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Génesis y ocaso de Lucio Gutiérrez
La breve presidencia del coronel del ejército se caracterizó por
un nepotismo pocas visto en la historia ecuatoriana
por Edgar Ter án
Ex Canciller de la República del Ecuador
Lucio Gutiérrez es un coronel del ejército ecuatoriano del arma de ingenieros. Nunca
tuvo mando de tropa, hizo cursos de inteligencia, se graduó de profesor de Educación
Física y con frecuencia tuvo cargos protocolares, como el haber sido Edecán de dos Presidentes: Bucaram y Alarcón.
El gobierno de Jamil Mahuad, que comenzó el 10 de agosto de 1998 y terminó el 21
de enero del 2000, fue un gobierno disfuncional, durante el cual ocurrió un muy fuerte
deterioro de la economía y, como remedio a ese deterioro y a la quiebra de bancos que
comenzó a finales de 1998, ese gobierno, previas consultas al Fondo Monetario, decidió
incautar las cuentas corrientes y los depósitos a plazo de todos los bancos ecuatorianos,
inclusive de las sucursales de esos bancos en el exterior. De esa manera se confiscaron,
contra la expresa prohibición constitucional señalada en el Art. 33 de la Constitución Política, más de cuatro mil millones de dólares, los que comenzaron a devolverse lentamente, en lo referente a cuentas corrientes; y mucho más tarde, en lo que se refiere a depósitos
a plazo. Una buena parte de los depósitos a plazo permanece todavía sin devolución, en
una cifra que supera los mil millones de dólares.
Ese colapso de la economía significó, paralelamente, un shock para la sociedad ecuatoriana toda de una gravedad inimaginable. El cúmulo de necesidades, propósitos, afanes, y
proyectos que se frustraron por este verdadero robo del dinero particular, generó traumas
de intensidad variada e inimaginables en todo el cuerpo social. Hubo gente que murió,
hogares que se desintegraron, negocios que quebraron y, por sobre todo, la sensación de
miedo y frustración al advertir que el Estado ecuatoriano, en vez de ser el garante de los
derechos de la gente, era el primer ladrón del patrimonio ajeno.
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La acción política de grupos indígenas en Ecuador
A partir de la época en que en el Foro de Sao Paulo se decidió organizar distintos movimientos políticos formados por indígenas en los diferentes países del Continente Americano, en el Ecuador comenzó una acción persistente de organización de esos grupos y,
cuando estos se desarrollaron, de actuación política militante.
Por lo general, estos grupos hacían reclamos reivindicatorios de derechos que se habían
tradicionalmente descuidado en estos países; pero al mismo tiempo levantaban banderas
nuevas, sobre conceptos no conocidos hasta entonces, ni vividos y menos aún aceptados
en el hemisferio, como la existencia de distintos pueblos dentro de una misma nación; la
coexistencia paralela de distintas culturas; y el reconocimiento de privilegios y reclamos
por ciertos derechos colectivos, que constituyen privilegios a favor de determinadas colectividades.
El desarrollo político del movimiento indígena, con sus diversas organizaciones, en el
Ecuador se convirtió en un factor imprescindible de la política, y varios partidos alternaron con esos grupos indígenas politizados. Inclusive se formó un partido político
especial, el movimiento “Pachacuteck”, estructurado para hacer el frontis político de los
movimientos indígenas.
La población indígena sufrió, como todos los ecuatorianos, el impacto brutal de la caída
económica del Producto Interno Bruto en más de un 10%, como resultado de la política
de Mahuad; y diversos grupos tomaron contacto entre sí para tratar de buscar remedios
y hacer reivindicaciones.
Las Fuerzas Armadas del Ecuador, formadas por personas de clase media que normalmente no disponen de capitales y están sujetas a sueldos fijos, sufrieron, como todo empleado, una pérdida del poder adquisitivo sustancial, como resultado de devaluaciones
que partieron de más o menos 6.000 sucres por dólar y llegaron a 25.000 sucres por dólar,
en el lapso de aproximadamente un año. Esto causó una verdadera pauperización de esta
Institución que a partir de las dictaduras militares, nunca perdió prestancia en la vida del
país y conservó segmentos de poder decisivos.
