinciden con lo que conocemos sobre las condiciones económicas de las regiones y ciudades del reino.
Es evidente que se trata de un comercio «libre», voluntario y espontáneo y muy distinto al segmento de un mercado compulsivo como fue el del repartimiento, por lo demás
muy localizado. La oferta de bienes respondió al crecimiento de la población que desde el
siglo XVII venía recuperándose y a una articulación comercial más eficiente de lo que a primera vista parece. La red de transporte y el sistema de arriería prevalecientes fueron capaces de recorrer los diversos segmentos del mercado, sólo interrumpido por crisis cíclicas. De
todas maneras salta a la vista la articulación y participación de cada zona con una o varias
producciones dominantes. Guadalajara con diversos tipos de ganado, el norte con minas,
lana y ganado ovino y ganado mayor, el sur con grana, mantas y algodón, el sureste con
mantas, algodón y cera, dejando al centro como abastecedor de maíz, harina y productos
comestibles de rápida realización dada la existencia del mercado consumidor más importante del mundo novohispano como la Ciudad de México, que los articulaba y redistribuía,
movimiento que incluía el segmento de importaciones. En este punto el azúcar de Morelos
va a dominar el mercado, si bien se levantan sembradíos en otras partes del reino como
Michoacán que exporta fuera de su espacio a finales del siglo.
Finalmente este entramado niega la impresión de que ciudades y regiones como Mérida, Oaxaca o Guadalajara permanecieron desarticuladas de la red general, cuando es clara
su aportación al mercado interno, fruto entonces de una perspectiva teórica basada en la
economía feudal, que sólo reconoció la articulación de centro productor minero, puerto
89. Yoko NAKAMURA. Importación y comercio… [87], p. 212-213 y Juan Carlos GROSSO; Juan Carlos GARAVAGLIA.
«De Veracruz a Durango». En: La región de Puebla… [75], Cuadros 1 y 7.
183
MANUEL MIÑO GRIJALVA
y metrópoli, es decir, de enclaves económicos. Pero más allá de esta comprobación, lo que
me interesa destacar es que el sector mercantil localizado en cada uno de los centros urbanos y protourbanos no sólo que creció al amparo de las nuevas condiciones políticas y económicas, sino que este crecimiento posibilitó una participación más directa en los cabildos
y ayuntamientos, corporación que fue decisiva a la hora de pensar nuevas territorialidades
que fueron capaces de posibilitar el tránsito económico al de la participación política y la
formulación nacional final.
Los centros mineros y los centros urbanos, como la mayoría de los pueblos indígenas
fueron el destino principal de este comercio a lo largo y ancho del reino; movimiento en el
cual iban mezclados los flujos mercantiles generados por ese amplio porcentaje de población indígena inserta en los circuitos mercantiles, de distinto alcance, pero siempre de
acuerdo a su propia lógica económica y que investigaciones recientes definen ya con gran
precisión. Éstas abandonan el análisis general para ahondar en casos regionales. En este sentido, las aportaciones centrales para Tlapa90, en el actual Guerrero; para los pueblos de la
Mixteca91; Oaxaca92; la región de Puebla–Tlaxcala93 y Tepeaca94, han mostrado claramente la fuerza de la articulación regional e interregional del intercambio, movimiento en el que
la economía indígena fue protagonista principal. Sin duda el repartimiento de mercancías
fue clave para la participación indígena en el mercado y cuando se suspendió, las carencias
de insumos e instrumentos para su reproducción era acentuada particularmente la arriería
principal actividad de indios y mestizos de los pueblos fue golpeada con particular fuerza.
El resultado es que la agricultura indígena estaba en un estado de clara decadencia hacia
1791-179295. La conclusión, sumada la grave crisis de 1785-1786, fue clara: la estructura
productiva sustentada en el crédito «protegido» debió ceder ante una estructura agraria
abierta al mercado y la especulación directa, fenómeno que sin duda impactó en el control
por parte de los hacendados de la producción mercantil y el abasto urbano y, concretamente, en el nivel de los precios. Es, por otra parte, el anuncio del fortalecimiento de la
hacienda y del grupo oligárquico que prevalecerá durante el siglo XIX.
Y es que para la última parte del periodo colonial existía un conjunto regional articulado económica y territorialmente con base en el gran centro dominador del espacio
general como la Ciudad de México a partir del cual surgieron ciudades centrales como
90. Danielle DEHOUVE. «El pueblo de indios y el mercado: Tlapa en el siglo XVIII». En: Arij Ouweneel; Cristina
Torales Pacheco (comps.). Empresarios, indios y Estado... [22], p. 139-166.
91. Rodolfo PASTOR. Campesinos y reformas. La Mixteca, 1700-1856. México: El Colegio de México, 1987.
92. Marcello CARMAGNANI. El regreso de los dioses. El proceso de reconstitución de la identidad étnica en Oaxaca. Siglos
XVII y XVIII. México: Fondo de Cultura Económica, 1988.
93. Horst PIETSCHMANN. «El comercio de repartimiento de los alcaldes mayores y corregidores en la región de Puebla/Tlaxcala en el siglo XVIII». En: Estudios sobre política indigenista española en América. Valladolid: 1974, III,
p. 147-153.
94. Juan Carlos GARAVAGLIA; Juan Carlos GROSSO. «El abasto de una villa novohispana: mercancías y flujos mercantiles en Tepeaca (1780-1820)». Anuario del Instituto de Estudios Histórico-Sociales (Tandil). 2 (1987), p. 217-253.
95. Margarita MENEGUS. «Economía y comunidades indígenas: la supresión del sistema de reparto de mercancías en
la Intendencia de México, 1786-1810». En: Juan Carlos Grosso; Jorge Silva Riquer (comp.). Mercados e Historia.
México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1994, p. 242-244.
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LA CIUDAD DE MÉXICO. DE LA ARTICULACIÓN COLONIAL A LA UNIDAD POLÍTICA NACIONAL...
Guadalajara, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Mérida, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Valladolid, principalmente, que fueron ejes secundarios del tejido social y político en
torno a los que se engarzaron centros y localidades como pueblos y villas. La distancia y el
aislamiento se combatió con la cercanía de unos poblados con otros.
Estos fueron centros del poder político, económico y social, dirigido de manera
centralizada por la Ciudad de México en donde residían los empresarios y propietarios
prominentes del virreinato. Esta articulación reconocía, sin embargo, el funcionamiento
de grupos locales ligados o no a la capital más allá de las circunscripciones políticas como
las audiencias y más estrechamente ligados a las intendencias96. Grupos locales de carácter autónomo pueden reconocerse de manera clara en los que se aglutinaron en los consulados de Guadalajara, Veracruz y luego Puebla, cada cual con esferas de influencia claras hacia el centro-oeste-norte, sur y golfo del virreinato, que no tardarían en reclamar
entidades e identidades propias y autónomas. Últimamente el caso del estado Guanajuato ha sido estudiado pensando más en las ciudades, villas y pueblos como actores políticos interrelacionados e integrados en una red y jerarquía territorial con una influencia
innegable en la construcción de una nueva realidad política después de Cádiz97, pero cuya
formación y desarrollo fue fruto del crecimiento económico del siglo XVIII. La aparición
de nuevos actores, no implicó, sin embargo, una desestructuración y desajuste de la provincia, simplemente un reacomodo, porque finalmente el estado conservó su territorialidad y la jerarquía nunca estuvo en disputa. Es decir, la localidad tuvo una expresión de
participación con el municipio, sobre todo después de 1812, los grupos locales municipales se articularon con las intendencias y luego con los grupos que dirigieron las diputaciones provinciales, paso inmediatamente anterior a formar parte de las soberanías de
las entidades federativas.
Territorio y centralidad
Dos consideraciones parecen imponerse de lo expuesto en párrafos anteriores: la primera de
tipo institucional y la segunda de carácter metodológico. El Estado nacional tuvo su expresión básica en delimitaciones administrativas y políticas y encontró su mejor expresión en la
figura de audiencias, alcaldías mayores, intendencias, subdelegaciones y diputaciones provinciales, de manera casi sucesiva y cronológica. Por otra parte, debemos desprendernos de la
ambigüedad del concepto regional que si bien es útil como un termómetro diferenciador
96. El caso de Guanajuato ilustra bien la interdependencia. «Es preciso que se tenga presente que los cabildos de las
capitales de las provincia[s] mandan a los demás pueblos de ella, como podría hacerlo un capitán general en su distrito, a pesar de que haya pueblos de mayor centro que el de la residencia del cabildo, de modo que no es un cuerpo de ayuntamiento para una población, sino un gobierno para todo un término o provincia». Citado por José
Antonio SERRANO ORTEGA. Jerarquía territorial…[1], p. 49.
97. José Antonio SERRANO ORTEGA. Jerarquía territorial… [1], p. 48-60.
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MANUEL MIÑO GRIJALVA
de realidades sociales frente a los conglomerados «nacionales» o generales históricamente se
vuelve estático frente a los sujetos dinámicos y cambiantes de este tiempo como fueron las ciudades, las villas y sobre todo, los pueblos, que en el siglo XVIII mostraron una fuerza indudable y una evidente presión por lograr la categoría de tales98. En el crecimiento demográfico
y la multiplicación de pueblos antes de 1810, radica la explicación de la posterior multiplicación y consolidación de municipios y municipalidades, nivel mínimo y fundamental de la
articulación nacional y de la constitución del gobierno de tipo federal. Cádiz lo que hace es
simplemente sancionar este crecimiento y el municipalismo no es más que su consecuencia
natural, de florecimiento y no de crisis, justamente cuando el sistema político imperante
entraba en su fase de desintegración. Después de 1812 ciertamente puede hablarse de la «revolución de los pueblos»99, pero esta revolución no significó la «ruralización de los espacios políticos»100, sino de la urbanización del campo, porque el municipio fue más bien la expresión
de un atributo de claro tinte urbano. Fue más bien la urbanización del mundo rural, en sus
límites y proporciones. Estos ayuntamientos pretendían, como en el caso clásico del Antiguo
Régimen, constituirse en la voz y representación de si mismos y de sus zonas de influencia.
En cambio, lo que si es más claro es que solo un proceso revolucionario, como el de la independencia, podía haber provocado la multiplicación de actores que se organizaron institucionalmente y se expresaron políticamente101.
La constatación de este hecho trae consecuencias analíticas importantes, particularmente en lo que se refiere a la generación de grupos de poder constituidos a lo largo del tiempo en un mundo cada vez más urbano y menos fragmentado, ligado a través de los cientos
de pueblos, villas y ciudades articulados por los grupos económicos más fuertes desde la capital del virreinato. No hay evidencia acerca de que 1810 haya implicado la ruptura de la jerarquía urbana, visible hasta hoy día, de los circuitos mercantiles y de las redes sociales. A esta
constatación deben sumarse el hecho de que para este tiempo pueden observarse «identidades locales» sean éstas urbanas o rurales, así como «identidades colectivas» construidas por los
intelectuales ante una realidad social heterogénea102. La explicación histórica evidente es que
las ciudades y los pueblos, por no decir los municipios y las municipalidades, se habían constituido desde los orígenes del sistema como el entramado básico en torno al cual se articuló
la sociedad de entonces, característica que puede ser reconocida hoy día. Parece claro
que donde los hubo, los ayuntamientos jugaron un papel decisivo en el ordenamiento
98. Stephanie WOOD. «La evolución de la corporación indígena en la región del valle de Toluca, 1550-1810». En:
Manuel Miño Grijalva (comp.). Haciendas, pueblos y comunidades. Los valles de México y Toluca entre 1530 y 1916.
México: CONACULTA, 1993, p. 130-133.
99. Antonio ANNINO. «Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos 1812-1821». En: Antonio ANNINO (coord.).
Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX. Buenos Aires: fondo de Cultura Económica, 1995, p. 177-226.
100. Antonio ANNINO. «Soberanías en lucha». En: Antonio ANNINO; Francois-Xavier GUERRA (coords.). Inventando la
nación. Iberoameriica. Siglo XIX. México: Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 168-179.
101. José Antonio SERRANO ORTEGA. Jerarquía territorial… [1], p. 25.
102. Françoise-Xavier GUERRA. «Identidades e independencia: la excepción americana». En: François-Xavier GUERRA;
Mónica QUIJADA. Imaginar la Nación. Münster, Hamburg: Lit Verlag, 1994, p. 109. (Cuadernos de Historia Latinoamericana; 2).
186
LA CIUDAD DE MÉXICO. DE LA ARTICULACIÓN COLONIAL A LA UNIDAD POLÍTICA NACIONAL...
original y en el soporte de las diputaciones provinciales103. De esta forma, las expresiones
políticas locales actuaban en la conformación política seccional, posteriormente estatal sobre
las que avanzarían para ampliar la red política en el plano intermedio y posteriormente, con
el Congreso general, arribar a la cúspide de la red política nacional.
Así, es posible plantear que el pacto federal sólo fue viable porque hubo un acuerdo económico y sobre todo social urbano anterior entre grupos económicos y elites de todo
tipo104, y en diversos planos y niveles que «engendraron nuevas relaciones sociopolíticas» y
que a la larga habrían hecho posible la unidad política y la federación y que todo el proceso de conformación administrativa y política implementado por la Corona, particularmente en el siglo XVIII, de una o de otra manera, centralizadora o descentralizadora de acuerdo al ámbito que tocó la reforma de los Borbones105, fue determinante para la construcción
del Estado nacional. No hay duda de que con la reforma se introdujo un acatamiento al
nivel jerárquico administrativo y se siguió un escalafón «para elevar un asunto al nivel de la
administración real, pasando por las autoridades locales, los intendentes y las instituciones
virreinales para apelar finalmente al rey». Es decir, en términos de la organización institucional y política Nueva España tenía ya las bases de la organización del México independiente106. Esta organización, a pesar de que en el papel era factible, no funcionaba adecuadamente. Funcionarios de la época como Flon lo denunciaban así. La autoridad virreinal
estaba en crisis, tanto por la falta de preparación de los virreyes, pues para serlo, «ni aun
saber leer, ni escribir es necesario para ser virrey de México», el desconocimiento del territorio que gobierna o el desinterés desembocaba en que la autoridad se delegaba en los subalternos de la administración. Las intendencias habían sido subordinadas al poder virreinal
con lo cual se anulaban las instancias intermedias. ¿Qué habría pasado si se hubiese procedido como proponía el funcionario poblano? Flon discurría en 1801 que era inminente una
nueva organización si se quería controlar el reino, para lo cual argumentaba que se debía
extinguir el virreinato y crear en su lugar capitanías generales y se debía procurar la creación de audiencias pequeñas con sedes en las capitales de cada provincia107. Se necesitaba
103. Véase, por ejemplo, las Actas de la Diputación Provincial de Nueva España 1820-1821. México: Instituto de Investigaciones Legislativas, Cámara de Diputados, LII Legislatura, 1985. (Introducción, sumario y trascripción de
Carlos Herrerón Peredo) y Silke HENSEL «¡Oaxaca libre!, la declaratoria de independencia en Oaxaca, 1823». En:
Salvador Broseta; Carmen Corona; Manuel Chust (y otros). Las ciudades y la guerra, 1750-1898. Barcelona: Universitat Jaume I, 2002, p. 95-114. Las elites del área tuvieron otra oportunidad en 1809.
104. Según Jaime E. Rodríguez O., que estudia detenidamente el caso de Oaxaca, las elites en 1809 expresaron su opinión
sobre la naturaleza del gobierno, pues el 22 de mayo de ese año, la Junta Central había promulgado una consulta a la
nación dirigida a España y América, en la que solicitaba a las «juntas provinciales, ayuntamientos, tribunales, obispos,
universidades y personas eruditas que sugirieran cuál sería la mejor manera de organizar el gobierno […] En formas
que aún tratamos de comprender, tal solicitud dio inicio a un proceso de devolución de poder político a las regiones
y engendró nuevas relaciones sociopolíticas». Jaime E. RODRÍGUEZ O. ‘«Ningún pueblo es superior a otro»: Oaxaca y
el federalismo mexicano». En: Brian Connaughton (coord.). Poder y legitimidad en México, siglo XIX. Instituciones
y cultura política. Iztapalapa: Universidad Autónoma Metropolitana, Miguel Ángel Porrúa, 2003, p. 249-309.
105. Una discusión al respecto puede consultarse en Horst PIETSCHMANN. «Protoliberalismo…» [2], p. 27-66.
106. Horst PIETSCHMANN. «Actores locales y poder central. La herencia colonial y el caso de México». Relaciones
(Zamora). 73 (1998), p. 80-81.
107. «Flon a Soler, 21 de XII de 1801». En: Horst PIETSCHMANN. «Dos documentos significativos para la historia del régimen de intendencias en Nueva España». Boletín del Archivo General de la Nación (México). XII/3-4 (1971), p. 404-444.
187
MANUEL MIÑO GRIJALVA
crear un nivel provincial que intercediera entre el las necesidades locales y la autoridad real,
de manera más eficiente como no lo estaba haciendo el virreinato.
De todas formas, tanto las intendencias como las diputaciones provinciales fueron las
bases de la configuración de áreas de influencia y control político, aunque las diputaciones
simplemente reemplazaron a los cabildos de las ciudades capitales de las provincias, pero
como éstas, reclamaron jurisdicción sobre áreas lejanas a las capitales y, lo que es más
importante, aspiraron a representarlas108. Por otra parte, dada la existencia de una circunscripción política básica, no parece adecuado pensar en la formación de territorialidades adhoc que luego desembocarían en realidades regionales al finalizar el siglo XIX. Los territorios devinieron entidades federativas. Sin embargo, sobre lo que no hay duda es que el
«nuevo orden liberal transformó el orden informal y difuso presente en los pueblos, municipios, ciudades secundarias y terciarias, dando vida a poderes institucionales que se traducían en jerarquías sociales» reguladas por viejos y nuevos actores109 que eran los que «controlaban» los territorios resultantes de un proceso cultural, económico, político y social de
un espacio determinado.
En términos metodológicos, tradicionalmente ha sido la región el concepto usado
para definir la articulación o desintegración de un espacio económico o de una entidad política, bajo el supuesto de la historicidad de éstas, cuando en realidad la historicidad sólo es
un atributo de las sociedades y los procesos, que subordinan a las regiones en su transitar.
La región, por otra parte, es un concepto trasladado del análisis contemporáneo y «ajustado» al pasado sin suficiente análisis. Y así se concluye –por simplificar los supuestos– que
las regiones –articuladas o no– dieron como fruto los estados, categoría institucional, evidentemente de distinta construcción conceptual y de naturaleza también diversa. Su insuficiencia ha quedado claramente descubierta en el análisis planteado por Carmagnani sobre
la pertinencia del concepto territorio sobre el de región para definir el surgimiento de entidades políticas articuladas tanto desde el aspecto religioso como del económico y cultural110, factores que pueden explicar claramente el nuevo entramado surgido del proceso
revolucionario.
Sea como fuere, nos movemos entre tres conceptos clave que tienen que ver con lo
territorial, regional e institucional. Posiblemente si volteamos nuestra mirada a ciudades
y pueblos como formaciones históricas básicas y como conceptos, veremos que son capaces
de reunir en sí mismos los tres conceptos anteriores; así, podríamos identificar mejor el proceso de articulación hacia la unidad nacional, independientemente de que los otros existan
por sí o como comunidades y realidades geográficas. Por lo demás esto nos llevaría a entender
108. Guy P. C. THOMSON. «Federalismo y cantonalismo en México, 1824-1892: soberanía y territorialidad». Anuario
del Instituto de Estudios Histórico-Sociales (Tandil). 10 (1995), p. 74.
109. Elisabetta BERTOLA; Marcello CARMAGNANI; Paolo RIGUZZI. «Federación y estados. Espacios políticos y relaciones de poder en México (siglo XIX)». En: Pedro Pérez Herrero (comp.). Regiones e historia en México (1700-1850).
México: Instituto Dr. José María Luis Mora, Universidad Autónoma Metropolitana, 1991, p. 240.
110. Marcello CARMAGNANI. «Del territorio a la región. Líneas de un proceso en la primera mitad del siglo XIX». En:
Alicia Hernández Chávez; Manuel Miño Grijalva. Cincuenta años de historia en México. En el cincuentenerio del
Centro de Estudios Históricos. México: El Colegio de México, 1991, II, p. 221-242.
188
LA CIUDAD DE MÉXICO. DE LA ARTICULACIÓN COLONIAL A LA UNIDAD POLÍTICA NACIONAL...
que no podemos mezclar categorías «regionales» para sacar conclusiones políticas sobre
efectos de centralidad, articulación o dispersión que cumplen unas ciudades sobre otras. Es
decir no podemos argumentar una regionalización de la Nueva España para negar la centralidad de la Ciudad de México, que históricamente fue evidente e indiscutible.
Dependiendo de un «clima económico», hubo un proceso de articulación económica
general a partir de un centro hegemónico, que determinó no sólo la unidad geográfica básica sino la propia unidad política federal en el tránsito de Nueva España a México, como
pudo haber definido un sistema centralista. Flon, quien tenía una idea política bastante clara de la situación general del reino, argumentaba claramente que la Corona debía quitar
de «México la absoluta dominación que hoy logra, dejaría de ser esta capital la madrastra de
todas las ciudades que la están sujetas». Era frustrante –decía– «no ver competida su gloria
y su opulencia»111.
