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Los planes de la Presidencia para reactivar el mercado de la vivienda
han provocado el rechazo enérgico del vicepresidente. El Ejecutivo
tiene en su mesa la propuesta de apoyo a las promotoras a través de
financiación del Instituto de Crédito Oficial.
El plan de rescate financiero que ultiman el Gobierno y las grandes
inmobiliarias para reflotar al sector de la vivienda ha desatado un nuevo
enfrentamiento económico en el seno del Ejecutivo. Ante las deudas
acumuladas por algunas de las empresas más relevantes, el Gobierno
comenzó a plantearse inyectar fondos públicos en el sector, que se
encuentra en plena desaceleración tras el desplome de la demanda y
por las restricciones de crédito que aplican las entidades financieras
después de la crisis subprime de Estados Unidos.
El G-14, la asociación que aglutina a las promotoras y constructoras
españolas de más peso, se ha erigido en representante del sector ante
el cambio de ciclo. Por ello, ha mantenido numerosas reuniones con la
Oficina Económica de La Moncloa, el PSOE y el Ministerio de
Economía, en busca de un apoyo público que tape ese agujero en las
entrañas financieras de la vivienda española antes de que sea
demasiado tarde y se produzca otro boom: el del desempleo en la
construcción –ver EXPANSIÓN el 12 de enero–.
Pedro Pérez, ex secretario de Estado de Economía en la
etapa de Carlos Solchaga y actual secretario general del G14, lleva la voz cantante en la negociación, que podría
concretarse antes de las elecciones generales del 9 de
marzo. Con ello se evitaría el efecto electoral negativo que
supondría para el PSOE una mayor ralentización
inmobiliaria.
El Ejecutivo no rechaza destinar, a través de una línea de
financiación del Instituto Oficial de Crédito (ICO), un
multimillonario paquete monetario, que el sector privado
estima en 10.000 millones de euros, según las fuentes
consultadas. Algo que ha provocado, una vez más, el
rechazo enérgico del vicepresidente económico, Pedro
Solbes.
Por un lado, el Gobierno –con el presidente, José Luis
Rodríguez Zapatero a la cabeza– quiere evitar a toda costa
que quiebre alguna de las grandes inmobiliarias.
Los síntomas de debilidad económica que dejaría entrever
este tipo de créditos –conocidos como préstamos jumbo–
concedidos a las inmobiliarias fortalecerían la posición de
los compradores de bonos, que podrían exigir una
rentabilidad mayor. Con ello, los bonos españoles
(actualmente con el 4,11% de rentabilidad a diez años) se
alejarían aún más de los alemanes, que ofrecen un interés
del 3,91% y son la referencia europea. Y las agencias de
ráting podrían, incluso, cambiar su calificación debido al
elevado riesgo del sector.
Dudosa legalidad
Además, las fuentes consultadas consideran que favorecer
en exclusiva y con fondos públicos a un sector con
problemas podría ser directamente “ilegal”, en el marco de la
Unión Europea (UE), ya que fomentaría de forma deliberada
la competitividad de las inmobiliarias españolas frente a las
del resto de la UE.
El Gobierno ya trató de reactivar el sector con la reforma del
Plan de Vivienda 2005-2008, que encareció el módulo de la
VPO para hacerla más apetecible al sector privado
El 9-M y el voto de los parados como telón de fondo
Una de las principales razones de que el Gobierno sopese
acudir al rescate de las empresas inmobiliarias mediante
ayudas públicas radica en el gran peso que tiene el sector de
la construcción en el empleo. Si las empresas no pudiesen
acceder a nueva financiación y la demanda de inmuebles
continuase cayendo, la crisis del ladrillo podría llevarse
consigo el empleo de miles de trabajadores. Más aún de los
que ya se está llevando la caída de las ventas.
Y los parados son votantes. Según el Ministerio de Trabajo,
la construcción aporta el 11,61% de las personas dadas de
alta en la Seguridad Social. Por otro lado, la última Encuesta
de Población Activa –relativa al cuarto trimestre de 2007–
revela que el desempleo en la vivienda aumentó un 22,85%
en el último trimestre y un 39,33% con respecto al mismo
periodo de 2007. Además, la ocupación cayó un 24% en los
últimos tres meses del pasado año. Por ello, a cinco
semanas de las elecciones generales del 9 de marzo, el
Ejecutivo no puede permitirse que un sector tan sensible y
con tanto peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se
desequilibre en profundidad.
¿Qué es el g-14?
¿Podría ser conforme al principio
de libre mercado la acción que
se describe la noticia?
¿Piensas que esta propuesta es
conforme a los Reglamentos y
Directivas de la Unión Europea?.
¿Qué crees que se quiere
conseguir con la propuesta a que
hace referencia la noticia?
¿En qué acontecimiento podría
tener repercusión una propuesta
como la que describe la noticia?.
¿Porqué no puede permitirse que un sector tan
sensible y con tanto peso sobre el Producto Interior
Bruto (PIB) se desequilibre en profundidad?
Supongamos que en los meses
venideros otros “sectores” y
“familias” del país a que hace
referencia la noticia sufren
también un desequilibrio
profundo, ¿deberían adoptarse
propuestas del tipo que describe
la noticia?.