El descontento de las Fuerzas Armadas derivó en que éstas colaborasen con los movimientos indígenas en un ataque violento contra el gobierno de Mahuad. Sectores indígenas decidieron tomar el edificio del Congreso para así hacer presión y, sorpresivamente,
un grupo de militares dirigido por Lucio Gutiérrez, se unió a los indígenas y capitaneó
el movimiento. A la noche de ese día, 21 de enero del 2000, se proclamaba una Junta de
Gobierno formada por el mencionado Gutiérrez, el líder indígena Antonio Vargas y un ex
Presidente de la Corte Suprema, el Dr. Carlos Solórzano Constantini.
Después de 6 horas de luchas, tensiones y forcejeos de todo orden, Gutiérrez fue desplazado de la Junta y suplantado por el Jefe del Comando Conjunto, y por acciones no
precisadas, la Junta fue disuelta esa misma madrugada. A las pocas horas, esto es a las
7 de la mañana del 22 de enero, las Fuerzas Armadas asistían a la toma de posesión
del entonces Vicepresidente, el Dr. Gustavo Noboa Bejarano, como Presidente de la
República, toda vez que el Presidente Mahuad, alrededor de las 3 de la tarde del 21 de
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Barricada levantada por jóvenes estudiantes en las calles de Quito contra el presidente Lino Gutiérrez
enero abandonó el Palacio de Gobierno, para asilarse en la Embajada de Chile, y posteriormente, abandonar el país.
La “carrera política” de Lucio Gutiérrez
El gobierno del Presidente Noboa y la mayoría de miembros del Congreso, en contra de
la Constitución Política, dictaron un Decreto de Amnistía para el Coronel Gutiérrez y los
otros militares golpistas. Después de un corto período de prisión, Gutiérrez comenzó
a actuar abiertamente en la vida pública y a organizar un partido político, denominado
“Sociedad Patriótica”. Le ayudaban entonces algunos elementos del sector indígena, unos
cuantos elementos de la extrema izquierda y un núcleo compacto de sus ex compañeros
militares, que como él recibieron la baja del ejército. El corte de este partido era abiertamente populista y operaba con un discurso muy semejante al de Hugo Chávez, en
Venezuela.
Al aproximarse las elecciones, Gutiérrez presentó su candidatura a Presidente, en fórmula con un prestigioso médico guayaquileño, que no había tenido intervención previa
en política salvo un corto período como Ministro de Salud en el régimen del Arq. Sixto
Durán Ballén, el Dr. Alfredo Palacio.
Los procesos electorales en el Ecuador están marcados por el hecho de que el llamado
régimen de partidos políticos impone, a través de distintas argucias legales, que todos los
candidatos tengan que ser seleccionados por los propios partidos políticos sin que, en la
práctica, pueda darse candidaturas abiertas, o de los así llamados “outsiders”.
En las elecciones en las que intervino Gutiérrez hubo un alto número de candidatos, entre
ellos dos ex Presidentes de la República, el Dr. Rodrigo Borja, y el Dr. Oswaldo Hurtado.
Se perfilaba entonces como un fuerte candidato un importante empresario bananero, el
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Sr. Alvaro Noboa. El sistema ecuatoriano exige que se produzcan dos vueltas electorales,
si en la primera no se obtiene la mayoría absoluta de los votos. Este fue precisamente el
caso. Hubo una segunda vuelta, se concretó la votación entre Lucio Gutiérrez y Álvaro
Noboa, y el Tribunal Supremo Electoral declaró electo a Gutiérrez no obstante no haber
alcanzado más de la mitad de la totalidad de votos como exige la Constitución, solamente
obtuvo más de la mitad de los votos válidos.
La Presidencia de Gutiérrez
En la primera fase de su Presidencia, contra todo pronóstico, Gutiérrez entregó el manejo
del sector financiero a un economista ortodoxo y muy afín al Fondo Monetario, el Econ.
Mauricio Pozo. El propio Gutiérrez fue invitado por el Presidente Bush a viajar a los
Estados Unidos en el primer mes de su mandato; y al regreso, Gutiérrez se proclamó el
mejor amigo del presidente Bush y dijo ser también un buen amigo y con afán de colaborar con el presidente colombiano Álvaro Uribe.
Estas actitudes -como podía esperarse- no gustaron al segmento de izquierda que apoyaba a Gutiérrez, ni al partido político del movimiento indígena “Pachacuteck” y esos
segmentos se separaron, en consecuencia, de la colaboración con Gutiérrez.