La determinante centralidad de la Ciudad de México es, en este caso, independiente
a cualquiera de los dos sistemas que se hubiesen escogido. La fuerza articuladora de la capital novohispana primero y mexicana después, reconoció una vasta y bien integrada red de
comerciantes, mineros y hacendados, clérigos y funcionarios cuya base fue la propia capital
virreinal durante los 300 años del dominio español y que no tuvo las fracturas institucionales o económicas que sufrieron las entidades del centro y el sur de América sobre todo
a lo largo del siglo XVIII, en cambio presidió una casi perfecta articulación territorial
y regional a través de la multiplicación de ciudades, villas y pueblos –en unas regiones más
que en otras– que fueron el entramado fundamental de la articulación comercial, pero sobre
todo, el asiento del poder básico del sistema político como fueron los municipios y las
municipalidades. El mismo Flon argumentaba con una nitidez excepcional sobre los problemas que la falta de estructuras políticas intermedias significaban en el funcionamiento
del sistema:
«Si (lo que la suerte no permita) por uno de aquellos acontecimientos raros, y monstruosos
que abortan de cuando en cuando los siglos […] levantase la voz la capital de México, queriendo
sacudir el suave yugo de la dominación de nuestro soberano ¿quién sería quien la pudiese estorbar
una tan criminal y aborrecible traición, si las tropas y los pueblos todos […] no ven como real otra
cosa que la superioridad de esta corte a todos los pueblos, villas y ciudades, la dependencia y el abatimiento en que las tiene su fausto, y el absoluto mando de sus tribunales todos?»112.
Por lo anterior resulta importante la observación de Guy Thomson que si bien el federalismo mexicano se desarrolló a partir de las «oligarquías regionales» o las «elites naturales»
de las ciudades provinciales, éste fue una respuesta a la iniciativa constitucional del centro.
Junto a este proceso, de manera paralela, se desarrollaron las municipalidades formadas con
111. «Flon a Soler, 21 de XII de 1801». En: Horst PIETSCHMANN. «Dos documentos significativos…» [107], p. 439.
112. Horst PIETSCHMANN. «Dos documentos…» [107], p. 438-439.
189
MANUEL MIÑO GRIJALVA
base a los antiguos territorios de las repúblicas de indios113, proceso en el que sin duda los
pueblos, cabeceras o no, cumplieron un papel determinante. De esta forma, ciudades y pueblos se articularon en un único movimiento integrador del nuevo sistema político dirigido
por la Ciudad de México.
Conclusiones básicas
En principio es necesario admitir la existencia de una circulación en la que intervienen
varios tipos de fuerzas: por una parte el elemento mercantil encargado de dirigir el proceso
que se ubicó principalmente en las ciudades de México, Puebla y Guanajuato desde el siglo
XVI y en el siglo XVIII; más tarde, y en diferentes momentos, incidió el papel de los comerciantes de Veracruz y Guadalajara, Oaxaca, Mérida y de prácticamente las principales capitales de los segmentos provinciales. Ya expuesta la red urbana interconectadas hacia el sur,
el Bajío, el occidente y el norte, es claro que el dominio económico de la Ciudad de México nunca fue alterado y continuó siendo el eje fundador de los sectores económicos y sociales de Nueva España durante todo el período colonial, por lo que no hubo la menor duda
de que lo sería en el control político posterior, consecuentemente fue el eje histórico, económico y político como centro del sistema federal fundado sobre la base de las intendencias y las diputaciones provinciales.
Las capitales jurisdiccionales coloniales –que fungieron además como centros de identidades «regionales»– fueron entonces, de manera casi natural, las capitales de los nuevos
estados. Pero la Ciudad de México, a la inversa de los demás países latinoamericanos tuvo
una reconocida ascendencia y hegemonía que si cabe la comparación, reemplazó la idea de
la existencia del «príncipe» como lazo de unión de las provincias como había sucedido en
Brasil114. Simplemente quiero quedarme en la idea de que justamente la expansión demográfica, la multiplicación de pueblos y ciudades, subordinadas a capitales regionales, así
como la articulación económica interregional y local, forman los elementos clave para explicar el futuro de la constitución territorial y nacional. Esta articulación sin duda estuvo
dominada por la Ciudad de México, que incluso sometió, como no se dio en ningún otro
lugar de Hispanoamérica, a las audiencias que mantenía el virreinato en su seno: las audiencias de México y de Nueva Galicia, cuando la regla fue, y esto lo muestra Jaime E. Rodríguez115, que las audiencias, incluidas las capitanías arribaran a la conformación de países
distintos. Los pueblos y ciudades se multiplicaron como sus gentes y su intercambio se
113. Guy P. C. THOMSON. «Federalismo…» [108], p. 75.
114. José Murillo de CARVALHO. El desarrollo de la ciudadanía en Brasil. México: El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, Fideicomiso Historia de las Américas, 1993, p. 57.
115. Jaime E. RODRÍGUEZ O. La independencia de la América Española. México: El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, Fideicomiso Historia de las Américas, 1996, p. 21.
190
LA CIUDAD DE MÉXICO. DE LA ARTICULACIÓN COLONIAL A LA UNIDAD POLÍTICA NACIONAL...
articuló teniendo como trasfondo un proceso de crecimiento al finalizar el siglo XVIII y no
de estancamiento, proceso que se derrumbó con la desamortización que fue, finalmente, el
golpe económico propinado al sector de la elite –sector extendido y complejo–, el que finalmente decidirá la suerte de Nueva España. La multiplicación de los centros urbanos y protourbanos serán el origen de la multiplicación de ayuntamientos como estructuras de representación política en la década de 1810.
El concepto territorio tiene su fuerza en una construcción histórica del proceso social
que supera las limitaciones del regional de naturaleza esencialmente física y geográfica. El
territorio como representación del conjunto de actividades religiosas, económicas, políticas
y culturales es una categoría teóricamente construida sobre un proceso determinado. Pero
si el territorio se define a partir de la «homogeneidad de sus costumbres, intereses y porvenir» y por lo mismo no es un «simple agregado de comunidades ni una construcción artificial a partir de la geografía, sino más bien la resultante de la tensión entre comunidad
y autoridad»116, entonces necesitamos definir lo que estos atributos significan en cada
comunidad, aunque al plantear el problema de la autoridad necesariamente debemos admitir la vigencia de la jurisdicción política y administrativa que se superpone al espacio territorial o regional y responde a un conjunto de normas e instituciones –por imperfectas que
fueran–, que se entrelazan con la vida de la comunidad de manera cotidiana creando y manteniendo redes sociales y políticas, que son la base de la cultura y los comportamientos
sociales y esta «tensión» no es más que aquella que se da entre cabildo y vecinos. El problema es que cabildo y vecinos son esencialmente los mismos en una sociedad de Antiguo
Régimen y si no lo fueren, habrían estado fuertemente limitados por un conjunto de redes
que posibilitaron el funcionamiento de una entidad o corporación.
De hecho, la autoridad funciona sobre ámbitos de competencia que no son regionales,
por ello cuando se trata de dar representatividad a la comunidad y los grupos se manifiestan
primero como «vecinos honrados», para usar los términos de Puebla y Oaxaca a principios del
siglo XIX, luego son legitimados como sus representantes. Sin embargo, para que la territorialidad funcione como tal debe reunir como requisito indispensable las condiciones de preeminencia urbana que, a la par que domina jerárquicamente el espacio, la dota de legitimación
y control de unidades menores. Este dominio se expresa, en principio, a través del control de
los recursos y de las redes sociales por familias y grupos de parentesco a otros menores de las
localidades. Así, a las redes sociales les corresponde esa vasta red urbana y protourbana que
conformaron ciudades (centrales) y pueblos. Consecuentemente, para que el territorio sea un
concepto útil históricamente debe reunir dos condiciones: en primer lugar, que junto a la preeminencia y la articulación económica, sea susceptible de representación política y, segundo,
que englobe o subordine bajo su poder dos o más regiones naturales.
Estas consideraciones muestran, por otra parte, la necesidad de rescatar la figura del
pueblo como parte integral y fundamental no sólo de la red urbana, sino social, porque
116. Guy P. C. THOMSON. «Federalismo…» [108], p. 229 y 231.
191
MANUEL MIÑO GRIJALVA
finalmente fueron los goznes y enlaces que dieron vida y funcionalidad al sistema en su conjunto. La organización y funcionalidad del territorio tiene como base una serie de subestructuras cuya naturaleza histórica les otorga validez institucional, y son éstas las que definirán el carácter de la territorialidad y no a la inversa, por lo menos en la etapa formativa
del Estado nacional. En términos más concretos, esta es la base de la multiplicación y fortalecimiento de los municipios a partir de la década de 1810.
Me interesa entonces destacar este último punto, porque será la estructura urbana,
dominada –real e imaginariamente por la Ciudad de México–, y fortalecida por un importante crecimiento de la población, el crecimiento urbano y protourbano –desequilibrado–, el
eje sobre el cual se montará el proyecto político de país reconociendo las fuerzas locales, articuladas entre si e interactuantes, lo que hizo posible mantener la unidad como nación. Sobre
la ciudad y los pueblos se armó un entramado de municipios y municipalidades que nunca
cuestionó la unidad política inicial
Parece no haber duda de que a estas alturas de nuestros conocimientos podemos desechar la vieja imagen de la feudalidad y desarticulación como condiciones primeras de la
federalización del sistema político. No hay duda de que la situación de fortaleza regional
y articulación económica general, en un clima de crecimiento económico, creó las condiciones necesarias para por una parte, mantener la centralidad de la Ciudad de México,
como actor determinante de la vida política nacional –federal o central–, y por otra, que
esta misma condición permitió la unidad nacional, pues fue una unidad basada en un ordenamiento y jerarquía por la cual desde la vida económica hasta la intelectual y cultural estuvo ordenada desde la Ciudad de México.
Este ensayo ha mostrado que no puede hablarse de que hubo una «descentralización»
previa a la federalización, condición que puede observarse en países federales como Venezuela y Caracas, Buenos Aires y Argentina. Cuando las regiones y los centros económicos
permanecieron estancados o débiles, la primacía estuvo dirigida por condiciones políticas
y administrativas más bien impuestas. Es el caso de Lima y Perú cabeza indiscutible del
virreinato o Santafé y Colombia y evidentemente el caso centroamericano. Cuando las ciudades crecieron en disputa como el Quito agrario–manufacturero del siglo XVII contra el
Guayaquil cacaotero de finales del XVIII, la centralidad siempre estuvo en disputa y por lo
tanto el equilibrio del sistema político. El principio es que las jerarquías territoriales con el
tiempo, no se destruyeron, se institucionalizaron y se representaron políticamente.
192
Fernando VII.Un rey imaginado
para una nación inventada
VÍCTOR MÍNGUEZ
E
n los inicios del siglo XIX la monarquía española sigue gobernando serenamente sus
amplísimos dominios americanos. Han pasado trescientos años desde que los españoles conquistaron estos territorios, y durante este dilatado periodo temporal no se ha producido ninguna crisis importante que haya hecho peligrar dicho gobierno. Ha habido
algunas revueltas indígenas, alguna invasión a cargo de alguna potencia extranjera, y alguna conspiración en la sombra, pero las revueltas han sido sofocadas, las invasiones rechazadas y las conspiraciones anuladas sin mayores consecuencias. Por lo que respecta a las
elites hispanoamericanas, el criollismo es un movimiento político más intelectual que real,
y apenas unos pocos radicales cuestionan el derecho de los reyes de España sobre el territorio americano. La lealtad de los súbditos ultramarinos está por tanto garantizada y ni
siquiera el terrible año de 1808 la hace peligrar seriamente. Cuando ese año el ejército
napoleónico invade la península y Fernando VII es hecho prisionero, las ciudades de la
Nueva España no aprovechan tal circunstancia para romper sus lazos con la metrópoli.
Antes al contrario: proclaman su lealtad al monarca cautivo, y los donativos y préstamos
para ayudar a financiar la guerra en la península contra el emperador francés son cuantiosos. Pero hay más: siguiendo con el caso novohispano, cuando en 1810 el cura Miguel
Hidalgo inicia la insurrección contra el dominio español con el famoso «grito de Dolores»,
la consigna es «¡Viva Fernando VII y mueran los gachupines!». Es decir, la propia revolución que reacciona contra el mal gobierno manifiesta su lealtad al monarca reinante. Y la
lealtad novohispana a la familia real todavía conoce otro ejemplo extremo: cuando en
1821 el Plan de Iguala declara finalmente la independencia del país, los victoriosos rebeldes ofrecen el trono del nacido imperio mexicano... ¡a Fernando VII o en su defecto, a un
infante español!
Todos estos hechos ponen en evidencia la innegable devoción americana por sus reyes
españoles, y concretamente por el joven rey Fernando. Esta devoción, conocida en México
como fernandinismo, participa de ciertos rasgos mesiánicos, y sorprendentemente fue una
actitud innegable tanto en el bando realista como entre las filas insurgentes. Para comprender esta paradoja hay que tener presente el gran calado social del imaginario monárquico
193
VÍCTOR MÍNGUEZ
español tras tres siglos de intensa y eficaz propaganda. No obstante existe la tesis de que los
insurgentes utilizaban el nombre del rey para ocultar sus verdaderos propósitos –la independencia– y mantener mientras tanto el apoyo popular. Es lo que se llamó la «máscara»
de Fernando VII, metáfora utilizada por Morelos que apareció antes y después en numerosos textos realistas aludiendo peyorativamente a la estrategia de engaño practicada por los
insurgentes. Esta hipótesis de la ocultación de los verdaderos fines de la rebelión mediante
la invocación a Fernando VII no es, según Marco Antonio Landavazo que ha estudiado
recientemente esta cuestión, errónea pero sí reduccionista1.
En 1808, año de su subida al trono tras el motín de Aranjuez, y en escasos meses, se
produce en España y en América una idealización y mitificación de Fernando VII, como
no había habido otra con ningún otro monarca –por lo menos en tan corto espacio de tiempo. Se trata de un proceso de construcción de un rey imaginado, al que se hace depositario
de todas las virtudes y cualidades posibles, sin que su cautividad en Bayona merme en absoluto su prestigio. No deja de ser sorprendente porque se trata de un rey –a juzgar por sus
contemporáneos y por los acontecimientos que protagonizó– de carácter débil y de personalidad mezquina y cobarde2. Pero las conspiraciones contra su padre y la humillación posterior a la que le somete el emperador de Francia en vez de poner en evidencia para los súbditos sus carencias como rey contribuyen más que nada a agrandar su figura. Fernando se
convierte en El Deseado. El joven rey se beneficia obviamente de siglos de adhesión y respeto por la institución monárquica española. Tras las figuras grandiosas del siglo XVI –Carlos V y Felipe II– el pueblo español se acostumbró a lo largo de los siglos XVII y XVIII
a depositar sus esperanzas en los príncipes herederos, en quienes se confió siempre que regenerarían el país. El espejismo se repite de nuevo con Fernando VII, y probablemente la
intensidad de la crisis a que esta sometida la monarquía acentúa dicha percepción: Godoy
era el culpable de todo y Fernando VII la solución. La lealtad centenaria del pueblo español al sistema monárquico permanecía indemne en España, y también sucedía lo mismo en
América: cuando las noticias de que el rey ha sido hecho prisionero por Napoleón y ha estallado la guerra con Francia cruzan el Atlántico se suceden en las ciudades del Nuevo Mundo proclamaciones de lealtad a la Corona, con una intensidad que raya el delirio y el entusiasmo.
Pero esta invención del monarca coincide en el tiempo con el proceso insurgente y la
construcción real y simbólica de las nuevas naciones americanas. Y por extraño que pueda
parecer, es del todo compatible la sublevación de las colonias contra el gobierno español
y la exaltación y el anhelo por el rey Fernando, incluso como he dicho entre los propios
rebeldes. A continuación voy a analizar esta paradójica situación en el caso novohispano. El
1. Véase Marco Antonio LANDAVAZO. La máscara de Fernando VII. Discurso e imaginario monárquicos en una época
de crisis. Nueva España, 1808-1822. México: El Colegio de México, 2001.
2. La bibliografía sobre Fernando VII es abundante y recientemente se han publicado dos libros importantes. Véase:
Rafael SÁNCHEZ MANTERO (ed.). Fernando VII. Su reinado y su imagen. Madrid: Marcial Pons, 2001 y Fernando
VII. Madrid: Arlanza Ediciones, 2001.
194
FERNANDO VII. UN REY IMAGINADO PARA UNA NACIÓN INVENTADA
fernandinismo en Nueva España lo podemos rastrear actualmente en impresos y manuscritos, desde sermones a poemas3, pero también en imágenes, como son los retratos del rey,
ya sea en lienzos, grabados o medallas, y en ceremonias, sobre todo en la de jura. Y todavía
hay otra prueba aun más contundente de la fuerza y la sinceridad de los sentimientos de
fidelidad de los novohispanos con Fernando VII: los ya mencionados múltiples donativos
y préstamos entregados por los súbditos de ultramar para financiar la guerra contra Napoleón4. Sin embargo, como historiador del arte que soy, voy a limitarme a analizar las imágenes plásticas y las ceremonias que contribuyeron a cimentar el culto al joven monarca,
obviando otros materiales ajenos a mi línea de investigación, aunque igualmente significativos. Asimismo, y puesto que los objetos artísticos que manejo son instrumentos de propaganda de la Corona, me limitaré al fernandinismo leal, y dejo al margen el fernandinismo insurgente, muy escaso, por otra parte, en imágenes gráficas.
Nueva España jura a su rey
La lealtad de los súbditos americanos se pone de relieve como he dicho en el difícil trance
que vive la monarquía española en 1808. Durante trescientos años los reyes austríacos
y borbones que han gobernado América lo han hecho desde la seguridad y firmeza de un
trono que nunca conoció serias amenazas exteriores que lo cuestionaran –la guerra de Sucesión fue, en definitiva, una guerra civil. Pero cuando Napoleón encierra a la familia real en
Bayona y depone a Fernando VII sustituyéndolo por José Bonaparte, el trono se tambalea
y la sensación de pertenecer a una monarquía imperecedera hace crisis. Emocionalmente
presionado, el pueblo americano afirma su lealtad inquebrantable al rey preso hasta el punto de que probablemente ningunos otros festejos expresan con mayor determinación la lealtad de Nueva España a su monarca como las juras por Fernando VII.
M. A. Landavazo ha estudiado las ceremonias de jura de Puebla, Xalapa, Valladolid
y Aguascalientes. Sin embargo existen referencias de que la ceremonia se celebró en otros
muchos sitios, a lo largo y ancho del virreinato, en un arco temporal que abarca desde agosto de 1808 hasta principios de 18095. Yo voy a centrarme exclusivamente en las de Puebla
y Xalapa, pues las considero suficientemente representativas.
La ceremonia de jura es, junto con las exequias reales, la celebración regia más importante del Antiguo Régimen, pues permite mediante la proclamación la materialización de
un monarca físicamente ausente. El arte y el rito lo hacen visible ante el pueblo, que expresa
3. Estas fuentes escritas han sido pormenorizadamente analizadas por Marco Antonio LANDAVAZO. La máscara de
Fernando VII… [1], p. 59-221.
4. Véase al respecto de su importancia Carlos MARICHAL. La bancarrota en la Nueva España. México: Fondo de Cultura Económica, 2000.
5. Marco Antonio LANDAVAZO. La máscara de Fernando VII… [1], p. 98-119.
195
VÍCTOR MÍNGUEZ
entusiasta su lealtad a la Corona. Se trata de un ceremonial de origen castellano –el primer
alzado de pendones tuvo lugar en 1516 en honor de la reina Doña Juana–, que en el siglo
XVIII se extiende a toda España una vez los territorios de la antigua Corona de Aragón son
sometidos militarmente por el primer borbón, Felipe V. Como la conquista y colonización
de América fue una empresa eminentemente castellana, la ceremonia de jura se impuso en el
virreinato del Perú y en el de La Nueva España ya desde el siglo XVI, celebrándose en las
plazas mayores de todas las ciudades. La ceremonia de jura adquiere un significado especial
en las ciudades americanas. Tengamos en cuenta que, a diferencia de la metrópoli los súbditos de ultramar nunca tuvieron ocasión de conocer directamente a los reyes ni a los príncipes, por lo que su proclamación devenía en América en una verdadera presentación virtual en sociedad. Cuando entre el tronar de la fusilería, el disparo de los cañones, el
tañido de las campanas y la suelta de aves, la cortina de tela es descorrida y el gran retrato del rey se muestra bajo un dosel de terciopelo a la multitud, ya se ha creado previamente el clima oportuno para que se produzca la catarsis colectiva. Miles de gargantas al
unísono pronuncian el grito ritual manifestando de este modo la aceptación del nuevo
monarca. El homenaje de la ciudad se convierte en un pronunciamiento de lealtad 6. El
rito tiene un marcado carácter simbólico: tras el juramento de lealtad, y la teofanía real,
cientos de monedas con la efigie del nuevo soberano son repartidas entre la multitud, permitiendo a todos los súbditos familiarizarse con el rey al que se llevan a sus casas como si
fuera un objeto de culto.
Veamos como se desarrollaron los actos de la proclamación y jura de Fernando VII
en la ciudad de Puebla de los Ángeles7. La crónica –publicada mientras se desarrolla la guerra en España– se inicia con el relato de los sucesos de Bayona en la primavera de 1808:
Napoleón obliga a Fernando VII a devolver la Corona a Carlos IV –que éste había cedido
a su hijo a raíz del motín de Aranjuez–, y éste cede todos sus derechos sobre España y América al emperador de los franceses. Dicho acto es, por supuesto, repudiado, y calificado de
traición:
«Quiso Bonaparte hacer uso de las trampas del zorro, seguir las astucias del gorrión, e imitar
las mustias hipocresías del cangrejo, y de otros animalejos ruines y cobardes, que aprender de la
generosidad del león rey de las selvas, de la nobleza del delfín príncipe de los mares, de la circunspección de la águila emperatriz del aire»8.
