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El enfriamiento de la
economía y la
imprescindible política
antiinflacionaria
Roberto Frenkel
Alrededor de la cuestión del enfriamiento de la
economía hay bastante confusión.
El gobierno ha hecho poco para contribuir a una
discusión ordenada y clarificadora del tema.
Poner todos los gatos en una bolsa no ayuda a
distinguir los tonos de los maullidos.
Es posible que los economistas suenen todos
iguales para ciertos oídos, pero es de suponer
que los oídos de las más altas autoridades estén
capacitados para captar diferentes tonalidades.
¿Puede la economía crecer a cualquier ritmo, tan
alto como se quiera?
No se puede. En cada momento hay cierta tasa
máxima posible de crecimiento.
La tasa que mostró la economía argentina desde
2003 está en el orden de magnitud de la tasa
máxima que mostraron los países de crecimiento
rápido en la experiencia histórica internacional.
Una tasa de crecimiento similar a la de los
últimos años es un máximo maximorum.
El problema es que la demanda agregada local –
simplificadamente el poder de compra efectivo que
ejerce la población en los mercados de bienes y
servicios – crece a un ritmo mucho mayor que el
crecimiento máximo posible.
La demanda agregada viene creciendo a una tasa
del orden del 30% anual. Desdoblada en un
crecimiento del orden del 8 – 9% de las cantidades
ofertadas y un crecimiento del orden de 20% en los
precios.
Consenso: la aceleración de la inflación amenaza el
crecimiento futuro, de modo que para preservar un
proceso de crecimiento sostenible, la inflación debe
reducirse
Consenso: no es posible reducir la inflación sin
desacelerar el ritmo de crecimiento de la demanda
agregada.
La afirmación es válida cualquiera haya sido la
causa atribuida a la aceleración de la inflación. Es
una cuestión de consistencia entre el ritmo de
aumento de cantidades ofertadas y precios y el ritmo
de aumento de la demanda.
El consenso entre los economistas desaparece en
referencia a la política cambiaria.
Hay economistas que sostienen que la reducción de
la inflación es imposible sin la apreciación del tipo de
cambio real.
Otros creemos que la inflación puede desacelerarse
preservando un tipo de cambio real competitivo.
Argumentamos que el gobierno dispone de las
políticas fiscal y monetaria para desacelerar la
demanda en un programa antiinflacionario.
El rol de la política monetaria también es motivo
de fuertes discrepancias. Nosotros creemos que la
responsabilidad principal por el control de la
demanda agregada debe cargarse sobre la política
fiscal.
Entendemos por “enfriamiento” una reducción de
la tasa de crecimiento, no una tendencia recesiva.
En cuánto impactarían las políticas fiscal y
monetaria el ritmo de crecimiento de la producción –
esto es, cuánto se “enfriaría” la economía – depende
de la eficacia de otras medidas que deberían
acompañarlas.
Los focos de esas medidas son las expectativas
inflacionarias y la coordinación de los aumentos de
precios y salarios. Cuanto mayor es el efecto sobre las
expectativas inflacionarias y más efectivos son los
frenos coordinados sobre los aumentos de precios y
salarios a través de la política de ingresos, menor
será el impacto contractivo de la desaceleración de la
demanda.
En resumen, “enfríar” la economía – esto
es, reducir el ritmo de crecimiento – no es
equivalente a “enfríar” la demanda – esto
es, reducir el rimo de crecimiento de la
demanda agregada nominal.
Lo segundo es una condición necesaria
para bajar la inflación. Cuánto se “enfríe” el
rimo de crecimiento depende de la calidad y
eficacia del programa antiinflacionario.
Características que debería tener ese
programa antiinflacionario
No se puede hacer política antiinflacionaria en
secreto.
Cualquier política antiinflacionaria requiere
esencialmente que el gobierno anuncie que se
propone reducir la tasa de inflación vigente.
Puede incluir o no una meta cuantitativa. Pero no
puede haber política antiinflacionaria que no
explicite que el gobierno aspira a una tasa de
inflación más baja.
El gobierno debe exhibir, como en cualquier otra
política pública, las medidas e instrumentos que
conducirán a ese objetivo. Es decir, el programa de
política antiinflacionaria.
Toda política antiinflacionaria, ortodoxa o
heterodoxa, tiene uno de sus efectos principales en la
influencia sobre las expectativas.
La política debe tratar de convencer que la
inflación futura será más baja que la que los agentes
vienen experimentando.
Los agentes deben creer que el gobierno quiere
reducir la inflación y que cuenta con los instrumentos
para lograrlo. Para esto es imprescindible que los
agentes crean lo que el gobierno dice.
Si cierto número de agentes económicos cree que
las estadísticas oficiales de precios están siendo
manipuladas, mal podrían creer en la voluntad y
capacidad del gobierno para reducirla.
Restablecer la medición creíble de la inflación por
parte del INDEC es una condición necesaria de
cualquier política antiinflacionaria.
El cambio debería ser contundente y llamativo,
porque se trata de modificar la percepción de una
gran cantidad de agentes económicos.