Como réplica a ésta deserción, Gutiérrez gobernó en claro entendimiento con el partido Social Cristiano, un partido de derecha, mientras su política económica seguía los
lineamientos que normalmente sugiere el Fondo Monetario Internacional: “disciplina
en el gasto fiscal”, “incremento de los impuestos”, “disminución, al menos aparente, del
aparato estatal”. En cambio, ningún esfuerzo hizo Gutiérrez por la modernización de las
empresas públicas y el mejoramiento de los servicios públicos. Al contrario, tomó como
botín de guerra a las compañías estatales telefónicas, a las eléctricas, a las de petróleos
y las convirtió en su “coto de caza” colocando a miembros de su grupo político, ex militares y a una enorme cantidad de familiares y allegados en sus respectivas plantas de
funcionarios y empleados.
El nepotismo en el gobierno de Gutiérrez llegó a niveles realmente repugnantes, nunca
vistos antes en el Ecuador, con presencia “activa” de sus hermanos, hermanos políticos,
y de una gran muchedumbre de agnados y cognados provenientes de una familia muy
extendida.
Las denuncias, muchas de ellas fundadas, de corrupción proliferaron, lo mismo que las
investigaciones del caso y creció el descontento de la ciudadanía.
En relación con el terrorismo colombiano, y particularmente con las FARC, el gobierno
demostró tolerancia y los guerrilleros de esa agrupación usaron al Ecuador, con frecuencia, como lugar de aprovisionamiento, de recuperación médica y hasta de descanso. No
hubo ninguna acción drástica para impedir el paso tranquilo y la presencia de guerrilleros, inclusive de algunos muy connotados, en el Ecuador.
Al mismo tiempo, hubo un escándalo de narcotráfico, relacionado con una persona considerada y respetada de la provincia de Manabí, de apellido Fernández, de quien se comprobó en las investigaciones que tenía vinculación directa con narcotraficantes mexica53
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nos. A más de ser público y notorio por haberse publicado en los diarios, una cena social
con la concurrencia de la hermana y el cuñado del Presidente, ambos actores relevantes
del Gobierno, junto con el grupo de narcotraficantes mexicanos, que días después fueron
apresados por haberse encontrado pruebas evidentes de una operación de envíos de narcóticos hacia los Estados Unidos. Inclusive se presentaron pruebas de una colaboración
del señor Fernández para financiar la campaña electoral del Coronel Gutiérrez.
A mediados del año 2004, el líder del Partido Social Cristiano, Ing. León Febres Cordero, anunció su decisión de iniciar un juicio político contra el Presidente Gutiérrez, con
acusaciones de haber éste recibido dinero del narcotráfico y de las FARC para sufragar la
campaña electoral y de haber recibido, cosa que se comprobó, donaciones de un partido
político mexicano; cuestiones que podrían ser causales para la destitución del Presidente
de la República.
El acusador y los partidos que tenían la determinación de empujar el enjuiciamiento
político a Gutiérrez, no contaban -sin embargo- con los votos necesarios para poder
destituirlo. Pero tenían la decisión de hacer el juicio, que tendría una notoriedad pública
muy grande y revelaría hechos hasta entonces ocultos o semiocultos.
La respuesta de Gutiérrez fue la de organizar
La ciudadanía reaccionó
una mayoría en el Congreso con su ex rival
masivamente en las calles
y enemigo Álvaro Noboa y con el partido
del ex Presidente Abdalá Bucaram, de quien
contra el intento golpista
Gutiérrez -reitero- había sido Edecán militar.
del Presidente Gutiérrez
Se completó la mayoría con gente extraída
de varios partidos de oposición, respecto a
cuya idoneidad se levantaron cuestionamientos graves, tanto como se acusaba al Gobierno de haber usado sistemas prohibidos por la
ley para “seducir” a sus nuevos aliados. Constituida la mayoría, comenzó el proceso del
“golpe de Estado”.
El “golpe de estado” de Gutiérrez
En el mes de noviembre del 2004 estaba conformada una mayoría y se procedió a poner
en marcha a una estrategia rigurosa copiada de la de Chávez en Venezuela, es decir de la
revolución bolivariana, para controlar todas las funciones del Estado desde el Ejecutivo.
El Plan de Gobierno que había presentado Gutiérrez tenía contenidos muy similares a los
de la llamada “revolución bolivariana”, aunque en la práctica, en los primeros dos años
del “gutierrato”, estas tácticas no se pusieran en vigencia. Sin embargo, a partir del 23 del
noviembre del 2004, el proceso de “revolución bolivariana” fue inconfundible.