6. Víctor MÍNGUEZ. «Reyes absolutos y ciudades leales. Las proclamaciones de Fernando VI en la Nueva España».
Tiempos de América. Revista de Historia, Cultura y Territorio (Castellón). 2 (1998), p. 19-33. Véase también mi
libro Los reyes distantes. Imágenes del poder en el México virreinal. Castellón: Universitat Jaume I, Diputación de
Castellón, 1995, p. 125-137. En estos dos textos avancé ya reflexiones sobre las juras de Fernando VII en Nueva
España.
7. Véase José GARCÍA QUIÑONES. Descripción de las demostraciones con que la muy noble y muy leal ciudad de la Puebla de los Ángeles, segunda de este reino de Nueva España... solemnizaron la pública proclamación y el juramento…
prestó el pueblo a nuestro augusto, ínclito, amado y muy deseado monarca el señor don Fernando de Borbón Séptimo de
este nombre, nuestro rey... [Puebla de los Ángeles]: Imprenta de D. Pedro de la Rosa, 1809.
8. José GARCÍA QUIÑONES. Descripción de las demostraciones… [7], p. 7-8.
196
FERNANDO VII. UN REY IMAGINADO PARA UNA NACIÓN INVENTADA
A partir de ahí, todo el libro es una proclama de lealtad a la Corona española, la más
fuerte de las expresadas en la literatura de fiestas novohispana, y curiosamente, sólo dos años
antes del «grito de Dolores» y trece de la independencia de México. Dichas muestras de lealtad
se ejemplifican en el deseo popular de organizar con los numerosos voluntarios un regimiento de infantería, un escuadrón de caballería y un cuerpo de artilleros –este último a cargo del gremio de plateros– para el acto de la jura.
Para el ritual se dispusieron tres tablados, uno de ellos decorado con un hermoso arco
triunfal –pintado por Miguel Jerónimo Zendejas–, que mostraba un retrato de Fernando
VII cubierto por un dosel de damasco. Los intercolumnios del arco y el zócalo del tablado
se decoraron con doce emblemas ovalados, alusivos a la lealtad americana al monarca español. Uno de ellos, de composición muy interesante, muestra a un «americano español» contemplando un corazón que sostiene entre las manos, y que obviamente metaforiza al
monarca, al que «no necesita ver su imagen, supuesto que tiene en su corazón el original»9.
Llevaba por lema In corde video, y por letra, el expresivo soneto siguiente:
¿Qué miras, español? ¿qué ves, vasallo?
¿La imagen de tu rey el más amado?
Si en tu pecho lo tienes tan gravado,
Que su retrato veas por superfluo hallo:
¿Eres americano? pues me callo,
Ya está tu corazón calificado:
Pese al influjo, pésele al cruel hado,
Por la misma lealtad yo te detallo.
Sin embargo esta vez, porque perciba
Todo el mundo tu afecto vigoroso:
Alza la voz, y di que viva, viva:
Que viva el gran FERNANDO victorioso,
Que triunfe su bondad de la nociva
Política falaz del alevoso.
En los restantes emblemas encontramos a un americano esgrimiendo un puñal en
defensa de su rey, su religión y su patria, América agonizante vitoreando a Fernando VII,
indios arrodillados pidiendo al cielo la monarquía del rey borbón, la confianza y bondad de
Fernando VII, un sol fernandino en el horizonte, el león de la monarquía española que aterra a sus enemigos, la diosa Belona metaforizando el valor español en la batalla, los vasallos
de Fernando VII encadenados y las tropas españolas victoriosas. Muy elocuentes son dos de
estos emblemas pues configuran una verdadera exaltación de la lealtad americana y la hermandad con la madre patria. Uno de ellos mostraba a una mujer dando el pecho a una
9. José GARCÍA QUIÑONES. Descripción de las demostraciones… [7], p. 26.
197
VÍCTOR MÍNGUEZ
niña, representando simbólicamente a América nutriéndose de la fidelidad a España. Es su
mote, Compellet amor, y su letra:
Pregunte otra nación ¿qué se le debe
De cultos y homenajes a su rey?
Hacer esta pregunta ¿quién se atreve
En la Ibéria noble e indiana grey?
La leche que la nutre en ella bebe
Cuanto podía mandarle escrita ley,
Y halla en su corazón más bien impreso
Cuanto el molde decir pudo ex profeso.
En el otro emblema que hemos seleccionado aparecían las alegorías de América y
España dándose las manos, representando la unión frente al invasor extranjero, composición inspirada claramente en el emblema XXXIX de Andrea Alciato, dedicado a la Concordia10. Su mote Vera fraternitas y su letra la siguiente décima:
Infiera, entienda, colija
La ambición más inhumana,
¿La nación americana
No es de la España fiel hija?
Esto basta, pues exija
El tiempo y sus circunstancias
De Marte las arrogancias,
Que el tiempo dará a entender
Que ella sabe obedecer
Entre sus mayores ansias.
Otros muchos jeroglíficos decoraron el arco triunfal que levantó el colegio de San
Pablo y los balcones que lo enmarcaban, con mensajes similares a los ya vistos.
Resulta muy significativa la reacción del pueblo cuando, en el transcurso del solemne
acto de jura se descubre la efigie de Fernando VII:
«… aquí la segura lealtad, el tierno reconocimiento, y la inmensidad de los afectos convertidos en lágrimas de gozo elevaban a los cielos sus corazones: aquí es donde la boca y la pluma se detienen sin poder explicar si era más el júbilo que ocupaba el alma al oír las cordiales aclamaciones y
vivas del leal pueblo, y al ver la majestuosa efigie de FERNANDO, o si era más el dolor y sentimiento con que los afligía la consideración activa de no ver su soberana persona en la legitima posesión
10. Andrea ALCIATO. Emblematum liber. Augsburgo: 1531.
198
FERNANDO VII. UN REY IMAGINADO PARA UNA NACIÓN INVENTADA
de su real trono. ¡Qué combate de amarguras y alegrías! ¡Qué gusto! ¡Qué tormento! ¡Qué consternación! ¡Qué gozo! [...] por todas partes se oye: Viva la Religión; muera la perfidia: Viva España,
viva la Patria: por el austro y septentrión el estruendo de la artillería y los fusiles: por el oriente y
occidente el rumboso sonido de las campanas: por este lado los timbales, los clarines, los tambores:
por aquél las músicas marciales, y por todo el pueblo: Viva FERNANDO VII, viva, viva»11.
Este texto, además de poner de relieve el sentimiento americano por su monarca, evidencia magníficamente el poder de la imagen como instrumento causante de una catarsis
colectiva, con un eficaz apoyo acústico y teatral.
En la introducción de José María Villaseñor Cervantes a su crónica sobre las fiestas de
aclamación al trono de Fernando VII en Xalapa en 1808, el autor afirma que el Nuevo
Mundo:
«… adora en efecto a sus Reyes, porque respeta en ellos una copia de la deidad: los ama, porque en ellos admira las perfecciones de la soberanía, perenne manantial de cuantos beneficios disfruta: últimamente les jura vasallaje, porque sabe que sus sienes augustas se coronan por la suprema
mano de donde toda potestad se deriva, […] jamás se ha detenido en investigar las circunstancias
de sus príncipes, porque sabe son concebidos en el seno de las virtudes: sóbrale conocer que el nuevo rey desciende de sus antepasados, para reverenciar en su persona el conjunto de perfecciones que
constituyen la regia majestad [...] sea cualquiera el nombre que distinga a su dueño, lo proclama con
regocijo inexplicable, y lo jura con lealtad reverente»12.
Esta afirmación, la más incondicional que hemos encontrado en la literatura festiva
novohispana, se hace a trece años de la independencia de México. Y resulta curioso que las
pinturas y poemas –pues resulta difícil hablar todavía de jeroglíficos– que adornaban para
tal ocasión las fachadas de las casas principales de la villa, y el discurso ideológico del libro
de fiestas, fijen su principal interés en cantar la lealtad de América al nuevo monarca. Sirva como ejemplo una de las pinturas que adornaban un balcón de la casa del diputado Juan
Antonio Pardo, que mostraba a un español y a un americano –americano y no mexicano
según la crónica– dándose amistosamente la mano. De nuevo la fuente formal e ideológica
de este jeroglífico es el emblema de Alciato ya citado. Acompañaba a la ya de por sí elocuente pintura el siguiente cuarteto:
«El europeo generoso
Abraza al americano,
Y del pecho de los dos
Resulta un sólo entusiasmo».
11. José GARCÍA QUIÑONES. Descripción de las demostraciones… [7], p. 44-45.
12. J. M. VILLASEÑOR CERVANTES. Festivas aclamaciones de Xalapa en la inauguración al trono del rey nuestro señor don
Fernando VII. México: Imprenta de la calle del Espíritu Santo, 1809, p. 1-2.
199
VÍCTOR MÍNGUEZ
Retratos españoles de un Rey Deseado
Fueron muchas las imágenes oficiales de Fernando VII realizadas durante los años de la Guerra de Independencia, es decir, en una coyuntura política determinada por el exilio forzoso
de Fernando VII a territorio francés, por la ocupación militar de la península por el ejército
invasor napoleónico y por el inicio del proceso insurgente en América. Es difícil imaginar unas
circunstancias más negativas: el rey prisionero, el
territorio invadido y las colonias en pleno proceso de rebelión. Sin pretender ser exhaustivo
voy a detenerme brevemente a analizar alguna
de estas imágenes13. Veamos en primer lugar
ejemplos de las realizadas en España.
El primer lienzo que nos interesa fue
pintado por Vicente López Portaña: Retrato
del rey Fernando VII (Ayuntamiento de Valencia, 1813). Según algunos investigadores es
una réplica del original, encargado en 1808
por el Ayuntamiento de Valencia y desaparecido durante la guerra contra el ejército de
Bonaparte14. Bajo un gran cortinaje a manera
de dosel aparece Fernando VII de cuerpo
entero cubierto con el manto de la Orden de
Carlos III. La mano derecha sostiene el cetro,
y la apoya en una mesa –decorada con un bordado de seda con las armas de la ciudad de
Valencia– donde también vemos la corona
sobre la almohada. Detrás de la mesa y a
mayor altura descubrimos un relieve escultórico en el que la alegoría de la victoria consuela
Retrato del rey Fernando VII. Vicente López
a un triste, cabizbajo y presumiblemente heriPortaña, 1813. Ayuntamiento de Valencia.
do león. La mano izquierda del monarca se
13. Me centro exclusivamente en la iconografía de Fernando como rey, dejando de lado sus representaciones como
príncipe heredero, aunque incluyen obras tan fundamentales para la historia del retrato político como La familia
de Carlos IV, de Goya (Museo del Prado).
14. Según la idea extendida este cuadro es réplica del conservado en el Museo Histórico Municipal de Játiva, el cual
a su vez es copia de la versión perdida en la guerra contra el ejército napoleónico. Una cuarta versión atribuida al
mismo pintor se conserva en la Diputación Provincial de Alicante. Véase Miguel Ángel Catalá, ficha 1.1.4 del catálogo de la exposición, La alianza de dos monarquías: Wellington en España. Madrid: Fundación Hispano-Británica, 1988, p. 247 y 248. No obstante, esta hipotética sucesión de versiones es puesta en duda por José Luis Díez
en su catálogo razonado sobre el pintor Vicente López. Véase José Luis DÍEZ. Vicente López (1772-1850).
[Madrid]: Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 1999, II, p. 83-88.
200
FERNANDO VII. UN REY IMAGINADO PARA UNA NACIÓN INVENTADA
Encuentro en Bayona de Fernando VII y Napoleón. Anónimo, 1808. Museo Municipal de Madrid.
apoya asimismo en un trono decorado con un león de oro. El lienzo original fue expuesto
públicamente en diciembre de 1808, «siendo objeto de una encendida proclama en que se
manifestaba la lealtad de la ciudad a Fernando VII»15. Los códigos del retrato áulico borbón, presentes en este lienzo, seguían funcionando por lo tanto eficazmente como discurso
simbólico capaz de despertar las emociones del pueblo.
Cuatro estampas realizadas en 1808 revelan el proceso de fabricación de la imagen
idealizada del nuevo monarca. Cada una de ellas recurre a un lenguaje iconográfico distinto. El primer grabado, Encuentro en Bayona de Fernando VII y Napoleón, 1808 (Museo
Municipal de Madrid), es un aguafuerte iluminado y anónimo. Pertenece a una serie de
cuatro estampas sobre las intrigas de Napoleón para destronar a los reyes de España (todas
conservadas en el Museo Municipal). La acción transcurre en Bayona, en el castillo de
Marrac. La estampa muestra en el centro a Napoleón, Fernando VII y Tayllerand (aparecen identificados por inscripciones), rodeados de diversos consejeros españoles y franceses.
15. La alianza de dos monarquías… [14], p. 247.
201
VÍCTOR MÍNGUEZ
Sin embargo es una versión inexacta pues
Tayllerand no se implicó en el asunto. Se juzga contemporánea a los hechos y por ello
carece de la crítica satírica con que se representará posteriormente todo lo francés16. Se
trata en cualquier caso de una imagen narrativa y pretendidamente histórica.
De la segunda estampa fernandina que
analizamos si conocemos los autores: fue
dibujada por José Ribelles y grabada por Blas
Ametller. Se titula Fernando VII. El Deseado,
en memoria y honor de las ilustres víctimas del
2 de Mayo de 1808 (Museo Romántico,
Madrid). Fernando VII, ataviado como militar y condecorado, aparece sentado delante de
un gigantesco cenotafio piramidal levantado
en memoria de los patriotas del 2 de mayo
ante el que lloran diversos personajes. El
monarca aparece representado en acto de
entrega de medallas a los familiares –niños,
Fernando VII. El Deseado, en memoria y honor de
mujeres y ancianos– de los héroes. Tras el rey,
las ilustres víctimas del 2 de Mayo de 1808. José
y sobre un pedestal, descubrimos en un gruRibelles y Blas Ametller. Museo Romántico
po escultórico el escudo real, dos esferas y el
(Madrid).
león con la espada. Tanto los elementos formales como la ideología que subyace en la estampa remiten a la cultura neoclásica, y
ofrecen la imagen de un monarca generoso y virtuoso que rinde culto a los héroes de la
nación.
La tercera estampa, Alegoría de la Guerra de la Independencia, es también un grabado
al aguafuerte y buril anónimo (Museo Municipal de Madrid, 1808). Bajo un retrato de busto y de perfil de Fernando VII sostenido por un ángel se desarrollan tres combates: en el
primero el genio del patriotismo, representado como un Marte vengador, derriba a Napoleón Bonaparte, que pierde en la lucha la corona y la máscara; en el segundo, el león español devora al águila napoleónica que se disponía a robar el cetro y la corona; en el tercero,
situado en segundo plano, tropas españolas populares liberan una ciudad asediada por el
ejército regular francés. Este grabado supone una reutilización de la vieja retórica barroca,
a través del uso de la alegoría y la metáfora.
Finalmente, la cuarta estampa de 1808 es otro grabado al aguafuerte iluminado también
anónimo. Se titula Enigma de las ideas de Napoleón para con la España y es evidentemente
16. La alianza de dos monarquías… [14], p. 257.
202
FERNANDO VII. UN REY IMAGINADO PARA UNA NACIÓN INVENTADA
Alegoría de la Guerra de la Independencia. Anónimo, 1808. Museo Municipal de Madrid.
una sátira contra el emperador francés (Museo Municipal de Madrid, 1808). En primer
termino aparece un león sosteniendo con su garra la corona y el cetro sobre las dos esferas que representan los dos mundos. Al otro lado de la composición aparece un grotesco
Napoleón que intenta vanamente abrazar a Fernando VII en el umbral del palacio de
Bayona. De la cabeza de Napoleón brotan diversos hilos que se convierten en su recorrido en monstruos y ejércitos numerados que una leyenda situada en la parte inferior de la
estampa permite identificar. Representan los distintos acontecimientos trágicos que han
desembocado en la Guerra de la Independencia. Una mano divina que surge de una nube
se dispone a cortar el manojo de hilos con unas tijeras. La gallardía y nobleza del león
español, y la apostura de Fernando VII contrastan con el ejército de monstruos goyescos
que les rodean: Godoy es un cerdo flautista, José Bonaparte es un murciélago bebedor,
etcétera. La principal novedad que ofrece esta imagen es el humor que destila a través de la
burla y la caricatura, precisamente los instrumentos que más eficaces se revelan a la hora de
desmitificar al contrario.
Ya de 1810 es una estampa de Vicente Capilla, grabador valenciano formado en la
Real Academia de San Carlos de Valencia. Nos muestra un medallón oval con la efigie fernandina, enmarcado por las alegorías de la Religión y la Justicia, que muestran en sus
manos sus respectivos atributos iconográficos a la vez que sostienen una corona sobre el
medallón. Justo debajo del medallón, entre los dos pedestales en que se apoyan las alegorías
203
VÍCTOR MÍNGUEZ
Enigma de las ideas de Napoleón para con la España. Anónimo, 1808. Museo Municipal de Madrid.
encontramos el rostro del Sol, si bien sus rayos se extienden por toda la composición,
disipando las nubes superiores. Bajo el Sol descubrimos la metaforización del difícil
momento que atraviesa la Monarquía Hispánica: una nube oscurece la tierra y un rayo
fulmina al águila imperial francesa, que pierde su corona, mientras el león de España
ruge victorioso. El escudo real y una nave que se aleja en el horizonte completan la composición.
De tres años después, ya cerca del final del conflicto bélico, es la Entrada de Fernando VII por la puerta de Atocha –escena que tuvo lugar el 24 de marzo de 1808. Se trata de un grabado al aguafuerte y buril de Francisco de Paula Martí Mora según dibujo
204
FERNANDO VII. UN REY IMAGINADO PARA UNA NACIÓN INVENTADA
de Z. González Velázquez. Pertenece a una
serie de cuatro estampas dibujadas por González Velázquez y grabadas por diversos
grabadores. Recoge la entrada en Madrid
tras los sucesos de Aranjuez. Acompañan al
rey los infantes don Carlos y don Antonio, y
una escolta de la guardia.
Del primer tercio del siglo XIX, pero
sin fechas determinadas, son dos lienzos ciertamente interesantes. El primero, de Vicente
Rodes, se conoce con el título La España
coloca en el trono a Fernando VII (Museo San
Pío V, Valencia). La alegoría de España le
entrega al monarca el cetro y la corona. Aparecen también un Marte napoleónico arrodillado –muestra en el yelmo el águila imperial
francesa–, Mercurio, Atenea, una Victoria, y
diversos amorcillos con cadenas rotas. El
segundo lienzo es anónimo: Bragança, Borbon e Galles (La Alianza) (Stratfield Saye
House). Representa simbólicamente la alianza entre España, Portugal y Gran Bretaña. El
La España coloca en el trono a Fernando VII.
lienzo fue pintado en Portugal, posiblemenVicente Rodes. Museo San Pío V (Valencia).
te años más tarde17. En la parte superior aparecen los bustos de Fernando VII y los príncipes regentes de Gran Bretaña y Portugal rodeados de las banderas de las tres naciones.
Bajo ellos, los generales William Carr Beresford (izquierda) y Wellington. Al fondo se
descubre una gran pirámide, con la inscripción: «Bragança, Borbon e Galles estes principes unidos podem na terra e nos mares vencerem e não ser vencidos».
También Francisco de Goya contribuyó significativamente en la construcción de
la imagen pública de Fernando VII, si bien su mirada incisiva e irónica permite en sus
obras otras lecturas paralelas a la oficial. Analicemos dos lienzos. De 1814 es un Retrato de Fernando VII (Museo Municipal de Bellas Artes. Santander). Es un retrato de cuerpo entero en el que el rey viste el uniforme de coronel de la guardia. Detrás de él aparece una estatua alegórica de España coronada de laurel. Sobre el pedestal de la estatua
encontramos el cetro, la corona y el manto y a los pies del rey el león rompiendo las
cadenas. Pero la visión que Goya ofrece de todos estos símbolos vetustos es impresionante:
17. La alianza de dos monarquías… [14], p. 276.
205
VÍCTOR MÍNGUEZ
«La estatua de España parece casi
darle palmaditas nerviosas en la cabeza;
la mano mal colocada y el codo dan la
impresión de proteger ansiosamente la
corona y el cetro, y el león de abajo sorprende por lo vehemente y demoníaco
de su ferocidad, que hace que Fernando
resulte todavía más rígido y acartonado.
Y, como remate inquietante, el relieve
escultórico de una cabeza barbada de
perfil, cortada en dos por el marco, abajo a la derecha, parece mirar fijamente
a esa bestia poderosa desde un rincón
todavía más oscuro»18.
El segundo lienzo de Goya, La junta
de Filipinas (Castres,Francia, Museo
Goya), es de 1815. Se trata de una pintura de gran tamaño que muestra un amplio
aposento en el que se ha reunido, bajo la
presidencia del monarca, dicha junta.
Rosenblum ha querido ver en esta pintura
una sacralización de la Última Cena, pues
hay trece sillas –una vacía– en torno a la
mesa. El respaldo de las sillas haría las veces de las aureolas de los apóstoles.
Hemos empezado este apartado con
un
retrato
fernandino de Vicente López
Retrato de Fernando VII. Francisco de Goya, 1814.
Portaña
y
lo
concluimos con otro del misMuseo Municipal de Bellas Artes (Santander).
mo pintor de 1816: Fernando VII (Madrid,
Museo Municipal). Es una de las varias versiones del retrato que López pintó del monarca
después de su cautiverio, y que se convirtió en su imagen oficial durante un tiempo. En el
Museo del Prado se conservan otras dos pinturas de López muy similares. La que nos ocupa
muestra al rey de medio cuerpo, vestido con uniforme de Capitán General (Toisón de Oro,
banda y Gran Cruz de la Orden de Carlos III, Gran Cruz laureada de la Orden de San Fernando)19.
