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Mélanges
de la Casa de Velázquez
Nouvelle série
36-2 | 2006
Le partage de l’eau (Espagne, Portugal, Maroc)
Josep Maria Fradera, Colonias para después de un
Imperio
Barcelona, Bellaterra, 2005, 751 páginas
María Dolores Elizalde
Editor
Casa de Velázquez
Edición electrónica
URL: http://mcv.revues.org/2510
ISSN: 2173-1306
Edición impresa
Fecha de publicación: 15 novembre 2006
Paginación: 287-291
ISBN: 978-8495555980
ISSN: 0076-230X
Referencia electrónica
María Dolores Elizalde, « Josep Maria Fradera, Colonias para después de un Imperio », Mélanges de la
Casa de Velázquez [En línea], 36-2 | 2006, Publicado el 20 octubre 2010, consultado el 01 octubre 2016.
URL : http://mcv.revues.org/2510
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© Casa de Velázquez
Josep Maria Fradera, Colonias para después de un Imperio
Josep Maria Fradera, Colonias para
después de un Imperio
Barcelona, Bellaterra, 2005, 751 páginas
María Dolores Elizalde
REFERENCIA
Josep Maria Fradera, Colonias para después de un Imperio, Barcelona, Bellaterra, 2005, 751 p.
1
En el verano de 2005 –un fructífero estío para el autor– Josep María Fradera, catedrático
de Historia Contemporánea en la Universitat Pompeu Fabra, publicó un libro, Colonias para
después de un Imperio, en el cual analizaba las razones por las que, una vez perdido el
Imperio de la América continental, se reestructuró un nuevo sistema colonial en torno a
Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Desde esa perspectiva, establecía las diversas maneras a
través de las cuales, dentro de un contexto común, definido por la transición del Antiguo
Régimen al Estado liberal, en cada una de las tres islas, y después de una dura negociación
entre colonizadores y colonizados, se articularon unos mecanismos políticos, económicos
y sociales que permitieron mantener la relación colonial otros cien años más.
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En el libro se analiza un ciclo colonial que se inició a mediados del XVIII y se extendió
hasta los años sesenta del siglo XIX. Un período en el cual España tuvo que enfrentarse, en
primer lugar, al impacto de la Guerra de los Siete Años en las colonias, que implicó la
invasión británica de Manila y de La Habana y puso en peligro la seguridad de las
posesiones españolas. A este proceso se le sumó, en segundo lugar, la quiebra de la
América continental hispana, que puso aún más en cuestión la supervivencia del Imperio
español. Además, en esos años emergió el Segundo Imperio británico y se inició la
reclamación de la Doctrina Monroe sobre el mundo caribeño por parte de los Estados
Unidos. En ese contexto, el libro plantea cómo una potencia imperial en declive superó
todos esos retos, y fue capaz de recomponer un nuevo modelo colonial sobre Cuba, Puerto
Rico y Filipinas. En ese proceso de reajuste que implicó el paso del Gran Imperio al
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Josep Maria Fradera, Colonias para después de un Imperio
sistema de las tres colonias insulares no existió un único camino de salida. Las
modalidades de la transición, las transformaciones adoptadas en cada uno de los espacios,
dependieron de las circunstancias locales. El estudio comparado de las distintas fórmulas
empleadas en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, con sus similitudes y sus diferencias,
entendidas siempre desde un marco explicativo común, es, en definitiva, la esencia del
libro.
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La obra subraya cómo, en el proceso de definición de una nueva relación colonial con
Cuba, Puerto Rico y Filipinas, un elemento esencial fue la construcción de la desigualdad
entre la metrópoli y sus colonias ultramarinas, teoría elaborada, precisa y
contradictoriamente, en el marco del Estado liberal que entonces se estrenaba. Si bien las
Cortes de Cádiz todavía defendieron la igualdad, la equiparación de derechos y la
necesidad de otorgar representación a todos los ciudadanos, peninsulares o ultramarinos,
y durante unos breves períodos esa múltiple representación se llevó a la práctica, bien
pronto los liberales se dieron cuenta de que, si querían salvaguardar los intereses
metropolitanos, ésos eran unos principios imposibles de aplicar en los territorios
ultramarinos, por lo que a partir de 1837 decidieron restringirlos. Advirtieron que el
cuerpo electoral de las colonias era tan amplio que sus representados podrían amenazar
la mayoría peninsular en el Parlamento. Era necesario evitar una representación que
podría causar graves perjuicios a los intereses metropolitanos. A fin de atajar males
mayores, se restringió la definición de ciudadano, lo cual limitó los derechos de un buen
número de habitantes de los territorios ultramarinos. Se defendió que las sociedades de la
Península y de las colonias eran tan diferentes, tan hetereogéneas, que no podían aspirar
a unas mismas leyes y a unos mismos derechos de representación. La desigualdad entre
espacios y ciudadanos tan diversos justificaba que los ultramarinos no tuvieran
representación parlamentaria y que a aquellos territorios se les aplicaran unas leyes
especiales.