En primer lugar, rompiendo los sistemas constitucionales que prohíben destituir a miembros del Tribunal Electoral sin previo juicio político, se los destituyó y se designó a integrantes pertenecientes a la trilogía de grupos de la nueva compactación. Al mismo tiempo, se declaraba cesantes a los miembros del Tribunal Constitucional, también sin previo
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juicio político, y se les reemplazaba sin siquiera la intervención de colegios electorales
para designarlos. El 8 de diciembre del 2004, violando la Constitución en varios de sus
artículos, el Congreso declaraba cesantes a los miembros de la Corte Suprema, a pesar
de que la Constitución determinaba que esos Magistrados tenían que ser vitalicios y que
en caso de falta, las vacantes tenían que ser llenadas por la propia Corte Suprema. A
continuación los compactados de la dictadura tomaron el Directorio del Banco Central,
el Consejo de la Judicatura e intentaron, aunque no lo lograron porque les faltó tiempo,
tomarse también la Fiscalía General del Estado, que es el cuerpo investigativo, en base a
cuyos informes se inician los procesos penales de acción pública.
A lo largo de este proceso, el Gobierno contaba con que no hubiese reacción importante
de la ciudadanía, dado que se trataba de aspectos de rigor jurídico, que, ellos pensaban,
no interesarían fundamentalmente al gran público.
Para sorpresa del dictador y de su coalición, la ciudadanía comenzó a reaccionar abierta
y fuertemente contra la dictadura. Asociaciones de abogados, grupos de la sociedad civil,
sectores de la producción, comenzaron a agruparse y manifestar su profunda censura a la
dictadura y a exigir la restauración del orden constitucional. Se produjeron así caudalosas
manifestaciones en las principales ciudades Quito, Guayaquil y Cuenca. Las de Quito y
Guayaquil agruparon a más de 200.000 personas, pueblo llano, sin líderes políticos, lo
que significa que casi un 20% de la población de Quito y más de un 12% de la población
de Guayaquil salió a la calle, en manifestación pacífica condenatoria de la dictadura.
La perseverancia de los grupos adversarios a la dictadura, la actitud tan franca como activa de algunos medios de comunicación y de algunos periodistas acorralaron al Gobierno.
Éste iba perdiendo piso, perspectiva y hasta paciencia. Las encuestas demostraban que
la credibilidad de Gutiérrez era inferior al 9% y que casi el 90% de la población opinaba
que debía renunciar.
El acoso de la ciudadanía indujo a Gutiérrez a reaccionar con brutalidad, usando a una
fuerza policial sustancialmente adicta a él, en cuyo alto mando estaba un primo hermano
del propio Gutiérrez; y usando además a las Fuerzas Armadas, dentro de las cuales, politizadas como se volvieron, había un cierto segmento de “Gutierrizmo”.
Se atacó e intentó entonces asesinar a un ex Vicepresidente de la República, a periodistas,
y a dirigentes gremiales. Y en todos estos atentados, la Policía investigaba, pero curiosamente no encontraba indicios, ni culpables. Mientras tanto, el Gobierno organizaba un
“grupo de choque”, conformado por conocidos delincuentes que actaban en el terreno del
delito político.
El desenlace
La violencia desatada por Gutiérrez y su atrincheramiento en el Palacio de Gobierno
rodeado con ferocidad por policías y soldados, lejos de amedrentar a la población la
exaltó todavía más. Las manifestaciones de ataque a Gutiérrez, las expresiones de repudió a su gobierno corrupto y a su círculo íntimo de nepotismo, iban creciendo y abrumando al Gobierno y al ambiente en general. Gutiérrez, pese a todo, seguía sintiéndose
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fuerte contando con el apoyo de la Policía, las Fuerzas Armadas y de la Embajada de
Estados Unidos que reiteradamente hacía conocer su respaldo a Gutiérrez.
A mediados de abril, Gutiérrez expidió un Decreto absolutamente inconstitucional, con
el que declaraba “cesante” a la propia Corte Suprema electa, con su gestión y adhesión,
el 8 de diciembre del 2004. La insólita explicación que entonces se dio fue la de que esa
Corte estaba a punto de producir sentencias favorables a empresas extranjeras y contrarias al Estado, y una providencia en la cual se llamaría a juicio a los miembros del Directorio de un conocido Banco de la ciudad de Quito.