18. Robert ROSENBLUM. «Goya frente a David: la muerte del retrato regio». En: Javier Portus (ed.). El retrato en el
Museo del Prado. Madrid: Anaya, [1994], p. 179-180.
19. Sobre estos y los restantes retratos de Fernando VII pintados por Vicente López véase José Luis DÍEZ. Vicente
López… [14].
206
FERNANDO VII. UN REY IMAGINADO PARA UNA NACIÓN INVENTADA
Imágenes novohispanas del
deseado: las medallas fernandinas
En Nueva España, los retratos fernandinos
también fueron frecuentes20, y algunos son
ciertamente interesantes como la pintura anónima de principios de siglo XIX Imagen de
jura con retrato de Fernando VII (Museo
Regional de Guadalajara, México). En este
retrato contemplamos el busto pintado de
perfil del monarca dentro de un medallón
coronado. El medallón se sostiene sobre un
león representado frontalmente que apoya sus
garras sobre dos mundos. Una inscripción
aclara su significado: «Este león que es la
nación Española jamás soltará de sus garras
los dos mundos de Fernando VII». Como se
puede apreciar, el león ha pasado de ser imagen de la monarquía a ser representación de
Fernando VII. Vicente López Portaña, 1816.
España. Otra pintura novohispana interesanMuseo Municipal de Madrid.
te con la efigie real es de Patricio Suárez de
Peredo, Alegoría de las autoridades españolas e indígenas, 1809 (Museo Nacional del Virreinato).
Pero donde mejor se aprecia la fabricación simbólica de Fernando VII en Nueva España es en las medallas acuñadas en México durante su reinado21. Vamos a continuación a
realizar un itinerario cronológico por las que me han parecido más interesantes. De cada
una de ellas menciono los datos técnicos imprescindibles (año, lugar, metal empleado,
y autor si es conocido)22 y describo la iconografía del anverso y del reverso, incluyendo las
leyendas si son significativas y no se limitan a recoger el nombre del monarca. Si la iconografía no es bastante explícita se explica su significado.
• 1808. MÉXICO. EN ORO, PLATA Y BRONCE. GRABADOR: GORDILLO
Anverso: busto del rey a la derecha, con pelo corto, casaca bordada, toisón y banda de la orden de Carlos III. Leyenda: A Fernando VII. Rey de España y de Indias.
20. Véase al respecto la tesis doctoral inédita de Inmaculada RODRÍGUEZ MOYA. El retrato en México: 1781-1867.
Héroes, emperadores y ciudadanos para una nueva nación. Castellón: Universitat Jaume I, 2003.
21. Sobre las medallas en México existen dos libros fundamentales: Carlos PÉREZ MALDONADO. Medallas de México.
Monterrey: 1945, y el volumen I, Medals of the Spanish Kings, de la obra de Frank W. GROVE. Medals of Mexico.
San José: Prune Tree Graphics, 1970-1974, 3 v.
22. Si se mencionan varios metales –oro, plata y bronce por ejemplo– significa que se acuñó una serie en cada uno de
estos metales.
207
VÍCTOR MÍNGUEZ
Imagen de jura con retrato de Fernando VII.
Anónimo, principios del siglo XIX. Museo
Regional de Guadalajara (México).
Alegoría de las autoridades españolas e indígenas.
Patricio Suárez de Peredo, 1809. Museo Nacional
del Virreinato.
Reverso: escudo de armas de la Ciudad de México: oval, coronado, puente defendido por un castillo que guardan dos leones y bordura de diez hojas de nopal. A la
izquierda un sacerdote prehispánico con un cuchillo de sacrificios y una cornucopia;
a la derecha el águila sobre el nopal, sosteniendo la serpiente con el pico y un carcaj y arco. En su exaltación al trono. La Ciudad de México. En 13 de agosto de 1808.
• 1808. MÉXICO. ORO, PLATA Y BRONCE. GORDILLO
Anverso: busto del rey, de frente, movido a la derecha. Misma indumentaria que
la anterior.
Reverso: ídem.
• 1808. MÉXICO. PLATA Y BRONCE. DISEÑO: EL ESCRITOR CARLOS MARÍA DE BUSTAMANTE. GRABADOR: TOMÁS SURIA
Anverso: busto del rey a la derecha. Misma indumentaria. Fernando VII. El Deseado. Rey de España y de las Indias. Padre de un pueblo libre.
Reverso: El león español y el águila mexicana entre trofeos de armas y banderas, de
entre los cuales se levanta un asta sostenida por tres manos enlazadas por una
208
FERNANDO VII. UN REY IMAGINADO PARA UNA NACIÓN INVENTADA
guirnalda de rosas, en cuyo extremo aparece la corona imperial circundada de resplandores. Siempre fieles y siempre unidos.
• 1808. MÉXICO. PLATA Y BRONCE. GRABADOR: J. M. GUERRERO. EL COLEGIO DE
SAN ILDEFONSO
Pieza sujeta por una palma y una rama de laurel, unidas por medio de un lazo
a una argolla.
Anverso: Busto del rey mirando a la izquierda. Ferdin. VII Hispaniarum et Indiarum Rex.
Reverso: corazones cercados por cadenas y gotas de sangre. Pro solio (por el trono)
y Reg. Sanct. Ild. Mex. Coll.
Esta medalla fue acuñada por el colegio para que los alumnos la llevaran como
prueba de amor y lealtad al monarca. Los corazones inflamados y encadenados
representan a los súbditos leales.
• 1808. GUATEMALA. ORO Y PLATA. GRABADOR: P. GARCIAGUIRRE
Anverso: Fernando VII a la derecha y laureado. A Fernando VII rey de España y de
sus Indias.
Reverso: Escudo de armas de Guatemala. La M. N. YL. ciudad de Guatemala año
de 1808 y de su fudac. 284.
Existen medallas similares (con el escudo local al reverso) de otras muchas ciudades novohispanas: San Luis Potosí, Puebla, Valladolid, Zacatecas, etcétera.
• 1809. OAXACA. PLATA Y BRONCE. EL COLEGIO DE SANTA CRUZ. GRABADOR: F.
GORDILLO
Anverso: busto de Fernando a la izquierda. Ferdinand. VII. Redeas diuque laetus
intersis populo fideli. Y Prorege arch lizana («Del virrey Arzobispo Lizana a Fernando VII, para que vuelva pronto y contento en medio de su pueblo fiel»).
Reverso: alegoría del supremo gobierno de España en el acto de salvar la Corona.
Un resplandor ilumina a Atenea que aparece sentada, apoyando el codo izquierdo
sobre una columna que sostiene una corona, de la que pende una cadena rota que
sujeta con la mano derecha. A sus pies el hacha y los haces romanos, un libro, una
balanza y una espada. A los lados columnas de fuego y humo. Sanctae antequerense colleg. utriq. fidei suae offeret monim. Y Vincula disrumpt, gallos concordia pellit
(«El Colegio de Santa Cruz de Antequera ofrece este testimonio de su fidelidad.
Rompió las cadenas, y por su unión arrojó a los franceses»).
• 1809. GUATEMALA. ORO, PLATA. LOS INDIOS
Anverso: fraile arrodillado a la izquierda, frente a un pedestal con un busto escultórico laureado del rey. En el suelo restos de una antigua estatua india. Viva Fernando VII rey de Esp. e Ind.
209
VÍCTOR MÍNGUEZ
Reverso: Inscripción envuelta en laurel: A la fiel generosidad de los indios del reyno
de Guatemala.
• 1809. MÉXICO. ORO, PLATA Y BRONCE. GRABADOR: TOMÁS SURIA. EL COMERCIO
Anverso: Busto de Fernando a la derecha. Lema: Amado Fernando VII. El comercio
de N. E. derramara gustoso su sangre en tu defensa.
Reverso: Mercurio –dios del comercio– y Marte –dios de la guerra– abrazados. La
industria y el valor se uniran en defensa del monarca.
• 1809. MÉXICO. ORO, PLATA Y BRONCE. GRABADOR: J. GUERRERO. EL COLEGIO
MEXICANO
Anverso: busto del rey a la derecha. Ferdinando VII captivo regnati.
Reverso: bajo corona y dosel, y sobre dos globos, un obispo, un magistrado y un general gobiernan hasta la liberación del rey. En una filacteria: Coetuique nationali pro captivo regnanti. Orlando la medalla: Collegium mexicanum gradu majus fidelitate maximum.
• 1809. MÉXICO. PLATA Y BRONCE. EL SEMINARIO TRIDENTINO
Anverso: busto de Fernando a la izquierda. Ferdin. VII Hisp. Rex indiarvmque
imperator.
Reverso: la alegoría de la fidelidad –acompañada de un perro– y mostrando en un
escudo el busto del rey, tras aplastar a la discordia avanza hacia el resplandeciente
templo de la Gloria. Fidelitas doli victrix, y Rege a Gall. Perfid capto.
• 1809. MÉXICO. PLATA Y BRONCE. GRABADOR: J. GUERRERO. LA UNIVERSIDAD
Anverso: busto de Fernando a la izquierda. Ferdinandvs VII Borbonivs Rex Catholicvs.
Reverso: Minerva sentada (lanza, escudo, yelmo y buho). El escudo muestra las
armas de la Universidad. Detrás biblioteca, globo terráqueo, tintero... Poes. Et.
eloqvent. Cert. Const. Mex. Acad.
Esta medalla fue el premio para los concursantes en el concurso literario organizado por la Universidad.
• 1809. GUADALAJARA. EL COLEGIO TRIDENTINO. GRABADOR: F. GORDILLO
Anverso: busto de Fernando a la derecha. Ferdinandus VII summo omnium gaudio rex.
Reverso: las alegorías de España –casco, coraza, lanza y conejo– y México –penacho de plumas, carcaj, arco y cornucopia– compartiendo una cadena. Trident.
Guadalax. Colleg. Expect. Princ. Y Fides Hisp. Fides Ind.
• 1810. VERACRUZ. ORO, PLATA Y BRONCE. BATALLA DEL MONTE DE LAS CRUCES.
F. GORDILLO
Anverso: pequeño busto resplandeciente de Fernando VII mirando a la derecha,
sostenido por una alegoría mixta de la prudencia y la justicia, y un león armado.
210
FERNANDO VII. UN REY IMAGINADO PARA UNA NACIÓN INVENTADA
Bajo el medallón se descubre una colina con cruces y una batalla con tropas realistas de caballería, infantería y artillería que combaten a los insurgentes el 30 de octubre de 1810. Orlando el busto se lee Fernando VII rey de España e Indias.
Reverso: solo inscripción: Al exmo. sor. Venegas. Al regimiento de las tres villas y
demas tropas que con sus comandantes Truxillo Mendivil y Bringas sostuvieron la gloriosa accion del monte de las Cruces Veracruz.
• 1814. MÉXICO. PLATA. GORDILLO. EL ARZOBISPO
Anverso: busto del rey a la derecha. Laureado y con el collar de Toisón. Fernando
VII. Por la gracia de Dios Rey de las Españas. 1814.
Reverso: dos alegorías armadas representando España –con el león– y América.
Tras ellas dos globos coronados bajo un sol radiante. España atraviesa con su lanza al águila francesa. A ntro. Amado Soberano. Libre de la captibidad y restituido a su
trono.
• 1814. MÉXICO. ORO, PLATA Y BRONCE. EL CABILDO ECLESIÁSTICO. GRABADOR:
JOSÉ M. GUERRERO. P.
Anverso. Solo leyenda: Ferdinando optimo regi solio restituto capitulum eccles. Mexic.
1814 («A Fernando, el mejor de los Reyes, por su vuelta al trono, el Cabildo Eclesiástico de México. 1814»).
Reverso. El rey completo, vestido a lo romano y laureado, en su trono –con los dos
mundos esculpidos– y bajo dosel –y columna. A sus pies la alegoría de la discordia
con serpientes. Lema: Subacta perfidia feliciter imperat («Vencida la perfidia reina
felicísimamente»).
• 1814. MÉXICO. PLATA Y BRONCE. GRABADOR: P. V. RODRÍGUEZ. EL CONSULADO
Anverso: busto del rey a la izquierda. Vestido con toga y laureado. Ferdinando VII
Hisp. Et Ind. Regi profligatis hostibvs divinitus restituto. Mexici. Consulatus («El
Consulado de México a Fernando VII, Rey de España e Indias, restituido por la
voluntad de Dios después de destruidos sus enemigos. 1814»).
Reverso: Mercurio –caduceo y dos estandartes, uno de los cuales muestra el escudo de armas del Consulado– volando hacia un sol con la corona en su centro que
ilumina un puerto y una ciudad amurallada. Sub clipeo suo feliciter progredior
(«Amparado de su escudo progresó con toda felicidad»).
Hubo en Nueva España otras muchas medallas similares a estas, que en vez del retrato del soberano mostraban el escudo real. Y otras muchas que mostraban en el anverso el busto del rey y en el reverso sólo una inscripción. Pero he seleccionado las que ofrecen una iconografía más sugestiva. Tras su análisis podemos ver que la imagen habitual
de Fernando VII es el busto de perfil, vestido con casaca y luciendo una banda y el Toisón. A partir de la restauración de 1814 abundan los retratos «a lo romano» del monarca,
211
VÍCTOR MÍNGUEZ
si bien es cierto que en 1808 las medallas grabadas por la Universidad de México ya ofrecían esta imagen, y también diversas medallas poblanas.
En ocasiones la imagen del rey se acompaña de alegorías que resaltan sus virtudes
políticas. Además, en torno al retrato o en el reverso descubrimos el habitual despliegue
de trofeos, banderas, guirnaldas, coronas, globos, soles y leones. Mezclada con toda esta
retórica simbólica aparece la imagen de América, de sus ciudades y de sus habitantes:
sacerdotes paganos y estatuas prehispánicas, alegorías mitológicas, motivos heráldicos
–el águila sobre el nopal– e incluso un retrato del gobierno provisional, como en la
medalla financiada por El Colegio Mexicano. La lealtad de los súbditos novohispanos
durante la crisis se hace patente por medio de diversas imágenes metafóricas: corazones
sangrantes, cadenas rotas, la alegoría de la fidelidad venciendo a la discordia, etcétera.
Y en los lemas, como en los dos confeccionados por el intelectual Bustamante en 1808:
Fernando VII (...). Padre de un pueblo libre, y Siempre fieles y siempre unidos. Sin embargo, ni siquiera la propaganda realista puede obviar el conflicto insurgente, y en una
medalla veracruzana de 1810 podemos ver la batalla del Monte de las Cruces entre leales y rebeldes.
El final del mito
La mitificación de Fernando VII es paralela como hemos visto al proceso insurgente iberoamericano. Como decíamos al principio todavía en 1821, recién obtenida la independencia, los mexicanos ofrecen el trono de la nueva nación a Fernando VII, al que,
pese a su reacción absolutista y su política represora, siguen considerando su monarca
legítimo. No obstante, el entusiasmo de 1808 ha disminuido considerablemente.
Durante su cautiverio en Francia los súbditos novohispanos celebraron la Constitución de Cádiz, entendiendo –igual que los peninsulares– que el reconocimiento de la
Constitución era compatible con el juramento otorgado años antes al monarca. Sin
embargo, Fernando VII deroga dicha constitución a su regreso al trono, y esta decisión política provoca en México la fractura en el ánimo de las lealtades y la decepción
por el nuevo monarca. Aun así en 1821 el trono le es igualmente ofrecido, pero al
rechazarlo, Fernando VII pone el punto final definitivamente a todo un imaginario
monárquico que había demostrado ser eficaz durante más de trescientos años. Y una
vez desmontado el artefacto retórico y quebrada la institución monárquica, el distanciamiento de los ciudadanos americanos con los antiguos reyes españoles es vertiginoso.
Como bien explica Landavazo, la muerte del Fernando VII en 1833 pasó prácticamente inadvertida entre los antiguos súbditos novohispanos23. Todavía cuarenta y cuatro
23. Marco Antonio LANDAVAZO. La máscara de Fernando VII… [1], p. 320.
212
FERNANDO VII. UN REY IMAGINADO PARA UNA NACIÓN INVENTADA
años antes el fallecimiento de Carlos III había sido llorado en México con la intensidad
acostumbrada desde 1559, año en el que se celebraron en América las primeras exequias
por un monarca español. Pero ahora, en 1833, las naciones americanas están construyendo e inventando una historia propia, con sus propios mitos y héroes, y los viejos
reyes ya no tienen cabida en el nuevo imaginario que las naciones recién inventadas
están fabricando.
213
El proceso de independencia y las juntas
de gobierno en Nueva España
(1808-1821)
VIRGINIA GUEDEA*
P
ocas facetas del complejo y rico proceso de emancipación novohispano permiten darle
un seguimiento tan cabal como la que se refiere a los afanes juntistas que en él se manifestaron. Desde su principio –o cuando menos uno de sus principios– hasta su término –o
cuando menos su término formal–, esto es de 1808 a 1821, aparecen repetidos intentos de
establecer una junta de gobierno. Fracasado el primero y exitoso el último, entre uno y otro
surgieron varios más, los que, independientemente de lo fallidos o logrados que pudieron
resultar, dejaron su impronta tanto en la manera en que se alcanzó la independencia como
en los inicios de la vida política de la nueva nación.
Para un primer y obvio deslinde es necesario distinguir cuáles de estos afanes juntistas se quedaron en mera propuesta y cuáles fueron en realidad las juntas de gobierno
que llegaron a funcionar, así haya sido por poco tiempo y de manera precaria. De las
propuestas, aparecidas todas ellas durante los años iniciales del proceso de emancipación, resultan ser cuatro las instancias que merecen una atención especial, entre otras
cosas, por quiénes fueron sus autores, cuáles los planteamientos que les dieron sustento
y cuáles las condiciones de posibilidad que en un momento dado tuvieron o parecieron
tener1.
En primer término, se encuentran las propuestas presentadas por diversos ayuntamientos novohispanos en el verano de 1808, muy en particular la que el Ayuntamiento de
la Ciudad de México entregara al virrey José de Iturrigaray relativa al establecimiento en la
Nueva España de una junta de gobierno, propuesta que fuera cancelada por el golpe de
* Este trabajo se llevó a cabo dentro del proyecto «La independencia de México: temas e interpretaciones recientes»,
adscrito al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la UNAM.
1. Hubo otras propuestas que, si bien no dejan de ser interesantes, no tuvieron mayor repercusión. Tal fue el caso de
la promovida en la Ciudad de México a principios de 1810, antes de iniciada la insurgencia, por el indígena oaxaqueño Mariano Paz Carrión, quien promovió unas juntas clandestinas en el tecpan de Santiago, a las que asistieron los gobernadores de las dos parcialidades indígenas de la capital y en las que se mencionó la instalación de unas
Cortes. Véase Virginia GUEDEA. «Los indios voluntarios de Fernando VII». Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México (México). 10 (1986), p. 11-83, en especial p. 31.
215
VIRGINIA GUEDEA
Estado promovido por la Audiencia de México y dado por un grupo de peninsulares el 15
de septiembre de ese año.
Justo un año después, durante los últimos meses de 1809, surgió la propuesta que animó a los conspiradores de la ciudad de Valladolid de Michoacán referente a la instalación
de una junta suprema del reino y varias subalternas, la que tampoco alcanzó a implementarse por haber sido descubierta la conspiración.
Le sigue la propuesta que se vislumbra en los inicios del movimiento insurgente, en
particular en los documentos generados por Miguel Hidalgo a finales de 1810, de establecer un Congreso compuesto de los representantes de las ciudades, villas y lugares del reino,
que no llegó a concretarse a causa de los problemas organizativos que presentó la insurgencia en ésta, su primera, etapa.
Por último, se encuentra la también poco elaborada propuesta de establecer una
junta de gobierno en la capital novohispana que formularon los conspiradores, autonomistas y proinsurgentes todos ellos, descubiertos en la Ciudad de México en abril de
1811.
A partir de entonces, y durante los años siguientes, fueron varias las juntas de gobierno que lograron establecerse en diversas regiones de la Nueva España, las que llegan a un
total de nueve.
La primera fue la Suprema Junta Nacional Americana, instituida en la villa de Zitácuaro, en Michoacán, en agosto de 1811 por Ignacio Rayón, heredero de Hidalgo, que pretendió representar a la nación y que fungió, o intentó fungir, como órgano de gobierno
alterno y centro coordinador de la insurgencia hasta mediados de 1813.
Poco después, con el apoyo y la participación de un grupo numeroso de descontentos con el régimen colonial provenientes de la ciudad de Jalapa, los insurgentes de la región
establecieron en Naolingo, Veracruz, la que titularon Junta Provisional Gubernativa, que
funcionó muy precariamente entre mayo y julio de 1812.
Menos de un año más tarde, en abril de 1813, los insurgentes texanos erigieron en la
ciudad o villa de San Antonio de Béjar una Junta Gubernativa para la Provincia de Texas,
también de precario y breve funcionamiento.
Meses después, en septiembre de ese mismo año, con el propósito de sustituir a la
Suprema Junta Nacional Americana, José María Morelos estableció en el pueblo de Chilpancingo –elevado por él a la categoría de ciudad y que se ubicaba en la provincia insurgente de Tecpan– el Supremo Congreso Nacional Americano o Congreso de Anáhuac, que
resultó ser tanto un verdadero órgano de gobierno alterno como un centro coordinador de
la insurgencia y que fuera disuelto en Tehuacán en diciembre de 1815 por el insurgente
Manuel Mier y Terán.
