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Consolidar la paz, la democracia y el desarrollo en tiempos de crisis: el papel de los parlamentos Diputado Alfonso Vargas Saludos Protocolares. Como parlamentario chileno y latinoamericano, represento en cierta medida el sentir de los países en desarrollo, los cuales con muchos esfuerzos hemos tratado de incorporarnos a los beneficios de la modernidad y del progreso. Según cifras de la Comisión regional para América Latina de Naciones Unidas, CEPAL, nuestra región en los últimos seis años evidenció avances significativos en materia de desarrollo económico y social, con escasos precedentes en su historia. Este crecimiento no ha sido espurio, pues se ha dado acompañado con mejoras sustantivas en las condiciones de trabajo y con una disminución sustancial en los niveles de pobreza e indigencia en la región. Este ciclo virtuoso hoy se encuentra en vilo, en gran medida debido a lo inciertas que resultan las repercusiones y la profundidad de la crisis financiera internacional para las economías de los países latinoamericanos, y de los países en vías de desarrollo, en términos más generales. Ya lo advertía el Banco Mundial en enero de este año, donde planteaba en sus perspectivas de la economía mundial 2009, que “prácticamente ningún país, ni en desarrollo ni de ingreso alto, ha escapado al impacto de la crisis generalizada”. Aun cuando América Latina no ha resultado inmune a los efectos de esta crisis, diversos organismos internacionales y analistas reconocen que los avances que ha experimentado Latinoamérica en el manejo macroeconómico, le permite encontrarse mejor preparada que nunca en su historia para enfrentar los embistes de una crisis. En el caso particular de Chile, esta situación de fortaleza se ve reforzada por el enorme esfuerzo que hemos hecho como país desde hace años, donde hemos postergado el gasto presente, con todo el costo político que esto 2 implica para un país que mantiene importantes carencias, para ahorrar para posibles eventos de crisis futuras. La estrategia ha sido sólida: disciplina fiscal y manejo técnico de las finanzas públicas, que han redundado en un importante superávit fiscal, altas reservas internacionales y una baja deuda externa, que aunque no aísla, si protegen de la volatilidad que experimentan los mercados internacionales en estos momentos de gran incertidumbre. Estos logros, además, son expresión de amplios acuerdos y consensos sociales, los cuales tienen su expresión más palpable en los parlamentos de los países latinoamericanos. En ellos están representados todos los sectores políticos y sensibilidades sociales, transformándose en los espacios privilegiados para la consolidación de políticas de Estado, que no responden a intereses de corto plazo, sino a visiones de largo alcance, como deben ser las acciones encaminadas a lograr el desarrollo. Si bien existe un buen piso para enfrentar la crisis, en América Latina, existen una serie de riesgos que hacen vulnerable a la región a populismos, exaltación social, entre otros, que en gran medida son expresión de siglos de postergación social, económica y política, y de una tardía consolidación de los valores democráticos. La historia reciente de nuestra región, está salpicada de gobiernos de facto, violencia política y violación sistemática de los Derechos Humanos, lo cual exige en un compromiso aún profundo de todos los sectores políticos y sociales para cuidar nuestra institucionalidad democrática, donde el parlamento es una de sus máximas expresiones de civilidad y libertad de expresión. Por ello, la consolidación de la paz se transforma en un objetivo crucial en estos momentos de crisis global, donde las estrategias autoritarias pueden aparecer como una alternativa. La exigencia de una buena gobernanza, de acuerdos nacionales y la consolidación de la reconciliación democrática, resultan estratégicos para dicha paz social, donde a los parlamentarios nos cabe una labor insustituible, ya sea como fiscalizadores, gestores de acuerdos sociales y como actores de unidad nacional. La tradición democrática ha sido frágil en América Latina, pero actualmente se observa un progreso democratizador sin parangón en nuestra historia, por lo que la crisis internacional no debe traducirse en una merma o 3 desaceleración de este proceso. Actualmente es inadmisible gobernar de espaldas a la ciudadanía. Ello es un logro evolutivo de la región en donde no se puede retroceder, pues entrega legitimidad a los políticos y a las instancias políticas, como son los parlamentarios y los