La reacción de la gente ante este nuevo acto de corte dictatorial fue más decidida aún. Ya
no cabía duda alguna de la actuación y decisión dictatoriales de Gutiérrez.
Ante ello, el Congreso Nacional se reunió y lo declaró cesante, por haber abandonado la
función de Presidente de la República y por haber asumido la condición de dictador. El
20 de abril el Congreso resolvió llamar al Vicepresidente de la República y posesionarle. Es así como el Vicepresidente, Alfredo Palacio, quedó posesionado como Presidente
Constitucional.
Entre la una de la tarde de la posesión y las 4h30 de la tarde, hubo un llamativo y total
desamparo por parte de la Fuerza Pública, Ejército y Policía, al local donde había sesionado el Congreso, donde se había posesionado el Presidente Palacio y donde éste se
encontraba absolutamente inerme.
En las afueras del edificio se había congregado una muchedumbre que no era el pueblo,
que tan reiterada y heroicamente se había manifestado en todas las semanas anteriores,
sino un grupo de personajes nuevos, con caras nuevas, y actitudes nuevas, que demostraban una agresividad total contra el Presidente posesionado, contra el propio Congreso, y,
en general, contra todo que significara la continuidad del orden constitucional. Inclusive
apareció un militar en servicio activo que hizo proclamas subversivas, de rotundo desconocimiento al orden constitucional.
Solo después de las 4h30 hubo presencia de algún grupo policial y de algún grupo de
las fuerzas armadas. Casi milagrosamente, el Presidente Palacio pudo así salir del local
donde se encontraba acosado por la muchedumbre y se trasladó al Ministerio de Defensa
donde estaba reunido el Comando Conjunto. Al día siguiente, el alto mando militar fue
relevado, lo mismo que el mando policial.
A partir de entonces el Presidente Palacio ha asumido su función y lleva adelante un gobierno dentro de estrictos cánones constitucionales y de prudencia.
Sin embargo, ese mismo Congreso no fue lo suficientemente sensible como para encontrar un método ágil y rápido de designar a una nueva Corte Suprema y permitir que así
pueda conformarse un Tribunal Constitucional, razón por la cual la reinstitucionalización
del País todavía se encuentra en lento proceso.
Los grandes ganadores de toda esta turbulencia son -sin duda- los ciudadanos ecuatorianos. Ellos pasaron de un gobierno salvaje, dictatorial y primitivo, plagado de nepotismo
y de corrupción, a un gobierno formado en cambio por personas bien reputadas. El Ecuador vuelve -de este modo- a respirar.
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Sin embargo, hay grandes tergiversaciones en la Comunidad Internacional y en los
círculos financieros para los cuales Gutiérrez era el instrumento utilizado para hacer
ganancias importantes con títulos de la deuda pública del Ecuador y entre ciertos funcionarios de organismos internacionales que estaban acostumbrados a una docilidad
silenciosa respecto de Gutiérrez y de sus Ministros de Economía, frente a las exigencias de esos organismos.
El Gobierno del Presidente Palacio se manifiesta, desde luego, como colaborador con los
organismos internacionales, respetuoso de los tratados, lo mismo que de los contratos y
de las inversiones, partidario del libre comercio y defensor del sistema de dolarización
que utiliza el país; pero todas estas orientaciones no bastan para determinados grupos de
dominio sobre países latinoamericanos que están acostumbrados a un control arrogante
de gobiernos obedientes y no deliberantes.
Es de esperar que el Gobierno del Presidente Palacio pueda avanzar en los procesos de modernización del Ecuador que jamás emprendió el Gobierno de Gutiérrez y pueda asimismo
lograr la armonía necesaria con el mundo financiero, la Comunidad Internacional y asegurar la prestación adecuada de los servicios públicos, que actualmente son negados al pueblo
ecuatoriano por las distintas mafias políticas enquistadas en las empresas estatales.
Es de desear también que gobiernos amigos y todos los actores de la vida de relación internacional puedan captar la profundidad del fenómeno que ocurrió -y sigue ocurriendoen Ecuador y puedan cooperar eficientemente para la vigencia real de la democracia y no
de una democracia “falsificada”, que no solo disfraza instituciones, sino hasta el propio
pensamiento del formidable Simón BOLIVAR ■
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