Los problemas que desde tiempo antes enfrentaba el Supremo Congreso y su decisión
de pasar a la costa lo llevaron a establecer en octubre de ese mismo año de 1815 la Junta
Gubernativa de las Provincias de Occidente, o Junta Subalterna de Taretan, en la población de este nombre en Michoacán, que muy poco pudo hacer y cuyos integrantes fueron
presos a principios de 1816 por el insurgente Juan Pablo Anaya.
216
EL PROCESO DE LA INDEPENDENCIA Y LAS JUNTAS DE GOBIERNO...
A fines de 1815, al ser disuelto el Supremo Congreso, se estableció en la villa de
Tehuacán, en Puebla, la fugaz Comisión Ejecutiva o Convención Departamental, que prácticamente no llegó a funcionar.
Un año más tarde se instaló el Gobierno Provisional o Junta de Jaujilla en el fuerte de
ese nombre, en Michoacán, que derivaba de la Subalterna de Taretan refundada en Uruapan a principios de 1816 y que con no pocas dificultades se sostuvo hasta 1818, cuando
fueron presos por los realistas varios de sus integrantes.
En 1819, como derivación de la de Jaujilla, Vicente Guerrero instaló un gobierno
provisional conocido como la Junta de Las Balsas en la hacienda de ese nombre en la provincia de Tecpan, que funcionó por muy breve tiempo.
Finalmente, se encuentra la Junta Provisional Gubernativa establecida en septiembre
de 1821 en la Ciudad de México por Agustín de Iturbide al triunfo del movimiento trigarante, la que se mantuvo en funciones desde que la Nueva España alcanzara la independencia hasta la instalación del Congreso Constituyente en febrero de 1822.
Como puede apreciarse al revisar esta escueta relación, son más de una docena las instancias que forman parte de lo que podríamos llamar el proceso juntista novohispano.
También puede observarse que dicho proceso consta de dos etapas claramente definidas: la
primera, y más corta, conformada por una serie de intentos fracasados, que va del verano
de 1808 a mediados de 1811, y la segunda, de mayor duración, constituida por los intentos que de una u otra forma y en mayor o menor grado alcanzaron a verse realizados, etapa que abarca de mediados de 1811 a septiembre de 1821. Asimismo, puede advertirse que
no todas las juntas que llegaron a establecerse pretendieron constituirse en un órgano de
gobierno para toda la Nueva España, ya que fueron varias las que se propusieron ejercer una
jurisdicción de índole regional.
Registrados todos estos esfuerzos por los autores contemporáneos del proceso de
emancipación que se encargaron de historiarlo, en su mayoría generaron una abundante
documentación. No obstante, si bien la información es muy rica y generosa para buena parte de ellos, bastante menos es la que se tiene para el resto, que resultan ser, y no casualmente, los menos estudiados. Por ello, y por hallarse todavía en proceso mi investigación,
no puedo exponer aquí conclusiones que no sean, por necesidad, provisionales o parciales,
y esto tan sólo en cuanto algunos de sus aspectos. Uno de ellos tiene que ver con el origen
común al que pueden remontarse todos los esfuerzos novohispanos y que dejaría en muchos
de ellos una clara huella. Otro más se refiere a las líneas de continuidad que entre unos
y otros se fueron dando en casi todos los casos, así como a los cambios y novedades que fueron presentando y a algunas de las semejanzas y diferencias que en su conjunto ofrecen.
Característica que comparten todos los esfuerzos novohispanos es que en una primera instancia derivan, dada la condición colonial del virreinato y a semejanza de lo que sucedió en otros territorios de la monarquía, de lo ocurrido a partir de 1808 en la propia España, donde la ausencia de un monarca legítimo y el desconocimiento que sufriera la mayoría
de las autoridades por haberse sometido a los invasores franceses llevaron a la formación de
juntas de gobierno en toda la península, en el nivel local primero y más tarde en el provincial
217
VIRGINIA GUEDEA
y en el nacional, cuya legitimidad se basaba en el principio de la soberanía de la Nación
y que se convirtieron en el principal instrumento de la revolución política española2.
Me referiré, así sea muy brevemente, a algunas de las semejanzas que tuvieron los
empeños juntistas novohispanos con los peninsulares, las que, no por haber sido estudiadas
en algunos de los casos, dejan de necesitar una seria revisión. No sólo fue la crisis imperial
de 1808 la que dio lugar al surgimiento de las primeras propuestas de establecer en la Nueva España una junta de gobierno sino que estas propuestas pretendían, arguyendo motivos
semejantes, repetir en ella lo efectuado en la península en cuanto al establecimiento, primero, de juntas de gobierno y, más tarde, de unas Cortes o Congreso.
La imitación del proceso peninsular fue reconocida expresamente por el propio
Ayuntamiento de México en su propuesta de julio de 1808. En ella aplaudía el establecimiento en la península de juntas de gobierno y señalaba que, teniendo en cuenta los
mismos principios que las ciudades españolas habían tenido para establecerlas, creía «llegado el caso de realizar el medio adoptado por la España». La junta de gobierno que para
la Nueva España proponía, a semejanza de las peninsulares, debía ocuparse de la defensa del reino para mantenerlo a disposición de Fernando VII y llenaría «el hueco inmenso que hay entre las autoridades que mandan y la soberanía», además de que lograría unir
lealtades e intereses al escuchar «la voz de los pueblos por medio de sus representantes» 3.
Todo ello mientras se podía reunir a las villas y ciudades del reino y a los estados eclesiástico y llano, o sea a unas Cortes novohispanas. De igual manera fue reconocida abiertamente por los conspiradores vallisoletanos la imitación de la península que implicaba
su propuesta de finales de 1809, relativa a que en la Nueva España se formaran juntas
como en España4.
Las experiencias juntistas peninsulares, así como las de las Cortes que siguieron a las
juntas, fueron tomadas también en cuenta por varios de los jefes insurgentes que se propusieron instituir un órgano de gobierno alterno5. Ignacio Rayón, el primero en lograrlo, tuvo
clara conciencia desde un principio de que en sus empeños seguía el ejemplo marcado por
España, y así se lo hizo saber al virrey Francisco Xavier Venegas en abril de 18116. Por ello,
al establecer en Zitácuaro la Suprema Junta Nacional Americana lo hizo en nombre de un
2. Antonio MOLINER PRADA. Revolución burguesa y movimiento juntero en España. (La acción de las juntas a través de
la correspondencia diplomática y consular francesa, 1808-1868). Lerida: Editorial Milenio, 1997, p. 27.
3. Véase en particular la «Representación del Ayuntamiento de México al virrey José de Iturrigaray, México, 5 de
agosto de 1808». En: Enrique LAFUENTE FERRARI. El virrey Iturrigaray y los orígenes de la independencia de Méjico.
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, 1940, p. 392.
4. «Declaración de Mariano Michelena, Valladolid, 16 de enero de 1810». En: Genaro GARCÍA (dir.). Documentos
históricos mexicanos, obra conmemorativa del primer centenario de la independencia de México. México: Museo
Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, 1910, I, p. 340-347.
5. Véase el «Manifiesto de Miguel Hidalgo para contestar los cargos que le hizo el Tribunal de la Inquisición, Valladolid, c. 12 de noviembre de 1810». En: Juan E. HERNÁNDEZ Y DÁVALOS (dir.). Colección de documentos para la
historia de la guerra de independencia de México de 1808 a 1821. México: Biblioteca de «El Sistema Postal de la
República Mexicana», José María Sandoval impresor, 1878-1882, II, p. 301-303.
6. «Comunicación de Ignacio Rayón y José María Liceaga a Francisco Xavier Venegas, Cuartel General de Zacatecas, 22 de abril de 1811». En: J. E. HERNÁNDEZ Y DÁVALOS (dir.). Colección de documentos… [5], III, p. 279-280.
218
EL PROCESO DE LA INDEPENDENCIA Y LAS JUNTAS DE GOBIERNO...
monarca soberano, de Fernando VII, y para la conservación de sus derechos, defensa de la
religión e indemnización y libertad de la patria. Esta junta, que en ocasiones fue llamada
Congreso y cuya instalación se justificó al invocar que obedecía a un deseo general expresado por los pueblos y sus principales habitantes, así como por las tropas insurgentes y sus
oficiales, debía ser tanto «una cabeza que represente la autoridad» como llenar «el hueco de
la soberanía»7. Además, en los Elementos constitucionales que elaboró el propio Rayón como
presidente de la junta, no obstante invocar ya la justicia de independizarse de España y calificar de nulas a las juntas erigidas en ella, hay una clara influencia peninsular en lo que se
refiere a las formas de representación, habida cuenta que sus vocales debían ser nombrados
por los representantes de las provincias, los que a su vez debían ser nombrados por sus respectivos ayuntamientos. Así, en los Elementos constitucionales se precisaba que la junta, a la
que se daba el nombre de «Supremo Tribunal de la Nación», representaba a los pueblos
libres de la patria, y que la soberanía, dimanada inmediatamente del pueblo, residía en
el rey y su ejercicio en el «Supremo Congreso Nacional Americano». Y en cuanto a los
poderes, se señalaba que aunque los tres eran propios de la soberanía el legislativo le era
inherente8.
La huella de los modelos peninsulares, en particular del gaditano, también puede
observarse en lo que se refiere al Supremo Congreso Nacional Americano, convocado por
Morelos para sustituir a una Suprema Junta Nacional Americana cada vez más desgastada
por divisiones internas, que llegó a declarar formalmente la independencia de España. Para
Morelos, los problemas a que por entonces se enfrentaba la insurgencia tenían su origen en
«la reunión de todos los poderes en los pocos individuos que han compuesto hasta aquí la
Junta Soberana». Por ello, el reino entero le había exigido «la instalación de nuevo Congreso en el que, no obstante ser más amplio por componerse de mayor número de vocales,
no estén unidas las altas atribuciones de la soberanía»9. Así, a través del Congreso primero
y más tarde de un decreto constitucional, el gobierno insurgente adoptó la división de
poderes y llegó a contar con un legislativo, un ejecutivo y un judicial, si bien, tal y como
había sucedido con las Cortes españolas, el poder legislativo asumió la supremacía por ser
el depositario de la soberanía10. De igual manera se encuentran semejanzas con el modelo
gaditano en lo que se refiere a algunos de los procesos electorales convocados por Morelos
7. «Bando sobre la erección de la primera Junta Nacional en Zitácuaro, Zitácuaro, 21 de agosto de 1811». En: J. E.
HERNÁNDEZ Y DÁVALOS (dir.). Colección de documentos… [5], III, p. 403-404; «Bando estableciendo la primera
Junta Nacional en Zitácuaro. Zitácuaro, 21 de agosto de 1811». En: J. E. HERNÁNDEZ Y DÁVALOS (dir.). Colección de documentos… [5], III, p. 340, e «Instalación de la Junta de Zitácuaro. Zitácuaro, 21 de agosto de 1811»,
documentos reproducido en el trabajo de Ernesto LEMOINE VILLICAÑA. «Zitácuaro, Chilpancingo y Apatzingán.
Tres grandes momentos de la insurgencia mexicana». Boletín del Archivo General de la Nación (México). IV/3
(1963), p. 437-438.
8. Ignacio RAYÓN. «Copia de los Elementos de nuestra Constitución». En: Ernesto LEMOINE VILLICAÑA. «Zitácuaro…» [7], p. 446-451.
9. «José María Morelos, Acapulco, 8 de agosto de 1813». En: Ernesto LEMOINE VILLICAÑA. Morelos su vida revolucionaria a través de sus escritos y de otros testimonios de la época. México: UNAM, 1991, p. 347-349, n. 103.
10. «José María Morelos. ‘Sentimientos de la nación’, Chilpancingo, 14 de septiembre de 1813». En: Ernesto LEMOINE VILLICAÑA. Morelos su vida revolucionaria… [9], p. 370-373, n. 110.
219
VIRGINIA GUEDEA
para la instalación del Supremo Congreso, en el que debía darse una representación de
todas las provincias controladas por los insurgentes11.
Mucho más tenue, esta huella gaditana también puede apreciarse en el proceso texano, donde asimismo se planteó tanto una incipiente división de poderes como la ascendencia de la Junta Gubernativa, esto es el poder legislativo, sobre el gobernador y la audiencia, que constituirían, respectivamente, el ejecutivo y el judicial12. Forma de organización,
cabe señalar, que no sólo se repetiría en diversas instancias sino que tendría importantes
repercusiones en la conformación del Estado nacional mexicano, habida cuenta que dificultaría por muchos años su consolidación, que no tuvo lugar sino hasta que se logró el fortalecimiento del poder ejecutivo.
La imitación de la península por parte de los insurgentes fue percibida por las autoridades virreinales, y no sólo percibida sino criticada por el mismo Morelos, el más destacado de los jefes insurgentes, cuando señaló que los americanos «no son más que unos monos
de los de España, que aprenden o imitan lo que ven hacer allá»13.
Asimismo encontramos algunas huellas de los modelos peninsulares en la Junta Provisional Gubernativa de 1821. No obstante que desde el Plan de Iguala, de febrero de ese
año, se declaraba a la Nueva España independiente de la península, la forma de gobierno
que se proponía era la de una monarquía moderada con Fernando VII como emperador,
y mientras se reunían las Cortes, las que elaborarían la Constitución del Imperio Mexicano, se instalaría una junta gubernativa14. Lo anterior fue ratificado en los Tratados de Córdoba de agosto de ese mismo año, en los que, además de reconocerse formalmente la independencia de la Nueva España, se precisaba la composición e integración de la junta, que
ésta nombraría a una regencia encargada del poder ejecutivo, la que gobernaría en nombre
del monarca de acuerdo con las leyes vigentes. También se encargaría de convocar a Cortes, en las que residiría el legislativo, poder que, mientras aquéllas se reunían, lo ejercería la
junta15.
Sin embargo de esta obvia y natural aceptación de los modelos peninsulares, que
muestra desde luego que la revolución española proporcionó a los americanos ejemplos
11. Para estos procesos véase Virginia GUEDEA. «Los procesos electorales insurgentes». Estudios de Historia Novohispana (México). 11 (1991), p. 201-249.
12. Para el proceso texano véase Virginia GUEDEA. «Autonomía e independencia. La Junta de gobierno insurgente de
San Antonio de Béjar, 1813». En: Virginia Guedea (coord.). La independencia de México y el proceso autonomista
novohispano, 1808-1824. México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Instituto de Investigaciones Históricas UNAM, 2001, p. 135-183.
13. Lucas ALAMÁN. Historia de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808
hasta la época presente. México: Imprenta de J. M. Lara, 1849-1852, III, p. 380-381.
14. Agustín de ITURBIDE. «Plan de Iguala de 24 de febrero de 1821». Diario Político Militar Mexicano. I/6, 6 septiembre 1821, p. 21-24 y I/7, 7 septiembre 1821, p. 25. En: Genaro GARCÍA (dir.). Documentos históricos mexicanos… [4], IV, s. p.
15. «Tratados celebrados en la Villa de Córdoba el 24 de agosto de 1821 entre Juan O’Donojú, teniente general de
los ejércitos de España, y Agustín de Iturbide, primer jefe del E. I. M. de las Tres Garantías». Diario Político Militar Mexicano. I/3, 3 septiembre 1821, p. 11-12; I/4, 4 septiembre 1821, p. 13-16 y I/5, 5 septiembre 1821, p. 1718. En: Genaro GARCÍA (dir.). Documentos históricos mexicanos… [4], IV, s. p.
220
EL PROCESO DE LA INDEPENDENCIA Y LAS JUNTAS DE GOBIERNO...
a seguir en el terreno de las instituciones políticas, pero que sobre todo muestra la existencia de un sustrato ideológico y de una cultura política comunes para los españoles de todo
el planeta, el proceso de formación de juntas se desarrolló, como no podía ser de otro modo,
de manera diferente en la Nueva España. Así, sin dejar de recibir diversas influencias de
afuera, las juntas novohispanas fueron adquiriendo una dinámica propia, derivada sin duda
de las particulares circunstancias en que se encontraba el virreinato y de las peculiaridades
que en él presentó el proceso de emancipación.
Una obvia diferencia entre el proceso novohispano y el peninsular es que en el primero no se dio el vacío de poder que sí ocurrió en la península y que facilitó la creación de
nuevas instituciones surgidas del levantamiento popular16. Tampoco en la Nueva España se
fragmentó y dispersó inicialmente el poder, para después dar comienzo a un proceso de
concentración y recuperación de la soberanía17, como tampoco en ella sirvió la guerra para
unir a diferentes pueblos y regiones en un proyecto común18. Por otra parte, los movimientos americanos, entre ellos el novohispano, fueron dejando de mirar hacia España y de
encontrar en ella los modelos a seguir para hacer su propia revolución ante la postura de rechazo que hacia las novedades americanas asumieron las nuevas autoridades peninsulares
desde el golpe de Estado de 1808. Si bien esta tendencia se vio contrarrestada por la apertura que significó la participación en las Cortes de todos los dominios españoles, se vio posteriormente reforzada por la falta de equidad en cuanto a su representación en ellas y con
la reiterada frustración que a consecuencias de esto sufrieran las pretensiones autonomistas
de los diputados americanos19.
En lo que se refiere a las líneas de continuidad que entre las distintas instancias
novohispanas se dieron, mencionaré en primer lugar que tanto propuestas como juntas en
su mayoría recogen de alguna manera –o cuando menos invocan– la propuesta autonomista del Ayuntamiento de México de 1808 de instalar una junta de gobierno en la Nueva
España que se encargara de su defensa para mantenerla a disposición de Fernando VII y de
llenar el hueco de la soberanía y en la que el pueblo estuviera representado. No obstante,
muy pronto empezaron a incorporarse otros elementos. Y es que el golpe de Estado dado
en septiembre de ese año cerró a los novohispanos la posibilidad de instalar una junta de
gobierno dentro del sistema y, con ella, la de sustentarla en las instituciones ya establecidas,
obligándolos a buscar nuevos caminos fuera de él.
El planteamiento de 1808 es retomado por la conspiración que entre septiembre y
diciembre de 1809 un grupo de criollos autonomistas, militares varios de ellos, impulsó en
16. Miguel ARTOLA. La burguesía revolucionaria (1808-1874). Madrid: Alianza Editorial, 1977, p. 9. (Historia de
España Alfaguara; V).
17. Rafael FLAQUER MONTEQUI. «El ejecutivo en la Revolución liberal». En: Miguel Artola (ed.). Las Cortes de Cádiz.
Madrid: Marcial Pons, 1991, p. 37-65.
18. Antonio MOLINER PRADA. Revolución burguesa…[2], p. 40.
19. Sobre la participación de los novohispanos en las Cortes españolas véase Manuel CHUST CALERO. La cuestión
nacional americana en las Cortes de Cádiz. 1810-1814. Valencia: Fundación Instituto Historia Social, Instituto de
Investigaciones Históricas UNAM, 1999.
221
VIRGINIA GUEDEA
Valladolid. Los conspiradores se propusieron la formación de una junta suprema del reino
y varias provinciales que tendrían un vocal en los pueblos de cabecera. Estas juntas, contando con un mando militar y otro político, guardarían la soberanía para los reyes de Borbón y funcionarían mientras se restablecía la monarquía en la península y en el virreinato
la legitimidad de su gobierno, punto este último en que se encuentra ya una diferencia con
la propuesta de 1808. Otra diferencia más, bien importante, consistió en que para el logro
de sus fines los conspiradores buscaron alianzas con los indios y las castas, a los que se hicieron ofrecimientos como la abolición de los tributos y de las cajas de comunidad, ya que se
planeó un levantamiento armado, así como tomar presos a los peninsulares20.
La propuesta autonomista de 1808 fue asimismo retomada por el movimiento insurgente iniciado en 1810. De manera por demás imprecisa, fue planteada primero por Hidalgo, para ser recogida y llevada a efecto más tarde por Rayón. No obstante, ambos casos presentan una diferencia notoria no sólo con el de 1808 sino con el de Valladolid. No se trató
ya de establecer una junta de gobierno, objetivo para cuya consecución los vallisoletanos
consideraron necesario recurrir al uso de la fuerza. Se trató, fundamentalmente, de un
movimiento armado que pretendía organizar un gobierno que lo llevara al triunfo. Incluso
la conspiración que en la Ciudad de México organizara un grupo de autonomistas y partidarios de la insurgencia en abril de 1811 no se planteó como primer objetivo el establecimiento de una junta de gobierno. Se organizó, sobre todo, para apoyar al movimiento
insurgente, para lo cual no sólo se establecería dicha junta, compuesta de cinco destacados
capitalinos, sino que se sustituiría a los ministros de la audiencia y se tomaría preso al virrey,
a las principales autoridades y a los oficiales que habían estado de guardia cuando fuera capturado Iturrigaray. Y, al igual que en la conspiración de Valladolid, se recurriría al uso de
la fuerza, habida cuenta que se movilizaría al pueblo de la Ciudad de México y se contaría
con el apoyo de algunos insurgentes21. Así, los intereses autonomistas, si bien muy presentes en la conspiración, pasaron a ocupar un segundo plano frente a las necesidades de la
insurgencia.
También presentes y también en un segundo plano se encontraron presentes estos
intereses en el establecimiento de la Suprema Junta Nacional Americana en agosto de 1811,
ya que en una primera instancia buscaba dar cumplimiento a las ideas de Hidalgo y demás
iniciadores del movimiento insurgente. Si bien, como ya se señaló, la junta hablaba en
nombre de Fernando VII y reconocía que se había instalado para conservar de sus derechos,
defender la religión y para la indemnización y libertad de la patria, y si bien justificaba su
instalación argumentando obedecer al deseo general de los pueblos y el particular de los
insurgentes, su principal objetivo era ser reconocida y apoyada por éstos y obedecida por
todos en cuestiones tanto militares como políticas. De hecho, para su instalación Rayón
20. Marta TERÁN. Las reformas borbónicas en los pueblos michoacanos y el levantamiento indígena de 1810. México: Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México, 1995, p. 347-348.