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El siguiente objetivo fue reorganizar los mecanismos y establecer unas reglas del juego
político que beneficiaran a la metrópoli y le aseguraran el control de las instituciones de
gobierno. Ésa fue una cuestión esencial en la redefinición de la relación de fuerzas entre
el Estado y las élites de las colonias, y el asunto que mayores conflictos causó,
especialmente en aquellos espacios donde los grupos políticos estaban más desarrollados.
En ese pulso, las autoridades metropolitanas consiguieron imponer un modelo de
organización centralizado, en el cual se acabó con las viejas prácticas imperiales de poder
delegado. Se incrementaron la autoridad y las capacidades del gobernador general,
dotándole de concentración de poderes, mando supremo y jurisdicción por encima de las
demás instituciones. También se afirmó la militarización del poder, al unificar el mando
político y militar en la persona del Gobernador General y de sus delegados provinciales.
Lo que se pretendía con todo ello era frenar la emergencia de los grupos autóctonos que
querían participar en los mecanismos de poder político y económico en las islas de
Ultramar. Paralelamente, se decidió aplicar una política de represión implacable frente a
la insurgencia popular, ya fuera de orden político, social, antifiscal, por razones culturales
o religiosas, o por tensiones generadas por la esclavitud y el trabajo forzado.
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La reorganización del poder en las colonias acabó definiendo un modelo de gobierno en
los territorios ultramarinos muy alejado del modelo político vigente en la Península. En
un tiempo en el que irrumpió la aspiración gaditana de representación igualitaria, y en el
que en la Península se sentaron las bases para la construcción del Estado liberal, en
Ultramar todos los esfuerzos se concentraron en negar esa igualdad para que no
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amenazara los intereses metropolitanos. Se produjo, por tanto, una contradicción, una
divergencia entre la política liberal seguida en la Península y la política autoritaria
impuesta en las islas de Ultramar. Ese proceso de divergencia progresiva entre el
ordenamiento político de la Península y el de Ultramar no se detuvo hasta los años del
Sexenio Democrático y el final de la primera guerra cubana, cuando se aceptó la
inevitabilidad de algún tipo de representación, primero en Puerto Rico y después en Cuba,
algo que no se volvió a conseguir en el caso filipino. Además, en esa etapa se reconoció la
necesidad de una mayor apertura hacia los grupos dirigentes locales que permitiera
ciertas formas de integración en el sistema y, consecuentemente, se emprendieron una
serie de reformas administrativas y financieras. Aun así, esas concesiones no consiguieron
satisfacer las reclamaciones de las sociedades isleñas.
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En el terreno de la economía, los objetivos del gobierno español fueron complementarios
a los políticos. Si se quería reorganizar los mecanismos de poder de la manera deseada,
era necesario, primero, imponer modelos económicos que garantizaran la producción de
rentas y, segundo, organizar políticas tributarias que aseguraran una fiscalidad positiva.
Aunque esos objetivos fueron comunes para las tres islas, en cada una de ellas se eligieron
modelos y bases distintas, según sus especificidades.
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No obstante, hubo una serie de mecanismos e instituciones aplicables a todos los espacios.