Alguien dijo con acierto que a la inflación hay que
combatirla, no ocultarla. Para combatirla con alguna
eficacia es imprescindible franquear y transparentar
su medición, y conseguir que el público crea que así
se ha hecho.
El gobierno debe exhibir la factibilidad y
consistencia de la política antiinflacionaria mostrando
las medidas fiscales, monetarias y cambiarias que
confluirán al logro del objetivo.
La coordinación entre el Ministerio de Economía y
el Banco Central es un elemento crucial para esa
demostración de consistencia y para obtener
credibilidad.
Debe presentarse un esquema verosímil y plausible,
que resulte convincente para una porción significativa
de los analistas profesionales que asesoran a
empresas y sindicatos.
Toda política antiinflacionaria incluye
necesariamente el control del ritmo de crecimiento
del gasto agregado en bienes y servicios, privado y
público.
Las políticas heterodoxas adicionan una política de
ingresos. La política de ingresos aumenta la
efectividad y reduce el sacrificio de empleo y
actividad que causa la política ortodoxa.
Pero es imposible lograr una desaceleración
sostenible de la inflación basándose exclusivamente
en la política de ingresos, sin una simultánea
desaceleración del ritmo de aumento del gasto
agregado. Intentarlo lleva inevitablemente a la
frustración.
¿Qué posibilidades hay de controlar el
ritmo de la demanda agregada con la
política monetaria?
Hemos planteado en muchas oportunidades que en
nuestro país no es posible controlar la demanda
agregada mediante la política monetaria, porque los
mecanismos de transmisión son particularmente
débiles.
La elasticidad interés de la demanda agregada es
muy pequeña.
En otros países también, pero la tasa de interés
elevada induce la caída del tipo de cambio, que es
tolerada – o bienvenida – por la política económica.
Principalmente a través del efecto cambiario la
política monetaria de esos países incide sobre la
inflación.
Que la política de tasa de interés no sea el
instrumento principal apropiado para controlar la
demanda agregada no significa que sea irrelevante.
La política de tasas de interés debe estar
necesariamente referida a la tasa de inflación
vigente.
Una regla simple: mantener la tasa que pagan los
bancos en línea con la inflación – una tasa real pasiva
neutra – y mantener la tasa que cobran los bancos
más alta que la inflación – una tasa real activa
positiva.
La política fiscal es el principal
instrumento macroeconómico de control del
crecimiento de la demanda agregada.
En los años 2006 y 2007 la política fiscal ha
adicionado un impulso positivo a la demanda
agregada del orden de 1% del PIB por año, por la
paulatina reducción de la proporción de superávit
primario sobre el PIB.
Una política antiinflacionaria integral impone un
crucial cambio de orientación. La nueva orientación
de la política fiscal debería tener un eje en la
recuperación del superávit primario basado en la
reducción del ritmo de crecimiento del gasto.
El impulso fiscal debe ser contractivo, por lo que
no basta aumentar el superávit primario tasando
ingresos adicionales, como los que resultan del
aumento de los precios internacionales de las
exportaciones.
Los excedentes fiscales deberían acumularse en un
fondo anticíclico y antiinflacionario, constituido
preferentemente en moneda internacional para
contribuir adicionalmente a la sostenibilidad de las
políticas cambiaria y monetaria.
Corrección de precios relativos
La política antiinflacionaria debería ir acompañada
por la corrección de precios relativos que se
distorsionan crecientemente.
Con el paso del tiempo la distorsión aumenta y el
ajuste se hace más costoso, lo que aumenta el
incentivo a posponerlo.
Por ejemplo, la caída del precio relativo de la
energía provee incentivos opuestos a los que serían
necesarios.
La necesaria redefinición de estos precios y tarifas
sólo puede hacerse en el marco de una política
antiinflacionaria integral.
La política de ingresos
Debería continuar jugando un importante papel
coordinador.
Esta política adquiere un carácter algo diferente
del que ha venido mostrando si se inscribe en una
política antiinflacionaria integral, con un marco
consistente y conducción coordinada por el gobierno
y el Banco Central.
Un ancla nominal
La política antiinflacionaria puede darse un
objetivo cuantitativo de tasa de inflación, por
ejemplo,15% en el próximo año.
Podría ser creíble si se satisfacen las condiciones
requeridas y se muestra que las políticas
macroeconómicas fiscal, monetaria y cambiaria, son
consistentes con el objetivo anunciado.
La tasa de inflación objetivo de la política
antiinflacionaria podría servir de ancla de las
expectativas privadas y de orientador de las
decisiones.
La discusión acerca del enfriamiento de la
economía sólo tiene sentido en un marco donde se
mantiene control sobre las variables claves.
La discusión parece retórica en el contexto actual:
las más altas autoridades desconocen la inflación y
las variables claves se determinan sin regla ni
concierto.
La subestimación del ritmo de inflación priva al
gobierno de guía y lo convierte en su principal
víctima.
En este contexto, que la economía se enfríe o no se
enfríe no depende de decisiones de política
económica, sino de procesos sobre los que la política
tiene escaso control y cuya evolución es incierta.