21. «Oficio del fiscal Vicente Ruiz al virrey Félix María Calleja, México, 7 de diciembre de 1813». En: J. E. HERNÁNDEZ Y DÁVALOS (dir.). Colección de documentos… [5], V, p. 244-246.
222
EL PROCESO DE LA INDEPENDENCIA Y LAS JUNTAS DE GOBIERNO...
convocó tan sólo a los principales dirigentes de la insurgencia, aunque no sin consultarlo
con partidarios y simpatizantes del movimiento, y sus tres primeros vocales fueron electos
de entre los trece jefes que procedentes de diversas regiones del virreinato acudieron a su
convocatoria22.
En sus Elementos constitucionales, compuestos de 38 artículos, Rayón se ocupó de definir la organización que debía tener un gobierno cuyo primer y más inmediato propósito
debía ser ganar la guerra. Por ello, además de precisar que la composición de la junta debía
ampliarse a cinco vocales, se precisaba que los tres primeros fungirían como capitanes generales y que la nación debía contar con otro más, uno de los cuales se propondría al Congreso o junta para fungir como generalísimo en los casos de guerra. Se hablaba también de
otra figura, la de un protector nacional, quien sería electo por los representantes y se ocuparía de proponer a la junta cualquier negocio de interés para la nación. Por otra parte, en
los Elementos constitucionales se precisaban otros asuntos importantes, como establecer que
la religión católica debía ser la única sin tolerancia de ninguna otra, abolir la esclavitud,
prohibir la tortura y decretar, entre otras libertades, la de comercio y la de imprenta23.
La Suprema Junta logró constituirse como centro coordinador de la insurgencia en lo
militar y en lo político, con lo que consiguió para el movimiento simpatías y apoyos de grupos de autonomistas y descontentos con el régimen colonial que no había obtenido en la
etapa anterior y que le fueron de suma utilidad. También le consiguió el interés de las autoridades virreinales, las que procuraron tanto desprestigiarla como negociar con ella24. Pero
fueron las necesidades de la guerra las que le causaron mayores problemas, ya que obligaron a sus vocales a separarse; a partir de entonces, los diversos intereses que los animaban
se hicieron más notorios y divergentes y terminaron por llevarlos a un enfrentamiento
abierto. Con el fin de recuperar ese centro coordinador del movimiento, Morelos, quien
había sido nombrado su cuarto vocal, se propuso primero la reestructuración de la junta
y poco después la instalación de un Congreso.
Para que este nuevo órgano de gobierno alterno contara con una representación más
completa de las provincias, convocó elecciones en los territorios controlados por los insurgentes. Pretendía con ello, al igual que lo había hecho en su momento la Suprema Junta,
dar cumplimiento a la propuesta de Hidalgo. Y para lograr esta amplitud de representación
recurrió tanto al modelo gaditano –eligiendo electores por parroquias– como a otras formas
22. «Bando sobre la erección de la primera Junta Nacional en Zitácuaro, Zitácuaro, 21 de agosto de 1811». En: J. E.
HERNÁNDEZ Y DÁVALOS (dir.). Colección de documentos… [5], III, p. 403-404; «Bando estableciendo la primera
Junta Nacional en Zitácuaro, Zitácuaro, 21 de agosto de 1811». En: J. E. HERNÁNDEZ Y DÁVALOS (dir.). Colección de documentos… [5], III, p. 340, e «Instalación de la Junta de Zitácuaro, Zitácuaro, 21 de agosto de 1811».
En: Ernesto LEMOINE VILLICAÑA. «Zitácuaro…» [7], p. p. 437-438.
23. Ignacio RAYÓN. «Copia de los Elementos de nuestra Constitución». En: Ernesto LEMOINE VILLICAÑA. «Zitácuaro…» [7], p. 446-451, puntos 5, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 23, 36, 37 y 38.
24. Véase Wilbert H. TIMMONS. «Los Guadalupes: A secret society in the Mexican Revolution of Independence».
Hispanic American Historical Review (Durham). XLV/2 (1965), p. 183-195, y Virginia GUEDEA. En busca de
un gobierno alterno: Los Guadalupes de México. México: Instituto de Investigaciones Históricas UNAM, 1992,
p. 67-125.
223
VIRGINIA GUEDEA
más tradicionales de elección de representantes –por medio de los pueblos de indios o de
las diputaciones de minería–, atendiendo sobre todo a las diferentes formas de organización
social y política que en las regiones se daban; sin embargo de la diversidad que presentaron estas elecciones, en todas ellas participaron amplios sectores de la población en una primera etapa electoral25.
La instalación del Supremo Congreso Nacional Americano se llevó a cabo de acuerdo con el Reglamento preparado por Morelos, que en sus 59 artículos también normaba su
funcionamiento y atribuciones. Así, debía representar a la soberanía nacional y se compondría de los diputados propietarios electos por las provincias ya convocadas y de los suplentes nombrados por Morelos para las faltantes. En una primera instancia, el Congreso debía
ocuparse de la distribución de los poderes, cuyas esferas de acción debían quedar claramente
deslindadas, reteniendo para sí el legislativo. El ejecutivo debía consignarse al general que
resultase electo generalísimo –retomando en cierta forma lo que establecían los Elementos
constitucionales de Rayón–, para lo cual se llevó a cabo un amplio proceso electoral en el que
participaron sobre todo los militares insurgentes de coroneles para arriba, pero también
varios civiles de diversas regiones. En cuanto al judicial, se le reconocía en los tribunales
existentes mientras se procedía a elegir otros, lo que no ocurrió sino hasta año y medio después26. Todo esto quedó igualmente registrado en los Sentimientos de la nación, emitidos
por el propio Morelos, en los que, además, se daba una serie de disposiciones entre las que
se cuentan, como en los Elementos constitucionales, la religión católica como única permitida, la proscripción de la esclavitud, de la distinción de castas y de la tortura, el respeto a la
propiedad individual y la libertad de comercio27.
El Supremo Congreso también debía ocuparse de declarar formalmente la independencia de España, lo que ocurrió en noviembre de ese año28, y de constituir a la nueva
nación, por lo que en octubre de 1814 emitió el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. En él, como ya señalé, se encuentran huellas del constitucionalismo español, pero sobre todo del francés; así, reconoce la soberanía popular, la
libre autodeterminación de los pueblos, el derecho a la ciudadanía, la igualdad ante
la ley y el respeto a la libertad y los derechos civiles. Asimismo, establece la soberanía del
Congreso y reconoce la división de poderes, amén de mantener a la religión católica
como la única permitida29.
25. Para estos procesos véase Virginia GUEDEA. «Los procesos electorales…» [11], p. 201-249.
26. «José María Morelos. Reglamento para el Congreso, Chilpancingo, 11 de septiembre de 1813». En: J. E. HERNÁNDEZ Y DÁVALOS (dir.). Colección de documentos… [5], IV, p. 207-211.
27. «José María Morelos. Sentimientos de la nación mexicana, Chilpancingo, 14 de septiembre de 1813». En: Ernesto LEMOINE VILLICAÑA. Manuscrito Cárdenas. Documentos del Congreso de Chilpancingo, hallados entre los papeles
del caudillo José María Morelos, sorprendido por los realistas en la acción de Tlacotepec el 24 de febrero de 1814. México: Instituto Mexicano del Seguro Social, 1980, p. 140-146.
28. «Acta solemne de la declaración de la independencia de la América Septentrional, Chilpancingo, 6 de noviembre
de 1813». En: J. E. HERNÁNDEZ Y DÁVALOS (dir.). Colección de documentos… [5], I, p. 877.
29. «Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, Apatzingán, 22 de octubre de 1814». En: J. E.
HERNÁNDEZ Y DÁVALOS (dir.). Colección de documentos… [5], V, p. 703-720.
224
EL PROCESO DE LA INDEPENDENCIA Y LAS JUNTAS DE GOBIERNO...
El Supremo Congreso constituyó la culminación de la insurgencia como movimiento
político y en sus inicios alcanzó a articular los intereses de distintos sectores novohispanos
–descontentos, autonomistas y proinsurgentes– al abrir dentro de la directiva del movimiento
un espacio para su representación. Pero no alcanzó a consolidarse, como tampoco lo había
podido hacer en su momento la Suprema Junta, a causa sobre todo de que no logró resolver
los problemas que se daban en el seno mismo de la directiva insurgente. La pugna que desde
sus inicios se dio entre el legislativo y el ejecutivo, en la que se impuso el primero, provocó
importantes derrotas militares primero y más tarde la fragmentación de la insurgencia.
Esto último se refleja con gran claridad en las juntas insurgentes que sucedieron al
Congreso. Todas ellas, desde la Subalterna de Taretan, pasando por la Comisión Ejecutiva
y la Junta de Jaujilla hasta la de Las Balsas, fueron instancias que no rebasaron el ámbito
regional y que ni siquiera en sus áreas de influencia pudieron consolidar su posición.
Mucho menos llegaron a convertirse en centros coordinadores de la insurgencia. Establecidas en momentos siempre críticos, integradas en forma por demás provisional y sin contar
con una verdadera representación, enfrentadas de continuo a situaciones de emergencia
y desconocidas muchas veces por los propios insurgentes, poco fue lo que pudieron hacer y no
alcanzarían a legitimarse.
De entre las distintas instancias que integran el proceso juntista novohispano, tres
presentan características muy propias que obligan a verlas por separado: la de Naolingo, la
de San Antonio de Béjar y la Provisional Gubernativa de 1821, características que, hay que
aclarar, resultan particularmente difíciles de precisar en lo que se refiere a las dos primeras
por falta de información.
En cuanto a la Junta Provisional Gubernativa establecida en Naolingo hacia mayo de
1812 a iniciativa de la sociedad secreta que se fundó en Jalapa como derivación de la de los
Caballeros Racionales de Cádiz, no queda del todo claro si pretendía constituirse en un órgano de gobierno alterno para toda la Nueva España o tan sólo para la región veracruzana. Tampoco quedan claras las supuestas pretensiones de autonomía mostradas por sus principales
dirigentes, de quienes se dijo no deseaban reconocer ni a un gobierno extranjero, ni al de
España, ni a los intentos de otros jefes insurgentes para establecer una junta de gobierno30. Lo
que sí queda claro es que para su establecimiento se efectuó un proceso electoral, si bien no
he podido precisar del todo cómo se desarrolló31. Por último, también queda claro que a pesar
del corto tiempo que estuvo en funciones la junta se propuso y logró llevar a cabo ciertas
actividades de interés, particularmente en apoyo de la insurgencia en la región32.
30. Según declaró el sargento Graneros, Mariano Rincón y el licenciado Manuel Apolbón le habían dicho que la junta «es independiente de todas las demás sin reconocer a Morelos, ni a ningún otro cabecilla de insurgentes». Ver:
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Infidencias, v. 74, cuad. 15: «Causa seguida al canónigo Ramón Cardeña.
Declaración de José Ricardo Graneros, Perote, 2 de enero de 1812».
31. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Infidencias, v. 74, cuad. 12, f. 2-4v: «Causa seguida al canónigo Ramón Cardeña. Declaración de José María Tamariz, Puebla, 29 de octubre de 1812».
32. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Infidencias, v. 74, cuad. 12, f. 2-4v: : «Causa seguida al canónigo Ramón Cardeña. Declaración de José María Tamariz, Puebla, 29 de octubre de 1812».
225
VIRGINIA GUEDEA
En lo que se refiere a las peculiaridades que presenta la Junta Gubernativa de San
Antonio de Béjar de 1813, un signo que no deja de llamar la atención –y que obedece
a motivos muy entendibles, sobre todo si se considera que entre sus integrantes se contaron
varios angloamericanos y que los insurgentes de la región recibieron apoyo estadounidense– es que haya declarado de manera abierta la independencia de la provincia de Texas no
sólo de España sino de cualquier otra nación, léase los Estados Unidos, seis meses antes de
que lo hiciera para toda la Nueva España el Supremo Congreso Nacional Americano. Y si
bien esta junta no pretendió ocuparse del gobierno de todo el virreinato sino tan sólo de
una de sus provincias –ya que reconocía que Texas era un «estado» que formaba parte de la
«República Mexicana»–, se trató claramente de un esfuerzo por establecer un órgano de
gobierno alterno, instalado mediante un proceso de elección en el que se dio una cierta participación popular y que llegó a emitir nada más y nada menos que una Constitución para
el gobierno de la provincia33. Además de las huellas de la influencia gaditana, ya mencionadas arriba, en el proceso texano encontramos también, y en forma por demás notoria, la
influencia estadounidense, por la que los texanos conocieron nuevas formas de pensamiento y acción políticos y que desde entonces marcaría de manera inexorable su futuro.
El establecimiento de la Junta Provisional Gubernativa en 1821 presenta algunas
semejanzas con las instancias que le antecedieron, muy en especial con las propuestas de la
primera etapa y en particular con la de 1808. También presenta no pocas diferencias, sobre
todo con los diversos esfuerzos de coordinación insurgentes, fundamentalmente con el
Supremo Congreso.
El gobierno con el que la nueva nación transitaría a la vida independiente debía ser
una monarquía constitucional; así, la junta gobernaría en nombre de Fernando VII, no obstante haberse declarado la independencia de España, y funcionaría ínterin se reunían unas
Cortes, las que debían ser constituyentes. Se compondría «de los primeros hombres del
imperio por sus virtudes, por sus destinos, por sus fortunas, representación y concepto, de
aquellos que están designados por la opinión general», los que fueron escogidos por Iturbide. A su vez, la junta –como ya señalé–nombraría a una regencia compuesta de tres personas, en la que residiría el poder ejecutivo y la que a su vez convocaría a Cortes, en las que
residiría el legislativo. En cuanto al judicial, se procedería de acuerdo con la Constitución
española hasta el establecimiento de las Cortes. Se mantendría la religión católica y se respetaría la propiedad privada, amén de conservar al clero en todos sus fueros y preeminencias y dejar a todos los ramos del Estado sin alteración alguna, lo mismo que a «los empleados
políticos, eclesiásticos, civiles y militares»34. Y es que el Plan de Iguala y los Tratados de
33. Véase Virginia GUEDEA. «Autonomía e independencia…» [12], p. 135-183.
34. «Agustín de Iturbide, Plan de Iguala, 24 de febrero de 1821», en Diario Político Militar Mexicano, 6 septiembre
1821, t. I/6, p. 21-24, y 7 septiembre 1821, I/7, p. 25. En: Genaro GARCÍA (dir.). Documentos históricos mexicanos…[4], IV, s. p., y «Tratados celebrados en la Villa de Córdoba el 24 de agosto de 1821 entre Juan O’Donojú,
teniente general de los ejércitos de España, y Agustín de Iturbide, primer jefe del E. I. M. de las Tres Garantías,»
en Diario Político Militar Mexicano, 3 septiembre 1821, I/3, p. 11-12, 4 septiembre 1821, I/4, p. 13-16, y 5 septiembre 1821, I/5, p. 17-18. En: Genaro GARCÍA (dir.). Documentos históricos mexicanos…[4], IV, s. p.
226
EL PROCESO DE LA INDEPENDENCIA Y LAS JUNTAS DE GOBIERNO...
Córdoba recogieron ese viejo anhelo autonomista, el de una junta de gobierno, pero no el
de «escuchar la voz de los pueblos por medio de sus representantes», planteado también desde
1808. Mucho menos recogieron todas aquellas libertades que se habían ido planteando
y precisando a lo largo de los años de lucha. Todo esto haría por demás difíciles los inicios
de la nueva nación.
Una característica que comparten muchas de las propuestas y de las juntas –las propuestas de Valladolid, de Hidalgo y de los conspiradores de 1811, así como la Suprema
Junta, la de Naolingo, la de Texas, el Supremo Congreso, la Junta Subalterna, la Comisión
Ejecutiva, la Junta de Jaujilla y la de Las Balsas– es que buscaron la consecución de un mismo objetivo: el de establecer un órgano de gobierno alterno, si bien en algunos de los casos
no para toda la Nueva España sino para una determinada región. Y, salvo la propuesta vallisoletana, todas las mencionadas constituyen distintas etapas de un mismo proceso: el de dar
un centro coordinador a la insurgencia no sólo político sino militar.
Vinculado estrechamente con lo anterior se encuentra el hecho de que fueron varios
los individuos que participaron en más de una de estas propuestas y de estas juntas. Así, el
regidor Juan Francisco de Azcárate fue uno de los principales promotores de la propuesta
de 1808 y formó parte de la Junta Provisional Gubernativa de 1821, mientras que Carlos
María de Bustamante fue propuesto para la junta de gobierno que buscaba establecer la
conspiración de 1811, además de ser diputado del Congreso de Chilpancingo. Los cuatro
vocales de la Junta de Zitácuaro también participaron en dicho Congreso y algunos de sus
colegas formaron asimismo parte de las juntas que después se establecieron, mientras que
en estas últimas también son varios los diputados que pasaron de una a otra.
Una característica compartida por casi todas las juntas, salvo la Provisional Gubernativa de 1821 y durante muy corto tiempo la de Zitácuaro y el Congreso de Chilpancingo,
es lo precario de su condición, y todas ellas, a excepción de la de 1821, conocieron el fracaso. Esto se debió fundamentalmente a los avatares que sufriera el movimiento armado, la
insurgencia, que constituyó en buena medida su condición de posibilidad y que al ir no sólo
perdiendo fuerza sino fragmentándose cada vez más brindó cada vez menos oportunidades
para la instalación y funcionamiento de una junta de gobierno.
Un aspecto muy importante que también comparten las juntas lo constituyen las relaciones que se dieron entre ellas y las regiones en que se ubicaron. No deja de ser significativo el hecho de que casi todas fueron conocidas –y lo siguen siendo– no tanto por su nombre oficial sino por el de la localidad en que fueron establecidas: la Junta de Zitácuaro, la
de Naolingo, el Congreso de Chilpancingo, la Junta de Taretan, la de Jaujilla... Hay que
tomar en cuenta que las ciudades y poblaciones de importancia desempeñaron en la Nueva España un papel hegemónico en las provincias donde se encontraban, papel que la lucha
armada transformó pero no hizo desaparecer. Por ello, resultan de gran interés las relaciones que las distintas juntas tuvieron con sus regiones y cuál fue el impacto que en ellas
llegaron o no a causar, ya que ayudan entender mejor las diversas y vigorosas formas de
autonomía regional y local que desde tiempo antes habían comenzado a surgir, tan poco
conocidas y estudiadas y que tanto influyeron no sólo en el proceso de emancipación sino
227
VIRGINIA GUEDEA
en el país recién independizado y, sobre todo, en la difícil y lenta conformación del Estado
nacional mexicano.
Muchos otros aspectos de interés ofrecen las juntas novohispanas, como pueden ser la
jurisdicción efectiva que llegaron a tener, el reconocimiento y la legitimidad que alcanzaron o las actividades que pudieron llevar a cabo tanto en lo que se refiere a la administración y gobierno como en cuanto a la organización militar, si buscaron y lograron establecer o no relaciones con el exterior y con qué apoyos, internos y externos, llegaron a contar,
etc. De igual manera, resulta indispensable abordar su comparación con los otros procesos
juntistas americanos, sin la cual no es posible entender al novohispano en su justa dimensión ni precisar cuáles de sus características le son realmente propias y cuáles compartió con
los de otros espacios.
Así, todos los afanes juntistas novohispanos forman parte de un mismo proceso.
Y esto obliga a abordar su estudio sin perder la visión de conjunto, perspectiva desde la que
resulta más enriquecedor el análisis de sus distintos aspectos al tiempo que permite entenderlo como parte de ese proceso más amplio en el tiempo que fue la formación de una
nación independiente.
228
Peanes e himnos de victoria de la guerra
de independencia mexicana.
La gloria, la crueldad y la «demonización»
de los gachupines, 1810-1821
CHRISTON I. ARCHER
¡Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines!
1810
Cesó la horrorosa antipatía de americano y gachupín. Todos somos una misma familia. ¡Qué
hermosa perspectiva incluyó, simbolizando la América, y la España, dándose la mano! La sabia Constitución asegura nuestra unión1
Juan Domínguez, Apatzingán, 1820
E
l 7 de septiembre de 1810, tan sólo nueve días antes de que el cura Miguel Hidalgo
pronunciara su famoso grito, el gobernador de naturales de San Miguel el Grande,
Ciriaco García, escribía, tal vez animado por un eclesiástico local, al virrey y arzobispo Francisco Javier de Lizana lamentando su desdichada época, envenenada por los «… crímenes
irremisibles por el gobierno mercantil». Refiriéndose en forma oblicua a la mácula imborrable que los comerciantes peninsulares de la capital habían dejado cuando en septiembre
de 1808 depusieron al virrey José de Iturrigaray, García subrayaba que los sagrados derechos que la naturaleza y la ley real concedían a los americanos «… se ven ultrajados con
ignominioso desprecio» por estos usurpadores despóticos de la soberanía, «… que quizás
han salido prófugos de la ínfima plebe de la península por alguna alevosía criminal»2. García continuaba: «En fin, Señor, nos vemos los naturales de este reino abatidos como esclavos, vilipendiados, y en un mar amargo de miseria de hambre y desnudez como los
bárbaros errantes por los desiertos, sin fomento, sin premio, y esperando ser entregados a
los enemigos de nuestra santa católica religión»3.
1. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 157: «Juan Domínguez, comandante
de la 4ª Sección de Milicias Realistas al Cabildo Extraordinario de Apatzingán, 30 de septiembre de 1820».
2. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 30: «Ciriaco García, gobernador de
naturales, San Miguel el Grande al virrey Venegas, San Miguel, 7 de septiembre de 1810». En este momento,
Venegas aún no había llegado para asumir el cargo.
3. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 30: «Ciriaco García, gobernador de
naturales, San Miguel el Grande al virrey Venegas, San Miguel, 7 de septiembre de 1810».
229
CHRISTON I. ARCHER
García solicitaba al arzobispo Lizana movilizar las defensas del reino e instalar una
junta nacional de hombres sabios requerida con el fin de idear las medidas estrictas que
serían necesarias para hallar un antídoto a los problemas y para castigar a «esos insolentes atentadores» (los comerciantes de la Ciudad de México)4. El hecho de que desde
1808 la región de García, el Bajío, hubiera sufrido tiempos difíciles debidos a heladas
tardías fuera de temporada y a sequías de verano era nada menos que una gran calamidad. Sin embargo, esto se hacía mucho más grave debido a los esfuerzos de las autoridades reales por emplear la coacción para requisar maíz de los pueblos con la finalidad
de proveer la alhóndiga en Guanajuato y satisfacer la demanda de Querétaro, San
Miguel el Grande, Silao y otras localidades. La mano dura de las autoridades sólo sirvió
para incitar nuevos resentimientos y para avivar las preocupaciones regionales sobre el
inminente caos5.
Al estallar la revuelta encabezada por Hidalgo el 16 de septiembre de 1810, el grito
de guerra de los insurgentes, «¡Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines!»,
resumió de manera sucinta el pensamiento de muchos residentes de las provincias del Bajío
respecto de las acciones provenientes de la minoría opresiva y detestable de los peninsulares. Según la opinión popular, compartida ampliamente por el común de la población, los
voraces europeos, con tal de mantener sus intereses comerciales, serían capaces de entregar
una inocente Nueva España a las garras de los ingleses herejes, los franceses sin Dios, o
incluso de los traicioneros afrancesados que apoyaban el régimen español del títere José
Bonaparte. De hecho, durante la revuelta de Hidalgo, los comandantes insurgentes sostenían que los gachupines habían escrito a Napoleón pidiendo su apoyo para ayudarlos a
aplastar a los criollos de Nueva España6. Para la forma de pensar de los criollos, el golpe que
derrocó al virrey José de Iturrigaray (1803-1808) el 16 de septiembre constituyó un hito
que proclamaba la infamia de los gachupines –un acto de lo más cobarde que no sería olvidado por los novohispanos. De hecho, tiempo después de la independencia, los observadores mexicanos describieron los acontecimientos de 1808 como infames y como el origen de todos sus problemas. En 1811, un poeta anónimo recogió la intensidad de este
sentimiento:
«Murió Flon, gañe el doblón
Doblo a puesta, a que perece Calleja
4. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 30: «Ciriaco García, gobernador de
naturales, San Miguel el Grande al virrey Venegas, San Miguel, 7 de septiembre de 1810».
5. Véase Eric VAN YOUNG. The other rebellion: popular violence, ideology, and the Mexican struggle for independence,
1810-1821. New Haven: Yale University Press, 2001, p. 71-79; Christon I. ARCHER. «Bite of the hydra: the rebellion
of Cura Miguel Hidalgo, 1810-1811». En: Jaime E. Rodríguez O. (ed.). Patterns of contention in Mexican history.
Wilmington: Scholarly Resources Inc., 1992, p. 74-75; y Enrique FLORESCANO. Precios del maíz y crisis agrícolas
en México (1708-1810). México: El Colegio de México, 1969, p. 178-79, y Brian R. HAMNETT. Roots of insurgency: Mexican regions, 1750-1824. Cambridge: Cambridge University Press, 1986, p. 112-123.
6. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 142: «El comandante de América, José
Mariano Anaya al pueblo de Yxmiquilpan, hacienda del Cazadero, 23 de noviembre de 1810».
230
PEANES E HIMNOS DE VICTORIA DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA MEXICANA…
Allende volverá, y a Venegas prenderá
¿Y los europeos que hay?
Pagarán la prisión de Iturrigaray»7.
Para 1811, los insurgentes que utilizaban el término peyorativo de gachupín para
describir a los peninsulares comenzaron a referirse a los patriotas realistas con el nuevo
epíteto de «callejista», aludiendo a Félix Calleja, el cruel e implacable comandante del
Ejército del Centro8. En una andanada de improperios dirigida a los soldados realistas,
un escritor anónimo inquiría si acaso éstos disfrutaban siendo esclavos de los españoles.
El escritor se preguntaba con qué motivo gritarían los novohispanos «Viva España»,
cuando la metrópoli había dejado de existir. Después de todo, Napoleón había ocupado
el país con 400.000 soldados. Este escritor llegaba a la conclusión de que la proclama
«Viva España» equivalía a decir «¡Vivan los gachupines y mueran los criollos!». En cambio, los soldados realistas deberían enarbolar el grito de «¡Viva América!», que era lo mismo que decir «¡Vivan los criollos!». Desde su punto de vista, los gobernadores españoles
no poseían más mérito o legalidad que usurpadores comunes9. En otra andanada tardía,
pero típica, que circuló en Llanos de Apan en 1817, otro escritor anónimo que firmaba
como «Un Pastor Insurgente», recordaba que durante los ocho años posteriores a 1808,
España había pasado por cuatro gobiernos –Carlos IV, Fernando VII, las Cortes y, una
vez más, Fernando VII. El Pastor opinaba que eran los españoles y no los americanos los
verdaderos insurgentes. Después de todo, ellos habían cometido el crimen original de
deponer a Carlos IV y desde entonces no podía haber un gobierno legítimo. Se seguía
entonces que, pese a su declaración de independencia, América no había cometido ningún acto de perjurio. Después, regresando a la misma letanía de 1810 contra los gachupines esbozada por el gobernador de naturales de San Miguel, Ciriaco García, el Pastor
de 1817 reiteraba el disgusto novohispano por los peninsulares de cuna humilde y, sin
embargo, tan sorprendentemente arrogantes. Para cerrar su discurso, el Pastor declaraba:
«Conocía que todo su plebe [de España] se pasa a este reino en donde repentinamente se vuelven nobles con el apoyo del paisanaje: conocía que siendo la mayor parte de los españoles unos verdaderos bribones, prófugos y quizá delincuentes en su patria se emparientan y enlazan con las mayores familias de este reino, haciendo de este modo que los caudales pasen de unos en otros sin
interrupción»10.
7. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 446: «Flon se refiere al conde de la
cadena, Manuel de Flon, quien murió en la batalla de Calderón».
8. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 185: «Francisco Uraga a Fernando
Pérez Marañon, intendente de Guanajuato, 21 de mayo de 1811».
9. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 170: «Proclamación a los soldados,
diciembre de 1811».
10. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 152: «Proclama de un Pastor Insurgente, Llano de Apan, 15 de julio de 1817».
231
CHRISTON I. ARCHER
América, según argüía el Pastor, estaba al tanto de este patrón y sólo esperaba tranquilamente una ocasión favorable para actuar contra tal perversidad. Con España hundiéndose en la anarquía total, con algunos proclamando a Carlos IV, otros a Fernando VII,
y otros la Constitución nacional, la hora decisiva había llegado. Este escritor tenía la
esperanza de que el valiente Javier Mina ayudara a los novohispanos a derrocar a un rey
malagradecido que derramaba la sangre de tantos para proteger su oxidada corona11.
Aquí estaba, pues, la enconada memoria del padecimiento de gente expuesta a prácticas
comerciales acerbas, a engaños, a manipulaciones, favoritismos, comportamientos arbitrarios y a la despótica arrogancia de los inmigrantes europeos. Las acciones de éstos
contra las tierras comunales, contra propiedades rurales en disputa y su acceso especial
a los administradores oscurecían la reputación de la misma minoría de gachupines que
había depuesto al virrey Iturrigaray y que había cernido sobre Nueva España una verdadera hecatombe.
Claro que, para los criollos, una cosa era estallar contra los perversos peninsulares y
otra muy distinta era hacer lo mismo en el contexto de la sangrienta revolución desatada
por el cura Miguel Hidalgo y sus turbas. Obviamente, la mayoría de aquellos que apoyaban las opiniones del gobernador de naturales de San Miguel, Ciriaco García, compartieron la suerte de Hidalgo y emprendieron la marcha que los llevaría a Guanajuato, Valladolid, Guadalajara y muchos otros pueblos y villas más pequeños antes de que llegara el
desastre. Al principio, bajo la aparente fortaleza de su número, entusiasmo y crueldad, lo
que no era más que una tosca multitud apabulló toda oposición y engendró un miedo
mortal justamente en los corazones de sus oponentes. Y lo que en verdad atemorizaba al
régimen era que los agentes enviados por Hidalgo encendieron nuevos centros de insurrección más allá de los distritos originalmente afectados. Las élites criollas urbanas,
temerarias en su defensa de los derechos regionales y políticos, además de ansiosas por
ejercer su propia autonomía, se enfrentaban ahora a olas de violencia anárquica, destrucción de propiedades y lo que en un comienzo pareció ser una guerra a muerte entre grupos sociales y raciales. Aun cuando un reducido número de criollos citadinos se unieron
a Hidalgo, Ignacio Allende y los demás líderes insurgentes, el fantasma de una espeluznante revolución social amenazaba asimismo con arrasar las aspiraciones criollas. Muchos
criollos se sentirían compelidos a dejar atrás sus opiniones contra los gachupines y a
enfrentar el peligro mortal junto con los europeos12.
11. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 152: «Proclama de un Pastor Insurgente, Llano de Apan, 15 de julio de 1817».
12. Romeo FLORES CABALLERO. La contra-revolución en la independencia: los españoles en la vida política, social y económica de México (1804-1838). México: El Colegio de Mexico, 1969, p. 57, y José Antonio SERRANO ORTEGA.
Jerarquía territorial y transición política: Guanajuato, 1790-1836. Zamora: El Colegio de Michoacán, 2001, p. 8485. También véase Virginia GUEDEA. En busca de un gobierno alterno: Los Guadalupes de México. México: UNAM,
1992; Virginia GUEDEA (ed.). La independencia de México y el proceso autonomista novohispano (1808-1824). México: UNAM, Instituto Mora, 2001; Marco Antonio LANDAVAZO. La máscara de Fernando VII: discurso e imaginario monárquicos en una época de crisis, Nueva España, 1808-1822. México: El Colegio de México, La Universidad
Michoacana y El Colegio de Michoacán, 2001; y Alfredo ÁVILA. En nombre de la nación: La formación del gobierno representativo en México. México: Editorial Taurus, 1999.
232
PEANES E HIMNOS DE VICTORIA DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA MEXICANA…
A partir de esto, la guerra en Nueva España tomó nuevos cauces que en muchos
aspectos la hicieron distinta de los movimientos de independencia en otras partes de la
América española. Tras languidecer ante el prospecto de una revolución social, la mayoría
de los criollos novohispanos dejaron de atacar abiertamente a sus compatriotas gachupines.
Después de 1810, tratarían de reconocer, como una sola fuerza, los ángulos positivos más
que los negativos de la relación entre criollos y gachupines. El «gran miedo» representado
por las reyertas políticas, los panfletos y las andanadas de improperios que adquirieron un
primer plano con la deposición del virrey Iturrigaray se redujo precipitadamente con la guerra civil. La llegada en 1812 de los primeros batallones expedicionarios españoles para asistir a Félix Calleja y al Ejército del Centro en el sitio de Cuautla Amilpas renovó en varios
sentidos el apoyo a España. Aún ocupada por las fuerzas francesas y peleando su propia
Guerra de Independencia, el régimen español valoraba lo suficiente a Nueva España como
para enviar a sus inestimables batallones. Contrariando los deseos de los británicos aliados
con España en la península, este notable apoyo militar acordado bajo el fragor de la guerra
disipó los temores que aún persistían sobre la posibilidad de que la madre patria traicionara a los novohispanos o los entregara a Napoleón13. (Véase el Cuadro 1; cabe aclarar que
estos totales corresponden a 1816-1817 y no representan los números que originalmente se
enviaron desde España). Aun cuando los historiadores tienden a subrayar las fuerzas poderosas que dividían a los criollos de los gachupines y su creciente enemistad, también existían lazos familiares o de intereses igualmente fuertes que unían a los dos grupos. La llegada
a Nueva España de la Constitución de 1812 desde Cádiz ofreció a sus defensores mayor
apoyo para aquellos que creían antes en la evolución que en la revolución.
Si los europeos en Nueva España lograron maniobrar y obtener una victoria temporal en 1808, nuevos desastres llegarían en septiembre y octubre de 1810, durante la primera fase de la revuelta de Hidalgo. Por muchos motivos, estos acontecimientos parecían
demostrar sin duda que gran parte de la población novohispana odiaba a los gachupines
más de lo que cualquiera hubiera sospechado. Los rumores sobre el maltrato hacia los
peninsulares por parte de las masas plebeyas en San Miguel, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, y más tarde en Valladolid (Morelia) y Guadalajara, se propagaron como llamas a
través de las provincias y produjeron un éxodo súbito y dramático de los «infelices europeos» provincianos, quienes huyeron precipitadamente a resguardarse en la Ciudad de
México. En un estado que los funcionarios a lo largo de los caminos principales calificaron
como «terror pánico», los europeos abandonaron sus casas, negocios, minas y haciendas14.
Durante septiembre y octubre de 1810, la huída de esta elite despojó a los distritos de sus
animales y carros de tiro, detuvo el comercio y dejó a refugiados aterrorizados escondidos
13. Resulta interesante que incluso en 1811 algunos insurgentes como Ignacio López Rayón y José María Liceaga
siguieran declarando que los gachupines de Nueva España estaban empeñados en entregar la provincia a los franceses. Véase, ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 184: «Calleja a López
Rayón y Liceaga, 29 de abril de 1811».
14. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 169: «Fr. Miguel González a Félix
Calleja, Hacienda de los Cedros, 16 de octubre de 1810».
233
CHRISTON I. ARCHER
en monasterios, haciendas rurales y otros sitios a lo largo de las rutas hacia la capital. El fraile Miguel González, escribiendo desde la hacienda de los Cedros, cerca de San Luis Potosí,
suplicaba a Félix Calleja que le informara sobre cualquier posible victoria realista con el fin
de apaciguar a 83 españoles asustados que habían escapado de ciudades y pueblos aledaños
y que habían buscado asilo ahí. Los de Zacatecas parecían especialmente atemorizados por
el trato rudo que habían recibido y por los crímenes, el desorden generalizado y la violencia que había hecho presa de la ciudad15. Desde el pequeño pueblo de Venado, Jacobo
María Santos solicitaba a Calleja expedir una orden para prohibir a cualquier ultramarino
abandonar su residencia o distrito, de manera que estas personas no vagaran como fugitivos errantes o vagabundos por toda la región16.
La difusión de informes sobre los abusos por parte de los insurgentes y las acciones
vengativas de la gente del pueblo dirigidas contra administradores locales, tenderos y terratenientes sólo sirvió para alentar la fuga de los europeos aterrados. Incluso cuando habían
convivido en armonía con la gente de sus propias comunidades, bandas de rebeldes que
merodeaban la zona identificaban a los europeos como blanco de robos, golpizas y asesinatos. En un incidente típico en Tepoztlán, el 29 de octubre de 1811, una turba de 200 insurgentes incursionó en el pueblo a las tres de la mañana y se dio al robo y al estropicio.
Habiendo allanado una hacienda cercana, donde robaron cinco caballos y cerca de 200
pesos, se precipitaron hacia y ocuparon la plaza central. Ahí, liberaron del estanco el equivalente a diez pesos en cigarros, forzaron las puertas de la cárcel y dejaron libres a todos los
prisioneros (la mayor parte de los cuales regresaron después voluntariamente). Los integrantes de la turba persiguieron a los hombres de la guardia de los pulques, golpearon a un
velador indígena y tomaron el dinero recabado por la alcabala del edificio de gobierno. En
seguida, divididos ya en bandas pequeñas, realizaron un asalto casa por casa, poniendo su
atención en los hogares de reconocidos peninsulares –irrumpiendo primero en la residencia
15. Uno de los mejores informes sobre Zacatecas es el del intendente de la ciudad, Francisco de Rendón, quien presenció muchos de los eventos en su ciudad y en comunidades aledañas. Capturado y encarcelado por los insurgentes durante 27 días, hasta que fue liberado en Guadalajara tras la batalla de Puente de Calderón, Rendón describió Zacatecas al tiempo que la ciudad perdía el control y se deslizaba hacia la anarquía. Las comunidades que
rodeaban la ciudad se rehusaron a ofrecer milicianos y por varios días la plebe urbana y los trabajadores de las
minas asumieron el control. Algunos europeos recibieron amenazas de muerte, pero el criollo conde de Santiago
se las arregló para obtener el permiso para que huyeran antes de enfrentar la ejecución. En esta situación y recibiendo a diario amenazas de muerte, Rendón y su familia huyeron bajo la protección del conde de Santiago. Sin
embargo, el 25 de octubre, un grupo de insurgentes detuvo a Rendón y lo envió a su cautiverio en Guadalajara,
entonces bajo el mando de Hidalgo. El intendente describía experiencias aterradoras en las que los rebeldes enterraban sus lances en su pecho y su asombro ante pueblos que celebraban la destrucción de los gachupines y planeaban la apropiación y la distribución de la riqueza de aquéllos. Véase, ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 171: «Francisco Rendón a Venegas, Guadalajara, 27 de enero de 1810»; y
Lucas ALAMÁN. Historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808
hasta la época presente. México: J. Mariano Lara, 1852, II, p. 138.
16. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 169: «Jacobo María Santos a Calleja,
Venado, 26 de octubre de 1810». Véase también Christon I. ARCHER. «Fighting for small worlds: wars of the people during the Independence Era in New Spain, 1810-1821». En: Antony McFarlane; Marianne Wiesebron
(coords.). Violencia social y conflicto civil: América Latina siglo XVIII-XIX. [S. L.]: AHILA, 1998, p. 72-92, esp. 6670. (Cuadernos de Historia Latinoamericana; 6.)
234
PEANES E HIMNOS DE VICTORIA DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA MEXICANA…
de una mujer cuyo marido europeo estaba ausente y se hallaba en la Ciudad de México17. Los
asaltantes tomaron algunas de las posesiones de este hombre y se llevaron toda su ropa, incluido el guardarropa completo de su esposa. Algunos de los insurgentes se dirigieron a la casa de
un viejo europeo que vivía justo afuera de los parapetos del pueblo, y lo golpearon hasta que
perdió la conciencia. Ansiosos por encontrar y secuestrar al administrador del pueblo, José de
Olvera, los insurgentes interrogaron a los residentes indígenas, quienes no proporcionaron
ninguna información sobre su paradero. Olvera logró esconderse en la casa del sacerdote local.
Más tarde, informó que la población indígena de Tepoztlán se había comportado muy bien
durante la invasión, pues habían rehusado a colaborar y a mostrar cualquier signo visible de
apoyo a los insurgentes. Olvera concluía que el daño hacia los europeos hubiera sido mayor
si algunos de los residentes no hubieran atendido a las advertencias tempranas y partido
hacia la capital –una decisión que él mismo había recomendado ampliamente18.
Cuadro 1. Regimientos expedicionarios de infantería en la Nueva España: número total
de alistados en 1816 y 1817 incluyendo sargentos, cabos y soldados
Regimientos expedicionarios españoles
América (Murcia)
Lobera (Infante don Carlos)
Castilla (Voluntarios de Castilla)
Asturias (Mallorca)
Zamora
Fernando VII de Europa
Extremadura
Saboya (Reina)
Órdenes militares
Voluntarios de Navarra
Zaragoza
Año de
llegada
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1813
1813
1815
1815
1817
Batallones
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
Total en
1816
817
847
649
270
910
364
995
900
1.126
623
7.501
Total
Total en
1817
1.547
1.547
9.048
Fuentes: ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA, Ultramar, legajo 226: «Estado general que manifiesta la fuerza del
ejército de Nueva España, según el particular de cada cuerpo ha tenido la Sub-Inspección, Veracruz, 29 de febrero de
1816»; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección Operaciones de Guerra, tomo 225: «Regimiento de infantería de
Zaragoza. Estado que manifiesta la fuerza que se halla este regimiento, Veracruz, 6 de abril de 1817». (El nombre de los
regimientos cambia en 1820).
17. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 30: «José de Olvera a Venegas, Tepoztlán, 29 de octubre de 1811».
18. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 30: «José de Olvera a Venegas, Tepoztlán, 29 de octubre de 1811». Llamados a la formación con un tambor roto, los insurgentes se alinearon, lanzaron
muchas amenazas y abandonaron el pueblo. Olvera declaró que sin las armas para la defensa local, no se podía
hacer nada para resistir este tipo de ataques.
235
CHRISTON I. ARCHER
En las ciudades y pueblos principales ocupados por los insurgentes, los peninsulares
lo pasaron mal en general. Pese a que resulta difícil reunir cifras exactas y aun cuando las fuerzas realistas exageraban los hechos con el fin de generar el rechazo hacia la causa insurgente,
hubo muchos asesinatos –en particular, de funcionarios y burócratas odiados– y ejecuciones
ejemplares. Las peores atrocidades ocurrieron en Guanajuato, Valladolid, Guadalajara y en
algunos otros pueblos como San Felipe. En una estimación aproximada sostenida por Calleja, el virrey Venegas informaba de un total de 500 a 600 muertes tan sólo en Guadalajara. En
la misma ciudad, el ejército realista liberó a un total de 305 hombres europeos encarcelados
–153 de cárceles de ciudades, incluido el intendente de Zacatecas, Francisco Rendón; 62
encerrados en los monasterios de la ciudad; y 90 en residencias privadas19. Horrorizado por
los números y las historias sobre masacres de peninsulares en Valladolid y otros lugares,
Venegas informó a Calleja que la atención puesta por los insurgentes sobre los europeos:
«… nos obliga a redoblar la energía y a olvidarnos de la humanidad para aniquilar a cuantos hayan ordenado, influido, o tenido cualquiera parte en semejantes atrocidades, sino acudimos a cortar este cáncer con insensibilidad».