En las tres islas se crearon unas intendencias de Hacienda, encargadas del cobro de los
tributos, para evitar con ello los problemas que generaba el sistema anterior, que
delegaba estas funciones en autoridades locales, lo cual hacía que buena parte de las
recaudaciones no llegaran a manos del Estado. También se optó en todos los ámbitos por
recortar las capacidades financieras de las diputaciones provinciales y de los municipios,
y por reforzar los mecanismos centralizadores de la economía. De igual forma, en todas
las islas se trazó como objetivo incrementar las recaudaciones tributarias, para lo cual se
introdujeron nuevas recetas fiscales. La reforma de la base tributaria se resolvió, en cada
una de las tres posesiones, a través de una pugna inevitable entre los grupos dirigentes
locales y la Administración colonial.
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Por otra parte, en cada isla se potenciaron los recursos propios que pudieran ser
canalizados por las haciendas locales para satisfacer las nuevas necesidades. Todos ellos
se basaron en productos de agricultura tropical, pero cada espacio se especializó en un
ramo diferente : fundamentalmente, azúcar en Cuba, café en Puerto Rico y tabaco en
Filipinas. En este proceso fueron esenciales una serie de factores. Primero, sin duda, la
demanda mundial, justo en el momento preciso, de una serie de productos tropicales que
se daban en estas islas. Segundo, la capacidad, en cada espacio, de contar con formas de
trabajo inducido coercitivamente, aunque de distinta naturaleza : en Cuba y Puerto Rico a
través del trabajo esclavo, en Filipinas mediante la movilización del trabajo del
campesinado local. Finalmente, en las tres islas hubo un creciente desarrollo del comercio
exterior, gracias al cual se incrementó la obtención de rentas de aduana.
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Sin embargo, otras cuestiones esenciales, como fueron los sistemas de trabajo, el tipo de
mano de obra, la aplicación o el rechazo de monopolios sobre determinados productos, la
participación de las burguesías locales en el desarrollo económico y en la obtención de
beneficios, las coincidencias o discrepancias de esas élites con las autoridades coloniales,
la implicación extranjera en las economías isleñas, la fijación de mercados preferenciales
para la importación y la exportación, etc., dependieron de las circunstancias de cada isla,
y dieron lugar a modelos económicos diferentes, bien explicados por el autor.
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En la construcción de una nueva relación con Cuba, Puerto Rico y Filipinas, fue
fundamental la existencia de un pacto colonial entre los representantes de la Metrópoli y
las élites locales, fraguado en los propios espacios ultramarinos. Un pacto de muy
diferente caracterización, según los espacios y los momentos. Desde el punto de vista
económico, las bases para ese pacto, en teoría, eran sencillas : si se quería exigir un mayor
esfuerzo y una mayor contribución a las economías isleñas, a fin de que las colonias
dejaran de ser financiadas y fueran capaces de automantenerse, e incluso de producir
rentas que contribuyeran a la defensa y al desarrollo imperial, era necesario crear
incentivos capaces de dinamizar la economía de las islas, y conseguir que los beneficios de
ese desarrollo revertieran en todos los participantes del pacto colonial.
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En Cuba, el pacto colonial se estableció entre las autoridades metropolitanas y la poderosa
clase de los hacendados del azúcar y de los propietarios de plantaciones a gran escala. La
esencia del pacto residió, por un lado, en la reorientación de la economía cubana hacia el
azúcar, en la concesión de una mayor libertad económica en detrimento de las
restricciones mercantilistas anteriores, en la aprobación de la liberalización del comercio
exterior que exigía una economía exportadora de enorme magnitud, y en el desarrollo del
modelo de plantación esclavista que requería la importación de mano de obra cautiva. Por
otro lado, en contrapartida, el Estado obtenía una participación en los beneficios del
comercio exterior cubano, rentas de nuevas obligaciones fiscales que se fijaron tras una
ardua batalla, y, a partir de 1825, una aportación anual de las arcas cubanas a la Hacienda
peninsular.
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En Filipinas el proceso fue diferente. Allí, el Estado se convirtió en el primer agente
económico del archipiélago y en el instrumento de formación de renta más relevante. El
estanco tabaquero estructuró una peculiar vía al capitalismo, basada en los monopolios
fiscales –sobre todo el del tabaco–, en el tributo de los naturales y, posteriormente, en una
mayor apertura al comercio internacional. Un hecho que no impidió, sino todo lo
contrario, que en sus márgenes emergiera todo un conjunto de pequeños pero dinámicos
sectores económicos filipinos –azúcar en Pampanga y Negros, ábaca en Camarines y
Albay, café en Batangas–, ni que las autoridades coloniales establecieran compromisos
con esos grupos sociales emergentes, al compás de un capitalismo agrario exportador que
se aliaba con el comercio internacional.