parlamentos, para representar los intereses de los más diversos sectores sociales. El manejo que los países de América Latina hagan de la crisis, exige la consolidación de nuevas instancias de participación y acuerdos, donde los parlamentos se presentan como espacios privilegiados, pues somos expresión de la diversidad social y de intereses de nuestros países. La participación política activa de la ciudadanía posibilita, por otra parte, que las demandas levantadas por ésta encuentren un canal para ser escuchadas, que en contextos de crisis como la que enfrentamos actualmente, debe materializarse en una distribución más solidaria y equitativa de los efectos negativos que la crisis arrastra consigo. No pueden ser los más pobres quienes sean el factor de ajuste de las inestabilidades económicas, como lamentablemente ha sido tradición en América Latina y en otros países en vía de desarrollo. Es por ello que el parlamento es el llamado a transformarse en tribuna y el defensor de los sectores más vulnerables. Bajo esta lógica, es deber de los parlamentarios bregar por el respeto por los derechos humanos de la población, en especial de aquellos que se muestran como más frágiles en momentos de crisis, como son los Derechos Económicos y Sociales. A este respecto, Chile ha avanzado en la consolidación de un programa de protección social, que busca garantizar a la ciudadanía desde la cuna hasta la vejez. Esta estrategia nacional ha sido fruto de acuerdos políticos transversales, donde su discusión parlamentaria ha enriquecido y perfeccionado dichos proyectos. Esta estrategia adoptada por Chile, se ha basado en una disciplina fiscal férrea, que ha posibilitado mantener dichos derechos independiente de las vicisitudes que nos antepone la actual crisis financiara internacional, lo que nos permiten mirar hoy con algo más de optimismo el futuro. El retomar el crecimiento económico experimentado por la región, es otro objetivo clave para América Latina en su camino a convertirse en una región desarrollada. Para ello es muy importante articular respuestas sistémicas y 4 coordinadas de todos los sectores sociales, pues sin crecimiento económico no existe posibilidad de lograr el desarrollo sostenible y mejorar de manera significativa la calidad de vida de la población. Por ello, los gobiernos de los países latinoamericanos han reaccionado, en especial en los últimos meses, con el anuncio y la implementación de una gama de medidas de política de diversa índole, ante un escenario de agudización de la crisis y de sus impactos negativos. En su conjunto, estas medidas apuntan a estabilizar el crecimiento económico, así como mitigar ciertas repercusiones sobre el desarrollo social. En el caso de Chile, el gobierno anunció a comienzos de enero un plan de estímulo fiscal que incluye recursos para inversión pública en vialidad, viviendas y obras de riego, ampliación del financiamiento productivo, subsidios al trabajo para fomentar el empleo formal y beneficios sociales en apoyo de los hogares más pobres. Este paquete de medidas recibió un respaldo político amplio, reflejado en la rápida tramitación legislativa y un reconocimiento entre los analistas como un muy buen plan de estímulos de la región, lo que responde, entre otros factores, a que Chile fruto de su política de superávit fiscal puede en estos momentos practicar una política contracíclica. Pero el crecimiento económico implica, al mismo tiempo, una serie de desafíos a escala internacional, que dicen relación con mejorar los términos de intercambio entre las regiones en desarrollo y las desarrolladas. Esto plantea promover el intercambio global de productos y el libre comercio sin medidas proteccionistas por parte de los países de altos ingresos, pues al ser los países pobres eminentemente exportadores de materias primas, se encuentran en una situación de desprotección ante las arbitrariedades de las grandes economías del planeta. Esto garantizaría una mayor convergencia y relación fructífera entre Estados. Es por ello que el desafío que plantea la crisis financiera por la que actualmente atravesamos, abre la posibilidad de identificar nuevos caminos, hacer las cosas de manera diferente, y coordinar las acciones multilateralmente, a nivel mundial y regional, que permita amplificar los efectos positivos de los esfuerzos individuales. No me cabe duda que es justamente esta instancia de la Unión Inter-Parlamentaria una de las 5 tribunas o espacios para transitar por esta nueva manera de enfrentar los problemas globales y las oportunidades que de estas se desprenden.