Venegas informaba que en el pueblo de Zapotlán el Grande (ahora Ciudad Guzmán),
el populacho indígena se había levantado y había pasado cuchillo a todos los habitantes
blancos sin molestarse en hacer la distinción entre europeos y americanos20. El virrey concluía: «Tales son las consecuencias del plan brutal y furioso del cura Hidalgo y sus dignos
compañeros». Ya fuera que esta masacre en particular tuviera o no lugar como se ha descrito, esta era exactamente el tipo de información que el régimen necesitaba para difundir una
imagen brutal de los insurgentes y solidificar el amplio apoyo realista entre la población
criolla de Nueva España21.
A pesar de las grandes dificultades representadas por el reclutamiento, la disciplina
y la deserción, los realistas lograron organizar suficientes fuerzas disciplinadas y semidisciplinadas para confrontar a sus enemigos. Primero, ensangrentaron a las desordenadas masas
insurgentes con artillería y fuego de fusiles en el Cerro de las Cruces el 30 de octubre de
1810. Después, en una rápida secuencia, el recientemente organizado Ejército del Centro,
comandado por Calleja, dispersó a los rebeldes en las batallas de Aculco y Guanajuato, y finalmente los destruyó el 17 de enero de 1811 en el Puente de Calderón, cerca de Guadalajara.
19. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 171: «Lista de los Europeos libertados en Guadalajara por el ejército del rey, enero de 1811».
20. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 170: «Venegas a Calleja, 8 de diciembre de 1810».
21. Por ejemplo, cuando José de la Cruz liberó la ciudad de Valladolid, él mismo expidió órdenes bajo las cuales, si se
suscitaban más asesinatos de europeos por parte de la plebe de la ciudad, todos los hombres adultos debían ser condenados a muerte. Véase, ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 142: «José de
la Cruz a Venegas, 29 de diciembre de 1810» y «Cruz a Calleja, 27 de diciembre de 1810». Apenas entró en la ciudad, Cruz informó que durante la ocupación, los peninsulares sobrevivientes habían sido tratados severa y brutalmente. Véase también Christon I. ARCHER. «Politicization of the army of New Spain during the War of Independence, 1810-1821». En: Jaime E. Rodríguez O. (ed.). The Evolution of the Mexican Political System. Wilmington:
Scholarly Resources, 1984, p. 19; y Brian R. HAMNETT. «Royalist counterinsurgency and the continuity of rebellion:
Guanajuato and Michoacán, 1813-1820». Hispanic American Historical Review (Durham). 62/1 (1982), p. 23.
236
PEANES E HIMNOS DE VICTORIA DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA MEXICANA…
En cada una de estas batallas, Calleja trabajó para forjar una imagen propagandística que
no guardaba una relación de exactitud con la realidad, que presentaba a un ejército realista muy inferior en número de efectivos luchando heroicamente contra grandes dificultades y enemigos numerosísimos. Tras la batalla de Aculco, la Gazeta de México
reportó 10.000 rebeldes muertos, heridos y capturados –de los cuales 5.000 cadáveres
quedaron yaciendo en el campo de batalla. El justicia de Aculco, Manuel Perfecto de
Chavez, escribió a Calleja para quejarse sobre sus notables mentiras y exageraciones.
Inmediatamente después de la batalla, que en realidad fue más una gran escaramuza
desorganizada, y más tarde durante la recuperación de carros y otras propiedades de los
rebeldes abandonadas en el campo de batalla, Chavez contó sólo 85 cadáveres y 53
insurgentes heridos22. En forma similar, en sus reportes tras la batalla de seis horas en
Puente de Calderón, Calleja sobrestimaba al ejército enemigo contando unos 100.000
hombres apoyados por baterías bien pretrachadas de artillería con por lo menos 80 piezas de diferente calibre –muchas de las cuales habían sido fundidas por los mismos rebeldes23. Calleja tenía razón en el número, aunque no en la calidad de las piezas de artillería rebeldes, pero exageró por mucho el número total de rebeldes combatientes.
Para Calleja resultaba sencillo fanfarronear en sus mensajes publicados en la Gazeta de México y en el Diario de México, que servían como órganos de propaganda del
gobierno dedicados a cantar loas a los ejércitos realistas y sus valerosos líderes. Sin
embargo, en su correspondencia privada con el virrey y otros funcionarios de confianza, Calleja expresaba serias dudas y muchas menos certezas sobre una eventual victoria.
En un informe confidencial, se quejó ante Venegas diciendo que sus batallones y regimientos «… se componen en general de gente bisoña poco o nada imbuida en los principios del honor y entusiasmo militar». Sólo la falta de experiencia, la cobardía y el
desorden de los rebeldes salvaban a los realistas, pero incluso así, en Puente de la calderón, un número mayor de combatientes y un entrenamiento favorable permitieron a
los rebeldes actuar ligeramente mejor que en los primeros enfrentamientos generales.
En varios momentos, los efectivos reales vacilaron y algunos se acercaron incluso a la
fuga. En el flanco izquierdo, la división comandada por el brigadier conde de la Cadena, Manuel de Flon, fue obligada a retroceder en dos ocasiones debido al fuego pesado de la artillería, y sus tropas parecieron vacilar hasta que Calleja en persona se presentó para reforzar su confianza y restaurar el orden. Flon, quien intentaba predicar
con el ejemplo, fue encontrado muerto en el campo de batalla a la mañana siguiente,
atravesado por una multitud de heridas. El comandante de la caballería realista, el coronel
Miguel Emparán, sufrió una grave fractura de cráneo que requirió varias cirugías y la aplicación de cáustico para eliminar fragmentos de hueso. Durante algunos meses, padeció fiebres altas, hinchazón, mareos, pérdida de la memoria, convulsiones y una imposibilidad
22. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 180: «Manuel Perfecto de Chavez a
Calleja, Aculco, 16 de octubre de 1816».
23. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 171: «Calleja a Venegas, Campo sobre
el Puente de Calderón a legua de Zapotonejo, 17 de enero de 1811».
237
CHRISTON I. ARCHER
crónica de dormir24. El coronel Diego García Conde asumió el comando de la caballería y,
tras la captura del centro de la línea de los insurgentes y de sus mejores baterías, las tropas
realistas utilizaron las pistolas y espadas para echar al enemigo de sus posiciones, situadas
en tres pequeñas colinas25.
Calleja declaró que sus fuerzas habían matado y herido de 6.000 a 7.000 soldados
y oficiales insurgentes con pérdidas realistas mucho menores de tan sólo 60 muertos y 90
heridos26. Resulta importante que, de los heridos, muchos sufrieron contusiones causadas
por piedras lanzadas con hondas o por flechas, más que por balas de fusiles o pistolas. Un
soldado del Regimiento Provincial de Dragones de San Carlos fue golpeado en la boca por
una piedra grande que desprendió casi todos sus dientes. Aunque los registros del ejército
detallaban con precisión los números de las bajas realistas, no había estadísticas para explicar los altos números citados por Calleja respecto de las bajas insurgentes. En total, el Ejército del Centro aseguró 95 piezas de artillería de distinto calibre, municiones, barriles de
pólvora, provisiones y un conjunto muy variado de armas de fuego, machetes y otras armas
pertenecientes a los rebeldes27.
Ya fuera una victoria de propaganda o no, casi nadie podía negar el hecho de que el
Ejército del Centro aplastó el poderío militar convencional que originalmente caracterizaba a las fuerzas insurgentes. Hidalgo y sus camaradas comenzaron su huída hacia el norte,
donde les esperaría su captura, un juicio arbitrario y la caída en el olvido28. En tanto general victorioso, se podía esperar que Calleja se regodeara en su nueva fama y gloria, pero este
no fue exactamente el caso. Primero, como informó a Venegas en muchas ocasiones, no
podía creer el «… poco interés, falta de patriotismo y criminal indiferencia que han manifestado en esta guerra los europeos». El sector de la población que había enfrentado el
mayor peligro y que tenía más que perder evadía su responsabilidad de hacer algo, casi cualquier cosa, para defender el reino. En realidad, con sus enemigos ansiosos por exterminarlos, los peninsulares fracasaron en su intento de organizarse: «… huyendo cobardemente en
lugar de reunirse, tratando solo de sus intereses, y se mantengan ahora pacíficos espectadores de una lucha en que les toca la mayor parte, dejando que los americanos esta porción
noble y generosa que con tanta fidelidad ha abrazado la causa»29.
24. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 443: «El Conde de Alcaraz a Venegas, 11 de julio de 1811». Aunque el cirujano, el Dr. Pedro Elizalde tenía pocas esperanzas de que Emparán se
recuperara, éste sorprendió a todos. Tras la recuperación de su salud, empero, sus habilidades militares menguaron y fue blanco de críticas por parte de otros comandantes.
25. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 171: «Diego García Conde a Calleja,
Campo de Zapotlanejo, 18 de enero de 1811».
26. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 171: «Calleja a Venegas, Campo de
Zapotlanejo, 18 de enero de 1811».
27. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 171: «Real Cuerpo de Artillería, Ejército del Centro. Estado que manifiesta el número, y calibre de las piezas de artillería y municiones armados a los
insurgentes el día 17 de enero 1811 en la Batalla del Puente de Calderón».
28. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 171: «Calleja a Venegas, Guadalajara, 25 de enero de 1811».
29. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 171: «Calleja a Venegas, Guadalajara, 28 de enero de 1811».
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PEANES E HIMNOS DE VICTORIA DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA MEXICANA…
Calleja expresaba su sorpresa ante el hecho de que los europeos no habían contribuido con dinero para apoyar su propio futuro, ni habían reclutado una fuerza de pelea capaz
de defenderlos a ellos mismos. Parecía tan sólo lógico que todos los hombres hasta los sesenta años de edad tomaran las armas y ayudaran a organizar las unidades militares.
Quizá lo más penoso era que los pocos gachupines que se dignaron a presentarse para
servir en el Ejército exigían toda clase de privilegios, rangos y distinciones, lo que iba completamente en contra de la disciplina militar. Estos gachupines actuaban como si estuvieran haciendo un gran favor alistándose, y luego «… espían el primer momento que les parece favorable para retirarse a sus casas». Cuando Calleja intentó reclutar a algunos de los
europeos liberados de su reclusión en Guadalajara, éstos declararon casi unánimemente
excepciones médicas para evadir su deber y, por otra parte, ilustraron que «… su egoísmo
les hace desconocer sus verdaderos intereses»30. El comandante de la brigada de la milicia
provincial, que antes se había desempeñado como intendente de Guadalajara, el brigadier
Roque Abarca, quien sobrevivió a la ocupación de la ciudad, no sólo apoyó las opiniones
negativas de Calleja sobre los gachupines, sino que proporcionó abundante evidencia de su
perfidia y sus actitud pretenciosa. Cuando los insurgentes se acercaron a la ciudad, los europeos exigieron destacamentos de soldados para resguardar sus propios negocios y se rehusaron a contribuir financieramente a la defensa. Cuando Abarca convocó a una junta final
para organizar y reclutar a los defensores, muchos de los peninsulares simplemente huyeron. Un individuo particularmente insensible, que se resistió a todas las solicitudes de ayuda por parte de Abarca, espetó que los europeos no eran soldados y que se preocupaban sólo
por sí mismos y por sus intereses31.
El humor sombrío de Calleja tras la victoria de Puente de Calderón no reflejaba en
absoluto el júbilo exuberante que uno esperaría de un general que acababa de derrotar a un
ejército implacable y peligroso. Su preocupación por la renuencia de los peninsulares a asumir su responsabilidad lo irritaba y disparó en él pensamientos oscuros sobre la situación
militar en su conjunto. Calleja fue crítico con las habilidades de sus compañeros oficiales y se
preguntó sobre las aspiraciones del brigadier José de la Cruz, comandante general del Ejército de la Derecha32. Aunque Cruz contaba con un poco más de edad, ambos comandantes
30. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 171: «Calleja a Venegas, 29 de enero
de 1811». Venegas estaba de acuerdo con Calleja sobre la «escandalosa indiferencia de los europeos». Véase,
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 181: «Venegas a Calleja, 3 de febrero
de 1811».
31. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 193: «Roque Abarca a Calleja, Guadalajara, 17 de octubre de 1811». Es interesante que en octubre de 1810, al tiempo que los rebeldes se acercaban
a la región de Guadalajara, Abarca hizo grandes esfuerzos por obtener ayuda de Calleja. Véase, ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 180: «Abarca a Calleja, Guadalajara, 1, 3 y 7 de octubre de 1810».
32. Debe recordarse que Calleja era el comandante general del Ejército del Centro. En teoría, debía haber tres ejércitos realistas reunidos para derrotar a los insurgentes –de la Izquierda, del Centro y de la Derecha. Los comandantes realistas visualizaban la situación estratégica de sus fuerzas observando el mapa de Nueva España. Cuando las
condiciones ameritaban la fusión de cuerpos más grandes, estos ejércitos podían cooperar y apoyarse mutuamente en contra de formaciones rebeldes de gran tamaño. Después de 1812-1814, a medida que la guerra evolucionó
239
CHRISTON I. ARCHER
tenían casi exactamente el mismo rango y antigüedad. Parecía posible que el virrey Venegas justificara ascender a Cruz sobre Calleja. Sin embargo, Cruz, quien había llegado a Nueva España en noviembre de 1810 no contaba con casi ninguna experiencia en el país. Venegas concluyó correctamente que debía reconocer el conocimiento sin paralelo de Calleja
sobre Nueva España.
No obstante, tras llegar a Veracruz desde Cádiz, Cruz se hallaba tan ansioso de entrar
en combate que rehusó a esperar el siguiente convoy tierra adentro de Jalapa a la Ciudad
de México –arriesgándose en cambio a ser capturado cuando se apresuró hacia la capital
más o menos por su cuenta33. Al principio, estos dos comandantes del Ejército, voluntariosos y altamente competitivos, intentaron con relativo éxito establecer una amistad sólida y una buena relación de trabajo. Más tarde, como militares y líderes políticos, siendo Calleja virrey de Nueva España y Cruz capitán general de Nueva Galicia, habría importantes
fricciones entre ellos. Como subordinado sin un puesto más alto disponible, Cruz sentía un
grado cada vez mayor de irritación debido al éxito de Calleja en la Ciudad de México, y al
hecho de que éste fuera siempre el principal en la jerarquía militar y política. Calleja controlaba la financiación, tomaba decisiones sobre la distribución de las armas y asignaba o
dejaba de asignar soldados al ejército de Nueva Galicia. Una sucesión de incidentes y agravios entre los dos líderes despertó gradualmente el encono de Cruz, quien se convenció de
que sus fuerzas rara vez recibían el reconocimiento y la consideración adecuados, las armas
y el equipo satisfactorios o los necesarios refuerzos34. Mientras que ambos oficiales generaban propaganda positiva respecto de sus expectativas de victoria y en otros aspectos de sus
tareas político-administrativas, en realidad eran algo pesimistas sobre las oportunidades de
España de lograr alguna vez la victoria total frente a los insurgentes. En muchos aspectos,
la relación entre estos dos poderosos administradores militares y políticos representaba la
competencia o rivalidad entre Guadalajara y la Ciudad de México, rivalidad que se reiteraría una y otra vez entre los oficiales de alto rango en la futura nación independiente.
Aun cuando en enero de 1811 Calleja no habría podido tener en mente futuras disputas y otras dificultades con Cruz, le preocupaba la calidad de sus comandantes y su capacidad para salir victoriosos de lo que él intuía ya como una larga lucha militar35. A menudo
hacia una serie de «focos» regionales de lucha entre guerrilla y contrainsurgencia, esta organización estratégica dejó
de servir a las necesidades de las fuerzas realistas.
33. Véase ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 878: «Relación de los individuos que vienen de pasajeros en el navío de S. M. El Miño procedente de Cádiz, 3 de noviembre de 1810». En el
mismo día que llegó a Nueva España, Venegas nombró a Cruz comandante general de las tropas de la Derecha.
Véase ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 140: «Cruz a Calleja, 18 de
noviembre de 1810, Carlos de Urrutia a Venegas, Veracruz, 7 de noviembre de 1810».
34. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 145: «Cruz a Calleja, 23 de junio
de 1811». Cruz sí reconocía la importancia de las victorias militares de Calleja, en particular la del Puente de
Calderón. En una carta personal, se preguntaba si Calleja podría haber sido ascendido a mariscal de campo o
incluso a teniente general. Cruz señalaba que en su propia carrera él había sido ascendido de teniente coronel
a brigadier en sólo diez meses, un hecho que era bien conocido dentro de la jerarquía militar en España.
35. Véase Christon I. ARCHER. «La Causa Buena: the counterinsurgency army of New Spain and the Ten Years’
War». En: Jaime E. Rodríguez O. (ed.). The independence of Mexico and the creation of the new nation. Los
Angeles: UCLA Latin American Center Publications, 1989, p. 85-108; y Christon I. ARCHER. «The officer
240
PEANES E HIMNOS DE VICTORIA DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA MEXICANA…
Calleja criticaba la renuencia de los oficiales militares de provincia a cooperar de manera
efectiva y a trabajar el uno con el otro sobre una amplia base regional, más que en operaciones estrechas de distrito o en el interior de las provincias. Para evitar una larga campaña
militar contra los líderes de la guerrilla, quienes no respetaban las fronteras de las provincias, los comandantes realistas debían cooperar entre sí y tener un pensamiento flexible.
Incluso durante la batalla de Puente de Calderón, por ejemplo, por razones que permanecen poco claras, Cruz no trasladó su ejército, entonces en Valladolid, para reforzar el Ejército del Centro comandado por Calleja. El virrey Venegas se lamentó de que la tardanza de
Cruz desperdiciara una oportunidad sin paralelo para que los realistas evitaran la huida
de cualquier insurgente36.
Más que las rivalidades triviales dentro del Ejército o sus reservas acerca de la actitud
de los gachupines, a Calleja le preocupaba que el lado realista no poseyera la fuerza para
ganar la guerra en Nueva España. Siendo un observador inteligente con cerca de dos décadas
de experiencia en Nueva España37, Calleja estaba al tanto de las opiniones profundamente
arraigadas que expresaban diferentes sectores de la población. En 1800, Calleja se convirtió
en comandante de la Décima Brigada de Milicia Provincial estacionada en San Luis Potosí, donde se casó con María Francisca de la Gándara, hija de una poderosa familia terrateniente, y donde obtuvo de inmediato un estatus reconocido en toda la región38. En 1810,
con el estallido de la revuelta encabezada por Hidalgo, la bien disciplinada Décima Brigada Provincial de San Luis Potosí se mantuvo fiel a la Corona, y separada de los muchos
asuntos que enardecieron a las provincias del Bajío en su zona sur. Con base en sus unidades militares de provincia existentes, Calleja reclutó nuevas unidades de lanceros montados
entre la población de vaqueros, los que resultaron ser económicos y efectivos en las operaciones de contrainsurgencia dirigidas contra las multitudes desorganizadas de Hidalgo.
Dada su experiencia, Calleja era el candidato obvio para asumir el mando del Ejército del
Centro. Más aún, como un distinguido comandante militar emparentado por matrimonio
con la élite de su comunidad, Calleja tenía vínculos familiares con los hacendados criollos
de San Luis Potosí. Con base en estas relaciones y en las décadas de estadía en Nueva España, Calleja poseía una comprensión íntima, si no es que empática, de las aspiraciones de los
americanos.
corps in New Spain: the martial career, 1759-1821». Jahrbuch Fur Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas (Colonia). 19 (1982), p. 137-158.
36. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sección de Operaciones de Guerra, vol. 171: «Venegas a Calleja, 24 de
enero de 1811».
37. Para la carrera militar previa de Calleja, véase Christon I. ARCHER. The army in Bourbon Mexico, 1760-1810. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1977. Véase también Christon I. ARCHER. «The cutting edge: the historical relationship between insurgency and counterinsurgency during Mexican Independence, 1810-1821». En:
Lawrence Howard (ed.). Terrorism: roots, impact, responses. New York: Praeger, 1992, p. 29-46. Cuando era un
oficial joven, Calleja se hizo favorito del conde de Revillagigedo, a quien en 1789 nombraron virrey de Nueva
España. Calleja acompañó a Revillagigedo a Nueva España y desde el principio recibió una serie de misiones militares y políticas importantes.
38. Véase José de J. NÚÑEZ Y DOMÍNGUEZ. La virreina mexicana: doña María Francisca de la Gándara de Calleja.
México: Imprenta Universitaria, 1950.
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CHRISTON I. ARCHER
El 27 de enero de 1811, inmediatamente después de la Batalla de Calderón, Calleja
presentía en sus pensamientos el eventual futuro y la resolución final de la guerra. En un
mensaje confidencial a Venegas en el que declaraba sentirse compelido a hablar con toda franqueza, escribió: «Este vasto reino pesa demasiado sobre una metrópoli cuya subsistencia vacila:
sus naturales y aun los mismos europeos están convencidos de las ventajas que les resultarían
de un gobierno independiente, y si la insurrección absurda de Hidalgo se hubiera apoyado
sobre esta base me parece según observo, que hubiera sufrido bien poca oposición»39.
Calleja anotaba que los novohispanos culpaban a la metrópoli por extraer el metálico
de las provincias, ocasionando la escasez de bienes y provocan