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Sin embargo, más allá de pactos parciales, y por más esfuerzos que hiciesen los gobiernos
españoles y las autoridades destacadas en cada una de las islas para evitarlo, los grupos
dirigentes de Cuba, Puerto Rico y Filipinas estaban decididos a participar con voz propia,
programas y propuestas en el proceso de cambio que se había abierto, y a intervenir más
activamente en el gobierno de sus propios territorios. La lucha por la igualdad, por una
más amplia representación en Cortes, por una mayor participación en los órganos de
gobierno, por la consolidación de los poderes locales y regionales se convirtieron en
requisitos irrenunciables. Esas resistencias, que se manifestaron a través de revueltas,
levantamientos e insurrecciones de muy distinto tipo, evidenciaban la existencia de
procesos internos, de diferente fuerza y caracterización según el escenario, que
comenzaban a defender sus derechos y aspiraciones frente a imposiciones coloniales. Esos
procesos acabarían estallando décadas más tarde, cuando se iniciaron las luchas por la
independencia en los antiguos territorios ultramarinos.
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Queda, simplemente, para concluir, resaltar las que, a mi juicio, son las principales
aportaciones del libro :
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• Una reflexión sobre las razones por las que, después de la pérdida de la América
continental hispana, el Gobierno español decidió articular otra estructura colonial basada
en el sistema de las tres colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Eran un conjunto de
posesiones ultramarinas que cualquier nación hubiera considerado de gran valor en el
contexto de la expansión imperialista del siglo XIX, pero que en el caso español, como
venían después del « Gran Imperio », dentro del cual habían desempeñado un papel
periférico, parecían colonias de segunda categoría. A través de este estudio, Josep M.
Fradera reestablece la valía de estos territorios y señala la importancia intrínseca que
tuvieron en el mundo del siglo XIX.
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• Un valioso análisis comparado de las tres principales colonias decimonónicas, del cual
carecíamos en la historiografía española, realizado desde una visión de conjunto y en el
largo plazo.
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• Un estudio sobre los mecanismos que permitieron que continuara la relación con Cuba,
Puerto Rico y Filipinas, después de la independencia de las repúblicas americanas, en el
cual me han parecido especialmente interesantes el ensayo sobre los resortes de poder
que reforzaron el gobierno español de las tres islas, el examen de los modelos económicos
que posibilitaron el mantenimiento de la organización colonial, y la reflexión sobre el
pacto colonial que permitió la aceptación de esos mecanismos por parte de la población
de las islas.
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• Una propuesta sobre la construcción de la desigualdad como método para justificar las
políticas desarrolladas en cada una de las islas, la aplicación de una legislación diferente
en la Península y en Ultramar, así como la elección de formas distintas de gobierno y de
representación parlamentaria para los habitantes de una y otra realidad.
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• Una definición de una política colonial española, no solamente reactiva en respuesta de
los acontecimientos, sino basada en una voluntad política, unos objetivos definidos, unas
instituciones, unos medios e instrumentos para llevarla a cabo.
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• Un enfoque internista, a la hora de analizar la realidad colonial, que focaliza el interés
sobre la situación local en cada una de las colonias ; que se detiene en el estudio de las
sociedades isleñas y de sus reacciones frente a la acción colonizadora ; y que permite
entender las razones del pacto colonial en cada uno de los espacios.
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En este libro, Josep M. Fradera no sólo ha planteado un estudio de la política colonial y los
mecanismos institucionales, desarrollados por los españoles, sino que ha reflejado con
acierto las dinámicas políticas, económicas y sociales que entonces se consolidaron en
cada una de las islas, y que serían las que provocarían el proceso que, junto a otros
factores externos –no olvidemos la violenta e intencionada intervención
norteamericana–, llevarían al fin de la relación entre España y el sistema de las tres
colonias, aquellas Colonias para después de un Imperio.
Mélanges de la Casa de Velázquez, 36-2 | 2009
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AUTORES
MARÍA DOLORES ELIZALDE
CSIC
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